La Junta Militar Chilena y su modelo económico

              LA JUNTA MILITAR CHILENA
Y SU MODELO ECONÓMICO
VIVIANA LEDESMA DE LAPEYRA
(Facultad de Ciencias Jurídicas, Universidad de Antofagasta. Chile)
1. LA JUNTA MILITAR Y SU MODELO ECONÓMICO
El golpe militar del 11 de septiembre de 1973, puso fin a la democra­cia
chilena, al mismo tiempo que inició un nuevo período en la historia del
país. Trajo consigo un proyecto de cambio fundamental de la sociedad
chilena, pero esta vez de signo conservador.
No obstante, es un error atribuir a los militares, luego de efectuado el
golpe, un grado uniforme de convicción ideológica o una visión muy clara
de sus objetivos a largo plazo después que se lograse, a satisfacción suya,
la destrucción inicial del antiguo régimen (lo que en sí consideraban una
tarea de largo plazo).
Era obvio que se debían tomar medidas urgentes de estabilización
económica y que el golpe sólo podía ser legitimado mediante la adopción
de un modelo político y económico absolutamente nuevo y exitoso. La
falta de consenso sobre el programa básico ayuda a explicar por qué el
poder se personalizó tanto: la cohesión de las Fuerzas Armadas provenía
de la estructura de mando más que del acuerdo sobre las medidas de
gobierno.
Las doctrinas con las que los militares estaban más familiarizados eran
las de la «seguridad nacional»: se las ha definido como una creencia en el
concepto de Nación, como «esencia» «tradición» o «espíritu» arruinado
por la demagogia política, y amenazado por la agresión internacional; en
la aceptación de desigualdades sociales como un orden natural; en la idea
de gobierno autoritario y en una visión crítica de la democracia y en la
definición del marxismo como el principal enemigo de la sociedad'.
Con ideas tan vagas como estas, las creencias autoritarias ayudan a
explicar por qué los militares no sólo aceptaron derrocar a Allende, sino
también construir una nueva sociedad en la cual las divisiones políticas
CARRETÓN, Manuel Antonio: El proceso político chileno. Santiago, 1983.
269
serían reemplazadas por la acción común en favor de la grandeza nacio­nal.
El general Pinochet, de 58 años en el momento del golpe y con cua­renta
en el ejército, era profesor de geopolítica^
Los militares dejaron de lado su tradición constitucional e introduje­ron
sus valores en el ámbito político: jerarquía, disciplina y respeto al
orden. Esto ayuda a explicar la personalización de la autoridad del régi­men
en manos de Pinochet, que difiere de la norma corporativa de los
militares brasileños o del rechazo al personalismo en Argentina, Uruguay
y Perú.
Pinochet demostró gran habilidad al dejar fuera de combate a sus po­tenciales
opositores en el cuerpo de oficiales (como el general Leight) y al
designar subordinados leales en todos los altos mandos de las Fuerzas
Armadas. Como Jefe de Estado-Comandante en Jefe del Ejército, Pinochet
concentró gran cantidad de poder, y luego de la ratificación de la nueva
Constitución en 1980 se apoderó de una buena dosis de la autoridad sim­bólica
de la presidencial
La creencia en tales nociones autoritarias, como las doctrinas de la
seguridad nacional, generalmente se asocia con un aumento de las activi­dades
y del papel del Estado, mientras que en Chile durante el gobierno
militar sucede exactamente lo contrario, debido a la conversión a las doc­trinas
económicas de la escuela monetarista de Chicago. Esto no obstante
no se produjo de inmediato. Muchos oficiales se sentían atraídos al prin­cipio
por una especie de integrismo católico o concepto de estado corpo­rativo.
Su rechazo a los valores de socialismo y su admiración por el papel
de los gremios los llevó a un fuerte sentimiento de corporativismo nacio­nal,
que se expresó a través de las influencias de teóricos reaccionarios
como Jaime Guzmán. Dichas ideas se cristalizaron, en el plano político,
en instituciones tales como el Consejo de Estado, establecido en 1975, el
cual incluyó a connotados políticos.
Sin embargo, estas ideas no eran apropiadas para servir de base de
legitimación del régimen. En primer lugar la Iglesia no simpatizaba con
estas doctrinas reaccionarias (a pesar de que no se opuso abiertamente al
^ Los demás miembros de la Junta Militar de Gobierno eran el Almirante José Toribio
Merino, 57 años, otro especialista en Geopolítica; el General Gustavo Leigh, Comandante
en Jefe de la Fuerza Aérea, al comienzo identificado con elementos neofascistas del Go­bierno,
pero más tarde removido por Pinochet por sus críticas en relación a materias de
gobierno, y el General Director de Carabineros, General César Mendoza Duran.
' La Junta ejerció la función legislativa a través de los servicios de una serie de comi­tés
compuestos por civiles que desempeñaron una función vital en la formulación y deter­minación
de las políticas. No obstante Pinochet mantuvo su propio grupo de asesores
civiles, quienes cumplían sus funciones muy en secreto.
270
régimen sino hasta 1975). En segundo lugar, estas no iban a encontrar
apoyo en grupos extemos con los que el gobierno quería aliarse, sobre
todo en los Estados Unidos y en el mundo de la banca internacional. El
régimen deseaba la aprobación internacional, apoyo financiero e inver­sión.
El flirteo con ideas fascistas no era el adecuado para ganar dicho
apoyo (aunque sí lo era la militancia anticomunista). En tercer lugar, el
corporativismo podría ser utilizado por grupos políticos ya existentes para
maniobrar su regreso al poder y debilitar el monopolio que de éste tenían
los militares. Pero lo más importante era que estas ideas ofrecían escaso
consejo sobre la forma en que se debían manejar los problemas económi­cos.
En este aspecto, las primeras medidas de gobierno -eliminación del
control de precios y de los subsidios, rebaja de los salarios reales y reduc­ción
del déficit fiscal- no convencieron al país de que se podía controlar
la inflación.
Un grupo de economistas chilenos con estudios en la Pontificia Uni­versidad
Católica de Santiago y en Chicago, y con valiosa experiencia en
el mundo político, comercial y empresarial (varios habían sido consejeros
de Alessandri en la elaboración del programa para la campaña presidencial
de 1970), se habían estado reuniendo desde 1972 para preparar el progra­ma
de un nuevo gobierno de tendencia derechista. Hasta julio de 1974 el
Ministro de Hacienda fue un oficial naval, posteriormente asumió el pri­mero
de los tecnócratas, Jorge Cauas (quien más que un «Chicago Boys»
era un consejero del PDC). En el Ministerio de Economía, el empresario
Femando Leniz tenía como asesor a Sergio de Castro, quien lo reemplazó
en abril de 1975. De Castro era un monetarista convencido y una autori­dad
en materia económica. El dominio de la escuela neoliberal fue com­pleto
y su primer plan fue el shock económico de 1975. ¿Por qué sus ideas
resultaron tan atractivas para los militares? (quienes estaban lejos de ser
liberales), y ¿Por qué duró tanto su influencia?
El proyecto que los economistas de Chicago ofrecieron a los militares
significaba la reestmcturación completa de la economía, de la sociedad y del
sistema político. No sólo se modificaría lo realizado por la Unidad Popular,
sino la conducción completa de la política chilena desde los años treinta. Tal
transformación únicamente podía lograrse bajo estricto control autoritario,
para eliminar las distorsiones producidas por el populismo y crear las con­diciones
apropiadas en las cuáles pudieran operar las fuerzas del mercado.
La reducción del sector público eliminaría la base de las presiones secto­riales
o populares por concesiones gubemamentales; la reorientación de
los excedentes hacia el mercado de capitales robustecería el respaldo a las
políticas militares y castigaría a las fuerzas que se le opusieran.
271
La apertura de la economía al libre mercado proporcionaría los medios
para poder crecer, sin que hiciera falta apoyo estatal a sectores no compe­titivos.
Permitir que el nivel de los sueldos fuera regulado por las fuerzas
del mercado debilitaría el poder de negociación política del movimiento
sindical. Todos estos elementos se combinarían para eliminar uno de los
mayores propagadores de intranquilidad social: la inflación. La belleza de
esta solución era que el mecanismo regulador sería el más liberal de los
conceptos: el libre juego de las fuerzas del mercado**. Al mismo tiempo, se
erosionarían las antiguas formas de lealtad política y se desarrollarían
otras nuevas, nacionales, sin distinción de clase.
El monetarismo ofrecía una nueva utopía en contraste con los fracasos
del pasado, y la respuesta de una utopía podría «usarse para justificar la
brutal represión» que surgió del golpe militar.
La nueva ortodoxia económica atrajo a los militares porque ofrecía
coherencia y disciplina y se la percibía como técnica y científica y, por lo
tanto, ideológicamente neutral. Una vez en marcha el proceso iba a ser
irreversible y, como medido necesario para la salvación nacional sus
premisas no se iban a poner en duda. Los «Chicago Boys» se ocuparon de
la dirección económica y el proyecto militar se puso en manos de los
gremialistas.
La forma cómo los ideólogos de la derecha reaccionaria tradicional
han podido entenderse con los defensores de la escuela económica del
libre mercado es realmente una extraordinaria proeza de acrobacia ideoló­gica.
Es posible apreciar la conveniencia de este acuerdo: los tradicionalis-tas
se encargaron de los asuntos políticos del régimen de Pinochet y los
«Chicago Boys» del manejo económico. También es posible ponderar el
hecho de que ambos grupos proceden de la Universidad Católica de San­tiago;
de promociones de los años cincuenta y sesenta. Pero, desde el
punto de vista lógico sigue siendo un enigma que dos ideologías tan
disímiles pudieran pretender un tal alto grado de unanimidad política. Pero,
el presidente Pinochet estaba mucho más interesado en el poder político
que en la coherencia ideológica, y los nuevos arreglos eran una justifica­ción
perfecta para un período prolongado de autoritarismo político.
Muchos sectores iban a encontrar poco gratas las nuevas medidas eco­nómicas.
Sin embargo, los grupos empresariales aceptaron que la austeri­dad
y la competencia eran el precio necesario que había que pagar para
" La crítica más abierta a la política económica del Gobierno proviene de los econo­mistas
de CIEPLAN entre los que destacan Alejandro Foxley y Ricardo French-Davis.
272
evitar que se repitiera el pasado. Por su parte, algunos miembros del sector
medio aceptaban gustosos cualquier medida que restituyera el orden y la
disciplina, y las promesas de largo plazo de los «Chicago Boys» eran
atractivas. De este modo, el gobierno del general Pinochet no sólo se basó
en el Ejército y en la represión sino también en el apoyo de grupos nume­rosos
e influyentes de la sociedad civil. El diagnóstico a que habían llega­do
los Chicago Boys era en primer lugar que Chile, desde la gran crisis de
1930 y hasta 1970, había tenido un crecimiento ínfimo, con tasas tan bajas
que el país necesitaba medio siglo para poder doblar el ingreso per cápita\
Este bajo rendimiento económico, afirmaban, es lo que ha causado los
problemas políticos y lo que ha obligado al país cada seis años a ensayar
una receta distinta, sin por eso encontrar la solución. Para salir de este
marasmo es necesario aumentar la tasa de crecimiento, mediante políticas
eficientes. Es así como Chile, bajo Augusto Pinochet y los «Chicago Boys»
se transformó en una especie de laboratorio donde se aplicaron sistemática­mente
políticas neoliberales*.
2. LOS TRES PUNTOS CLAVES DEL PROGRAMA ECONÓMICO
El primer punto que a los autores del programa parecía básico era la
apertura al exterior, para la que preconizaban una rebaja general de los
aranceles, la adopción de un cambio fijo, y el abatimiento de todas las
barreras que obstaculizaban el libre flujo de bienes y servicios.
Se formuló un nuevo código de inversiones en un intento por atraer
capitales extranjeros.
El segundo criterio fundamental era el de proclamar el papel subsidia­rio
al Estado; dicho de otra forma, se debía facultar al mercado para que
haga cuanto pueda hacer y reservar a la autoridad la facultad de cautelar
las actividades en las cuáles el mercado no opera (monopolios naturales)
e igualmente, velar porque la actividad privada se desenvuelva dentro del
bien común'.
' VALDIVIESO, Rafael: Crónica de un rescate. Chile, 1973-1988, pág. 34.
' GARCÍA, Rigoberto (ed.): «Chile 1973-1984». Institute of Latin American Studies,
Monographs, núm. 12, Stokholm, 1985.
' La aplicación del principio de subsidiariedad del Estado fue algo trascendental en la
consolidación del régimen militar. Este principio fue señalado desde un comienzo en los
documentos emanados de la Junta de Gobierno, como, en la Declaración de Principios y
más tarde consagrado como norma jurídica en la Constitución Política del Estado el año
1980 en su artículo 19, niím. 11.
273
En efecto, el Estado toma el cargo de mero vigilante, protector, auxi­liador,
orientador y cooperador de ciertas iniciativas provenientes de cier­tos
grupos de particulares. Por último el Estado puede y debe actuar direc­tamente
en tres circunstancias:
A) Cuando se trate de actividades en que los particulares no estén en
situación de cumplirlas.
B) Cuando los particulares no cumplan adecuadamente con las tareas
que les corresponde, y
C) Tratándose de tareas que los particulares estarían habilitados para
cumplir, pero que por razones de seguridad nacional es preferible
que las acometa el Estado. Por ejemplo la producción de explosi­vos,
o de armamento especializado.
La aplicación de este principio tuvo como punto más importante la
privatización del área social, iniciada a fines de 1973. Un primer grupo de
115 grandes unidades productivas del aérea social fueron oficialmente
reintegradas a capitalistas chilenos y extranjeros el 6 de diciembre, entre
ellas Electromat (estadounidense, artículos electrónicos); Ceresita (alema­na,
pinturas); AGA (sueca, acetileno y oxígeno industrial); Cobre Cerrillos
(norteamericana, asociada a la Pheeps Dodge); Pizarreño (belga; planchas
de concreto); Isesa (suiza, esmeriles); y Crowncork (estadounidense, bron­ces),
más seis empresas distribuidoras cinematográficas norteamericanas.
Entre las empresas nacionales devueltas figuran metalúrgicas, aceiteras,
textiles, conservas, de vidrio, pinturas pesqueras, electrónicas, lecheras, de
bebidas gaseosas y productoras de artículos hogareños. Otros centenares
de empresas menores correrán la misma suerte*. Debido a esto', «La Corfo,
que agrupaba a modo de superministerio 553 empresas económicas
estatizadas, tendrá como función, a partir de este momento, propiciar toda
la industria chilena, incluyendo la privada»'".
El proceso de privatización del sector productivo fue particularmente
espectacular a partir de 1975, cuando muchas empresas estatales fueron
vendidas a conglomerados económicos, antiguos o emergentes que adqui­rieron
gran importancia".
* Revista Triunfo. Núm. 597, 9 de marzo de 1974, «Chile: Retomo al Capitalismo
Dependiente», pág. 18.
' La Tarde. 11 de septiembre de 1973, «Proclama de las Fuerzas Armadas». Pág. 1.
'° RAMAS, Eduardo: Chile, 1.000 días entre la revolución y el Fascismo. Ob. cit.,
pág. 181.
" Dos de ellos, Vial y Cruzat, serían intervenidos por las autoridades en 1983.
274
La idea central fue fomentar la competencia y la eficiencia y hacer que
todas las empresas resultasen tan rentables como fuese posible y llegaran
al autofinanciamiento.
Sin embargo no todas las empresas estatales fueron vendidas, algu­nos
sectores muy importantes como la gran Minería del Cobre se man­tuvieron
en manos del Estado. Tal decisión, fue tomada por la Junta de
Gobierno, de acuerdo a las declaraciones del almirante Huerta (Ministro
de Exterior) como una manifestación de «respeto al deseo expresado por
toda la ciudadanía, que por unanimidad aprobó la nacionalización de los
centros mineros»'^ No obstante se establecieron conversaciones oficia­les
-a nivel de cancillerías- con las antiguas compañías dueñas de las
minas de cobre chilenas, con el fin de establecer el pago de las
indemnizaciones que correspondan. En marzo y julio de 1974, las nue­vas
autoridades del sector de la Gran Minería llegaron a acuerdos con la
Cerro Corporation y la Anaconda Cooper Co., en relación con los proce­sos
de normalización de las actividades de la Compañía Minera Andina
y de la Compañía de Cobre de Chuquicamata, la Compañía Minera Exó­tica
y la Compañía de Cobre el Salvador. Estos acuerdos fueron los que,
prácticamente, emitieron liquidar la situación de juicios y embargos pen­dientes
con EE.UU., a raíz de las expropiaciones sin pago que, durante
el gobierno de Salvador Allende, se habían hecho de las mencionadas
minas.
El 11 de abril de 1976, mediante el decreto núm. 1.350, fueron disuel­tas
las compañías de cobre Chuquicamata, El Salvador, Exótica y la So­ciedad
Minera El Teniente y se creó la Corporación Nacional de Cobre de
Chile más conocida como CODELCO-Chile, como empresa propiedad
del Estado encargada del manejo de la gran minería.
Es importante destacar que los criterios de manejo de las empresas
estatales de la administración pública y la política económica en general
cambiarán profundamente después del golpe militar. El tamaño del Estado
siguió siendo bastante grande, incluso en los años de aplicación más es­tricta
del modelo liberal, pero en un sentido cualitativo hubo una especie
de privatización del sector público con un mayor acento en la competen­cia,
la rentabilidad, el autofinanciamiento y la acomodación pasiva a las
reglas del juego del mercado.
El tercer punto fue la puesta en marcha de una nueva política social,
que según las autoridades, se concentraría en la erradicación de la extrema
pobreza.
'^ El Mercurio. 28 de septiembre de 1973. Cuerpo C, pág. 1.
275
2.1. LA ECONOMÍA EN LOS PRIMEROS ANOS DEL GOBIERNO MILITAR
Para poder atacar la inflación, la escasez, el déficit fiscal y de la balan­za
de pagos, se aplicó un programa tradicional y conservador de estabili­zación
económica cuyos principales ingredientes fueron:
1. Una disminución de los gastos públicos y del déficit presupuesta­rio
que bajó desde el 24% del PGB en 1973 al 8% en 1974.
2. Una baja, en más de un 30%, de los sueldos y salarios reales entre
1973 y 1974.
3. Un intento de contracción monetaria que trajo consigo una menor
liquidez en la economía.
Paralelamente a esta política de austeridad se abolieron casi la totali­dad
de los controles de precios y mercados introducidos durante la Unidad
Popular, lo que produjo como efecto la eliminación del desabastecimiento.
Conjuntamente, los tipos oficiales de cambio, que eran alrededor de
seis, fluctuando entre los 25 y los 1.300 escudos por dólar, se sustituyeron
por tres, uno de los cuales, el de 110 escudos se estableció para ciertas
exportaciones de cobre; el de 850 escudos para operaciones de tipo margi­nal
y el de 280 escudos, que era casi el más importante, para casi la
totalidad de las transacciones.
Por su parte, la producción en general se regularizó por el fuerte con­trol
oficial y la vuelta a la «disciplina laboral». Sin embargo, persistió un
importante desabastecimiento de materias primas, a raíz de la carencia de
inventarios y la insuficiencia en materia de divisas.
La tasa de interés fue fijada a un nivel negativo, en términos reales,
consultándose bonificaciones salariales para los meses de noviembre y de
diciembre, además de un reajuste general en el mes de enero de 1974, para
el sector privado, del orden del 400%. Además, se diseñó una escala única
de remuneraciones para el sector público, con más de 200 sistemas dife­rentes,
con un reajuste inferior al otorgado al sector privado.
Tanto el salario mínimo como las asignaciones familiares subieron
notablemente y, durante 1974, se otorgaron varias ayudas y reajustes de
remuneraciones con el fin de mantener el poder adquisitivo promedio del
año anterior.
También durante ese mismo año se hicieron cambios significativos
en el manejo del aparato fiscal y público normalizándose las finanzas, y
se confeccionó un presupuesto ordenado y coherente, que permitiría el
control del aparato público. Se hizo, asimismo, una reducción del núme­ro
de funcionarios y de los subsidios incrementándose la inversión en el
sector.
276
Con respecto al sector financiero los bancos que habían permanecido
bajo el control estatal, comienzan a liberalizarse paulatinamente.
El crédito comenzó a regularse por vía del encaje'^ eliminándose el
control cuantitativo mensual para cada banco. Al mismo tiempo, se redu­jeron
los créditos selectivos del Banco Central y se trató de mantener, de
acuerdo con la inflación.
En lo concerniente a la renegociación de la deuda extema, se estable­ció
un acuerdo crediticio con el Fondo Monetario Internacional, un pro­grama
extraordinario agrícola y de construcción y, en general, un aumento
de la inversión, que a fines de 1974 se convirtió en un lastre debido a la
crisis petrolera.
En general, el resultado de esta primera política económica de estabi­lización
fue de fracaso. La producción aumentó algo en el curso de 1973,
pero la inflación alcanzó en 1974, casi el 370%. El déficit fiscal disminu­yó,
pero no tan rápidamente como el gobierno habría deseado. El déficit
en la cuenta corriente aumentó en 1974 en más de 200 millones de dóla­res,
casi tanto como en 1973. La cesantía aumentó en forma espectacular.
La siguiente tabla nos muestra los principales indicadores económicos del
período:
Tabla núm. 1: índices económicos (años 1974-1977)
1974
1975
1976
1977
Inflación
(% anual)
369
343
198
84
Desempleo
(% de la F. de T.)
9
16
20
19
PIB (tasa de
crecimiento anual)
5,5
-12,9
3,5
9,9
Fuente: CACERES y TAPIA (1985): 1973-1984. Un caso de política económica.
Mineo U. Adolfo Ibáñez. Doc. de trabajo núm. 1.
Aún a mediados de 1975 no se perfilaba ninguna mejoría por lo que el
gobierno decidió aplicar un plan de shock.
" La proporción de los depósitos que los bancos guardan como reserva se denomina
encaje. Hay un encaje mínimo que los bancos deben guardar por disposición de la autori­dad
monetaria. Mientras más alto es el encaje mínimo, menor es la cantidad de cada
depósito que los bancos pueden prestar y, por lo tanto, menores serán los depósitos adicio­nales
que los propios bancos pueden generar con sus préstamos. Por el contrario, una
reducción del encaje permite a los bancos prestar más y, como consecuencia, aumentar los
depósitos y el dinero existente.
277
Este nuevo plan no era más que una más drástica aplicación de las
medidas anteriores. Así, todo el sector público recibió órdenes de dismi­nuir
el personal en un 15%, la política monetaria se contrajo aún más y los
salarios reales bajaron a un nivel cercano al 62,9% de 1970.
El gasto real del gobierno se redujo en un 27% en 1975 y el déficit
fiscal cayó de un 8,9% del PNB a un 2,9%, los aranceles a las importacio­nes
bajaron de un promedio de 70% a mediados de 1974 a un 33% a
mediados de 1976. El crédito se restringió y la tasas de interés real que ya
eran altas subieron de una 49,3% anual a un 178% a fines de 1975. La
inversión pública disminuyó a la mitad. El producto nacional bruto bajó
casi un 15% en comparación con 1974. La producción industrial cayó en
un 25%. La tasa de desempleo subió de un 9% en diciembre de 1974 a un
16% en el mismo mes de 1975. El déficit en la cuenta corriente se duplicó
alcanzando la cifra récord de 491 millones de dólares, especialmente como
consecuencia de los bajos precios del cobre'". No obstante, la inflación
reaccionó con lentitud y se mantuvo en un 343% en 1975.
Se decidió, además, un aumento de los impuestos con el fin de contri­buir
al equilibrio fiscal y, concretamente, se subió en un 10% el impuesto
progresivo a la renta; se aplicó una sobretasa de la misma magnitud al
consumo «suntuario», se eliminaron casi por completo las exenciones al
impuesto al valor agregado. Además, se anunció una retasación al impues­to
a los bienes raíces no agrícolas, un mayor control tributario, y sanciones
ejemplarizadoras para quienes evadieran impuestos o contribuciones a la
seguridad nacional.
Estas medidas tampoco tuvieron frutos inmediatos. Una de las expli­caciones
que se da a este mal resultado económico es que entre los años
1974 y 1975, las empresas reaccionaron ante la caída de la demanda,
disminuyendo la producción en lugar de los precios.
Los economistas del régimen estaban empeñados en disminuir los costos
de trabajo por unidad de producción, pero lo irónico fue que mientras los
salarios disminuían, las tasas de interés aumentaron tanto que el efecto
inmediato del paquete restrictivo, fue un fuerte aumento de los costos
totales de producción.
El año 1976 puede ser caracterizado como un año de transición. El
desarrollo por fin se dirigió en el sentido esperado, aunque lentamente la
inflación disminuyó a un 198% y el déficit presupuestario más aún, a sólo
el 2% del PGB. La producción aumentó algo, 3.5%. El punto más lumino-
" El precio promedio histórico ha sido de aproximadamente US$ 1,25 la libra, pero
después de 1975 éste bajó a US$ 0,65 centavos la libra.
278
so era la Balanza de Cuenta Corriente que entonces, como consecuencia
de la disminución de las importaciones y el aumento de las exportaciones,
mostraba excedentes de alrededor de 148 millones.
2.2. PERÍODO DE RECUPERACIÓN 1977-1981
Entre agosto de 1977 y el primer semestre de 1981 pareció que la
economía chilena estaba andando bien, incluso en círculos internacionales
se comenzó a hablar del milagro económico chileno.
La inflación bajó y se mantuvo entre un 30 y 40% aproximado, lo
que ya significaban cifras manejables y tanto las exportaciones como el
PGB crecieron a una tasa respetable. El déficit fiscal se convirtió en
excedente. Incluso la producción industrial se recuperó. Los avances
más importantes se produjeron en la descentralización y en el manejo
subsidiario y racional del sistema público. Fue trasladado al sector pri­vado
una parte sustancial del aparato productivo; previamente estatizado,
creándose un marco legal, que permitió el desarrollo, sin precedentes, de
la intermediación financiera. Se vendieron numerosos bancos, con la
excepción del Banco del Estado y se instalaron numerosas agencias y
sucursales de la banca internacional.
Se produjo, al mismo tiempo, un desarrollo sin precedentes en el cam­po
de los seguros, surgiendo una gama de intermediarios financieros mo­dernos
resolviéndose la virtual falencia del sistema Nacional de Ahorros y
Préstamos, se redujo su tamaño y se llevó a cabo una reforma previsional
que centralizará el manejo de los enormes fondos de los trabajadores.
Surgieron numerosos instrumentos de ahorro y financiamiento de las em­presas
y se modernizó y fortaleció la acción de la Superintendencia de
Bancos, sociedades financieras y sociedades anónimas. Hubo una fuerte
expansión en la industria y sobre todo en la construcción (supermercados,
caracoles, restaurantes, hoteles de lujo, etc.).
Conjuntamente se distribuyeron las tierras y se fortaleció el derecho
de propiedad en general, y en la minería y en la agricultura en particular.
Aproximadamente un tercio de las tierras fue devuelta a sus antiguos due­ños,
pero, a pesar de que se asignó casi el 40% de la tierra a los campesi­nos
que la trabajaban, cerca del 60% de ellos se vio forzado a venderla,
pues no tenían acceso a la asistencia técnica ni al crédito.
En la agricultura el desempleo fue significativamente superior al de
décadas anteriores, en 1980 los salarios habían bajado a niveles similares
a los de 1965. El apoyo estatal a la actividad agrícola se redujo en forma
drástica, a excepción del que se daba al sector exportador rentable.
279
Al retirarse el Estado de muchas áreas en las que antes había jugado
un papel importante, el gasto fiscal como porcentaje del PNB bajó de un
29,1% en 1972 a 19,7% en 1978. Hubo una reducción significativa del
gasto social per cápita en educación, salud, previsión social y vivienda.
Buena parte de la gestión en la educación se trasladó a los municipios, y
lo propio, aunque en menor grado ocurrió con los servicios de salud.
Los tecnócratas responsables de la economía estaban convencidos de
que el Estado desempeñaba un papel demasiado importante. Su intención
era reducir lo más posible la participación del Estado mediante la venta de
las empresas que éste poseía. Aparte de las que habían sido intervenidas
durante el gobierno de la Unidad Popular en 1973, el Estado tenía la
propiedad, a través de la COREO, de poco más o menos 300 empresas. En
1980 esta cifra había bajado a 24, y la mitad de ellas estaba en proceso de
traspaso a particulares. Había alrededor de otras 12 empresas estatales que
dependían de organismos fiscales diferentes de la COREO, entre las que se
encontraban empresas petroleras y cupreras. La venta de activos se efectuó
en condiciones extremadamente favorables para los nuevos propietarios.
En vista de las altas tasas de interés internas, quienes pudieron adqui­rir
bienes fiscales fueron los grandes grupos económicos del sector priva­do,
que tenían acceso a fondos extranjeros y a tasas de interés
significativamente menores que las domésticas. Por otra parte, el Estado
entregó un subsidio importante (equivalente a cerca del 40 o 50% del
precio de la compra) a los ricos y poderosos para que tomaran posesión de
sus activos'^
De este modo, los partidarios de la economía de libre mercado agudiza­ron
la concentración económica en Chile. Unos pocos grupos multisectoria-les
dominaron el sector industrial, el financiero, el bancario y el de expor­tación
agrícola. El acceso de estos grupos a las finanzas internacionales
les significó ventajas y beneficios extraordinarios. Se estima que entre
1977 y 1978 los conglomerados más importantes tuvieron utilidades de
alrededor de 800 millones de dólares por el sólo hecho de conseguir
préstamos en el extranjero y dar créditos en el país, a tasas que ñuctuaban
entre un 100% en 1976 y un 30% en 1978, por sobre las internacionales'^
Estas utilidades fueron muy superiores a los montos pagados por las em­presas
estatales y por los bancos que se vendieron al sector privado.
" No obstante hay que reiterar que los militares se negaron a vender bienes fiscales
que consideraron estratégicos, como es el caso de las compañías mineras de cobre.
" GARCÍA, Rigoberto (comp.): Economía y Política durante el gobierno militar en
Chile (1973-1987). Fondo de Cultura Económica, 1989, pág. 76.
280
Un estudio de Femando Dahse reveló que, a fines de 1978, cinco
grupos económicos controlaban el 53% de los bienes de las 250 empresas
privadas chilenas de mayor envergadura y ellos, junto a otros cuatro, ma­nejaban
el 82% de los activos y el 60% de los créditos del sistema banca-rio,
además del 64% de los préstamos otorgados por instituciones finan­cieras".
Los grupos crecieron vertiginosamente y obtuvieron ganancias
insospechadas a causa de que los bancos extranjeros -atraídos por las altas
tasas de interés en Chile- estaban deseosos de dar créditos a corto plazo,
en el entendido de que la suerte económica del gobierno estaba tan ligada
al modelo Chicago, que el cumplimiento de los compromisos internacio­nales
tendría primera prioridad, aun cuando hubiera recesión.
Pese al crecimiento vigoroso de las exportaciones, también en este
subperíodo se incrementan a un fuerte ritmo las importaciones. Ello fue
acumulando un fuerte déficit en la cuenta corriente que en el año 1980
alcanzó 2.000 millones de dólares. Éste fue financiado con un ingreso de
préstamo de la banca extranjera.
Desde junio de 1979 el tipo de cambio nominal había sido fijado en
39 dólares con el objeto de vencer la inflación. Su nivel se mantuvo duran­te
varios años, hasta que en junio de 1982, después de una caída de 800
millones de dólares en las reservas en cinco meses se decidió su deva­luación.
El término del ciclo de bonanza se manifestó con una caída del PIB en
un 14% respecto del año anterior. El desempleo abierto alcanzaba el 26%
de la fuerza de trabajo (incluyendo los programas de emergencia para
absorber la cesantía, PEM -Plan de empleo mínimo- y POJH -Programa
de ocupación para Jefes de Hogar-).
La tasa de inversión (privada, estatal o extranjera) siguió muy baja en
relación con los niveles anteriores. Las altas tasas de interés real que im­peraban
en esta época desalentaban la inversión y favorecían la especula­ción.
Incluso el vital sector del cobre necesitaba con urgencia de nuevas
inversiones para elevar su producción.
La rebaja arancelaria golpeó duramente a la industria nacional y las
quiebras llegaron a cifras récord. Las nuevas importaciones correspon­dían
en su mayoría a artículos suntuarios y no a bienes de capital o
maquinarias, imprescindibles para mantener los niveles de producción
industrial.
" DAHSE, Femando: El mapa de la extrema riqueza. Santiago de Chile, 1979. La
proporción de recursos financieros depositados en instituciones privadas aumentó de un
11% en 1970 a un 64,7% en 1979.
281
El costo social del experimento fue elevadísimo. Los salarios reales
escasamente equivalían a tres cuartos de los de 1970 (más aún, en 1981 su
nivel fue inferior a los de 1970). El desempleo se elevó a cifras inusitadas,
nunca inferiores al 15,6%. La distribución del ingreso se deterioró en una
medida considerable, la mayoría de la población estaba peor que diez años
antes.
La estructura del empleo también cambió. Entre 1970 y 1980 el núme­ro
total de obreros disminuyó en un 22%, cifra que no alarmó en absoluto
a un gobierno que se oponía al desarrollo de un movimiento sindical po­deroso.
En el mismo período, el nivel de empleo del sector informal creció
en un 13%.
Algunas de la magnitudes importantes del período se muestran en la
siguiente tabla:
Tabla núm. 2: índices económicos años (1978-1981)
Año
1978
1979
1980
1981
PIB
(crecimiento
anual)
8,2%
8,3%
7,8%
5,5%
Desempleo
(% de la
F. de T.)
17,9
17,7
15,7
15,6
Inflación
(% anual)
37,2
38,0
31,2
9,5
Exporta­ciones
(US$ MM)
2.460
3.834
4.705
3.836
Importa­ciones
(US$ MM)
2.886
4.190
5.469
6.513
D. Externa
(US$ MM)
11.251
12.353
13.999
17.856
Fuente: Banco Central, CffiPLAN.
2.3. LA CRISIS: 1982-1984
En el año 1982 comienzan a manifestarse en Chile claros síntomas de
recesión, provocada a nivel internacional por la subida de los precios del
petróleo y a nivel interno por la crisis del modelo neoliberal que se estaba
aplicando. Chile se ve especialmente afectado por esta recesión debido a
una importante baja en los precios de sus productos de exportación, y al
mantenimiento de los precios de sus productos de importación. Esto, ob­viamente,
provocó fuertes desajustes en la cuenta corriente que en el año
1981 era de 4.800 millones de dólares, o casi cien millones más que las
exportaciones totales.
Todo esto se vio agravado por la política monetarista que desde el año
1979 fijaba el tipo de cambio en 39 pesos por dólar, en circunstancias en
las cuales la inflación doméstica era mucho más alta que la inflación inter­nacional,
lo que significaba que la competitividad de la economía chilena
282
se deterioraba rápidamente. El problema de la sobrevaluación del dólar se
agravó con la revaluación del dólar estadounidense -y por ende del peso
chileno- frente a todas las otras monedas del mundo y con la baja de los
aranceles en Chile.
El tipo de cambio congelado, y la apertura indiscriminada hacia el
exterior, era una bomba de tiempo que tarde o temprano tendría que esta­llar.
La obsesión gubernamental con la tasa de inflación significaba que la
política del comercio exterior, incluyendo la política de cambio, fue subor­dinada
al objetivo antiinflacionario, a un precio altísimo en términos de la
producción industrial, agrícola, empleo y endeudamiento.
Como resultado de la política seguida por el gobierno, la deuda exter­na
de Chile superó los 15 millones de dólares en 1981, y los 19 millones
a fines del año 1983, lo que colocó a Chile como uno de los países con
mayor deuda extema por habitante del mundo. Al mismo tiempo, las tasas
de interés en el mercado de capital internacional, y con ellas el servicio de
la deuda extema también habían aumentado rápidamente.
En 1982, el 81% de los ingresos de exportación de Chile se destinaron
al pago de interés y amortizaciones de la deuda. De ahí en adelante, Chile
necesita transferir más del 5% del PGB anualmente hacia el exterior sólo
en pagos de intereses de la deuda extema, de las amortizaciones, mejor ni
hablar.
Durante mucho tiempo, el gobierno confió en el famoso «ajuste au­tomático
». El único problema que afectaba a la economía chilena, afir­maban
los economistas del gobierno, era la recesión internacional, cuyos
efectos nefastos (baja en el precio del cobre principalmente) habían pro­ducido
un desajuste entre los gastos y los ingresos del país. Gracias al
tipo de cambio fijo y a la política monetaria neutra, el déficit de la
cuenta corriente y la menor disponibilidad de créditos extemos para cu­brir
el déficit tendrán que producir una menor liquidez intema, ya que la
única fuente de emisión monetaria era, supuestamente, el superávit de la
balanza de pagos, producto de la inundación anterior de préstamos inter­nacionales.
La austeridad monetaria, a su vez, produciría un aumento de la tasa de
interés, una menor demanda intema, rebajas de sueldos y salarios y des­pués
del pequeño ajuste recesivo, un equilibrio macroeconómico tanto
intemo como extemo.
El único obstáculo que podía poner en peligro el ajuste automático
era, en la opinión de los economistas del gobierno, la rigidez hacia abajo
de los sueldos y salarios. Ya a mediados de 1981 lanzaron una fuerte
campaña para eliminar el piso de Plan Laboral, es decir, el reajuste auto-
283
mático de las remuneraciones nominales de acuerdo con los aumentos del
índice de Precios al Consumidor (IPC).
Según los economistas de Chicago, el desempleo es un fenómeno
microeconómico, producto de remuneraciones demasiado altas y/o
distorsionadas en la estructura salarial. El ajuste automático podía pues
expresarse de dos maneras distintas: o los trabajadores aceptaban una re­baja
de los salarios, o una mayor cesantía. Como se verá más adelante las
dos cosas se produjeron en forma brutal entre 1982-1983.
La política económica durante la fase de ajuste automático, que duró
hasta la devaluación del peso en junio de 1982, no fue sin embargo pasiva
por completo. A pesar de los consejos recién citados, de no hacer nada, el
gobierno puso en práctica una política fuertemente contractiva. A través
de pagos adelantados de la deuda extema pública, se produjo una menor
liquidez en la economía y la contracción monetaria fue reforzada por una
disminución de los créditos extranjeros. Una rígida política de austeridad
fiscal, con aumentos de los impuestos y rebajas en los gastos fiscales,
acentuó la caída de la demanda.
Uno de los resultados de esta política económica neutra fue una rápida
alza de la tasa de interés interna. En septiembre de 1981 la tasa de interés
real de los préstamos bancarios superó el 4% mensual, y en diciembre del
mismo año había llegado al 5% mensual. Se estaba de regreso a las altísi­mas
tasas de interés de los años 1976-1978.
La falta de competitividad internacional de la economía chilena, la
caída de la demanda interna y las astronómicas tasas de interés real, más
factores psicológicos, como la pérdida generalizada de la credibilidad del
modelo hasta en los sectores más conservadores del país condujeron a
Chile en 1982, a la peor crisis económica de los últimos cincuenta años. Al
respecto, los datos presentados a continuación son elocuentes:
Tabla núm. 3: Producto geográfico bruto semestral según actividad
económica, 1981-1983 (porcentaje de cambio en comparación
con el mismo semestre del año anterior)
Actividad
Agricultura
Pesca
Minería
Industria
Electricidad,
gas y agua
1." Sem.
1981
2,7
18,6
8,1
6,9
3,5
2.» Sem.
1981
7,0
17,7
7,8
-1,5
0,6
1." Sem.
1982
1,6
28,2
9,5
-21,3
0,4
2° Sem.
1982
-10,8
-9,5
2,2
-21,9
-0,8
1." Sem.
1983
-4,6
8,7
-5,4
-4,9
3,7
1." Sem.
1983
-2,1
9,8
1,3
5,5
5,2
284
Tabla núm. 3: (Continuación)
l."Sem. 2.°Sem. 1." Sem. 2.° Sem. l."Sein. 2.° Sem.
Actividad ^^^^ j^^j ^^^^ 1982 1983 1983
Construcción
Comercio
Transporte
Otros
Total PGB
27,0
12,8
2,3
5,1
7,8
15,6
1,6
0,0
5,7
3,7
-23,8
-13,3
-5,2
-11,5
-10,8
-34,3
-23,6
-14,3
-16,5
-17,8
-17,8
-14,9
-6,8
3,4
-7,0
4,6
6,5
1,1
4,8
4,2
Fuente: Banco Central, Cuentas Nacionales trimestralizadas, 1980-1984.
Con la eliminación, a mediados de 1982, del «piso» de sueldos y
salarios establecidos en el Plan Laboral Original, la rigidez hacia abajo
de las remuneraciones reales también fue eliminada. Contrariamente a
los supuestos de los «Chicago Boys», la rebaja de los sueldos fue acom­pañada
de un fuerte aumento de la cesantía. La magnitud de los efectos
sobre el nivel de vida de los trabajadores puede examinarse en la si­guiente
tabla:
Tabla núm. 4: Indicadores del nivel de vida de los trabajadores, 1981-1982
Indicadores 1981 1982 Variación (%)
a) Disponibilidad de bienes por
persona
b) Producto per cápita
c) Ocupación (número de personas
ocupadas)
d) Desocupación (número de
personas desocupadas)
e) Ocupados en el PEM
f) Desocupación total (incl. PEM)
g) Tasa de desocupación sin PEM
h) Tasa de desocupación con PEM
i) Ingreso familiar mínimo
j) índice de sueldos y salarios reales
Fuente: VEGA, Humberto: La política económica y la situación de los trabajadores,
PET/Academia de Humanismo Cristiano, Santiago, 1983.
285
100,0
100,0
3.271.000
417.700
173.619
591.319
11,3%
16,0%
100,0
100,0
73,7
84,5
2.824.500
679.100
303.534
982.634
19,4%
28,0%
91,0
87,9
-26,3
-15,5
-13,7
+62,9%
+74,8
+66,2
71,7%
+75,0%
-9,0
-12,1
A la crisis en la agricultura, la industria y la construcción, y los altos
costos sociales hay que agregar una serie de escándalos financieros que
sacudieron al país a partir de 1981. El sector financiero fue el corazón del
modelo desde 1973, y llegó a principios de la década de los ochenta a
tener una participación sectorial en el PGB dos veces más alta que la
agricultura, pero la fragilidad de la economía especulativa que se erigió
alrededor de un pequeño número de centros financieros se hizo evidente
en noviembre de 1981 cuando el gobierno se vio obligado a tomar el
control de cuatro empresas financieras y cuatro bancos cuyas pérdidas se
acercaban a los 400 millones de dólares.
La intervención estatal en estas instituciones fue una de las primeras
desviaciones del extremo liberalismo, pero la medida se estimó como ne­cesaria
para evitar un fracaso de mayores proporciones y para demostrar a
los acreedores extranjeros que el Estado estaba dispuesto a intervenir y
garantizar las deudas bancarias extemas. Poco más de un año después, el
sector público -o sea, el pueblo chileno- tuvo que hacerse cargo de todas
las deudas privadas del país, como condición de la banca internacional
para otorgar un sólo préstamo más a Chile.
Durante algún tiempo la crítica situación de muchas empresas fue
ocultada mediante la renegociación de los préstamos bancarios. Pero, cuan­do
el flujo de créditos extranjeros se redujo, ya no fue posible seguir
negociando todos los créditos, y el alza de la tasa de interés hizo que la
situación llegase a ser insostenible para un creciente número de empresas.
Muchos deudores no pudieron pagar, las quiebras del sector producti­vo
se multiplicaron y esto obligó a los bancos a incorporar muchos prés­tamos
en sus carteras vencidas. El pago no era al contado, sino en pagarés
reajustables que las entidades financieras se comprometieron a «recomprar»
en un plazo de 10 años. En el fondo, se trataba de dar un aval estatal a los
dueños de los bancos y a los depositantes.
En enero de 1983 se produjo otro infarto del modelo, cuando el enton­ces
Ministro de Hacienda y Economía Rolf Lüders, anunció que el gobier­no
tenía que decretar la intervención de dos bancos importantes: El Banco
Unido de Fomento y el BHC, del grupo de Javier Vial (el ex-vicepresiden-te
del BHC había sido el bi-ministro Lüders). Además se decretó la liqui­dación
de la Financiera Ciga, y se designaron administradores delegados
de la Superintendencia de Bancos en cinco bancos del país. La operación
significó que la intervención estatal ya había llegado a superar el 60% de
la banca nacional, en términos de capital y colocaciones. El desarrollo del
sistema financiero durante la crisis de 1981 y 1982 aparece resumida en la
siguiente tabla.
286
Tabla núm. 5: Desarrollo del sistema financiero (1981-1983)
Fecha
1981 dic.
1982 mar.
1982 jun.
1982 sep.
1982 dic.
1983 mar.
.1983 jun.
1983 oct.
1983 dic.
Utilidad
( 0 pérdida)
acumulada
5.796
1.138
2.749
5.121
-2.873
-18.280
-26.287
-24.288
-31.030
Cartera
vencida
16.831
31.232
45.537
45.984
41.118
103.667
126.867
88.603
92.346
Cartera
vencida del
banco Central
_
-
-
-
41.607
37.548
36.915
110.804
109.034
Total Cartera
mala
168.311
31.232
45.537
45.984
82.725
141.215
163.782
199.407
121.068
Cartera mala
como %
de capital más
reservas
22,8%
-
-
79,8%
-
-
-
161,2%
Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras.
En 1983 no hubo reactivación después del desastre de 1982, sino una
continua caída del nivel de vida. La producción bajó fuertemente durante
la primera mitad del año, para después recuperarse algo en el segundo
semestre. Se estima que la caída del PGB fue del orden del 0,7% para todo
el año.
La desocupación aumentó todavía más en relación con 1982. En el
trimestre agosto-octubre de 1983, la tasa de desempleo abierto -incluyen­do
a los adscritos al PEM (Programa de Empleo Mínimo) y al POJH
(Programa de Ocupación Jefes de Hogar)- llegó al 30,6%, lo que significó
que más de un millón de chilenos estaban sin trabajo (621.000 desocupa­dos
y 510.000 en el PEM y POJH). Las remuneraciones reales de los que
habían logrado mantener sus trabajos seguían disminuyendo; entre enero y
septiembre de 1983, la caída fue superior al 8%'*.
La inflación se mantenía a un nivel cercano a la del año anterior, o sea
un poco superior al 20%. Gracias a la drástica baja de las importaciones,
el superávit de la balanza comercial se acercaba a los 1.000 millones de
dólares en diciembre de 1983, lo que correspondía a casi la mitad de los
pagos de interés de la deuda extema. El precio del cobre era, en términos
reales, el más bajo de las últimas décadas.
Los créditos privados extranjeros, se redujeron en forma notable en
comparación con los años anteriores, pero la disminución de los flujos
" GARCÍA, Rigoberto (comp.): Economía y Política durante el gobierno militar en
Chile (1973-1987). Ob. cit., pág. 83.
287
privados fue compensada, en parte, por el aumento de préstamos de insti­tuciones
internacionales y gubernamentales. Al respecto, se pueden desta­car
los grandes préstamos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
por 548 millones de dólares y del Banco Mundial (BM) por 128 millones
de dólares. Además las agencias financieras del gobierno de Estados Uni­dos
acordaron créditos por 190 millones de dólares para importaciones
desde este país a Chile.
El gobierno chileno pudo también contar con el apoyo del Fondo
Monetario Internacional, cuyas metas se cumplieron con un amplio mar­gen
de austeridad.
Pero, ¿qué quedaba de la economía moderna de mercado del laborato­rio
neoliberal, en 1984? No tanto a decir verdad. Es cierto que el gobierno
seguía adelante con algunas modernizaciones, pero la gran mayoría de las
medidas que se tomaron ese año fueron de carácter intervencionista/estatista.
El gobierno volvió a un sistema diferenciado de impuestos indirectos,
con aumentos del IVA desde 20 a 30% sobre diversos artículos suntuarios.
En el sector agrícola se tomaron varias medidas de apoyo financiero a
los desesperados agricultores endeudados: reprogramación de deudas, fon­dos
de garantía para pequeños empresarios, líneas de crédito para la con­tratación
adicional de trabajadores, etc., más el establecimiento de sobretasas
arancelarias para diferentes tipos de trigo importado".
Sin embargo, en el año 1985, se inicia un período de recuperación
económica que lleva aparejado la recuperación de la coherencia del mode­lo
neoliberal.
Los «Chicago Boys» volvieron a hegemonizar los altos mandos de la
gestión económica, y el proceso de «modernizaciones» siguió adelante.
Las tarifas arancelarias fueron bajadas al 15% en enero de 1988.
Pasado lo peor de la crisis, el gobierno inició una indiscriminada po­lítica
de privatización. Igual que durante el gran proceso de privatización
de la década anterior, la forzada privatización dio lugar a un aumento en la
concentración del poder económico del país. Simultáneamente hubo una
reestructuración de los grandes grupos económicos; algunos perdieron gran
parte de sus imperios durante la crisis, pero otros, en cambio se beneficia­ron
de la des valorización de los activos de las empresas quebradas, y
salieron de la crisis más fuertes que antes.
" Para mayor detalle sobre las políticas económicas aplicadas al sector agrícola durante
el régimen militar véase: IZQUIERDO, Alberto: «Agricultura Chilena: Gobierno, Econo­mistas
y Empresariado, 1974-1987». En GARCÍA, Rigoberto (comp.): Economía y Políti­ca
durante el régimen militar en Chile (1973-1987). Fondo de Cultura Económica, 1989.
288
En cuanto a los resultados de la política económica, como decíamos;
ha habido una pronunciada reactivación económica después de la crisis.
El crecimiento del PGB ha superado el 5% anual en 1986 y 1987 y las
exportaciones también han aumentado. La cesantía ha bajado
paulatinamene, al igual que la tasa de interés real. La inflación se man­tiene
en alrededor del 20%.
Algunos de los indicadores económicos más importantes de este pe­ríodo
se representan en la siguiente tabla:
Tabla núm. 6: Período 1984-1990
Año
1984
1985
1986
1987
1988
1990
PIB (% cree, anual)
6,3
2,4
5,7
5,7
7,4
10,0
Inflación
(% anual)
23
26
17
22
12
21
Desempleo
(% F. de Trabajo)
24
21
16
12
9
6
Fuente: Los datos provienen de CIEPLAN (1990): Balance de Cuatro Gobiernos. Re­sultados
económicos. Publicado en el diario La Época, del 20 de octubre de 1990. También
de CIEPLAN (1988): «Balance económico social del régimen militan>, Apuntes, núm. 76.
No obstante estos resultados aparentemente exitosos y que convirtie­ron
a Chile nuevamente en «el niño maravilla» del Fondo Monetario In­ternacional
se debe tener muy presente que una de las consecuencias más
importantes de la aplicación de esta política económica ha sido la defi­ciente
distribución del ingreso en el país que ha acentuado enormemente
la brecha entre ricos y pobres.
En definitiva, la distribución del ingreso habría acentuado su tenden­cia
a la regresividad, según lo demuestran las encuestas de consumo de
hogares efectuadas en el gran Santiago por el Departamento de Economía
de la Universidad de Chile, lo cual se presenta en la siguiente tabla:
Tabla núm. 7: Distribución Relativa del consumo por hogares en Santiago
Estrato de Ingreso
40% más pobre
40% ingreso medio
20% más rico
Porcentaje del Ingreso
1969
19,4%
36,2%
44,5%
1978
14,5%
34,6%
51,0%
1988
12,6%
32,6%
54,9%
289
2.4. CONCLUSIONES
Como conclusiones referidas al proceso económico, podemos mencio­nar
lo siguiente:
- Los años de experimento neo-liberal en Chile han cambiado al país
profundamente. Cuando se trata de analizar el cambio social que ha
tenido lugar, puede decirse que el régimen ha tenido éxito, ya que a
pesar del descontento popular generalizado, las reformas y moder­nizaciones
han podido aplicarse de una manera ofensiva y sistemá­tica,
sin que ninguna de las fuerzas de la sociedad haya podido
detenerlas. Sólo en 1983-84, cuando la crisis del modelo se agudizó
y la oposición, por primera vez después del golpe militar, logró
iniciar una ofensiva política en contra del régimen, el gobierno se
vio obligado a ceder en materias importantes.
- Otra conclusión clara de lo sucedido en Chile es que un cambio
social y económico de este carácter, con altos costos sociales y con
consecuencias negativas para la gran mayoría de la población, ha­bría
sido imposible de aplicar en condiciones democráticas.
- Respecto a las consecuencias de la poHtica monetarista ántünflacionaria
aplicada en Chile entre 1973 y 1975, se debe recalcar que la distri­bución
de los costos sociales en una recesión de este tipo es muy
desigual: los costos recaen principalmente sobre los sectores más
pobres y vulnerables de la sociedad.
- Hay que señalar, también, que los conceptos de neutralidad del Es­tado
y libre competencia, conducen entre otras cosas a una acentua­ción
de la desigualdad social. Si la sociedad se caracteriza, como
siempre lo ha hecho la sociedad chilena por una gran desigualdad
económica, política y social, la pasividad del Estado y la libertad
económica conllevan una concentración altísima del poder econó­mico.
El concepto neo-liberal de libertad significa, en este contexto,
«la libertad del zoryo en el gallinero».
- Por último hay que destacar que la política económica llevada a
cabo desde 1973 trajo consigo un cambio en la estructura producti­va
y en la estructura de clases de Chile. La liberalización, durante
muchos años, del comercio exterior, el proceso de privatización, los
cambios en la distribución del ingreso y del patrimonio y con ello la
nueva orientación de la demanda, los cambios drásticos en los pre­cios
relativos de los bienes y factores de producción que han tenido
lugar, han contribuido a una profunda reestructuración de la econo­mía,
cuyo rasgo más sobresaliente es la baja en el sector productivo.
290
- Las variaciones en la estructura del empleo han sido también gran­des.
Como ejemplo puede señalarse que la participación del sector
industrial en la ocupación total ha disminuido drásticamente.
La nueva estructura de clases que se ha desarrollado en Chile en estos
años es, en resumen, bastante diferente de la existente anteriormente. El
empleo en los sectores productivos ha disminuido tanto relativa como
absolutamente, y desde el punto de vista político y sindical, los cambios
ocurridos son de suma importancia.
La estructura de clases que existe tras los cambios impuestos durante
este período se caracteriza entre otras cosas, por una atomización de gran­des
contingentes de trabajadores tradicionalmente bien organizados que se
han convertido en desempleados o se han visto obligados a trabajar en el
sector servicios. En este último sector se ha producido una creciente
heterogeneización, igual que entre las llamadas capas medias, y un despla­zamiento
de empleados públicos hacia la empresa privada: servicios fi­nancieros
y de consultoría, publicidad, computación, etc., y, especialmen­te,
hacia el comercio y los servicios personales: vendedores callejeros,
taxistas, trabajadores por cuenta propia en el sector urbano informal, etc.
291