Remozando la dictadura. La invasión estadounidense de Haití en 1994

              REMOZANDO LA DICTADURA
LA INVASIÓN ESTADOUNIDENSE DE HAITÍ EN 1994
RAMÓN TRUJILLO MORALES
Hace unos años se representó en México una pieza teatral que mos­traba
a un grupo de indígenas americanos festejando la llegada de
Cristóbal Colón al grito de «¡nos descubrieron, nos descubrieron!» Si
bien Colón se propuso llevar algunos indígenas a España «para que
aprendieran a hablar», luego reconocería que poseían un idioma pro­pio
y creería percibir palabras conocidas mal pronunciadas. La pers­pectiva
del Almirante negaba que las gentes del Caribe tuvieran ley o
religión: los indígenas, o eran asimilados al modo de vida europeo, o
eran considerados seres humanos imperfectos ^ La perspectiva de los
descubridores negaba a la población antillana una vida conforme a sus
propios objetivos culturales y contribuiría a la instrumentalización de
los indígenas para los propósitos de los recién llegados y los de sus
sucesores.
Casi cinco siglos más tarde, simbolizando quizá la cólera secular de
quienes seguían sin poder decidir el propio destino sobre suelo ameri­cano,
en Haití una muchedumbre celebraba el fin de veintinueve años
de régimen dictatorial derribando la estatua de Cristóbal Colón en
Puerto Príncipe y arrojándola al mar^. La dictadura de la familia Duva-lier
había dejado a la república antillana en un estado de ruina y desin­tegración
sin precedentes. Cuando Jean-Claude Duvalier abandonó el
poder, en febrero de 1986, Haití carecía de los alimentos necesarios
para la satisfacción del consumo nacional mínimo de calorías; la espe­ranza
de vida oscilaba en torno a los cincuenta y tres años y la morta­lidad
infantil era elevadísima; la producción agrícola de alimentos se
estaba reduciendo gradualmente y el producto nacional bruto decrecía
' Tzvetan Todorov, La conquista de América. El problema del otro. Siglo XXI Edito­res,
México, D. R, 1991, pp. 38-58.
^ Jalil Sued-Badillo, «Christopher Columbus and the Enslavement of Amerindians in
the Caribbean», Monthly Review, julio-agosto de 1992, p. 71.
147
un 2% anual. Durante 1985 el 90% de la población había ganado menos
de 150 dólares-'.
A partir del desmoronamiento de la dictadura duvalierista se sucedie­ron
varios gobiernos militares que llegaban prometiendo democracia y se
iban cuando el país se hacía ingobernable a causa de los abusos que come­tían.
Fue en marzo de 1990 cuando el ejército transfirió el poder a un
gobierno provisional, encabezado por la presidenta del Tribunal Supremo,
que pidió a la ONU y a la OEA el envío de observadores para garantizar la
credibilidad de los comicios que se celebrarían en diciembre. Washington
apoyó la primera convocatoria de elecciones libres en Haití cuando la
Unión Soviética y sus satélites ya no podían ser usados como amenaza ni
como coartada; cuando los sandinistas habían perdido las elecciones nica­ragüenses
en febrero de 1990 y la guerrilla salvadoreña buscaba un fin
negociado al conflicto en El Salvador y cuando, por último, la Casa Blan­ca
estrechaba el cerco en tomo a Cuba. En junio el presidente George Bush
había anunciado una era de democracia americana: «Con una excepción, la
de Cuba, la transición hacia la democracia se aproxima a su consumación.
A todos nos embarga la sensación de que no está lejano el día en que Cuba
engrosé las filas de las democracias mundiales, haciendo de América una
región totalmente libre»'*. Es más, la propia izquierda haitiana estaba
demasiado dividida y mal organizada como para salir victoriosa de una
contienda electoral.
Sin embargo, las élites haitianas perdieron las elecciones. La candida­tura
inesperada de Jean-Bertrand Aristide, un sacerdote muy comprometi­do
con los sectores democráticos, obtuvo el 67% de los sufragios. Aristide
tomó posesión en febrero de 1991 y fue depuesto por un golpe militar sie­te
meses después. Concluida la Guerra Fría, la OEA se había comprometi­do
a aislar a quienes alcanzaran el poder en América mediante un golpe de
estado. La Casa Blanca, la OEA y la ONU condenaron el golpe y anun­ciaron
su compromiso con la restauración de la democracia haitiana. Los
hechos posteriores pusieron de manifiesto el abismo existente entre la retó­rica
y la realidad.
^ James P. Grant, Estado mundial de la infancia, J & J Asociados, Barcelona, 1992, pp.
74 y 72; Michael S. Hooper, «Model Underdevelopment», NACLA. Report on the Amen-cas,
mayo-junio, 1987, p. 32; Instituto de Recursos Mundiales, Recursos mundiales,
Ecoespaña Editorial, Madrid, 1997, p. 263; Inter-American Development Bank, Emergency
Economic Recovery Program. Haiti, 1995, p. 3.
•* Citado en José Ángel Sotillo Lorenzo, «Delenda est Cuba», África-América Latina.
Cuadernos, n°. 4, 1991, p. 24.
148
1. ¿RESTAURAR LA DEMOCRACIA?
Tras el golpe militar del 30 de septiembre de 1991 comenzó un proce­so
de negociaciones en el que se involucraron Washington, la OEA, la
ONU, el presidente haitiano exiliado y los golpistas. A comienzos de octu­bre,
la OEA instó a sus integrantes a imponer un embargo comercial con­tra
Haití y, en noviembre, el presidente Bush autorizó el embargo estadou­nidense.
Pero a lo largo de los tres meses que siguieron al golpe militar
varios petroleros descargaron combustible en el país y se registró un flujo
constante de mercancías a través de la frontera con la República Domini­cana.
Poco después, en febrero de 1992, la Casa Blanca levantó el embar­go
impuesto a las compañías estadounidenses con intereses en la repúbli­ca
caribeña^. La puesta en práctica de las sanciones económicas reveló que
se trataba de una medida destinada más a contentar a la opinión pública
que a asfixiar al régimen golpista.
En cuanto comenzaron las negociaciones con los militares, Alvin
Adams, el embajador estadounidense en Puerto Príncipe, pidió que el pre­sidente
legítimo regresara en un plazo de seis meses, la dimisión de su pri­mer
núnistro y la elección de uno nuevo. Es decir, desde el primer momen­to
se planteó que los militares debían recibir algo a cambio de abandonar
el poder. Adams consideraba que el teniente general Raoul Cedras, el líder
golpista, era «más parte de la solución que del problema»^.
La finalidad del proceso negociador fue tanto alargar la duración del
régimen golpista como debilitar a los sectores democráticos. Estos objeti­vos
pasaron desapercibidos para una gran parte de la opinión pública esta­dounidense
debido al papel desempeñado por los grandes medios de comu­nicación.
Inmediatamente después del golpe, los medios informativos
desacreditaron el historial de derechos humanos del gobierno de Aristide a
pesar de las notables mejorías que había logrado en ese terreno. Esto con­tribuyó
a debilitar la capacidad negociadora del presidente exiliado. El
mensaje implícito era obvio: la dictadura no es mucho peor. Y sí que lo fue.
Los datos son contundentes: de febrero de 1991 a diciembre de 1992 Aris-
' Ramón Paniagua, José B. Acosta Estévez, La crisis haitiana y Naciones Unidas, Aso­ciación
para las Naciones Unidas, Barcelona, 1994, pp. 18-9; Lawyers Committee for
Human Rights, Haiti. Leaming the Hard Way. The UN/OAS Human Rights Monitoring
Operation in Haiti 1993-1994, LCHR, Nueva York, 1995, p. 5; United Nations Department
of I^iblic Information, The United Nations and the Situation in Haiti, UN Department of
Public Information, 1995, pp. 1 y 2; National Labor Committee, Haiti After the Coup: Swe-atshop
or Real Development?, NLC, Nueva York, 1993, p. 10.
* Haiti Info, 14, 11, 1993.
149
tide gobernó siete meses y Cedras quince. Se produjeron 43 muertes debi­das
a la violencia política bajo el período democrático y 1.867 ejecuciones
extrajudiciales bajo el período dictatorial. Mientras que el régimen demo­crático
no fue responsable de las muertes ocurridas durante su permanen­cia
en el poder, el régimen militar sí fue responsable de las ejecuciones
arbitrarias. En suma, durante el período señalado, el 2.3% de las muertes
violentas políticamente motivadas se produjo bajo la administración demo­crática
y el 97.7% correspondió a la etapa militar^.
El estudio de tres importantes periódicos estadounidenses realizado
por el Boston Media Action, un grupo de seguimiento y crítica de los
medios de comunicación de masas, estableció que del espacio dedicado a
la violencia en Haití, a lo largo de los tres meses posteriores al golpe mili­tar,
un 43% se refirió al gobierno de Aristide y un 57% a la violencia que
estaba perpetrando el régimen de facto. Los periódicos analizados fueron
el New York Times, el Washington Post y el Miami Herald^. Durante las
dos semanas posteriores al golpe el New York Times dedicó algo más del
triple de espacio a los excesos ocurridos bajo el gobierno democrático que
a la represión militar en curso. Esta cobertura fue tan sesgada que provocó
una manifestación de protesta, el día 11 de octubre de 1991, de unos dos
mil haitianos ante la sede del periódico en Nueva York^. Quedó estableci­do
un marco informativo -más bien desinformativo- que ocultó el propó­sito
de alargar la duración del régimen militar.
Tal propósito resulta evidente cuando se echa una ojeada a las nego­ciaciones
en que debían pactarse los términos de la retirada del poder por
parte de los golpistas. Un grupo de parlamentarios haitianos, integrado casi
exclusivamente por simpatizantes del golpe, se entrevistó en la ciudad
colombiana de Cartagena de Indias con el presidente Aristide en noviem-
^ Haiti Info, 28, 3, 1993; Catherine Orenstein, «Haití in Üie Mainstream Press: Excesses
and Omissions», NACÍA. Repon on the Americas, julio-agosto de 1993, p. 15; Haiti Info,
19, 12, 1992. El gobierno de Aristide también logró una mejoría en comparación con el de
su predecesora. Si se incluyen los asesinatos comunes tenemos un total de 53 muertes vio­lentas
durante los siete meses de administración democrática y 208 durante los diez meses
en que permaneció en el poder la presidenta provisional. En el primer caso se contabilizan
casi 8 muertes violentas al mes y, en el segundo, alrededor de 20 mensuales (Americas
Watch, National Coalition for Haitian Refugees, Caribbean Rights, The Aristide Goverment's
Human Rights Record, AW, NCHR, CR, Nueva York, 1991, pp. 5, 6, 10 y 22-3).
* EXTRA!, «Human Rights in Haiti», enero-febrero de 1993, p. 22; Orenstein, op. cit.,
p. 15.
' Anne-Christine D'Adesky, «Haitians Protest One-Sided Coup Coverage», EXTRA!,
enero-febrero de 1992, p. 18.
150
bre de 1991. Los diputados presentaron una propuesta para el levanta­miento
del embargo, a cambio de más negociaciones, sin referirse a la
fecha del retomo del presidente constitucional. Aristide rechazó la oferta y
fue tildado por los parlamentarios y por el embajador estadounidense, que
había viajado con ellos, de «intransigente»^^.
Debido a las presiones de la OEA y de Estados Unidos, Aristide pro­puso
un sustituto para su primer ministro. El 21 de diciembre, el Parla­mento
haitiano tuvo que suspender la discusión sobre la idoneidad del can­didato
propuesto: parlamentarios golpistas, uno de ellos sosteniendo una
granada en la mano, amenazaron con matar a quienes votaran la ratifica­ción
del nuevo primer ministro. Un día después, Augusto Ramírez Ocam-po,
el enviado especial de la OEA, anunció la imposibilidad de la ratifica­ción
prevista y sugirió la candidatura de Rene Théodore, que fue apoyada
por la administración estadounidense. Théodore, que había obtenido sólo
el 1.8% de los votos en los comicios de 1990, poseía una filiación comu­nista
que podría servir de pretexto a los militares para rechazarlo. Aristide
se encontró sin alternativas: el 28 de diciembre, el New York Times, citan­do
diplomáticos anónimos, explicó que si el presidente exiliado no acepta­ba
la propuesta abriría la posibilidad de nuevas elecciones y «el consenso
en tomo al embargo hemisférico impuesto sobre Haití durante los últimos
tres meses se disipará»*'. Aristide aceptó que Théodore, un ñrme adversa­rio
suyo, pudiera ser nombrado primer ministro.
Las conversaciones prosiguieron en Washington y, en febrero de 1992,
se firmó un Protocolo de Acuerdo entre el presidente en el exilio y los pre­sidentes
del Senado y de la Cámara de Diputados. Pero las divergencias
posteriores entre las autoridades defacto y las legítimas, hicieron inviable
la puesta en práctica del Protocolo de Washington. Aristide explicaría pos­teriormente
el motivo por el que firmó el acuerdo: «Supongamos por un
momento que hubiera yo rechazado un acuerdo considerado injusto; los
militares habrían aplaudido, junto con todos aquellos que piensan que la
libertad no se comparte; mis interlocutores, sus camarillas y sus portavo­ces
habrían gritado la misma cantinela: Aristide es inflexible, sectario,
intransigente, incapaz de un compromiso o de una voluntad positiva,
insensible a los sufrimientos de su pueblo, responsable de próximas vícti­mas
»'^.
'" Kim Ivés, «The Unmaking of a President», NACLA. Report on the Americas, enero-febrero
de 1994, p. 20.
" Citado en Ivés, op. cit., p. 21.
'^ Jean-Bertrand Aristide, Dignidad, lépala Editorial, Madrid, 1995, p. 132.
151
El pacto que sí tuvo éxito fue el Acuerdo de Villa d'Accueil, firmado por
el ejército, el ejecutivo ilegal y los legisladores partidarios del golpe, con el
objetivo de nombrar un primer ministro defacto más aceptable para la Casa
Blanca. El escogido fue un antiguo funcionario del Banco Mundial, Marc
Bazin, que había sido el candidato favorito de la Administración Bush en
las elecciones que ganó Aristide. En cuanto Bazin tomó posesión como pri­mer
ministro defacto, en junio de 1992, empezó a aumentar gradualmente
la involucración de la ONU y la OEA en la crisis haitiana. Dante Caputo fue
designado enviado especial para Haití por los secretarios generales de
ambas organizaciones que, asimismo, establecieron la Misión Civil Inter­nacional
en Haití con el objeto de supervisar la situación de los derechos
humanos. El despliegue de observadores comenzó en febrero de 1993.
Durante los veintiún meses transcurridos entre el golpe de estado y la
firma del Acuerdo de la Isla de los Gobernadores el país vivió sometido a
una dura represión. Quienes vivían en áreas consideradas favorables al
regreso de Aristide quedaron expuestos a todo tipo de agresiones por par­te
del ejército y de los grupos paramilitares: desde destrucción de vivien­das,
extorsiones o robos, hasta palizas, torturas o asesinatos. El régimen se
implicó en lo que fue descrito por Naciones Unidas como una política de
«represión preventiva» que obligó a 300.000 personas a huir de sus hoga­res.
Se emitieron por radio listas de individuos y organizaciones que de­bían
ser suprimidos. También se generalizaron las prácticas extorsivas que
obligaban a pagar dinero para no sufrir detenciones, malos tratos o tortu­ras,
para mejorar las condiciones de encarcelamiento o para conseguir la
libertad. La represión se convirtió en un elemento esencial del proceso
político que se estaba desarrollando'^.
Las negociaciones posteriores al golpe de estado culminaron, primero,
en el Acuerdo de la Isla de los Gobernadores de julio de 1993 y, segundo.
'^ Haitian Information Burean, «Chronology. Events in Haiti, October 15, 1990-May
11, 1994», en J. Ridgeway, ed., The Haiti Files. Decoding the Crisis, Essential Books,
Washington, D. C, 1994, pp. 213-21; Lawyers Committee for Human Rights, op. cit, p.
6; Human Rights Watch/Americas, National Coalition for Haitian Refugees, Terror Pre-vails
in Haiti. Human Rights Violations and Failed Diplomacy, HRW/A, NCHR, Was­hington,
D. C, 1994, R 9; Amnistía Internacional, Haití. Entre la espada y la pared:
¿represión militar o invasión extranjera?, AI, Madrid, 1994, p. 3; United Nations. Com-mission
on Human Rights, Report on the Situation of Human Rights in Haiti Submitted by
Mr. Marco Tulio Bruni Celli, Special Rapporteur, in Accordance with Commission Reso-lution
1992/77, Commission on Human Rights, Nueva York, 1993, parágrafo, 14; Amnis­tía
Internacional, Haití. La tragedia. Editorial Amnistía Internacional, Madrid, 1992, pp.
20 y 10-1; Amnistía Internacional, Haití. Los derechos humanos secuestrados, AI, Madrid,
1992, pp. 10-1 y 18-9.
152
en la invasión estadounidense de septiembre de 1994. Se trataba de un
mismo proceso político que se proponía debilitar por completo a los sec­tores
democráticos mediante un apoyo no reconocido a los golpistas. La
Casa Blanca insistiría en que su meta era la restauración de la democracia
haitiana. Sin embargo, su objetivo real era la reestructuración de los
gobiernos dictatoriales que precedieron al de Aristide. Había que readap­tar
un régimen autoritario a un nuevo medio internacional. Tal readapta­ción
suele describirse erróneamente como un proceso de transición a la
democracia.
2. EL ACUERDO DE LA ISLA DE LOS GOBERNADORES
El proceso de negociaciones desarrollado durante 1993 debilitó adi-cionalmente
la posición en que se encontraban los demócratas haitianos y
propició algunos meses de represión mucho más dura de lo habitual. Las
dos opciones contempladas por los sectores dirigentes de Estados Unidos
resultaron problemáticas. La primera, tratar el problema como un asunto
interno haitiano, chocó tanto con el enfoque de la política estadounidense
hacia Latinoamérica, contrario a reconocer gobiernos golpistas, como con
las presiones de los grupos negros en los Estados Unidos. La segunda
opción, el regreso del gobierno constitucional, provocó divisiones en Was­hington
debido a los riesgos que suponía. Aristide podría volver a hacerse
demasiado independiente y encontrarse más afianzado en el poder que en
el período previo al golpe militar. Si la Casa Blanca provocaba la caída del
gobierno ilegítimo los sectores golpistas haitianos quedarían seriamente
debilitados y, además, un nuevo golpe militar, después de una invasión
estadounidense, sería presentado como un fracaso de la Administración
Clinton. Por tales motivos se explica que el manejo de la crisis estuviera
tan plagado de vacilaciones y de aparentes contradicciones. Sin embargo,
desde el punto de vista propagandístico la mejor opción era el regreso de
Aristide. Esto fue lo que posteriormente los medios de comunicación pre­sentaron
como un éxito en la política exterior del presidente Clinton. Ese
éxito político buscado por la administración demócrata exigió que, detrás
del montaje escénico y propagandístico, se desarrollara una impresionante
labor de socavamiento de los sectores democráticos. Y, en suma, ahí esta­ba
lo relevante. Ahí estaba lo que tenían en común las dos opciones con­templadas
desde Washington: la destrucción de la democracia en Haití.
Entre los planificadores políticos había diferencias con respecto a qué
medios emplear, pero no con respecto a los fines.
153
Las gestiones de Dante Caputo, el enviado especial de los secretarios
de la ONU y de la OEA, se encaminaron hacia el logro de un acuerdo
sobre tres cuestiones principales: retomo del presidente Aristide a Haití,
nombramiento de un gobierno de «concordia nacional» y amnistía para el
ejército. Por supuesto, negociar tales objetivos llevaba implícita una legi­timación
parcial del legado golpista: los crímenes cometidos por los mili­tares
permitirían la participación en el gobierno a sectores muy minorita­rios.
El motivo de que esto supusiera una legitimación parcial del régimen
de facto se halla en la ausencia de voluntad previa para debilitar a ese
régimen. Dicho de otro modo: resultó necesario efectuar concesiones al
poder de los golpistas porque no hubo voluntad internacional para debili­tar
tal poder. En realidad, los militares estaban disfrutando de un margen
de maniobra amplio mientras se reducía el de los demócratas, algo que
Cedras entendía muy bien. Es más, algunos aspectos de esa situación
debieron resultarle divertidos. Así, en mayo de 1993, explicó que el regre­so
del presidente Aristide sería inconstitucional «porque violó la Consti­tución
más de cien veces mientras estaba en el poder»''*. Luego, en
noviembre, afirmaría que la comunidad internacional estaba «denegando
a Haití el derecho a reforzar sus instituciones republicanas, organizar ver­daderos
partidos políticos, esparcir el pluralismo...»'^. Al mismo tiempo,
el ejército enviaba una carta al ministro de Defensa haitiano, Jean Beliot-te,
notificándole una condena de diez días de prisión por haber afirmado,
en octubre, que Cedras estaba «en rebeldía». La sensación de poseer una
licencia de la comunidad internacional para delinquir quedó reflejada en
una respuesta que, en 1994, daría Charles David, ministro de Exteriores
defacto, en relación a los asesinatos políticos: afirmó que aviones proce­dentes
de Miami estaban trasladando cadáveres llenos de balas para desa­creditar
al gobierno. La respuesta provocó una carcajada entre sus cola­boradores'*.
El proceso negociador debilitaba a los demócratas haitianos por varios
motivos. Para empezar, cuanto más tiempo aguantara el régimen defacto
en el poder mayor impacto tendría la represión sobre los sectores demo­cráticos
y más arruinada quedaría la economía nacional. Esto reduciría
significativamente el margen de maniobra futuro de que dispondrían los
gobernantes legítimos. Y si el alargamiento de las negociaciones resultó
perjudicial, lo acordado en ellas lo fue aún más.
''' Haitían Information Burean, op. cit, p. 222.
'5 HaitiInfo,2S, 11, 1993.
'« Haití Info, 14, 11, 1993; The Economist, 16, 7, 1994.
154
La concesión de una amnistía a los militares y sus colaboradores fue el
elemento clave de la negociación. En marzo de 1993, Aristide había acce­dido
a otorgar una amnistía amplia durante un encuentro con el presidente
Clinton en la Casa Blanca: «la salida de los autores del golpe de estado no
significa necesariamente que tengan que estar en la cárcel o tengan que
abandonar el país». Clinton apoyó la declaración afirmando que «ese tipo
de actitud por parte del presidente Aristide es exactamente lo que puede
permitimos resolver esto de un modo pacífico»'^. Otro elemento esencial
de cualquier acuerdo sería el establecimiento de algún mecanismo para
asegurar la continuidad de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, Clinton pro­puso
una solución que no gustó a la cúpula militar. En abril anunció un
plan para el envío de una fuerza multinacional de policía con el propósito
de «profesionalizar» al ejército haitiano. Esta fue la primera propuesta con­creta
y oficial estadounidense para enviar fuerzas de seguridad extranjeras
a Haití. Reflejaba la percepción de que era preciso algún tipo de interven­cionismo
armado si debían emprenderse cambios en el ejército haitiano
destinados a asegurar posteriormente el control de la transición hacia lo
que se describiría como democracia. Clinton afirmaría más tarde que la
solución del problema haitiano exigía la presencia de una fuerza multina­cional
y que el embargo no sería suficiente. En mayo, Caputo y Lawrence
PezzuUo, enviado especial de la Casa Blanca para Haití, presentaron con­juntamente
sus propuestas. El alto mando rechazó los componentes milita­res
y policiales de la oferta. Así que, un mes después, el embargo impues­to
por el Consejo de Seguridad de la ONU obHgó rápidamente a los
golpistas a integrarse en las negociaciones que se iniciaron en la Isla de los
Gobernadores, en Nueva York^^.
Durante las negociaciones Aristide descubrió que se habían suavizado
las exigencias relativas a la destitución del alto mando militar. Si bien a lo
largo de las conversaciones previas se entendió que debían dimitir todos
los miembros del alto mando y Michel Fran90is, el jefe de la policía, el tex­to
definitivo del acuerdo sólo incluyó la retirada de Cedras. Asimismo, se
decidió que en cuanto el presidente designara a un nuevo primer ministro
se procedería al levantamiento del embargo. Aristide quedaba comprome-
" Citados en Ivés, op. cit., p. 24.
'* Ramón Paniagua, José B. Acosta Estévez, op. cit, pp. 65-6; Consejo de Seguridad
de Naciones Unidas, Resolución 841, 16 de junio de 1993; lan Martin, «Haití: Mangled
Multeralism», Foreign Policy, verano de 1994, pp. 76-9; Ivés, op. cit, pp. 24-5; Lawyers
Committee for Human Rights, op. cit, pp. 105-10; Mark Danner, «Haití on the Verge», The
New York Review ofBooks, 4, 11, 1993, p. 26; Haiti Info, 6, 7, 1993; el texto del Acuerdo
de la Isla de los Gobernadores puede encontrarse en Aristide, op. cit, pp. 200-2.
155
tido a la promulgación de una amnistía. También fue acordado su regreso
para el día 30 de octubre de 1993. Sin embargo, Aristide comprendió que
el acuerdo era una derrota para el sector democrático, pues él y sus conse­jeros
habían propuesto que el nombramiento del nuevo primer ministro y
la dimisión de Cedras fueran simultáneos. El rechazo de la propuesta sig­nificó
que el ejército podría obstruir el cumplimiento de estos compromi­sos
puesto que, una vez nombrado el nuevo primer ministro, Cedras segui­ría
al frente de las Fuerzas Armadas. El recurso a maniobras
obstruccionistas se veía facilitado gracias al plazo de cuatro meses, inne­cesariamente
amplio. Pero, el día 3 de julio, el presidente firmó debido a
las fuertes presiones recibidas. Algunos colaboradores de Aristide confir­maron
que hubo numerosas llamadas de congresistas, diplomáticos y fun­cionarios
de la ONU y la OEA instándole a firmar. Las vacilaciones de
Aristide habían puesto nerviosos a los negociadores. Le indicaron que si no
firmaba podrían levantar el embargo y, quizá, tuviera que volver a Was­hington
a pedir asilo político. El secretario general de la ONU, Boutros
Boutros-Ghali, le dijo: «No lo piense más señor presidente. Fírmelo»''. En
cuanto el acuerdo fue firmado Clinton lo calificó de «histórico paso ade­lante
para la democracia». Caputo afirmó que era «un modelo para el futu­ro
»^". Es posible que Caputo tuviera razón. Clinton no: fue un paso atrás
para la democracia.
Como explicaría, el día 21 de julio, Claudette Werleigh, directora de
la Washington Office on Haiti y luego ministra de Exteriores de Aristide,
ante un subcomité de la Cámara de Representantes, «es una ficción hablar
de la restauración de la democracia en cualquier sociedad en la que los
derechos humanos no son respetados». El Acuerdo de la Isla de los
Gobernadores, proseguía Werleigh, en ningún lugar afirma «que los mili­tares
deben dejar de disolver manifestaciones pacíficas, deben dejar de
golpear y torturar a la gente, deben dejar de violar a las mujeres y de ase­sinar
a la gente como condición para que las sanciones internacionales
sean levantadas»^^ La incompatibilidad entre la instauración progresiva
de un clima político democrático y la ausencia de medidas para refrenar
la represión fue planteada por los tres expertos que la ONU había envia­do
a Haití con el fin de hacer recomendaciones a la Misión Civil Intema-
" Citado en Alex Dupuy, Haiti in the New World Orden The Limits ofthe Democratic
Revolution, Westview Press, Boulder (Colorado), 1997, p. 145.
^^ Citados en Ivas, op. cit., p. 26.
^' Claudette Werleigh, «We Must Stand Up to the Military», Challenge: Faith and
Action in the Americas, otoño de 1993, p. 6.
156
cional: «Predecimos un rápido surgimiento de serios problemas para la
Misión si transcurren muchos meses antes de que un gobierno legítimo,
que disfrute de la confianza pública, vuelva al poder. Si la Misión es ver­daderamente
exitosa al principio en suscitar la confianza de la población,
ello llevará rápidamente, de modo creciente, a intentos perentorios de
ejercer la libertad de expresión. Del abrumador predominio de actividad
política, popular y periodística libremente expresada puede esperarse el
cuestionamiento de las autoridades de facto y del historial de derechos
humanos de los militares y la exigencia de un pronto retomo del presi­dente
Aristide. Por la otra parte, encontramos pocos indicios de que los
militares y las autoridades de facto estén preparados para tolerar tal acti­vidad
en la práctica»^^.
El asunto de la amnistía fue lo peor del Acuerdo de la Isla de los
Gobernadores. John Shattuck, subsecretario de Estado para los Derechos
Humanos y Asuntos Humanitarios, escribió, en 1993, que «cuando los res­ponsables
de violaciones de derechos humanos pueden cometerlas con
impunidad, los abusos se multiplican»^^. El asunto es así de simple. Por
ello no es de extrañar que el acuerdo de julio de 1993, en la práctica, impli­cara
la concesión de una amnistía para los delitos que se perpetraran duran­te
los cuatro meses venideros. Por supuesto, también se incluyeron los
delitos cometidos después del golpe. Es más, si lo acordado en las nego­ciaciones
no llegara a funcionar, las autoridades militares sabían que po­drían
seguir asesinando y torturando, pues ya habría tiempo de discutir
nuevas amnistías. Por lo pronto, la amnistía no era una concesión efectua­da
a un adversario poderoso con la finalidad verosímil de evitar un mal
mayor; no era una concesión hecha después de un embargo riguroso desti­nado
a debilitar completamente a los golpistas; tampoco era una concesión
que impediría el surgimiento de futuros Cedras en Haití y en la región. La
amnistía fue un acto de complicidad con el régimen por parte de funciona­rios
estadounidenses y de la ONU y la OEA.
Los militares haitianos consideraron que la amnistía estipulada en el
Acuerdo de la Isla de los Gobernadores era una licencia para asesinar y tor­turar
durante los siguientes cuatro meses. De modo que, si en mayo se
habían registrado nueve asesinatos políticos y en junio cinco, en julio se
cometieron treinta y cuatro asesinatos, en agosto treinta y tres, en septiem­bre
unos sesenta, en octubre unos ochenta y en noviembre alrededor de
^^ Citados en Martin, op. cit., p. 76.
^' Citado en Amnistía Internacional, Los derechos humanos y la asistencia de los Esta­dos
Unidos en materia de seguridad. Editorial Amnistía Internacional, Madrid, 1995, p. 10.
157
setenta^''. La represión experimentó un fuerte aumento y se hizo evidente
que el acuerdo no sería puesto en práctica. El 24 de agosto de 1993, cuan­do
el ponente especial de la ONU se entrevistó con Cedras y con los ocho
coroneles que integraban el Alto Mando de las Fuerzas Armadas llegó a la
conclusión de que estaba claro que los militares no se proponían el cum­plimiento
del acuerdo^^. En cualquier caso, la violencia estaría ocupando
buena parte del espacio político.
Sin embargo, la parodia de la transición a la democracia prosiguió.
Los parlamentarios elegidos en las elecciones ilegales que habían convo­cado
los golpistas abandonaron sus escaños y se procedió a la ratificación
del nuevo gobierno. Robert Malval, quien tomó posesión como primer
ministro en la embajada haitiana de Washington el día 30 de agosto, era
un rico impresor bien relacionado con la élite y el ejército. Tres días antes
de la ceremonia en la embajada, una vez que Malval había sido ratificado
por el Parlamento de Haití, el Consejo de Seguridad de la ONU levantó el
embargo.
A Malval no le quedó otra opción que la de trabajar en su casa porque
las dependencias oficiales permanecieron ocupadas por attachés, los civiles
armados que actuaban bajo la cobertura del ejército. El 8 de septiembre, se
efectuó la ceremonia en que Evans Paul, el alcalde de Puerto Príncipe, rea­sumiría
su cargo. Unos días antes, un grupo de attachés había ocupado el
Ayuntamiento y uno de ellos había afirmado a través de la radio que si Mal-val
o Evans acudían a la sede municipal «serán cadáveres». Hasta media
hora antes del inicio de la ceremonia prevista más de doscientos attachés
permanecían en el interior del edificio. Por último, unos treinta policías uni­formados
permitieron el acceso de las autoridades legales al Ayuntamiento.
Mientras se desarrollaba el acto, los attachés apaleaban a la multitud con­gregada
en el exterior del edificio, ante la indiferencia de los policías uni­formados
presentes. Al menos tres personas perdieron la vida y otras diecio­cho
resultaron heridas. Los ataques sobre los partidarios del presidente
constitucional se incrementaron notablemente. También hubo una atmósfera
constante de intimidación y de amenazas contra las autoridades legítimas^^.
^•^ Human Rights Watch/Araericas, National Coalitíon for Haitian Refugees, op. cit.,
p.6.
^' United Nations. Commission on Human Rights, Report Submitted by Mr. Marco
Tulio Bruni Celli, Special Rapporteur, in Accordance with Commission Resolution 1993/68,
Commission on Human Rights, Nueva York, 1994, parágrafos 20 y 221.
^* Haitian Information Burean, op. cit, p. 224; Ivés, op. cit., p. 28; Consejo de Seguri­dad
de Naciones Unidas, Resolución 861, 27 de agosto de 1993; Human Rights
Watch/Americas, National Coalition for Haitian Refugees, op. cit., pp. 8 y 24.
158
A este clima generalizado de violencia contribuyeron los envíos de
armas a Haití iniciados en tomo a la fecha en que se firmó el Acuerdo de
la Isla de los Gobernadores. A partir de entonces, y durante algo más de un
año, se recibieron entre cinco y diez mil unidades procedentes de Ronda.
Los envíos incluyeron revólveres Colt 38, pistolas semiautomáticas de
nueve milímetros, subametralladoras Thompson, granadas de fragmenta­ción
y otras armas. Un oficial del ejército haitiano que participó en los
suministros de armas señaló a la organización paramilitar que acababa
recibiéndolas: el Frente para el Avance y el Progreso de Haití (FRAPH). El
mismo oficial explicó la razón de ser del FRAPH: era necesario para man­tener
el control porque se trataba de «7.000 de nosotros contra 7 millones
de civiles»^^. La distribución de las armas era controlada por el jefe de la
policía, Michel Frangois, y sus colaboradores próximos, coordinados por
Emmanuel Constant, el líder del FRAPH, y otros dirigentes de la organi­zación.
Los envíos de armas también se hicieron a través de Jamaica, las
Islas Caicos y la República Dominicana. El hermano de Michel Frangois,
Evans, que según PezzuUo trabajó para la CÍA, gestionaba los envíos de
armas y las finanzas del jefe de policía desde la República Dominicana.
Otro flujo de armas para el FRAPH, de similar magnitud al procedente de
Florida, tuvo su origen en Brasil e incluyó rifles M-16, pistolas Colt 45 y
38 y subametralladoras Uzi.
Entre 1991 y 1994, Emmanuel Constant fue un agente pagado por la
CÍA. En un programa emitido por la CBS, en 1995, afirmó que se había
estado reuniendo con personal de la Agencia frecuentemente. Contó que le
habían proporcionado un sofisticado transmisor, que le eran entregados
setecientos dólares mensuales en efectivo por el jefe de estación de la CÍA
en Puerto Príncipe y, asimismo, afirmó que sus encuentros con el funcio­nario
estadounidense tuvieron lugar mientras daban largos paseos en
coche. Suministraba información contra Aristide, discutía sus ambiciones
para llegar a ser presidente del país -estimulado por el jefe de estación- e
informaba de sus actividades políticas y paramilitares. «Ellos sabían exac­tamente
lo que yo estaba haciendo»^^, señaló Constant. El portavoz de la
CÍA, Mark Mansfield, no comentó la relación de la Agencia con Constant
y negó cualquier relación de la CIA con el FRAPH o con actividades anti­democráticas
en Haití.
Emmanuel Constant recuerda que quien primero se le acercó, después
del golpe de estado de 1991, fue el coronel Patrick Collins, el agregado de
" Citado en Alian Naim, «Haití Under the Gun», The Nation, 8, 1, 1996, p. 14.
^ Citado en International Herald Tribune, 4, 12, 1995.
159
la Agencia de Inteligencia de Defensa estadounidense en Haití. CoUins
pretendía el establecimiento de una organización que sirviera para neutra­lizar
al movimiento de Aristide y hacer trabajo de inteligencia contra él.
Entonces Constant formó la Liga de Resistencia Haitiana que posterior­mente
se transformó en el FRAPH. Un funcionario estadounidense de inte­ligencia
explicó a Alian Naim, el autor de los hallazgos más importantes
sobre el FRAPH, que el número dos de la organización, Louis Jodel Cham-blain,
era un «asesino psicópata, despiadado, sanguinario». Sin embargo, a
su jefe, Emmanuel Constant, lo describió como a un «joven intelectual
pro-occidental... no más a la derecha que un joven republicano; él sería
considerado de centroderecha en los Estados Unidos»^'. Como dice Naim,
los supervivientes de las torturas del FRAPH no aprecian la diferencia
entre ambos.
El FRAPH se convirtió en un instrumento de oposición violenta a la
puesta en práctica del Acuerdo de la Isla de los Gobernadores. Sus inte­grantes,
que poseían tarjetas de identificación facilitadas por el ejérci­to,
emprendieron una violenta campaña de apoyo a Cedras. Mientras
que la organización paramilitar pretendía ser un partido político, aun­que
nunca se registró como tal en Haití ni participó en un proceso polí­tico
constitucional, la embajada de Estados Unidos y el Departamento
de Estado se refirieron al FRAPH como a una «organización paramili­tar
ilegítima»^^.
3. ¿ÉXITO O FRACASO?
Naciones Unidas había decidido el envío de una fuerza internacional
para ayudar en la «modernización» del ejército haitiano y para establecer
una nueva fuerza de policía. Así, entre septiembre y octubre de 1993, algo
más de cien personas asignadas a tareas militares y policiales llegaron a
Puerto Príncipe. Para el día 11 de octubre estaba previsto el atraque del
buque de la Armada estadounidense USS Harían County y el desembarque
de otros doscientos veinte integrantes del personal militar y policial de la
^' Citado en Alian Naim, «Occupation Haití: The Eagle Is Landing», The Nation, 3,10,
1994, p. 346.
'" Alian Naim, «Haití Under...», p. 14; A. Naim, «Behind Haití's Paramilitaries», The
Nation, 24,10,1994, pp. 458-60; United States District Court Eastem District of New York,
Belance v. FRAPH: Plaintiff's Memo in Support of Moñón for Default Judgement,
http://diana.law.yale.edu/diana/db/2619defj.html, pp. 9 y 10.
160
ONU. Esas fuerzas debían contribuir al clima de seguridad mínimo indis­pensable
que permitiera el regreso de Aristide.
En el transcurso de una reunión duvalierista a la que asistió personal de
la embajada de los Estados Unidos, el día previo a la llegada del USS Har­ían
County, el corresponsal estadounidense del New York Daily News fue
informado del plan para sabotear el desembarco del contingente de Nacio­nes
Unidas que llegaría un día después. El propio Emmanuel Constant
anunció públicamente la protesta que tenían prevista pero no recibió indi­cación
alguna estadounidense para que desistiera. Supuestamente, como el
plan era desconocido no hubo preparativos destinados a garantizar la segu­ridad
durante el atraque del buque. Así que, en cuanto llegaron al muelle
de Puerto Príncipe los diplomáticos y los periodistas que iban a recibir al
USS Harían County, más de cien partidarios armados del FRAPH se mani­festaron
ruidosamente profiriendo amenazas contra la presencia extranje­ra.
Una vez que el USS Harían County llegó a Puerto Príncipe, en lugar de
prolongar la espera en el muelle mientras los militares haitianos eran pre­sionados
para asegurar el desembarco, se retiró a Guantánamo. La decisión
de retirar el buque, que fue tomada por el Consejo Nacional de Seguridad
de Estados Unidos sin consultar ni informar a la ONU o a la OEA, era un
descarado sabotaje del Acuerdo de la Isla de los Gobernadores por parte de
la Administración Clinton. Incluso Dante Caputo manifestó su indigna­ción:
«La excusa para la retirada fue esa manifestación, y esa es la palabra
correcta, excusa... Había 200 personas gritando en el puerto. A comienzos
de este año, nos enfrentamos con 3.000 personas cuando vinimos aquí por
primera vez, muchas de ellas armadas, pero seguimos adelante»^'. A los
organizadores de la protesta les resultaba difícil creerse el éxito. Emma­nuel
Constant contó posteriormente que «mi gente estaba deseando huir,
pero acepté la jugada y les insté a permanecer. Entonces, los americanos se
fueron. Estábamos asombrados. Ese fue el día en que el FRAPH realmen­te
nació»^^. Lo sucedido con el USS Harían County precipitó la retirada de
la presencia internacional existente en Haití.
El 13 de octubre el Consejo de Seguridad de la ONU decidió la entra­da
en vigor de la reimposición del embargo en un plazo de cinco días. Guy
Malary, el ministro de Justicia de Malval, fue asesinado al día siguiente.
Por su parte, el presidente Clinton aún se mostraba optimista sobre las posi­bilidades
de que Aristide regresara en la fecha prevista y, en el curso de una
^' Citado en Human Rights Watch/Americas, Natíonal Coalition for Haitian Refugees,
op. cit., p. 37.
^^ Citado en Martin, op. cit., pp. 72-3.
161
conferencia de prensa, anunciaba que su determinación a favor de un siste­ma
democrático para Haití «es tan fuerte como siempre». Eso es indudable.
El mensaje de la embajadora estadounidense en las Naciones Unidas,
Madeleine Albright, fue más explícito: señaló que su país estaba dispuesto
a llevar a cabo «todo lo que sea necesario para reinstaurar la democracia,
excepto medidas militares que nadie desea»^^. Los jefes del ejército haitia­no
podían estar tranquilos: proseguirían las negociaciones dilatorias.
Las atrocidades habituales continuaron: debía sostenerse el clima
represivo a lo largo de las negociaciones venideras para hacer más razona­ble
al presidente exiliado. En la noche del 16 de octubre de 1993, en Puer­to
Príncipe, miembros del FRAPH irrumpieron en la vivienda de un acti­vista
de la coalición que apoyó a Aristide. Como no lo encontraron se
llevaron a su esposa. Alerte Belance, una vendedora ambulante de 32 años,
y la condujeron a Titayen, un lugar utilizado por el aparato represivo del
régimen para deshacerse de los cadáveres de opositores. En cuanto llega­ron
a Titayen, Alerte Belance fue salvajemente golpeada: recibió macheta­zos
en la nariz, en la boca, en las orejas y en los brazos. Aunque sus cap­tores
la dejaron por muerta, Belance sobrevivió milagrosamente. Debido a
que el incidente se hizo público, los médicos se vieron obligados a escon­derla
en las tres ocasiones en que los asesinos aparecieron por el hospital
para rematarla. Esos mismos médicos tendrían que ocultarse luego para
evitar represalias del FRAPH.
Cuando se repuso de las heridas sohcitó asilo político a la embajada de
Estados Unidos. Le dijeron que no debía haberse metido en política y que,
por haberlo hecho, era responsable de su situación. También le advirtieron
que se abstuviera de hacer política cuando llegara a Estados Unidos. Aban­donó
Haití, junto con su marido y sus tres hijos, en enero de 1994. Una vez
en Estados Unidos, el Centro de Derechos Constitucionales presentó una
querella contra el FRAPH en nombre de Belance. Con posterioridad, se
supo que, según un documento de la CÍA desclasificado en relación al plei­to,
el FRAPH y el jefe del Estado Mayor del ejército, general Phillipe
Biamby, habían planeado el asesinato de Malary y sus dos acompañantes.
El documento está fechado el 28 de octubre de 1993. Esto quiere decir que,
a las dos semanas del crimen, el gobierno estadounidense supo, o sospe­chó,
quiénes eran los responsables. Pese a ello, o por ello, la embajada con­tinuó
efectuando pagos a Constant.
La orgía de crímenes desatada por el Acuerdo de la Isla de los Gober­nadores
en 1993 culminó el 27 de diciembre. Ese día el FRAPH atacó Cité
" El País, 15, 10, 1993.
162
Soleil, un barrio pobre de la capital muy identificado con Aristide y pro­vocaron
un incendio que destruyó no menos de mil viviendas. Mientras el
fuego se iba expandiendo los atacantes disparaban contra quienes huían.
Los policías y los militares que se hallaban en las inmediaciones no inter­vinieron.
Entre cincuenta y setenta personas perdieron la vida^"*.
En cuanto fue imposible continuar fingiendo que el Acuerdo de la Isla
de los Gobernadores iba a ser puesto en práctica se inició una campaña de
difamaciones contra el presidente constitucional. El 20 de octubre, el sena­dor
Jesse Helms organizó una reunión para algunos de sus colegas con
Brian Latell, el principal analista de la CÍA para América Latina. La reu­nión
sirvió para airear viejas y nuevas calumnias. Latell había visitado Hai­tí
durante el verano de 1992 y en un informe, fechado el 21 de julio de
aquel año, había escrito: «no quiero minimizar el papel que juegan los
mihtares en la intimidación, y ocasionalmente en aterrorizar a oponentes
reales e imaginados, pero mi experiencia confirma el parecer de la comu­nidad
[de inteligencia] de que no hay violencia frecuente letal o sistemáti­ca
dirigida a los civiles». Latell se había reunido con Bazin y Cedras:
«Esos encuentros reforzaron mi opinión de que Bazin y sus partidarios
[civiles] son quizá el más prometedor grupo de líderes haitianos desde que
la dictadura de la familia Duvalier fue depuesta en 1986... El general
Cedras me impresionó como un líder militar consciente que genuinamen-te
desea minimizar su papel en política, profesionalizar los servicios arma­dos
y desarrollar una fuerza de policía civil separada y competente. Creo
que es relativamente moderado e incorrupto»'^. Lo que Helms escuchó en
la reunión con Latell justificó su parecer con respecto al presidente exilia­do:
«Aristide es un asesino». El contenido de la reunión fue filtrado al Was­hington
Post que, en su edición del 22 de octubre, informó sobre una visi­ta
de Aristide a un hospital psiquiátrico en Canadá en 1980. Latell señaló
que el dirigente haitiano padecía desórdenes psicológicos, que había hecho
uso de trece tipos de medicación y, por último, también mostró la carta de
un médico canadiense que avalaba sus afirmaciones. Más tarde se supo que
esa carta era una falsificación y que el médico que la firmó no existía. Pero
lo importante fue que se logró el objetivo de desacreditar al presidente hai-
^'' Amnistía Internacional, Haití. Entre la espada y la pared..., pp. 14-5 y 9; Alerte
Belance v. FRAPH, http://diana.law.yale.edu/diana/db/2619.html, pp. 3 y 4; United States
District Court Eastem District of New York, Belance v. FRAPH: Plaintiff's Memo..., p. 13;
Challenge: Faith andAction in the Americas, otoflo de 1994; Haití Info, 19, 10, 1996; 23,
1,1994 y 8, 1,1994.
^^ Reproducido en John Canham-Clyne, «U. S. Policy on Haiti: SeUing Out Demo-cracy
», Covert Action Quarterly, primavera de 1994, p. 54.
163
tiano. El mismo día 22, la CNN informó que «el perfil psicológico [de la
CÍA] sugiere firmemente que Jean-Bertrand Aristide puede estar mental­mente
trastornado»^^. El Washington Post refirió, unos días después, que el
director de la CÍA había manifestado, a miembros de los comités de inte­ligencia
del Congreso y el Senado, su apoyo a las afirmaciones de Latell.
Richard Cheney, ex secretario de Defensa, expresó en una entrevista tele­visada
sus dudas sobre la estabilidad mental de Aristide. Sin embargo,
Clinton y algunos otros funcionarios de su gobierno afirmaron que encon­traban
al líder haitiano apto para ser presidente de Haití^^.
Lawrence PezzuUo consideró que el acuerdo había fracasado debido a
«una falta de consenso dentro de Haití -la ausencia de confianza en que
ambas partes estaban ciertamente reconciliándose-». «Después de Isla de
los Gobernadores, los acontecimientos empezaron a moverse en direccio­nes
que no eran positivas. En lugar de reconciliación política, ambos pro­tagonistas
-Aristide y Cedras- socavaron el Acuerdo que firmaron en la
Isla de los Gobernadores»^^, concluyó PezzuUo. La explicación ofrecida
por un asesor de Cedras a la revista Time ilustra mejor el significado de lo
sucedido: «todo el asunto fue una cortina de humo... Quisimos obtener el
levantamiento de las sanciones. Por eso es por lo que seguimos adelante.
Pero nunca tuvimos intención alguna de aceptar realmente Isla de los
Gobernadores, como estoy seguro de que todo el mundo puede ahora
explicarse por sí mismo. Estábamos ganando tiempo»^^. A la luz de los
hechos debe concluirse que la aplicación del acuerdo fue un éxito puesto
que cumplió su verdadero objetivo: debilitar a los sectores democráticos
haitianos y alargar la duración del régimen ilegítimo.
4. UNA INVASIÓN NECESARIA
Las negociaciones que debían permitir el regreso del gobierno consti­tucional
haitiano prosiguieron mientras se intensificaba la represión. En
1994, de enero a julio, la Misión Civil Internacional en Haití (MICIVIH)
'* Citados en Mark Danner, «The Fall of the Profhet», The New York Review ofBooks,
2, 12, 1993, p. 44.
'^ Sheldon Ramplón, «Hustling for the Junta: PR Fights Democracy in Haiti», PR
Watch, tercer trimestre de 1994; Mark Danner, «The Fall...», pp. 44-5.
'* Lawrence PezzuUo, «The Challenge of the Negotiation Process», en G. A. Fauriol,
ed., Haitian Frustrations. Dilemmas for U. S. Policy, The Center for Strategic and Interna­tional
Studies, Washington, D. C, 1995, p. 102.
' ' Citado en Rampton, op. cit., p. 10.
164
tuvo noticia de trescientas cincuenta ejecuciones extrajudiciales o muertes
sospechosas. Pero esa cifra infravalora notablemente el número real de víc­timas
puesto que la Misión tuvo muy restringido el acceso al interior del
país. También se produjo un notable incremento en el número de violacio­nes
políticamente motivadas: de enero a junio, la MICIVIH recibió infor­mes
de setenta y seis casos. La pauta habitual, según la Misión, era bas­tante
simple: cuando un grupo de hombres armados, casi siempre militares
y miembros del FRAPH, irrumpían en la vivienda de un activista político,
si no lo encontraban, violaban a su esposa, a su hermana, a su hija o a su
prima. Era inusual que las víctimas acudieran a la policía para denunciar
una violación porque corrían el riesgo de ser violadas nuevamente o de que
les propinaran una paliza. Además, en Haití persisten tabúes que dificultan
notablemente a las mujeres la denuncia de este tipo de agresiones. Aún así,
hubo unos pocos casos en que fue denunciada una agresión sexual y se
consiguió un veredicto de culpabilidad. Por ejemplo, la Misión documen­tó
el caso de una muchacha de trece años que fue violada por un cabo en
un puesto del ejército. Las autoridades militares intentaron descartar la vio­lación
argumentando que la muchacha no era virgen. Sin embargo, final­mente,
el cabo fue sancionado: diez días de arresto"*".
Entretanto, la administración estadounidense se esforzaba en el encu­brimiento
de las atrocidades que cometían sus aliados políticos haitianos.
El Informe sobre Derechos Humanos del Departamento de Estado, publi­cado
el 1 de febrero de 1994, omitió incluir los datos relativos al fuerte
incremento en la violencia política que se produjo a partir de septiembre de
1993. También ignoró las pruebas disponibles para imputar al ejército la
responsabilidad de algunas de las violaciones de derechos humanos men­cionadas
en el informe.
En abril de 1994, la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe
envió un informe de once páginas al secretario de Estado y a otros altos
funcionarios. El informe fue escrito por la funcionaria de derechos huma­nos,
EUen Cosgrove, fue revisado por Luis Moreno, el coordinador del
programa de refugiados, y lo firmó el embajador William Swing. Se filtró
a la prensa a comienzos del mes de mayo^Si^ííen reconocía un incremen­to
en las violaciones de los derechos humanos, sostenía que la situación no
era tan mala como aseguraban Aristide y sus defensores: «La izquierda
* Amnistía Internacional, Haití. Entre la espada y la pared..., p. 8; Lawyers Conunit-tee
for Human Riglits, op. cit., p. 133; Human Rights Watch/Americas, National Coalition
for Haitian Refugees, Rape in Haití. A Weapon of Terror, HRW/A, NCHR, Washington, D.
C, 1994, pp. 6, 12 y 19.
165
haitiana, incluyendo al presidente Aristide y a sus partidarios en Washing­ton
y aquí, manipulan consistentemente, o incluso inventan, violaciones de
derechos humanos como una herramienta de propaganda, consciente o
inconscientemente asistidos, en este esfuerzo, por ONGs de derechos
humanos y por [MICIVIH]»'*'. El informe también se refería al aumento en
el número de violaciones: «Por una variedad de razones culturales (no
agradables de contemplar), la violación nunca ha sido considerada como
un delito serio aquí». El problema consistía en que se intentaba hacer una
comparación con Bosnia: «Sospechamos francamente, del repentino alto
número de violaciones denunciadas, particularmente en esta cultura, que
ocurren al mismo tiempo en que los activistas de Aristide buscan trazar una
comparación entre Haití y Bosnia»''^.
Durante los primeros meses de 1994, las autoridades estadounidenses,
secundadas por la ONU, presionaron a favor de un acuerdo aún más per­judicial
para el sector democrático haitiano que el firmado en la Isla de los
Gobernadores. En enero, Pezzullo responsabilizaba por igual al gobierno
constitucional y a los militares del estancamiento que sufrían las negocia­ciones:
«Aparte de los esfuerzos deliberados para frustrar la ejecución del
acuerdo alcanzado, hemos notado una reluctancia a proseguir arraigada en
los temores profundamente asentados de todas las partes, al actuar sin
alguna garantía de que los otros actores políticos cumplirían con sus obli­gaciones.
Como resultado de esos temores, la implementación está parali­zada.
Romper esta parálisis requiere verdadera reconciliación y construir
la confianza mutua, quizá reiniciando el proceso a través de una serie de
pasos simultáneos»'*^.
En febrero se inició el esfuerzo para «construir la confianza mutua».
Una delegación parlamentaria haitiana viajó a Washington invitada por
una institución financiada por la Agencia Internacional para el Desarrollo
de Estados Unidos: el Centro para la Democracia. Los parlamentarios pro­pusieron
el nombramiento de un nuevo primer ministro, la promulgación
de una ley de amnistía que entrara en vigor antes de la dimisión de Cedras
y el levantamiento del embargo. Ni estipulaba fecha alguna para el retomo
de Aristide, ni contemplaba el despliegue de una fuerza de la ONU como
garantía del proceso, ni preveía sanciones en caso de un nuevo incumpli-
•" Reproducido en Lawyers Committee for Human Rights, op. cit., p. 78.
*^ Embajada de EE.UU. en Haití, «Haití Human Rights Report», en J. Ridgeway,
ed., The Haiti Files. Decoding the Crisis, Essentíal Books, Washington, D. C, 1994, pp.
186-7.
"^ Citado en Lawyers Committee for Human Rights, op. cit., pp. 125-6.
166
miento por parte de los militares. El secretario de Estado, Warren Chris-topher,
apoyó el plan de los parlamentarios «centristas» e indicó que cual­quier
endurecimiento del embargo dependería de la aceptación del plan por
parte de Aristide. El secretario general de la ONU, Boutros-Ghali, declaró
que el plan era un «desarrollo significativo» para salir de la crisis. Caputo
también expresó su apoyo a la nueva propuesta. Entonces Aristide ofreció
una alternativa al plan parlamentario que suponía la reactivación del
Acuerdo de la Isla de los Gobernadores. Ahora se veía obligado a propo­ner
y defender el acuerdo que firmó en julio bajo fuertes presiones. De
cualquier modo, Aristide rechazó rotundamente la nueva propuesta y fue
criticado por su intransigencia.
El 2 de marzo de 1994, el Congreso haitiano aprobó el plan parlamen­tario
presentado en Washington. La embajada estadounidense publicó una
nota expresando su satisfacción por la postura de los diputados. Pero, seis
días más tarde, PezzuUo compareció ante el Comité de Relaciones Exte­riores
del Senado estadounidense y afirmó que el plan parlamentario hai­tiano
había sido elaborado por el Departamento de Estado. Añadió que se
canalizaron fondos a través del Centro para la Democracia con el propósi­to
de costear los gastos de la delegación haitiana que viajó a Washington y
que la delegación había sido escogida por el embajador de Estados Unidos
en Haití"*^. Esto mostraba, una vez más, que la Casa Blanca defendía las
metas de los golpistas. Con posterioridad, sería posible defender las metas
de los golpistas sin tener que defender también a los golpistas. Ese sería el
momento en que periodistas, políticos y científicos sociales detectarían lo
que ellos denominan democracia.
Por lo pronto, había llegado el momento oportuno para la búsqueda de
una solución al problema haitiano. Había que buscar una solución al pro­blema
porque estaba molestando. Y estaba molestando por cuatro motivos.
Primero, porque los golpistas nunca lograron consolidarse en el poder y
sólo eran capaces de subsistir a base de represión. Segundo, el grupo negro
del Congreso presionaba para que la cuestión haitiana no cayera en el olvi­do
y para que fuera resuelta. Tercero, el flujo de refugiados proveniente de
Haití creaba problemas en el estado de Florida. Y, cuarto, Washington que­ría
mostrar a Cuba como la única dictadura del Hemisferio Occidental.
Cualquier solución a la crisis haitiana debía impedir que el embargo
provocara la caída del régimen ilegítimo porque en tal caso se produciría
'^ Haitían Information Bureau, op. cit., pp. 234-9; William Blum, Killing Hope. U. S.
Military and CÍA Intervention since World War II, Common Courage Press, Monroe (Mai-ne),
1995, p. 378; Haiti Info, 27, 3, 1994; 13, 3, 1994 y 2, 7, 1994.
167
un vacío de poder que quizá ocupara el sector democrático. Y habría sido
un precedente peligroso: Estados Unidos y la ONU desalojando del poder
a un sector de una élite americana aliado a Washington, no para entregar
el poder a otro sector de la misma élite, sino a un amplio movimiento
democrático. Así pues, era preciso desplazarse a Haití para no perder el
control mientras se desmantelaba el viejo aparato de seguridad y se ponía
en funcionamiento uno nuevo. Esta lógica condujo a la invasión de sep­tiembre
de 1994.
Las presiones para hallar solución al problema haitiano aumentaron en
marzo. El grupo negro del Congreso pidió un endurecimiento de las san­ciones
contra Haití, el cese en la repatriación de refugiados y la adopción
de medidas que garantizaran el regreso de Aristide. A las exigencias for­muladas
por esos congresistas se sumó el grupo «Artistas por la democra­cia
en Haití» -entre cuyos miembros se encontraban el músico Sting y la
actriz Julia Roberts- en el curso de una multitudinaria rueda de prensa.
Poco después, el presidente haitiano envió una carta a la administración
estadounidense en la que anunciaba la suspensión del tratado de repatria­ciones
firmado en 1981 por Reagan y Duvalier. Así que, en un plazo de
seis meses, supuestamente se haría ilegal para el gobierno de Estados Uni­dos
la recogida de haitianos en el mar y su posterior repatriación. Esto es
lo que la Casa Blanca había estado haciendo desde el inicio del régimen de
Cedras. Se trata de un problema que merece una breve digresión.
El 4 de octubre de 1991, la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA instó a la Administración Bush a «suspender su polí­tica
de interdicción de los nacionales haitianos que están intentando buscar
asilo en los Estados Unidos»"*^, debido al peligro que corrían sus vidas. En
noviembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refu­giados
(ACNUR) pidió a la administración estadounidense el traslado de
los haitianos interceptados por la Guardia Costera a los Estados Unidos
para determinar si podían obtener el estatuto de refugiados. A los pocos
días, más de quinientos haitianos fueron desembarcados por la Guardia
Costera en Puerto Príncipe. Esto hizo que los defensores de los derechos
de los refugiados en Estados Unidos presentaran un pleito legal contra la
decisión del gobierno. Si bien un juez de Florida ordenó detener las repa­triaciones,
la Administración Bush recurrió la medida por temor a ún éxo­do
masivo de haitianos que podría perjudicar al presidente en su campaña
para la reelección. De cualquier modo, los haitianos interceptados en aguas
*^ Citada en Bill Frelick, «Haitians at Sea: Asylum Denied», NACLA. Repon on the
Americas,']\xVíO de 1992, p. 35.
168
internacionales estaban siendo trasladados a la base militar estadouniden­se
de Guantánamo, en Cuba. Allí fueron entrevistados con el fin de esta­blecer
si los motivos aducidos para la obtención del estatuto de refugiado
político merecían credibilidad. Pero carecieron de asesoramiento jurídico
adecuado y del acceso a un mecanismo eficaz para la revisión de las deci­siones
en caso de respuesta negativa. Es más, posteriormente, Amnistía
Internacional afirmó conocer los casos de varias personas que fueron víc­timas
de violaciones de derechos humanos, incluyendo ejecuciones extra-judiciales,
después de haber sido repatriadas desde Guantánamo.
El artículo 33 de la Convención Relativa al Estatuto de los Refugiados
-incorporada al Protocolo del Refugiado que Estados Unidos ratificó en
1968- estipula que ningún estado parte expulsará o devolverá a un refu­giado
a territorios en donde su vida o su libertad puedan ser amenazadas
por «su raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social particu­lar
u opinión política». La Administración Bush sostuvo que la prohibición
de devolver refugiados a la fuerza no era aplicable a los haitianos que
huían por mar debido a que la Guardia Costera los interceptaba antes de
que alcanzaran las aguas territoriales de Estados Unidos. Y, de acuerdo a
la posición gubernamental, el artículo 33 sólo se aplica a refugiados den­tro
del estado firmante y no a los haitianos detenidos en aguas internacio­nales
o en Guantánamo. El ACNUR cuestionó la posición oficial estadou­nidense
indicando que el artículo 33 prohibe la devolución de un
refugiado, como quiera que sea efectuada, a los territorios en que su vida
o su libertad puedan ser puestas en peligro. Este artículo señala el territo­rio
al que no se puede enviar a un refugiado y no está contemplada excep­ción
alguna en función del lugar desde el que es devuelto. Sin embargo, los
tribunales acabaron apoyando la postura de la Casa Blanca y, a comienzos
de febrero de 1992, continuaron las repatriaciones"*^.
Lo esencial del problema de los refugiados consistió en que las adminis­traciones
estadounidenses lo abordaron desde una perspectiva fundamental­mente
represiva. De los alrededor de setenta mil haitianos que huyeron por
vía marítima de su país, durante el período del régimen miUtar, sólo unos
doce mil tuvieron la posibilidad de acceder a un proceso completo de asilo en
Estados Unidos. Así, la Casa Blanca despreciaba los avances logrados por el
derecho internacional en lo relativo a los refugiados. En junio de 1993, el Tri-
"^ Amnistía Internacional, Haití. Entre la espada y la pared..., pp. 17-8; Bill Frelick,
op. cit., pp. 35 y 37; Americas Watch, National Coalition for Haitian Refugees, Half the
Story. The Skewed U. S. Monitoring of Repatriated Haitian Refugees, AW, NCHR, Nueva
York, 1992, pp. 2, 5 y 6.
169
bunal Supremo estadounidense decidía que ninguna ley, ni nacional ni inter­nacional,
había prohibido a los Estados Unidos la devolución de los refugia­dos
haitianos capturados en alta mar. Esto era así aun cuando, como escribía
uno de los jueces en la opinión mayoritaria, «tales acciones puedan incluso
violar el espíritu» de los tratados intemacionales. En respuesta al fallo judi­cial,
el ACNUR declaró que consideraba «la decisión del Tribunal un revés
al moderno derecho intemacional de los refugiados que ha estado siendo
desarrollado durante más de cuarenta años»''^. En suma, el éxodo marítimo
de haitianos se manejó de un modo que acabaría asestando un revés al dere­cho
intemacional y, por lo demás, fue un problema que contribuyó a evitar
que la crisis desatada por el golpe de estado cayera en el olvido.
Clinton anunció una mejoría en el trato hacia los solicitantes de asilo
haitianos en mayo de 1994. El Consejo de Seguridad de la ONU decidió
reforzar el embargo y los principales medios de comunicación se hicieron
más receptivos a los informes sobre la situación de los derechos humanos
en Haití. Estos eran algunos de los pasos previos necesarios para la inter­vención
miUtar. Sin embargo, Aristide afirmó el 25 de junio que él «nun­ca,
nunca, nunca» volvería a su país mediante una invasión. En una carta
que había enviado tres días antes a grupos solidarios estadounidenses
escribió que no tenía «la ilusión de que una intervención militar serviría al
propósito de restaurar la democracia o la justicia en Haití»''^.
Pero los preparativos para la invasión ya estaban en marcha. Después
del anuncio de Clinton, sobre la mejora en el trato a los refugiados, se pro­dujo
un fuerte incremento en el número de personas que huía de Haití a lo
largo de los meses de junio y julio. A finales de julio, Aristide envió una
carta al Consejo de Seguridad de la ONU solicitando que aprobara una
intervención mihtar en su país. La alternativa que se le había dejado era el
alargamiento del régimen de Cedras. El día 31, el Consejo de Seguridad
aprobaba una resolución por la que autorizaba a los estados miembros a
establecer una fuerza multinacional y al empleo de «todos los medios
necesarios» para desalojar a los militares, reponer el gobierno legítimo e
implementar el Acuerdo de la Isla de los Gobernadores.
Para debihtar aún más la posición de Aristide a su regreso se adopta­ron
algunas medidas complementarias. Una de las cuestiones negociadas
fue la duración del mandato presidencial después de la etapa de los milita-
'*' Citados en Americas Watch, National Coalition for Haitian Refugees, Jesuit Refu-gee
Service/USA, No Port in a Storm. The Misguided Use of In-Country Refugee Proces­sing
in Haití, AW, NCHR, JRS/USA, Nueva York, 1993, pp. 5 y 6.
"8 Haití Info, 2, 7, 1994.
170
res. Aunque la Constitución haitiana de 1987 prohibe la reelección conse­cutiva
del presidente, no dice nada sobre si el tiempo transcurrido en el exi­lio
debe computarse como parte del mandato constitucional. Aristide con­sideró
que los tres años de suspensión del orden constitucional no debían
ser contabilizados como parte de su mandato. De ese modo, su presidencia
debía ser alargada durante un período equivalente al de la duración del
gobierno militar. La administración estadounidense se opuso por comple­to:
Aristide tendría que abandonar el cargo en la fecha prevista. Clinton, al
insistir en que se computaran los años de Cedras en el poder como man­dato
constitucional, le otorgaba un sello de legitimidad a los golpistas.
La Casa Blanca también exigió que Aristide renunciara a su proyecto eco­nómico
si quena el apoyo de Washington para su retomo. En agosto de 1994,
los representantes del gobierno constitucional se reunieron en París con miem­bros
del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, de la Agencia
Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos (USAID) y de otras orga­nizaciones
de ayuda. El gobiemo haitiano recibiría financiación sólo si adop­taba
un programa de ajuste estructural opuesto al programa económico que
llevó a Aristide a la presidencia. Esto se concretó, en enero de 1995, cuando
el nuevo primer ministro haitiano presentó a los donantes internacionales un
plan detallado que incluía la privatización de nueve empresas estatales, la eh-minación
de aranceles y el despido del 50% de los empleados públicos"''. La
derrota era tan completa que hasta el director de USAID, Brian Atwood, escri­bió
favorablemente de la política económica del gobiemo legítimo. Atwood
encontró en Aristide a un Kder que «se propone privatizar las firmas propie­dad
del estado, crear mercados de capital y barreras comerciales más bajas».
El presidente de Haití disponía de un «bien informado plan de transición que
tiene el completo apoyo de la comunidad internacional»^". Atwood elogió el
plan de ajuste estructural porque era un certificado de defunción para cual­quier
propósito de ejercer soberanía en asuntos económicos.
Y ejercer soberanía en asuntos económicos era precisamente lo que se
había intentado durante los siete meses de administración democrática.
Cuando el gobiemo de Aristide había propuesto un aumento salarial se
encontró con la oposición de USAID. En junio de 1991, un informe encar-
'" Kim Ivés, «The Second U. S. Occupation», NACLA. Report on the Americas, enero-febrero
de 1995, pp. 6-8; Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, Resolución 940, 31 de
julio de 1994; Patrick Costello, José Antonio Sanahuja, «Haití: los desafíos de la recons­trucción
», en Mariano Aguirre, ed., Anuario del CIP 1996, Icaria Editorial, Barcelona,
1996, pp. 207-8.
^ J. B. Atwood, «Haiti: Serving Haitians and the U. S. National Interest», Internatio­nal
Herald Tribune, 17, 10, 1994.
171
gado por USAID explicaba que el futuro del país estaba siendo puesto en
peligro por «el nuevo proyecto de ley de salarios» que «se espera que
reduzca la competitividad general de Haití»^'. El sueldo mínimo haitiano
por una jomada laboral de ocho horas era de 1.76 dólares. Esto equivalía a
22 céntimos a la hora. Si las reformas propuestas por Aristide hubieran
tenido éxito el salario mínimo habría alcanzado 37 céntimos por hora, 2.94
dólares al día. Si, además, se conseguía que las empresas abonaran las
prestaciones de salud y pensiones, el sueldo aumentaría a 4.03 dólares dia­rios,
unos 50 céntimos a la hora. Aunque este salario no habría alcanzado
ni la undécima parte del sueldo promedio pagado por un trabajo similar en
Estados Unidos (5.85 dólares a la hora), USAID se opuso al incremento.
La agencia del gobierno estadounidense explicó que «los sistemas de sala­rios
no deberían ser el foro para el bienestar y los programas sociales». El
gobierno haitiano debía comprender que «Haití tiene ventaja comparativa
en su ubicación y en su fuerza de trabajo de bajo coste, muy productiva»^^.
La administración democrática no sólo se opuso a la ortodoxia econó­mica
reinante en la región caribeña con su propuesta para mejorar las con­diciones
laborales. También desautorizó la política de privatizaciones a
causa de las rápidas mejoras logradas en la empresa pública: de febrero a
mayo de 1991, la fábrica de cemento propiedad del Estado dejó atrás unas
pérdidas de 4.5 millones de gourdes y logró unos beneficios de 100.000
gourdes; la empresa pública productora de harina pasó de unas pérdidas de
casi 3 millones de gourdes a un millón de gourdes en beneficios. También
la compañía nacional de electricidad redujo sus pérdidas y tenía previsto
obtener beneficios ese mismo año. Sin embargo, los golpistas arruinaron la
empresa pública. Por ejemplo, en el caso de la compañía de electricidad los
militares sumaron tres mil de sus cómplices a una nómina de mil trabaja­dores
y vendieron combustible destinado a las turbinas, robaron los fondos
de pensiones y una parte del parque de vehículos. De este modo, entre
1991 y 1994, núentras que el régimen de Cedras dejaba al Estado sin recur­sos
para oponerse a las privatizaciones exigidas por los proveedores de
ayuda económica, el producto interior bruto caía un 25% y las condiciones
de vida empeoraban notablemente^^.
Esta realidad impidió que la democracia haitiana se convirtiera en un
problema para el modelo económico reinante en la región caribeña. El
" Citada en National Labor Committee, op. cit., p. 26.
'^ Citada en National Labor Committee, op. cit, p. 22.
^' National Labor Committee, op. cit., pp. 21-2, 27 y 35-6; Laurie Richardson, Jean-
Roland Cheiy, «Haiti's Not For Sale... Yet», Covert Action Quarterly, invierno de 1995-6,
172
gobierno de Aristide había conseguido mejoras en sus servicios gracias a
que desafió la ortodoxia económica prevaleciente^'*. Pero si Haití lograba
mejorar el nivel de vida de su ciudadanía gracias, entre otras razones, a que
rechazaba la privatización de las empresas de titularidad pública y a que
incrementaba sus costes salariales, ¿por qué no iban a poder hacer lo mis­mo
sus vecinos? El alcance del efecto ejemplar de políticas económicas
heterodoxas con éxito nunca debe ser subestimado.
5. LLEGAN LOS MARINES
A la Administración Clinton sólo le quedaba un obstáculo para
emprender la invasión de Haití: las encuestas reflejaban la oposición
mayoritaria del pueblo estadounidense a la intervención armada. El propio
pp. 32-4; Haiti Info, 27, 3, 1994 y 30, 9, 1995; Naciones Unidas, Estudio económico y
social mundial 1996. Tendencias y políticas en la economía mundial. Naciones Unidas,
Nueva York, 1996, p. 195.
^* Quizá el logro más importante del breve experimento democrático haitiano fue la
mejora conseguida en el respeto a los derechos humanos descrita anteriormente. La ayuda
internacional pactada por el gobierno de Aristide reducía la dependencia de los Estados
Unidos. Para empezar, la legitimidad de la nueva administración garantizaba a los donan­tes
internacionales de ayuda económica que sus fondos no serían malversados. La comuni­dad
internacional había comprometido, para el año fiscal de 1989, una ayuda de 206 millo­nes
de dólares y, en 1990, la cantidad equivalente fue de 241 millones. Durante los siete
meses del gobierno de Aristide, la ayuda económica internacional comprometida ascendió
a 511 millones de dólares. La parte estadounidense en la financiación extema de la econo­mía
híiitiana se redujo. Si, en 1989, unos 110 millones de dólares no procedían de Estados
Unidos -y, en 1990, unos 150 millones- la cantidad equivalente sobrepasaba los 400 millo­nes
en el monto total de la asistencia económica negociada por la adirünistración de Aris­tide.
La negociación se llevó a cabo en París durante el mes de julio de 1991. Los 511 millo­nes
de dólares, equivalentes al 25% del producto nacional bruto, suponían un importante
aumento en la cuantía de la ayuda y diversificar las fuentes de financiación.
Si bien la administración democrática se encontró con una economía que, según el Ban­co
Interamericano de Desarrollo, se hallaba «en un estado de desintegración sin preceden­tes
», en tan sólo siete meses logró avances significativos. El nuevo gobierno había reduci­do
la deuda extema en 130 millones de dólares y había incrementado sus reservas de
divisas, prácticamente inexistentes, hasta alcanzar los 12 millones de dólares. Los ingresos
gubemamentales aumentaron debido a las mejoras logradas en el cobro de impuestos y a la
campaña emprendida contra la corrupción. La tasa de inflación pasó del 26% en diciembre
de 1990 al 11% en agosto de 1991 (Center for International Policy, Mobilizing Resources
for Development. A Retrospect on President Aristide 's Economic Strategy for Haiti and His
Administration 's Record with Aid Donors, Center for Intemational Policy, Washington, D.
C, 1992, 1-5; National Labor Committee, op. cit., pp. 35-6).
173
Clinton afirmó que se daba cuenta de que la invasión era impopular: «Sé
que el momento es impopular. Sé que toda esta operación es impopular.
Pero creo que es lo que hay que hacer. Creo que cuando el pueblo nortea­mericano
conozca los hechos la apoyará»^^. Que el pueblo estadounidense
no apoyara la intervención era un asunto irrelevante: los principios son los
principios. El consejero nacional de seguridad, Anthony Lake, indicó que
se trataba de una «prueba decisiva» del compromiso de Estados Unidos
con la democracia en Latinoamérica. Warren Christopher, el secretario de
Estado, declaró que dejar a los militares en el poder sería «enviar un men­saje
incorrecto» al resto de la región. Además, como había señalado el jefe
de gabinete de la Casa Blanca, «el pueblo estadounidense siempre se une
detrás de su presidente cuando toma una acción» como la que iba a
emprender en Haití^^.
El 14 de septiembre, el presidente se reunió con los periodistas, pro­visto
de gráficas y de fotos en blanco y negro, para explicar las atrocida­des
cometidas por los militares contra muchos de sus compatriotas. «Este
es claramente el régimen más brutal, el más violento, de cualquier lugar de
nuestro hemisferio». Los militares, prosiguió el presidente, «han estableci­do
un reino del terror en Haití y está empeorando». Un día antes, el Depar­tamento
de Estado había publicado un informe sobre los derechos huma­nos
en Haití que reflejaba fielmente los abusos contra la población e
imputaba la responsabilidad a los militares. El día 15, Clinton se dirigió al
país a través de la televisión: «Cedras y sus criminales armados han diri­gido
un reino del terror. Ejecutando niños, violando mujeres, matando
sacerdotes». Clinton afirmó que los militares se hacían más violentos a
medida que aumentaba su desesperación. Habló de huérfanos asesinados,
de muchachas de trece y dieciséis años violadas por miembros de las fuer­zas
de seguridad, de personas apuñaladas y mutiladas, cuyos restos fueron
dejados como terroríficas advertencias a otras personas. «Déjenme ser cla­ro:
el general Cedras y sus cómplices solos son responsables de este sufri­miento
y de esta terrible tragedia humana. Son sus acciones las que han
aislado a Haití»^^. Esta vez la Administración CUnton no repartió culpas
entre los militares y la «intransigencia» de Aristide. Asimismo, dejó muy
claro que conocía las actividades de sus protegidos en Puerto Príncipe. No
obstante, prefirieron buscarles un exilio de lujo antes que, por ejemplo,
procesarles por su involucración en el tráfico de narcóticos hacia Estados
" El País, 16, 9, 1994.
5' Citados en El País, 14, 9, 1994.
" Haití Info, 23, 9, 1994.
174
Unidos, como se había hecho anteriormente con Noriega. Después del dis­curso
de Clinton, las encuestas reflejaron un apoyo mayoritario del pueblo
estadounidense a la intervención militar.
El 17 de septiembre llegó a Puerto Príncipe una delegación encabeza­da
por el ex presidente Jimmy Cárter. Le acompañaban el general Colin
Powell, el senador Sam Nunn y Robert Pastor, antiguo especialista de Cár­ter
en Latinoamérica. La Casa Blanca les envió para ultimar las negocia­ciones
con los militares haitianos relativas a la invasión y al retiro de algu­nos
líderes golpistas. Los enviados estadounidenses ñrmaron el Acuerdo
de Puerto Príncipe con las autoridades de facto. El acuerdo se proponía
«evitar la violencia y el derramamiento de sangre, promover la libertad y
la democracia», así como establecer una buena relación entre los dos paí­ses.
«Para implementar este Acuerdo, los militares haitianos y las fuerzas
de policía trabajarán en estrecha colaboración con la Misión Militar de EE.
UU.» La colaboración se prolongaría durante el período transicional nece­sario
para asegurar las instituciones vitales del país. «Las actividades mili­tares
de la Misión Militar de EE. UU. serán coordinadas con el alto man­do
militar haitiano»^^. En síntesis, el acuerdo regulaba la cooperación de
los «invadidos» con los invasores para que todo saliera bien. Por otra par­te,
entrañaba alguna ambigüedad adicional con respecto a lo establecido
por la ONU con el objetivo verosímil de contar con un amplio margen polí­tico
de maniobra durante la ocupación.
La invasión la encabezaba un ejército comprometido en el apoyo y en el
adiestramiento previo del ejército que había provocado la intervención mili-tar^^.
Las instituciones armadas de Haití no habían dejado de comportarse a
58 Haiti Info, 23, 9, 1994.
5' Entre 1950 y 1977, los gobiernos estadounidenses suministraron unos 3.4 millones
de dólares en ayuda militar. Además, adiestraron a 610 oficiales haitianos en EE. UU. En
tomo a 1980, el ejército de Haití contaba con unos 7.000 miembros. A fines de 1971, el
Departamento de Defensa había gestionado el adiestramiento de una fuerza de contrainsur-gencia
haitiana denominada «Los leopardos». Posteriormente, Israel se encargó del entre­namiento
de esa unidad militar de élite. Los israelíes mandaron instructores a Puerto Prín­cipe
que contribuyeron al mantenimiento de la «seguridad interior». El gobierno israelí
también suministró armas a la dictadura de Duvalier. En realidad, los gobiernos de EE. UU.
utilizaron a Israel, el país que más ayuda exterior estadounidense recibe, para apoyar a los
militares haitianos eludiendo potenciales obstáculos por parte del Congreso.
A comienzos de los años ochenta, EE. UU. financió un programa de ventas militares
para Haití que alcanzó unos 300.000 dólares anuales. También gastaron entre 150.000 y
250.000 dólares por año, de 1980 a 1985, en el adiestramiento de militares haitianos.
Durante los dos últimos años del régimen de Jean-Claude Duvalier, las ventas de equipo
militar aumentaron sustancialmente y, en 1985, alcanzaron 3.2 millones de dólares. Se tra-
175
lo largo de los años como lo hubiera hecho un ejército invasor. Esta realidad
la expresó el oficial haitiano que había señalado el conflicto que explicaba
la razón de ser del FRAPH: «7.000 de nosotros contra 7 millones de civi­les
». En realidad, como se afirmó anteriormente, la fuerza invasora se des­plazó
a Haití con el fin de garantizar la reestructuración del aparato de segu­ridad
haitiano. Esa reestructuración estaría supervisada por una fuerza
ocupante extranjera que vigilaría al sector democrático y así permitiría a la
élite haitiana seguir controlando su país gracias a la ayuda estadounidense.
El control de Haití ha sido un objetivo de la política exterior de Esta­dos
Unidos de largo alcance. Esa política benefició siempre a la élite. Una
vez más, con la ocupación de 1994, ganó la élite. Como señaló Louis Ker-nisan
-agregado de la Agencia de Inteligencia de Defensa en Haití de 1989
a 1991 y uno de los planificadores de la invasión-, «vas a acabar tratando
con las mismas familias de antes, las cinco familias que dirigen el país, los
militares y la burguesía». Kemisan explicó por qué acabarían tratando con
la élite y, además, se refirió a Aristide y al barrio capitalino que le apoya­ba
firmemente: «Siempre vas a acabar tratando con ellos porque hablan tu
lengua, comprenden tu sistema, han sido educados en tu país. No va a ser
con el pandillero de Cité Soleil. Lo mejor que puedes esperar de él es pro­bablemente
[que te diga]: "Oh, te ayudaré a descargar tu camión". Porque
eso es todo lo que él es capaz de hacer»^°.
Un día antes del inicio de la intervención militar, una información de
agencia reveló que apenas hubo embargo de petróleo en los años previos.
La compañía Texaco había sido autorizada a suministrar petróleo durante el
supuesto embargo. Se le había indicado que violar la directiva presidencial
que prohibía el suministro de petróleo a Haití era ilegal, pero podría hacer­lo
y no sería ni procesada ni sancionada. Texaco consultó con el Departa­mento
del Tesoro si sería correcto eludir el embargo afirmando que las
tó, sobre todo, de material pEira reprimir multitudes. Tras la caída de Duvalier, Washington
envió nuevamente equipamiento «no letal» para el control de muchedumbres.
El líder de los militares golpistas, el teniente general Raoul Cedras, había sido infor­mante
de los servicios de espionaje estadounidenses. No hay razones para considerar al
ejército haitiano como una fuerza independiente de Washington. El propio Cedras explicó
que el «75 por ciento de nuestro personal es entrenado en EE. UU.» (Georges A. Fauriol,
«The Military and Politics in Haiti», en G. A. Fauriol, ed., op. cit., pp. 30-1; G. A. Fauriol,
«U. S. Policy and the Ouster of Duvalier», en G. A. Fauriol, op. cit., p. 52; Benjamín Beit-
Hallahmi, Israel Connection, Ediciones B, Barcelona, 1988, p. 95; Blum, op. cit., p. 370;
Robert Maguire y otros, Haiti Held Hostage: International Responses to the Quest for
Nationhood 1986-1996, Thomas J. Watson Jr. Institute for International Studies, Providen-ce,
1996, p. 26; Christopher Hitchens, «Minority Report», The Nation, 8, 11, 1993, p. 522).
^ Citado en Alian Naim, «Occupation Haiti...», p. 348.
176
entregas de petróleo las hacía alguna filial. El Departamento del Tesoro res­pondió
que eso sería ilegal pero que podían seguir vendiendo petróleo y no
les pasaría nada. La filtración, confirmada posteriormente, provino del
Departamento de Justicia e indicaba que los permisos para los suministros
ilegales se dieron bajo los gobiernos de Bush y de Clinton. Los medios de
comunicación ocultaron por completo esta información que implícitamente
cuestionaba tanto la legitimidad como la legalidad de una intervención mili­tar
que no estuvo precedida de un verdadero embargo*'. La importancia y
las consecuencias de un embargo real ya habían sido puestas de relieve por
Ben Dupuy, embajador itinerante de Aristide: «Si los Estados Unidos eran
sinceros en su oposición al golpe, habría sido fácil librarse de los militares
haciendo cumplir el embargo de Naciones Unidas. Si Haití no recibía petró­leo
durante uno o dos meses, eso sería el fin. Todo se estancaría. Pero eso
habría significado una victoria para las masas, una victoria para Aristide. Y
muy probablemente la oligarquía habría perdido por completo. Habría sig­nificado
restaurar a Aristide incluso con más poder que antes»*^.
El 19 de septiembre comenzó la ocupación de la república caribeña. El
objetivo más importante de la intervención estadounidense fue el movi­miento
popular. La flota de los ocupantes había sido equipada con material
antidisturbios debido al temor a que se produjeran enfrentamientos con los
residentes de los barrios bajos. Un oficial de Operaciones Psicológicas
estadounidense afirmó que se proponían asegurar que los haitianos «no
saquen la idea de que pueden hacer lo que quieran»*^. Y eso fue lo que se
le hizo entender a la población: algunas manifestaciones a favor del retor­no
de Aristide fueron reprimidas con gran dureza ante la indiferencia de los
miembros de la fuerza ocupante presentes.
A comienzos de octubre, las tropas de Estados Unidos confiscaron más
de 60.000 páginas de documentos cuando asaltaron la sede del FRAPH en
Puerto Príncipe. También se apropiaron de 100.000 páginas más pertene­cientes
a las Fuerzas Armadas. Los documentos del FRAPH incluyen
«fotos trofeo» que muestran a miembros de la organización junto a gente
a la que estaban torturando, a la que estaban asesinando o, simplemente,
muestran cadáveres mutilados. Las acciones de las autoridades militares
estadounidenses contra el grupo paramilitar incluyeron la detención de
algunos de sus miembros más conocidos. El arresto de Jerry Mourra tuvo
*' Noam Chomsky, «Haití: The "Uncivil" Society», Covert Action Quarterly, verano
de 1996, pp. 44-5.
*^ NACLA. Reportan í/zeAmencas, julio-agosto, 1993, p. 14.
*^ Citado en Alian Naim, «Occupation Haiti...», p. 344.
177
una cierta trascendencia como muestra de la voluntad estadounidense de
romper sus vínculos con organizaciones criminales que actuaban en la are­na
política. Mourra, que durante mucho tiempo fue armero y ayudante de
Michel Fran90is, fue encarcelado por la fuerza de ocupación de Estados
Unidos y permaneció cinco meses preso. Posteriormente explicó que su
arresto fue un paréntesis en una larga relación con «buenos amigos» de
Washington. Contó haber ido a pescar y a cazar, durante los años ochenta,
con gente de la CÍA asignada a la embajada y haber sido presentado a John
Kambourian, el jefe de estación de la CÍA en Haití, a mediados de 1994.
Mourra recibió una visita «directa de Washington», a comienzos de 1995,
mientras aún estaba en la cárcel: el general John Sheehan. Según relató a
Alian Naim, Sheehan «era un buen tipo», pero «no puedo contarle lo que
me dijo»^'*. También afirmó que había reanudado sus vínculos con la inte­ligencia
militar estadounidense. En su opinión, Haití necesitaba a las fuer­zas
de su poderoso vecino para controlar a la «clase baja».
Para Emmanuel Constant, el líder del FRAPH, los arrestos iniciales
llevados a cabo contra destacados miembros de su organización se hicie­ron
«por publicidad». Algunos fueron liberados poco después de la deten­ción
y se les indicó que habían sido arrestados por error. El antiguo jefe de
las Fuerzas Especiales en Haití, el general Dick Potter, recordó que mucha
de la gente arrestada por su colaboración con el aparato represivo luego era
puesta en libertad. Potter supuso que se les dejaba en libertad debido a la
«escasa evidencia» disponible. Pero, según indicó, tales decisiones se
tomaban a un nivel más elevado. Algunos testimonios adicionales sugieren
que Washington seguía apoyando al FRAPH: un jefe de operaciones de los
Boinas Verdes recordó haber sido instruido para mantenerse alejado del
FRAPH; su colega Mark Boyatt, coronel de los Boinas Verdes, afirmó que
inicialmente estuvieron buscando armas del grupo paramilitar haitiano
pero que, debido a una orden proveniente del Pentágono, pronto se les indi­có
que consideraran al FRAPH como la «leal oposición». Por último, el
testimonio de un soldado estadounidense que estuvo en Haití durante los
tres primeros meses de la ocupación también encaja con lo anterior: Stan
Sagoff participó en la detención de tres prominentes miembros del
FRAPH. Uno de ellos fue liberado en el plazo de un día, otro quedó en
libertad a las tres semanas y el tercero permaneció en la cárcel porque pre­fería
no arriesgarse a un reencuentro con sus antiguas víctimas^^.
** Citado en Alian Naim, «Haití Under...», p. 15.
*5 Alian Naim, «Occupatíon Haití...», pp. 344-8; El País, 21, 9, 1994; Haití Info, 8, 10,
1994; El País, 4, 10, 1994; Alian Naim, «Haití Under Cloak», The Nation, 26, 2, 1996,
178
El 4 de octubre, un día después del asalto a la sede del FRAPH, Michel
Fran90is, el jefe de la policía que participó en la represión y en actividades
de narcotráfico con el cártel de Medellín durante los años ochenta, huyó
del país. Según un informe del Senado de los Estados Unidos, a lo largo de
los años anteriores a la ocupación, los narcotraficantes colombianos habían
estado pagando unos cien millones de dólares anuales a Michel Fran90is^^.
«Entre el deshonor y la retirada», escribió Fran^ois en una carta que envió
a Cedras desde la República Dominicana, «he escogido esta última con la
esperanza de que sirva a la causa de la paz en Haití». En la carta, además
de renunciar a su cargo, se refirió a la fecha del golpe de estado y criticó
la «perversión de los ideales del 30 de septiembre»^^, una ocurrencia que
Al Capone habría sabido apreciar.
Después de la incursión contra la sede del FRAPH y de la huida del
jefe de policía, los funcionarios estadounidenses le organizaron una confe­rencia
de prensa a Emmanuel Constant en la embajada de Estados Unidos.
Constant declaró que el FRAPH entregaría sus armas, daría la bienvenida
al retomo del presidente y trabajaría a favor de la «reconciliación». Cuan­do
se le preguntó al portavoz de la embajada, Stanley Schrager, cómo era
posible que anteriormente otorgara los calificativos de «terrorista» y «anti­democrático
» al FRAPH y luego le organizara un encuentro con la prensa,
Schrager respondió: «La vida es extraña, ¿o no? Las cosas cambian cons­tantemente
»^^. Pero la idea de usar a Constant como contrapeso al sector
democrático acabó siendo desechada. El líder del FRAPH huyó de Haití
dos meses más tarde y entró en Estados Unidos con una visa turística que,
según las autoridades, se le concedió por error. En mayo de 1995 fue encar­celado
en Estados Unidos. Las cosas volvieron a cambiar para Schrager:
afirmó que el FRAPH era «una organización ilegal y antidemocrática»^^.
El último paso importante hacia la «democracia», una vez aprobada la
ley de amnistía, consistió en el retiro de Cedras. Las Fuerzas Armadas de
Haití organizaron un acto público para despedir al militar golpista. Fue una
ceremonia castrense breve que se desarrolló bajo la protección de las fuer­zas
ocupantes y bajo el ruido ensordecedor de miles de personas, congre­gadas
frente al cuartel general del ejército, que abuchearon e insultaron
p. 5; International Herald Tribune, 29, 11,1995; Alian Naim, «Haití Under the...», pp. 12-
5; Stan Sagoff, Reportfrom a U. S. Soldier, 17, 3, 1995, http:// www. hartford-hwp. com/
archives/ 43 a/ 032. html.
^ Nicolás Jallot, «Haiti: plaque toumante de la drogue». Le Point, 28, 5, 1994, p. 30.
*' El País, 6, 10, 1994.
** Haiti Info, 8, 10, 1994.
*' Haiti Info, 20, 5, 1995.
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incesantemente a Cedras. Tres días más tarde, un avión estadounidense le
llevó al exilio en Panamá. Se había decidido que el gobierno de Estados
Unidos alquilaría, por 5.000 dólares al mes, las casas de Cedras y que paga­ría
por adelantado un año de alquiler de la villa panameña en la que viviría
el oficial haitiano. A otros oficiales comprometidos con el régimen ilegal se
les destinó a diversas embajadas haitianas como agregados militares™.
El 15 de octubre de 1994 regresó el presidente. Unos días antes, Ben
Dupuy, ex embajador itinerante de Aristide, había declarado que el presi­dente
regresaba «como un rehén de Estados Unidos para poner en marcha el
plan del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, que asegura
un futuro de neoliberalismo en Haití»^'. El incuestionable compromiso de
Aristide con los intereses de la mayoría de la población serviría para que la
gente entendiera que cuanto consiguieran bajo su gobierno sería todo cuan­to
podrían conseguir. Chavannes Jean-Baptiste, el portavoz de la principal
organización campesina de Haití y miembro del «gabinete privado» del pre­sidente,
comentó la ocupación estadounidense ante la multitud que le espe­raba
en una localidad del interior: «Esto no es una victoria. Este no es el
camino por el que debíamos haber vuelto. No es el camino por el que Titid
[Aristide] debía haber vuelto. No es una ocupación de EE.UU. lo que debía
haberle devuelto [...]. No lo celebren y piensen que el ejército [de EE.UU.]
está aquí para liberamos... ¡Es parte de la misma estrategia del golpe!»^^
6. LA «DEMOCRACIA»
Las fuerzas ocupantes establecieron un clima de relativa seguridad
durante el período en que se constituyó una nueva policía, tras el colapso
y el desmantelamiento de las instituciones que previamente debieran haber
velado por la seguridad ciudadana. La poUcía y las Fuerzas Armadas desa­parecieron
a raíz de las protestas masivas que se produjeron en septiembre
y octubre de 1994.
La Casa Blanca había decidido desempeñar un papel clave en la crea­ción
y en el adiestramiento de la nueva fuerza policial. Se estableció un
cuerpo de policía interina integrado por antiguos militares y se creó una
™ El País, 11, 10, 1994 y 14, 10, 1994; The Economist, 22, 10, 1994; Dupuy, op. cit.,
p. 160; International Herald Tribune, 25, 10, 1994.
'" Citado en J. M. Martín Médem, «Haití. ¿Bienvenido? Míster Marshall», Hacia el
Sur, noviembre de 1994, p. 5.
•^2 Haití Info, 22, 10, 1994.
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academia encargada de instruir a los agentes del cuerpo policial que final­mente
fiíe desplegado por todo el país. Los nuevos graduados fueron sus­tituyendo
progresivamente a los integrantes de la policía interina. Sin
embargo, si hubiera existido el propósito inicial de crear una fuerza de
seguridad respetuosa con los derechos humanos y respetada por la pobla­ción,
se habría excluido a los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas.
Pero, como los ocupantes carecían de tales propósitos, las cuestiones de
derechos humanos, según funcionarios estadounidenses, excluyeron a
menos del 5% de los soldados no admitidos en la policía interina. William
O'Neill, antiguo director legal de la MICIVIH, comentó que era difícil
imaginar a soldados acostumbrados a la brutalidad propia del ejército hai­tiano
en funciones de policía civil. Esto era evidente para la población hai­tiana.
Tan evidente que, en algunos casos, en cuanto los residentes locales
reconocieron a viejos represores con uniformes nuevos expresaron de
inmediato su hostilidad. Así ocurrió en Cap Haitien, la segunda ciudad del
país, cuando cientos de personas abuchearon a los nuevos policías que
intentaban instalar los militares estadounidenses.
En febrero de 1995, la nueva academia de policía, dirigida por per­sonal
estadounidense, inició su funcionamiento. Los exámenes de admi­sión
habían sido elaborados en Estados Unidos. En junio y julio salieron
las dos primeras promociones que sumaron algo más de setecientos
agentes. La tercera promoción viajó a Fort Leonard Wood, en Missouri,
para acelerar el adiestramiento de los cadetes, de modo que el desplie­gue
de unos seis mil agentes estuviera concluido a principios de 1996.
Para entonces, Chavannes Jean-Baptiste, responsable del equipo de tran­sición
del presidente que iba a sustituir a Aristide, tenía plena concien­cia
de la infiltración estadounidense: «La CÍA está presente dentro de la
policía. Está presente en todas partes. Pero, ¿cuál es su plan? Yo no lo
tengo»^^. En diciembre de 1995, Aristide licenciaba a los últimos agen­tes
de la policía interina y así concluía la transición a un nuevo aparato
de seguridad^'*.
'^ Citado en Alian Naim, «Haití Under Cloak», p. 4.
'•* Human Rights Watch/Americas, National Coalitíon for Haitían Refugees, Haiti.
Security Compromised. Recycled Haitian Soldiers on the Pólice Front Line, HRW/A,
NCHR, Washigton, D. C, 1995, pp. 2, 3, 24, 9 y 6; Haiti Progrés, 25-31 de enero de 1995;
Lawyers Committee for Human Rights, Waming Signs in Haiti. The Multinational Forcé
and Prospects for the Rule ofLaw, LCHR, Nueva York, 1994, pp. 11-2; Amnistía Interna­cional,
Haiti. A Question ofJustice, AI, Londres, 1996, pp. 4 y 5; United Nations. Security
Council, Report ofthe Secretary-General on the United Nations Mission in Haiti, Security
Council, Nueva York, 1995, parágrafos 27 y 30.
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No tiene demasiado sentido plantear como preferible la ocupación
estadounidense en vez del régimen de Cedras. Limitar la solución de la cri­sis
a tal dilema fue el objetivo de la Casa Blanca. Pero, en realidad, ¿qué
sucedió? En primer lugar, el régimen de Cedras recibió el apoyo de Was­hington
(armas para el FRAPH, incumplimiento del embargo, maniobras
dilatorias, etc.). En segundo lugar, en cuanto el equipo Cedras concluyó su
trabajo -aterrorizar y diezmar al movimiento democrático, arruinar la eco­nomía
del país- llegaron los soldados estadounidenses y los expertos de las
instituciones crediticias internacionales. Ese era el momento en que debía
establecerse un aparato de seguridad que sirviera como contrapeso al sec­tor
democrático. Debía establecerse una fuerza policial razonablemente
ineficiente: un cierto nivel de caos social, sumado a los años de dura repre­sión,
estimularía el sentir colectivo de impotencia y resignación en que flo­rece
la «democracia». Entre, por una parte, el alargamiento del régimen de
Cedras y, por otra parte, la aceptación o no de la ocupación estadouniden­se,
no había un dilema real. Era una nueva escenificación de una vieja fór­mula
que incluye dos etapas. En la primera etapa se reprime duramente a
una población que queda diezmada y aterrorizada por unos años. Durante
la segunda etapa se rentabiliza propagandísticamente la mejora en el res­peto
a los derechos humanos que se produce en cuanto una represión
moderada permite controlar a la disidencia. Son las dos etapas de una mis­ma
aventura autoritaria.
Después de Cedras, la situación de los derechos humanos mejoró nota­blemente.
Pero, en relación al gobierno democrático de 1991, empeoró
notablemente. En 1995, la delincuencia aumentó un 200%. En julio, el
informe del secretario general de la ONU facilitó las cifras de los asesina­tos
cometidos durante los meses de marzo (101), abril (79), mayo (75) y
junio (63). Entre enero y octubre se cometieron unos veinte asesinatos
políticos. A comienzos de 1997, Human Rights Watch acusó a la policía
haitiana de haber cometido cuarenta y seis asesinatos desde que había
entrado en servicio, y, según Amnistía Internacional, en 1997, la policía
mató a tiros a más de veinte personas «en circunstancias controvertidas»'^.
La impunidad siguió siendo la norma para las violaciones de los derechos
humanos cometidas tanto en el pasado como en la nueva etapa.
El «éxito» en la política exterior haitiana de Clinton culminó con la
celebración de elecciones en 1995. El partido de Aristide logró mayoría
^^ United Nation. Security Council, op. cit., anexo IV; Clara James, «Haití: The Roof
Is Leaking», Z Magazine, junio de 1997; Amnistía Internacional, Informe 1998. Un año de
promesas rotas, Editorial Amnistía Internacional, Madrid, 1998, p. 218.
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absoluta en el Senado y en el Congreso. Sus candidatos también vencieron
en el 70% de los ayuntamientos y Rene Preval, el aspirante a la presiden­cia,
obtuvo el 87.9% de los sufragios^^. Aún así, las autoridades legítimas
se encontraron despojadas de todo poder real en las cuestiones realmente
significativas. Ahora los objetivos económicos de la dictadura debían ser
llevados a cabo bajo el sello de legitimidad otorgado por la palabra demo­cracia.
Es más, si la «democracia» haitiana fracasa, si continúa fracasan­do,
los partidarios de la mano dura reaparecerán, sin máscaras, y podrán
ofrecer soluciones que resulten creíbles. Tanto con la «democracia» como
contra ella, la élite haitiana y sus aliados foráneos han ganado la partida.
Esta es la constante de esta historia. Lo demás son variables, medios cam­biantes
o estrategias desechables en pos de lo que sí ha sido un fin cons­tante
de los vencedores: acaparar y acrecentar el poder y la riqueza.
' ' Patrick Costello, José Antonio Sanahuja, Haití: los desafíos de la reconstrucción,
CIP, Madrid, 1996, pp. 8 y 9.
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