El motín gomero de 1690

              HISTORIA
EL MOTÍN GOMERO DE 1690
JOSÉ MIGUEL RODRÍGUEZ YANES
1. LA CONFLICTIVIDAD EN LA GOMERA. PLANTEAMIENTO
GENERAL
El estudio de los conflictos y tensiones sociales en el archipiélago,
y en particular en las islas de señorío, aún carece del suficiente número
de estudios que posibiliten una visión global de estos fenómenos, hasta
no hace muchos años preteridos por la historiografía regional. Por otra
parte, es preciso replantearse —buceando en nuevas fuentes, releyendo
las conocidas y adoptando diferentes enfoques— algunos de los ya tra­tados,
generalmente de forma sucinta, en nuestras Historias más clásicas
y en algunos artículos elaborados hace varias décadas. Se echan en falta
estudios analíticos y una periodización y tipología de los conflictos seño­riales
y sobre todo es menester prescindir del juicio excesivamente par­cial
y afán moralizante presentes en los relatos de Viera y Darías y
Padrón, que se mueven entre la defensa a ultranza de los señores y la
exaltación de algunas familias isleñas. A este respecto resulta muy didác­tico
el desesperado intento de este último autor por compatibilizar su
apego a la legalidad señorial y a las virtudes del conde, condenando
la actitud de los vasallos, con una tenue justificación de la rebelión de
1762, algo disculpada como signo de un cambio general al que tampoco
podían escapar los gomeros. Por otra parte, son prácticamente desco­nocidos
aún algunos episodios de esa conflictividad, como el que nos
ocupa ahora. Por las razones aludidas entendemos que, sin menoscabo
de la necesidad de hipótesis y esbozos explicativos globales, la prudencia
y el rigor aconsejan todavía primar el estudio de lo concreto y espe­cífico,
profundizando monográficamente en el examen de conflictos ais­lados,
y con ese pensamiento se ha elaborado este trabajo.
Estallidos violentos aparte, otra cuestión más ardua es delimitar la
conflictividad larvada, que apenas se puede entrever en la documenta­ción,
vislumbrada en memoriales, denuncias ante las autoridades extra-señoriales,
litigios vecinales contra autoridades o miembros de la oli­garquía,
etc., adoptando así en tiempos difíciles una estrategia de zapa,
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lenta y a muy largo plazo. A veces los vecinos elevan quejas e inician
litigios por motivos aparentemente nimios o de importancia secundaria
para aprovechar la brecha procesal y hacer llegar su insatisfacción hasta
unos centros de poder y decisión, lejanos para la mayoría (caso de la
Real Audiencia en G. Canaria), en los que esperaba obtener apoyo para
atenuar los atributos señoriales; en otros casos, los pleitos se convier­ten
en seculares y resurgen como un Guadiana, como el famoso con­tencioso
de quintos. Por último estaría el tumulto, el motín desnudo
que emerge contadas veces a lo largo del A. Régimen, si bien se regis­tra
una sensible presencia de los mismos a partir de finales del siglo
XVII.
Desde el punto de vista cronológico y etiológico cabría hacer una
primera y elemental distinción: por un lado estarían los levantamientos
de carácter indígena, que colman una primitiva etapa de dominio par­cial
y pactado de la isla (aproximadamente desde mediados del Cua­trocientos
hasta 1488), sucediéndose varias sublevaciones entre 1477 y
1488, fundamentalmente motivadas por los abusos señoriales derivados
de su incumplimiento del pacto (debido esencialmente a la captura y
venta de indígenas), que desembocan en la gran rebelión del último año
citado; por otro, la represión subsiguiente dará paso a una segunda y
secular etapa de dominio total y efectivo de los Herrera-Peraza de esta
isla, que junto con El Hierro conformará el señorío de las Canarias
occidentales.
En esta segunda y larga fase, que abarca hasta la extinción defini­tiva
del señorío (1837), a la vez podemos considerar un período inicial
de unos quince años, que culmina con el inicio del gobierno del señorio
por don Guillen en 1505. En estos años la tensión es selectiva y los pro­tagonistas
serán la naciente oligarquía —deseosa de consolidar y, si es
posible, incrementar su poder en la isla— y el tándem Bobadilla-Lugo.
Recordemos que hacia finales del siglo XV se sospecha de un oscuro
complot en el que estarían coligados el Obispo de Canarias, Portugal
y un sector de la oligarquía insular, supuestamente liderado por el
alcalde mayor Hernán Muñoz, que en castigo es ejecutado ejemplar­mente
por la señora tutriz'. El desquite se lo tomaría pocos años más
tarde ese bando, que aprovecha la mayoría de edad del tutelado don
Guillen para coaccionar a Lugo y forzarlo a que abandonase la isla y
cediese los poderes a aquél en un verdadero golpe de palacio que debió
suponerle a los intervinientes cuotas de poder nada despreciables,
máxime con un señor que se caracterizó por su absentismo.
1. A. CIORANESCU: Una amiga de Cristóbal Colón. Doña Beatriz de Bobadilla,
Sta. Cruz de Tenerife, 1989, pp. 209-210.
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Con la instauración de don Guillen se abre otra etapa caracterizada
por una ausencia —hasta donde conocemos— de motines, y se pro­longa
durante casi dos siglos hasta los acontecimientos de 1690, que
estudiamos en este trabajo. Si bien no hubo tumultos y el poder seño­rial
se halló en su plenitud durante el Quinientos, el peligro de desin­tegración
motivado por una mezcla de causas en parte interrelacionadas
(grave crisis económica, embargo de parte de la isla y su jurisdicción
por los Fuentes, hondas disensiones familiares o reparto del patrimonio
territorial y atribuciones señoriales entre varios pretendientes, proyecto
frustrado de incorporación de la isla al realengo...)^ originó fuertes ten­siones
por el control efectivo del poder, sobre todo en el poco más de
medio siglo de pugna intraseñorial que transcurre entre 1550-1617, for­mándose
dos facciones apoyadas —como se hace patente en los testigos
que apoyan a cada una de ellas en las actuaciones judiciales— por nota­bles
insulares, ávidos de alcanzar una mayor pujanza si triunfaba el sec­tor
familiar que auxiliaban. El siglo XVII, que representa una conso­lidación
del dominio sobre el señorío por la rama principal de la fami­lia,
deja entrever los primeros síntomas claros de contestación popular
en una isla castigada por las invasiones piráticas de manera frecuente
—razzias en costas poco protegidas—, aunque sus dos manifestaciones
más duras se concretasen en la práctica destrucción de la capital (1599
y 1618). Dejando a un lado el crónico enfrentamiento agricultores-ganaderos
que es inherente a una economía antiguorregimental basada
en el abrumador predominio del sector primario y que es similar a la
observable en otras latitudes, despunta un antagonismo antiseñorial que
tímidamente se exterioriza en denuncias y protestas que optan por la
vía judicial para oponerse al servicio de velas —por lo demás, obliga­ción
no mucho más gravosa en la práctica que la vigente en el
realengo—, supuestas irregularidades de los señores para beneficiarse
pecuniariamente de su cargo de capitanes a guerra, oposición a mono­polios
señoriales (caza de pájaros canarios, caza de ciervos, uso del
monte para cortes de madera, modo de cobrar el quinto)... La natu­raleza
antiseñorial brota como trasfondo de un desasosiego que se
cobija, temeroso, bajo emblemas y formas poco arriesgadas, bajo la
tutela e inspiración de una oligarquía confiada en su condición de
imprescindible para el mantenimiento del orden, el ejercicio de las fun­ciones
básicas de gobierno y el mando de las milicias. De cariz distinto
es la oposición a la forma de pago del donativo de 1632, que tuvo su
raíz en la actitud insolidaria de un sector de la oligarquía.
2. G. DÍAZ PADILLA; J.M. RODRÍGUEZ YANES: El señorío en las Canarias
occidentales. La Gomera y El Hierro hasta 1700, Sta. C. de Tenerife, 1990, pp. 47-73.
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El último período comenzaría, como se apuntaba antes, con el
motín de 1690 y culmina con los tumultos de las primeras décadas del
siglo XIX, extendiéndose por tanto hasta la mentada definitiva disolu­ción
del régimen señorial en 1837. Son rasgos peculiares el estallido de
motines, algunos de cierta virulencia, el explícito desafío a la autoridad
del señor o de sus representantes o administradores, e incluso —con
más rotundidad conforme avanza el Siglo de las Luces y al amparo de
los nuevos vientos uniformistas y reformadores de la dinastía borbó­nica—
una más clara puesta en cuestión de los principales privilegios
señoriales y la solicitud de integración en el ámbito realengo
—recuérdese que las rentas jurisdiccionales conformaban el componente
básico de los ingresos señoriales—, incluso mezclándose en el tránsito
hacia el Nuevo Régimen algunas algaradas locales con peticiones en que
se confunde un supuesto privilegio señorial con una cuestión social
(negativa a pagar los tributos al cuarto)'.
Marcan sendos puntos de inflexión los motines de 1690 y, sobre
todo, el de 1762, aún insuficientemente estudiado desde una perspectiva
global y más profunda, teniendo presente la compleja realidad de la isla
en el último cuarto del Setecientos. Quedan en medio los sofocados
tumultos de 1699, del que sólo ha quedado la mención de Viera, y de
1743-1744, en el que confluyen —a tenor de las breves síntesis con que
contamos—" una presión para controlar más la política insular y un
conato de independencia jurisdiccional. Precisamente 1690 constituirá,
a nuestro juicio, una divisoria, en cuanto a frecuencia, intensidad y tipo
de conflicto, pues aunque el motivo aparentemente es institucional se
enmarca dentro de un prototipo de motín caro a la oligarquía que
opera en lugares reducidos, en los que esta élite intenta explotar un des­contento
generalizado o un elemento de insatisfacción concreto para
involucrar a la mayoria de la población en un movimiento que sólo pre­tende
un incremento de sus cotas de poder o una redistribución del
mismo, pero manteniendo de paso un pulso con el señor jurisdiccional.
Tengamos en cuenta que desde los comienzos de la colonización un
reducido número de familias, emparentadas entre sí, poseían el mono­polio
de las regidurías y contaban con una considerable propiedad alo­dial,
pero también coexistían pequeños y medianos propietarios, bien
3. G. DÍAZ PADILLA: La Gomera, isla de señorío, en "El Día", 29 de diciembre
de 1981.
4. D. V. DARÍAS Y PADRÓN: El motín de ¡762, en "La voz de Junonia",
16-VIII-1992; D. V. DARÍAS Y PADRÓN: Los condes de La Gomera, Sta. Cruz de Tene­rife,
1936, pp. 129-130; G. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: La aportación de la isla de La
Gomera alpoblamiento de la Luisiana, 1777-1778,.en "IV Coloquio de Historia canario-americana"
(1980), t. II, pp. 233-234.
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fuera por datas menores, compra-ventas o compartiendo la tierra a tra­vés
de enfiteusis, fórmula ésta extendida durante el Seiscientos y que
indudablemente proporcionó confianza a muchos vecinos, estimulando
además a fines del A. Régimen el objetivo de liberarse de esas cargas
perpetuas.
Fenecida la etapa de reseñorialización de los últimos Austrias se
abría un marco más flexible, y aún propicio con el tiempo, para los
aires de independencia que hacía más de un siglo tentaba a buena parte
de la población de la isla. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII
se aunarán reivindicaciones latentes durante centurias en la mayoría de
la población (desaparición de rentas vasalláticas y monopolios, sobre
todo) con las aspiraciones de dominio de la oligarquía tradicional y de
una incipiente burguesía agraria, además del hambre de tierra de
todos', especialmente de los más menesterosos, lo que explicaría los
incendios, pleitos por rozas clandestinas y deslindes ilegales, conflictos
por el agua, etc., que llenan el último medio siglo del régimen señorial
y aparece como marco fundamental para explicar la gravedad del motín
de 1762', con unos prolegómenos y epílogos que —a pesar de la apa­rente
insistencia en aspectos jurisdiccionales y de reversión del señorío
al patrimonio real, que en buena medida aparecen ligados a los otros
en cuanto teóricamente el señor es propietario de tierras montuosas y
aguas— pueden asimilarse así a la fenomenología conflictiva del
realengo. En gran parte la notoriedad y gravedad del motín se debió
a que en los anteriores un pequeño sector de la oligarquía insular y la
autoridad militar se habían mantenido fieles al señor o habían adoptado
una actitud incierta o tibia, pero no de decidido apoyo, a la rebelión,
mientras los alcaldes mayores habían constituido un firme bastión seño­rial
(como el capitán Bueno en 1743); pero en 1762 toda la isla, inclui­das
estas autoridades, prestan su auxilio por acción u omisión al levan­tamiento,
apoderándose de las instalaciones militares. Los sucesivos con­flictos
abiertos muestran una mayor resistencia para su represión, pues
si en 1690 bastó la presencia del conde y la aplicación del procedi­miento
judicial para que cesase la rebelión, habrá que acudir posterior­mente,
sobre todo en 1762, a la máxima presión de instancias civiles,
militares y religiosas del archipiélago, e incluso externas a éste. Parece
que los condes combinaron la actuación judicial, que imponía las penas
correspondientes, con el perdón, conocedores de la fortaleza de sus opo-
5. G. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ: Los montes de La Gomera y su conílictividad,
en "Aguayro", n." 84 (1977).
6. D. V. DARÍAS Y PADRÓN: Los condes..., op. cit., pp. 142-146; id.: El motín...,
art. cit., en "La voz de Junonia", 16-VIII, 23-VIII, l-IX-1922.
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nentes, del progresivo deterioro de su imagen y de que los nuevos tiem­pos
borbónicos no les eran tan favorables ni admitían un recrudeci­miento
señorial.
Señalemos como características constantes en los motines la deter­minante
alianza clero-aristocracia local y la dirección de Hermigua, cri­sol
del malestar insular, en la preparación de aquéllos. Por descontado,
los amotinados no pretenden subvertir el orden social; a la ausencia de
conciencia de clase es preciso agregar la estrategia de la clase domi­nante,
que se sirve de la impopularidad de algunas prerrogativas seño­riales
para desviar el malestar social hacia el propietario jurisdiccional.
De hecho, hasta fines del A. Régimen, y sin llegar a alcanzar la impor­tancia
de los estallidos mencionados, no se producirán manifestaciones
conflictivas propiamente populares, sin intervención de la oligarquía, que
a lo largo de estos siglos iniciará, dirigirá y hasta finalizará los levan­tamientos,
solicitando el perdón en nombre de los amotinados al señor
en la hora del fracaso, sin que se le escape de las manos la agitación;
pero sólo se tornará decididamente incorporacionista cuando —so­pesando
pros y contras— entienda que el régimen señorial le supone
más desventajas que beneficios. Finalmente, no debe pasar desapercibida
la cuestión fiscal, que en unos casos ocupa el lugar central en las rei­vindicaciones
de los descontentos, y en otras se sitúa en el punto de
arranque del conflicto para pasar rápidamente a un segundo plano. Des­lindar
hasta qué punto la carga impositiva actúa como elemento esen­cial
y motivador, o es utilizada como simple detonante y excusa o con­signa
hábilmente manejada que esconde otros intereses más favorables
para los promotores y beneficiarios de los levantamientos —que no nece­sariamente
coinciden con los cabecillas—, será tarea de futuro ante la
casi ausencia de investigaciones sobre la estructura social gomera.
Otros motines de esta centuria —como el de 1718 en El Hierro—,
pero sobre todo en las islas centrales del archipiélago, en los que la ten­sión
adquiere un vigor, amplitud y frecuencia alarmantes para las auto­ridades,
nos advierten de que algo ha cambiado en el panorama general
isleño y se impone una explicación sujeta a ese nuevo cuadro histórico;
pero sería erróneo manejar una metodología y perspectiva excesivamente
generales, incluso en este siglo —mucho menos en los anteriores—, para
esclarecer la conflictividad en un marco específico como el señorial, que
precisa de una atención preferente a las singularidades de esa comuni­dad
(desde las atribuciones condales hasta la realidad demográfica, oro-gráfica,
el peso de la historia en los comportamientos...). Todo ello, sin
descuidar el análisis de las imbricaciones institucionales y la presencia
de la legislación e ideas ilustradas (inicio de la democratización concejil
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y malograda creación de la Económica gomera), que contribuirán a un
futuro y necesario análisis del panorama total de los estertores del sis­tema
señorial canario.
2. EL MOTÍN D E 1690: FUENTES Y SÍNTESIS PRELIMINAR
Frente a las múltiples citas y relatos con que han sido atendidos
otros conflictos, el producido en La Gomera en 1690 apenas si ha sido
mencionado en nuestra historiografía. El primero en aludir acerca del
mismo, con un pequeño error en la data, es Viera y Clavijo, quien ape­nas
en dos líneas nombra de pasada la existencia de una sublevación
aludiendo a la generosidad indulgente de don Juan Bautista de Herrera
para con sus infieles vasallos, en la linea de una apasionada defensa del
régimen señorial y de los panegíricos que el historiador ilustrado gene­ralmente
dispensa a la Casa condal en su obra'. Más explícito, e igual­mente
paladín de la causa señorial, es Darías y Padrón, que en. su tra­bajo
acerca de los Herrera describe en unas pocas líneas el motín, a
pesar de que en su fondo inédito de manuscritos y apuntes mecanogra­fiados
—en ocasiones con errores de transcripción— demuestra que
conocía prácticamente toda la documentación disponible sobre el
suceso ^ Curiosamente, se silencia el motín en la "sucinta cronología"
que la reedición "actualizada" de la historia de Millares Torres dedica
a los conflictos sociales canarios''.
La documentación utilizada por nosotros "• arranca del 27 de octubre
de 1690, cuando el conde don Juan Bautista de Herrera, tras haberse
enterado del intento de asesinato preparado en la noche del 15 de ese
mes en el valle de Hermigua contra el alcalde mayor de la isla —el alfé­rez
Sebastián Pérez Montañés— por parte de un grupo de hombres
enmascarados, decide iniciar causa de proceso para averiguar la iden­tidad
de los amotinados y de sus cómplices en La Gomera y Tenerife,
7. J. DE VIERA Y CLAVIJO: Noticias de ¡a Historia General de las Islas Canarias,
edic. de A. Cioranescu, 1967, t. II, p. 72.
8. D. V. DARÍAS Y PADRÓN: Los Condes..., op. cit., pp. 106-107; Archivo de
Ossuna, Fondo Darías, s.c. (extracto mecanografiado de la mayor parte de la información
obrante en el Cabildo gomero sobre el tema); Biblioteca de la Universidad de La Laguna,
Fondo Darías, Anotaciones históricas sobre la isla de La Gomera, fols. 18 vto.-21 vto.
(resumen del motín y relato de algunos pormenores).
9. J. R. SANTANA GODOY: Crisis económicas y confíictos sociales en Canarias
(1660-1740), en A. MILLARES TORRES: Historia General de las Islas Canarias, reedic.
de 1977, t. IV, pp. 209-210.
10. Archivo del Cabildo Insular de La Gomera, Fondo Luis Fernández, s.c; Biblio­teca
Municipal de Santa Cruz de Tenerife, Fondo de Adeje, 2 (A).
21
procediendo a la toma de declaraciones a protagonistas, sospechosos
y personas citadas en las deposiciones de testigos, con la presencia ini­cial
del propio alférez y del ayudante Lucas Fernández Martel, escri­bano
público y del Cabildo, y notario del Santo Oficio y público del
Obispado. El conde se halló presente en las diligencias e interrogatorios
de los primeros días, tomando parte activa y adoptando decisiones
acerca del desarrollo del proceso. La información se limita íntegramente
a las citadas actuaciones judiciales, que se dilatan durante tres años, no
sólo por la demora habitual en la sentencia por parte de la Real
Audiencia de Canarias, a donde se remiten los autos, sino —como se
observará más adelante— por las nuevas pruebas, procedentes de decla­raciones
tardías y arrepentidas en algún caso, con diferentes datos que
implican a personajes que hasta ese momento habían salido con buen
pie de las testificaciones, y como resultado se realizan diligencias incluso
después de una primera sentencia de febrero de 1693.
El móvil de los revoltosos y causa única aparente de la acción era
lograr la renuncia a su oficio por Pérez Montañés, quien con anterio­ridad
había recibido advertencias en esa dirección, haciéndole llegar un
amenazador papel sin firma, hasta obtener coactivamente los amotina­dos
mediante una acción de fuerza su propósito la dimisión del alcalde
ante escribano. Pero el movimiento no se detiene en esa iniciativa, pues
la actividad del depuesto gobernador y de los colaboradores señoriales
en la capital de la isla amenazaban con hacer abortar a posteríorí sus
objetivos.
3. LOS ANTECEDENTES. EL DESCONTENTO DE LA OLIGAR­QUÍA
GOMERA
A través de alguna deposición, como la del propio Pérez Montañés,
conocemos sucintamente la génesis del desasosiego. Poco tiempo antes
de los acontecimientos el alférez había sido suspendido cautelarmente
en su cargo en tanto acudía a Tenerife llamado por el señor, quien inte­rinamente
designaba al regidor Gonzalo Hernández Bento como gober­nador
provisional. El motivo de la desconfianza condal partía de una
querella presentada por algunos vecinos contra el gobernador. Según
Tomás de Palenzuela, estanquero, la suspensión provisional de la vara
fue motivada por el débito de cierta cantidad a un vecino, que poste­riormente
saldó Montañés por mandato condal pero manifestando que
podía haberse valido del privilegio y exención de juez conservador del
tabaco —como habían hecho otros— para salir del trance sin pagar.
Mas la realidad era otra, como se comprobará en los apartados siguien-
22
tes, pues latía en el fondo una honda discrepancia en la que se funden
diversos motivos y sentimientos, utilizándose esa cuestión como deto­nante
para una denuncia tras la cual se intuye una animosidad frente
a la gestión general del alcalde, cuyas posibles deficiencias sin duda fue­ron
exageradas por la oligarquía. Es razonable pensar que de haber exis­tido
graves irregularidades en la administración de justicia o en el
gobierno político de Montañés, don Juan Bautista hubiera actuado en
consecuencia y la reposición del alférez habría sido imposible.
Pero en su ausencia algunos ya se habían hecho a la idea de que
la destitución de Montañés era algo definitivo, y en todo caso existía
un clima contrario en la clase dominante a la continuidad de aquél. Si
ya los espíritus se hallaban inquietos, la crispación aumentó cuando se
supo que tras la conversación mantenida con el alférez, el conde lo res­tituía
en su puesto.
4. PRIMER ACTO: LA DESOBEDIENCIA
Los hechos acontecen con celeridad en aquel hervidero de rumores
y conciliábulos que era Hermigua en ese otoño de 1690; no en vano
la señaló Viera como "antigua oficina de alborotos y proyectos de des­obediencia"
", fértil zona agrícola con notable propiedad alodial y pre­sencia
de excelentes haciendas particulares, lo que explica en buena
medida la endeble implantación sociopolítica señorial. No había pisado
aún tierra gomera el alférez, recién confirmado en el cargo, cuando el
bando que le rechazaba comenzaba a actuar en aquel lugar, que con­taba
con unos mil habitantes, los cuales unidos a los de Agulo, supo­nían
la mayor concentración humana y económica de la isla, residencia
de buena parte de la clase dominante. El punto central de las intrigas
en esta ocasión es la casa del capitán don Domingo Trujillo, donde resi­día
a la sazón el visitador de la isla, don Francisco Manrique, cura de
Vallehermoso '^ Allí se comenta el 10 de octubre, en una tertulia de
importantes miembros de la vida política, militar y religiosa, que en un
barco que se avistaba y dirigía a la costa de Hermigua probablemente
retornaba don Sebastián, de nuevo con la vara de alcalde. Para cercio­rarse,
uno de los presentes —el capitán Lucas de Herrera— envió en
su caballo a Juan de Armas Paxarito, quien confirmó la sospecha. Otro
11. J. DE VIERA Y CLAVIJO: Noticias..., op. cit., t. II, p. 84.
12. D. Domingo Trujillo, familiar del S.O., era una de las personas más ricas y pro­minentes
del Valle, en cuya parroquia había fundado la hermandad de San Sebastián, for­mada
por esclavos, entre ellos los catorce de su casa. Poseía barco propio para el tráfico
comercial (BUL, FD, Genealogías gomeras, f." 72).
23
concurrente, el capitán don Francisco Manrique de Lara, que estaba
al tanto de los manejos de los descontentos y no quería ser participe
de sus proyectos y contubernios, se trasladó a su casa para dar la bien­venida
al alcalde, que precisamente se alojaba en ella en una sala de
la parte alta.
Al dia siguiente, 11 de octubre, el repuesto alcalde mayor decidió
comunicar oficialmente su regreso al citado Gonzalo Hernández Bento
enviándole una breve carta personal que acompañaba al despacho con­dal
de nombramiento y orden de cese en sus funciones. El capitán don
Francisco Manrique, enterado de las intenciones del alcalde y previendo
algún incidente dado su conocimiento de la situación, aconseja al emi­sario,
Félix de las Casas (criado de Montañés), que entregue los escritos
al regidor ante testigos.
Esta precaución no era gratuita; en efecto, Gonzalo Hernández no
se dio por enterado del escrito señorial. No sólo el rechazo a acatar un
escrito cuyo contenido conocía por anticipado el regidor constituía de
por sí una muestra de patente desobediencia y descortesía, sino que la
acción fue pública, pues se desarrolló en la mentada casa donde asistía
el visitador eclesiástico don Francisco Manrique, quien se hallaba acom­pañado
por los presbíteros licdos. don Carlos López de Morales (comi­sario
del Santo Oficio), Andrés Fernández Méndez y Francisco Xuárez,
por el escribano público Francisco de Armas —que actuaba de secre­tario
en la visita eclesiástica y era cuñado del gobernador interino—,
y por el padre dominico fray Antonino. La actuación del regidor no
dejaba lugar a dudas: después de serle entregada la misiva, Hernández
Bento la entregó al comisario, quién sacó de dentro 2 papeles, y a con­tinuación
se obligó al portador a permanecer fuera de la sala hasta que
un rato después, tras deliberar en secreto los arriba nombrados, el fraile
le devolvió el escrito, sin que mediara una contestación determinada por
parte del regidor, quien de esa forma pretendía eludir la recepción for­mal
del mandato señorial.
La conducta del alférez en aquel contexto fue la de hacer valer su
autoridad con la firme determinación de recuperar el control de la isla
y empezar con pie firme esta segunda etapa de su mandato, tratando
de imponerse a la levantisca e inquieta oligarquía residente en Hermi-gua,
que contaba con el apoyo del clero regular y las voluntades de
muchos vecinos. El sabía que contaba con un importante elemento, que
a la larga se impondría: el apoyo condal, atento a evitar que partidos
familiares locales tomasen la dirección política de la isla; bastante tenía
ya con las maniobras, entre la tolerancia señorial y la realidad del
poder económico de la clase dominante de Valverde, en El Hierro. Pero
muy posiblemente don Sebastián no percibía la gravedad del momento,
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ni el amplio soporte social de que la minoría conspiradora disfrutaba,
pues ni supo conducirse por los caminos de la diplomacia ni adoptó
medidas de fuerza precautorias, cayendo en las redes de una experimen­tada
oligarquía, dueña del orden social y conocedora como nadie de
los mecanismos para movilizar a la población insular.
Naturalmente, se imponía hacer constar ante notario la negativa de
Hernández Bento para una posible comunicación al conde y poder jus­tificar
cualquier medida contra el rebelde regidor. Con ese objetivo Mon­tañés
llama al escribano Lucas Fernández Martel a las nueve de esa
mañana, y en compañía del cap. Francisco Manrique de Lara, del alfé­rez
Tomás de Palenzuela y de don Pablo Montañés, su hijo, se enca­mina
a la morada del visitador. Cuando la comitiva llega al patio, el
gobernador solicita por mediación de su hijo hablar con el regidor,
quien accedió portando una media hastia o bordón en señal de auto­ridad
y desafío. Gonzalo Hernández negó, incluso tras el careo con el
portador de la carta, haber recibido la orden señorial de cesar en sus
funciones, aunque dando ciertas muestras de nerviosismo. En el breve
intercambio de palabras entre Montañés y G. Hernández quedó de
manifiesto no sólo que éste se resistía a hacer dejación de su cargo,
sino que amenazó a Montañés con prenderlo si administraba justicia.
Con este incidente verbal se consuma y patentiza el primer aviso serio
a don Sebastián, que es consciente de que la firme y provocadora des­obediencia
de Bento se hallaba respaldada por otros integrantes de la
oligarquía. En cualquier caso, constituía materia grave el desacato a una
orden señorial, y la propia actitud de Montañés, que no ordena la iimie-diata
detención del insubordinado vasallo, es una muestra de su débil
posición, de su impotencia y escasa capacidad previsora, pues dado el
rechazo que suscitaba su persona hubiera sido más inteligente posesio­narse
de su cargo en la Villa para hacerse allí fuerte y haber dispuesto
para la ocasión de alguna fuerza disuasoria que, llegado el caso, pro­cediera
a un arresto ante la casi anunciada indocilidad del gobernador
interino.
Concluido el encuentro sin acuerdo, todo hacía prever una serie de
órdenes de un lado y contradicciones de la otra parte, con el descon­cierto
que estas actuaciones —de tal mal recuerdo en lá isla en el trán­sito
del Quinientos al Seiscientos— suelen producir, y el inevitable dete­rioro
de la imagen señorial, sin descartar que el malestar se materia­lizase
colectivamente de manera más expresiva. Para empezar, de modo
casi inmediato el regidor Hernández Bento ordenó encarcelar a Félix
para vengarse así por su testimonio comprometedor, pero bien avisado
y aconsejado por su amo se refugió en la iglesia, aunque no se libró
del inicio de un proceso.
25
5. LA CONSPIRACIÓN
Los reacios a aceptar la autoridad legitima basan su estrategia
actuando en un doble frente: por un lado, el recurso a la fuente de
poder, enviando una comisión (el comisario don Carlos López, los clé­rigos
Andrés Méndez y Francisco Xuárez, y Cristóbal de Acevedo y
Joseph de Padilla) a Garachico, residencia del señor, según lo habían
acordado en la reunión mantenida por un grupo de notables en la casa
donde asistía el visitador, embarcando con sigilo el mismo día once en
una barquilla de pescar tras vencer la resistencia del barquero con la
promesa de sacarlo del grupo si se le pedían cuentas por un viaje abier­tamente
clandestino, pues era preciso partir del puerto capitalino con
licencia del almojarife y registro ante la aduana. En la conversación esta­ban
presentes —y por ende, eran partícipes de la acción— Gonzalo Her­nández,
el alférez Tomás de Palenzuela, Francisco de Aguilar y el algua­cil
Andrés de Morales. El comisario de la Inquisición argüiría más ade­lante
que se dirigía a la población tinerfeña para gestionar asuntos del
Santo Oficio. Fuentes cercanas al administrador del conde sostenían que
el instigador de este viaje había sido el escribano Francisco de Armas
Núñez, quien afirmaba no quería ejercer su oficio bajo el mandato de
Montañés y había excusado su embarque alegando achaques. Por otro
lado, cuando la vía legal fracasa se utilizarán presiones y procedimientos
amenazadores creando un clima de violencia.
No se le escapaba a Montañés que el designio de aquel secreto e
ilícito desplazamiento a Tenerife era alcanzar del conde su remoción.
Ahora bien, la negativa de don Juan Bautista de Herrera a los cons­piradores
los exasperó aún más. El diálogo entre el conde y los comi­sionados
fue tenso: don Juan Bautista había empeñado su palabra con
don Sebastián y sólo se comprometía a cesar nuevamente al alcalde si
se producían otras quejas justificadas, mientras los enviados solicitaban
una destitución inmediata, pues en caso contrario proclamaban su inten­ción
y derecho a actuar, remitiéndolos ante esa actitud el conde a la
R. Audiencia.
El grupo abandona la entrevista decidido a terminar con el asunto
por la vía más rápida, independientemente de lo que pensara el señor.
Lo extraño es que, observando el cariz de los acontecimientos, don
Juan Bautista no previniera adecuadamente a su alcalde y adoptara
medidas de especial vigilancia para con lo que se presumía era cabeza
de un movimiento de descontento, se forzase la residencia de Montañés
en la Villa y estuviese dispuesta la milicia a intervenir bajo un fiel
mando.
26
Llegados a Hermigua los representantes de los conjurados, las reu­niones
se suceden mientras algún que otro personaje intenta la media­ción
para evitar el derramamiento de sangre. El visitador eclesiástico
le confirmó al alcalde el mismo día del regreso de aquéllos
—posiblemente el trece—, que la única forma de aplacar los alboro­tados
espíritus era su dimisión, pero Montañés —que por prudencia o
estrategia no parecía estar muy aferrado a su cargo— solicitó compren­sión
y un plazo de tiempo prudente para tomar una decisión. Pero las
esperanzas de un entendimiento se desvanecían más tarde cuando Mon­tañés
recibió este resignado mensaje del licdo. Manrique: "Muy señor
mío: yo e cumplido con la obligación y ofísio, y al mismo pago que
deseo la quietud y sosiego, se a despintado y frusttado my ynttenfión.
Quedo con el conosimiento de agradesido, a quien dé Dios muchos
años y me mande en que le sirva. De su servidor, que su mano bessa.
Don Francisco."
Las visitas, movimientos, parlamentos y negociaciones continuaban
con celeridad en ese día. A la una de la tarde nuevamente le remite
una nota el visitador con un mulato suyo, instándole a dirigirse a un
domicilio en el que se hallaba para una materia de importancia, a cuyo
efecto le enviaba una yegua para facilitar el trayecto. Los deseos de
alcanzar un acuerdo mueven al alcalde a dar ese paso, encontrando en
la casa a Gonzalo Hernández Bento. Manrique le comunica que por
fin había logrado que fuera posible la amistad con todos los allí pre­sentes,
y uno a uno van entrando los sujetos y se hacen las paces: con
don Carlos López, el cual significativamente deja claro "que sentti-miento
no ttenía, más que yr por su pattria"; el licdo. Francisco Xuá-rez,
Francisco de Armas, Cristóbal de Acevedo.
Pero algo debió ocurrir —seguramente la falta concreta y formal de
garantía de abandono del cargo y un probable triunfo de tesis más radi­cales
en un cónclave posterior— para que los descontentos se decidieran
a una acción directa y contundente que condujera al abandono expe­ditivo
del cargo. Lo cierto es que el sábado 14 se celebra una junta deci­siva
en la morada en que residía el visitador —según el testimonio de
Pedro Morales Vera, hermano del presbítero Francisco Xuárez—, con
la asistencia de la plana mayor de la conspiración: el propio visitador,
los presbíteros Carlos López y Andrés Fernández Méndez, el alférez
Cristóbal de Acevedo, Josep de Padilla, don Pedro Trujillo, don Mar­tín
Manrique, don Diego Calero, Francisco Pineda Melián (hermano
del alcalde de Hermigua), Bartolomé de Cubas y el regidor Gonzalo
Hernández Bento con su inseparable bordón de alcalde. Hay que adver­tir,
si bien a lo largo del texto iremos proporcionando detalles de esta
índole, que como era habitual en comunidades reducidas en el A. Régi-
27
men, la oligarquía se halla enlazada sirviéndose de una estrecha endo-gamia.
Además de los datos facilitados en párrafos precedentes, resal­tamos
que el visitador y su homónimo, el capitán don Francisco Man­rique,
eran primos, y que don Martín Manrique —hermano del citado
capitán— era yerno del capitán don Domingo Trujillo, propietario del
domicilio conspiratorio tantas veces mentado ".
La camarilla resuelve —probablemente ya se disponían de contactos
previos o habían mediado conversaciones sobre el particular en otras
ocasiones— involucrar al mayor número posible de lugares de la isla,
y concentrar en Hermigua un nutrido grupo de hombres armados que
disuadiesen de modo inapelable al alcalde mayor acerca de su conti­nuidad
en el mando. De ahí el acuerdo de escribir al capitán don Lucas
Trujillo, en Chipude, para que al día siguiente viniese con su compañía
al Valle. La redacción corrió a cargo del clérigo Andrés Fernández Mén­dez
y se ofreció como correo un hermano del destinatario, don Pedro
Trujillo (éste y don Lucas eran hijos de don Domingo Trujillo, el pro­pietario
del domicilio de las reuniones, y eran concuños por enlace con
dos hermanas de la poderosa familia Manrique de Lara). En la misiva
se comunicaba a dicho capitán, con el encargo de que entregase ese
mensaje al alcalde pedáneo Pascual de Niebla Montesinos, que se deter­minaban
a hacer justicia por su mano ante la oposición condal a su
solicitud. Se pretendía la colaboración de la milicia de la zona, la nega­tiva
a reconocer a Montañés como alcalde, la desobediencia a sus
órdenes, y el toque de alarma con el pretexto de hacer velas. Para obte­ner
la alianza chipudana se aducía que contaban con el alineamiento
del sargento mayor de la isla, dejando claro para su tranquilidad quié­nes
asumían el protagonismo y riesgo de la insurrección: "en lo que
toca a mostrar la cara nosotros bastamos, y en nombre de toda la ysla,
como hijos de ella", palabras que con una doble lectura adquieren un
significado más profundo: los vecinos de Hermigua son la representa­ción
de la isla en cuanto se erigen en los paladines de las esencias gome­ras
y defienden con ardor los intereses insulares (en el último apartado
se ahondará en este punto), pero ello implicaría el reforzamiento del
Valle como centro político dirigente. El mensaje lo firmaban el propio
redactor y los otros clérigos (don Carlos López y Francisco Xuárez).
Al parecer, los más exacerbados de la junta eran los eclesiásticos
citados, Acevedo, Padilla y Gonzalo Hernández Bento, y se perseguía
como meta reunir a toda la gente de la isla y proclamar la consigna:
13. Los Manrique de Lara podían presumir de llevar sangre señorial, pues su ante­pasado
Martin Manrique de Lara había casado con una nieta de don Guillen Peíaza, señor
de La Gomera durante buena parte del Quinientos.
28
"Viva el conde de La Gomera y muera el mal gobierno". Ese lema tan
abierto y suscribible por la multitud, vitoreando la autoridad señorial
precisamente quienes negaban la sumisión a un mandato suyo, valia
como banderín de enganche para todos los indecisos y temerosos de
embarcarse en una maniobra subversiva frontal contra el señor, cuando
la memoria colectiva guardaba ingratos recuerdos de represión de la
Casa condal. La finalidad de la demostración de fuerza era el desisti­miento
inmediato de Montañés, pues planteaban astuta y exagerada­mente
la disyuntiva de su abandono o la eventualidad de una catástrofe
para la isla derivada de su administración. En la Villa contaban con
partidarios, aunque las fuentes se centren en los más directos implicados
—por su clara intervención en la dirección o por ser reconocidos en la
noche del motín—, pero al menos sabemos con certeza que algunos frai­les
franciscanos (la comunidad conventual más antigua de la isla) eran
simpatizantes de aquéllos y hasta, aunque sea de modo marginal, inter­vienen
para ayudar a sus correligionarios.
Esa noche del sábado un claro ultimátum era deslizado en una nota
por debajo de la puerta de la vivienda donde moraba el alcalde: "Señor
alférez Monttañés: ympórtale a su bieen (sic) estar el no usar en La
Gomera la vara de alcalde mayor, y assy éste le puede servir de avigo,
porque de no se attenga a lo que le subsediere". Era el preludio de una
larga y amarga jornada para el gobernador.
6. EL MOTÍN. LA FORZADA RENUNCIA DEL ALCALDE
MAYOR
En efecto, los acontecimientos centrales giran en torno al domingo,
día 15, en que el cumpHmiento del precepto católico de oír misa sirve
de excusa a los cabecillas del motín para reunirse y fraguar planes en
los aledaños del claustro conventual dominico. Esa mañana Sebastián
Pérez Montañés iba a mantener sus sentidos en disposición de captar
cuanto de sospechoso advirtiese en corrillos, rumores, ademanes, silen­cios...
Y tampoco era menester hacer gala de dotes de buen observador
para reparar en que algo en su contra se estaba gestando. El aviso de
esa noche era ratificado antes de entrar en la iglesia del monasterio
cuando Juan de Fuentes, el mozo, un probable arrepentido, le previene
de que Joseph de Padilla había intentado convencerlo para que se
uniera a la acción preparada; además, los contactos los estaba ultimando
el organizador en el convento, delatando de paso que entre los apala­brados
se hallaban Carlos de Plasencia y Juan de Olivera. Fuentes le
confesaba que no se comprometió pero que no tenía motivo para un
acto semejante ni compartía esos procedimientos.
29
No le hacían falta al alférez Montañés estos delatores, pues él
mismo constató la agitada actividad de Padilla con sus propios ojos
cuando, después de hacer oración en el convento y estando en tertulia
con fray Juan Álvarez en la puerta traviesa que daba al claustro,
reparó en el parlamento de aquél con 5 ó 6 jóvenes; a continuación,
sus idas y venidas por el corredor, maquinando en un aparte con Luis
Negrín y tornando a la rueda inicial con Antonio de Mora, Pedro de
Pineda (entenado de Bartolomé Álvarez) y un hijo de Juan Plasencia
Jara.
En vista de la situación, el alcalde mayor intenta obtener más datos
y atajar la conjura. Para ello acude al leal capitán don Francisco Man­rique,
personaje que por mantener amistosas relaciones con las partes
poseía algunas claves y con su buen hacer podía suavizar la tensión.
Montañés le confía los últimos datos amenazadores y le ruega que
hable con Padilla y con su suegro Blas Coello para sonsacarles alguna
información al tiempo que los disuadía de su propósito, o con fray
Diego del Cristo, por si éste podía contribuir a apaciguar los ánimos.
El capitán opta por entenderse con el fraile, quien le confirma los con­ciliábulos
de Padilla con varios individuos, pero por la tarde envía
recado revelando esta vez detalles más concretos y preocupantes: "se
juntarían aquella noche de siento y sinquenta ombres arríva, y que creía
que a aquella ora estarían ttocando alarma en ttoda la ysla". Montañés
no previo semejante convocatoria y prácticamente se limitó a dejarse
llevar por los acontecimientos, encomendándose a los consejos de don
Francisco Manrique y a la protección de algún fraile. Poco tenían que
presionar sus enemigos para hacerle claudicar. En realidad, fray Diego
se convirtió en un intermediario de los implicados —si en verdad no
era cómplice en algún grado de la trama—, pues exponía que tras pla­ticar
con los líderes de la conspiración había obtenido la promesa de
abandonar su criminal objetivo a cambio de la renuncia a la vara de
alcalde mayor en seis días. Fray Diego había sido avisado, desde el
mismo día de la llegada desde Tenerife del grupo que pretendió mudar
la voluntad señorial, acerca del alarmante cariz de la intriga, pues el
visitador eclesiástico le había transmitido que dichos clérigos "estavan
muy senttidos y alborottados" ante la negativa condal a su demanda.
Montañés se manifestó propicio a un arreglo con tal de que la
calma reinara y el conde no se disgustara, pero señalaba el obstáculo
de la ausencia de escribano para formalizar su dimisión, asegurando ave­nirse
a ello en cuanto esta circunstancia quedase subsanada. Esta nimia
excusa del acobardado alférez, fácilmente remediable, enardeció más que
amilanó a los cada vez más ufanos conspiradores. Era la señal de la
derrota, aunque anteriores gestos del gobernador —al parecer experto
30
en artimañas— aún provocasen escepticismo. Probablemente especularon
con que se trataba de una estratagema para ganar tiempo en tanto se
avisaba al conde, pero la desconfianza y urgencia en sus instancias para
culminar sus planes convertirían a la postre el triunfo del motín en una
pirrica victoria ante la lógica y airada reacción del señor.
El papel del clero —omnipresente hasta ahora en reuniones, nego­ciaciones,
escritos, etc.— queda aún más patente en la ceremonia de
renuncia efectuada ante el escribano Fernández Martel en la casa de
fray Francisco de Mora, cuñado de don Francisco Manrique, quien en
previsión de alguna violencia había trasladado allí al alcalde. La docu­mentación
no permite llenar con noticias ciertas el vacío temporal que
media entre la retirada solitaria a su aposento de Montañés y su de­sistimiento
como gobernador. Pero todos los testimonios, como en otros
párrafos ampliaremos, coinciden en la anormal concentración de gente
en diferentes parajes de Hermigua en esa noche, percibiéndose voces y
gritos y disponiéndose un crecido número de hombres armados junto
a la casa donde se refugiaba el alcalde mayor. No es difícil imaginar
que don Francisco Manrique nuevamente obraría como mediador, com­prendiendo
don Sebastián que ya no cabía el compromiso sino la sumi­sión
a la imposición popular. La ceremonia es sencilla y aparece
rodeada de las formalidades y circunstancias propias de un contrato
notarial a deshora. Alrededor de las once de la noche llegaron Fray
Diego y el escribano, a quien prácticamente había sacado de la cama
el primero con el ruego de que si no le acompañaba "se perdía la tie­rra",
mientras en el Valle se escuchaban silbidos de una a otra parte
(seguramente para comunicarse la inminencia del despojo); después
de una conversación del fraile con don Sebastián éste accedió a dejar la
vara, actuando como testigos el capitán don Francisco Manrique y fray
Diego, que alegaría más adelante que a él lo habían invitado para que
acudiese al acto, intentando así eximirse de su responsabilidad. Tras su
renuncia. Montañés es escoltado por Manrique hasta su casa.
A pesar de que algunas deposiciones —como, curiosamente, la del
propio alcalde mayor, que quizá pretendiera salir con más dignidad qui­tando
hierro a la sublevación— traten de presentar la cuestión como una
negociación algo forzada, otras testificaciones nos presentan más verí­dicamente
las dimensiones del motín. Una de las informaciones más
completas las suministrará Matías Melián, alcalde entonces de Hermi­gua,
quien narraba cómo esa noche le visitaron los frailes Pedro Rodrí­guez
y Miguel Antonio de Sotomayor para avisarle de que el príor, fray
Asensio Díaz, le necesitaba para una diligencia. Una vez en el convento,
junto a la puerta de gracias que miraba al claustro, encontró al prior,
al licdo. Carlos López y a otros frailes. El comisario dijo entonces: "Ya
31
tenemos aquí nuestro alcalde; salgan ustedes y bayan a la dilexensia con
nuestro alcalde", y volviendo el rostro hacia el interior de la iglesia salie­ron
de ella el capitán Pedro de Manzano del Castillo con una espada des­nuda
y Pedro López de Aguilar con un garrote y un puñal a la cin­tura.
Melián los acompañó —según su testimonio— sin conocer el
rumbo, caminando valle abajo hasta llegar a la casa donde estaba Mon­tañés.
Allí había más de 50 hombres, la mayoría rebozados y "mudados
de traje" (según un testigo iban vestidos de "caras de demonios"), a
pesar de lo cual —era noche de luna llena— reconoció a Juan García
de la Rosa y al franciscano fray Francisco Padilla (hermano de Joseph
de Padilla y cuñados ambos de Bartolomé de Cubas), quien lo amenazó
de muerte si escribía acerca del hecho, poniéndole ante sí más de 40
lanzas de hierro. Manzano y López se hicieron camino entre los hom­bres
y entraron. El atemorizado alcalde pedáneo traspuso lo más aprisa
que pudo barranco arriba, pero aún se topó por el camino con otros
40 vecinos y con el líder Josep Padilla, que iba tapado y lo amenazó
si emprendía alguna acción o denunciaba los hechos. Entre los acom­pañantes
distinguió a Gregorio de la Barrera, Nicolás Padilla Osorio,
Diego Melián, Andrés de Plasencia Jara, Ignacio de la Cruz y Juan
(esclavo del alférez Juan Melián Lovera), alférez Juan de Arias Negrín,
alférez Juan Fernández Prieto, Domingo de Herrera Prieto, mientras
otros cinco le parecieron ser de Agulo. Además, son citados en otras
declaraciones: Blas Coello de la Cruz, Juan García de la Rosa, Diego
Díaz Funchal, Antonio de Mora, Salvador de Morales.
Según el alcalde mayor, todo estaba organizado por unas seis perso­nas,
que se habían distribuido perfectamente la labor propagandística y
operativa: Josep de Padilla prevenía a los vecinos de la mitad del valle
hacia arriba: Cristóbal de Acevedo, de la mitad para abajo: Francisco
Xuárez, Gonzalo Hernández y Francisco de Armas, hacían lo propio en
Agulo. Los declarantes en la causa prácticamente coinciden en considerar
como cabecillas al comisario de la Inquisición (licdo. Carlos López de
Morales), a los también clérigos presbíteros Francisco Xuárez y Andrés
Méndez, y a los seglares Cristóbal de Acevedo, Francisco de Armas, Gon­zalo
Hernández Bento y, particularmente a Joseph de Padilla, a quien
varias personas acusaban de haberlos "solicitado" para participar.
Pero reducir la responsabilidad del motín sólo a los enunciados sería
un error, pues más bien hay que catalogarlos en su mayoría —como
es el caso de Josep de Padilla y los clérigos— como ejecutores y
correas de transmisión utilizados por la oligarquía insular. En efecto,
consta en los autos cómo además de algunos altos cargos ya citados,
intervinieron en la renuncia el alférez mayor de la isla y regidor Enri­que
de Morales (también era patrono del convento dominico), Simón
32
de Aguilar (hijo del regidor Francisco de Aguilar), y el regidor y algua­cil
mayor capitán Lucas de Herrera Bohórquez, quien como se recor­dará
se halló presente en una de las primeras reuniones.
Es difícil precisar, por otro lado, cuántas personas se congregaron
en el valle esa noche para lograr la renuncia. Si bien los conspiradores
laicos más decididos o con dotes de mando se hallaban al frente de
alguna cuadrilla en posiciones estratégicas, otra parte de la dirección,
especialmente los religiosos, instalaron su punto de observación en un
lugar distante y discreto, junto al convento, el otro gran centro de reu­nión
después de la casa del visitador. Según el escribano Fernández
Martel, al regreso de su misión notarial se tropezó en el Barranco de
Arriba con algunos hombres, y —lo que más nos interesa— al llegar
a La Calle se encontró sentados al prior fray Asensio Díaz, a fray
Pedro Rodríguez, fray Miguel Antonio, al capitán Lucas de Herrera, al
licdo. d. Carlos de Morales, Pedro de Padilla y Marcos de Castilla, quie­nes
le preguntaron —como si no estuviesen al tanto— qué ruido o
motín había en la zona. Atestiguaba el notario que fray Diego del
Cristo habló con algunos de los apostados en el barranco, que estaban
divididos en tres grupos. El testigo Bartolomé Mattys, vecino de La Oro-tava
y residente en la isla, depuso que unos decían que los amotinados
ascendían a 50, otros que a 80, e incluso había quienes elevaban la cifra
a más de 200, lo que hacía sospechar que la procedencia no se limitaba
al Valle. Otro deponente, Mateo Rodríguez, vecino herreño residente
en La Gomera, manifestaba que la cantidad de participantes superó los
150 hombres, cantidad similar a la ofrecida por el cap. d. Feo. Man­rique
de Lara, que asimismo corroboraba la distribución en tres grupos:
en Las Cañas, en la cancela de Alejo Rodríguez, y en La Calle.
Se observará la coincidencia entre los cálculos de los promotores y
el número real de participantes, entre 150 y 200, pero éste es sólo un
aspecto más a destacar de la cuidada organización del motín, a pesar
de los contados días que transcurrieron entre el regreso de Montañés
y la concentración armada. Todo funcionó correctamente: la prepara­ción
de un "clima" adecuado, las reuniones de los dirigentes, la ela­boración
de las consignas idóneas, los escritos de aviso a otros lugares,
el reclutamiento intensivo en Hermigua y Agulo —hombre a hombre—,
el operativo dispuesto la noche del quince entre el lugar de observación
—el convento— y las comunicaciones entre los previstos tres grupos ubi­cados
tácticamente para, además de presionar al alcalde, hacer frente
o disuadir cualquier oposición.
Los individuos llamados a declarar como participantes en el
tumulto, por haber sido reconocidos y citados por otros testigos,
intentan eludir su coautoria, negando haber estado fuera de su casa esa
33
noche, o simplemente cargan las tintas en Josep de Padilla, especial­mente,
que era quien reclutaba el mayor número posible de vecinos.
Es de destacar la pasividad de las autoridades locales del Valle: ya
hemos comprobado cómo el alcalde Matías Melián hizo la ronda esa
noche con Pedro Manzano y Pedro López, pero eludió encontrarse con
los grupos u oponerse a ellos por temor o complicidad. En realidad,
sólo los mandos de la milicia, implicados en el tumulto, podían haber
frenado o arrostrado la marcha de los acontecimientos.
Por lo que se deduce de los autos, no participó —al menos como
tal fuerza organizada— la compañía de Chipude. El cap. Lucas Trujillo
sí recibió la misiva y la comunicó al alcalde y a otros vecinos, que se
limitaron a decirle que era libre de asistir a la concentración. Según sus
declaraciones, el día del tumulto se hallaba en Vallehermoso, donde se
enteró de la renuncia de Montañés, aunque su actitud real cabe tildarla
de ambigua: hizo tocar a rebate falso y reunió a su compañía para
venir a la Villa, pero al final se mostró indeciso, y cuando el conde
puso pie en la isla corrió a mostrarle el escrito que le habían dirigido.
Tampoco parece claro si todos los concurrentes iban armados. En
alguna declaración se dice —buscando la exculpación o atenuante— que
sólo se pedia la asistencia para atemorizar al alcalde, por lo que no era
preciso portar armas, pero algunas mujeres que testificaron aseguraban
que algún familiar suyo iba con un alfanje o cuchillo.
En cuanto a una hipotética concreción del movimiento en otros pun­tos
de la isla, especialmente en San Sebastián, las fuentes no mencionan
nada. Ni siquiera se hace alusión a un rebato en la capital con la cola­boración
del sargento mayor, el capitán d. Alonso Dávila Orejón, en
manos de cuya familia había permanecido ese cargo desde unos sesenta
años atrás. El veterano militar, que figura ejerciendo tal cargo en 1693
—prueba de que no fue procesado ni castigado—, debió calibrar bien
las consecuencias del motín y al igual que otros miembros de la oli­garquía
que eran regidores e inevitablemente sabían que algo se estaba
preparando, mantuvo una cauta posición de espera, sin comprometerse
activamente, pero tampoco interviniendo para sofocar lo que constituía
una insubordinación a una orden señorial, o siquiera solicitando ins­trucciones
al conde o al capitán general. El otro núcleo importante,
Vallehermoso, significativamente el lugar de la isla con una mayor pre­sencia
enfitéutica de los condes e incluso de los Llarena-Carrasco, seño­res
asimismo en parte de La Gomera, debió permanecer fiel —como
otras tantas veces— a los mandatos señoriales; de ahí que los organi­zadores
no se esforzasen en atraerse a una población tradicionalmente
remisa al levantamiento.
34
7. LOS EPÍGONOS DEL MOTÍN EN LA VILLA
Buscando seguridad, Montañés decidió trasladarse a S. Sebastián con
su familia, si bien en un momento que desconocemos había enviado a
su hijo Pablo a Tenerife a dar cuenta de la resistencia, pero la noticia
que halla a su llegada a la capital no era para tranquilizarse. Una
vecina, Isabel Quintero, le cuenta que la noche en que había regresado
de Garachico su hijo dos individuos emboscados con monteras de
rebozo y armados con espadas se habían introducido furtivamente en
la casa del alcalde buscando a Pablo. La mujer los identifícó como a
un hijo del regidor Gonzalo Hernández Bento —llamado Francisco—
y a un primo de éste, Sebastián Domínguez.
Pero no todo habían de ser disgustos, para d. Sebastián pues pronto
comienza la pesquisa señorial. El segundo día de su estancia en la Villa
llegó desde Garachico Pedro Guillen y Salazar, secretario del conde, por­tando
orden de que se hiciera nuevamente con la vara de alcalde
mayor, mandato que cumplió. Pero no por ello deja de actuar el bando
opositor, aunque consciente de su mayor dificultad de organizar un
tumulto similar en la capital, menos aún con la presencia del represen­tante
condal. De ahí la diferente táctica utilizada, basada en la intimi­dación
mediante acciones aisladas, más efectistas que de alcance.
Ese mismo día amanecieron cortados los bastidores que tenía el
escribano Fernández Martel, ajeno a la trama, en la ventana de su casa.
No hay que perder de vista el valioso papel de los cartularios, cuya
importancia sobrepasa la de unos meros notarios y custodios de infor­mación
documental, que por otra parte podía resultar comprometedora
para inductores y protagonistas del motín. La osadía e intenciones últi­mas
de los conjurados es más perceptible otro domingo, el 22: al alba
aparecieron en la calle cinco pasquines, que arrancaron Pedro Guillen
y el escribano, que con alguna variante reproducían el siguiente texto:
"Montañés muera. Guillen embarqúese. Murga la lengua cortada, Palen-zuela
largue la tierra". No podía ser más expresiva la voluntad de los
autores, que extendían su animadversión a todos los que de alguna
manera apoyasen a Montañés, aunque sólo fuera obedeciendo órdenes
del señor. La hostilidad hacia Guillen era tan obvia —venía a hacer la
cesión formal de la vara a Montañés y a averiguar lo relacionado con
el motín— como peligrosa, pues se trataba de un comisionado del
conde. Difícilmente se podía esgrimir ya la concordancia entre el obje­tivo
de los revoltosos y los intereses señoriales, de modo que la con­tinuidad
en la postura desobediente podía acarrear graves consecuencias.
En cuanto a los otros personajes cuestionados, el ayudante Salvador
Martín Murga era criado y administrador condal, y Tomás de Palen-
35
zuela era el estanquero (no olvidemos que la queja que motivó el cese
provisional de Montañés estuvo relacionada con el tabaco). Poco más
cabe decir del denotativo lenguaje de los panfletos, exigiendo el aban­dono
de la isla por parte de dos de los recusados, el silencio de otro
y el asesinato del malhadado gobernador. Los papelones se fijaron tam­bién
en Hermigua y otros lugares.
Algunas pistas había acerca de la identidad de los que los habían
fijado, a través de un curioso incidente acaecido a d. Bartolomé Mattys
cuando se encaminaba montado en una yegua en la madrugada del
domingo hacia Hermigua acompañado por Silvestre, esclavo de Cris­tóbal
de Acevedo, y por Francisco, esclavo de Bartolomé de Cubas: tres
emboscados armados con lanzas que se hallaban en una callejuela firon-tera
a la iglesia parroquial habían llamado a Silvestre, mientras Mattys
continuaba con el otro esclavo, comunicándole un recado amenazador
para Mattys, a quien se conminaba a que parase a la altura del
baluarte ubicado en las afueras de la Villa, más arriba de la ermita de
S. Sebastián, y les entregase su yegua si no quería morir. Allí ftie obli­gado
a descabalgar del animal, que aparecería al día siguiente en un
pesebre propiedad del citado Cubas en Jibalfaro (Hermigua), y ftie mon­tado
por uno de ellos. Francisco declaró que el personaje a quien había
entregado la yegua era el franciscano fray Francisco de Padilla
—hermano de Josep de Padilla—, el cual le cedió la lanza que llevaba
tras montar el animal. Además, según varios testigos, era de dominio
público la autoría de los cedulones atribuida a Joseph de Padilla, a su
hermano fray Francisco, y a Francisco Patricio, hermano de d. Barto­lomé
de Cubas.
El alcalde veía cómo ni en la capital, enclave tradicionalmente fiel
al poder señorial, el representante de éste podía andar con tranquilidad.
Y no dejaba de causar desasosiego la toma de partido del clero regular
franciscano de esa villa. De hecho, en los siguientes motines, San Sebas­tián
compartirá con Hermigua la capitalidad del movimiento antiseño­rial,
y en 1762 los hechos más trascendentales giran en tomo a la Villa,
entre otras razones porque se cobra conciencia de la importancia de
tomar el núcleo sede de los órganos de gobierno insular y señorial, con
el mejor puerto de la isla, entrada y salida de mercancías y pasajeros
(con la famosa y temida aduana), y donde se hallaban las fortificaciones
y armas de mayor envergadura.
36
8. PROCESO Y CASTIGO
La información que transmitió a d. Juan Bautista el secretario con­dal,
que se encuentra con un recibimiento tan hostil, debió influir de
modo determinante en la decisión que adoptó aquél. Como se señalaba
al principio, el procedimiento judicial se activa rápidamente, dado el
extremo interés de actuar con la premura, eficacia y ejemplaridad que
el conde —presente en su isla apenas una semana después de los últi­mos
sucesos— decidió imprimir al asunto, sabedor de que en última
instancia, independientemente de la mayor o menor capacidad de Mon­tañés
como gobernante, se ponía en entredicho su autoridad y una de
las más preciadas prerrogativas señoriales, como la del gobierno político
y jurisdiccional de su territorio. Era esencial actuar con celeridad, inclu­yendo
en las diUgencias a cualquier partícipe, sin reparar en jerarquías
o afectos, si bien actuando con la prudencia y mesura convenientes. La
ira condal se evidencia en la carta que remitió al Tribunal de la Inqui­sición,
en que calificaba los hechos como "escandalosa sedición y motín
(...), turbación popular y rebelión contra la justicia".
El asunto estaba tan claro que invirtió poco tiempo d. Juan Bau­tista,
que había iniciado la toma de declaraciones comenzando por d.
Sebastián Montañés el 27 de octubre, en tomar las primeras decisiones:
el 13 de noviembre declara culpables de sedición y tumulto al comisario
d. Carlos López y a los presbíteros Andrés Méndez y Francisco Xuárez,
dando cuenta a las jurisdicciones respectivas del S. Oficio y eclesiástica
ordinaria; el mismo día dictaba auto de prisión contra el regidor Gon­zalo
Hernández y contra Josep de Padilla, que son encarcelados en la
Villa, embargando sus bienes, para lo cual comisiona al capitán Lucas de
Herrera Bohórquez. Respecto a los demás procesados, se reservaba el
continuar con las diligencias. Como era preceptivo, se envió testimonio
de lo actuado a la R. Audiencia de Canarias, pues las facultades seño­riales
en materia de justicia, en otro tiempo prácticamente ilimitadas,
se hallaban ya muy mermadas por el marco de actuación de esa ins­titución.
Pero las disposiciones del conde no se limitan a las pesquisas y
acciones judiciales, consciente de la presencia de un problema político
que afrontar. Hasta cierto punto se puede decir que los amotinados
lograron su objetivo, pues el conde destituyó —desconocemos si con­vencido
ya de su ineptitud— a Montañés y designó como nuevo alcalde
mayor, al menos desde noviembre, a d. Francisco Manrique de Lara,
facultándolo además para seguir el proceso.
El protagonismo judicial corresponderá ahora a la Real Audiencia,
que a la vista de las actuaciones practicadas, mediante su provisión de
37
23 de mayo de 1691 ordenó la prisión de los dos encarcelados por el
conde, además de Cristóbal de Acevedo, Francisco de Armas y Pedro
Trujillo, que debían ser remitidos a la cárcel de Las Palmas, sin que
ello supusiese el final de las diligencias, que debían proseguir por si
resultaban inculpadas otras personas. Se diputó para ese fin al licen­ciado
d. Gaspar Guillama, alcalde mayor y juez de residencia, que
abrió causa el 8 de septiembre de 1691. El alguacil de la residencia,
Cristóbal Trujillo, procede a la prisión y embargo del escribano Fran­cisco
de Armas, y en Arure detiene a Pedro Trujillo; sin embargo, a
Gonzalo Hernández y a Padilla no los pudo prender porque se habían
dado a la fuga —desde marzo de ese año se les declara en rebeldía—,
especulándose con que se escondían en Tenerife.
Las averiguaciones y toma de declaraciones se efectúan a veces en
lugares distintos de la capital, como Hermigua y Agulo. De las pesqui­sas
resultó la prisión, por auto de 20 de septiembre, de Francisco Patri­cio,
Bartolomé de Cubas, d. Martín Manrique, Carlos de Plasencia,
Juan de Plasencia (alcalde de Agulo), Matías Melián, Luis Negrín, Juan
de Olivera, Sebastián Domínguez (hermano de Gonzalo Hernández
Bento), Antonio de Mora, el cap. Lucas Trujillo, Francisco Hernández
Bento (hijo de Gonzalo) y Francisco (esclavo de Bartolomé de Cubas),
que ingresan en la cárcel de la Villa y sufren embargo de bienes. Asi­mismo
fue encarcelado Francisco, esclavo de Bartolomé de Cubas.
Los reos negaban su participación en los actos que les eran atribui­dos.
Por ejemplo, Bartolomé de Cubas refutaba la autoria de los cedu­lones
contra Guillen presentando como coartada su ocupación en labo­res
de encerrar vino de d. Alonso Carrasco, señor en parte de la isla,
de cuyos bienes era administrador; además, manifestaba haber rehusado
la invitación de integrar la comisión que se entrevistó con el conde,
pues sólo se ocupaba de asuntos de su familia. También rechazan su
responsabihdad Carlos de Plasencia y Francisco Patricio. Por su parte,
d. Martín Manrique justificaba su presencia en la casa del visitador ale­gando
que había ido para gestionar una petición ante Gonzalo Hernán­dez;
también insistía en que rechazó formar parte de la expedición que
viajó a Tenerife, aunque admitió haber contribuido a su financiación.
Algunas excusas y defensas eran tan poco convincentes como la de
Matías Melián, que aunque salió de ronda justificó su pasividad adu­ciendo
que se había enterado de lo ocurrido por dos religiosos.
Tirando del ovillo de las declaraciones, el juez dictó nuevas prisiones
el 7 de febrero de 1692 contra el cap. Lucas de Herrera —alguacil
mayor y comisionado en las actuaciones procesales iniciales— Enrique
de Morales (alférez mayor), Pedro López de Aguilar, Pedro Manzano
del Castillo —entonces alcalde de Hermigua—, Blas Coello de la Cruz,
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Pablo Santos y Sebastián de Gámez. Los dos primeros sufren prisión
domiciliaria.
Después de dos años, la Real Audiencia sentenció el 17 de febrero
de 1693 con las penas siguientes: como reos ausentes y fugitivos, a Padi­lla
y Hernández Bento se les condena a pena de muerte en la horca y
a 200 ducs. de multa a cada uno; a Francisco Patricio, a 200 azotes
y 8 años de galeras al remo, sin sueldo, más una multa de 100 ducs.;
a Francisco de Armas, a 8 de destierro de La Gomera y multa de 100
ducs.; a Pedro Trujillo, a servir al rey durante 6 años en un presidio
africano, más 50 ducs.; a Cristóbal de Acevedo, a 6 años de destierro
de la isla y 50 ducs.; a Matías Melián, con privación perpetua del oficio
de justicia, 6 años de destierro de la isla, y 100 ducs. Además, se hacia
constar que tras cumplir el destierro necesitaban Ucencia de la Audien­cia
para regresar a La Gomera. Por contra, eran absueltos en principio:
Pedro López de Aguilar, Enrique de Morales, Lucas de Herrera, Igna­cio
de la Cruz, Sebastián Domínguez y Francisco Hernández Bento.
Son apercibidos: Don Martín Manrique, Luis Negrín, Juan Lovera,
Antonio de Mora, Carlos de Plasencia. Además, se ordenaba al alcalde
mayor de La Gomera que prendiese a Blas Coello, Antonio de la Con­cepción,
Diego Díaz Funchal, Salvador de Morales, Juan García de la
Rosa, y recibiese sus declaraciones, para lo cual se le remitía el testi­monio
de Francisco, esclavo de Bartolomé de Cubas, que confesó
mediante tormento.
Todo no acabó ahí. Las testificaciones continúan en mayo de ese
año, sobre todo en Hermigua. Después de un nuevo y definitivo tes­timonio
de Matías Melián (el 25 de mayo), amenazado el día del motín
pero dispuesto a confesar la verdad ante la inminencia de la muerte
debido a un achaque, la R. Audiencia ordena el 10 de septiembre de
1693 al alcalde mayor de La Gomera que prenda con todo sigilo a
Pedro Manzano, Pedro López, Ignacio de la Cruz (hijo de Blas Coello
de la Cruz), Gregorio de la Barrera, Nicolás de Padilla Osorio, Diego
Melián, Andrés de Plasencia Jara (hijo de Juan de Plasencia), Juan
(esclavo de Juan Melián Lovera), Juan Fernández Prieto y Domingo
de Herrera Prieto. Una vez depositados en la cárcel de la Villa les toma­ría
declaración y embargaría sus bienes, sustanciaría la causa y remitiría
testimonio de los autos a la R. Audiencia, donde se proseguirían las
diligencias.
A la sazón Juan Fernández era alférez, y Domingo de Herrera
alcalde de Agulo y regidor de la isla. Las fuentes se entretienen en una
descripción del procedimiento seguido por los comisionados para las
detenciones: las prisiones se efectúan conforme a un minucioso plan,
comenzando por Agulo, donde se sorprende a Juan Fernández y al
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alcalde. Viniendo como habían llegado, a pie —por falta de caballos—
y con linternas, pues era de noche, las sombras colaboran con el secreto
que se habían impuesto, tocando en las casas de los sujetos pasada la
media noche.
El 21 de octubre comienzan las nuevas actuaciones con interroga­torios
bajo la autoridad del alcalde mayor. Pero los reos niegan su par­ticipación,
proclamando su amistad con Montañés, inventando coartadas
o pintorescas versiones que les hacían quedar como hombres de ley y
pacíficos y leales vasallos. Como era normal en los casos de denuncia
o delación, la defensa acusa a Melián y a otros deponentes que invo­lucraban
a los principales inculpados como personas desprestigiadas, de
dudosa veracidad, vengativas y supuestamente enemigos de los acusados,
en un intento de invalidar sus declaraciones.
Está fuera de duda que Melián, que había caído en una extrema
pobreza y vivía de la mendicidad, se sintió dolido por lo que valoró
como excesiva pena contra él, mientras otros responsables que habían
salido bien parados se habían olvidado de ayudarlo y no correspondían
a su silencio. El ahora humillado ex-alcalde descendía de una notable
familia —los Morales, emparentados con los Herrera— que había ocu­pado,
y lo seguía haciendo, cargos de poder (su padre el alférez Benito
Domínguez Melián y su abuelo Juan de Mora Melián habían sido alcal­des
de Hermigua, y su primo era el también procesado alférez mayor
y regidor Enrique de Morales Melián). La Audiencia minoró levemente
la sentencia al ahora colaborador reduciendo la sanción pecuniaria a
50 ducs. y dejando el destierro al arbitrio del alto tribunal.
Ignoramos los últimos pormenores de la actuación judicial. Sólo se
nos dice que en noviembre de ese año se libera bajo fianza a los presos
en la cárcel de la Villa atendiendo a razones humanitarias, pues la catas­trófica
situación cerealística, que además era extensible al resto del archi­piélago,
provocó que prácticamente toda la isla se alimentase con raíz
de helécho (sólo contados vecinos, como los beneficiados y el sargento
mayor, escapaban a la tónica general), y se hacía necesario que los reos
buscasen dicho vegetal para alimentarse a sí y a sus familias'". Se recor­dará
que Viera señala el perdón señorial para los inculpados. Aunque
nuestras fuentes no permitan confirmarlo, es probable que así ocurriera,
teniendo en cuenta que no se había producido otro motín en la isla
desde el siglo XV y la necesidad de granjearse la cooperación de la oli­garquía.
14. Acerca de la crónica alimentación con heléchos, vid. G. DÍAZ PADILLA, J.M.
RODRÍGUEZ YANES: El señorío..., op. cit., pp. 213-214.
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Se habrá advertido que la índole de las fuentes impide conocer la
suerte corrida por los clérigos procesados, así como una eventual exten­sión
de la responsabilidad a otros, como hubiera sido lógico, pero es
más que probable —si advertimos lo ocurrido en otros tumultos— una
actitud diplomática e indulgente y hasta el retorno de los religiosos
transcurrido un plazo discreto.
9. LAS MOTIVACIONES
En lo que respecta al fundamento real del motín alguna considera­ción
se adelantó ya en la exposición preliminar y en algún apartado pos­terior,
lo que nos exime en parte de una profundización que sería rei­terativa.
Por ello se harán algunas reflexiones en los párrafos que siguen
en torno a aspectos apenas enunciados o, en su caso, ampliaremos o
matizaremos otros.
En primer lugar, llamamos la atención sobre el escrito dirigido por
el comité conspirador a Chipude, en el que se respira una enorme impa­ciencia
ante lo que parece una debilidad señorial tolerante de la con­tinuidad
de una administración supuestamente contraria a los intereses
de la isla. Sin desdeñar la motivación de profunda injusticia que puede
esgrimirse para el tiranicidio, tenemos que hacer otro análisis a la luz
de otros pasajes documentales y actuaciones.
En segundo lugar, es preciso poner de relieve la ambición personal
de Gonzalo Hernández Bento, que en 1687 durante varios meses había
desempeñado la gobernación insular '\ siendo sustituido desde esa fecha
precisamente por don Sebastián, un personaje foráneo que rompía así
con una secular tradición —apenas rota durante el Quinientos en algún
periodo— de desempeño del cargo por la clase dominante gomera. Esta
no vio con buenos ojos la intromisión en los asuntos internos de un
representante señorial ajeno a su endogamia e intereses de grupo, y
cuyo nombramiento por don Juan Bautista Herrera puede obedecer a
un intento de atajar manejos de los clanes insulares o de castigar el
papel colaboracionista de una parte de la aristocracia gomera con don
Francisco Bautista en el largo pleito mantenido durante buena parte del
siglo XVII por el control de parte del señorío '*•. La estructura social
se hallaba consolidada y había una oligarquía que desde fmales del siglo
XVI se mantenía casi sin variaciones al frente de la isla, sin apenas otra
intromisión externa que los jueces de residencia. En cualquier caso.
15. Ibid., p. 477.
16. Ibid., pp. 86-91.
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Montañés se encontró con un grupo dirigente (grandes propietarios,
clero regular, algún escribano, parte de los regidores...) abiertamente
reacio, presto a obstaculizar el ejercicio de su cargo y a enviar conti­nuas
denuncias y quejas al conde para provocar su caída en desgracia.
A los ojos de la multitud, no les debía ser muy difícil presentar al
gobernador como culpable de sus males, máxime contando con el domi­nio
de Hermigua, centro residencial de contrapoder, y la concurrencia
del clero y, al final, la colaboración de las milicias, cuyos cargos
—como se sabe— eran desempeñados por el mismo grupo dirigente y
que previamente habían sido ganados para la causa. Presentando un
asunto de control oligárquico como materia de salvación y patrioterismo
isleño, en el que los líderes del motín emergían como el brazo justiciero
que expulsaría al foráneo responsable de todas las desdichas, el reclu­tamiento
de la masa —que se cree a salvo de represalias por la inte­gración
en la conjura de los miembros civiles y religiosos más conspi­cuos—
no supuso ninguna dificultad.
Además de lo expuesto en apartados precedentes, algunos testimo­nios
abonan el juicio vertido en el párrafo anterior. Es el caso de la
citada respuesta-disculpa de don Carlos López, que se justificaba en una
alta motivación insularista; pero especialmente significativa es la frase
que Mateo Rodríguez pone en boca de Gonzalo Hernández cuando,
estando en Agulo en compañía del licdo. Francisco Xuárez, Nicolás
Rodríguez Santos, Juan de Plasencia Mendoza y Sebastián de Plasencia,
se desarrolla un interesante diálogo entre Xuárez y Hernández. El pri­mero,
posiblemente con ironía y afán de provocación, le representa al
segundo; "Primo, vuesa merced sea muy alegre, que bolvió nuestro
govemador con su bara", motivando esta respuesta del regidor: "Gover-nador
de fuera ya no lo abrá en La Gomera, que el que fuere a de ser
a my gusto, y de no, yo no lo e de resivir", continuando Hernández
con otras expresiones en las que se proponía él como alcalde mayor,
rechazando todo gobernador extraño a la isla nombrado por el conde.
En la versión que los emisarios de la isla daban de la entrevista con
el conde, se intentaba realzar que el señor no tenía más remedio que
aceptar a don Sebastián porque tenía su palabra empeñada, de modo
que si la comisión se hubiera desplazado antes no hubiera devuelto la
vara. De esta manera ellos se presentaban como los ejecutores que con­seguían,
aunque fuera utilizando un medio ilícito, algo que el conde
deseaba.
Como era de prever, se impone la serenidad en el señor a la hora
de elegir los chivos expiatorios de una amplia confabulación, en la que
se tornaba sumamente peligroso inculpar, o al menos sancionar, a un
elevado número de la clase dominante que en algún grado, por acción
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u omisión, fue participe del levantamiento, pues era imposible que en
una comunidad tan reducida como la gomera y ligada por lazos de san­gre
no estuviesen informados los integrantes de la oligarquía de los pla­nes
de los conspiradores o de que algo serio se estaba tramando, lo que
implicaba por razones de lealtad y de defensa de la legalidad vigente
dar aviso inmediato al señor y ponerse a sus órdenes para abortar cual­quier
acción alteradora del orden. Pero ya se ha expuesto que preci­samente
ellos son el vínculo y nexo principal del señor con su territorio,
el instrumento de dominación llamado a constituir un firme aliado y
colaborador en la gestión e intereses condales, pero ahora necesitados
de un severo aviso en la persona de su miembro más obstinado y de­safiante,
el regidor Gonzalo Hernández Bento, pero con claras adver­tencias
y actuaciones humillantes (prisión preventiva, embargos, inha­bilitaciones,
etc.) para otros. Aprenderían así una dura lección: las ins­tituciones
realengas se colocan al lado de la legalidad representada por
el señor, cuyas prerrogativas jurisdiccionales de gobierno —de las que
tanto ansiaba beneficiarse la clase dominante para ejercer el gobierno
civil y militar de la isla con más arbitrariedad— no son discutidas por
las autoridades estatales.
Pero volvamos al personaje central del motín, don Sebastián Pérez
Montañés, un extraño en la isla, del que no se aportan datos en las
fuentes. Natural de Los Silos (Tenerife), era el segundogénito del capi­tán
Sebastián Pérez Enríquez y de su esposa Doña Luisa Francisca
Montañés, fundadores del convento de esa localidad". Lo más pro­bable
es que don Juan Bautista trabara contacto con él debido a la cer­canía
de ese lugar con Garachico, residencia condal, y probablemente
por el papel de los segundones que no seguían la carrera religiosa
—don Sebastián en principio fue empujado por su padre en esa direc­ción—
como administradores y apoderados de grandes propietarios. A
don Sebastián lo encontramos, después de su cese como gobernador,
actuando como apoderado o alcalde, según los años, en su pueblo
natal, ya con el grado de capitán, a fines del Seiscientos y principios
de la centuria ilustrada. Pero las relaciones señoriales con los Montañés
no se limitaron a don Sebastián, y éste es otro punto importante acerca
de la prueba de fuerza que provocó la oligarquía gomera. En efecto,
un sobrino de aquél, don Miguel Jorge Montañés, hijo del primogénito
don Miguel Pérez Montañés, regidor de Tenerife, ejerció la sargentía
mayor de La Gomera al menos en 1693 y 1704, y asimismo consta que
en 1699 (¿tendrá relación con el tumulto de ese año?) es alcalde mayor
17. J.M. RODRÍGUEZ YANES: El convento de San Sebastián de Los Silos (1649-
1836), en "El Día" (30 y 31 de diciembre de 1981).
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de la isla. Parece, por tanto, que don Juan Bautista siguió actuando
en adelante de acuerdo con su criterio; eso sí, don Miguel Jorge tuvo
la precaución de contraer matrimonio con Catalina Luis, hija de don
Antonio García Betancourt, antiguo sargento mayor de La Gomera y
administrador condal. Es más, ya conocemos que en 1743 tuvo una
impecable actuación como leal vasallo con motivo del motín un gober­nador
foráneo, el herreño don Diego Bueno.
¿Qué conclusiones podemos extraer? El cargo de gobernador cons­tituía
el eje del poder político y la máxima vía para dominar la isla por
parte de la clase dominante insular, tras los intentos en el Quinientos
de obtener parte del señorío mediante enlace matrimonial o por adqui­sición
pecuniaria de derechos, experiencias amargas todas para la familia
señorial; de ahí, por ejemplo, la terminante prohibición de casarse con
cualquier mujer de La Gomera que a principios del siglo XVII le
impone don Gaspar de Ayala a su hijo don Diego '\ Por tanto, le era
vital a esa clase retener y compartir la vara de alcalde mayor, oficio
que por otro lado los señores entienden más como un representante
político suyo que como gobernante insular que se conforma con los
votos de los regidores ". De ahí que a lo largo de la siguiente centuria,
cuando comprueban, en caso de preparación de un motín, que el gober­nador
muestra un comportamiento remiso o tibio ante sus planteamien­tos,
recurran a la convocatoria de Cabildos generales abiertos, para
cuyo buen desarrollo era esencial controlar la figura del personero gene­ral,
que de permanecer en un plano secundario en los siglos precedentes
adquiere mayor protagonismo, sobre todo en manos de los clérigos,
durante el Setecientos, variando por tanto la estrategia, las fases, y
hasta la intensidad y extensión de los motines, como ya se apuntó.
Detengámonos, finalmente, en un sector de los conspiradores que
brilla con luz propia. Como se podrá adivinar, nos estamos refiriendo
a los clérigos, promotores y protagonistas de toda revuelta que se pre­ciase
y aspirase a tener éxito. Si el clero regular es sabido juega un
papel activo en revueltas y motines en las sociedades del Antiguo Régi­men,
en las concernientes a la isla colombina podemos afirmar que
estuvo involucrado aún con más fuerza, pues sus miembros adoptan un
decisivo rol, particularmente en la estudiada en esta ocasión y en la de
1762. En el caso de Hermigua la comunidad dominica, asentada en prin­cipio
con una débil implantación numérica en 1611, vio crecer el
18. Ibid, nota 16, p. 76.
19. Muy sugerentes son las ideas y explicaciones acerca del papel de los alcaldes mayo­res
en señoríos de otras latitudes que proporciona Isabel MORANT DEUSA en su obra
El declive del señorío. Los dominios de Gandía, 1705-1837, Valencia, 1984, pp. 71-73.
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número de frailes, pero su influencia real superó lo que teóricamente
podía esperarse de una presencia conventual relativamente reducida,
pues no sólo desde los comienzos la población del Valle —ávida por
obtener la segregación parroquial y una cierta autonomía política de
la capital— les dispensó una calurosa acogida y propició su engrande­cimiento,
y los poderosos les brindaron su protección económica, sino
que con los frailes franciscanos de San Sebastián oficiaron de párrocos
o ayudantes en otros lugares de la isla donde el clero secular no quería
atender las necesidades religiosas vecinales por su lejanía y pobreza,
aumentando así su prestigio y ascendiente fuera de su monasterio. En
Hermigua, por lo demás, tuvieron el monopolio en ese sentido hasta
1650 en que se crea la parroquia, pero sin que se mermara su poder.
Por otra parte, un elemento a valorar es que las relaciones entre
clero y clase dominante no obedecen sólo a razones estamentales e ideo­lógicas,
es decir, a mutuos intereses de clase o de control social y bene­ficio
económico, sino que a éstas se les unen otras estrictamente fami­liares.
Sirvan de ejemplo, sin aludir a patronazgos de convento o cape­llanías,
los dos hijos clérigos del regidor Enrique de Morales: el pres­bítero
Juan de Mora y el dominico fray Francisco. Una ojeada a los
miembros más importantes del clero regular y secular —sobre todo, de
este último— en La Gomera, objetivo que escapa a este estudio, evi­denciaría
la ascendencia aristocrática o burguesa de los mismos. La Igle­sia
como institución tomó buena nota de los deseos de la oligarquía
y de la mayor parte del pueblo, prefiriendo en las oposiciones a bene­ficios
a los hijos de La Gomera, generalmente, miembros de la clase
dominante. Las vinculaciones sanguíneas sin duda contribuyeron a la
fluidez de las relaciones y comunidad de intereses entre los dos sectores
sociales aptos para liderar una revuelta, seguros de su capacidad de pro-selitismo
e implantación.
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