La diócesis de Tenerife. Apuntes para su historia : de los orígenes hasta su restablecimiento definitivo

              HISTORIA
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LA DIÓCESIS DE TENERIFE.
APUNTES PARA SU HISTORIA. DE LOS ORÍGENES
HASTA SU RESTABLECIMIENTO DEFINITIVO.
Por María F. NUÑEZ MUÑOZ
El estudio que presentamos, dentro de la línea de profundiza-ción
de cada una de las etapas que consideramos fundamentales en
la historia de la diócesis tinerfeña, hasta su restablecimiento defmiti-vo,
así como de la publicación de los documentos básicos que las
testimonian y configuran, corresponde al que hemos denominado
segundo período (1), que comprende los años transcurridos desde la
erección del obispado en 1819 hasta su supresión en 1851, según lo
determinado por el Concordato con la Santa Sede del mismo año.
En el trab^o que hemos dedicado al primer periodo, titulado
Preliminares para la erección de la diócesis de Tenerife
(1813-1819) (2) desarrollábamos con amplitud la serie de intrigas
políticas y eclesiásticas que obstaculizaron el que los diputados ti-nerfeños
en las Cortes de Cádiz de 1812, Ruiz de Padrón, Key y
Muñoz y Llarena y Franchy, pudieran obtener la concesión de un
obispado independiente del de Canarias para las cuatro islas occi­dentales,
pudiéndose conseguir, como máximo, en 1816, el nombra­miento
de un obispo auxiliar de Las Palmas, con residencia en Te­nerife.
La concesión de un obispado auxiliar no satisfizo ciertamente
los deseos de los tinerfeños, si bien, como solución transitoria, cons­tituyó
un primer paso en orden a conseguir su verdadero objetivo.
(i) Cfr. MARÍA F. NUÑEZ MUÑOZ: «U diócesis de Tenerife. Apuntes para
su Historia. De los orígenes hasta su restablecimiento definitivo» en «Revista de His­toria
Canaria», Tomo XXXVI, 171 (1978) 33-34.
(2) Ibid. págs. 35-72.
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La incansable actividad de los años siguientes, encaminada a
este fin, se vio coronada por el éxito a! obtener un dictamen favora­ble
del Fiscal Supremo el informe mandado elaborar por la Cá­mara
de Castilla para comprobar la necesidad de la creación de un
segundo obispado en las Islas Canarias. Por este motivo, la diócesis
tinerfeña, tantos años deseada, se convertía en una realidad. Con
ella empezaba también una nueva etapa de su historia, de la que ha­cemos,
a continuación, un estudio detallado.
El tercer período, que será objeto de nuestro próximo artículo,
corresponde a la etapa que comprende la supresión de la diócesis de
Tenerife y su restauración definitiva (1851-1876), uno de los prime­ros
frutos de la Restauración.
En el presente estudio, como en el primero, hemos escogido,
preferentemente, hacer nuestro trabajo sobre base documental, por­que
consideramos imprescindible dar a conocer algunas de las fuen­tes
que aún existen inéditas para que sobre ellas, como decíamos en
otra ocasión (3) también otros muchos investigadores puedan hacer
Historia, enriqueciendo nuestras aportaciones, e interpretándolas
desde otros puntos de vista.
Los Archivos consultados han sido: en Madrid el del Ministerio
de Justicia, el del Ministerio de Asuntos Exteriores y el de la Emba­jada
de España ante la Santa Sede, cuyos fondos se conservan ac­tualmente
en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores; y en
Roma, el Archivo Secreto Vaticano y el de la Nunciatura de Ma­drid,
que ha sido trasladado a Roma desde su sede original (4).
La Bibliografía utilizada va indicada en las Notas correspon­dientes.
(3) Ibid. págs. 33-34.
(4) Las siglas que utilizamos en las Notas son:
AMJ Archivo Ministerio de Justicia.
AMAE Archivo Ministerio Asuntos Exteriores.
AEESS Archivo Embtúada de España en la Santa Sede.
ASV Archivo Secreto Vaticano.
ANMadrid . . . Archivo de la Nunciatura de Madrid.
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LA DIÓCESIS DE TENERIFE DESDE SU ERECCIÓN
HASTA SU SUPRESIÓN TEMPORAL. (1819-1851)
I. LA «INSTRUCCIÓN» DE LA CÁMARA DE CASTILLA.
El informe favorable a la erección de un obispado en Tenerife,
elaborado por la Cámara de Castilla, y presentado a Femando VII
con fecha 5 de septiembre de 1818, indujo al monarca a ordenar,
con este fin, que se realizasen a la mayor brevedad las negociaciones
con la Santa Sede (1).
La petición oficial enviada a Roma (2) fue acompañada de una
«Instrucción» elaborada por orden de la Cámara de Castilla para
que, de conformidad con la misma, el ministro plenipotenciario de
España en Roma, Antonio de Vargas y Laguna, formulase las preces
correspondientes (3).
La citada Instrucción es un interesante documento que especifi­ca
las razones fundamentales en las que se basaba la necesidad de la
división de la diócesis de Canarias y la erección del nuevo obispado
de Tenerife, así como las condiciones concretas de las dotaciones,
rentas y personal con que deberían contar ambas diócesis tras efec­tuarse
la división.
El motivo fundamental para la creación del obispado se lee en
las primeras líneas del documento:
«...el bien espiritual de aquellos vasallos, y las muchas necesida­des
que sufren, muriendo niños y viejos sin recibir el sacramento
de la confirmación; estar las Iglesias privadas de la vista personal
de los RR. Obispos para reconocer su estado, la vida y la honesti­dad
de costumbre del clero y del pueblo; y el modo con que se ad-
(1) M. F. NUÑEZ MUÑOZ: Preliminares para la erección de la diócesis de Te­nerife
(1813-1819). en «Revista de Historia Canaria», Tomo XXXVI, 171 (1978)
33-72.
(2) Ibid. 60-61.
Los despachos firmados por los ministros Manuel- Josef de Quintana y Cristóbal
Antonio de Ilarraza, que fueron dirigidos al ministro plenipotenciario en Roma, An­tonio
de Vargas y Laguna y al adjunto de Negocios en la Santa Sede, Francisco de To­cón,
con motivo del envío de las Reales Cédulas de petición para la erección del obis­pado
de Tenerife, pueden consultarse en el Archivo del Ministerio de Asuntos Exte­riores,
fondo del Archivo de la Embajada de España en la Santa Sede, Leg. 689, folios,
261-262 y 271.
(3) Instrucción de la Cámara de Castilla a D. Antonio de Vargas y Laguna,
Madrid, 15 de diciembre de 1819. AMAE, leg. 685, fols. 265-269v.
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ministra el pasto espiritual de los fieles, e instruye en los dogmas
y preceptos de la Religión Católica, porque en muchos años no
pasan a las Islas por el temor de los piratas, riesgos del mar, gas­tos
de viajes, y demás inconvenientes que suelen ocurrir» (4).
La solución transitoria del nombramiento de un obispo auxiliar
de Canarias con residencia en Tenerife no había satisfecho a los ti-nerfeños
(5), pues «el ministerio del Auxiliar no puede suplir en
bastante forma la falta del Prelado propio, cuando la necesidad no
proviene de la ancianidad u otras causas personales semejantes, sino
de la extensión de la diócesis y falta de pasto espiritual en ella, im­posible
de prestar por el obispo más robusto, ágil y celoso que pu­diera
encontrarse para llenar la Silla en la actual vacante» (6).
Sin embargo estimamos que a las razones citadas hay que aña­dir
otra, sin duda alguna muy profunda, que nacía de la necesidad
de sentirse independientes del obispado de Canarias, y, sobre todo,
de su Cabildo catedral, que si bien «en sus más sanos y solemnes
acuerdos consintió la división y erección del nuevo obispado... en
posteriores juntas intentaron reformar aquellas deliberaciones» (7),
así como del «Ayuntamiento de la ciudad de Las Palmas de la Gran
Canaria» (8), opuesto también a lo aprobado por las otras seis Islas,
lo que en opinión de la Cámara de Castilla eran «efectos de emula­ción
y partido siempre despreciables; y mucho más en el presente
negocio de necesidad y utilidad de la Iglesia, y asunto grave de Reli­gión,
en que no pueden tener lugar las aparentes razones, con que la
carne y la sangre intentan sofocar e impedir los proyectos más útiles
y que podrán contribuir al provecho y salvación de las almas» <9).
La Instrucción descendía después a detalles concretos de la si­tuación,
condiciones y circunstancias de las cuatro Islas que debían
constituir el nuevo obispado, en orden a la petición que se formula­ba:
«la Isla de Tenerife y sus tres unibles para el nuevo obispado for­man
una extensión de 119 leguas en su circunferencia, con
110.221 almas; quedando todavía para el antiguo obispado en sus
(4) Ibid. fol. 265v.
(5) M. F. NUÑEZ MUÑOZ: Preliminares.... págs. 37-41: cfr. nota 1.
(6) Instrucción de la Cámara de Castilla... fols. 265v-266: cfr. nota 3. La sede
de Canarias estaba vacante tras el fallecimiento del obispo Manuel Verdugo y Albitu-rria,
el 27 de septiembre de 1816.
(7) Instrucción de la Cámara de Castilla.... Ibid. fol. 266.
(8) Ibid.
(9) Ibid.
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tres Islas un territorio de 100 leguas con 83.704 almas; bastando
de consiguiente para la formación de las dos diócesis, y ocupar la
atención y obligaciones de los dos Prelados, con la particularidad
notable de que estando por la naturaleza distinguidas las siete, no
hay necesidad de división, ni de tocar en las Iglesias que subsis­tiendo
en su mismo presente estado, igualmente que los párrocos
y demás ministros, facilitan la división, y quedan señalados sin la
menor disputa ni dificultad los límites de las diócesis en el mo­mento
mismo en que Su Santidad se digne acceder y prestar su
consentimiento Apostólico» (10).
Asimismo se especificaba «que todas y cada una de las cuatro
Islas de Tenerife, Santa Cruz de La Palma, Gomera y Hierro se ha­llan
correspondientemente defendidas contra las invasiones de los
piratas y enemigos que intenten invadirlas, y con especialidad la pri­mera
que por sí sola ocupa una extensión de 48 leguas en circunfe­rencia,
con 12.000 familias y 69.422 almas en 34 villas y lugares, sin
incluir la oficialidad y tropa que forma la guarnición y defensa
de las citadas Islas; y tiene además 43 parroquias, 35 conventos de
religiosos de ambos sexos y 6 hospitales; abunda de frutos y de cuan­to
es necesario para la vida» (II). Con relación a la capital se decía:
«la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, capital de esta Isla de Te­nerife,
tiene Universidad literaria, hospital y Casa de expósitos, 3
conventos de religiosos agustinos, dominicos y franciscos, y otros
dos de religiosas franciscas y dominicas, 2 parroquias magníficas,
con la advocación de Nuestra Señora de la Concepción y de los Re­medios,
y junto a esta última (preferible para catedral) hay varias ca­sas
muy capaces y de buena fábrica, para palacio episcopal; habien­do,
finalmente, en esta ciudad bastantes familias ilustres y de anti­gua
nobleza; se halla situada a bastante distancia del mar que la pre­cave
de toda repentina invasión enemiga; gozando finalmente un
clima tan benigno y saludable que se conceptúa impenetrable a la
peste, lo cual evita el peligro de que se interrumpa o se disminuya el
culto en la nueva catedral por emigración de sus ministros» (12).
La sede episcopal se indicaba que se debería ubicar en «la ciu­dad
capital de San Cristóbal de La Laguna», y la Iglesia catedral en
«la que hoy es parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, muy
cómoda, capaz y bien distribuida, y bastantemente adornada, cir­cunstancias
que en lo absolutamente necesario pueden fácilmente
(10) Ibid. fols. 266-266V.
(11) Ibid. fol. 266v.
(12) Instrucción de la Cámara de Castilla.... fols. 266v-267.
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mejorarse y acomodarse al nuevo destino, según bien visto fuere al
nuevo R. Obispo y Capítulo, atendidas las rentas y todo lo demás
que debe atenderse en tales casos» (13).
Igualmente eran determinados los patronos espirituales de la
nueva diócesis:
«La Patrona de la nueva Iglesia catedral y de todo su obispado será
María Santísima en el Misterio de su Natividad, como desde
tiempos remotos lo ha sido de aquella Parroquia, venerada en su
antigua y devota imagen con la advocación de Nuestra Señora de
los Remedios; añadiendo ahora por copatronos a los gloriosos
reyes San Femando y Santa Isabel, así para que la devoción de S.
M. recomiende a su patrocinio el nuevo obispado, como porque
quede más señalada la memorable época de su erección» (14).
Por último, no se descuidaba la situación de inferioridad en que
quedaba la parroquia de la Concepción, y su correspondiente clero,
por lo que se disponía que se convirtiera en «Parroquia del Sagrario
para la administración de sacramentos en el distrito que era de las
dos» (15).
El número de miembros que debían integrar los Cabildos cate­drales
de los dos obispados, según lo que indicaba la Instrucción,
quedaba disminuido con relación al dictaminado por el Fiscal Su­premo
(16), debiendo ser los siguientes: Seis dignidades: un deán,
tres arcedianos, un chantre y un tesorero; catorce canongías, más las
cuatro llamadas de oficio: Penitenciaría, Doctoral, Magistral y Lee-toral;
diez raciones enteras y ocho raciones medias. La diferencia
entre ambos Cabildos estribaba únicamente en la denominación de
los arcedianos, titulados de Canaria, Lanzarote y Fuerteventura los
de la antigua diócesis, y de Tenerife, La Palma y La Gomera los del
nuevo obispado (17).
Las responsabilidades dentro del Cabildo se definían además
por el derecho al voto canónico, concedido sólo a las dignidades y
(13) Ibid. fol. 267.
(14) Ibid.
(15) Ibid. fols. 267-267V.
En una Nota aclaratoria que acompañaba a la Instrucción se añadía que de este
modo se evitaba «tratar de ministros, sirvientes y rentas y de la colocación del párroco
actual, pues los de las dos parroquias son seis, a quienes no se debe perjudicar en
nada, ya sea colocándolos, ya manteniéndolos en el estado actual». AMAE, leg. 685,
fol. 274v.
(16) M. F. NUÑEZ MUÑOZ: Preliminares... pág. 58: cfr. nota I.
(17) Instrucción de la Cámara de Castilla..., fol. 268: cfr. nota 3.
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canónigos, los racioneros enteros sólo tenían el voto capitular y los
racioneros medios carecían de toda clase de voto siéndoles sólo con­cedido
«la capa de coro, en el cual ocuparán las sillas bajas» (18).
Con relación a los medios económicos con los que contaría el
obispado, la Instrucción, basándose en el dictamen del Fiscal Su­premo
de septiembre de 1818 (19) afirmaba:
«aunque las rentas y producto del actual obispado y de cada una
de las siete Islas no pueden fijarse con seguridad y perpetuidad
por el más o menos de los frutos anuales, y por la alza y baja de
sus valores, y sea igualmente cierto haber variado notablemente
desde el año 1794, según la liquidación que en él se hizo con res­pecto
a las de la Mitra, se halla firmemente persuadida la Cáma­ra,
y asegurado el Real ánimo de S. M. por las diligencias que de
su orden ha practicado la Real Audiencia de Canarias, de que en
el día hay las suficientes para la decorosa y decente manuntención
del R. Obispo, Cabildo catedral, fábrica de la Iglesia, y demás mi­nistros
inferiores que por ahora se consideran suficientes; resul­tando
también que por ser las que producen Islas que quedan al
antiguo obispado, iguales con corta diferencia a las que producen
las restantes cuatro Islas que han de formar el nuevo, quedarán
igualadas las dotaciones y también el número de prebendados y
demás sirvientes, mediante hallarse hoy vacantes algunas, consi­guiéndose
asi una perfecta igualdad en ambas Iglesias, y evitar de
consiguiente los resentimientos y emulaciones que de lo contrario
se originan con frecuencia» (20).
La distribución de la renta de la mesa capitular de cada una de
las dos Iglesias catedrales estaba especificada, asimismo, con todo
detalle:
«se dividirá en 33 porciones o prebendas, las cuales se distribui­rán
sencilla y gradualmente, señalándose al deán y demás dignida­des
una porción y la cuarta parte de otra, teniendo además el
deán una canongía aneja, y por ella otra porción entera; a cada
canongía, porción entera; a cada ración entera, tres cuartas partes
de porción; y cada ración media, la mitad de una prebenda.
Que aunque según este orden resultan 38 partícipes, serán
sólo 32 los capitulares, por cuanto de los catorce canonicatos ha­brán
de agregarse y quedarán desde luego agregados en cada Igle­sia:
urio aldtón, como hasta aquí; otro al Tribunal de la Santa In­quisición;
y dos a la Universidad, conforme a las concesiones
(18) Ibid. fol. 268v.
(19) M. F. NUÑEZ MUÑOZ: Preliminares..., pág. 54: cfr. nota 1.
(20) Instrucción de ¡a Cámara de Castilla..., fols. 267v-268: cfr. nota 3. El su­brayado
es nuestro.
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Apostólicas y Reales, debiéndose, no obstante, expresar así en las
preces; y de las 10 raciones enteras, dos serán para dotación de
capellanes cantores y demás sirvientes inferiores al arbitrio del R.
Obispo y Cabildo» (21).
Finalmente, se hacía hincapié, de forma especial, en la absoluta
independencia en que deberían quedar ambos obispados:
«el Obispo de Tenerife ha de quedar sufragáneo del Arzobispo
Metropolitano de Sevilla, como lo ha sido siempre, y lo queda
también el antiguo de la Gran Canaria; debiendo cesar, por consi­guiente,
por falta del objeto y circunstancias que motivaron su
erección el obispo auxiliar establecido en el año de 1816, con resi­dencia
ordinaria en la Isla de Tenerife, y duración perpetua, ínte­rin
las siete Islas formasen un sólo obispado.
El nuevo R. Obispo, como Pastor propio de aquella diócesis
ha de gozar la jurisdicción Eclesiástica ordinaria y delegada que
los cánones y el Concilio de Trento tiene concedidas a estos prela­dos,
ejerciéndolas sicut juris est; y la omnímoda y plena sobre
todo el clero secular del obispado sin distinción de clases, expre­sándose
en las preces este particular con toda claridad y expresión
para evitar dudas y contiendas sucesivas, que suelen ser tan fre­cuentes
como perniciosas» (22).
(21) Ibid. fols. 268-268V.
En la Nota aclaratoria que acompañaba a la Instrucción se especifícaba: «Las ren­tas
y productos de todo el obispado y de cada una de las siete Islas están calculadas
por el decenio de 1803 hasta 1812 ambos inclusive, y en un año común corresponde
al Cabildo de Canarias, hecha la división, 662.716 reales, y al de Tenerife 714.397.
Las dotaciones que la Cámara señala a los individuos de cada Cabildo importan
720.000 reales, faltan pues para cubrir las del de Canarias 57.284 reales, y para el de
Tenerife S.603. Siguiendo el espíritu de la Cámara se puede dividir la renta de la
Mesa Capitular de cada una de las dos Iglesias Catedrales en 33 porciones o preben­das,
y distribuirlas cómoda, sencilla y gradualmente en esta forma: Cabildo de Cana­rias:
Seis dignidades de a 25.000 reales que son prebenda y cuarta. Deán sin contar la
canongía, 25.000; arcediano de Canaria, 25.000; chantre, 25.000; tesorero, 25.000; ar­cediano
de Lanzarote, 25.000; arcediano de Fuerteventura, 25.000. Canongías: cator­ce
canongias de porción o prebenda entera de a 20.000 reales, hacen 280.000. Diez
raciones de tres cuartas partes de prebenda, esto es de 15.000 reales, hacen 150.000.
Ocho medias raciones de media prebenda que es de 10.000 reales, hacen 80.000. Por
este plan son 38 los partícipes y sus asignaciones importan 660.000. El Cabildo de
Tenerife: Será igual en todo al de Canaria con sólo la diferente denominación de las
dignidades, que serán: Deán, arcediano de Tenerife, chantre, tesorero, arcediano de
La Palma, arcediano de La Gomera. Siendo en este Cabildo la distribución igual al de
Canaria importan las asignaciones de todos sus individuos 660.000 reales y en ambas
resulta algún sobrante que acrecerá proporcionalmente». AMAE, leg. 685, fols.
274V-275.
(22) Instrucción de la Cámara de Castilla..., fol. 268v: cfr. nota 3.
129
Del mismo modo;
«En las vacantes de la nueva Silla ha de suceder el Cabildo en
la jurisdicción, nombrando en el tiempo y forma prevenido por el
Santo Concilio de Trento un sólo Vicario capitular, que podrá ser
del cuerpo del Cabildo, o fuera de él, según lo entendiere más
conveniente, el cual deberá correr con el gobierno de la diócesis y
celebración de concursos a Beneficios curados, conforme el Con­cordato,
el cual, y todo lo demás dispuesto por el derecho canóni­co,
y por las disposiciones del Tridentino y Bulas Apostólicas, de­berá
observarse puntualmente en la provisión de prebendas y de­más
beneficios eclesiásticos» (23).
Igualmente se facultaba al nuevo obispo, así como a sus suceso­res
para variar y alterar según su discreción y prudencia el número
de dignidades, canongías, raciones enteras y medias; señalar el nú­mero
de ministros inferiores convenientes para el mejor orden, go­bierno
y servicio de la Iglesia catedral, así como las dotaciones de to­dos,
«según el aumento o disminución que puedan tener las rentas y
lo exijan o permitan las circunstancias» (24), si bien advirtiendo
que para todo ello era necesario previamente el «conocimiento de la
Cámara y Real consentimiento» (25). Se le concedía asimismo «po­testad
y autoridad» para «con acuerdo y asenso del cabildo catedral,
erigida la diócesis, poder disponer Estatutos, Constituciones y Capí­tulos
«lícitos y honestos para su régimen y gobierno, que no se
opongan a los sagrados cánones, constituciones apostólicas, decretos
del Tridentino, leyes del Reino, y Concordato ajustado entre la Co­rona
de España y la Santa Sede en el año 1753, ni a las demás gra­cias
concedidas posteriormente por la Silla Apostólica» (26).
Como último punto se encarecía al ministro plenipotenciario
que en las preces al Pontífice hiciera constar que la ejecución de la
división del obispado de Canarias y la erección del nuevo fuera en­comendada
a «persona constituida en dignidad episcopal u otra
eclesiástica subrogada en su lugar, que fuera del agrado y aceptación
deS.M.» (27).
El documento que comentamos terminaba con la clara adver­tencia
a Vargas y Laguna de que cuidase «que en la extensión del
Breve se observe la mayor expresión y claridad para evitar dudas y
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
Ibid. fol. 269.
Ibid.
Ibid.
Ibid. fols. 269-269V.
Ibid. fol. 269v.
130
recursos, que ni se perjudiquen las regalías ni las facultades nativas y
delegadas del R. Obispo en lo que le corresponda» (28), así como de
que procurase «por cuantos medios le sean posibles el que Su Santi­dad,
teniendo en consideración el empobrecimiento del Reino con
la última pasada guerra, se digne condescender en que las Bulas se
expidan por el mismo coste que ordinariamente tienen las ereccio­nes
de nuevos obispados de Indias, o el que tuvieron las de erección
del de las Islas de Ibiza y Formentera en el años de 1782» (29).
II. LA BULA DE ERECCIÓN DEL OBISPADO.
La rapidez de trámites en el Vaticano para la expedición de la
Bula de erección del obispado de Tenerife respondió a la «urgente
necesidad» que se expresaba en la Instrucción de la Cámara de Cas­tilla
a la que nos hemos referido anteriormente (30), ya que el mi­nistro
plenipotenciario Vargas y Laguna acusaba recibo de los docu­mentos
enviados por el Gobierno español con fecha 15 de enero de
1819 (31) y el pontífice Pío VII expedía la Bula el 1 de febrero si­guiente
(32).
En el oficio que acompañaba al envío de la Bula a España, Var­gas
y Laguna hacía constar que «convienen en un todo con las Ins­trucciones
remitidas para solicitar dicha gracia», y, además que ya
que «la Cámara parece deseaba que el coste de estas Bulas no supe­rase
al que tuviesen las del obispado de Ibiza, las cuales dijo el señor
duque de Grimaldi que... pudo reducir su importe a 3.200 escu­dos
» (33). El coste de las del obispado de Tenerife, sin embargo, no
ascendió sino a 674 escudos y 75 bayocos (34).
(28) Ibid.
(29) Ibid.
(30) Ibid. fol. 265.
(31) Vargas y Laguna a Cristóbal Antonio de Ilarraza, Roma, 15 de enero de
1819; AEESS, leg. 689, fol. 270.
(32) Trasunto de la Bula de Erección del obispado de Tenerife: AMAE, leg.
685, fols. 257-260V.
(33) Vargas y Laguna a Cristóbal Antonio de Ilarraza, Roma, 15 de febrero de
1819: AEESS, leg. 689, fol. 253.
(34) Ibid.
En el folio 256 del mismo legajo está un recibo firmado por Fabio Testa corres­pondiente
a la cantidad indicada por Vargas y Laguna. En el folio 304, también del
mismo legajo, con fecha 15 de marzo de 1819 se conserva la minuta del acuse de reci­bo
de la Bula de erección y de su importe correspondiente, dirigida al adjunto de ne­gocios
en la Santa Sede, Francisco Tocón, por el ministro Manuel Josef Quintana.
131
Respecto al contenido de la Bula que, ciertamente, se confor­maba
con exactitud a las instrucciones enviadas al ministro en la
Santa Sede, cabe destacar la afirmación con la que se iniciaba la par­te
expositiva:
«Hemos recibido con la benignidad pontificia unas preces que se
Nos han dirigido de parte de nuestro muy amado en Cristo hijo
Femando rey católico de España... en las cuales refiriendo la vas­tísima
extensión o amplitud de la diócesis de Canarias, compuesta
de siete Islas; y haciendo al mismo tiempo ver, que con motivo de
la suma distancia y regiones marítimas intermedias y a veces de
las incursiones de las piratas, no es posible que de ningún modo
sea suficiente para el gobierno espiritual de una grey tan grande, y
tan apartada o distante, el esmero de un solo pastor; ni sufi^gar al
remedio de las necesidades de los diocesanos los auxilios de un
solo obispo titular suftagáneo, residente en la Isla de Tenerife, con
la asignación de la congrua de mil setecientos diez y ocho ducados
de oro de Cámara, y doce julios con tres cuartillos de moneda ro­mana
anuales, decretados en virtud de otras Letras nuestras expe­didas
con el sello de plomo el día treinta y uno de mayo, del año
pasado de mil ochocientos diez y seis; pedía con el mayor encare­cimiento,
que durante la actual vacante de la Silla episcopal de
Canarias, por fallecimiento de Manuel Verdugo y Albiturria, de
buena memoria; y previa la desmembración de esta diócesis, de
las cuatro Islas, llamadas respectivamente una de Tenerife, otra
de Santa Cruz de la Palma; la tercera de Gomera, y la restante de
Ferro; las cuales juntas comprehenden más de ciento y diez mil
almas, y un circuito de ciento y diez y nueve leguas; y que están
completamente precavidas de las incursiones de los piratas o la­drones
y otros enemigos; erigiésemos en la ciudad de San Cristó­bal
de La Laguna, capital de la misma Isla de Tenerife, visible por
su mucho gentío y antigua nobleza de familias ilustres, una nueva
Iglesia catedral, y la consignásemos enteramente las sobredichas
cuatro Islas para su territono diocesano» (35).
Como consecuencia de los motivos aducidos en el exordio antes
transcrito, el pontífice concluía disponiendo la erección del obispa­do:
«Habiendo reflexionado con la debida madurez todo lo sobredi­cho,
y considerada mayormente la necesidad y utilidad de los fie­les
cristianos que viven en aquellos parajes de nuestra cierta cien­cia;
previa una madura deliberación, y con la plenitud de la po­testad
Apostólica; precedida la revocación y cesación del insinua­do
oficio de sufragáneo, bien que proveyéndose lo conveniente a
(35) Bula de erección del obispado de Tenerife, traducción oficial en castellano:
AMJ, leg. 4.026, N.* 21.220, n." I.
132
la congrua y decente manuntención del actual obispo sufragá­neo
(36); dividimos, desmembramos y separamos a perpetuidad
de la diócesis de Canarias, las sobredichas cuatro Islas de Teneri­fe,
de Palma, de Gomera y de Ferro, con todo el territorio com-prehendido
en ellas; y después de haberlas así dividido, desmem­brado
y separado, las eximimos y libertamos también a perpetui­dad,
con todos los pueblos, iglesias, benefícios, y personas así
eclesiásticas como seculares, de la jurisdicción ordmaria del obis­po
de Canarias, mandando consiguientemente que todas y cada
una de las Escrituras o Títulos, Protocolos o papeles y demás
documentos de toda clase de cualquier modo pertenecientes a las
mencionadas cuatro Islas, y concernientes de cualquier manera a
los habitantes de éstas, deban libremente separarse de la Curia
episcopal de Canarias y consignarse a la secretaría del nuevo obis­pado
de que aquí en adelante se hará expresión» (37).
De igual forma se disponía en la Bula todo lo concerniente a la
ubicación de la sede episcopal, fundación de un seminario eclesiásti­co,
advocación de la Iglesia catedral, y dependencia del nuevo obis­pado
del metropolitano hispalense en calidad de sufragáneo:
«para todo su territorio diocesano, eri^mos, y constituímos asi­mismo
a perpetuidad la mencionada ciudad por capital del obis­pado,
que ha de llamarse de San Cristóbal de La Laguna, con un
seminario eclesiástico de niños o jóvenes que deberá fundarse
cuanto antes fuere posible, y con todos los honores, derechos y
prerrogativas de que suelen disfrutar semejantes capitales; y en
ella la Iglesia parroquial con la advocación de la Natividad de la
Bienaventurada Virgen María y título de los Remedios, de bastan­te
extensión y decentemente adornada y bien surtida de alhajas o
vasos sagrados, en Iglesia catedral; la cual habrá también de lla­marse
de San Cristóbal de La Laguna; y estar sujeta en calidad de
sufragánea al arzobispo de Sevilla, como su metropolitano; y titu­larse
con la advocación de la Biennaventurada Vii^en María, y de
los Santos Femando e Isabel; y ser parroquial según lo era antes;
y en ella la competente Sede, Cátedra y Dignidad episcopal, para
un sucesivo obispo, cuyo nombramiento habrá de hacerse a Nos,
(36) En el Real Decreto Auxiliatorio, dado por Femando VII con fecha 18 de
agosto de 1819 se disponía lo siguiente: «Que la distribución de dichas rentas [se refie­re
a las de la diócesis] se haga en la forma siguiente: De lo que pertenezca a la vacante
de la Mitra nuevamente erigida se pagarán dos mil y quinientos ducados al Obispo
Comisionado, mitad de la dotación que ha disfrutado como auxiliar de Tenerife,
pues aunque este título cesa al hacerse la división, debe continuar en el goce de los
cinco mil ducados como congrua sustentación»: AMJ, leg. 4.026, N.' 21.220, n.* 2.
(37) Bula de erección del obispado de Tenerife, traducción oficial en castellano,
AMJ; leg. 4.026, N.' 21.220, n.* 1.
El subrayado es nuestro.
133
y a los Pontífices romanos, nuestros sucesores, conforme a lo
prescrito por las Leyes canónicas, por el actual y que en adelante
fuere rey católico de España, y en sustitución, por la Santa Sede
Apostólica según costumbre...» (38).
Los restantes párrafos de la parte dispositiva del documento
pontificio descendían a todos los detalles relacionados con las facul­tades
correspondientes al obispo, cabildo catedral y recursos econó­micos,
de acuerdo siempre, según hemos indicado, con las instruc­ciones
enviadas por la Cámara de Castilla (39). La Bula terminaba
delegando el pontífice en el monarca español la potestad de designar
la persona que debería ejecutar la división del antiguo obispado y la
erección del nuevo:
«a fin de que todo lo sobredicho así dispuesto por Nos, según va
aquí antecedentemente anunciado, surta válidamente su efecto,
nombramos por ejecutor de estas nuestras Letras, a la persona
constituida en dignidad episcopal u otra eclesiástica, que el mis­mo
rey Femando destine o señale, a la cual damos v concedemos
autoridad y potestad, y todas y cada una de las facultades necesa­rias
y conducentes para el complemento de lo mismo arriba di­cho
» (40).
Cabe destacar el interés demostrado para la pronta erección del
obispado de Tenerife, tanto por parte de Femando VII, como de la
Santa Sede, pues a la brevedad del pontífice en expedir la Bula, co­rrespondió
la de la Cámara de Castilla concediéndole el pase con fe­cha
20 de marzo del mismo año 1819 (41).
(38) Ibid.
(39) Cfr. noto 33.
(40) Bula de erección del obispado de Tenerife, traducción oficial en castellano:
AMJ, leg. 4.026, N.' 21.220, n.* 1.
r(41) En la última página de la traducción oficial de la Bula en castellano se lee
la siguiente noto: «En visto de esto Bula original expedida a instoncia de S.M. por la
Santidad de Pío siptimo, en primero de febrero último para la división del Obispado
de Canarias, y erección de otro nuevo en la Isla de Tenerife con agregación de las de
Palma, Gomera y Hierro, y designación de La Laguna para su asiento, y en ella la
Iglesia parroquial con la advocación de la Natividad de la Bienaventurada Virgen Ma­na,
y titulo de los Remedios; y de lo que sobre ella expuso el señor Fiscal, ha acorda­do
la Cámara por decreto de veinte del corriente, se la dé el pase correspondiente en
la forma ordinaria sin perjuicio de los derechos de la Corona, regalías de S.M., real
Patronato, disciplina de la Iglesia de Espafla, ni de tercero; cometiéndose la ejecución
de esto gracia pontifícia y la extensión de Estatutos para la nueva catedral, que en di­cha
Bula se expresen a la persona que fuere del agrado y elección de S.M. Madrid
veinticuatro de marzo de mil ochocientos diez y nueve». AMJ, leg. 4.026, N.* 21.220,
n.' 1.
134
III. NUEVAS DIFICULTADES.
El paso siguiente para llevar a término la erección del obispado
era la designación del ejecutor de la Bula.
El pontífice había delegado en Femando VII su designa­ción
(42) y, con este fin, la Cámara de Castilla, aún reconociendo
que «carecía del conocimiento de sujetos en dicho obispado, capa­ces,
por sus circunstancias, del desempeño de esta comisión» (43),
propuso ai monarca los nombres del obispo auxiliar de Tenerife, Vi­cente
Román de Linares, y del doctoral de la catedral de Canaria,
Graciliano Afonso, como las personas más idóneas para tan delicada
misión (44).
La propuesta fiíe aceptada por el rey, quien designó al obispo
Román de Linares, como «comisionado Apostólico y Regio», me­diante
un Real Decreto Auxiliatorio, fechado el siguiente mes de
agosto (45).
El documento real, que recoge en síntesis el contenido de la
Bula de erección, tiene el interés, además de la designación del eje­cutor
de la misma, y de la de D. Antonio María de Lugo, arcediano
de Canaria, como subdelegado para efectuar la división del antiguo
obispado, la de contener el nombramiento del primer cabildo cate-
(42) Cfr. nota 40.
(43) Propuesta de la Cámara de Castilla a Fernando VII, Madrid, 21 de junio
de 1819: AMJ, leg. 3.956, N.* 19.159.
Los integrantes de la Cámara que Firman el documento son: D. Manuel de Lardi-zábal,
D. Bernardo de Riego, D. José María Puig, D. Domingo Fernández de Campo-manes,
D. Ignacio Martínez de Villela y D. Francisco Marín.
(44) Sobre Vicente Román de Linares: MARÍA F. NUÑEZ MUÑOZ: «Prelimi­nares...
», págs. 37-41, cfr. nota 1; M. GUIMERA PERAZA: «José Murphy», Santa
Cruz de Tenerife, 1974, pág. 114; ANTONIO PEREIRA PACHECO Y RUIZ: «Con­tinuación
del catálogo cronológico de los obispos de Canarias, formado por Viera» en
el tomo IV, folio 11 y folio 7v; «De! Sr. D. Vicente Román y Linares, obispo auxiliar
de Canarias», en «El Conservador», Santa Cruz de Tenerife, 10 de noviembre de
1839.
Sobre Graciliano Afonso: Cfr. ALFONSO ARMAS AVALA: «Graciliano Afon­so.
Un diputado canario de las Cortes de 1821 desterrado en América», en «Anuario
de Estudios Atlánticos» 3 (1957) 387-452; ALFONSO ARMAS AVALA: «Gracilia­no
Afonso, un prerromántico español», en «Revista de Historia Canaria», 119-120
(1957) 1-64; 121-122 (1958) 47-114; 123-124 (1958)758-292; 125-126 (1959)
24-55; 137-140(1962)52-182.
(45) Real Decreto Auxiliatorio, Palacio 18 de agosto de 1819: AMJ, leg. 4.026,
N.'21.220, n.-2.
135
dral de Tenerife (46), debiéndose destacar que tales designaciones
no debieron ser consultadas previamente, ya que en el mismo do­cumento,
el rey declaraba expresamente que «cada uno de los referi­dos
provistos quedaba en libertad de admitir o renunciar la preben­da
para la que he tenido a bien nombrarle, en el concepto de que he
venido también en dispensar los dos años de Estudios en Universi-
(46) Los nombramientos del primer Cabildo de la nueva diócesis de Tenerife
fueron los siguientes:
«Dignidades: Para la de Deán, al Doctor D. Pedro Bencomo, actual Chantre de la
Iglesia de Canaria; para Arcediano titular de Tenerife a D. Cristóbal Betancourt y
Conde, que lo es actualmente en la Iglesia de Canaria; para Chantre a D. Juan José
Pérez González, Canónigo de la Iglesia de Canaria; para Tesorero al Doctor D. Do­mingo
Albertos, Racionero más antiguo de la Iglesia de Canaria; para Arcediano de
I-a Palma al Doctor D. Antonio Portier, Racionero de la Iglesia de Canaria; y para
Arcediano de La Gomera al Doctor D. Manuel Rojo, Capellán mayor de las monjas
de las Maravillas, de Madrid.
Para Canónigos a D. Agustín de Salazar, Párroco de la Villa de Adeje; a D. José
Agustín González Ponte, Párroco del Lugar de Garachico; a D. Florentín Núftez, Pá­rroco
del Lugar de Güímar; a D. Manuel Díaz, Párroco Rector de la ciudad e Isla de
La Palma; al Doctor D. José Martínez de Fuentes, Párroco de Garachico; al Doctor
D. José Rivero, Cura del Lugar de la Granadilla; y las Canongías de Penitenciario,
Doctoral, Magistral y Lectoral las proveeré en los términos que quedan referidos.
Para Racioneros al Doctor D. Domingo López Ginori, Vicario foráneo de la ciu­dad
de La Laguna; a D. José de Mora, Párroco de la Villa de la Orotava; a D. José de
la Trinidad Penedo, Párroco de la Iglesia que ahora se erije en Catedral; al Doctor D.
Ignacio Llarena, Párroco de la Villa de la Orotava; a D. Agustín de Castilla, Presbíte­ro
de la ciudad de La Laguna; a D. Francisco Ayala, Presbítero de la Isla del Hierro; a
D. Isidro Quintero, Presbítero del Lugar de Güímar; y a D. Antonio Pacheco, Presbí­tero
de la ciudad de La Laguna.
Para medios Racioneros a D. Rafael Valdés, Presbítero de la ciudad de La Lagu­na;
a D. Valentín Martínez, Presbítero catedrático de la Universidad; a D. Juan de
Castro Baute, Cura del Lugar de Fasnia; a D. Pedro Navarro, Cura de la Aldea de Ca­naria;
a D. Carios Benavides, Presbítero de la Villa de Santa Cruz; a D. Vicente Go-raz.
Presbítero de la Villa de Santa Cruz; a D. Luciano Angles, Presbítero de la ciudad
de La Laguna; y a D. Francisco Baflos, Presbítero». Real Decreto Auxiliatoho. Pala­cio,
18 de agosto de 1819: AMJ, Leg. 4.026, N.* 21.220, n." 2.
136
dad a todos aquellos de entre los nombrados que necesiten de esta
dispensa» (47).
La división del obispado Je Canaria y erección del de Tenerife
tuvo lugar, finalmente, el 21 de diciembre de 1819, y el 27 del mis­mo
mes el Cabildo catedral elegió como Vicario capitular, en tanto
no se proveyese la sede, a Don Pedro Bencomo Rodríguez (48),
quien gobernaría la diócesis, salvo un intervalo de meses, hasta la
llegada del primer prelado nivariense, Luis Folguera y Sión, en
1825.
La erección del obispado, no obstante, no terminó con las múl­tiples
intrigas que el cabildo catedral de Canaria había puesto en
juego, primero para impedir la división (49) y, a partir de este mo­mento,
para alcanzar la supresión.
La revolución liberal de 1820 proporcionó las circunstancias
propicias para reanudar las luchas, en las que se entremezclan y
conjugan los intereses por triunfar en el pleito capitalino a expensas
del eclesiástico (50). No hay que olvidar tampoco el protagonismos
que en ambos tuvieron las rivalidades personales, lo que no obstacu­lizó,
sin embargo, que figuras tan antagónicas como el diputado An-
(47) El £>ecreto auxiliatorío ñie publicado por la Cámara el 21 del mismo mes de
agosto, completado con las RR.OO. de 31 de agosto y 5 de octubre del mismo año
1819. La posibilidad de aceptación dada por el monarca a los miembros que debían
integrar el cabildo catedral de Tenerife suscitó la duda, en la secretaría de Estado,
sobre el modo de extender los encabezamientos de las reales presentaciones, si dirigi­das
a los titulares o al obispo Román de Linares como ejecutor de la Bula. Consultado
el Fiscal Supremo respondió que si bien deberían esperarse las contestaciones de ios
nombrados, con la aceptación o la renuncia, dada la urgencia que existía, entendía
que las presentaciones podían extenderse en la forma ordinaría, encabezadas con sus
correspondientes titulares y dirigidas al obispo comisionado para que entregándolas a
los mismos directamente pudieran usar de ellas según les conviniese. Madrid, 18 de
diciembre de 1819: AMJ, leg. 3.956, N.* 19.159.
(48) Sobre Pedro Bencomo y Rodríguez, cfr. FRANCISCO J. de MOYA y JI­MÉNEZ:
«Los doceaflistas canarios. Apuntes histórico-biográfícos, 1812-1912.
Centenario de las Cortes y sitio de Cádiz», págs. 236-237.
(49) MARÍA F. NUÑEZ MUÑOZ: «Preliminares...», págs. 33-72: cfr. nota I.
(50) M. GUIMERA PERAZA: «El Pleito Insular» (1808-1936), Santa Cruz de
Tenerife, 1976; M. GUIMERA PERAZA: «José Murphy», cfr. noto 44. En esto se­gunda
obra M. Quimera hace una interesante síntesis del pleito sobre el obispado du­rante
el Trienio constitucional, en el capítulo que titula «Observaciones sobre el obis­pado
de Tenerife», págs. 109-122, a las que remitimos para los detolles concretos de
este período, ya que estomos en completa conformidad con lo que expone el autor.
137
tonio Ruiz de Padrón (51), y el obispo de Hercclea, in partibus,
Cristóbal Bencomo y Rodríguez (52), trabajaran sin cesar por man­tener
el recién erigido obispado de Tenerife, frente a la actividad in­cansable
que desplegaron el magistral Juan Bautista Casañas de
Frías (53), diputado especial del cabildo catedral de Canaria en Ma­drid,
durante los años 1820-1821, y Graciliano Afonso, doctoral de
la misma diócesis, que le sustituyó en la misma misión hasta ñnali-zar
el Trienio, con el objetivo de convertir en archidiócesis la dióce­sis
Canaria si no se lograba la reunificación de los dos obispados in­sulares,
que era la idea fundamental (54).
De conformidad con lo que afirma Marcos Guimerá acerca del
triunfo logrado por Graciliano Afonso al conseguir que el dictamen
de la Comisión Eclesiástica de las Cortes, en la sesión del 21 de
mayo de 1822, aprobase la proposición hecha por éste el 4 del mis­mo
mes, de que «se suspendiera la provisión del nuevo obispado de
San Cristóbal de La Laguna, en las Islas Canarias, hasta el arreglo
definitivo del clero, en cuyo caso determinaría lo más convenien­te
» (55), hemos de decir que, unida a la documentación enviada por
el Comisionado Román de Linares al secretario general del Consejo
de Estado, con fecha 24 de junio de 1822, como acto final de su mi-
(51) Sobre Antonio Ruiz de Padrón, cfr. M. GUIMERA PERAZA: «Los dipu­tados
doceaflistas canarios», en «Enciclopedia canaria», Aula de Cultura de Tenerife,
1976, págs. 9-12; M. GUIMERA PERAZA: «Pleitos sobre la Audiencia», en «Enci­clopedia
canaria», Aula de Cultura de Tenerife, n.* 6; FRANCISCO J. de MOYA y
JIMÉNEZ: «Los doceaflistas...»; cfr. nota 48; AGUSTÍN MILLARES CARLO: «En­sayo
de una bio-bibliografla de escritores naturales de las Islas Canarias (siglos XVI,
XVII. XVIII), Madrid, 1932.
(52) Sobre Cristóbal Bencomo y Rodríguez, cfr. «Breve relación de la vida, vir­tudes
y méritos del Excmo. e limo, seftor D. Cristóbal Bencomo y Rodríguez, Arzo­bispo
de Heraclea, natural de la ciudad de La Laguna de Tenerife en las Islas Cana­nas
», Sevilla, 1839; FRANCISCO de MOYA y JIMÉNEZ: «Los doceaflistas...»: cfr.
nou 48; AGUSTÍN MILLARES CARLO: «Ensayo...»: cfr. noU 51; «Estudios bio­gráficos.
Ilustrisimo seftor Don Cristóbal Bencomo Rodrigue», en «Seminario de Li­teratura
y de Artes», Santa Cruz de Tenerife, 45 (1848) 361-362.
(53) Sobre Juan Bautista Casañas de Frías, cfr. M. GUIMERA PERAZA:
«José Murphy», 110; cfr. nota 44.
(54) M. GUIMERA PERAZA: «José Murphy», 110.
(55) Ibid. 117.
138
sión (56), se conserva en el Archivo del ministerio de Justicia una
Nota que dice textualmente: «Las Cortes tienen resuelto que no se
provea este nuevo obispado, de consiguiente estos testimonios no
tienen más uso que el unirlos al expediente en que se mandó hacer
la erección» (57).
Sin duda, la resolución de las Cortes era casi una sentencia de
muerte para el joven obispado, pero la diócesis tinerfeña se mantu­vo.
Marcos Guimerá nos dice que Cristóbal Bencomo, Ruiz de Pa­drón
y José Murphy «sucesivamente lucharon en la misma línea en
pro del obispado de La Laguna» (58). Aunque también para Alfon­so
de Armas, la reunificación estuvo «a punto de lograrse de no ha­ber
llegado a tiempo las tropas de Angulema...» (59).
(56) Sobre Vicente Román de Linares a Juan Madrid Dávila, secretario general
del Consejo de Estado.
El texto de la carta es el siguiente:
«Concluidos los Autos formados con motivo de la división del antiguo obispado
de Canarias, erección del nuevo de Tenerife, e instalación del cabildo catedral de esta
ciudad de San Cristóbal de La Laguna, para todo lo cual se sirvió S.M. nombrarme
Comisionado Apostólico y Regio, en virtud de su Real Cédula de 27 de agosto de
1819, y Bula de S.S. de 1 de febrero de 1819. Y sacadas y autorizadas las dos copias
en virtud de orden comunicada por la extinguida Real Cámara de Castilla, de 31
de agosto de 1819, para que la una quedase en la secretaria de dicha Cámara y real
Patronato, y la^otra en el Archivo de Simancas, custodiándose los originales con la
Bula en la nueva Iglesia catedral, en donde, en efecto, quedan custodiados. Remito a
V.S. las dos dichas copias autorizadas e íntegras para que V.S. se sirva darlas el desti­no
correspondiente atendido el nuevo orden de cosas. Dios guarde a V.S. muchos
años, San Cristóbal de La Laguna y junio 24 de 1822». AMJ, leg. 3.956, N.' 19.159.
ANTONIO PEREIRA PACHECO Y RUIZ escribe en «Continuación del catálo­go
cronológico de los obispos de Canarias, formado por Viera», en el tomo IV, fols.
11 y sgs. respecto de Román y Linares que «el Cabildo catedral de Tenerife le pidió a
S.M. en 11 de enero de 1822 lo nombrase por Pastor de esta nueva grey, pero esta
gracia no le fue concedida, acaso porque no llegó a manos del Gobierno la súplica».
«En Sevilla, el rey lo presentó por dos veces para el obispado de Canarias, pero re­nunció
con entereza», «El Conservador», Santa Cruz de Tenerife, 10 de noviembre de
1839.
Efectivamente, existen dos despachos del nuncio Giustiniani de 10 de enero y 26
de abril de 1825, dirigidos al secretario de Estado del Vaticano, en el que se propone,
en el primero, al obispo Román de Linares para la sede de Canaria, afirmando que es
un candidato «dignísimo por todo concepto de tal promoción, para la que, por otra
parte, ha adquirido un cierto derecho por la sabiduría, prudencia e integridad desple­gadas
durante los cerca de nueve años que ha administrado la citada diócesis de Cana­ria;
en el segundo despacho comunica que «Mons. Román y Linares, obispo in parti-bus
de Dan-sara no ha aceptado la Iglesia de Canaria que le había sido propuesta»,
ASV, ANMadrid, 239, S/n y n." 1.227, Nomine di Vescovi.
(57) AMJ, leg. 3.956, N.* 19.159.
(58) M. GUIMERA PERAZA: «José Murphy», pág. 122, cfr. nota 44.
(59) ALFONSO ARMAS: «Graciliano Afonso, un prerromántico español», en
«Revista de Historia Canaria», 121-122 (1958) 93.
139
En efecto, pronto el acontecer histórico volvería a cambiar la si­tuación,
y así, en marzo de 1824 encontramos de nuevo restablecida
a la Cámara de Castilla, tras el paréntesis constitucional, proponien­do
al monarca una tema para la designación del primer obispo niva-riense
en la que figuraban los nombres del Coadjutor del arzobispo
de Caracas, Fr. Domingo de Silos Moreno; del Deán de Orense, Don
Luis Folgueras y Sión y de Don Manuel Chamorro y Torres, canó­nigo
de Santiago (60).
IV. EL OBISPO TITULAR.
La rapidez que había caracterizado los trámites para la erección
del obispado de Tenerife antes del Trienio volvió a ser la nota dis­tintiva
en las negociaciones de 1824 para la provisión de la sede.
De la tema presentada por la Cámara fue elegido por el monar­ca,
posiblemente por indicación de D. Pedro Bencomo (61), el deán
de Orense, D. Luis Folgueras y Sión (62). El eclesiástico era tam­bién
del agrado del nuncio en Madrid, Giustiniani, como se constata
por el óptimo juicio que sobre Folgueras envió al Secretario de Esta­do
de la Santa Sede al comunicarle la designación del monarca (63).
(60) La Cámara de Castilla a Fernando VII, Madrid, 15 de marzo de 1824;
AMJ, leg. 3.956, N.- 19.159.
(61) JESÚS CASTAÑOS Y ANGELES RODRÍGUEZ ARANGO: «Una casa y
un escudo. Semblanza del primer obispo de Canarias», en Boletín del Instituto de Es­tudios
asturianos», tomo XXIIl, 68 (1969) 456-457.
(62) Ibid. 435-467.
Luis Folgueras y Sión nació en Villavaler (Previa, Oviedo) el 13 de diciembre de
1769. Falleció en Granada el 28 de octubre de 1850. Licenciado en Derecho civil por
la Universidad de Alcalá. Académico de la Academia de Carlos III, de Madrid, de la
Latina Matritense y correspondiente de la Real Academia de Historia; canónigo de la
Colegiau de Bríviesca y Deán de Orense desde 1805.
^ ASV, Proccssus Consistoriales, fols. 313-322; ASV, Juramento, 17, fol. 172;
ASV, AC, 59. fol. 396.
(63) Giustiniani al secretario de Estado del Vaticano, Madrid, 30 de abril de
1824: ASV, ANMadrid. 239, Nomine di Vescovi.
En mayo del mismo aflo 1824 Giustiniani enviaba asimismo la profesión de Fe
de Folgueras al Vaticano: ASV, ANMadrid, 239, n." 1.218, Nomine di Vescovi.
140
Recibida la aceptación de Folgueras (64) y realizados los trámi­tes
ordinarios de profesión de fe (65) y delegación de poderes (66),
fue enviada al ministro plenipotenciario en Roma la presentación
real, con fecha 24 de junio del mismo año 1824 (67).
(64) En el archivo del ministerio de Justicia se conserva toda la documentación
oficial correspondiente a la comunicación, aceptación y nombramiento de Luis Fol­gueras
Sión como obispo de Tenerife. Indicamos a continuación los despachos de
mayor interés:
Folgueras al secretario de la Cámara, Miguel Gordon. Orense, 8 de abril de
1824. Acusa recibo de la comunicación del nombramiento con fecha 31 de marzo y
contesta aceptando.
Gordon a la Cámara de Castilla, Madrid, 14 de abril de 1824. Envía la acepta­ción
de Folgueras.
La Cámara de Castilla a Folgueras, Madrid, 23 de abril de 1824. Comunica ha­ber
publicado su nombramiento con fecha 21 del mismo mes. AMJ, leg. 3.956, N.'
19.159.
(65) Orense, 12 de mayo de 1824, AMJ, leg. 3.956, N.' 191.159.
(66) Ibid.
(67) Presentación real de Luis Folgueras y Sión para Tenerife. Madrid, 24 de
junio de 1824.
El documento original se encuentra en el AEESS, leg. 695, fols. 256-257. Una
copia en el AMJ, leg. 3.956, N.* 19.159.
El texto del documento es el siguiente:
El Rey
Don Antonio de Vargas y Laguna, marqués de la ConsUncia, caballero grail Cruz de
la real y distinguida orden espafiola de Carlos tercero, de la de AlcánUia, de mi Con­sejo
de Estado, y mi ministro plenipotenciario cerca de la Santa Sede. Habiendo Su
Santidad a súplica mía erigido la Iglesia y Obis|»do de Tenerife en el territorio del
obispado de Canaria y establecido por su capital la ciudad de San Cristóbal de La La­guna,
con asignación a él de las cuatro Islas Tenerife, Palma, la Gomera y el Hierro, y
siendo consiguiente y preciso proveer de siyeto para esta nueva Iglesia y Obispado de
las circunstancias y cualidades que se requieren, teniendo delante las que concurren
en la persona de Don Luis Folgueras Sión, d^n de la Iglesia catedral de Orense, y
confiando que la expresada Iglesia y Obispado será por él bien regida y gobernada y
que descargará mi conciencia, he tenido a bien nombrarte para ella, como por ésta lo
hago, con cai^a y pensión en cada afto de siete mil seiscientos cincuenta ducados de
oro de Cámara, tres julio y tres octavos de otro, moneda de Roma, a razón de diez y
siete julios cada ducado, que no excede de la tercera parte de su liquido valor, en la
que están inclusas la mitad de las pensiones antiguas que estaban cargadas por Bulas
Apostólicas sobre el referido Obispado de Canarias, cuya fe de ellas no se os acompa-fta
por no haber remitido aquel cabildo la razón que se le tiene pedida, en atención a
las circunstancias pasadas, y a lo expuesta que está la correspondencia con aquellos
puntos ultramarinos a causa de los corsarios, lo que no servirá de obstáculo para la
expedición de las correspondientes Bulas por la necesidad de que aquellas Iglesias ten­gan
Director que las gobierne. Yo os ruego y encargo que en recibiendo ésta, presen-
141
El nuevo obispo fue preconizado por León XII en el consistorio
del 27 del siguiente mes de septiembre (68), si bien la consagración
no pudo realizarse hasta el 30 de enero de 1825, a causa de las mo-difícaciones
que debieron introducirse en las bulas de nombra­miento,
por no estar de acuerdo, a juicio del Fiscal Supremo y de la
Cámara de Castilla, con las regalías de la Corona (69). Por la misma
téis a Su Santidad en mi real nombre, como Patrono que soy de las Iglesias de España,
para la citada Iglesia y Obispado de Tenerife al referido Don Luis Folgueras Sión, con
¡a expresada carga de pensión que, como va dicho, no excede de la tercera parte de su
valor; y suplicará a Su Santidad se le despachen en ésta conformidad las Bulas de di­cho
Obispado, y expedidas que sean, las remitiréis con el trasunto de ellas por dupli­cado
a manos de mi infrascripto Secretario de la Cámara y Real Patronato en que me
serviréis. De Madrid a veinte y cuatro de junio de mil ochocientos veinte y cuatro.
Yo el Rey
Por mandato del Rey nuestro señor, Miguel de Gordon.
Presentación del obispo de Tenerife de nueva erección en Don Luis Folgueras Sión.
(68) Vargas y Laguna a Gordon. Madrid, 30 de junio de 1824: Envió a Roma
de la presentación de Folgueras: AMJ, leg. 3.956, N." 19.159.
Gordon a Vargas y Laguna, Roma, 30 de septiembre de 1824: Acusa recibo de la
presentación; comunica la preconización de Folgueras en el consistorio del 27 de sep­tiembre
y el envío de las Bulas correspondientes, con fecha 30 del mismo mes: AMJ,
leg. 3.956, N." 19.159.
Trasunto de las Bulas y traducción oficial de las misrruis: AMJ, leg. 3.956, N.'
19.159.
El importe de las Bulas fue de 1.541 escudos y 20 bayocos, pero el pontifíce lo re-d
«úo a 1.200 escudos romanos: José Quintana a Manuel Lozano, Madrid, 18 de octu­bre
de 1824: AMJ, leg. 3.956, N.' 19.159.
(69) Ir{forme del Fiscal Supremo, Madrid, 20 de noviembre de 1824: AMJ, leg.
3.956, N.* 19.159.
El texto del documento es el siguiente:
El Fiscal ha visto las Bulas de nominación, consagración, vasallaje, juramento y
demás de estilo expedidas por la Santidad de León XII en San Pedro a 28 de septiem­bre
de este año, en favor de D. Luis Folguieras para el nuevo obispado de Tenerife a
que ha sido presentado por S.M. y no halla reparo en que sin perjuicio de los dere­chos
y regalías de S.M. y de su Real Patronato, del Concordato con la Sanu Sede, y
de la jurisdicción Real se las dé el pase en la forma ordinaria y con las siguientes limi­taciones.
En la Bula de Nominación y confirmación pide el Fiscal que se entienda suprimi­da
y retenida la cláusula que después de confesarse el notorio Real Patronato en la re­ferida
iglesia de Tenerife, añade «por Privilegio Apostólico no derogado hasU ahora
en nada», mediante a que compete y le ejerce S.M. por otros especiales títulos, ade­más
de lo que generalmente se refiere en las leyes del Reino; entendiéndose igual su­presión
y retención de la otra cláusula que incluye la misma Bula relativa a la erec­ción
de un Seminario, conforme a lo prescrito por el Concilio de Trente y de un
Monte de Piedad, por pertenecer esto a la Real PotesUd.
142
causa fue advertido el obispo (70) de que debía adaptar la fórmula
del juramento de fidelidad en el mismo sentido de las modificacio­nes
en favor de las regalías introducidas por la Cámara, lo que fue
acatado sumisamente por el prelado, ya que era una cuestión acep­tada
o tolerada, al menos, así por Roma (71).
Pide también que se retenga la bula que habla con S.M. por no necesitar el Cató­lico
y piadoso Real Animo de insinuaciones ni excitaciones para dispensar toda su so­berana
protección a los Prelados de las Iglesias de sus Reinos, ni que se le encomien­den
para este efecto, y por lo respectivo a la Bula dirigida a los vasallos de la Iglesia de
Tenerife, mediante pertenecer a S.M. dar la investidura a los Prelados como acto pro­pio
y privativo de su soberanía, sin que en ello, como asunto temporal, ni el metropo­litano
en lo antiguo, ni la Santa Sede hayan debido ni podido expedir tales Letras;
pide igualmente que se retenga y a mayor abundamiento suplica de ambas para ante
S. Santidad en la forma ordinaria.
Sobre el juramento que exige la Santa Sede del R. Obispo electo según el formu­lario
inserto en la Bula de Consagración, pide también que se entienda sin perjuicio
del de fidelidad debida a S.M., el cual, igualmente deberá prestar en el acto de consa­gración;
y en cuanto no perjudique sus regalías, leyes del Reino, disciplina eclesiástica
del mismo, legitimas costumbres, concordato y otros cualesquiera derechos inherentes
a la soberanía, poniéndose al dorso de la Bula original las referidas cláusulas y restric­ciones
para que así se entienda y extienda el juramento que haga dicho R. Obispo, en­cargándosele
que remita testimonio de haberlo prestado en estos términos para que
conste en la Secretaría del Real Patronato, poniéndose la misma nota en el trasunto
que deberá colocarse en ella.
Y bajo estas salvedades y reservas con las demás que conduzcan a la preservación
de las regalías y derechos de S.M. podrá la Cámara siendo servida, mandar despachar
al R. Obispo electo de Tenerife, las ejecutoriales de estilo y que se le entreguen las Bu­las
originales menos las que deban retenerse; o resolverá como siempre lo más confor­me.
Madrid, diez y seis de Noviembre de 1824.
(70) La comunicación enviada al obispo fue la siguiente:
«limo. Sr. En vista de las Bulas de Su Santidad expedidas a favor de V.l. para el
nuevo obispado de Tenerife, y conformándose la Cámara con lo que sobre ellas expu­so
y pidió el señor Fiscal, ha acordado entre otras cosas, por DÑecreto de 20 de no­viembre
de este año, que el juramento que V.l. ha de prestar a la Santa Sede, según el
formulario expedido en la Bula de consagración, sea y se entienda sin perjuicio del de
fídelidad debida a S.M., y en cuanto no perjudique las regalías de la Corona, leyes del
Reino, disciplina de él, legítimas costumbres, y otros cualesquieras derechos adquiri­dos,
cuyas declaraciones y restricciones han de constar en el referido juramento que
V.l. ha de prestar; y ejecutado que sea enviará por mi mano un duplicado a la Cáma­ra.
Lo que participo a V.l. para su inteligencia y cumplimiento. Dios guarde a V.l.
muchos años, Madrid, 29 de noviembre de 1824»: AMJ, leg. 3.956. N.* 19.159.
143
Cabe destacar cómo privaba el interés por la afirmación y de­fensa
de las regalías de la Corona sobre cualquier otro que, hasta el
momento, pudiera haber aparecido como primordial en lo relativo a
la erección y provisión del obispado de Tenerife, como pudiera ser
el bien espiritual de los habitantes de las cuatro islas que formaban
la nueva diócesis, según hubiera podido deducirse de la rapidez de
trámites, tanto antes como después del Trienio, no obstante la de­tención
que supuso la influencia de los diputados canarios en las
Cortes constitucionales. Pero en esta ocasión, ante la defensa de las
regalías de la Corona, ya no parecía contar el tiempo, multiplicán­dose
los oficios y negociaciones hasta que quedasen a salvo, pudién­dose
considerar una síntesis de las mismas las Ejecutoriales enviadas
por el rey al obispado de Tenerife antes de la toma de posesión del
prelado (72).
(71) La respuesta que dio Folgueras a la comunicación de M. Gordon fue la si­guiente:
«Enterado del oficio que con fecha de 29 de noviembre del presente aAo se sirve
V.S.I. dirigirme dándome parte de haber acordado la Cámara en vista de las Bulas de
S.S. a mi favor, expedidas para el nuevo obispado de Tenerife, que el juramento que
he de prestar a la Santa Sede, según el formulario expedido en la Bula de consagración
sea y se entienda sin perjuicio del de fidelidad debida a S.M. y en cuanto no perjudi­que
las regalias de la Corona, leyes del Reino, disciplina de él, legitimas costumbres, y
otros cualesquiera derechos adquiridos, cuyas declaraciones y restricciones han de
constar en el referido juramento que por mi debe ser prestado, y ejecutado que sea,
enviar por mano de V.S.I. un duplicado a la Cámara, contesto que me hallo pronto y
obediente a la orden de la Cámara, y cumpliré con cuanto llevo expresado, conforme
el contenido del relacionado oficio.
Dios guarde a V.S.I. muchos años. Madrid, I de diciembre de 1824. Luis Folgue­ras
y Sión.
Sr. D. Miguel Gordon, Secretario de la Cámara de Castilla»: AMJ, leg. 3.956, N.'
19.159.
(72) Ejecutoriales para la toma de posesión del obispo de Tenerife Luis Folgue­ras
Sión. enviadas por Fernando VII a la diócesis de Tenerife: AMJ, leg. 3.956, N."
El texto del documento es el siguiente:
Ilustres
DON FERNANDO SÉPTIMO.
Venerable Deán y Cabildo de la Iglesia catedral de Tenerife, Concejo, Justicia, Regi­dores,
Caballeros, Escuderos, oficiales, y hombres buenos así de esa ciudad como
de todas las demás ciudades, villas, y lugares de ese obispado, y a otras cualesquiera
144
La actuación de la Cámara continuó en ia misma línea regalista
tras la consagración del prelado y la toma de posesión de la diócesis
que tuvo lugar el 19 de junio de 1825 (73).
personas en cuyo poder y en cualquiera manera haya estado y esté al presente su ad­ministración,
y a las demás a quienes lo contenido en esta mi carta toca o pueda to­car.
Sabed que Yo como Patrono que soy de las Iglesias, arzobispados, y obispados de
estos mis Reinos, presenté a Su Santidad para esa Iglesia y nuevo obispado a Don
Luis Folgueras y Sión, Deán de la Iglesia catedral de Orense, y Su Santidad, en virtud
de mi presentación le mandó dar y dio sus Bulas en 28 de septiembre de este año, las
cuales presentó en mi Consejo de la Cámara, y me suplicó y pidió por merced, le
mande dar mis cartas Ejecutoriales para los Provisores, Vicarios y ofíciales de ese otro
nuevo obispado o como la mi merced fuere. Y habiéndose visto las referidas Bulas en
el expresado mi Consejo de la Cámara, se ha retenido en él, a instancia de mi fiscal, la
que habla con mi real Persona, y también la que se dirige a los vasallos de dicha Igle­sia
de Tenerife, por pcrtenecerme dar la investidura a los Prelados, como acto propio
y privativo de mi soberanía; en la que habla con el citado Rvdo obispo se ha retenido
asimismo la cláusula que incluye de privilegio apostólico que no ha sido derogado
hasta ahora en nada, por ser de mi real Patronato todas las Iglesias de este Reino,
cuya cláusula ofende a los demás títulos que fundan mi real derecho y son notorios en
las leyes del Reino; y también la que incluye relativa al Establecimiento de un Monte
de piedad por pertenecer propiamente a mi real potestad. Y se ha acordado que el ju­ramento
que el citado Rvdo obispo ha de prestar a la Santa Sede, según el formulario
inserto en la Bula de Consagración, sea y se entienda sin perjuicio del de fidelidad de­bida
a mi real persona y en cuanto no perjudique las regalías de mi Corona, leyes del
Reino, disciplina de él, Concordato, legítimas costumbres, y otros cualesquiera dere­chos
adquiridos. Y con estas cualidades he mandado dar ésta mi carta para vosotros,
por lo que os mando veáis las dichas Bulas que por parte del mencionado obispo os
serán presentadas y al tenor y conforme a ellas deis y hagáis dar a la persona que su
poder tuviera la posesión de esa Iglesia y nuevo obispado, y le tengáis por obispo y
prelado de él, acudiéndole y haciéndole acudir con los frutos, rentas, diezmos, réditos,
y otras cosas que como obispo de esa Iglesia y obispado le pertenecen, y le dejéis y
consintáis hacer su oficio Pastoral, y ejercer la jurisdicción episcopal por si y por sus
oficiales, vicarios y otros ministros en aquellas cosas y casos que según derecho y con­forme
a las dichas Bulas, leyes de estos mis Reinos, y a lo que en esta mi carta va pre­venido
debe y puede usar, que yo por la presente recibo y he por recibido al dicho
nuevo obispado al referido Rvdo obispo D. Luis Folgueras y Sión, al tenor y forma de
las expresadas Bulas y declaraciones. Y asimismo mando a vos, las citadas personas
que hubiéredes recibido y cobrado en cualquier manera las mencionada a rentas, que
luego acudáis y hagáis acudir y pagar al indicado Rvdo obispo, o a quien su poder hu­biera
con la renta de dinero, pan, y otras cosas que le pertenecieren y ha de haber nc
embargante, qualesquiera depósito o secuestro que en ello esté hecho, que Yo, por la
presente, para ese efecto, lo alzo y quito; y los unos y los otros no hagáis cosa en con­trario
en manera alguna, so pena de la mi merced y de diez mil maravedíes para mi
Corona. Y también mando que de esta mi carta se tome razón en la Contaduría de la
media annata eclesiástica, y sin haberse hecho no se la dé cumplimiento.
Dada en San Lorenzo a 29 de noviembre de 1824. Yo el Rey. Yo D. Miguel de Cor­dón,
secretario del Rey N.S. la hice escribir por su mandado.
(73) Luis Folgueras y Sión: ASV, Processus consistoriales, 221, fols. 313-322;
ASV, Juramenu, 17, fol. 172; AC, 59, fol. 395; AMJ, leg. 4.026, N.' 21.220, n.* 4.
145
Es indudable que tal forma de actuación correspondía a la polí­tica
general del reino, y al uso de los privilegios seculares concedi­dos
a España por la Santa Sede, pero también es cierto que el Go­bierno
estaba pronto a acrecentarlos siempre que encontraba oca­sión
oportuna, como podían ser los casos en los que los obispos re­currían
al monarca para solicitar facultades especiales de la Santa
Sede. Tales peticiones solían hacerse, de ordinario, para poder solu­cionar
con rapidez algún problema de índole espiritual, que podía
presentarse con una cierta frecuencia, como era en el caso de Tene­rife,
el motivo aducido por el obispo Folgueras, cuando pasados
unos meses solicitó la «facultad de dispensar para el matrimonio, el
parentesco de sanguinidad y afinidad en grados dirimentes, con que
se hallan generalmente enlazadas las familias de las Islas Canarias
por su situación geográfica» (74).
En estas ocasiones de solicitud de facultades, el Gobierno espa­ñol
solía actuar con particular interés para obtenerlas (75), ya-que,
sin poner en tela de juicio las intenciones más o menos religiosas del
rey, es claro que resultaba beneficioso para la nación, en todos los
órdenes, incluso en el económico, que los obispos poseyesen el
mayor número de facultades sin tener que depender de Roma.
V. LA SEDE VACANTE.
Mons. Luis Folgueras permaneció en Tenerife como obispo ti­tular
durante 23 largos años, de no fácil gobierno, en los que se mul-
(74) Duque del Infantado al embajador en Roma: Madrid, 11 de enero de 1826.
El ministro apoyaba la petición del obispo que se lamentaba del «retardo y demás di­ficultades
que se experimentan cuando se piden a la Santo Sede, (que) ocasionan... un
general desenfreno en las costumbres, con manifiesto agravio de la Religión y del Es­tado
», indicando que el rey, tomando en consideración las «poderosas razones que ex­pone
el R. obispo de Tenerife, y deseando por todos los medios posibles promover la
debida observancia de nuestra Santo Religión y mejorar las costumbres de sus vasa­llos,
y convencido de la inmediato utilidad que a este fin produciría semejante medi­da
», mandaba que se recomendase muy particularmente la petición al pontífice «por
ser ton útil y necesaria para evitor en adelante los excesos que tonto perjudican a la
moral de los habitantes de aquellas Islas»: AEESS, leg. 698, n." 5.
(75) Como prueba de la rapidez de negociaciones están los correspondientes ofi­cios
del embiüador en Roma, de 3 de febrero del mismo afto, acusando recibo de la
petición enviada el 11 de enero, y de 312 de marzo siguiente adjuntodo las facultades
concedidas: AEESS, leg. 755, fols. 20 y 52; asi como el acuse de recibo de las mismas
por parte del duque del Infantodo en Madrid, a 26 de abril del mismo año 1826:
AEESS. leg. 698, n.* 63.
146
tiplicaron los pleitos del prelado no sólo con el cabildo catedral sino
incluso con los diocesanos (76), hasta el punto de trascender del
ámbito insular el ambiente de tensión, llegando sus ecos al Go­bierno
y a la Nunciatura (77), quienes trataron conjuntamente de
buscar la mejor solución a la situación creada, solución que no po­día
ser otra que un traslado de sede del prelado, que a su vez supu­siese
una promoción.
Con motivo de las negociaciones para la provisión de sedes va­cantes,
en el año 1847, fue designado para la archidiócesis hispalen­se
(78), el obispo de Canarias, Judas José Romo, y para la de Grana­da
(79) el de Tenerife, Luis Folgueras y Sión.
Interesa destacar que en el oficio que envió el ministro de Gra­cia
y Justicia al Vaticano (80) con la relación de los eclesiásticos de­signados
por Isabel II para ocupar las sedes vacantes, se proponía,
asimismo a Buenaventura Codina, Director de la Misión d.e San Vi­cente
de Paul para cubrir la vacante producida en el obispado de
Canarias por el traslado de Romo, pero no se hacía la menor indica­ción
de la vacante de Tenerife, lo que parece indicar la posibilidad
de que ya se pensara en su supresión (81).
El obispo Folgueras debió de recibir la comunicación de su tras-
(76) Judas José Romo al ministro de Gracia y Justicia. Sevilla, 29 de abril de
1851: AMJ, leg. 4.026, N.' 21.220.
Sobre la diócesis de Tenerife durante el pontificado de Mons. Folgueras espera­mos
publicar próximamente un trabajo monográfico.
(77) Folgueras a Isabel II, Exposición sobre el estado de la diócesis, La Laguna,
4 de septiembre de 1843, en «El Reparador», suplemento al n." 175: ASV, ANMa-drid,
327. XIII, Rub. 2.
Folgueras a Brunelli, Informe detallado de la diócesis de Tenerife, La Laguna, 10
de julio de 1847: ASV, ANMadrid, 317.1,1.', n.* 1.
Cabildo catedral de Tenerife a Brunelli, Carta exposición sobre el estado de la
diócesis, La Laguna, 11 de agosto de 1847: ASV, ANMadrid, 318, X, Varié esposizio-ni.
(78) La sede hispalense había quedado vacante el 21 de julio de 1847 por falle­cimiento
del cardenal-arzobispo Francisco Xavier Cienfuegos y Jovellanos.
(79) La archidiódesis de Granada quedó vacante al ser trasladado a la primada
de Toledo, en 4 de octubre de 1847, el arzobispo electo, Juan Bonel y Orbe.
(80) Madrid, 20 de septiembre de 1847: AEESS, leg. 720, fol. 122.
(81) Ibid. 125v.
147
lado como un anuncio de liberación (82), dada la rapidez con que
activó su salida de la diócesis, en mayo de 1848, trasladándose a Cá­diz
incluso antes de recibir las Bulas de su nombramiento para Gra­nada,
si bien justificaba su determinación en una exposición dirigida
a la reina, afirmando haber tomado dicha medida para «aprovechar
el mes de mayo, tan favorable a la navegación, y el temor nada in-ftindado
de que pudiendo reproducirse en aquellas Islas la fiebre
amarilla, que tantos estragos ocasionó en Santa Cruz, capital del Ar­chipiélago
Canario, y últimamente en la ciudad de Las Palmas, ca­pital
de Gran Canaria, se viera precisado el exponente a retardar
más y más su venida por los rigores de la estación y los de la cuaren­tena
» (83). Mons. Folgueras ocupó breve tiempo la sede metropoli­tana
de Granada, pues falleció en octubre de 1850 (84).
En Tenerife, entre tanto, se procedió al nombramiento del Vi­cario
capitular. Provisor y Gobernador eclesiástico, sede vacante,
cargos que recayeron en Domingo Morales Guedes (85), mientras
que, no sólo en el cabildo catedral, sino en todo el obispado se tenía
el presentimiento de que peligraba su propia existencia, por lo que
se conservan, en especial de este año 1848, una serie de escritos y
(82) Folgueras al Secretario de Estado, En la carta enviada el 23 de septiembre
desde La Laguna le dice: «Por el correo peninsular del 19, estando de Santa Visita, y
confirmando en la parroquial de Güímar, recibí el inesperado oficio de V.E. del 30 de
agosto último, por el que me participa que S.M. la reina nuestra señora, doña Isabel II
(Q.D.G.) se ha dignado nombrarme, por su real decreto de 29 del mismo, para la Igle­sia
y arzobispado de Granada, vacante por fallecimiento de don Blas Joaquín Alvarez
de Palma, y renuncia de los electos don Juan José Bonel y Orbe y don Francisco Gar­cía
Casarrubios, a condición de que consienta, y esté en su caso a la nueva circuns­cripción
de las diócesis que se practique legítimamente; y le manifieste si acepto esta
elevada dignidad, y estoy conforme con la condición expresada.
Vivamente reconocido a tan singular merced, de mi no merecida, y después de
consultar con Dios, como es debido, tan grave asunto, consiento y acepto humilde-niente
el expresado nombramiento, doy rendidas gracias a S.M. y estaré a la nueva
circunscripción de las diócesis que legítimamente será practicada, según en la enun­ciada
real orden se me hace entender»: AMJ, leg. 3.956. N." 19.159.
(83) Folgueras a Isabel ¡I, Cádiz, 21 de mayo de 1848: AMJ, leg. 3.956, N.'
(84) El cabildo catedral de Granada comunicó el fallecimiento del arzobispo
rolgueras, ocurrido el 28 de octubre de 1850: AMJ, leg. 3.956. N.* 19.159.
A o, ^*^^ Domingo Morales y Guedes a BruneUi, La Laguna, 22 de julio de 1848:
ASV, ANMadrid, 334, Vicari Capitolari.
148
exposiciones a fin de conseguir «que se declare la subsistencia de
esta nueva diócesis» (86).
VI. LA SOLUCIÓN CONCORDADA.
Los sucesos europeos de 1848-49, y la subsiguiente expedición
militar española a los Estados Pontificios en auxilio del Papa, acele­raron
el reconocimiento de Isabel II por Pío IX y la reanudación de
las negociaciones para un nuevo concordato.
Como preparación al mismo, la Gaceta oficial del 10 mayo
1849 publicó una Real Orden conteniendo 5 bases para un arreglo
de toda la cuestión eclesiástica.
Con la misma finalidad, el nuncio Brunelli envió una circular a
los metropolitanos españoles (87) a fin de que estos elaborasen los
correspondientes informes acerca de las posibles restructuraciones
de las áreas metropolitanas.
Para nuestro estudio nos interesa la respuesta del metropolitano
hispalense. Judas José Romo, en quien se daba la circunstancia,
como hemos indicado, de haber ocupado la sede de Canarias duran­te
13 años (88), y de conocer por experiencia propia las característi­cas
de las diócesis insulares.
El texto de la Base 1.» de la R.O. del 8 de mayo era el siguiente:
«Establecer una circunscripción de Diócesis que se acomode, en
cuanto sea posible, a la mayor utilidad y conveniencia de la Igle­sia
y del Estado, procurando la armonía correspondiente en el nú­mero
de las Iglesias Metropolitanas y Sufragáneas».
Romo estaba, en general, de acuerdo aún con la formulación de
esta base, aunque no propuso un plan concreto, excepto para Sevi­lla,
Ceuta y las Canarias. Insiste en su respuesta al nuncio Brune-
(86) Documentos y exposiciones para que se conserve ¡a diócesis de Tenerife:
ASV, ANMadrid, 319, Diócesi e Chiese Cattedrali.
Isidro Rivera Pereza y Ayala: «Exposiciones que el limo. Cabildo catedral de Te­nerife
ha dirigido... pare conseguir se declare la subsistencia de esta nueva diócesis»,
SanU Cruz de Tenerife, 1848,23 págs.
(87) Brunelli a los metropolitanos de España sobre la R.O. del 8 mayo 1849
(GaceU oficial de 10 de mayo) sobre arreglo de la Cuestión eclesiástica: ASV, ANMa­drid,
320, X, 2.', n.- 3.
(88) Judas José Romo fue obispo de Canarias desde el 21 de enero de 1834 has-
U el 17 de diciembre de 1847.
149
Ui (89) en que no se deben usar normas únicas aplicables a todas las
diócesis, aunque sean esas normas tan válidas como la desmesurada
extensión de las diócesis o la demasiada pequenez de ellas; tiene de­lante
de sus ojos a Canarias y a las Baleares:
«No indico por esto que rechazo todo género de nuevas demarca­ciones,
sino que no conceptúo prudente adoptar un principio teó­rico
general y llevarle a cabo fiteralmente sin admitir excepción.
Cuando los obispados, por ejemplo, como los de Canarias y las
Baleares están circundados por la mar y cortados por cordilleras
de montañas escabrosas, no puede tener lugar ni servir de norma
únicamente el censo de población y sí tomarse en cuenta además
otras consideraciones poderosas que exige un buen Gobierno
Eclesiástico, tanto que en mi concepto cualquiera causa de esta
clase u otras semejantes merecen más recomendación que una
planta puramente geométrica, política o civil» (90).
Y, casi a continuación, expone su parecer, como metropolitano,
sobre la no supresión de Tenerife o Canarias:
«Con todo, hallándome estrechado en calidad de metropolitano a
dar mi voto sobre mis Iglesias sufragáneas, no puedo dispensarme
de insertar a continuación lo que a propósito del obispado de Ca­narias
y Tenerife escribía en el «Discurso Canónico» (91) en los
siguientes términos: «Por mi parte me considero obligado a levan­tar
mi voz contra la supresión arbitraria de uno de los dos obispa­dos
de las Islas Cananas, en las que hacen tanta falta dos, como
uno en Córdoba o Sigüenza: verdad patente que sólo ha podido
desconocer los que ignoran la estadística y la posición topográfica
de ambos obispados.
Este Archipiélago famoso comprende siete Islas, separadas
entre sí por una distancia de 30, 20 y 45 leguas. Su población de
siglos a esta parte se ha aumentado en tales términos, que apenas
parece creíble, aunque es fácil demostrarlo por medio de un libro
regulador irrecusable.
El obispo Dávila y Cárdenas (92), que llevó a cabo la visita
general hacia los aflos 1734, 35 y 36, nizo el recomendable traba­jo
de apuntar escrupulosamente el número de vecinos que había
en cada pueblo, imprimiendo su relación en obsequio de los suce­sores
y de la posteridad, y del referido libro averiguamos que los
n . ,^!?? ^'"*"'" Brunelli, Sevilla, 1 de abril de 1850: ASV, ANMadrid, 320, X, 2.',
"• 3. rols. 21-24.
(90) Ibid. fol. 21.
K^ ^"^. ^* •'• '^o">o: «Discurso Canónico, acerca de la congrua del clero y de \u ti-bncas
», Madrid. 1846,277 págs.
•.n / ' ? ^ . ^' *"P*> Dávila y Cárdenas nació en Mombeltrán (Avila) en 1678; doctor
en teología por Valladolid en 1717; catedrático de la misma Universidad; obispo de
fíe "/**" ''^'' *""'***'**° ' Pl»cencia en 1738. Murió en 1742. Hierarchia Catho-
150
habitantes de mi obispado (lo mismo acontece en el de Tenerife)
se han cuadruplicado por lo menos, según el estado comparativo
levantado por mi mano. La ciudad de Las Palmas, su capital, que
entonces arrojaba 1.894 vecinos, contará ahora cerca de 5.000.
Teror, que en todos sus pagos componía 573, pasa de 2.000; y
hay pueblos como Mogán, reducido en aquel tiempo a 20 misera­bles
casas que apunta ya 400 y 500 almas.
Si se atiende además a la fragosidad de los terrenos, a las
cumbres empinadas, los precipicios y barrancos espantosos por
donde hay que transitar en solicitud ae las parroquias, es imposi­ble
dejar de conocer la absoluta necesidad de que continúen am­bas
Mitras.
En el siglo próximo pasado la sola distancia de las Islas entre
sí ponía en conflicto a los obispos; y así era que enmedio de los
eminentes, que sin excepción han esclarecido estas diócesis, fue­ron
muy pocos los que terminaron la Visita, y cuando más sólo
una vez en un largo pontificado.
¿Qué sería en la actualidad cuando al peligro permanente de
los mares y a la distancia mencionada entre las Islas se agrega una
población cuadrupla y el consiguiente trabajo que lleva consigo
un acrecentamiento? Los que aconsejaron al Gobierno suprimir
una de las Mitras acaso no se fundarían en más razón que en el
uso antiguo establecido al tiempo de la conquista, pero bien se co­noce
la inexactitud de tal juicio, recordando el incremento ex­traordinario
de la población. Tampoco sirve alegar que ahora
mismo forman una sola provincia las siete Islas, gobernadas por
un Intendente, un Jefe político y un Capitán General, destinos de
diferente desempeño que no guardan analogía con el ministerio
del obispo. Un Jefe político, etc. expide sus órdenes, y los subal­ternos
las comunican y las hacen cumplir en todos los puntos. Un
obispo en fuerza de su obligación, necesita personarse en todas las
Pilas de la diócesis, a fin de dar confirmaciones, reformar las cos­tumbres,
registrar los libros, predicar a los fieles y animarlos con
su celo. Un Jefe político, desde su despacho puede hacer llegar su
voz a toda su provincia, mientras un obispo debe circular de pue­blo
en pueblo y trasladarse de unos vecindarios a otros para que
todas las ovejas oigan el silbo del Pastor; y lo que contrasta más
su autoridad es que, después de haber concluido el círculo de la
Visita, le insta volver a principiar otro nuevo, en descargo de lo
que prescribe el concilio tridentino» (93).
Las razones expuestas en su «Discurso» por el obispo Romo, y
que acabamos de transcribir, «frutos de sus convicciones», estimaba
que se habían reforzado con las respuestas recibidas del gobernador
eclesiástico de Tenerife y del obispo de Canarias, a la consulta he­cha
a los mismos con este fin. En efecto, el Gobernador de Tenerife
(93) J. J. Romo: «Discurso Canónico»..., págs. 253-256, Cfr., noto 91.
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escribía: «No puedo menos que exponer que es útil y conveniente la
permanencia y estabilidad de las dos diócesis que existen en ella... y
si bien es cierto que esta provincia se halla gobernada por un gober­nador
en lo civil y un capitán general; también lo es que estos desti­nos
son de diferente índole en su desempeño, y no guardan analogía
con los obispos... y siendo ambas diócesis sufragáneas y enclavadas
en una sola provincia, deben ser iguales no sólo en categoría, sino
también en personal, asignaciones, etc., y sujetas a la metropolitana
de Sevilla, como siempre lo ha estado» (94).
Por su parte, el obispo de Canarias, Buenaventura Codina afir­maba:
«Enhorabuena que se haga por la autoridad legítima circuns­cripción
de obispados de un modo conveniente a la Iglesia y al Esta­do.
Pero no creo conveniente para esto disminuir obispados sino au­mentarlos...
Concretándome al Archipiélago de Canarias, reducir las
dos diócesis a una sola es perderlo todo. Un solo obispo no puede
extender la debida vigilancia a las siete Islas, ya por su distancia, ya
por la suma escabrosidad de sus montañas. Así es que poco prelados
visitaron todas las Islas; y los que más una sola vez durante su ponti­ficado...
» (95).
Pese a lo expuesto, el Concordato ignoró toda suerte de razones;
en el párrafo c del artículo 5.* se leía:
«La diócesis de Albarracín quedará unida a la de Teruel; la de
Barbastro a la de Huesca; la de Ceuta a la de Cádiz; la de Ciudad-
Rodrigo a la de Salamanca; la de Ibiza a la de Mallorca; la de Sei­sena
a la de Vich; la de Tenerife a la de Canarias, y la de Tudela
a la de Pamplona».
El artículo terminaba con el apartado /.• «En Ceuta y Tenerife se
establecerán desde luego Obispos auxiliares» (96).
Parecía un triste final para tantos años de lucha, sin embargo no
habían transcurrido aún cinco meses desde la firma del Concorda­do
(97), cuando encontramos una nueva prueba de la tenacidad ti-nerfeña
en la defensa de los derechos adquiridos. En esta ocasión,
ante el hecho irrebatible de la supresión del obispado, enarbolaban
(94) Domingo Morales Quedes a Romo, La Laguna, 11 de febrero de 1850:
ASV, ANMadrid, 320, X, 2.', n.' 3, fols. 1,2, 3.
,o ^'^^ Buenaventura Codina a Judas José Romo, Las Palmas, 10 de febrero de
1850: ASV, ANMadrid, 320, X, 2.', n.- 3.
(96) Concordato celebrado entre Su Santidad el Sumo Pontífice Pío IX y S.M.
Católica Doña Isabel II. Reina de las Españas, art. 5.', c, i.
(97) El Concordato está firmado en Madrid el 16 de marzo de 1851.
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la bandera del establecimiento del único obispado canario en la ciu­dad
de Santa Cruz de Tenerife. La noticia nos llega por el obispo
Codina en carta a Brunelli:
«Sobre el disgusto que tuve al ver, en el concordato, suprimido el
vecino obispado de Tenerife, me ha venido otro mayor. Me cons­ta,
a no poder dudarlo, el empeño que se tiene en Tenerife para
que la catedral y sede del obispado de Canarias no esté en esta
ciudad de Las Palmas, donde se halla radicada hace casi 400
años, sino en la villa de Santa Cruz, que es donde residen las pri­meras
autoridades civil y rnilitar de esta provincia, quedando
como Colegiata esta antiquísima Iglesia. Este empeño me parece
el más injusto por todos respectos. Santa Cruz es una villa moder­na,
y no tiene iglesia alguna que pueda servir de catedral, ni pala­cio
para el obispo y sus indispensables ofícinas. Las Palmas lo tie­ne
todo: catedral hermosa con todos sus adherentes: Palacio epis­copal
con todas sus necesarias oficinas. Las Palmas, llamada Ciu­dad
del Real de... (sic), data desde los principios de la conquista;
mayor con mucho a cualquier otra población del archipiélago;
tiene su Seminario conciliar, y goza generalmente de una tempe­ratura
mucho más suave y sana que Santa Cruz, donde se experi­mentan
calores excesivos. Ademas de esto, Santa Cruz es pobla­ción
más cara en los comestibles, pues una gran parte de ellos le
va de la Gran Canaria, circunstancia muy atendible en un tiempo
en que la dotación de la mitra es tan escasa, y por lo regular mal
satisfecha» (98).
A continuación, el obispo Codina apunta en su exposición al
nuncio, el problema de fondo del archipiélago:
«A más de esto también, desde mi llegada a este archipiélago, co­nocí
la rivalidad que existía entre Santa Cruz y Canaria, y entre la
misma Santa Cruz y La Laguna, punto donde ha estado siempre
la catedral de Tenerife desde su erección. Si se atiende al empeño
de no sé qué habitantes de Santa Cruz, la rivalidad va a tomar un
incremento cuyos resultados no es fácil calcular: los odios irán en
aumento; los lazos del amor patrio que deben tener reunidas en
buena armonía las partes que componen el todo de la sociedad ci­vil
se aflojarán; y este archipiélago que hasta ahora ha sido un
país proverbialmente pacífico, podrá verse devorado por la discor­dia.
Es muy profunda la herida que se abrirá en los moradores de
la ciudad de La Laguna, y mucho más aún en los de la Gran Ca-
(98) B. Codina a Brunelli sobre la pretensión de Tenerife para ser sede del de Canarias. Las Palmas, 20 de agosto de 1851: ASV, AlNfMadrid, 343, Memo-ríe
sulle traslazioni delle sedi vescovile, fols. 1 -4.
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nana si se condesciende con los deseos de los de Santa Cruz. Son
muy grandes los deseos de aquellos, pero mayores sin duda los in­tereses
que se vulnerarían, intereses temporales de grande consi­deración,
y lo que es más, intereses de honor. ¿Qué? ¿Es cosa de
poca monta verse postergadas las dos principales y más antiguas
ciudades del Archipiélago Canario a una población moderna que
desde los principios, y aun después de algunos centenares de años,
no era mas que un viílorio, y que hasta hace poco no había logra­do
el título de villa? ¿Y se pretenderá que un solo Pastor dirija
bien ánimos tan encontrados?» (99).
El obispo conocía perfectamente las circunstancias y, en pre­vención
de las mismas, había tomado ya sus resoluciones que tam­bién
notificaba al nuncio:
«Por lo menos, el actual obispo de Canarias no se encuentra con
fuerzas suficientes para reunir y mantener en buena paz extremos
tan opuestos. Y si a pesar de las reflexiones que van emitidas, el
supremos Gobierno de S.M. adhiriese a las pretensiones de Santa
Cruz yo le rogaré encarecidamente que acepte mi renuncia, y me
retiraré a donde me proporcione la divina providencia. Otro que
no haya contraído relaciones paternales las más íntimas con las
tres islas que actualmente componen este obispado, podrá ser
igual en sus afectos y en su porte exterior con todos los que sean
sus subditos; pero el actual obispo de Canarias, que ama cordial-mente
a todos sus diocesanos, y que es y ha sido correspondido de
todos ellos con mil obsequios y el amor más acendrado, ¿podrá
mirar con igual afecto a los que le quieren separar de su esposa, y
que abaten a sus amados hijos. Esto, Excmo. Señor, no es ppsible.
Por esto insistiré siempre en que se me separe de este archipiéla­go
» (100).
Mons. Codina terminaba su larga exposición pidiendo:
«Si las razones aducidas en esta carta conceptúa V.E.I. que serían
más eficaces si las expresara verbalmente a los Excmos. Señores
ministros, consejeros de la Corona, no tengo dificultad en em­prender
un viaje a la Corte, aunque tan penoso y costoso; enton­ces
tendría ocasión no sólo de tratar este punto tan interesante
para este país sino de ver de proponerle otros muchos que miran
el bien espiritual y temporal de mis diocesanos. Nadie puede co­nocer
sus verdaderas necesidades mejor que yo que he visitado
despacio todas las parroquias, aun las colocadas en los montes
más escabrosos» (101).
(99) ibid. fol. 2.
(100) Ibid. fols. 2-3.
(101) Ibid. fol. 3.
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Creemos que fueron suficientes las razones del obispo, aunque
consideramos que no debieron ser las determinantes para impedir el
traslado de la diócesis de Gran Canaria a Tenerife. El interés del ar­chipiélago
se centraba en aquellos momentos en la división provin­cial,
concedida por Juan Bravo Murillo mediante Real Decreto del
17 de marzo de 1852. Esta concesión, y la de dos puertos francos,
uno para cada provincia, en los meses siguientes (102) pusieron sor­dina
al pleito del obispado, que tendria que esperar a la Restaura­ción
de 1875 para alcanzar su éxito definitivo.
(102) M. Guimerá Peraza: «El Pleito insular» (1808-1936), Santa Cruz de Te­nerife,
1976, págs. 76-77.