La transformación de la propiedad agraria concejil en el paso del antiguo al nuevo Régimen

              FACULTAD DE FILO RmTWWMtmi
A. M. MACIAS HERNÁNDEZ
LA TRANSFORMACIÓN DE LA PROPIEDAEi
AGRARIA CONCEJIL EN EL PASO DEL ¡
ANTIGUO AL NUEVO RÉGIMEN. I
ANEXO
1
978
LA LAGUNA - TENERIFE
tmpríni*: LITOGRAFÍA A. ROMERO, S. A.
Avda. /^gal Romaro, t/n.
Santa Cruz da Tanarifa (España)
Dapótito Lagal: TF. 172-1958
EKC^
REVISTA
DE
HISTORIA CANARIA
A. M. MAGIAS HERNÁNDEZ
DEPARTAMENTO DE HISTORIA MODERNA
UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA
LA TRANSFORMACIÓN DE LA PROPIEDAD
AGRARIA EN EL PASO DEL ANTIGUO AL
NUEVO RÉGIMEN: El Repartimiento Ilustrado
de 1769 en La Laguna
LA LAGUNA - TENERIFE
ISLAS CANARIAS
REVISTA DE HISTORIA CANARIA
Dedicada a estudios de Historia, Lingüística y Literatura
relacionados con las Islas Canarias
Fundada en 1924, se publica desde 1941 por la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de La Laguna, con apoyo
de los Excmos. Cabildos Insulares de Tenerife y La Palma y del
Secretario de Publicaciones de dicha Universidad
Director:
Dr. D. Antonio de Béthencourt Massieu
Secretario:
Dr. D. Julio Hernández García
Redacción y Administración
Universidad de La Laguna - Tenerife, Islas Canarias
¿Y creen de buena fe los señores ministros que
en el día hay más celo, actividad, orden e
inteligencia por la causa pública... que en
los primitivos tiempos? Créanlo muy enhora­buena,
pero el que ha repasado los más de los
libros capitulares no puede creerlo. {Lope
de la Guerra. 1782).
ÍNDICE NUM.
PROLOGO 9
INTRODUCCIÓN 13
I. Aproximación a la estructura de la propiedad de la tierra 15
1.1.—La propiedad privada 16
1.2.—La propiedad común 19
1.2.1.—Las suertes de propios 22
n. Algunos aspectos sobre la situación de la agricultura
tinerfeña en la segunda mitad del siglo XVIIL La de­manda
de tierra 27
2.1.—La situación de la agricultura tinerfeña 27
2.2.—El status social de las clases agrarias 37
2.3.—La demanda de tierra 44
ÍII. Teoría y «praxis» del repartimiento ilustrado 49
3.1.—^La ideología ilustrada y los proyectos de reforma
agraria 49
3.2.—La oligarquía local y el repartimiento ilustrado 55
IV. Los «nuevos» colonos de propios 69
4.1.—^Distribución inicial de las suertes y trazos concej iles 69
4.2.—^Dinámica de la propiedad 79
4.3.—ha fijación del canon 92
4.4.—ha. situación social del «nuevo colono» de propios 100
4.5.—^La concentración de la propiedad de las suertes
y trazos concejiles 108
V. La lucha por la propiedad de las suertes y el fin de la
hacienda municipal 115
5.1.—^La lucha por la propiedad de las suertes 115
5.2.—^Los ingresos de las suertes de propios y el fin de
la hacienda municipal 123
VL Conclusiones 129 I
•o
VIL Fuentes y abreviaturas 133 |
VIII. Apéndice documental 135 i
£
3
G
BIBLIOGRAFÍA 155 "
8
PROLOGO DE ANTONIO DE BETHENCOURT
La Revista de Historia de la Universidad de La Laguna tiene ya
una vieja tradición en la especialidad de estudios regionales, cuando
todavía no existía un interés científico por este tipo de trabajos. Tra­bajos
regionales indispensables para entender fenómenos de base y parti­cularidades,
sin los cuales sería erróneo acercarse a comprender o a
explicar realidades geográficas más amplias, como la historia nacional
o universal. Sin embargo, este nuevo tipo de aportaciones para desen­trañar
aspectos de la realidad social, económica, política, cultural, es­piritual,
etc.. no deberemos jamás contemplarlos aisladamente en el
pasado, sino en sus interrelaciones, no sólo superficiales, sino en pro-
Jundidad. Porque la finalidad última consiste en tratar de aproximarnos
a la compleja realidad del hombre, de nuestros antepasados, que vivie­ron
integrados en una comunidad, en su comportamiento solidario o
insolidario, para tratar no sólo de conocer su realidad, sino de algo mu­cho
más esencial, o sea, aprehender la misma realidad de las complejas
relaciones y comportamientos de conjuntos humanos en el pasado.
Nuestra revista ha pasado por diferentes etapas, según la pers­pectiva
con que los maestros que la crearon e impulsaron entendían
la ciencia histórica. Una etapa erudita, de desentrañamiento de hechos
y análisis jurídicos, responde a la época de Don José Peraza de Ayala,
su fundador. La segunda, de nuevas aportaciones documentales, con
las consiguientes nuevas interpretaciones y descubrimientos, bcgo la
dirección del llorado maestro, profesor Don Elias Serra Rcrfols. Final­mente,
la actual, a la que más arriba hacíamos referencia.
No puedo por menos de confesar que en esta última etapa la re­vista
ha sufrido azares muy diversos, que ha impedido una aparición
10
regular. Más que falta de entusiasmo e incluso materiales para su
elaboración, las razones se reducen a dos fundamentales: dificultades
financieras de todo tipo y avatares materiales de las imprentas donde
han aparecido los últimos niimeros. Pensamos que resueltos éstos, va­mos
a una rápida normalización para que sus números lleguen a los lec­tores
con la regularidad deseable.
Con esta intención hemos pensado, después de contrastar muchas
opiniones en el seno del Departamento de Historia Moderna y Contem­poránea
de nuestra Universidad, así como por parte de los miembros del
Consejo de Redacción de la misma, la conveniencia de ir dando a luz
números anuales de la Revista, con una serie de estudios monográficos
anexos a la misma.
Son muchas las razones en pro de esta iniciativa, pero hay que
pensar en una esencial. Colocar a la Revista al servicio de los alum­nos
de nuestra Facultad, de los alumnos que terminan sus estudios y em­prenden
con gran entusiasmo, para la obtención del grado de licencia­tura,
la elaboración de sus memorias o tesinas, que por su volumen y
unidad no pueden ser publicadas como artículos, permaneciendo en el
más absoluto de los silencios en la Secretaría de nuestra Facultad. De
otra parte, también a los alumnos del tercer ciclo, que al compás que
trabajan en sus tesis doctorales, les surgen problemas complementarios,
muy interesantes, que tampoco tienen cabida en revistas como simples
artículos y acaban abandonando, porque ni pueden ni deben insertarse
en la tesis y tampoco tienen cabida en las publicaciones al uso.
Este es el caso del primer número que aparece como anexo a la
Revista de Historia. Su autor es A ntonio M. Macías Hernández, joven
profesor del Departamento, quien para su suerte y la nuestra está es­pecialmente
dotado para la investigación histórica. Puedo asegurarlo
por su capacidad de trabajo en los archivos, por no asustarse ante la
elaboración de cuadros y gráficos, los más sofisticados que exije la
actual metología para éstos aspectos del pasado, su estar al día en
todo lo que aparece dentro y fuera de la publicística española y por
una enorme capacidad de reflexión, crítica y autocrítica de cuanto
realiza.
La primera prueba de lo antes aseverado fue su «tesina», que ha
aparecido resumida en el Anuario de Estudios Atlánticos, correspon­diente
al pasado año de 1977, con el título: «El motín de 1777. Su sig­nificación
socioeconómica en la comarca del suroeste de Gran Canaria»,
II
que no sólo ha obtenido una espléndida acogida —acogida de la que
ya tenemos muchas pruebas—, sino que aparece en muy pocos meses
citada en trabajos de los muchos autores que se preocupan por estos
temas en España.
Mientras elabora su tesis doctoral, que esperamos lea en un pla­zo
no superior a dos años, trabqjo de una envergadura verdaderamente
asombrosa, porque está manejando la ingente documentación de los
diezmos eclesiásticos que se conservan en la catedral de Las Palmas
desde fines del siglo XVI hasta el momento de la desamortización del
ochocientos, lo que le servirá, con un adecuado tratamiento con orde­nadores,
para valorar la evolución coyuntural de la producción agraria
del A rchipiélago en un período tan largo, con las implicaciones econó­micas,
sociales, políticas, de poder, etc.. y la dialéctica que originan
los fenómenos y el juego de las nuevas capas sociales que la producción
de subsistencias o los mercados exteriores producen dentro de este
cosmos complejo que es el Archipiélago.
Por lo que toca al repartimiento ilustrado de 1769 en La Laguna
y su repercusión en la transformación de la propiedad agraria de las
tierras concejiles en el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen, es po­co
lo que deseo anticipar. Pienso que el lector atento sacará las con­clusiones
que le parezcan más convincentes y correctas. Por tanto, son
los lectores quienes deben valorar esta aportación en toda su profun­didad,
novedad en estudios de los que carecemos casi por completo
a nivel nacional, una media docena, e inédito por lo que se refiere
a Canarias.
Por ello, no voy a entrar en un análisis del contenido de la
monografía de Antonio Macías. Pero si quisiera hacer una reflexión
anecdótica en algo que el autor elude. Cuando siendo muy joven
vine por primera vez a La Laguna, con motivo de realizar las pruebas
para el acceso a la Universidad, me llamó profundamente la atención
el paisqie agrario que rodea la Ciudad de los Adelantados, con sus
largas fratyas longitudinales de terreno, separadas por múreles de
pequeña relevancia, pero que dibujaban bien un cierto sentido de la
propiedad, lo que por otra parte no es extraño en nuestras Islas.
Más tarde, para elaborar mi trabajo sobre los vinos, volví en 1954,
siendo ya doctor. Con la petulancia propia de lo aprendido en los li­bros,
pensé que la clave podría estar en el primer repartimiento del
Adelantado, tratando de, como en Castilla y la Baja Andalucía, man­tener
un tipo de campos abiertos y de explotación comunitaria en
terrenos idóneos para el cultivo cerealístico. Sin embargo, metido de
lleno en el archivo del antiguo Cabildo, en cuestión de horas pude
12
comprobar que mi injustificada hipótesis era falsa, porque todas esas
tierras eran concejiles y, por tanto, tenían que ejercer la función del
saltus, sin posibles límites entre parcelas, para un mejor aprovecha­miento
para el ganado. Finalmente, ya aquí de catedrático y leyendo
en la Económica los escritos del marqués de Villanueva del Prado,
tuve conciencia plena de que el típico paisqje agrario lagunero es
obra no sólo de los hombres, sino más específicamente de los hom­bres
de fines del siglo XVIII. Hombres ilustrados que pretenden solu­cionar
problemas complejos con una determinada óptica política, y
campesinos que están ansiando pasar a ser pequeños propietarios, a
pesar del «canon», debido al crecimiento demográfico; ilusión y es­peranza
que una realidad más compleja —analizada por el autor con
abundantes testimonios documentales y una paciencia benedictina—
desvaneció lamentablemente.
Pero creo que el solo hecho de comprender y entender como el
paisqje agrario que rodea nuestra vieja y deteriorada ciudad es una
obra del hombre, de unos hombres apenas alejados en dos siglos de
nosotros, es un hallazgo importante. Debemos tener conciencia de
ello, porque quizás, o sin quizás, la próxima generación contemple
otro paisqje sobre esos mismos antiguos campos del viejo Cabildo de
Tenerife, transformados por un proceso desamortizador y ahora de­vorados
por la especulación y la nueva presión demográfica.
Finalmente, quisiera desde este prologuillo hacer una llamada a
nuestras autoridades municipales, sobre todo a aquellas que, llevadas
de la mejor intención y preocupadas por el pasado de sus pueblos y
términos, convocan regularmente concursos para premiar monografías.
En el caso del libro que hoy presentamos, me veo obligado a referir^
me al Excmo. Ayuntamiento de La Laguna y a su premio Serra Rafols.
Este trabtyo fue presentado en un 90% a dicho premio en 1977 y el
jurado formado consideró oportuno dejarlo desierto. La única expli­cación
que manifestó a la prensa uno de los vocales fue que el autor
manejaba mucha documentación, pero con escasa elaboración. Todo
historiador avezado e interesado por las actuales corrientes metodoló­gicas
en que se desenvuelve la investigación histórica actual y cono­cedor
de los problemas históricos en que este trabqjo se inserta, con
gran dignidad, a nuestro entender, podrá, tras su lectura, juzgar de
modo más científico y desapasionado.
Antonio de Bethencourt
13
INTRODUCCIÓN
La desamortización no es un hecho propio del siglo XIX, co­mo
tampoco lo es el interés de un Costa jxar su combinación con
una reforma agraria en el sentido social de la expresión, es decir, de
repartimiento de tierras entre el campesinado. Este proceso desamor-tizador
y esta combinación tienen un origen claro en la ideología y
en las leyes dictadas por los ministros ilustrados, como tan brillante­mente
supo ver Marcelin Defoumiaux en su «probleme de la terre»
en Andalucía.
Las tierras que se extienden por los alrededores de la ciudad de
La Laguna, antigua capital de la isla de Tenerife, así como otras exis­tentes
en algunos lugares, eran propiedad del Cabildo en calidad de
dehesas concejiles. En las siguientes páginas de este trabajo trato de
ofrecer al lector im estudio del proceso de reforma agraria ilustrada,
realizada en la isla de Tenerife y que, desde el punto de vista historio-gráfico,
pudiera ser un ejemplo más de como se efectuó el tránsito de
la propiedad agraria comunal del modo de producción feudal al capi­talista;
ejemplo que, dada la escasez de investigaciones sobre este hecho
a escala regional, plantea muchas limitaciones y la necesidad de aven­turar
algunas hipótesis. A pesar de ello, espero que el lector sepa discul­par
estas deficiencias y que este trabajo sea una aportación más para
la historia regional.
Quiero hacer constar aquí mi agradecimiento a los profesores
A. Bethencourt Massieu, T. Noreña Salto, A. Galván Tudela, quienes
leyeron el manuscrito y me aportaron muy valiosas sugerencias, y a
A. M. Bernal, quien me ayudó a la confección de los cuadros y en la
crítica al modelo de análisis.
15
I
APROXIMACIÓN A LA ESTRUCTURA DE LA PROPIEDAD
DE LA TIERRA
El estudio de la propiedad agraria en Canarias es muy problemá­tico,
ya que el Catastro de Ensenada, el documento base para reali­zar
tal tarea, no incluyó el Archipiélago (1). Por ello, en este capítulo
intentaremos dar una visión aproximada de la situación de la propie­dad
agraria, sobre todo de aquella mediante la cual los ministros ilus­trados
trataron de mejorar la condición social del campesinado (2).
A un nivel muy general, en la sociedad agraria del Antiguo Ré­gimen
la propiedad de la tierra se estructuraba a partir de la coexis­tencia
del binomio propiedad privada - propiedad común, «ager y
saltus» (3), y de un sistema de relaciones socioeconómicas y jurí­dicas,
—los usos y costumbres comunales—, que sancionaban esta
estructura y su funcionalidad, limitando el libre ejercicio de la propie­dad
en el sentido burgués de la expresión. Para Soboul, éstos son los
rasgos que definen la estructura de la propiedad de una comunidad
campesina en el modo de producción feudal (4); su análisis en las
(1) JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: «La población de las Islas Canarias en la
segunda mitad del siglo XVIII», Anuario de Estudios Atlánticos, n° 14, (1968), pág. 3.
El autor indica la inexistencia del Catastro de Ensenada para el Archipiélago.
(2) El término «campesinado» lo utilizamos en todo el texto en el sentido propuesto
por HILTON R. H.: The English peasantry in the later Midle Ages, Oxford, 1975,
pág. 13, citado por TORRAS, J.: Liberalismo y rebeldía campesirm. 1820-1823, Bar­celona,
1975, págs. 9 - 10.
(3) GOUBERT, P.: El Antiguo Régimen, Buenos Aires, 1971, págs. 97-100.
(4) SOBOUL, A.: «La communauté rurale». Ponencia presentada al coloquio sobre
ETNOLOGIE ET HISTOIRE. Forces productives et problems de transitión, París, 1975.
16
diferentes comunidades rurales del Archipiélago constituye un campo
de investigación todavía inexplorado por la historiografía regional.
Como vemos, una estructura compleja que en la segunda mitad del
siglo XVIII entró en una fase de reforma y de cambio, respectivamente.
1.1.—La propiedad privada.
La conquista y posterior colonización de las Islas significó desde
un primer momento una redistribución de las fuerzas productivas,
sobre todo de la tierra y del agua, entre las clases sociales protagonis­tas,
es decir, la implantación de una diferente mentalidad y organiza­ción
económica, social y política, una nueva formación social, en opo­sición
a la indígena.
A nivel jurídico institucional, la propiedad privada adquirió una
división similar a la peninsular. Así, la tierra se encontraba dividida
entre la Corona, la Iglesia e instituciones religiosas, el municipio, los
propietarios particulares con tierras vinculadas y aquellos otros con
tierras sin vincular.
Las tierras de la Corona, en aquellas Islas cuya conquista fue
auspiciada por la misma, recibían el apelativo de realengas; más ade­lante
nos referiremos a su dedicación dentro del conjunto de la eco­nomía
agraria, junto con aquellas otras que pertenecían a los concejos
con el nombre de bienes concejiles.
Las pertenecientes a la Iglesia e instituciones religiosas, conoci­das
como propiedades de manos muertas, son por el momento difíci­les
de evaluar, dada la carencia de investigaciones.
Adeje y Valle de Santiago eran tierras señoriales, adquiridas en
la segunda mitad del siglo XVII por las familias Ponte y Hoyo, res­pectivamente
(5), al socaire de las ventas de pueblos realengos, rea­lizadas
por Felipe IV, —ante los apuros económicos de la Coro­na
(6)—, con la consiguiente repulsa del Concejo de la Isla por la
(5) Por real cédula de 21 de noviembre de 1665, Felipe IV concedió el señorío
jurisdiccional, solariego y territorial del término de Adeje a Juan Bautista de Ponte y
Fonte Pagés, y por otra de 3 de julio de 1663, el de Valle de Santiago a Fernando de
Hoyo-Solorzano y Alzóla, pagando este último por la merced 3.200 ducados de plata.
Véase: Nobiliario de Canarias. Tomo III, La Laguna, 1959, págs. 37, 1.018-1.019.
(6) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: El Antiguo Régimen: Los Reyes Católicos y
los Auslrias, Madrid, 1973, págs. 118-119.
17
pérdida y reducción de sus tierras y de su poder jurisdiccional, y la
oposición de los mismos vecinos de los pueblos respectivos (7).
Los propietarios particulares podían tener sus tierras vinculadas
en calidad de mayorazgo, régimen intransferible de propiedad, a fin
de impedir que con los sucesivos repartos entre los diferentes here­deros
quedase desmembrada la hacienda. Fue una medida dictada por
los Reyes Católicos, —leyes de Toro de 1505—, con objeto de asegu­rar
los linajes a cambio de la pérdida de su poder político y el someti­miento
a la Corona. Por otra parte, no se trató sino de favorecer a los
grandes propietarios pero, en la práctica, la penuria de la Hacienda
hizo que pudieran constituir mayorazgos personas con un capital io-mobilͣ
u-io cada vez menor, con lo que la erección de un vínculo se
convirtió en un factor de movilidad social. En efecto, una vez creado
el mayorazgo compraban el título de hidalguía o se hacían pasar por
tal, viviendo del producto de las rentas.
Tal como hemos indicado, este proceso de vinculación se inició
en las Islas desde los primeros momentos de la realización de los re­partimientos,
una vez que hubo finalizado la conquista, según mani­fiesta
el marqués de Villanueva del Prado, Alonso de Nava y Grimón,
una de las figuras principales del movimiento ilustrado de las Islas;
proceso que, como el mismo autor señala, siguió produciéndose duran­te
las centurias siguientes, con lo cual la grsm cantidad de pequeños
mayorazgos no permitían a sus propietarios vivir con el decoro co­rrespondiente
a su hidalguía (8).
Finalmente, existían las tierras sin vincular, tierras que podían
ser enajenadas. Sin embargo, la situación de esta tierra libre era
«poco boyante, al encontrarse, por im proceso secular, sobre­cargada
con censos, tributos, capellanías y memorias de
aniversarios» (9).
(7) El primer intento de crear un señorío en Adeje por la familia Ponte fue en
1553, pero no se logró por la viva oposición de los vecirws del lugar. En la segunda mitad
del siglo XVII, al mismo tiempo que se enajenan los pueblos de Adeje y Valle de Santiago,
se intenta lo propio con los de Argual y Tazacorte en la isla de La Palma, por la familia
Massieu, pero no llegó a realizarse por la oposición esta vez del Concejo de la Isla. Sobre
esta cuestión puede verse: VIERA Y CLAVIJO, J.: Nolicias de la Historia General de
las Islas Canarias. Tomo II. Ed. Goya. Santa Cruz de Tenerife, 1971, págs. 132 y 245 - 246.
(8) A.S.E.A.P.L.L. Manuscritos del marqués de Villanueva del Prado. Tomo XV.
Obras Políticas. Informe sobre el repartimiento de baldíos (1788).
(9) BETHENCOURT MASSIEU, A.: «Aproximación a la economía canaria
(1770-1800)», Revista Campas, (mayo, 1976), pág. 34.
Todo ello traía como consecuencia el que las crisis agrarias les
afectasen en mayor medida, lo que se traducía en su disminución a
favor de los grandes propietarios, pasando a engrosar las tierras de
los mayorazgos.
El ejercicio del derecho de propiedad en el modo de producción
feudal se encontraba fuertemente limitado por los usos y costumbres
comunales, por el derecho de pasto. Levantadas que sean las cose­chas
en las tierras de pan sembrar, los rastrojos y la yerba que naciere
durante el barbecho, «el manchón», quedaban de pasto común para
todos los vecinos de la comunidad.
Esta limitación del derecho de propiedad por el privilegio del
pasto común se encontraba regulada en las Ordenanzas de la Isla (10).
Pero es interesante destacar que los propietarios de tierras de pan sem­brar
podían dejar un solo manchón en sus heredades para pasto ex­clusivo
de sus bestias de labor, siempre que dicho manchón no exce­diera
de cuatro fanegadas en 1548, ampliadas a ocho a partir de
1621 (11). Esta cuestión adquiere especial importancia en nuestro
trabajo si tenemos en cuenta que las suertes concejiles tenían ocho
fanegadas de superficie, lo cual significaba para los posibles arrenda­tarios
de dichas suertes poder disfrutar en exclusiva de sus rastrojeras
(Véase apéndice documental I).
Por otra parte, la protección y cuidado al viñedo impuso la prohi­bición
de que
«en ningún tiempo del año los ganados de los vecinos entren
en las viñas a comer la oja ni la ierba, aunque las viñas sean
de los propios dueños del ganado» (12).
Prohibición confirmada en 1586 (13), una nueva real orden en 1781 (14)
planteó su posible derogación y un informe de la Sociedad de Econó­mica
de La Laguna, de acuerdo con la de Las Palmas, indicando lo
(10) PERAZA DE AYALA, J.: Las Ordenanzas de Tenerife y otras estudios
para la historia municipal de Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1976.
(11) Ibidem, págs. 140-141.
(12) Ibidem, pág. 141.
(13) Ibidem, pág. 140.
(lé) A.S.E.A.P.L.L. Actas de agricultura. Acta del 26-1-1782. Libro 8.o,
fbl. 5vto-7r.o.
19
perjudicial de la entrada de ganados en las heredades de viñedo (15).
Así pues, aparte de la consideración de otros factores que por el
momento no están analizados, la posibilidad, en primer lugar, de po­der
dejar los propietarios productores de cereales un manchón de ocho
fanegadas en sus predios, en beneficio de su ganado de labor, unido
a la existencia de la pequeña propiedad, —cuestión que habría que
cuantificar—; la práctica de los grandes propietarios en función de
determinadas relaciones contractuales, —arrendamiento, enfítéusis,
media perpetua (16)—, y/o la no concentración parcelaria, unido
todo ello a la prohibición de la entrada del ganado en tierras dedica­das
al viñedo, significaban una reducción importante del derecho de
pasto común, con el consiguiente perjuicio para la economía ganadera.
Pero las tierras fundamentalmente destinadas a zonas de pasto
son las de propiedad común.
1.2.—La propiedad común.
Con las tierras bajo este status jurídico los ministros ilustrados
trataron de corregir en lo posible la desigual distribución de la propie­dad
de la tierra, intentando dar una respuesta a la demanda de tierra
del campesinado. Veamos, por consiguiente, que finalidad desempe­ñaban
estas tierras dentro del proceso productivo agrario y su situa­ción
antes de la realización del repartimiento ilustrado.
En la economía agraria del modo de producción feudal, la fun­ción
destinada a la propiedad común era de singular importancia:
obtención de madera, fabricación de instrumentos de producción,
materias orgánicas para estiércol, carbón, brea, e t c . , y zonas de pas­to,
sobre todo en aquellos períodos del año agrícola en que las parce­las
se hallan sembradas, y dada la importancia del ganado, no sola­mente
como fuerza de trabajo, sino también como único medio de
obtener abono, sin el cual era imposible mantener a un cierto nivel el
rendimiento de los cultivos. Así pues, un equilibrio básico entre agri­cultura
y ganadería, entre propiedad privada y propiedad común, que
(15) Ibidem, fol. 28 r.» - vto.
(16) Contratos agrarios que traspasaban al propietario del dominio útil la posi­bilidad
de dejar manchones para su ganado de labor.
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21
también constituyó una de las preocupaciones del reformismo borbó­nico
en materia agraria.
En las Islas de realengo, las tierras baldías y los montes tenían
esta función de propiedad común, —aún siendo de la Corona por
derecho de conquista (17)—, junto con aquella otra propiedad del
Concejo, denominadas por ello tierras concejiles (18).
Parte de estos terrenos de propios tienen su origen en los pri­meros
repartimientos, dada la naturaleza y mentalidad feudal de la
nueva estructura económica. Ante la insistencia de los regidores, ale­gando
la necesidad de dehesas para pasto y de propios (19), la Corona
ordenó al Adelantado que señalase terrenos suficientes para el Cabil­do.
Se posesionó de ellos en 1505 (20), siendo ratificados en 1620 (21).
Con respecto a las dos dehesas de la Orotava, su data por el Adelantado
fue en 1522 (22).
Otra parte de las tierras concejiles fueron adquiridas por el Ca­bildo
durante el siglo XVI, sobre todo en los alrededores de la capital
de la Isla, ante la necesidad de aumentar los pastos de su dehesa
(Cuadro I).
Como puede observarse en el mapa adjunto (23), la extensión
de la superficie propiedad del Concejo en La Laguna era considerable:
comprendía todas las tierras de los alrededores del recinto urbano,
lo cual supuso una limitación al futuro crecimiento de la ciudad, como
indicó el mismo Adelantado en 1514 (24). Teniendo en cuenta sola-
(17) Esta es la condición jurídica de que se vale la Corona para considerar de
su patrimonio las tierras baldías en la Edad Moderna. Se ha de tener en cuenta que
las Islas de Gran Canaria, Tenerife y La Palma fueron conquistadas por la Corona.
Sobre esta cuestión, véase: NIETO, A.: Bienes comunales, Madrid, 1964, pág. 145.
(18) Esta función comunal de los bienes realengos queda estipulada en los mismos
repartimientos de tierras al Concejo. Se delimitan sus terrenos y se indica «que los
otros montes y montañas de la dicha Isla, que no son ni se incluyen en los limites de
susos declarados, que queden para que los vezinos e moradores de la dicha Isla se
puedan aprovechar de ellos, y que demás de esto, los vezinos e moradores de esta Isla,
teniendo Ucencia de la Justicia e Regimiento puedan cortar^., madera y leña para los
edificios y cosas necesarias». Véase: NUÑEZ DE LA PEÑA, J.: Conquista y Anti­güedades
de las Islas de la Gran Canaria. Madrid, Imprenta Real, 1676, págs. 208 - 209.
(19) ROSA OLIVERA, L.: Evolución del régimen de administración local en
Canarias, Madrid, 1946, pág. 141.
(20) NUÑEZ DE LA PEÑA, J.: op. cit., págs. 200-207.
(21) A.M.L.L. Reales Cédulas. Doc. sig. R - VII, n.» 9.
(22) Fontes Rerum Canariarum. Acuerdos del Cabildo de Tenerife. Vol. IV
(1518-1525). La Laguna, 1952, págs. 171-172. Acuerdo del 10-III-1522.
(23) Véase pág. 71.
(24) Acuerdos del Cabildo de Tenerife. Vol. III, pág. 58. Acuerdo de 10 - XI - 1514.
22
mente la superficie de las suertes destinadas a ser repartidas en 1769,
la misma aproximadamente que en 1620, como veremos más adelante,
ascendía en total a 2.888 fanegadas. Las dos dehesas de La Orotava
tenían en conjunto en el momento de ser dadas al Concejo 776 fane­gadas
(25).
Estas tierras concejiles podían mantenerse en estado inculto para
pastos, —las dehesas—, o repartirse anualmente o por períodos de­terminados,
ya sean algunos lotes o su totalidad, entre los labradores
que las desearan, a cambio de una renta con destino a los propios.
Tal es el caso de las suertes de propios de La Laguna, Orotava y Realejos.
1.2.1.—Las suertes de propios.
La situación geográfica y las características morfológicas del
municipio lagunero, de la vega de Agüere, con suelos ricos y profun­dos
y con una humedad favorable por las condiciones climáticas, con­vertían
su espacio agrícola en uno de los mejores del Archipiélago.
Así pues, su colonización y roturación no podían retrasarse. Dos cues­tiones
van a impulsarla, al igual que con las otras dehesas de La Orotava.
En los inicios de la colonización de la Isla, es indudable la nece­sidad
de abundantes caudales de propios, de fondos públicos, para
acometer las precisas obras de acondicionamiento de interés comuni­tario.
Esta es la explicación a la preocupación de los regidores en sus
planteamientos por aumentar el volumen de las rentas del Concejo,
puesto que las que habían sido concedidas se hacían cada vez más
insuficientes. Fue preciso una ampliación de los ingresos.
En acuerdo de julio de 1521 se aprobó la roturación de una parte
de la dehesa de La Laguna (26), con asistencia del mismo Adelantado
y a pesar de la oposición de los ganaderos (27). Otra parte sería rotu­rada
en 1527 (28). Con respecto a las dos dehesas de La Orotava, en
(25) Al objeto de que el lector que desconoce las Islas valore el alcance de la
superficie propiedad del Concejo, ha de tener en cuenta que la fanegada de tierra equi­vale
aproximadamente a 5.505 metros cuadrados y que la superficie total de la isla
de Tenerife es de 1.928, 9 Kilómetros cuadrados.
(26) Acuerdos del Cabildo de Tenerife. Vol. IV, pág. 98.
(27) Ibidem, págs. 171-172. Acuerdo del 5 - XI - 1522.
(28) A.M.L.L. Libros de Acuerdos del Concejo. Libro 2.», oficio I.", fol. 181.
Acuerdo del 26 - VII - 1527.
23
su concesión por parte del Adelantado en 1522 se ordenaba que una
de ellas, la llamada de San Antonio o de la Caleta, sería para pastos,
mientras que la denominada de San Sebastián se dedicaría a pan
sembrar y la renta sería para los propios. Posteriormente,
«de consentimiento de los vecinos... se cultiva lo que per­mite
el terreno de una y otra, alternando los años para que
siempre quede la mitad para pasto, y asi un año se arrienda
la mitad a trigo y la otra mitad a dinero» (29).
El segundo motivo que obligó a roturar las dehesas concejiles
fue la demanda de un mercado interno. En efecto, el desarrollo de­mográfico
inicial, incrementado por la arribada continua de nuevos
pobladores, así como el estímulo que para este desarrollo significaba
la atracción del cultivo azucarero, en función de una demanda exte­rior,
planteó una necesidad creciente de granos. Esta es la causa de que
el Adelantado proponga la roturación de la dehesa (30).
A partir de 1520, estas roturaciones, junto con las que supone­mos
realizadas en otras áreas de la Isla, permitieron superar por varios
decenios las crisis carenciales, exportar granos a las otras Islas e, in­cluso,
en determinados años de superproducción, su extracción fuera
del Archipiélago (31). La isla de Tenerife se incorpora de esta ma­nera,
no solamente por el auge del cultivo azucarero, sino también por
su autoabastecimiento, a la lenta expansión económica que conoció
todo el Occidente europeo en este momento (32).
Pero si la necesidad de propios y de subsistencias fueron las cau­sas
que, a nivel económico, impulsaron la roturación de las dehesas,
a nivel social, de la misma clase dominante, también existía un interés
fx)r su cultivo: regidores y gobernador de la Isla estaban directamente
(29) A.M.L.L. Propios, leg. 44.
(30) SERRA RAFOLS, E.: Recensión bibliográfica al trabajo de CAMAÑO Y
PEREZ-GALDOS, G.: «El cultivo de cereales, viña y huerta en Gran Canaria», en
Revista de Historia, n." 157- 164 (1968- 1969), pág. 268.
(31) CHAUNU, P.: Sevilla et l'Atlantique (1504-1650). Tomo VIII (1), París.
1959, págs. 370-371.
(32) Con respecto a la expansión del cultivo cerealístico en la Península, véase:
VICENS VIVES, J.: Historia Económica de España, Barcelona, 1972, pág. 313. Para
Europa, SLICHER VAN BATH, B. H.: Historia Agraria de Europa Occidental, Madrid,
1974, pág. 213, y ABEL, W.: Crisis agraires en Europe (Xllle - XX siecle), París, 1973,
págs. 139- 159.
24
implicados en la explotación de las suertes de propios, como veremos
más adelante. Nos interesa aquí precisar con mayor insistencia el papel
jugado por las suertes concejiles en el conjunto de la economía agraria
insular.
La roturación de la dehesa de La Laguna no fue completa, se­gún
parece, durante el siglo XVL pues a comienzos de la centuria
siguiente, en acuerdo de octubre de 1608, se resuelve que se remate
por primera vez y para la cosecha del año siguiente
«los baldíos nuevos todos y el sercado del canio (Ascanio)
e lo que mas pareciere a su merced el señor corregidor e
caballeros diputados de los meses» (33).
En 1620, el área que se pone definitivamente en cultivo de la
dehesa de La Laguna se corresponde aproximadamente con la que
se encontraba roturada en la segunda mitad del siglo XVIII, antes
del repartimiento ilustrado (34). En acuerdo de setiembre de 1620
se expresa que
«conviene que se arriende luego para la cosecha del año de
siscientos y veynte y uno el llano de de la Laguna... Y ansí
mismo se arrienden las suertes que ay en el rodeo de en-medio,
del medio de el hacia arriba hasta el bailado del
peñón, y el dicho arrendamiento se manda haser por qua-tro
años, por causa de que son las mejores tierras del dicho
rodeo y an criado mucho helécho y conviene el desmontar­las
y beneficiarlas, con que (los) que ansí las arrendaren
an de ser obligados a aderezarlas y limpiar de heléchos de
rais, con que si ansí no lo hisieren, que a su costa puedan
mandarlo haser... Y que ansi mismo se arriende la mitad
del Rodeo alto, del medio arriba, por un año. Y ansi mis­mo
se arriende por otro año los baldíos viexos y luego se
ponga por era del dicho arrendamiento» (35).
(33) A.M.L.L. Doc. sig. R - XLIV, exp. n.o 20. Arrendamiento de suertes concejiles.
(34) Ibidem. La superficie que en este año de 1620 se pone en cultivo es de
2.920 fanegadas.
(35) Ibidem.
25
Por otra parte, esta expansión del cultivo en las tierras comunales
va a provocar conflicto con los ganaderos, que ven disminuir, —aun­que
creemos de forma coyuntural, no definitiva—, aquellas áreas que
el Concejo había destinado tradicionalmente al ganado menor, con­cretamente
los baldíos (36).
¿Qué hipótesis provisional podemos plantear para aclarar algu­nos
aspectos de este avance roturador? A medida que la crisis del cul­tivo
azucarero de exportación se acentuaba, al ser paulatinamente
sustituida la producción azucarera canaria en los mercados compra­dores
por la de otras áreas, concretamente las Antillas (37), se iba
produciendo paralelamente una expansión del viñedo en aquellas tierras
dedicadas preferentemente a la caña de azúcar, lo cual permitió a la
isla de Tenerife, dada su mejor producción de caldos con respecto al
resto de las Islas, superar la crisis azucarera sin acusar demasiados
desequilibrios en su economía agraria. Esta lenta sustitución y consi­guiente
expansión del viñedo pueden damos la explicación posible.
A fines del siglo XVI, la producción cerealística tinerfeña en­tró
en una nueva coyuntura: de ser suficiente para el abastecimiento
del mercado interno, pasó a deficitaria. Como señala Chaunu,
«le reversement de la tendance du commerce céréalier doit
étre lié, également, a l'accroisement extraordinaire du vignoble
canarien» (38).
En efecto, la expansión del cultivo vitícola ocasionó un retro­ceso
del área tradicionalmente destinada a la producción cerealística.
Así, en acuerdo de 1605 se señala que ha descendido la cotización
de los vinos por falta de calidad, al estar cultivándose el viñedo en tie­rras
cada vez más altas (39). Y en acuerdo de octubre de 1615, el re­gidor
Miranda indica que
(36) Ibidem, exp. n.° 62 y 63. En acuerdo de Cabildo de setiembre de 1633 se
acordó sembrar los Baldíos y Tabaidal, términos que servían de pasto para el ganado
menor, «y asi el ganado perescera», señalan los ganaderos, solicitando del Concejo
que «su remedio esta a cargo de Vuestra Señoría, y acudir a que aia pastos para la dicha
criasion y para sembrar, de suerte que nos nos denunsien en los pastos y pagos que
Vuestra Señoría señalare».
(37) MORALES LEZCANO, V.: Síntesis de la Historia Económica de Canarias.
Santa Cruz de Tenerife, 1966, pág. 19.
(38) CHAUNU P.: op. cit. pág. 374.
(39) A.M.L.L. Libros de Acuerdos del Concejo. Libro 19, oficio 1.°, Acuerdo
del 4 - III - 1605.
26
«es muy notorio y conosido el daño universal que se sigue
a toda esta Isla con las muchas viñas que se an plantado,
ansi por la falta de pan que en ella ay de muchos años a
esta parte, como de la cría de ganados... porque muy gran
parte del pan que se gasta en ella en el discurso del año
viene de reinos extraños» (40).
El avance del viñedo en tierras marginales obligó a la clase do­minante,
propietaria de los grandes mayorazgos de la costa, —área
de mejor calidad en la producción vinícola—, a poner un coto a la
expansión para proteger la cotización de los vinos, tratando de evitar
una caída de los precios por una superproducción o por la mala cali­dad
de los caldos. En dicho acuerdo de Cabildo de 1615 se planteó
incluir en las ordenanzas de la Isla la prohibición de plantar más viñas.
En 1641 se consiguió una real cédula en este sentido (41), aunque
no creo que llegase a cumplirse con todo rigor (42).
Así pues, la expansión del cultivo cerealístico en las dehesas del
Concejo, sobre todo en la de La Laguna, a comienzos del siglo XVII,
se debió a la expansión a su vez del viñedo, que ocupó aquellas áreas
destinadas tradicionalmente al cultivo del cereal, y a la necesidad de
abastecer un mercado interno.
El cultivo de las suertes de propios se mantuvo hasta la fecha en
que se ordenó su repartimiento, en 1769. Por tanto, no se trataba de
una tierra inculta que había que acondicionar para su aprovecha­miento.
Beneficiadas y roturadas, el deseo de conseguir una parcela
de estas tierras por parte del campesinado y de los demás miembros
de la comunidad agraria tenía que producirse.
(40) Ibidem, Libro 20, oficio I.», Acuerdo del 26-X-1615, fol. 100 r.
(41) A.M.L.L. Reales Cédulas. Doc. síg. R - XIII, n." 41.
(42) A.M.L.L. Libros de Acuerdos del Concejo. Libro 32, oficio 1.°, Acuerdo del
15 - IX - 1687. Se plantea la necesidad de prohibir nuevos plantíos de viñedos, fol. 103.
27
II
ALGUNOS ASPECTOS SOBRE LA SITUACIÓN DE
LA AGRICULTURA TINERFEÑA EN LA SEGUNDA
MITAD DEL SIGLO XVIII. LA DEMANDA DE TIERRA
Dos son los objetivos que tratamos de analizar en el presente
capítulo. En primer lugar, considerar la situación agraria de Tenerife
en la segunda mitad del siglo XVIII, aún a riesgo de ofrecer una visión
inacabada y superficial, dada la carencia de investigaciones, ya que
es preciso aproximarnos, ante todo, al marco socioeconómico en dónde
se llevó a efecto el repartimiento ilustrado; en segundo lugar, ver el
status social de las clases agrarias para comprender su interés por la
tierra.
2.1.—La situación de la agricultura tinerfeña.
La atracción ejercida por la importancia económica relativa de
un sector exportador en la economía agraria insular, ha llevado a la
investigación historiográfica a hablar de monocultivo y a centrar toda
su atención en el análisis del proceso de circulación y sobre el papel de­sempeñado,
en el ámbito socioeconómico y político, por una burgue­sía
comercial, en gran medida ajena al proceso de producción, al menos
de una forma directa, como clase propietaria. Felizmente, tal tipo de
análisis se encuentra ya superado (1).
(1) Entre los autores que critican esta teoría monocultivo, citamos: LADERO
QUESADA, M. A.: «Estructura económica de Canarias a comienzos del siglo XVI»,
Revista Campus, (enero, 1975), págs. 3-13; BETHENCOURT MASSIEU, A.: ^art.
cit. págs. 32-43; SANTANA GODOY, J. J.: «Historia económica de Canarias: con­sideraciones
i;netodológicas, Revista Aguayro, n." 66, (agosto, 1975), págs. 12-13;
SANZ, J. A.: La crisis de la agricultura en Canarias, Las Palmas, 1977, pág. 16.
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Intentaremos, en las líneas que siguen, exponer algunas cues­tiones
sobre la agricultura tinerfeña del setecientos, conscientes de no
superar los problemas planteados, dadas, repetimos, las limitaciones
impuestas por la escasez de investigaciones.
En el cuadro I, a pesar de las imprecisiones que toda estadística
de la etapa preindustrial plantea, puede observarse la producción
agraria de cada una de las Islas del Archipiélago. Con referencia al
cultivo vitícola, Tenerife se encuentra a la cabeza del resto de las Islas,
con casi el 60% de la producción total. Así pues, el papel ocupado
por la agricultura tinerfeña dentro del conjunto regional está fimda-mentalmente
representado por la producción de caldos destinados a
satisfacer una demanda exterior y en menor medida interna, mientras
que las demás Islas dedican prioritariamente sus tierras a la produc­ción
de bienes de consumo para el mercado interno.
Ahora bien, para la agricultura tinerfeña, en lo que se refiere
al sector vitícola, el siglo XVIII es una etapa de decadencia, de de­presión
económica (2). Tal como hemos indicado, —Isla productora
de caldos con destino a un mercado exterior—, a partir de fines del
siglo XVII comienzan a denotarse síntomas de crisis en este sector
exportador, cuyos efectos son claramente visibles en los años 1725 -
1730 y siguientes, cuando la balanza comercial con Inglaterra, mer­cado
comprador de los caldos canarios, entran en un período de saldos
negativos para las Islas (3). Y esta etapa de crisis se debe a una sustitu­ción
de los caldos canarios por los de Madera y Portugal, país que des­pués
del tratado de Metheum (1703) entró a girar en la órbita del
mercantilismo inglés (4).
Esta situación depresiva se acentúa cada vez más en la segunda
mitad del siglo XVIII. De ella nos habla Lope de la Guerra, hombre
del setecientos, en sus Memorias:
«la cosecha de vinos, que es casi la principal por ser casi
toda la Isla una parra (Tenerife) ha sido mediana y la del
antecedente se ha vendido de dieciseis a veinte pesos, que es
(2) MORALES LEZCANO, V.: Relaciones mercantiles entre Inglaterra y los
Archipiélagos del Atlántico Ibérico. Su estructura y su historia (¡505-1783). La La­guna,
1970, págs. 99 - 143.
(3) Ibidem, págs. 95-96.
(4) BETHENCOURT MASSIEU, A.: «Cananas e Inglaterra: el comercio de
vinos (1650-1800), Anuario de Estudios Atlánticos, n.» 2 (1956), pág. 266-267.
30
precio bajo, porque con las controversias entre los ingleses,
europeos y americanos, no vienen por vinos, y los que
nuestras embarcaciones se llevan a America son aguardientes,
que se hacen con los vinos de poca estimación» (5).
Y, en otro pasaje, vuelve a insistir más directamente:
«el Comercio Ingles, del que depende principalmente la
subsistencias de las Islas, se ha separado, y imposibilitado...
el sacar los vinos y los dueños de las haziendas no saben que
hazer con ellos» (6).
Se desconocen las consecuencias de la crisis de la viticultura
tinerfeña. Es lógico pensar, en hipótesis, que a medida que los efec­tos
de la crisis se acentúan, se vaya produciendo un retroceso del cul­tivo
vitícola en aquellas áreas marginales en las cuales los ingresos
derivados de la comercialización no son lo suficientemente importan­tes
que permitan sostener los costos de producción. Se produciría en­tonces
una sustitución del viñedo por un policultivo, —^papas, cereales,
millo—, cuya producción se destina al mercado interno. En este sen­tido,
el marqués de Villanueva del Prado, en su informe sobre las cau­sas
de la emigración a las Indias, analiza la situación de la agricul­tura
tinerfeña, indicando que
«nadie puede dudar que nuestro comercio de vinos haya
sufrido una considerable decadencia. Las cosechas son in­comparablemente
menores que lo que eran en otros tiempos
y aunque el precio del vino ha subido de algunos años a
esta parte, se puede afirmar que no se ha aumentado su
valor. Esto es fácil de comprender si atendemos a que con
una pipa de vino tendremos a la verdad mas dinero del que
nos hubieran dado veinte, treinta o cien años ha, pero no
podremos comprar con ella mas comestibles ni mas efectos,
y aun creo que el precio de estos ha subido en mayor pro­porción
que el de nuestros vinos, de donde resulta que
(5) GUERRA Y PEÑA, L. A.: Memorias. Tenerife en la segunda mitad del
siglo XVIII. Cuaderno III (1778-1779), Las Palmas, 1957, pág. 20.
(6) Ibidem. Cuaderno I (1760-1770), pág. 69.
31
aunque cuando su disminución no se halla bajado, habrán
adquirido mas valor numerario, pero no mas valor real» (7).
A jjesar de la falta de investigaciones, podemos señalar que tal
tijx) de crisis responde al desarrollo de un sector agrario dependiente
de una demanda exterior, que es la que, en realidad, ha provocado tal
desarrollo, originándose la crisis de dicho sector en el momento en
que se contrae esa demanda externa. El problema, evidentemente mu­cho
más complejo, es analizar hasta que punto tal tipo de desarrollo
dependiente afecta a todo el conjunto de la economía insular, cuestión
que constituye una interrogante más para la investigación.
Por otra parte, la dependencia externa se manifiesta también en
otro sector económico no agrario. El desarrollo de la industria textil
inglesa encontró en el mercado canario una demanda creciente, sobre
todo a partir del siglo XVIII. Así, a cambio de los vinos, cada vez
más depreciados en los mercados del Norte (8), las importaciones
de manufacturas, —y de productos de primera necesidad en deter­minadas
coyunturas—, iban en aumento, agravando aún más la crisis
y constituyendo, durante el transcurso del mencionado siglo, «la causa
de la balanza de comercio positiva que extrajo Inglaterra de las Islas» (9).
La libertad de comercio con Indias fiíe una esperanza frustrada.
El reglamento de libre comercio permitía a las Islas solamente la
exportación de sus productos. Sin embargo, la inexistencia de una
industria manufacturera insular, —dada la dependencia cada vez ma­yor
de productos extranjeros—, el cargar únicamente productos agra­rios
encarecía enormemente los fletes, hasta en un 20%, como ha
señalado el profesor Bethencourt. Esta situación trató de corregirse en
1786, autorizando la exportación de productos manufacturados ex­tranjeros
hasta en un 25% del cargamento, pero no dio resultado po­sitivo,
dadas las trabas administrativas requeridas (10).
El control del proceso de circulación, en manos de compañías
reducidas y factores extranjeros, agravaba aún más la crisis: los cose­cheros
no tenían otra alternativa que venderles su producción a los
precios que aquellas fijaban de antemano, imponiendo, en palabras
(7) A.S.E.A.P.L.L. Manuscritos del marqués de ViUanueva del Prado. Tomo XV.
Obras Políticas. Informe sobre la emigración a América (26 - VI - 1791).
(8) MORALES LEZCANO, V.: op. cit., págs. 106- 107.
(9) Ibidem, pág. 107.
(10) BETHENCOURT MASSIEU, A.: «Aproximación a la economía... pág. 36.
32
del marqués de Villanueva, «precios de monopolio». Así, en el infor­me
citado anteriormente, señala que
«las personas que se emplean en esta negociación se han
reducido a un muy corto numero, de modo que siendo tan
considerable el de los cosecheros, solo pueden vender...
con seguridad a cuatro o cinco casas de comercio» (11).
Para hacer frente a esta crisis del sector exportador, los grandes
terratenientes insulares no llegaron siquiera a cuestionarse la posibili­dad
de mejorar los circuitos comerciales. Se trató, por el contrario,
de luchar contra unas relaciones comerciales de corte colonial con
una institución propia del Antiguo Régimen: la creación de un montepío
de vinateros en 1786, pues con ello se conseguía, según el Concejo
de la Isla,
«la libertad, que es lo principal, de poder el cosechero con-cervarlos
[vinos] para darles mayor estimación, sin malva-ratarlos
de pronto por atender a sus hurgencias y de las
labores (como actualmente se experimenta)» (12).
Para lograr los fondos necesarios para el montepío, se propuso
que cada cosechero debía aportar un medio diezmo. Se hicieron jun­tas
extraordinarias en todos los pueblos de la Isla, con el fin de que se
pronunciaran sobre la conveniencia o no de dicho montepío, y sobre
su participación en el mismo. Pero éste no llegó a realizarse por la
negativa de los pequeños viticultores a contribuir con un medio diezmo
y cargar sus ya de por sí sobrecargadas tierras de censos y tributos, y,
sobre todo, dada la situación a que les había conducido la prolonga­da
crisis, sufriendo ellos en mayor medida que los grandes propietarios
los efectos de la misma; por otra parte, entre los mismos vecinos asis­tentes
a las juntas existían también propietarios que no dedicaban sus
tierras al viñedo y que, por consiguiente, no sentían ningún interés
por el proyecto.
El mejor resumen de lo que llevamos expuesto es la exposición
(11) Véase cita n.° 7.
(12) A.M.L.L. Doc. sig. M - IV, exp. n.° 3. Informe sobre la creación de un mon­tepío
de vinateros. Las palabras entre paréntesis están también en el texto.
33
que hace el personero del pueblo del Realejo de Abajo, oponiéndose
a la contribución de su pueblo a la erección del montepío, y aduciendo
para ello las razones estructurales del estado de la agricultura tiner-feña
del setecientos. En dicha exposición se articulan todos los sec­tores
productivos, se señala la dependencia exterior resultado de unas
relaciones de intercambio desiguales; la propiedad de la tierra y la
mala distribución de la renta social, a causa del endeudamiento cró­nico
del campesinado y al exceso de religiosidad, cuya consecuencia
es la disminución de la renta en manos del propietario del suelo:
«Ni pensamos sea la causa de esta pobreza la falta de plan­tíos
de viñas, porque en el recinto de esta jurisdicción... no
hay parajes aptos para viñas que estén calmos y sin ellas,
de forma que el estar pobre el Realejo, (y lo mismo es del
mayor o menor atraso de los otros pueblos de la Isla), pro-biene
no tanto de la falta de agricultura quanto del lujo de
las gentes, que han abandonado el uso de los tafetanes y
demás cosas del pais por vestirse de telas extranjeras. Pro-biene
de que los frutos de la tierra no tienen la misma esti­mación
que antiguamente tenían, después que puesto y
como vinculado el comercio con las naciones estrañas, en
manos de pocos particulares; ponen estos el precio a los
vinos y demás producciones con que comersian, biendose
presisados los cosecheros a venderlos asi porque de lo con­trario
no los venderían jamas. Y probiene por lo que mira
mayormente a los Realejos y a otros pueblos como estos
de que, como casi toda la Isla esta pensionada y vinculada
y sus dueños no viven onde tienen sus haciendas, hay una
continua extracción que no buelbe a sircular a manos de los
jornaleros y artesanos, sino que se gastan lexos de donde
se produsen, con lo que es presiso se atrasen los pueblos.
De esto ultimo se deduse también otra rason muy poderosa
para negarnos a la enunsiada contribución, porque las viñas
de consideración que hay en este lugar son de sujetos que no
viven en el, que quiza no saben de nuestra junta; son de
personas eclesiásticas que no han sido llamadas a ella, por
lo cual en ninguna manera parece poderlos obligar... Y si
algunas porcionsillas son de sujetos que presenciaran esta
junta, están tan afectas a tributos que apenas produsen
para pagar sus pensiones, que en algunos predios son, co-
34
mo es notorio, quintos, sesmos, etc.. ramas de muchas
pensiones de capellanías» (13).
Frente a esta evidente crisis del sector agrario exportador, nos
encontramos con que el otro sector económico, el policultivo desti­nado
al abastecimiento de un mercado interno, está claramente en
expansión. Se roturan nuevos terrenos, se hace sentir la presión de las
clases agrarias sobre las tierras incultas, como veremos. Esta revalori­zación
del sector interno nos la ha puesto ya de manifiesto el marqués
de Villanueva del Prado, al hablar del alza de los precios de los co­mestibles
en cita anterior. En el gráfico I puede observarse la tendencia
alcista de los precios nominales del trigo del Cabildo Eclesiástico
relativos a la ciudad de La Laguna; se ha de tener en cuenta que es
precio único anual y menor que el de mercado.
de mercado.
Así pues, aunque no poseemos por el momento análisis cuantita­tivos
que nos permitan comprender el alcance de este auge ni los dife­rentes
niveles de articulación de estos dos sectores de economía agraria
que creemos no responden a un modelo de economía dualista, lo evi­dente
es la contradicción entre crisis y expansión (14). En la negativa
del pueblo de Tacoronte, dedicado preferentemente a la producción
cerealística, a formar parte del montepío de vinateros, uno de los gran­des
propietarios del lugar, interesado en dicho montepío, expone:
«Yo pienso muy al contrario y miro esta eresión no sola-
(13) Ibidem. La frase entre paréntesis está también en el texto.
(lé) «Es verdad el que las viñas no tengan sus frutos la misma estimación que en
otros tiempos...; daban siento y mas pipas... y el no darlas ahora sino treinta y cinco
y quarenta es causa del poco cuidado que tiene la viña en el preciso cultivo y fabricas
y falta de asistencia; da dicha viña unos años por otros de treinta y sinco a quaren­ta
pipas... como asimismo mas de doscientas fanegas de papas que se cogen en dicha
hasienda y otros tantos costales de batata, veinte y sinco fanegas de millo y mas de treinta
de trigo y otros granos, con los pastos de los ganados mayores y menores, cuya utilidad
es exorbitante; ...inquiera de todos y qualquiera le diria que las viñas ya no dan pa­ra
sus cosas». Declaración de Francisco Fernández de Ocampo sobre el pleito por la
sucesión al mayorazgo de Francisco de la Coba, en Taganana, en 1754. Texto tomado
de CALVAN TUDELA, A.: Ecosistema, relaciones de producción y grupos de pa­rentesco:
la transformación social en Taganana. Tesis doctoral inédita. Universidad
de La Laguna, 1977, págs. 583 - 584.
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mente como utilisima a el publico de toda la Isla, sino
también a los mismos labradores vesinos de Tacoronte,
pues la estimasion de sus frutos no puede permanecer
en el pie ventajoso que al presente se halla, siempre que
decaiga el cultivo de las viñas, que es el principal renglón
de nuestra riqueza y el manantial de nuestro comercio en
esta provincia» (15).
El crecimiento demográfico, aunque moderado en Tenerife en
razón de una constante emigración durante el siglo XVIII (16), supuso
una demanda creciente de productos agrarios de ese sector de poli-cultivo,
y más aún al existir una especiídización agrícola, la producción
vitícola.
Ahora bien, si tal demanda de cereales fue sostenida y pagada por
Tenerife, importando de las otras Islas y del exterior en determinadas
coyunturas, cuando la producción regional no cubría la demanda in­terna,
la situación crítica del sector exportador convirtió a esta demanda
en un peso cada vez más gravoso para las pequeñas economías domés­ticas
viticultoras. Era necesario vender más vino a cambio de cereales.
Asimismo, este intercambio fue peor aún a partir del momento en que
la libertad de comercio interno de cereales y otros bastimentos esti­muló
el alza de los precios.
Así pues, a pesar de las limitaciones debidas a la falta de investi­gaciones,
podemos señalar por el momento que una mayor demanda
de cereales, en función de un crecimiento demográfico y de la espe-cialización
insular, así como el estímulo que para los productores de
cereales significó la liberación de su comercio, posibilitaron la reva­lorización
del policultivo a unos niveles que aún no están cuantifica-dos.
En esta tarea nos encontramos.
(15) A.M.L.L. Doc. sig. M - IV. exp. cit.
(16) Hasta el momento el Archipiélago no ha sido objeto de un tratamiento
demográfico en su conjunto, tema que abordaremos en nuestra tesis doctoral. Sin
embargo, el estudio de MARTIN RUIZ, J. F.: Evolución de la población del N. O.
de Gran Canaria, en la actualidad en prensa, y en el mío, «El motín de 1777. Su sig­nificación
socioeconómica en la comarca del suroeste de Gran Canaria», Anuario
de Estudios Atlánticos, a." 23 (1977), págs. 263-345, se demuestra un importante
crecimiento para la isla de Gran Canaria durante el siglo XVIII, algo menor en el
caso de Tenerife, de La Laguna, según el trabajo de GODERCH FIGUEROA, M.:
Evolución de la población de La Laguna entre 1750-1860, La Laguna, 1975.
2.2.—El «status» social de las clases agrarias.
Los efectos negativos de una crisis vitícola sobre las clases agra­rias
ha sido magistralmente tratado por el profesor Labrousse (17).
Con respecto a los grandes propietarios, tanto si perciben una renta
o cultivan directamente sus tierras, la posibilidad de maniobrar con
un amplio stock (18), al ser los mayores productores de vinos y del
de mejor calidad, al mismo tiempo que poseer tierras dedicadas al
policultivo, —con lo cual disponían de dos tipxjs de renta agraria—,
les permitió soportar los efectos de la crisis.
Pero este no es el caso de los pequeños viticultores. La caída de
los precios de los caldos disminuyó drásticamente sus beneficios y,
con ello, su poder de inversión, endeudándose o dejándoles en manos,
para poder sostener los costos de producción, de los comerciantes, de­pendiendo
aún más del circuito comercial y sin libertad de venta de
su producción, es decir, de poder maniobrar con su stock:
«que los biñateros que nesesitan de dineros para las fabri­cas
tienen a su satisfacción quien se los de..., porque los
comerciantes lo dan para que se los paguen en mosto» (19).
La baja de los beneficios disminuyó también su poder de com­pra,
sobre todo en un momento de alza de los precios de los cereales y
demás mantenimientos, —recuérdese la cita del marqués de Villa-nueva
del Prado sobre el alza de los comestibles—, sólo posible de
sostener por aquellos que plantaban alguna parcela de sus tierras
o en medio de la viña productos para el consumo familiar, pero que
en año de crisis de subproducción les llevaría irremisiblemente al
mercado.
Una especialización agraria, por ejemplo, el viñedo, conduce
a una proletarización elevada. Tal cuestión es claramente perceptible
si nos fijamos en el recuento de Floridablanca de 1787 (Cuadro II).
En dicho recuento, la clases agrícolas vienen divididas en labradores
y jornaleros, lo que nos indica que bajo el término de labradores se
(17) LABROUSSE, E.; Fluctuaciones económicas e historia social, Madrid, 1973,
Págs. 425 - 439.
(18) Ibidem, pág. 427.
(19) A.M.L.L. Doc. sig. M - IV, exp. cit.
38
han incluido los propietarios, arrendatarios y medianeros, dificultando
así en gran medida la validez del recuento.
TENERIFE
LA LAGUNA
CUADRO II
Las clases agrícolas en
Labradores
1.831
188
%
23,6
37,2
1787
Jornaleros
5.917
318
%
76,4
62,8
FUENTE: JIMÉNEZ DE GREGORIO, F.: «La población de las
Islas canarias en la segunda mitad del siglo XVIII», Anuario de Es­tudios
Atlánticos, n.° 14, (1964), págs. 242 y 245. Elaboración personal.
Como puede observarse en el cuadro, destaca el alto porcentaje
de jornaleros en relación con el resto de la población activa agraria,
algo menor en el caso de La Laguna, debido a que en sus tierras no
abunda el viñedo. Este elevado número de jornaleros frente al de pro­pietarios,
arrendatarios o medianeros, resultado de una concentración
de la propiedad de la tierra, responde también a las exigencias de la
economía agraria seguida, el cultivo del viñedo, que necesita mano
de obra asalariada. Si la primera, la concentración de la propiedad,
es la causa estructural de la existencia de este jornalerismo, la coyun­tura
económica por la que atraviesa el cultivo de especialización im­plica
diferentes niveles de oferta y demanda en el mercado de trabajo,
repercutiendo, por consiguiente, en la condición social del jornalero.
Al no disponer de series de salarios agrícolas que nos permitan
confrontar el movimiento de precios e ingresos, no podemos precisar
con detalle el status social del jornalero. En hipótesis, la regresión vitíco­la
tuvo que aumentar el paro, al disminuir la oferta de trabajo, provocan­do,
en consecuencia, una saturación del mercado de mano de obra (20).
(20) LABROUSSE, E.: op. cit., págs. 454-455.
39
Pero la especialización vitícola conlleva forzosamente el paro
estacional, obligando al jornalero a aceptar cualquier posibilidad que
le ofrezca el mercado de trabajo: arriero, leñador, sembrador, sega­dor,
pastor, asalariado doméstico o ayudante de oficio; al propio tiem­po,
y para poder cubrir las necesidades materiales de la familia, la
unidad familiar jornalera constituye también una unidad productiva:
la mujer es lavandera, hiladora, tejedora, sembradora, e t c . , y los
hijos e hijas, el mismo oficio que sus padres.
Sobre la situación social del jornalero, algunos textos son revela­dores.
Así, Lope de la Guerra indica que
«el que más tiene, tiene... salud para suxetarse de sol a sol
a ganar dos reales de plata, con los que come el, mantiene
a su mujer e hijos y se visten todos, cuya tarea no tiene la
suerte de seguirla de enero a enero, porque hay muchas es­taciones
en que no haya donde trabajar» (21).
Y el marqués de Villanueva del Prado manifiesta que los jornaleros
son «siervos de la gleba»,
«gente infelicísima que no haya que trabajar mucha parte
del año, y que cuando trabaja solo gana al dia una escasa
comida y un real de plata o menos por un salario de un
individuo» (22).
Las cuestiones planteadas, muchas de ellas provisionales, explican
en buena medida el por qué de la emigración a América. Villanueva
del Prado, en su informe sobre el comercio libre con América y sus
ventajas, manifiesta ser la espita de la emigración el principal negocio
de los mercaderes que se dedican al tráfico (23).
Frente al propietario viticultor cada vez más empobrecido, el
productor de cereales, de ese policultivo que ya hemos señalado, se
encuentra en una situación ventajosa. La crisis no ha afectado a la de­manda
de subsistencias, sobre todo, teniendo en cuenta que ésta no es
elástica; más aún, tiende a aumentar como consecuencia del creci­miento
demográfico. Hemos indicado anteriormente como los labra­dores
de Tacoronte se oponen a su participación en el montepío de
(21) A.M.L.L. Propios, leg. 41, libro 6.
(22) A.S.E.A.P.L.L. Manuscritos del marqués de Villanueva del Prado. Informe cit.
(23) Ibidem.
40
vinateros y señalan sus elevados beneficios; hemos considerado tam­bién
el alza tendencia! del precio de los cereales, aunque de una ma­nera
muy provisional.
Ahora bien, la revalorización de la producción destinada a sa­tisfacer
el mercado interno no supuso una demanda efectiva de más
mano de obra. Los grandes propietarios cultivan sus tierras de poli-cultivo
mediante contratos de aparcería o arrendamiento y emplean
en mínima parte jornaleros. La unidad familiar del medianero y su
cooperativismo en las faenas agrícolas sustituye en gran parte la ma­no
de obra asalariada, sólo utilizada p)or los grandes renteros y propie­tarios
que cultivan sus tierras directamente, caso infrecuente en el poli-cultivo,
o por el mediano propietario rural, cuyo status social de pro­pietario
le impide integrarse en el cooperativismo campesino.
La regresión vitícola y la menor oferta de trabajo significó para
aquellos jornaleros que no tomaban el camino de la emigración, men­digar
un pedazo de tierra a renta o a medias. Esta cuestión, unida al
alza de los precios de los productos del policultivo, facilitó a los gran­des
propietarios aumentar el valor de los arrendamientos o la porción
que les correspondía en el reparto de la cosecha con sus aparceros,
más aún en un momento en que la clase rentista se encontraba en ple­na
baja de sus ingresos vitícolas.
No disponemos por el momento de ningún análisis del régimen
de tenencia ni del movimiento de la renta agraria. El contrato agra­rio,
tratado con todo detalle por el profesor Peraza de Ayala desde
una óptica jurídica (24), no ha sido estudiado desde el punto de vista
de la coyimtura económica, que es la que realmente nos puede acla­rar
la condición social del rentero o aparcero. Se hablan de medias,
pero no sabemos si son al tercio o a la mitad de los frutos; de arrenda­mientos,
pero no conocemos sus condiciones, aparte de las relacio­nes
sociales que no se especifican en las cláusulas del contrato, pero
que tienen una funcionalidad económica y social.
Ahora bien, por los conflictos que se plantean por el alza de la
renta podemos precisar algunos aspectos sobre la condición social del
campesino rentero o medianero. Hemos constatado el enfrentamiento
entre los grandes propietarios y los renteros y medianeros por intentar
aquellos cambiar las condiciones de cierto tipo de contrato, —con-
(24) PERAZA DE AYALA, J.: «Los contratos agrarios y los censos en Cana­rias
», Anuario del Derecho Español, n° 25 (1955), págs. 257-201.
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42
' ^ n ^ r i í a r r r T ^ ' ^ ^ ' ' ^ ^ ^^ "^^^^^ perpetua, ya que esle üpo ^
ñir^ I • permitía al propietario fyenefíciarse de la coyü¡i-lura
alcista; en esta misma dirección rcspandcn las casos de desahucio
¿¡é' 3/rendafaríos. /?n /7XS. varios vt-c/nox de Lttx Kca/cytts cnt.iMan re­curso
ante el Consejo ele Castilla pi>r intentar el marqués de la Quinta
expulsarles de /as tierras (25); en I70I, el fiscal de la Real Audiencia,
Francisco de ízuriaga, eleva recurso ai Consejo por los numerosos
casos de desahucio de arrendatarios en las Islas (26).
¿Cuál era la situación social del campesinado lagunero, a quién
de una manera más directa beneficiaba el repartimiento decretado
por las reales órdenes? Hemos señalado que el propietario de la n\a-yor
parte del suelo agrícola de los alrededores de la ciudad era el
Concejo; de las relaciones contractuales que éste tuviera con sus ren­teros
para la explotación de las suertes de propios dependía su condi­ción
social.
En el cuadro III puede observarse los diferentes grupos de la­bradores
y jornaleros que se estiman acreedores al repartimiento ilus­trado
de 1769. Han sido clasificados teniendo en cuenta el status jurí­dico
de la tierra que trabajan y, dentro de cada grupo, contabilizados
por el número de yuntas de labor de que disponen. Una lectura atenta
del cuadro manifiesta cuál era la situación del labrador sin tierras y
pequeño propietario; descontando el grupo de labradores propietarios,
el 81,8% de los peticionarios son renteros o medianeros, —^todos los
de Tacoronte y La Esperanza—, que necesitan recurrir a la obtención
de un excedente en las tierras de los grandes propietarios para poder re­producir
su fuerza de trabajo. En este mismo sentido, el personero
general de la isla, Amaro González de Mesa, en su plan de repartimien­to
de las suertes concejiles, indica que
«los labradores de esta ciudad que tengan yuntas propias
o al partido de medias no creo llegan a veinte; todos son
pobres, no dejando de serlo alguno que tiene yuntas propias.
Ellos hacen las labores por su mano y sus hijos y mujeres,
siendo a la vez senareros, braceros y peones;... la necesi-
(25) A.H.N. Consejos Suprimidos. Sala de Gobierno, leg. 1.363, exp. n." 1. Martín
González Regalado y consortes, vecinos del Realejo, sobre que se les mantenga en el
arrendamiento y no se les despoje por el marqués de la Quinta.
(26) A.H.N. Consejos Suprimidos. Sala de Gobierno, leg. 1.470, exp. n." 15.
43
dad de carretas para la saca de mostos y transporte de pipas
de vino y aguardiente (y) como este trajm no ^J^^"
frecuente que pueda constituir oficio y mantener dos y tres
-sumas vxccesaT\as a wt\a catteVa ^ T Vo aSJpe.TO Q.e IOS Cami­nos,
de aquí es eV que ambos oficios de \abranza y carrviag,e
se unan» (27).
En definitiva, no sólo eran colonos de propios y de propietarios
particulares al mismo tiempo, sino también arrieros cuando la oca­sión
se presentaba.
Pero la existencia de estos colonos de propios y su estado no de­be
ocultarnos una situación mucho más compleja, sin dejar de señalar
que el plan del personero está viciado por su interés en defender a
una minoría de grandes renteros.
El arrendamiento de las suertes en pública subasta era sólo en el
plano teórico, puesto que, en la práctica, las limitaciones a la libre
concurrencia, tanto por parte del Concejo como por los rematadores,
permitían la persistencia en el disfrute de las suertes a una minoría de
renteros, y la participación en dicha subasta de los grandes propieta­rios
y de los mismos regidores, quienes luego entregaban las suertes
a labradores mediante contratos de subarriendo o aparcería, colocan­do
en un mísero estado a este campesinado. El personero general
de la Isla en 1711, Lucas Esquier de Cabrera, denuncia ante la Real
Audiencia esta situación de las tierras concejiles, en contra de las dis­posiciones
reales, que mandaban que las suertes fuesen arrendadas a
campesinos pobres:
«ay pago... y en especial el ...Rodeo de la paja... que ...ha
treinta años que lo tienen apropiados los mismos renteros;
y con este discurso del tiempo dan parte de dichas suertes
a otros en dote y a otros en otra forma, y con esto las divi­den
en paredones, cercas y vallados, y dexandose esta en
esta forma, con el discurso del tiempo se sigue el que lo
pueda perder el dicho Cabildo; y esto en tal forma usan
de ellas, que teniendo el remate en ínfima cantidad, aora sea
de una suerte, de dos o de tres, estos las dan y arriendan a
(27) Véase apéndice documental 2.
44
Otros pobres labradores con diferentes cantidades gravosas,
que la nesesidad solo les obliga a rezebirlas, causa porque
muchos están están miserables y pobres, por no coxer en
ellas la porción que son obligados a pagar a los dichos re­matadores
que las dan, y todo esto se tolera por interposi-sion
de algunos regidores y otros fines particulares que se
dexan conciderar en este permiso» (28).
Así pues, sin negar la existencia de un pequeño colonato en
aquellas suertes de peor calidad, la condición social de los renteros
de propios es clara: apropiación de las tierras concejiles por un grupo
reducido de grandes colonos, de acuerdo con los regidores, con des­falco
de la hacienda municipal, y sobreexplotación por parte de esta
minoría de un campesinado empobrecido por la doble renta.
2.3.—La demanda de tierra.
La presión de las clases agrarias sobre las tierras de propios y
realengas es un hecho historiográfico aún no estudiado en las Islas,
sólo esbozado en algunos aspectos y para la segunda mitad del siglo
XVIII (29). Sin embargo, a título de ejemplo, podemos aportar al­gunos
casos de la expansión del cultivo a costa de la propiedad común
y, sobre todo, de su respuesta social, en anteriores momentos.
Durante el siglo XVI, la concesión de algunas datas de forma
imprecisa (30) y el interés de los propietarios por aumentar sus tierras
a costa de las concejiles, provocaron la disminución de la superficie
de las dehesas; de este interés no estaban exentos los mismos regidores
del Concejo, es decir, la clase dominante (31).
(28) A.M.L.L. Provisiones de la Real Audiencia. Doc. sig. p - XX, exp. n.° 14.
(29) MAGIAS HERNÁNDEZ, A.: art. cit. págs. 29-41. Esta expansión del cul­tivo
es un fenómeno paralelo en toda la Península y en Europa Occidental. Para el
caso peninsular, véanse: VILAR, P.: La Catalogne dans l'Espagne moderne. Tomo II,
París, 1962, págs. 191 - 234; ANES ALVAREZ, G.: Las crisis agrarias en la España
Moderna, Madrid, 1974, págs. 165- 191; GARCÍA LOMBARDERO, J.: La agricultura
y el estancamiento económico de Galicia en la España del Antiguo Régimen, Madrid,
1973, págs. 56-61; FERNANDEZ DE PINEDO, E.: Crecimiento económico y trans­formaciones
sociales del país vasco. 1100-1850. Madrid, 1974, págs. 192-210;
FERNANDEZ ALBALADEJO, P.: La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa,
1766-1833: cambio económico e historia, Madrid, 1975, págs. 182-195. Para el
caso europeo, ABEL, W.: op. cit. págs. 282 - 285.
(30) ROSA OLIVERA, L.: La Orotava hasta 1650. Santa Cruz de Tenerife, 1977,
pág. 22.
(31) «El bachiller P. Fernández dyo que en el Cabildo pasado acordaron que se
45
Esta forma de expansión del suelo agrícola o, mejor, dicho, de la
propiedad privada en su límite con la propiedad común es un hecho
continuo, así como las rozas clandestinas por parte del campesinado.
El motivo se debe tanto al simple hecho de aumentar la propiedad
por el medio más sencillo a su alcance o acceder al disfrute de una
determinada parcela en el caso del campesinado, como a obtener un
aumento de la producción en una coyuntura alcista, o a superar ese
campesinado una crisis agrícola y/o vender algún excedente en el
mercado.
Pero el caso más representativo de la expansión del cultivo a
costa de la propiedad concejil, protagonizado por la clase terrateniente
insular y la consiguiente protesta popular, fueron las apropiaciones
de terrenos en la dehesa del Puerto de la Cruz, llamada de la Caleta de
San Antonio. Su situación, en una de las zonas más apropiadas para
el cultivo del viñedo, motivo el deseo de los grandes propietarios viti­cultores
y la reacción en contra de los vecinos, tanto de labradores
como de artesanos, ya que disminuían los pastos comunes y la posibili­dad
de alimentar el ganado mayor de servicio, pues la dehesa estaba
destinada a este tipo de ganado. El motín estalló en 1648 contra uno
de los grandes propietarios del lugar, Pedro de Llerena, regidor per­petuo
(32); pero no sería la única revuelta popular (33), como tam­poco
lo fueron las apropiaciones de tierras en la citada dehesa por
parte de la clase dominante, la misma que controlaba el Concejo de
denunciasen nuevas obras en la dehesa, pero que no era bastante remedio, porque
muchas (personas) tenian grandes cercamientos...y cercados hasta ocho fanegadas
de sembradura...y que el remedio es tomar la reformación en la mano y conforme
a ella derribar todas las cercas que estaban hechas en la dehesa, porque de otra ma­nera,
andando en pleito con cada uno, eran muchos y entre ellos personas que vallan
mucho en el Concejo, porque ya otra vez se había denunciado de muchas personas
que ocupaban mucha parte de la dehesa e se habia seguido pleito y nunca el Concejo
había habido lo suyo y lo tenian ocupado». Acuerdos del Cabildo de Tenerife. Vol. III
(1514-1518), La Laguna, 1952, pág. 207.
(32) ROSA OLIVERA, L.: 'La pequeña historia», homen^e a Elias Serra Ráfols,
La Laguna, 1970, vol. II, págs. 321 - 325. Un trabajo puramente descriptivo y local,
sin ningún planteamiento teórico de lucha de clases.
(33) VIERA Y CLAVIJO, J.: op. cil. El autor refiere que en 1718, después de
sublevarse por problemas de interés comunitario, los vecinos de La Orotava se diri­gen
a las Caletas del Puerto, y «talan viñas, demuelen casas, arrancan árboles, arra­san
mojones, todo bayo pretexto de que aquellas tierras debían ser baldíos comunes
para pastar ganados», págs. 320 - 322; LEÓN, F. M.: Historia de las Islas Canarias
(1718-1868). Santa Cruz de Tenerife, 1966, págs. 101 - 106; Este autor trata del motín
de La Orotava de 1810, en el que los vecinos vuelven a plantear el problema del re­partimiento
de las dehesas.
46
la Isla (34). Estas usurpaciones motivaron que en 1769, la dehesa de
San Antonio no tuviera sino una superficie de 64 fanegadas, 8 de ellas
inútiles; había perdido 496 fanegadas.
Se conoce con más detalles la expansión del cultivo que se produce
en la segunda mitad del siglo XVIII en las Islas (35). El alza del valor
de los productos agrarios, de ese policultivo que anteriormente hemos
planteado, en función en Tenerife tanto de un crecimiento demográ­fico
como de su especialización agraria, el viñedo, provocó un inte­rés
social por extender la superficie agrícola, es decir, una demanda
de tierra. En unos casos, el motivo era aumentar sus niveles de renta;
en otros, obtener algún beneficio en la coyuntura y/o mejorar su con­dición
social.
Los grandes propietarios se dedicaron a poner en cultivo sus
tierras incultas y algunos de ellos solicitaron datas de tierras realengas
para su desmonte y explotación, alegando para ello méritos y servi­cios
prestados a la Corona por sí o por sus antepasados (36).
Frente a este interés de la clase rentista, la situación social de
los pequeños propietarios y jornaleros, provocada tanto por la crisis
vitícola como por el alza de los precios de los mantenimientos, originó
su demanda de tierra. Pero no tenían méritos y servicios que alegar
ante la Corona y, en consecuencia, la solución a su demanda fue la
roturación clandestina en el realengo, hecho que parece fue general
en todas las Islas. Esta es la causa de los numerosos expedientes de
rozas en los montes de la Isla de Tenerife, sobre todo a partir de
1770 (37); en La Palma se roturan parte de sus dehesas (38); con
respecto a Gran Canaria, asistimos en este momento a la colonización
del suroeste de la isla, efectuada fundamentalmente por los vecinos de
(34) En Junta de Cabildo de 3 - XII - 1785 se le consignó a D. Pedro de Franchy
las suertes 3, 5 y 6 de la Caleta de San Antonio, con el pago del canon, teniendo aún
pendiente su solicitud de data en este lugar; A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 42
Libro l.o, fol. 22 v.". Véase también: Doc. sig. T-lll, exp. n." 8. Usurpaciones en la
dehesa de la Caleta. 1699; exp. n.° 14. Sobre restitución de terrenos comunales en
La Orotava. 1777; exp. n." 15. Sobre pretensión de reparto de la dehesa de la Caleta
entre D. Pedro de Franchy, D. Nicolás Blanco y D. Felipe Machado. 1778.
(35) MACIAS HERNÁNDEZ, A.: arl. cit.
(36) De entre los propietarios de Tenerife que por el momento conocemos que
solicitaron datas, destacamos a: el marques de Villaftiertc, Pedro Valdés, Bernardo
Andión, los hermanos Madan, el sargento mayor Fernando de Molina y Quesada,
Cesáreo de la Torre y Ceballos, Pedro José de Sousa.
(37) A.M.L.L. Rozas. Doc. sig. R - XLVIII al R-LVI.
(38) Archivo Municipal de Santa Cruz de La Palma. Propios, leg. 67 - 68.
Agradezco al compañero Manuel de Paz el fotocopiarme estos legajos.
47
esta comarca, y la actuación del corregidor en contra de esta expansión
originó el motín de 1777 (39); en Fuerteventura se dio idéntico pro­ceso
(40).
Todos estos hechos manifiestan claramente el deseo del campe­sinado
por un lote de tierra de su propiedad, es decir, en nuestra opi­nión,
se daban las condiciones objetivas desde el punto de vista so­cial
para que el repartimiento ilustrado diera un resultado positivo.
Por otra parte, las tierras que habían de ser repartidas, las dehesas,
estaban ya acondicionadas para el cultivo, lo cual supone un mayor
estímulo para desear su posesión, pues no se necesitaba grandes gas­tos
de inversión; asimismo, si las tierras de las dehesas de La Orotava
y Realejos no eran de buena calidad para el cereal, las de La Laguna
se encontraban entre las mejores del Archipiélago.
Sin embargo, la misma situación socioeconómica de las clases
trabajadoras y el interés por la tierra de aquellos labradores más acau­dalados
y de otros miembros de la sociedad desvirtuarán el proyecto
ilustrado.
(39) MAGIAS HERNÁNDEZ, A.: arl. cit.
(40) Acuerdos del Concejo de Fuerteventura (1605-1659). La Laguna, 1970,
Pág. 35 de la introducción de Roberto Roldan Verdejo.
49
III
TEORÍA Y * PRAXIS» DEL REPARTIMIENTO ILUSTRADO
Para comprender desde una perspectiva más amplia y al propio
tiempo local el proceso de reforma agraria realizado en el municipio
lagunero, creo que es preciso considerar, aunque sólo sea de una ma­nera
esquemática, las bases y presupuestos ideológicos que cimentaron
las medidas reformistas y su posterior aplicación.
3.1.—La ideología ilustrada y los proyectos de reforma agraria.
Las contradicciones socioeconómicas que se manifestaban en el
mundo agrario mantenían al país en un auténtico estancamiento, exi­giendo
unas medidas de reforma de las estructuras que hiciera posible
su reactivación económica. Y, en este sentido, la política ilustrada in­tento
salvar los obstáculos que detenían el desarrollo agrícola; igual­mente,
en la sociedad de las Luces, las fuerzas sociales progresistas
apoyaban esta política de reforma. Así pues, ambas, política y sociedad
ilustrada, representada por los miembros de las Sociedades Económicas
del País, estaban perfectamente vinculados y de común acuerdo en
eliminar las trabas que impedían el despertar agrícola.
Ahora bien, la lógica del pensamiento ilustrado no reside en un
cambio fundamental de las estructuras socioeconómicas, sino en su
reforma y adaptación a las nuevas corrientes ideológicas y necesidades
que se estaban desarrollando en el país. Si a largo plazo lo que sucedió
fue, a nivel agrario, el paso de un modo de producción feudal a otro
50
capitalista, en realidad el espíritu reformista tuvo un significado total­mente
distinto (1).
En efecto, los primeros proyectos ilustrados trataron de refor­mar
y no de cambiar el modo de producción feudal. Los ministros del
despotismo ilustrado eran conscientes de que, si se pretendía lograr
un desarrollo económico y paliar las sucesivas crisis que afectaban al
país, era necesario una reforma de las estructuras. Pero esta reforma
se trató de llevar a cabo
«dentro de los sistemas de valoración y estratificación carac­terísticos
de una sociedad estamental» (2).
Al propio tiempo, el fundamento ideológico de las medidas adop­tadas
se nutría tanto del más puro tradicionalismo reformista espa­ñol
de los siglos XVI y XVII como de las nuevas ideas, sobre todo
del populacionismo (3).
Estos presupuestos teóricos no fueron puestos en práctica sin un
conocimiento de la realidad; los ministros ilustrados, antes de tomar
cualquier decisión, pidieron informes sobre la situación agrícola de
cada provincia a sus respectivos intendentes. Todo el material fíie
reunido en un Memorial, el cual se utilizó como base de análisis (4).
Las primeras medidas reformistas que tuvieron como fundamento
este Memorial y que luego, bajo una óptica diferente, serían analiza­das
por Jovellanos en su Informe sobre la Ley Agraria, primer mani­fiesto
del liberalismo agrario español, estuvieron encaminadas a:
A) Aumentar la producción agraria para paliar las crisis de sub-
(1) ANES ALVAREZ, G.: Economía e Ilustración en la España del siglo XVIII,
Barcelona, 1969, págs. 11-41. El autor analiza los fundamentos económicos del
proceso ilustrado y su intento por introducir reformas que logren una reactivación
económica, sin cambiar el sistema establecido.
(2) ELORZA, A.: La ideología liberal en la Ilustración española, Madrid, 1970,
pág. 27.
(3) DEFOURNIAUX, M.: Pablo de Olavide ou VAfrancesado (1725-1803),
París, 1959, págs. 140- 141.
(4) Memorial ajustado hecho de orden del Consejo...sobre los daños y decadencia
que padece la agricultura, sus motivos y medios para su restablecimiento y fomento,
y del que se le ha venido suscintado a instancias del limo conde de Campomanes,...
sobre establecimiento de una ley agraria y particulares que deberá comprender para
facilitar el aumento de la agricultura y de la población y proporcionar la posible
igualdad de los vasallos en el aprovechamiento de tierras, para arraigarles y fomentar
su industria... Este Memorial no contiene ninguna información sobre Canarias.
Madrid, 1784.
51
sistencias que aquejaban periódicamente el país, provocando distur­bios
y motines.
B) Socialmente, reducir el panorama de miseria de las clases
trabajadoras.
Consideremos brevemente estas cuestiones.
Para conseguir un aumento de la producción agrícola era preciso
un cambio en las estructuras agrarias del país, tanto en lo que se refiere
a la propiedad de la tierra, al sistema de explotación y régimen de
tenencia, como a la comercialización de los productos agrarios.
Los ministros ilustrados, al igual que sus anteriores reformistas
del siglo XVII (5), se dieron perfecta cuenta del lastre que suponía
para el desarrollo agrícola y la dinámica de la propiedad de la tierra
el elevado número de mayorazgos y manos muertas. Esa ociosidad
hidalga del siglo XVII, al igual que el gran porcentaje de población
eclesiástica, resultado ambas, en gran parte, de la descrita situación
de la propiedad agraria, siguen vigentes en la sociedad del siglo
XVIII (6), con la consiguiente reducción de la población activa en un
momento en que el programa reformista incluía su aumento, en fun­ción
del intento de impulso económico que se pretendía dar al país.
A esta línea de actuación responden las leyes que se dictaron contra
vagos y mendigos, —^resultado de la caridad mal entendida (7)—, y
suprimiendo la pérdida de la hidalguía por el trabajo (8).
Asimismo, la particularidad de ser intransferible los mayorazgos
y manos muertas impedían la libre circulación y venta de la tierra,
obstaculizando la inversión de capitales por aquellos individuos más
interesados en el desarrollo agrícola. En palabras del representante
de esta burguesía reivindicadora de la propiedad agraria y del libera­lismo,
por cuanto
«excluyen para siempre a todos los demás individuos del
derecho de aspirar a ella y que, uniendo el derecho indefinido
(5) COSTA, J.: Oligarquía y caciquismo. Colectivismo agrario y otros escritos,
Madrid, 1975, págs. 69-75.
(6) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: Sociedad y Estado en el siglo XVIll. Madrid,
1977, págs. 328-331.
(7) ANES ALVAREZ, G.: El Antiguo Régimen: Los Barbones, Madrid, 1975,
pág. 153.
(8) HERR, R.: España y la revolución del siglo XVIll, Madrid, 1970, pág. 81.
52
de aumentarla a la prohibición absoluta de disminuirla,
facilitan una acumulación indefinida» (9).
Sin embargo, un cambio en las estructuras de propiedad era im­posible:
tropezaba con los intereses de la clase dominante, clero y
nobleza, propietaria de la mayor parte del suelo agrícola (10).
El desarrollo del pensamiento agronómico significó una auténtica
campaña en beneficio del agro, sustentada en la base por un aumento
del valor de los productos agrarios. Ello supuso, a nivel teórico, el
desarrollo de toda una literatura agronómica; en España vuelven a ser
editados los viejos tratadistas españoles del siglo XVI y se traducen
autores extranjeros, sobre todo franceses (11). Se crean las Socieda­des
Económicas de Amigos del País, con el fin de que sean un centro
de discusión de los nuevos presupuestos en materia agraria y de la eco­nomía
política (12).
Desde el punto de vista experimental, destacan los ensayos rea­lizados
por estas Sociedades, en un intento de elevar el rendimiento
de los cultivos (13). La Sociedad Económica de La Laguna no quedó
atrás en este sentido, desde su fundación en 1777 (14): experimen­tación
de nuevos cultivos y semillas, de nuevos sistemas de plantar
el trigo; promueve el cultivo del lino, el plantío de moreras para el
desarrollo de la industria sedera (15); adquiere una suerte de propios
para efectuar sus ensayos (16); se discuten las ventajas del abono
con marga (17).
(9) JOVELLANOS, G. M.: Informe sobre la Ley Agraria, Barcelona, 1968, pág. 82.
(10) Uno de los máximos representantes de la lucha contra la propiedad amor­tizada
en el movimiento ilustrado fue Campomanes. Véase su Tratado de la regalía
de Amortización (Estudio preliminar de Tomás Valiente), Madrid, 1975.
(11) GARCÍA SANZ, J.: «Agronomía y experiencias agronómicas en España
durante la segunda mitad del siglo XVIII», Moneda y Crédito, nP 131 (diciembre,
1974), págs. 29-54.
(12) ANEX ALVAREZ, G.: Economía e Ilustración... págs. 32-35.
(13) SARRAILH, J.: La España ilustrada de la segunda mitad del siglo XVIII,
Madrid, 1974, págs.
(14) Se necesita ya de manera urgente un estudio sistemática de la Sociedad
Económica de La Laguna. Por lo pronto, el trabajo de ROMEU PALAZUELOS, £.:
La Económica a través de sus actas (1776-1800), La Laguna, 1970, supone una simple
guía de las actas.
(15) REGULO PÉREZ, J.: La Laguna y la sericultura canaria. La Laguna, 1976.
El autor utiliza los fondos documentales de la Económica sobre esta cuestión en la
elaboración del trabajo.
(16) A.M.L.L. Doc. sig. S-IX, exp. n." 10. 1778. Señalamiento de una suerte
de tierra a la Sociedad Económica.
(17) ROMEU PALAXUELOS, E.: op. cit. pág. 21.
53
Sin embargo, la cuestión fundamental es llegar a precisar si estas
medidas y experiencias agronómicas llegaron a conocimiento y a ser
puestas en práctica por el campesinado. La Económica de Las Palmas
nombró encargados en los pueblos para que instruyeran a los labra­dores
en los nuevos adelantos y fomentasen la agricultura (18), pero
no conocemos si esta medida dio algún resultado positivo importante.
En realidad, con la «nueva agricultura» se pretendía conseguir
una mejor explotación agraria y elevar el rendimiento de los culti­vos
(19). Para ello era necesario invertir capitales en el proceso pro­ductivo,
sólo asequible a los propietarios, los únicos que podían acu­mular
un excedente de renta. Asimismo, era preciso modificar los sis­temas
de explotación y el régimen de tenencia de la tierra, es decir,
determinadas relaciones sociales de producción que favorecían el ab­sentismo
de la clase propietaria y dejaban en manos de un colono de­pauperado
por el alza de la renta el mejorar las explotaciones. No
conocemos los rendimientos medios por unidad de superficie en el
Archipiélago, única forma objetiva de valorar el resultado de las inno­vaciones
propuestas.
Con respecto al mercado, la meta fue liberarle de las trabas que
impedían el libre juego de la oferta y demanda, para estimular por este
medio el aumento de la producción y paliar las crisis de subsistencias,
también motivadas por las leyes restrictivas de la libertad de mercado.
Así, en 1765 el gobierno ilustrado promulgó la ley de liberación del
comercio de granos (20), —efectiva en nuestro Archipiélago en
1767 (21)—. Pero la supresión de la tasa de granos y la libertad de
mercado en una estructura comercial no suficientemente desarrollada,
con prácticas que favorecían el almacenamiento y la acaparación (22),
unido a las violentas fluctuaciones de las cosechas, provocaron de in­mediato
el estallido de los motines de subsistencias, tanto en Madrid (23)
(18) G A R C Í A D E L ROSARIO, C : Aproximación de la historia de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Canaria (1776- 1900), Memoria de licen­ciatura
inédita. Universidad
(19) G A R C Í A SANZ, J.: art. cil. pág. 31.
(20) Nov. rec. Ley X, tít. XIX, lib. VIII.
(21) BETHENCOURT MASSIEU, A.: «Aproximación a la » pág. 31.
(22) ANES ALVAREZ, G.: Las crisis agrarias págs. 348-357.
(23) La bibliografía sobre el estudio de los motines es suficientemente amplia y
conocida. Entre ella destacamos a: VILAR, P.; «El motín de Esquiladle y las crisis
del Antiguo Régimen», Revista de Occidente, n." 107 (febrero, 1972), págs. 200 - 247.
54
y en las provincias en la primavera de 1766 (24), como en Gran Canaria
a fines de siglo (25).
La condición social de las clases trabajadoras, resultado de la
situación que atravesaba el país (26), —y, en el caso de Tenerife, he­mos
intentado en páginas anteriores ofrecer algunos aspectos del es­tado
de su economía y de las clases agrarias—, exigían una solución
que armonizara de alguna forma los intereses de las clases desposeídas
con la política ilustrada, haciendo posible su vinculación con el pro­ceso
reformador. Y en el grupo reformista hubo quienes intentaron
con verdadero entusiasmo el reducir el panorama de miseria y pobreza
de gran parte del campesinado (27).
En este sentido, el pensamiento reformista consideraba que el
aumento de población no era posible si no se conseguía una mejora del
status socioeconómico del campesinado; y la única alternativa viable
para ello era proceder al repartimiento de tierra entre aquellos despro­vistos
de la misma, con el fin de crear, en frase de los ilustrados, «va­sallos
útiles a la Corona». En 1767 se decretó el reparto de tierras
comunes para la provincia de Extremadura (28); en 1767 para Anda­lucía,
comprendiendo el Archipiélago (29), y en 1768 se hizo exten­sivo
dicho decreto a todo el reino (30).
Esta última disposición,
«uno de los textos legales más interesantes en cuanto a po­lítica
desamortizadora, tanto del siglo XVIII como del
XIX» (31),
lo es también desde el punto de vista social:
«el fin principal...del repartimiento de tierras es el común
beneficio, el fomento de la agricultura, y suplir a los sena-
(24) R O D R Í G U E Z , L.: «LOS motines de 1766 en provincias», Revista de Occi­dente,
n.o 122 (mayo, 1973), págs. 183-207.
(25) MAGIAS HERNÁNDEZ, A.: Los motines de subsistencias en Gran Canaria
a fines del siglo XVllI. Trabajo inédito.
(26) SARRAILH, J.: op. cit. págs. 20 - 36.
(27) Ibidem, págs. 506-543.
(28) COSTA, J.: op. cit. págs. 80-81.
(29) A.M.L.L. Reales Cédulas. Doc. sig. XXIII.
(30) COSTA, J.: op. cit. pág. 80.
(31) VALIENTE, F. T.: El marco político de la desamortización en España,
Barcelona, 1971, pág. 33.
55
reros y braceros industriosos la falta de terreno propio que
cultivar, o el daño del subarriendo hasta aquí experimen­tado
» (32).
La superficie de cada uno de los lotes a repartir sería de ocho
fanegadas y las rentas irían a parar a las arcas municipales. En este
sentido, estas reales órdenes no modificaban en absoluto la práctica
seguida por el Concejo de la Isla, aunque las rentas deberían ser ahora
moderadas y ajustadas por peritos del común y no por arrendamiento.
Por otra parte, no se enajenaban los bienes de propios sino que se
trataba de darle una seguridad al campesinado en la posesión de la
parcela de tierra, —^una enfítéusis, aunque sin todas las características
propias de este tipo de contrato—, a cambio de un moderado canon.
En el aspecto social, los acreedores al repartimiento serían, en
primer lugar, los que no tuvieran tierra ni yunta propia, es decir,
jornaleros; luego los de una yunta, de tres, etc.
Pero una nueva pragmática sobre repartimientos, la de 1770 (33),
cambiaría substancialmente el camino recorrido en el intento de me­jorar
la condición social del campesinado. Esta nueva disposición
responde a una reacción conservadora. Mientras se pronunciaban a
favor de los repartimientos entre los braceros y yunteros, se permitía
que los grandes propietarios pudieran expulsar y desahuciar a sus
colonos y arrendatarios, haciendo caso omiso de los numerosos expe­dientes
que por este motivo se habían elevado al Consejo de Castilla,
incluidos muchos de ellos en el Memorial citado anteriormente (34).
Indiscutiblemente, esta cuestión demuestra que en el seno de la minoría
ilustrada también existían los que defendían los intereses de la clase
rentista, puesto que la medida sólo favorecía a los grandes propietarios,
quienes con la expulsión de los labradores renteros podían aumentar
el valor de los arrendamientos, alza que se viene produciendo a lo
largo del siglo, paralelamente al valor de los productos agrarios, y
que se acentúa en este momento (35).
Esta real pragmática de 1770 anuló las anteriores providencias
sobre repartimientos, aunque confirmó los ya efectuados, y modificó
(32) Ibidem, pág. 33. Texto citado por el autor.
(33) Nov. rec. Ley XVII, t. XXV, lib. VII.
(34) Véase cita n." 4.
(35) ANES ALVAREZ, G.: Las crisis agrarias págs. 274-277.
56
el orden en cuanto a los acreedores al reparto: primero serían los la­bradores
que no tuvieran tierra propia, pero que dispusieran de yuntas,
a los que se les entregaría una suerte de ocho fanegadas; luego, los
braceros, a quienes se les daría una suerte de tres fanegadas cerca del
pueblo; finalmente, se admitirían artesanos y pastores, a condición
de que tuvieran una yunta.
A pesar de que a los braceros y senareros se les colocaba en un
segundo orden de preferencia al repartimiento, esta pragmática de
1770 era evidentemente mucho más realista que las anteriores provi­dencias,
puesto que los jornaleros no disponían del capital fijo nece­sario
para la labor. Ante la imposibilidad del gobierno de conceder
semillas, animales de labor, aperos, etc. a los braceros, así como de
exenciones en el pago de la renta y demás tributos en los primeros años,
—como se efectuó en la colonización de Sierra Morena (36)—, se
optó por favorecer a los colonos yunteros, los únicos que disponían
de un cierto capital fijo.
Pero esta política y su interpretación por la oligarquía local que
controlaba el Concejo favorecieron la entrada en el repartimiento de
individuos que no eran precisamente los más indicados.
3.2.—La oligarquía local y el repartimiento ilustrado.
El papel oligárquico que la clase terrateniente insular ha jugado
sobre el órgano de la vida comimitaria, el Concejo, es tan tradicional
como la propia institución. Las actividades que le competían, —^re­gular
y supervisar las relaciones económicas a través de las Ordenan­zas
de la Isla, invertir en cuestiones de interés comunitario, de índole
económica y social y, hasta si se quiere, ideológicas, por cuanto em­pleaba
cuantiosas sumas de dinero en actos cuya finalidad era sos­tener
el aparato ideológico dominante—, eran controladas fx)r esta
oligarquía de regidores en la medida en que afectaba a sus intereses
de clase: en el plano económico, para resolver cualquier cuestión que
perjudicara y/o beneficiara a sus intereses materiales; en el social e
ideológico, ya que participar en el gobierno de la comunidad les
(36) CAPEL MARGARITO, M.: La Carolina, capital de las Nuevas Poblaciones,
Jaén, 1970, pág. 90.
permitía mantener su status de clase privilegiada sobre el resto de los
miembros de la comunidad.
El profesor Domínguez Ortiz ha estudiado los efectos de la po­lítica
de los Austrias en relación con la administración municipal (37).
La venta de oficios de regidor por parte de la Corona como consecuen­cia
de sus apuros económicos, —aunque fuera en flagrante contra­dicción
con la propia esencia de un estado centralizador (38), muchos
de ellos por juro de heredad—, unido a la propia endogamía de la clase
dominante, había favorecido la formación de una oligarquía de regi­dores
en los Concejos.
Por otra parte, el Cabildo percibía unos determinados ingresos
para hacer frente a los gastos comunitarios, y en la administración de
esos ingresos, que constituían la hacienda municipal, también inter­venía
esa oligarquía de regidores vitalicios. ¿Hasta qué punto utili­zaron
su cargo para desde el mismo poder participar en el disfrute de
las rentas concejiles? La respuesta a esta pregunta ya la hemos esbo­zado
en páginas anteriores (39). En 1536, a los pocos años de haber
sido roturadas las dehesas, el personero general de la Isla, Francisco
de Mesa, presenta memorial en la corte, exponiendo que el gobernador
de la Isla, Pedro de Lugo, sobrino del primer Adelantado, en compa­ñía
de un grupo de regidores, han arrendado las suertes concejiles
en perjuicio de los vecinos, utilizando los fondos del Concejo para
sus fines particulares y no para los que fueron creados (40). En el
(37) DOMÍNGUEZ ORTIZ, A.: «La venta de cargos y oficios públicos en Castilla
y sus consecuencias económico-sociales, Seminario de Historia Social y Económica,
Madrid, 1975, citado por GUILLAMON ALVAREZ, F. ;.: «Campomanes y las
reformas del Régimen Local: diputados y personero del común», Cuadernos de Inves­tigación
Histórica, n.° 1 (1977), pág. 121.
(38) Ibidem, pág. 121.
(39) Véase págs. 43 - 44.
(40) «Melchor de Contreras, en nombre de Francisco de Mesa, personero
general de la dicha Isla, e por lo que toca al bien publico de ella y en su nonbre, nos
hizo relación por su petición diziendo que el adelantado Don Pero Hernández
de Lugo, gobernador de la dicha Isla e los regidores e jurado de ella, de doce años
a esta parte diz que an arrendado ciertas dehesas publicas y concegiles, so color que
querían hazer alholi e deposito de pan para el aprovechamiento de la dicha Isla en el
tiempo de necesidad e que nunca an hecho el dicho alholi e deposito,...que an con­vertido
y distribuido los mas que an arentado las dichas dehesas en sus propios hijos,
hussos e aprovechamientos, e dize que han gastado parte de ellos en pagar los dere­chos
del amo almoxarifadgo, siendo...los regidores obligados por sus personas
y bienes a pagar los dichos derechos y no la dicha Isla, e que por que esto hera cossa
de mucha calidad e que a rentado mucho». A.M.L.L. Reales Cédulas. Doc. sig. R - III,
exp. n.° 37. Orden al juez de residencia para que informe sobre las dehesas concejiles
que han arrendado el gobernador y algunos regidores.
58
mismo sentido se vuelve a representar en 1542 (41) y en 1562 (42).
En 1657, la Real Audiencia expide una real provisión en la que
previene al Concejo que las tierras de propios no pueden arrendarlas
los regidores directamente ni por medio de otras personas, porque va
en contra de las reales disposiciones y en perjuicio de los pobres (43);
en 1711, la Audiencia vuelve a insistir sobre el mismo asunto (44).
Estos son los pocos datos que hemos podido documentar puesto
que es lógico que tal tipo de información no se encuentre fácilmente;
sin embargo, pienso que son lo suficientemente expresivos para acla­rar
el papel representado por los regidores, en detrimento de las ren­tas
del Cabildo.
Conocedores de esta realidad en la vida administrativa municipal,
los ilustrados trataron de modificar y corregir en lo posible estos abu­sos,
en un intento democratizador de la política local (45), creando
para ello en 1766 dos nuevos cargos: dos diputados del común y un
síndico personero elegidos por el común de los vecinos. Las asambleas
del Concejo y la aprobación de sus decisiones no podían realizarse
sin la participación y el voto de estos nuevos ediles (46).
Evidentemente, creo que el intento democratizador fue muy opor­tuno
y demuestra al menos el interés reformista de los ilustrados, cons­cientes
de que para llevar a cabo algún plan de reforma era preciso
ante todo romper con el conservadurismo y la oposición de la oligar­quía
local (47). Había que evitar que esta manipulara a su antojo los
repartimientos de terrenos. Sin embargo, en nuestra opinión, tal me­dida
no supuso un cambio sustancial en la aplicación de las reales
órdenes sobre los repartos de tierras concejiles, por lo menos en el
caso que nosotros estudiamos.
Tal como ya hemos indicado, la pragmática de repartimiento de
(41) A.G.S. Registro General del Sello. Agradezco al profesor Manuel Lobo y a
Carlos Alvarez, archivero del A.G.S., la comunicación de este dato.
(42) A.M.L.L. Reales Cédulas. Doc. sig. P - VII, n.o 9. Se pide informe al
gobernador sobre repartimiento de suertes y se confirma la práctica seguida en
su arrendamiento.
(43) A.M.L.L. Provisiones de la Real Audiencia. Doc. sig. P - XVII, n.o 43. Pro­visión
disponiendo que no puedan rematarse las suertes de tierras de la dehesa por
los regidores, por si ni por personas interpuestas, porque va en daño de los pobres.
(44) Real Provisión cit.
(45) En esta reforma de la administración local, es de destacar la figura de Cam-pomanes.
Véase: OUILLAMON ALVAREZ, F. J.: art. cit.
(46) Ibidem, págs. 130- 133.
(47) Ibidem, págs. 120-122.
59
tierras comunes de 1767, dirigida a los municipios de Andalucía, tam­bién
incluyó a los del Archipiélago, por lo menos en lo que se refiere
al de la Isla de Tenerife (48).
El corregidor accidental, Pedro del Castillo y Ruiz de Vergara,
hizo presente en acuerdo de 26 de marzo de 1768 dicha real orden,
mandando a los diputados y síndico personero que
«formen un plan... y asimismo formen lista de todo el ve-zindario
de esta ciudad y sus arrabales, con expresión de
oficios, medios de vivir y circunstancias de cada uno...para
comprender en el sorteo los que lexitimamente deban entrar
en la distribución,...pidiendo para este efecto, si fuera ne­cesario,
a los venerables vicarios se franqueen a los comi­sionados
los padrones de las parroquias de esta ciudad» (49).
El plan propuesto por el corregidor no puede ser más acertado.
Sin embargo, en la documentación consultada no hemos encontrado
ningún rastro del mismo, lo que nos hace sospechar en su no realiza­ción.
Tropezaba con la oposición de parte de los miembros del Concejo.
En efecto, las ausencias de los regidores a las juntas para tratar
del tema, así como la crítica del personero general de la Isla, Amaro
González de Mesa, sobre la imposibilidad de aplicar las medidas que
arbitraban la real orden en el caso del municipio lagunero, motivaron
que no tuviera efecto el repartimiento en 1768.
Evidentemente, al ponerse en práctica unas medidas generales
a todo el reino, tenían que sufrir ciertas modificaciones impuestas
por las circunstancias peculiares de la realidad local. Sin embargo, los
puntos que debían ser modificados eran propuestos por los miembros
del Concejo y, ¿hasta dónde estuvieron dispuestos a adaptar una le­gislación
a la realidad local, aunque fuera en contra o menoscabara
determinados intereses?
La respuesta a esta cuestión reside en el plan de repartimiento
elaborado por el síndico Amaro González de Mesa (Véase apéndice
documental II) y apoyado por los demás miembros del Cabildo. El
tema central y su diferencia con las reales órdenes de 1767 y 1768
radica en sostener la ausencia entre el campesinado lagunero de aque-
(48) Véase cita n." 29.
(49) A.M.L.L. Acuerdos del Concho. Libro 38, oficio 1.°, fol. 89 r.
60
lias categorías que del mismo hacían dichas reales órdenes, —cuestión
sobre la que se insistirá repetidas veces—, la imposibilidad de que se
fomentase la agricultura entregando las suertes a aquellos que no tie­nen
capital necesario para ponerlas en cultivo y dudando, en definitiva,
de que los verdaderos acreedores a entrar en el reparto sean los indi­viduos
señalados en las citadas disposiciones, poniéndose así de mani­fiesto
la contradictoria interpretación de las medidas ilustradas por
parte de la oligarquía que dominaba el Concejo. En este sentido, el
personero indica que
«la razón de dudar es porque en esta Isla no conosemos el
oficio de senarero ni de bracero, pues si quiere decir sem­brador
o arador, esto lo hacen los mismos labradores; si
son gañanes, piones y operarios que aludan a la labranza,
estos de ordinario son los hijos de los labradores o mozos
que tienen asalariados; y por lo que mira a la segunda Pro­visión
[ 1768], en esta Isla no hay labradores sin tierras que
labrar, o propias o agenas...; y si entendemos los operarios
a jornal o gañanes, suponiendo que entiendan de labranza,
haremos criado a el amo y amo al criado; pero no podremos
dar al nuebo amo los bueyes y aperos del viexo, y siendo el
nuevo pobre y no pudiendo comprarlos ni pagar yunta al
jornal, le sera preciso dar su suerte a medias o a renta. De
aqui nace otra duda que es necesario resolver, si este esta
sujeto a la pena de comiso intimada por la de 29 del XI
[1768] y si igualmente comprehende a los que dieren sus
suerte a medias como a el que la subarrienda, pues en este
sentido el exponente es labrador y lo son cuantos tienen
tierras sobre que Dios les Ilueba» (50).
Bajo estas críticas y en la dificultad de que se pudiera desarrollar
la agricultura entregando solamente una suerte de ocho fanegadas,
dada la diferente calidad de los terrenos, el síndico propone en su
plan que se distribuyan lotes de tres suertes entre los labradores anti­guos
colonos de propios, —a quienes considera como los verdaderos
acrehedores, en primer lugar, al reparto—, y que las demás parce-
(50) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40, libro 1.°, fbl. 18, vto- 19 r.°.
61
las se repartan, dando una a cada uno de los interesados, e incluyendo
en esta segunda distribución a los labradores de los pagos y a jomederos
y pobres.
Así pues, de las consideraciones del personero y del apoyo pres­tado
a su plan por parte de los miembros de la oligarquía que dominaba
el Concejo se deduce, en primer lugar, la preocupación por garantizar
la continuidad en el disfrute de las suertes a un grupo de colonos
arrendatarios de propios, los grandes renteros antes del repartimiento
ilustrado; en segimdo lugar, destaca la diferencia del plan con las me­didas
propuestas en las reales órdenes, puesto que no se trataba de
favorecer preferentemente, como indicaban estas disposiciones, a los
jornaleros, sino a los labradores más acomodados de la comunidad.
En este sentido, el plan del personero y su crítica se enlaza directa­mente
con aquella que sostenía la total falta de aplicación de estas dos
citadas disposiciones, —crítica que anteriormente hemos señalado—,
adelantándose dicho plan a la real orden de 1779, en la cual se man­daban
proposiciones similares. En definitiva, del contenido del plan
se desprende una concepción clasista y con su aplicación se trataba de
no cambiar sustancialmente el sistema seguido hasta el momento en
la explotación de las suertes concejiles, negando toda posibilidad de
llevar a cabo una reforma social.
Por otra parte, no falta la oposición al repartimiento, alegándose
la ruina de la labranza, es decir, de los grandes renteros y, al mismo
tiempo, la pérdida por el Concejo de parte de sus ingresos (51). En
setiembre de 1769, el nuevo personero, Vicente Vizcaíno, al indicar
los atrasos en las diligencias de reparto, señala que
«parece que por algunos no se aspira otra cosa que a que se
pase la disposición y queden las tierras sin repartir» (52).
(51) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40, libro l.o, fol. 17, vto-18 r.": En este
sentido responde la oposición del diputado del común Josef Bello, quien afirma
que con el repartimiento «se destruie el caudal de propios y no habrá fondos para
las precisas obligaciones y dotación que sobre ellos están asignadas; que se destruie
la labranza, hasiendose pobres los que hasta aora han vivido con este trabaxo y no
adelantando cosa alguna los que nuebamente entraren en este repartimiento».
(52) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40, libro 1.°, fol. 120 r.".
62
Asimismo, en octubre de 1769, días antes de la realización del repar­timiento,
el fiscal de la Audiencia, en respuesta a la representación del
f)ersonero, solicitando del Tribunal que exija al Cabildo lleve a efecto
la distribución de las suertes, manifiesta claramente la oposición de
parte de sus miembros:
«El síndico personero ha hecho continuamente intancias
para que se lleve a cabo el repartimiento, y últimamente
solicito que se juntase aquel Cabildo para evacuar el infor­me
prevenido, a cuio fin se hizo la correspondiente citasion,
...pero infructuosamente. Esta decidla de los capitulares ha
dejado pasar un tiempo oportuno para hacer el reparti­miento...
No es posible que hubiera iguales retardaciones
si todos los que han ocurrido como patricios y los que tie­nen
obligación de cumplir con las ordenes superiores no
descuidaran de ellas, acaso por fines particulares de que no
se hagan aquellos repartimientos o se desproporcionen, de
suerte que parezcan inútiles» (53).
Ante esta actitud de los regidores, la Audiencia ordena en marzo
de 1769 al corregidor que ejecute inmediatamente el repartimiento,
de acuerdo con las reales órdenes de 1767 y 1768, —no aprobando el
plan del personero—, pues
«estas están tan claras que en ellas se previene quanto pueda
ocurrir de pronto...Si ese Ayuntamiento tubiere algo que
representar, podra recurrir al Real y Supremo Consejo» (54).
Sin duda, el tribunal intenta impedir que la oligarquía local des­virtué
la aplicación de las medidas contenidas en las reales disposiciones.
Pero el Ayuntamiento no acudió al Consejo de Castilla para la apro­bación
del plan del personero y el repartimiento se efectuó de acuerdo
con este plan en octubre de 1769, siendo confirmado por la Real
Audiencia.
En definitiva, el comportamiento seguido por la oligarquía local
es contradictorio. Por una parte, existe toda una preocupación porque
(53) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40, libro 2.0, fol. 202 r.".
(54) A.M.L.L. /unía de Propios, leg. 40, libro 3.°, fol. 23 r.o-vto.
63
el repartimiento no perjudique los intereses de una minoría de grandes
renteros; por otra, una negativa a la realización del reparto, basándo­se
en que disminuirían las rentas del Concejo. Ahora bien, si tenemos
en cuenta la participación de esta oligarquía en los arrendamientos de
las suertes concejiles, la actitud opuesta al repartimiento decretado
por los ilustrados tiene su explicación: significaba la pérdida de esa
participación, por lo menos a corto plazo, a no ser que se asignaran
lotes en el momento de la distribución, lo cual hubiera provocado la
viva oposición de los mismos labradores, tal como sucedió en un re­parto
posterior, como veremos.
En el plan del síndico personero se hacía referencia a la conve­niencia
del repartimiento de pequeños lotes para huertas de hortalizas
y papas para el abasto urbano, aduciendo razones de tipo social y,
al propio tiempo, con el fin de resolver las intromisiones y rozas en
aquellas zonas que el Cabildo tenía acotadas para resguardar los manan­tiales
que abastecían de agua la ciudad, entregando trazos en los alre­dedores
del casco urbano a aquellos propietarios cuyas tierras fueran
colindantes a dichas zonas y a los labradores que se hubieran introdu­cido
en ellas (Véase apéndice documental II). Asimismo, la propuesta
del personero es anterior a la promulgación de la real orden de 1770,
la única que prescribía la realización de este tipo de reparto.
La Real Audiencia, con el fin de controlar el poder de la oligar­quía
local y de que se cumpliesen las reales órdenes, mandó que antes
de proceder al repartimiento de trazos informasen sobre su conveniencia
peritos labradores elegidos por el común (55); el informe no fue
satisfactorio para los miembros del Concejo, porque contradecía en
algunas cuestiones el plan del personero Amaro González de Mesa,
en cuanto que se oponía a la roturación de parte del baldío inmediato
a la ciudad por la disminución de los pastos e indicaba que el llano
de La Laguna no podía ser cultivado por vecinos pobres, —señalando
otros lugares para dicho reparto de huertas—, porque
«la esperiencia les ha enseñado haberse plantado mas de
20 fanegas de papas en dichos paraxes y no...haberse coxido
una...; y también que por la mucha agua rebienta la tierra
y por no tener corriente se enposa, hase charcos y chaparra-
(55) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40, libro 2.", fbl. 69 r.°.
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les, y por consiguiente se perderán cualquier hortalizas
que se plantaren, y mas que no es posible por la mucha
umedad se fabriquen chosas ni casas presisas para la havi-tasion
de muchos pobres, que se espondran por este medio
a pereser» (56).
Indudablemente, era prácticamente imposible que los jornaleros,
a los que se les hacía este reparto de huertas, tuvieran capital para
sostener los costos de producción. Pero la oposición de los peritos
fue vencida por el Concejo nombrando miembros de la clase domi­nante
para la elaboración del informe pedido por la Audiencia (57).
El repartimiento de trazos se realizó en 1772, con la aprobación del
Tribunal y en algunas de las zonas que indicaba el plan del personero,
a excepción del baldío, como veremos más adelante.
Después de la primera distribución de trazos, el Cabildo intentará
ejecutar nuevos repartos. En 1776, sin ningún resultado por la oposi­ción
de la Audiencia y de algunos regidores (58); en 1780, a pesar de
idéntica oposición, se efectuó el deslinde y distribución de los lotes,
pero no llegó la aprobación del Consejo de Castilla (59); en 1798 se
intentó de nuevo llevar a cabo el de 1780, pero tropezó esta vez con
la negativa de aquellos colonos que habían sido desposeídos de las
suertes destinadas a trazos (60).
Esta actitud de la oligarquía local en favor de más lotes para
huertas significaba, desde el punto de vista de la hacienda municipal,
la disminución de las rentas en trigo del Concejo, puesto que el canon
•de las huertas era en su mayor parte en dinero. En este sentido, el
personero general de la Isla, en su negativa a la creación de nuevos
lotes, indica en 1780:
(56) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40, libro 2.°, fol. 72 r." - vto.
(57) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40, libro 2.", fol. 133 r.o-vto.: «No tener
la debida satisfacción de ellas G^ diligencias de los peritos) por ser opuestas al cono­cimiento
e inteligencia de estos capitulares; para que se produzca con el debido arre-gto
y con el se haga el informe a la Audiencia, nombraron por peritos...al sargento
mayor D. Antonio Eduardo, al capitán D. Femando Rodríguez de Molina y al ayu­dante
mayor D. Alexandro Saviñon».
(58) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40, libro 4.°, fol.
(59) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 41, libro 2°.
(60) A.H.N. Consejos. Sala de Gobierno, leg. 2.718, exp. n.° 11: Expediente
formado a representación de la Real Audiencia de Canarias, a instancia de varios
interesados sobre un repartimiento de tierras de propios de La Laguna; en cuyo
asunto intenta tomar conocimiento la Junta de Propios de dicha ciudad.
65
«va manifestándose el exceso en la mesura de terrenos para
trazos, sobre lo que el exponente suplica a la superioridad
se digne tener presente que por mas que en el dia se aparente
ventajoso el desfalco de las suertes labradlas para suertes de
papas, coles y otras legumbres, si se abre la mano a estas
ampliaciones dentro de muy poco tiempo veremos reducido
la mayor parte de las tierras de pan a huertas de estas especies,
con desfalco y decadencia del principal alimento y de las
rentas de trigo de los propios, sobre que funda La Laguna
su más feliz subsistencia» (61).
Por otra parte, con repartir más trazos no se había conseguido
en la realidad el fin social que se perseguía, sino todo lo contrario.
Lope de la Guerra, regidor y miembro ilustre de la Sociedad Econó­mica
de La Laguna, señala en 1780 el total fracaso del anterior re­partimiento
de trazos de 1772, porque aquellos braceros que habían
obtenido una parcela la habían traspasado a otros con mayores re­cursos,
no cumpliéndose de esta manera las reales órdenes, puesto
que los jornaleros no tenían capital para poder sostener los costos de
producción del lote concedido (62).
¿Cómo explicar entonces el comportamiento de los miembros del
Concejo en crear más lotes para huertas? La respuesta no esta solamente
en satisfacer la presión de las clases sociales por los trazos. Reside
también en el interés de la oligarquía local por conseguir una parcela.
En efecto, en el frustrado repartimiento de 1780 y en el informe que
los mismos regidores enviaron a la Audiencia se expresan ellos mis­mos
en este sentido:
«La continua y penosa tarea que han tenido que sufrir los
individuos de esta Junta, con abandono de sus propios in­tereses
y ocupaciones particulares, que no les es tan sensible
como la censura popular que esperan contra las verdaderas
intenciones que la Junta a tenido..., que aun por eso, lo
que expresan particularmente los señores diputados de abas­to,
se hallan privados del derecho de pretendientes, de que
hubieran usado de no hallarse implicados en sus oficios...;
(61) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 40, libro 4.°, fol. 17 vto-18 r.°.
(62) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 41, libro 2.°, fol. 105 vto - 106 r.'
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hacen presente a esta Junta, al menos por el trabajo de que
han llevado... se les tenga presente con la correspondiente
preferencia para el señalamiento de algún trozo de los que
sucedan ser decomisado...en razón de lo cual hacen también
al tribunal superior de la Real Audiencia la mas reverente
suplica para que se sirva tener a bien esta insinuación» (63).
Esta conducta de la oligarquía local fue aún más patente en el
intento de nueva división de trazos de 1798. Como ya hemos señalado,
fracasó por la oposición de los colonos, quienes plantearon ante la
Audiencia sus quejas de desahucio. Ello motivó el enfrentamiento de
la oligarquía local con el Tribunal, —que apoyaba a los colonos—,
negándole su jurisdicción en esta materia, y reconociéndosela sola­mente
al Consejo de Castilla. La solución a este conflicto la dio este
último, desaprobando el reparto efectuado y prefiriendo el cultivo del
cereal al de huertas. Asimismo, en la representación de los labradores
desahuciados ante la Audiencia se denuncia las irregularidades del
reparto y el papel de la oligarquía local:
«Han repartido entre los mismos concejales, domésticos de
los propios jueces, escribanos de la Junta y medico titular
del pueblo, que no son labradores ni gozan de sus privile­gios,
porción de trazos de bastante consideración» (64).
Así pues, el consentimiento de los miembros del Concejo a la
realización del repartimiento ilustrado estuvo en relación directa con
la aprobación del plan del personero, de su propio plan, puesto que
ello significaba no solamente favorecer a una minoría de grandes ren-
(63) A.M.L.L. Junta de Propios, leg. 41, libro 2°, fol. 1, 121 vto - 122 r.°: El
regidor Lope de la Guerra denuncia este interés de los demás miembros del Concejo
por los trazos en los siguientes términos: «Si aquellos señores (los de la Junta) no dudan
de que se pueden dar tierras concejiles y constituit deudores y censualistas del mismo
Ayuntamiento a los concejales que lo componen, dispongan conforme a su ciencia
y conciencia...No hay mejor pronóstico de lo futuro que la historia de lo pasado.
Ninguna comunidad podra gloriarse de que sus individuos ponen tanto cuidado en
lo del común como el que pone cada particular en su particular. ¿Y creen de buena
fe los señores ministros...que en el dia hay mas celo, actividad, orden e inteligencia
por la causa publica...que en los primitivos tiempos? Créanlo muy enhorabuena, pero
el que ha repasado los mas de los libros capitulares no puede creerlo».
(64) A.H.N. Consejos. Sala de gobierno, leg. cit.
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teros, sino, de paso, permitir la creación de huertas y su entrada en el
disfrute de las mismas.
Considerado el papel desempeñado por la oligarquía local, pa­semos
a analizar cuál fue el resultado del repartimiento ilustrado des­de
la óptica de los colonos que accedieron a la propiedad de la tierra.
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IV
LOS «NUEVOS COLONOS» DE PROPIOS
En este apartado consideraremos la distribución de las suertes
y trazos concejiles entre aquellos interesados que los miembros del
Concejo estimaron más acreedores a su participación en el repartimiento.
A partir de esta distribución inicial, analizaremos la dinámica de la
propiedad de las suertes y trazos, sus causas, —fundamentalmente
el canon—, y la situación social del colonato. Finalmente, veremos la
capacidad de concentración y quienes son los grupos que la protagonizan.
El análisis de estas cuestiones nos permitirá ver hasta qué punto
el repartimiento ilustrado significó una modificación de la situación
socioeconómica del colono de propios antes de dicho reparto y valorar
su resultado.
4.1.—Distribución inicial de las suertes y trazos concejiles.
Contra la opinión de Cárdenas y de Costa de que las reales órde­nes
sobre repartimiento de tierras comunes no se cumplieron por la
oposición de la oligarquía local a toda reforma social (1), en el caso
de las dehesas de Tenerife se llevó a efecto, a pesar de esa oposición
que ya hemos tenido ocasión de examinar en capí