Evolución histórica de la integración de Canarias en la C.E.E

              EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA INTEGRACIÓN
DE CANARIAS EN LA C.E.E.
CRISTINA MARTIN GÓMEZ
INMACULADA DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ
1. INTRODUCCIÓN
El principal objetivo que nos ha impulsado a la realización de este
artículo ha sido reflejar los aspectos diferenciales de los distintos infor­mes
que sobre la integración de Canarias a la C.E.E. se han produ­cido.
Partimos de la hipótesis de que las distintas coyunturas económico-sociales
del Archipiélago han propiciado unos sustanciales cambios en
las estrategias para la incorporación de Canarias a la Europa de los
Doce. Esto se debe a que tanto los condicionantes exteriores, como las
presiones de los distintos grupos sociales y económicos de la región, han
propiciado la necesidad de ir ajustando el modelo de integración a los
intereses y necesidades de los mencionados grupos y condicionantes.
En nuestro análisis podemos distinguir dos grandes etapas. La pri­mera,
que se inicia en los años setenta y culmina con el establecimiento
del Estatuto de Autonomía de Canarias en 1982, es la que denomina­mos
etapa preautoaómica. La segunda, etapa autonómica, se extiende
hasta el actual POSEICAN (1991), aunque el nuevo marco está incom­pleto
a falta de la aprobación del nuevo R.E.F. de Canarias, así como
de otra serie de medidas de índole fiscal y económicas. Esta segunda
fase se puede subdividir a su vez en dos períodos. Por un lado, el que
abarca desde el comienzo de la etapa autonómica hasta la integración
de Canarias en la C.E.E. (1986) con la firma del Protocolo Dos, que
supone, como veremos más adelante, un marco especial para las Islas
Canarias, en el cual destaca la no inclusión en la U.A., la no integra­ción
en la P.A.C. y la no imposición del IVA; por el contrario, se esta­blecen
los precios de referencia para los productos de exportación cana­rios
y los contingentes a la exportación, lo que produjo una serie de
inconvenientes al sector agrario, y llevó posteriormente, unido a otros
desajustes, a la modificación del propio Protocolo. Este proceso cons­tituye,
precisamente, el segundo periodo que finaliza con la aceptación,
por parte de la C.E.E., del documento canario POSEICAN.
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2. ETAPA PREAUTONOMICA
2.1. El informe GRANELL (1979)
Es el primero que se realizó con una visión global. Según el propio
Granell: "Dejé claramente expresada la idea de que a pesar del coste
económico cuya compensación había que exigir, Canarias debía aceptar
lo más posible del "acervo comunitario normal" pues en caso contrario
creaba un "estado de ánimo" de que tales arreglos eran suficientes para
asegurar el futuro de la economía canaria y la realidad es muy otra"'.
Por tanto, aboga por la integración en la P.A.C. y en la U.A. con una
serie de medidas de apoyo y excepciones.
En el sector agrario, hace alusión a la escasez de agua y a la falta
de capitalización como factores negativos, mitigados por la existencia
de temperaturas suaves, que permiten cosechas en estaciones en que hay
poca competencia de otros países en los mercados internacionales. Se
refiere a la existencia de una agricultura dual, es decir, una orientada
al autoconsumo y abastecimiento del mercado interior, localizada en
medianías; y otra orientada a la exportación, localizada en zonas cos­teras,
bastante capitalizada y cuyos principales productos son el tomate,
el plátano, el pepino, la papa, las flores y las plantas ornamentales.
Asimismo, observa la disminución del grado de abastecimiento insu­lar
con lo que la balanza comercial de productos alimentarios acrecienta
su déficit de año en año.
Por otro lado, recoge con excepticismo las ideas de reconversión
agrícola aportadas por una serie de estudios del C.I.E.S., del I.T.E.E.,
y del I.N.I.A. que propician un "desarrollo agrario autocentrado", sus­ceptible
de dar paso a industrias de transformación agraria. La agri­cultura
se fundamenta en un reducido número de productos de expor­tación,
sin que la existencia de industrias de transformación haya pro­piciado
la producción de inputs agrarios.
Por último, recoge los costes y beneficios que supondría a Canarias
la entrada en la C.E.E. En el sector agrícola los costes vendrían pro­piciados
por la aplicación de la T.E.C. y los prélévements, así como la
desaparición de las restituciones a la importación. Con respecto a los
beneficios el sector agrario podría ver aumentada su exportación y su
producción a consecuencia de la supresión de las barreras comerciales
y arancelarias.
1. GRANELL, F.: "La insuficiencia de la controversia Canarias-C.E.E.". Gaceta de
Canarias, Año II, n.° 7, Sta. Cruz de Tenerife; p. U.
326
2.2. La Declaración de la Junta de Canarias (1980)
El 5 de mayo de 1980, la Junta de Canarias debatió un informe ela­borado
por la Comisión Mixta de Seguimiento de las Negociaciones con
la C.E.E. Según Fernando Bergasa, Presidente de la Junta, "consiste
única y exclusivamente en un primer informe de posiciones básicas, que
son requeridas por Canarias, de forma global y simultánea, con motivo
de la adhesión de España al Mercado Común, y las previsibles conse­cuencias
de este hecho en la estructura económica y fiscal del archipié­lago
canario" I
El régimen específico de la adhesión consiste en la aceptación de la
política fiscal (I.V.A. diferencial), política monetaria, agrícola, industrial,
etcétera, pero con una política comercial diferenciada que recoja los
siguientes aspectos: libertad de comercio con terceros países, contingen­tes
establecidos de acuerdo con las directrices canarias, continuar con
la Tarifa Especial y General, es decir, contar con instrumentos de polí­tica
arancelaria propia; libertad de exportación a la C.E.E., y seguir
obteniendo desgravaciones fiscales y restituciones.
El periódico "El Día" a lo largo de enero de 1980 publicó una serie
de artículos titulados "La agricultura canaria ante la P.A.C.", en con­creto
nos referimos a los relativos a la aplicabilidad de las directrices
socioestructurales de la C.E.E. a la agricultura canaria'.
La directiva 72/159 sobre la modernización de las explotaciones, esta­blece
un régimen selectivo de ayudas financiadas en parte, por el
F.E.O.G.A.— Orientación para aquéllas que estén en grado de desarro­llarse,
considerándose como tales, las que tienen un jefe de explotación
que ejerce su actividad a título principal, y que posee una capacidad
profesional suficiente según los criterios fijados por cada Estado. En la
directiva se fijan seis años para realizar el plan de desarrollo, pero deja
a los Estados la posibilidad de aumentar este período.
La aplicación de esta directiva a Canarias debería flexibilizarse por:
— El gran número de jefes de explotación dedicados a la A.T.P.,
además estos empresarios se encuentran concentrados en pequeñas explo­taciones
campesinas cuya baja rentabilidad les empuja a vender su
fuerza de trabajo fuera del sector agrario.
2. Redacción de Sta. Cruz de Tenerife: "Ingreso en la C.E.E. con condiciones". La
Provincia, 6 de mayo de 1980; p. 12.
3. "España/C.E.E. La aplicabilidad de las directivas socioestructurales de la C.E.E.
a la agricultura canaria (VII)". E¡ Día, 5 de enero de 1980; p. 14. "España/C.E.E. La
agricultura canaria ante la P.A.C." El Día, 8 de enero de 1980; p. 14.
327
— La baja capacidad financiera de un gran número de explotacio­nes
canarias que, además, se desarrollan en zonas con marcados incon­venientes
naturales.
— Para ofrecer más posibilidades a las poblaciones menos aven­tajadas
deberían prorrogar el plazo citado, que estaba estipulado en seis
años.
La directiva 72/160 se refiere al fomento del retiro de los agricul­tores
y destino de la superficie agrícola a los fines de la mejora de las
estructuras. Esta directiva es complementaria a la anterior y se concibe
en base a un aumento de las dimensiones de las explotaciones. Uno de
los requisitos para optar a las indemnizaciones es que los jefes de explo­tación
hayan ejercido su actividad agraria al menos durante cinco años.
Esta restricción supone en Canarias, no sólo que un gran número de
agricultores no podrán acceder a esta indemnización, sino que no habrá
la movilidad de tierras deseada.
La directiva 72/161 trata de la información socioeconómica y de la
cualifícación profesional de las personas que trabajan en la agricultura.
Los objetivos son los de ofrecer información a los que deseen abando­nar
la actividad agraria, y, por otra parte, elevar el nivel de cualifíca­ción
profesional de los que se quedan en el sector. En el caso de Cana­rias,
no son nuevos los intentos de elevar el nivel profesional de los agri­cultores,
aunque sus frutos han sido escasos.
Por tanto, estas tres directivas son de escasa aplicabilidad a la agri­cultura
canaria, dadas sus características estructurales y naturales.
En abril de 1985, las autoridades canarias intentaron hacer más apli­cables
las directivas sobre modernización de la explotaciones. A tal
efecto, tenemos la directiva 75/268 sobre agricultura de montaña y cier­tas
zonas desfavorables. Se trata de instaurar un sistema especial de ayu­das
para estas zonas, con el fin de mantener en ellas la actividad agra­ria
y un mínimo de población. La mayor parte del territorio canario
puede ser considerado como zona desfavorecida, por lo que sería nece­sario
elaborar estudios sobre el estado de estas zonas.
2.3. El informe PAYNO (1980)
Este informe se articula en cuatro bloques:
1. Reflexiones generales sobre el caso canario.
2. Consideraciones sectoriales específicas.
3. Hipótesis de la no Adhesión.
4. Hipótesis de la Adhesión. Diseño de las condiciones generales.
328
Payno habla en su informe del agotamiento del modelo económico
canario, según él: "El,caso canario es una clase de subdesarrollo pecu­liar
con tintes latinoamericanos, entre ellos: el monocultivo y el predo­minio
del modelo exportador" ^
Ante la necesidad de un cambio de base en la economía canaria,
pone un especial énfasis en el desarrollo de la agricultura sustitutiva de
importaciones, y en el desarrollo de las Islas Periféricas, ya que el sector
agrario posee un importante papel en la economía canaria, que sobre­pasa
en su significación lo que las cifras indiquen, siendo no sólo el
principal recurso de explotación, sino el origen principal de la actividad
económica.
Por tanto, Payno participa implícitamente de un ambiente de minus-valorización
de las actividades terciarias, a pesar de representar las dos
terceras partes del P.I.B. canario.
El informe valora negativamente la hipótesis de la no Adhesión, a
parte de por razones políticas, por no encontrar, desde el punto de vista
económico, aspectos de interés. Opta por una Adhesión con particu­laridades,
al igual que el informe Granell.
2.4. El informe MUSTO (1981)
Musto comparte la tesis de Percy Selwyn que postula lo siguiente:
"Las islas pequeñas tienden a ser más dependientes del comercio exte­rior
que los países grandes, disponen de recursos limitados lo que
induce a una economía especializada, pueden depender fácilmente de
grandes compañías extranjeras o de otras instituciones externas, poseen
poca mano de obra cualificada por lo que tiene dificultades crónicas
para equiparar la cualificación disponible con las exigencias de la pro­ducción,
sufren de las deseconomías de pequeña escala en la provisión
de servicios infraestructurales y, se enfrentan con dificultades especiales
en cuanto intenten implantar actividades industriales para sustituir
importaciones" ^
Para Musto, el modelo canario —cuyas principales actividades se
desarrollan en cuatro sectores: agricultura de exportación, industria,
turismo y comercio—, no presenta una "obsolescencia total", pero, sin
embargo, tiende a agotarse, por lo menos parcialmente, en la medida
4. PAYNO, J. A.: Informe a ¡a Junta de Canarias sobre la posible Adhesión de las
Islas a la C.E.E. Servicio de Estudios Económicos del Banco Exterior de España y Junta
de Canarias, Sta. Cruz de Tenerife, 1982; p. 5.
5. MUSTO, S. A.: "Consideraciones sobre la viabilidad económica de Canarias".
Gaceta de Canarias, Año I, n." 7, Sta. Cruz de Tenerife; p. 12.
329
en que los sectores productivos "encasillados en la especialización", vie­nen
degenerando al mismo tiempo que se cierran las válvulas de escape
para la emigración.
El Informe señala cinco áreas en las que puede intensificarse más
la sustitución de las importaciones:
1. Desarrollo agrario para el consumo interior.
2. Desarrollo agrario para la exportación de productos, cuyo cultivo
viene desincentivado, en términos relativos, por el apoyo oficial al cul­tivo
del plátano.
3. Desarrollo de pequeñas y medianas empresas que podrían evo­lucionar
por proximidad al mercado y por apoyo arancelario; los pro­ductos
a transformar serían agrícolas.
4. Productos de calidad en series pequeñas.
5. Potenciación del turismo y otros servicios.
Las tres opciones que examina el Informe con respecto a la Adhe­sión
de Canarias a la C.E.E. son: la primera se refiere a quedar al mar­gen
de la U.A.; la segunda se trata de la Adhesión con condiciones
especiales; y la tercera alude a la Plena Integración.
Para este autor, la ventaja de la Integración reside en la eliminación
de la preferencia de terceros países mediterráneos, mientras que la no
integración, afectaría a la economía canaria por la competencia penin­sular.
3. LA ETAPA AUTONÓMICA
3.1. El informe SCHWAR TZ (1983)
Este informe se puede desglosar en cuatro bloques:
1. Diagnóstico de la economía canaria.
2. Efectos de la Plena Integración.
3. Efectos de la No Integración.
4. La Integración en Régimen Especial, y el plan de objetivos a
largo plazo.
No aparece la tesis de "crisis" del modelo, ya que para este autor:
"Canarias es un sistema económico abierto al exterior, en el que el sec­tor
servicios representa casi dos tercios del P.I.B., y el resto se reparte
entre una agricultura de tipo subtropical-mediterránea, y una reducida
industria enfocada hacia el mercado nacional" ^
6. SCHWARTZ, P. y MARTIN CASTELLO, I.: Canarias ante ¡a C.E.E. El camino
de ¡a libertad. Ed. Fundación Cánovas del Castillo, Madrid, 1983; p. 16.
330
La plena integración de la economía canaria, según el informe, con­tradice
el tradicional principio de libertad comercial de Canarias, y pro­ducirá
efectos negativos, aunque el sector primario resultaría bastante
beneficiado. En cuanto a la no integración alude que estaría justificada
por las peculiaridades canarias, pero que en este caso debería enfren­tarse
a graves problemas con la C.E.E. y la Península. En este sentido,
opta por la vía complementaria de la integración en régimen especial,
quedando fuera de la U.A. y de la P.A.C.
La reducción de costes y la mayor cualificación de los bienes y ser­vicios
exportados son las claves para la reorientación del sistema pro­ductivo.
La reconversión agraria debería reorientarse tanto hacia pro­ductos
de bajo consumo de agua, como hacia productos de mayor elas­ticidad
comercial (plantas ornamentales, etc.).
3.2. El informe MUÑOZ y CLAVIJO y el informe TAMAMES
(1984)
Al poco tiempo de la publicación del Documento del Gobierno de
Canarias —que trataremos posteriormente—, se realizaron dos informes,
uno elaborado por Muñoz y Clavijo, y otro por Tamames, que estudian
la viabilidad de la Adhesión de Canarias a la C.E.E.
El informe Muñoz y Clavijo propone cuatro objetivos básicos:
a) El análisis crítico de los informes previos.
b) El estudio de los factores específicos de las relaciones comerciales
canarias.
c) La reflexión sobre la economía que, conduce, según el informe,
a la necesidad de la integración de Canarias en la C.E.E. con un Régi­men
Especial, que supondría la no integración en la U.A.
d) Formulación de un marco económico e institucional que salva­guarde
el puertofranquismo, beneficioso para el crecimiento económico
de Canarias.
No comparten las tesis de informes anteriores, tales como "crisis del
modelo de crecimiento económico en Canarias o agotamiento del
mismo", creen que la economía canaria puede desarrollarse gracias a
una estrategia de "crecimiento dual"\ basado en una apertura a los
mercados externos y una especialización productiva con medidas com­plementarias
en sectores específicos.
7. MUÑOZ, C. y CLAVIJO, F.: La economía canaria ante la C.E.E. Cámara Oficial
de Comercio, Industria y Navegación de Las Palmas, 1989; p. 9.
331
Para Ramón Tamames, hay argumentos sobrados que permiten la
integración en la C.E.E. pero no en la U.A. En primer lugar, razones
políticas recogidas en los principios constitucionales. Por otro lado, razo­nes
históricas que recogen las singularidades del carácter económico y
fiscal de Canarias, que fueron recogidas internacionalmente en el Pro­tocolo
de Adhesión de España al G.A.T.T. *. Y, por último, razones eco­nómicas.
Tamames analiza la no aplicación de la P.A.C., que supondría la
posibilidad de exportar productos alimenticios de terceros países de
forma libre y a precios más bajos, sin perder las restituciones a la expor­tación
de la C.E.E. a Canarias financiadas por el F.E.O.G.A. El incon­veniente
estaría en el tratamiento de país tercero para las importaciones
de productos agrícolas a los países comunitarios, incluyendo la Penín­sula
y Baleares.
Para Tamames los más importante es que la comisión negociadora
española consiga que los socios comunitarios realicen "un esfuerzo men­tal
suficiente"' para comprender las peculiaridades canarias y, de esta
manera, poder encontrar las fórmulas técnicas necesarias.
3.3. El Protocolo Dos (1986)
Como hemos podido comprobar desde el inicio de los trabajos
sobre la adhesión de España a la C.E.E., se barajaron tres fórmulas
para Canarias:
1. La integración en las mismas condiciones que el resto de la Pe­nínsula.
2. La integración en condiciones especiales.
3. La no integración quedando Canarias fuera del mencionado
proceso.
De las tres se escogió la segunda alternativa, pues se pensó, en prin­cipio,
que sería la más beneficiosa, o quizá la menos perjudicial para
el futuro de Canarias. La petición de las condiciones especiales de adhe­sión
se basó en varios hechos. Por un lado, la situación geográfica; por
otro, las características propias de la región; y, por último, la existencia
de un R.E.F. diferente al del resto del territorio nacional.
8. G.A.T.T.: Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, firmado en 1947, cuyos
objetivos se basan en una mayor liberalización del comercio internacional para el mayor
desarrollo de todos los pueblos.
9. TAMAMES, R.: Canarias ante la Comunidad Económica Europea. Ed. Caja Gene­ral
de Ahorros, Santa Cruz de Tenerife, 1984; p. 22.
332
La mayor dificultad consistió en la búsqueda de un consenso entre
todos los sectores para determinar las condiciones especiales de la
entrada de Canarias en la C.E.E.
El 1 de diciembre de 1983 el Gobierno de la Comunidad Autónoma
de Canarias propuso al Parlamento Regional un documento que inten­taba
recoger, en una apretada síntesis, las diferentes y opuestas tenden­cias
que existen en el Archipiélago. Este documento fue aprobado en
los siguientes términos:
1. Canarias pasa a ser considerado territorio comunitario.
2. Se aceptan los Principios, Normativas y Políticas Comunitarias
Generales con ciertas excepciones:
— Respeto y mantenimiento del marco de especialidades comerciales
y fiscales (no aplicación del I.V.A. ni de la P.A.C., y creación de una
zona de libre comercio). Además Canarias podrá establecer tarifas espe­ciales
y derechos reguladores para proteger determinadas producciones
agrícolas e industriales.
— Establecer reglas de origen para los productos industriaüzados
en Canarias.
— Mantener y adaptar el sistema de arbitrios o sustituirlo por un
impuesto indirecto de características similares.
— Mantenimiento de las ordenaciones reguladoras para las expor­taciones
de tomate y pepino entre Canarias y la Península, y la con­servación
y reserva del mercado peninsular para el plátano canario.
— Establecimiento de un período transitorio de diez años a partir
de la firma del tratado, durante el cual no tendrá vigencia el principio
de libertad de circulación de personas.
— Implantación de un período de reflexión de tres años, a partir
de la conclusión del período de adaptación.
Este documento fue trasladado al Gobierno del Estado, quien lo asu­mió
en su práctica totalidad —con la única excepción del apartado refe­rido
a las restricciones a la libre circulación de personas—, siendo desa­rrollado
y tecnificado, convirtiéndose en la Declaración Española sobre
Canarias, que fue entregada en Bruselas en febrero de 1984.
En octubre del mismo año la Comisión Europea realiza una apre­ciación
sobre el mencionado documento, pronunciándose favorablemente
a algunas peticiones canarias, y mostrando su disconformidad en los
siguientes puntos:
— Se niega a establecer una Tarifa Especial y derechos reguladores
salvo en casos muy limitados.
333
— No parece justificado el período de reflexión de tres años para
revisar el Tratado.
— Considera dudoso que las actuales regulaciones sobre el plátano
canario puedan ser mantenidas.
En enero de 1985 es presentado el dictamen del C.O.R.E.P.E.R. Es
evidente que la Comunidad no parece estar dispuesta a asumir los cos­tes
de la insularidad en los mismos términos que el resto del Estado
español. El Documento del C.O.R.E.P.E.R. coincide en su casi totalidad
con lo expresado por la Comisión Europea, añadiendo dos novedades:
la introducción de los precios de referencia aplicados a los contingentes
agrícolas concedidos; y la mejora en el tratamiento de las exportaciones
del tabaco canario.
En marzo del mismo año concluyó en Bruselas la negociación de
España con la C.E.E., habiéndose dejado la discusión del Estatuto de
Canarias para los momentos finales. En un principio se pensó que lo
firmado mejoraba la propuesta del C.O.R.E.P.E.R.; sin embargo, en abril
se conoció el acuerdo final para Canarias que recoge el texto íntegro del
C.O.R.E.P.E.R. con algunas modificaciones que se refieren a cambios
en los aspectos industriales; agrícolas relacionados con el plátano y pro­ductos
agrarios que se benefician de un acceso preferencial a la Comu­nidad;
medidas de carácter estructural; y otras relacionadas con el
tabaco manufacturado y con la pesca'".
Lo que se denominó "rebaja del Documento Canario" motivó, por
un lado, la indignación de algunos sectores implicados; mientras, por
otro, estaba la respuesta "oficial" que señalaba haberse conseguido el
tratado mejor posible, aunque se reconocía, asimismo, que no era el
acuerdo óptimo.
En junio de 1985, el Parlamento de Canarias debía decidirse sobre
la aceptación o no del Protocolo de Adhesión a la C.E.E. Unos días
antes de la sesión definitiva los grupos parlamentarios Popular, C.D.S.,
I.C. y Mixto elaboraron un Informe contrario a las condiciones de
ingreso, justificado por las profundas divergencias con el acuerdo a que
se había llegado en 1983; por afectar gravemente a los sectores agrícola,
industrial y pesquero del Archipiélago; por las restricciones establecidas
en las relaciones comerciales a la C.E.E. ampliada; por la no obtención
de garantías para posibilitar un desarrollo económico y social de las
Islas en el futuro; y por limitarse gravemente el marco preferencial de
la Comunidad Autónoma Canaria en todo lo referente a su R.E.F.
10. "El texto del COREPER 'maquillado' establece el régimen especial canario". Cana­rias
7, 9 de abril de 1985; pp. especiales de la I a la IV.
334
Sólo los socialistas defendían el estatus de adhesión vigente, y al
aprobarse el informe negativo en el Parlamento Autónomo se produjo
la dimisión del Presidente de la Comunidad Autónoma y de su
Gobierno. Esta dimisión motivó que los sectores políticos, antes enfren­tados,
llegasen a un consenso y, se produjese la aprobación del Pro­tocolo
Dos.
3.4. El informe GRIFFITHS (1987)
Tras la Adhesión de España a la Comunidad, los eurodiputados
canarios, ante los problemas que el modelo de incorporación de Cana­rias,
Protocolo Dos, planteaba a algunos sectores económicos, comen­zaron
a presionar en la Asamblea comunitaria con el fin de buscar solu­ciones.
Así, en mayo de 1986, Manuel Medina, Carlos Bencomo y
César Llorens realizaron una propuesta, cuyo fruto fue el encargo, por
parte de la Comisión de Política Regional del Parlamento Europeo, de
un Informe de la situación socioeconómica del Archipiélago, designando
como ponente a tales efectos a W. Griffiths perteneciente a los socia­listas
europeos.
Entre las consecuencias que representa el informe, podemos destacar
la propuesta de eliminación gradual del período de aplicación de los
precios de referencia a que se ven sometidas las exportaciones canarias.
Igualmente supone un mejor acceso a los fondos estructurales de la
C.E.E. y la posibilidad de obtención de ayudas comunitarias para mejo­rar
la situación agrícola —con referencia expresa a la irrigación y al
fomento del cooperativismo— y el apoyo a las propuestas que sobre
el transporte contiene el mencionado informe.
Juan Antonio Sans expresó que la aprobación del citado informe
es un paso tremendamente positivo para modificar el Estatuto de Cana­rias
en la C.E.E., pero no es sino el primer paso que sirve fundamen­talmente
para sensibilizar a las instituciones comunitarias".
3.5. El Libro Blanco (1988)
El Gobierno de Canarias ha redactado un Informe conocido como
"Libro Blanco" para las relaciones Canarias-C.E.E. El texto parte de
una ratificación del acierto de la opción 2 como vía de preservación de
las especificidades históricas de las islas en materia económico-fiscal.
11. SANS, J. A.; "La verdad sobre el Informe Griffiths". La Provincia, 7 de febrero
de 1988; p. 8.
335
El Libro Blanco hace alusión a una serie de distorsiones surgidas
en los dos años transcurridos tras la Adhesión, que pueden resumirse
así:
— Pérdida gradual de la zona de libre comercio entre la Península
y Canarias.
— Carencia de un período transitorio en arbitrios, Tarifa Especial
y Reglas de Origen.
— Trato más desfavorable en la C.E.E. que a Terceros Países.
— Exclusión de una participación plena en determinadas políticas
estructurales.
— Desventaja respecto a la Península, a partir de 1996, por los pre­cios
de referencia y contingentes.
— Los contingentes estrangulan la expansión futura.
Por todo ello, se hacen necesarias las siguientes medidas complemen­tarias:
1. En cuanto a los precios de referencia se propone su desaparición
o al menos su modificación, sin discriminaciones con respecto a la
Península.
2. Eliminación de los contingentes arancelarios.
3. Garantía de reserva del mercado español para el plátano cana­rio.
4. En política estructural se solicita una acción común específica,
para la promoción del desarrollo rural integral de las Islas Canarias,
con una duración de cinco años, siendo el coste previsto con cargo al
F.E.O.G.A. —Orientación de 10.000 millones de pesetas.
5. Ayuda al transporte para la exportación.
6. Establecer medidas y líneas de apoyo que sirvan para proteger,
en cierta medida, a aquellos agricultores cuyas producciones se orientan
al abastecimiento del mercado interior.
7. Se solicita un proceso de diversificación y reorientación de la agri­cultura
hacia cultivos adaptados a las condiciones de producción y mer­cado
en el futuro.
La postura de Bruselas se manifestó a través de la respuesta a la
F.E.P.E.X., cuando ésta planteaba la posibilidad de mejorar las con­diciones
de acceso de los productos agrícolas canarios a la C.E.E. La
Comunidad Europea se negó a tales mejoras mientras Canarias no se
integre plenamente en la C.E.E.
336
3.6. El informe POSEIDOM (1987)
El POSEIDOM, elaborado por el Grupo Interservicios, en su expo­sición
de motivos alude a Canarias, en el apartado de Consideraciones
Finales con relación a otras regiones. En este epígrafe se afirma que
lo que se ha propuesto para los DOM, podría igualmente resolver, con
ciertas modificaciones, los problemas específicos de otras regiones (Cana­rias,
etc.), cuyas especificidades contrastan claramente en relación al con­junto
comunitario'^
La propuesta engloba tres opciones:
1. Un régimen específico que evite, en lo posible, la desaparición de
los regímenes fiscales locales, mediante reformas que los hagan com­patibles
con las reglas del Tratado.
2. Un régimen específico en lo referente a los derechos de aduana
y "prélévements" a la importación de materias primas y de productos
básicos de alimentación y, la aplicación a estos territorios de restitu­ciones
a la exportación.
3. Una ayuda compensatoria aplicable a los productos tropicales pro­pios
de las regiones con problemas específicos.
Canarias exporta el doble que estos territorios, e importa casi un
20% más con la particularidad de que Canarias realiza el 75% de su
comercio con la C.E.E., mientras que los DOM concentran el 95% de
su tráfico exterior con la Comunidad, en especial con Francia. Otra par­ticularidad
es que el 70% de las exportaciones de los DOM las cubren
con dos productos: plátanos y ron.
Este informe levantó un gran debate en la sociedad canaria, adop­tando
los diversos sectores posturas enfrentadas. Mientras que para los
agricultores el informe es favorable, ya que de él se desprende la nece­sidad
de que Canarias debe integrarse en las políticas comunitarias, para
desde dentro, negociar el mantenimiento de algunas peculiaridades. Para
los empresarios importadores y Cámaras de Comercio este informe es
vejatorio para los intereses canarios. Sin embargo, todos coinciden en
que, por primera vez, la C.E.E., es consciente de que la insularidad y
la lejanía son factores que hacen a estos lugares diferentes de cualquier
otra región comunitaria de parecido desarrollo económico.
12. A. H.: "La Cámara descalifica los criterios relativos a Canarias incluidos en el
Informe POSEIDOM" La Provincia, 18 de diciembre de 1988; p. 10.
337
3.7. El informe del GRUPO INTERSERVICIOS
El 13 de mayo de 1987 a iniciativa de la Comisión Ejecutiva de la
C.E.E., se encargó un informe al Grupo Interservicios. Ello es debido,
principalmente, a la problemática que plantea un conjunto de regiones
(insulares y ultraperiféricas) como son los DOM, Canarias, Ceuta y
Melilla, Azores y Madeira, con respecto a la correcta aplicación de los
fondos estructurales y las políticas comunes para dichas regiones.
Por diversos motivos en los que no entramos, el estudio sobre el
Archipiélago se fue posponiendo, hasta que el 26 de junio de 1989, lle­gan
a las Islas siete altos funcionarios encargados de elaborar el men­cionado
informe. La Comisión Europea contrató además del documento
Ciavarinni-Azzi, su propio informe a una consultora multinacional. En
su primera visita, el Grupo Interservicios recogió la posición de las orga­nizaciones
políticas, sindicales y económicas en torno al futuro de las
Islas en la C.E.E. Tras una serie de meses de contacto con la realidad
canaria, el Grupo Interservicios presentó un primer documento, con
fecha 9 de diciembre, en el cual, se recogen en primer lugar, la serie
de especificidades que hacen de la región canaria una zona merecedora
del calificativo de ultraperiférica, y por tanto, con derecho a una rene­gociación
en sus condiciones de integración a la C.E.E. En otro apar­tado
de este documento, se recogen las peticiones realizadas por los dife­rentes
grupos económicos, sociales y políticos canarios, en su mayoría
las mismas que recogía el Libro Blanco. Y por último, hemos de seña­lar
el apartado que más nos interesa, las posibles soluciones que se bara­jan
para la integración efectiva de Canarias y que se concretaron, al
principio, en las tres siguientes:
— La propuesta por la que más favorablemente se decantaba el
Grupo, es la de la plena integración de Canarias en la C.E.E., aunque
con excepciones al Régimen general comunitario, para ello sería nece­sario
una modificación del Protocolo 2 de Adhesión, para que la
Región Canaria se integre en las políticas comunitarias agraria y pes­quera
(P.A.C. y P.P.C).
— La segunda fórmula apuntaba hacia una mejora del Protocolo
de Adhesión a corto plazo, pero con una integración con excepciones
que sería alcanzada tras un período transitorio largo de unos diez años
de duración. Esta fórmula tendría como resultado el permitir el libre
acceso de los productos canarios a la C.E.E., salvaguardando las otras
características del Protocolo actual.
— El tercer tipo de solución que ofrecía el Grupo es el de estable­cer
una serie de medidas puntuales pero dentro del marco del actual
338
Estatuto. Estas medidas se referirían principalmente a la gestión de los
intercambios Canarias-C.E.E., así como, a la aplicación de las Políticas
Estructurales, principalmente en lo referente a las medidas de gestión
y de cooperación aduanera, y también a la gestión de los contingentes
tarifarios.
Pero pocos días más tarde, se dio a conocer que el Grupo ínter-servicios
no estaba en realidad estudiando tres opciones sino que en
realidad se trataba de seis:
— Primera: Cambio en la gestión del Protocolo. Consiste en un
ajuste de los contingentes agrícolas y pesqueros, de manera que los no
cubiertos por algunos productos pasen a incrementar los de otros que
sean rebasados. En términos técnicos se habla de una "integración hori­zontal",
aunque el contingente total canario no se incrementa de nin­guna
manera, pero la negociación es producto a producto.
— Segunda: Cambio en el ámbito del Protocolo. Se trata de pasar
del sistema de contingente producto por producto a un techo general.
Técnicamente se define así: "Además de ser agregadas horizontalmente,
las cuotas que no son obligatorias disminuirán en beneficio de las obli­gatorias
manteniendo constante el valor total de la cuota de tasas a la
Europa de los Doce".
— Tercera: Acceso a las exportaciones canarias a la C.E.E. Con­sisten
en la total eliminación de contingentes en el acceso de los pro­ductos
agrícolas y pesqueros a la Europa de los Doce, pero mante­niendo
los precios de referencia donde fueran aplicables.
Estas tres medidas suponen mejoras, pero no modificación sustancial
del Protocolo 2.
— Cuarta: Integración parcial en la P.A.C. y en la P.P.C. Se cen­tra
en los productos en los que Canarias es exportador neto. Signifi­caría,
por tanto, la Integración en tres de las veinticuatro O.C.M. exis­tentes.
Concretamente: flores, plantas y esquejes; frutas y hortalizas; y
pesca. No implica el ingreso en la U.A.
— Quinta: Integración total en la P.A.C. y en la P.P.C. Sería pre­ceptivo
el ingreso en la U.A. y, por tanto, una modificación sustancial
del Protocolo, del Estatuto de Autonomía y de la Disposición Adicional
Tercera de la Constitución Española.
— Sexta: Integración total de Canarias en las Comunidades Euro­peas.
En definitiva, significaría la supresión del Protocolo Dos, la homo­logación
absoluta de Canarias con el territorio peninsular, la integración
en la U.A., y la aplicación de la T.E.C.
339
Estas tres últimas opciones significarían una modificación sustancial
del Protocolo Dos o su total transformación.
Para estas seis posibles soluciones, adjuntamos un esquema acerca
de los beneficios y perjuicios que para los sectores consumidores y
exportadores canarios supondrían estas alternativas.
Tras estos dos documentos tuvo lugar el 13 de enero de 1990 la pre­sentación
del Informe definitivo que le fue entregado a la Comisión
Europea para su estudio, y tras su aprobación fue remitido al
C.O.R.E.P.E.R.
No sería, sin embargo, hasta el mes de noviembre cuando se ulti­mase
la propuesta del Grupo Interservicios acerca del proceso de revi­sión
del Modelo Canario de Adhesión. Siendo el procedimiento normal
en estos casos, la toma de dos decisiones, la primera, la aprobación del
estatus mismo, y la segunda, ratificar el recién bautizado POSEICAN.
3.8. El programa REGÍS (1990)
El Programa Regís surge en marzo de 1990 como una iniciativa de
la C.E.E. con respecto de las regiones ultraperiféricas, las cuales requie­ren
de la Comunidad un esfuerzo suplementario a causa de su lejanía
del resto, en el marco de la realización del mercado interior y, para la
mayoría de sus producciones agrarias tropicales. Esto es debido a su
cercanía a Terceros Países que tienen un nivel de desarrollo parecido
y, que pueden exportar libremente a las regiones ultraperiféricas, no
siendo recíproca la situación. Por tanto, se trata de favorecer la coope­ración
entre estas regiones ultraperiféricas cercanas con respecto a los
Terceros Países vecinos, en particular los que gozan de relaciones pre-ferenciales
con la Comunidad. Por otro lado intenta reforzar las rela­ciones
de estas regiones con el resto de la C.E.E., promover la diver­sificación
de las actividades económicas y, por último, aumentar sus
capacidades para hacer frente a catástrofes naturales.
Dentro de estas regiones favorecidas por el Programa Regis se
encuentran: los DOM (Guadalupe, Martinica y Reunión), las Canarias,
Azores y Madeira.
Las medidas que se podrán financiar a través de este programa son
muy diversas, pudiéndose destacar de entre ellas las siguientes:
— Los gastos derivados de la creación de organismos destinados a
elaborar y organizar acciones comunes de cooperación.
— Los servicios y equipamientos necesarios para la aplicación de
medidas comunes, como la prospección de mercados turísticos y la crea­ción
de circuitos turísticos comunes.
340
— Creación de una zona de comercialización y de transporte en
grupo de productos locales hacia la C.E.E.
— Equipamientos para instalación o reforzamiento de sistemas sofis­ticados
que puedan ser utilizados por un conjunto más extenso que las
regiones comunitarias, en el ámbito de las comunicaciones, meteorolo­gía,
servicios oceanógraficos o de formación profesional.
— Creación o reforzamiento de centros para penetración de mer­cados,
promociones comerciales de los productos e inversiones en
infraestructuras de transporte y de telecomunicaciones.
— Creación o reforzamiento de organismos para la reintegración
Económica y Social de los, parados de larga duración y de las personas
desfavorecidas en dominios como autopromoción agrícola, reparación
o mejora de la vivienda y artesanías en aquellas regiones donde el paro
o el subempleo son especialmente elevados.
— También, se contemplan inversiones relacionadas con el desarro­llo
de un turismo ecológico, como albergues, hostelería familiar y
demás.
— Acciones de desarrollo de producciones agrícolas tradicionales,
zonas artesanales e industriales, talleres y fábricas e inversiones en pro­ducciones
energéticas de pequeña dimensión, en la medida en que estas
inversiones no puedan ser financiadas por otros programas comuni­tarios.
El Programa prevé una inversión de 26.000 millones de pesetas de
fondos comunitarios para el período de 1990-1993, siendo posible un
aumento del presupuesto en unos 12.800 millones más. Canarias podría
beneficiarse de una cuantía entre los 10.000 y 20.000 millones de pese­tas.
Así desde junio de 1990 el gerente del Plan de Recuperación Turís­tica
de Gran Canaria prepara, de acuerdo con estos criterios, un pro­yecto
de actuación paisajística.
3.9. El POSEICAN (1991)
Las previsiones comunitarias iniciales implicaban que la T.E.C.
comenzaría a aplicarse, en un 50%, desde el primer año del cambio del
estatus y durante las cinco anualidades siguientes. Esta fórmula supon­dría
que la T.E.C. se elevaría de forma progresiva y creciente desde el
sexto año del cambio del estatus, a razón de un 10% anual, hasta com­plementarla
en los cinco años siguientes. Uno de los aspectos mejor
valorados de el último informe del Grupo Interservicios, es el recono­cimiento
expreso de que Canarias queda fuera del ámbito de aplicación
del I.V.A. En cuanto a la Tarifa Especial de Arbitrio de Entrada, se
341
GANANCIAS Y PÉRDIDAS PARA LAS ISLAS CANARIAS
CON LAS SEIS ALTERNATIVAS
Alternativas
1. Cambio en la gestión del
Protocolo.
2. Cambio en el ámbito del
Protocolo.
3. Exportaciones canarias
sin aranceles.
4. Integración parcial en la
PAC y PPC.
5. Integración total en la
PAC y PPC.
6. Integración total en las
Comunidades.
Consumidores
Pérdida marginal debida
al aumento en los precios
domésticos de los produc­tos
exportados a la CEE
bajo las cuotas.
Pérdida marginal debida
al aumento de los precios
domésticos de productos
exportados bajo cuotas,
pero mayor que 1.
Pérdida debida al aumen­to
del nivel de CEE de
los precios domésticos
menos los costes del trans­porte
para los productos
exportados.
Pérdida debida al aumen­to
hasta el nivel CEE de
los precios de productos
exportados con aumento
marginal mayor compa­rado
con 3.
Pérdida debida al aumento
hasta el nivel CEE de los
precios domésticos de to­dos
los alimentos (Aumen­to
significado de la pérdi­da
comparado con el 4).
Como en 5, pero mayor
pérdida debida al aumen­to
de aranceles sobre im­portación
no alimenticias
y aumentos de los impues­tos
indirectos.
Exportadores
Ganancia marginal debida
al aumento de los precios
domésticos de alimentos
exportados a la CEE bajo
cuotas.
Ganancia debida al aiunen-to
de los precios domésti­cos
de alimentos exporta­dos
bajo cuotas, pero ma­yor
que 1.
Ganancia significativa pa­ra
los productos previa­mente
sujetos a cuota, de­bida
al aumento hasta el
nivel CEE de los precios
domésticos menos el trans­porte.
Ganancia para los produc­tos
previamente sujetos a
cuota, como en 3, más
debido a compra de inter­vención
y ayuda estruc­tural,
pero pérdida en la
reducción de aranceles so­bre
exportaciones pesque­ras
a Japón.
Ganancia como en 4,
más ganancia para alimen­tos
que compitan con las
importaciones, debido al
aumento hasta el nivel
CEE de los precios do­mésticos
de todos los ali­mentos.
Pérdida para la
industria turística por ma­yores
costes de inputs.
Como en 5, pero mayor
pérdida debida a cambios
en los aranceles sobre
importaciones no alimen­ticias
y aumentos de los
impuestos indirectos.
342
baraja el mantenimiento hasta el 31 de diciembre de 1992, momento
en el cual dejará de aplicarse sobre las importaciones procedentes de
la C.E.E. Por otro lado, lo más resaltable con respecto a las medidas
para las producciones locales se refiere al apartado de los plátanos, ofer­tándose
lo mismo que a los DOM, garantizándose la preferencia comu­nitaria
y adelantándose al 92, mientras que actualmente se garantizaba
hasta el 96. Para las papas, se permite el sistema de protección sólo por
cuatro campañas.
En cuanto a la reacción de estas medidas por parte de los diferentes
grupos sociales hemos de decir que los empresarios se muestran total­mente
en desacuerdo con dicho documento, en cambio, fue valorado
positivamente por los exportadores agrícolas.
Con respecto a la T.E.C. —uno de los principales temas que pre­ocupan
a los sectores canarios— se barajaron dos fórmulas para ate­nuar
su influencia, siendo éstas:
— La primera, consiste en mantener la aplicación de la T.E.C.
desde el primer año, aunque con una carga equivalente al 10% de los
tipos. Esta fórmula implicaría un incremento progresivo del 10% anual
durante un período transitorio que finalizaría en el año 2000.
— La segunda fórmula es la defmida por el Gobierno español a ins­tancias
de la Comunidad Autónoma, recoge la pretensión canaria de
obtener una exención total durante los primeros cinco años de mayor
integración, y una aplicación de la T.E.C. al 20% a partir del año 96,
con un incremento anual del mismo porcentaje a lo largo de un quin­quenio.
Por fin el día 19 de diciembre de 1990, la Comisión Europea asu­mió
los documentos elaborados por el Grupo Interservicios, consistiendo
estos en:
— Una propuesta de Reglamento.
— El POSEICAN.
En virtud de la propuesta de modificación del status canario, las
Islas no perderán su condición de Puerto Franco. Canarias pasará a for­mar
parte de la U.A. de la C.E.E., pero no aplicará la totalidad de la
T.E.C. desde el primer momento, sino de forma progresiva, 30%
durante los dos primeros años, 35% el tercero y 40% el cuarto. Como
se observa, es una solución intermedia entre las dos aportadas por el
Grupo Interservicios.
Canarias quedará fuera del régimen normal del I.V.A., aceptando
mediante esta norma la coherencia de las propuestas del nuevo R.E.F.
canario. En el Reglamento se acepta el nuevo régimen de físcalidad indi-
343
recta propuesto para Canarias, con mención expresa de la aceptación
del A.P.I.M., cuyos tipos del 0,1% al 5% habrán de desarmarse a partir
del quinto año, a razón del 20% anual, hasta la desaparición de dicha
figura al cabo de diez años.
La Tarifa Especial del Arbitrio de Entrada podrá prorrogarse hasta
1993 para el tráfico intercomunitario y deberá reducirse a partir de
1996, hasta su desaparición el 31 de diciembre del año 2000, para los
productos de Terceros Países.
Las reacciones de los empresarios canarios ante estas medidas adop­tadas
por la Comisión, no se hacen esperar, y naturalmente son de pro­fundo
rechazo, ya que a su modo de ver, conducen a la desarticulación
de nuestro acervo histórico. Sus valoraciones sobre las posibles mejoras
introducidas por la Comisión Europea, reciben el calificativo de "par-cheo".
A su juicio, la agricultura de exportación ha quedado igual que
estaba y, lo mismo sucede con la agricultura para el mercado interior.
En materia industrial, se observa que salvo algún sector concreto como
el tabaquero, la mayor parte sale perjudicado. Sólo nos permiten impor­tar
a precios internacionales inputs productivos y materias primas pro­cedentes
de Terceros Países, cuando éstas, son las menos, mientras eli­minan
las restituciones a las importaciones procedentes de la C.E.E. En
lo económico, pasamos de tener especificidades a tener subvenciones
temporales. Mientras que, en lo fiscal, pasamos de autofinanciarnos a
financiar a la C.E.E. a través de la T.E.C., primero en parte y a los
diez años totalmente, con el consiguiente incremento de los demás
impuestos canarios para poder financiar a los Cabildos en el futuro.
El siguiente paso dentro de los mecanismos de funcionamiento de
la C.E.E., una vez las propuestas han sido estudiadas y debatidas por
la Comisión Europea, es la revisión de éstas al C.O.R.E.P.E.R. El 7 de
mayo de 1991 se ultimaron las cuestiones finales tras recibir la traduc­ción
oficial del nuevo paquete de demandas españolas sobre el Archi­piélago,
integrado por la propuesta de ajuste del Parlamento de Cana­rias.
Este documento fue enviado a los funcionarios de los Estados
miembros de la C.E.E. que conforman el "Grupo ad hoc" constituido
en el seno del C.O.R.E.P.E.R. para estudiarlo y elaborar el informe defi­nitivo
que pasó a la mesa del Consejo de Asuntos Generales de los
Doce, siendo éste el encargado de su aprobación definitiva.
El POSEICAN, como ya hemos visto anteriormente, es el resultado
de la aplicación para Canarias de una serie de Programas Específicos
para las Regiones Ultraperiféricas (DOM franceses, Canarias, Azores
y Madeira), que se diseñaron a partir de 1987, para que estos territorios
entren en igualdad de condiciones en el mercado interior.
344
Entre los objetivos del POSEICAN podemos citar:
a) Creación de un marco adecuado para la aplicación de las polí­ticas
comunitarias en Canarias.
b) Participación de las Islas en el mercado Interior, teniendo en
cuenta las especificidades de Canarias.
c) Recuperación de la economía canaria con la financiación comu­nitaria
de las medidas previstas en el Programa.
Con el nuevo Reglamento, por tanto, Canarias se incorpora a la
U.A., a la P.A.C. (manteniéndose la reserva del mercado nacional para
el plátano canario, recogida en el Protocolo Dos), y a la P.P.C. y, ade­más,
recibe excepciones y medidas complementarias tendentes al desa­rrollo
y mantenimiento de actividades productivas locales, a la pervi-vencia
de un sistema de abastecimiento de productos básicos proceden­tes
del exterior pero esenciales para la producción y consumo local, y
a la transformación del régimen de físcalidad vigente de acuerdo con
la reforma del R.E.F. Se confirma la no aplicación del I.V.A. y, la acep­tación
de un nuevo régimen de físcalidad indirecta con aplicación de
los impuestos: IGIC, APIM y la TE. El IGIC, supone en el contexto
del Archipiélago una especie de IVA suavizado. El APIM, se aplicará
de forma transitoria hasta el año 2000 al igual que la TEC, y su inten­ción
es proteger la producción interior para que la industria y la agri­cultura
canaria puedan cambiar sus estructuras y ser competitivas. Estos
dos últimos impuestos serán sustituidos a partir del año 2000 por la
TEC, al igual que en el resto del territorio comunitario.
El arbitrio de entrada —Tarifa Especial— podrá prorrogarse hasta
1993 para el tráfico intracomunitario y, deberá reducirse a partir de
1996, hasta su desaparición el 31-12-2000 para los productos de Ter­ceros
Países.
En cuanto a las medidas específicas para evitar una incidencia nega­tiva
podemos citar:
— Exenciones de prélévements o de derechos de aduanas a produc­tos
de Terceros Países, adoptándose medidas para el suministro de pro­ductos
comunitarios en condiciones equivalentes.
— Apertura de contingentes en siete campañas para las papas;
ayuda al consumo para el aceite de oliva; exención de la TEC para
tabaco en rama y otros productos dedicados a fabricar tabaco; ayuda
a la compra de animales reproductores en la C.E.E. y destinados al
engorde; medidas arancelarias específicas o de derogación de política
comercial para la entrada de productos sensibles destinados a la pro-
345
ducción local (para el consumo o turismo) o para el acceso a bienes
de consumo final (textiles, ropa, electrónica y vehículos).
— Medidas en favor de la producción local. Entre éstas podemos
citar: la concesión de intervenciones estructurales para el plátano sin
esperar a la adopción de un régimen común; medidas en favor de la
producción de frutas y hortalizas; medidas para apoyar el manteni­miento
de la producción interior.
— Ayudas reforzadas, en materia de pesca, durante cinco años a
las organizaciones de productores.
4. CONCLUSIONES
Como se deduce de lo expuesto en las páginas anteriores, el proceso
de integración de Canarias en la C.E.E., ha sido complejo. Ello res­ponde
a que la situación del Archipiélago, al igual que otros territorios
de Ultramar y periféricos, presenta unas características especiales, que
le hacen muy vulnerable a las coyunturas económicas externas, debido
a la fuerte dependencia que tiene del exterior y a lo desarticulado de
sus economías.
Como hemos comprobado en la etapa preautonómica ya se traba­jaba
con tres hipótesis: la integración con excepciones, la plena inte­gración
y, por último, quedar al margen del proceso comunitario. En
esta primera fase, los informes Granell, Payno y Musto, con pequeñas
diferencias eran partidarios de la integración aunque con excepciones.
De igual manera se pronuncian los informes encargados después de la
aprobación del Estatuto de Autonomía. Muñoz y Clavijo, Schwartz y
Tamames se manifiestan en la misma línea.
Debido al debate propiciado por los informes, y a los intereses de
los diversos sectores económicos, políticos y sociales de las Islas, se con­figura
el Protocolo Dos. Este modelo beneficiaba mayormente a los
importadores, mientras que perjudicaba ostensiblemente a los produc­tores-
exportadores, e impedía cualquier posibilidad de futuro para la
industria y la agricultura.
Por esta razón, se genera un fuerte descontento en una parte de la
sociedad canaria, que obliga a las autoridades competentes del Archi­piélago
y del Estado a pedir una revisión del mencionado Protocolo
Dos. En este sentido, se comienza a trabajar en un nuevo documento
(Documento Canario o POSEICAN), que contempla la integración en
la P.A.C. y en la U.A., pero a cambio otorga una serie de excepciones
que posibilitan el relanzamiento de la industria, la ganadería y la agri­cultura
interior, así como toda una serie de medidas dispuestas a faci-
346
litar el abastecimiento de las Islas y la mejora de sus estructuras pro­ductivas
para una mayor competitividad.
En estos momentos está aprobado el documento político de la
nueva integración de Canarias a la C.E.E., pero falta desarrollar los
reglamentos que concreten en hechos la filosofía del documento ya men­cionado.
347
VOCABULARIO
ACP Países de África, Caribe y Pacífico.
APIM Impuesto sobre la producción y las importaciones.
ASAGA Asociación de Agricultores y Ganaderos de Tenerife.
AVA Arbitrio del Valor Añadido.
BEI Banco Europeo de Inversiones.
CEOE Confederación Española de Organizaciones Empresariales.
CÍES Centro de Investigación Económica y Social de la Caja Insular de Ahorros de
Gran Canaria.
CITA Centro de Investigación y Tecnología Agraria.
CODEP Consejo Ordenador de la Exportación de Plátanos, después CREP.
COGECA Comité General de Cooperación Agricola.
COPA Comité de Organizaciones Profesionales Agrarias.
COPLACA Cooperativas Plataneras del Archipiélago Canario.
COREICA Confederación Regional de Empresarios de Canarias.
CREP Comisión Regional de Exportación del Plátano.
CSE Comité Económico y Social.
COREPER Comité de Representantes Permanentes de los Estados Miembros.
DERECHO ARANCELARIO Derechos de Aduana aplicados en virtud de un arancel
aduanero a las mercancías importadas.
DESARME ARANCELARIO Proceso progresivo de reducción o eliminación de aran­celes.
DIRECTIVA Es un acto jurídico de las instituciones europeas que obliga a los Estados
Miembros, dejándoles libertad en la forma y en los medios para alcanzarlos.
DOM Departamentos Franceses de Ultramar.
FEDALIME Patronal de la Alimentación.
PEDER Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
FEOGA Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agricola. Tiene dos secciones: Orien­tación
(Política de Estructuras) y Garantía (Política de precios y mercado).
FEPEX Federación Española de Productores-Exportadores de Frutas y Hortalizas.
FORPPA Fondo de Ordenación de Precios y Productos Agrarios.
IGIC Impuesto General para las Importaciones Canarias.
INIA Instituto Nacional de Investigación Agraria. Después CITA.
INC Instituto Nacional de Colonización, después IRYDA.
INTERCREP Organismo distribuidor de los plátanos Canarios en los países Mediterrá­neos.
ITEE Instituto Tinerfeño de Expansión Económica.
IVA Impuesto sobre el Valor Añadido.
MCI Mecanismos Complementarios de los Intercambios. Su fínalidad es regular el Comer­cio
de los productos más sensibles y tiene por objeto adecuar las corrientes comerciales
a las posibilidades reales de los mercados, impidiendo la realización de importaciones que
puedan producir daños irreparables en los sectores correspondientes.
OCN Organización Común de Mercado.
PAC Política Agraria Común.
PCC Política Comercial Común.
PE Parlamento Europeo.
PFA Producción Final Agraria.
PPC Política Pesquera Común.
PERÍODO TRANSITORIO DE ADHESIÓN Plazo de adaptación de la economía
española hasta la plena integración en la C.E.E. con una duración de diez años (hasta
el 31 de diciembre de 1995) aunque en algunos casos puede resultar menor.
348
POSEICAN Programa de Opciones Especifícas para la Lejanía e Insularidad de las Cana­rias.
POSEIDOM Programa de Opciones Especifícas Relacionadas con la Lejanía y la Insula­ridad
de los Departamentos Franceses de Ultramar.
PRECIO DE BASE Define el nivel de remuneración que se estima conveniente reciba
el productor comunitario.
PRECIO DE COMPRA Tiene un nivel inferior al precio base y, cuando este se alcanza
en el mercado comunitario, interviene la administración comunitaria para sostenerlo.
PRECIO DE REFERENCIA Marca el precio mínimo a que deben producirse las impor­taciones
en la C.E.E.
PRÉLfeVEMENT Derecho variable a la importación de productos agrícolas de Países
Terceros. Tiene por objeto acercar los precios de los productos importados al nivel de los
comunitarios.
PRODEXCA Promociones Exteriores Canarias.
PTOM Países y Territorios de Ultramar.
PTM Países Terceros Comunitarios.
349