Patrimonio, turismo y mercado inmobiliario en Tepoztlán, México

              © PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. ISSN 1695-7121
Vol. 15 N.o 1. Págs. 181-193. 2017
www .pasosonline.org
Resumen: El patrimonio funciona como instrumento de revalorización del suelo urbano y está abriendo el
camino para que el capital privado se apodere de los mercados inmobiliarios locales. En México es emblemático
de estos procesos el programa federal denominado “Pueblos Mágicos”, que en el fondo busca capitalizar la
cultura y las tradiciones al “poner en valor” los atractivos turísticos de dichos lugares. Si bien dicho programa
se originó con la intención de activar la economía de las comunidades localizadas en sitios con valor patrimonial
mediante instrumentos de planeación urbana, ambiental y turística, con el paso del tiempo el programa se fue
centrando en la dimensión económica, respondiendo a indicadores y parámetros de desempeño empresarial
dejando de lado la identidad comunitaria y el bienestar de la población.
Palabras clave: Identidad; Control social; Patrimonio; Valorización; Resistencia civil.
Heritage, tourism and real estate market in Tepoztlán, Mexico
Abstract: Heritage serves as an instrument to enhance urban land value enabling private capital to
take over local real estate markets. In Mexico it is emblematical of these processes the federal program
known as “Magical Towns”, which seeks to capitalize on culture and traditions in order to “add value” to
such attractions and places. While the program was created to enhance the economy of local communities
located in heritage places by means of urban, environmental and touristic planning instruments, as years
went by, the program started to center its scope to economic indicators and parameters of entrepreneurial
performance while neglecting the community identity and the people’s well­‑being.
Keywords: Identity; Social control; Heritage; Equity valuation; Civil resistance.
Patrimonio, turismo y mercado
inmobiliario en Tepoztlán, México.
Alfonso Valenzuela Aguilera*
Universidad Autónoma del Estado de Morelos (México)
Alfonso Valenzuela Aguilera
* Posgrado de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, México. E­‑mail:
aval@uaem.mx
1. La puesta en valor del patrimonio
Etimológicamente la palabra patrimonio nos remite a la propiedad o herencia transmitida por el padre
pero también comparte su raíz con la acepción griega ligada a la patria, es decir, al lugar de origen de
los ancestros, a nuestro origen y nuestra historia. En cambio para la connotada historiadora Françoise
Choay (2005:47) la definición de patrimonio es incierta y requeriría la elaboración de un “inventario
borgiano” para capturar la infinidad de significados ligados a las distintas dimensiones disciplinares
(lingüísticas, plásticas, arquitectónicas, etc.) y además comenta: “Esta palabra tan antigua, ligada al
origen de las estructuras familiares, económicas y jurídicas de una sociedad estable, enraizada en el
espacio y en el tiempo, se ha convertido hoy en día en un concepto nómada que sigue una trayectoria
distinta y rutilante” (Choay, 1999:9). El patrimonio deja entonces de ser una característica concreta
para definir la identidad y los valores que sustentan la memoria para transitar por lo intangible, las
tradiciones y creencias que le dan substancia al contenido de los objetos de la memoria.
La caracterización del patrimonio se está convirtiendo en un valor agregado para el mercado
inmobiliario local, abriendo la posibilidad de revalorizar los inmuebles de acuerdo con las acciones
públicas de mejora del entorno. La idea de “poner en valor” el patrimonio implica, en sentido económico,
apreciar o incrementar la utilidad de un objeto patrimonial: “Poner en valor un bien histórico equivale
https://doi.org/10.25145/j.pasos.2017.15.011
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a habilitarlo de las condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus
características y permitan su óptimo aprovechamiento” (ICOMOS, 1967:3). Sin embargo, no existe un
consenso con respecto a la definición del concepto de “valor”, ya que mientras que para unos se relaciona
con instrumentos para restaurar y proteger el objeto patrimonial, para otros se traduce en la creación
de un andamiaje institucional que permita revalorizar el mercado inmobiliario y promover los negocios
turísticos de un sector de la población ligado a los grandes capitales.
El impulso del turismo patrimonial o cultural comporta efectos tangibles en el uso y el valor del
suelo, privilegiando en primera instancia el perímetro del centro histórico y convirtiéndolo así en el
objeto predilecto de las intervenciones públicas (pavimentación, cableado subterráneo, pintura, espacios
públicos, etc.). La expresión Mise en valeur ha sido también traducida como valorar o valorizar, acep‑ciones
que destacan el valor intrínseco de algo (por ejemplo, “hay que valorar la salud”). Sin embargo,
poner en valor algo también puede significar el poner en relieve la importancia particular de un objeto
determinado (por ejemplo, “la salud”). En lo que respecta al ámbito del patrimonio material, la “puesta
en valor” de un objeto arquitectónico o urbano lleva implícita la revalorización no solo cultural sino
también económica, y esto como el resultado directo de una intervención de mejoramiento del entorno.
Por consiguiente, si bien se genera un poderoso impacto cultural y simbólico al privilegiar un elemento
particular de la historia (por ejemplo, la arquitectura monástica o las estructuras mesoamericanas), esto
necesariamente impacta en el valor del mercado inmobiliario mediante las operaciones de salvaguarda
patrimonial por parte del sector público.
Las intervenciones gubernamentales buscan antes que nada, potencializar el valor de consumo del
patrimonio material e inmaterial, es decir, que los atractivos identificados como auténticos, tradicionales,
originales o característicos de una localidad se valoran en función de su capitalización como atractivos
turísticos, y las intervenciones públicas quedan vinculadas con la rentabilidad económica antes que con
el aprovechamiento del patrimonio en beneficio de la población residente. En cambio, el valor de uso
que la población le otorga al entorno natural y construido es el elemento primigenio para la generación
de vínculos identitarios y de pertenencia territorial.
Siguiendo con las distintas acepciones sobre las teorías del valor, surge una variante que es el valor
de consumo y que se define como la posible utilidad de un producto o servicio considerado en términos
de satisfacción potencial. Mientras que los valores humanos son de naturaleza abstracta y parecen no
tener un impacto directo en el comportamiento de la persona, son las actitudes las que pueden contex‑tualizar
y constituir mejores indicadores de comportamiento (Homer y Kahle, 1988; McCarty y Strum,
1994). En éste contexto, y contrario de los indicadores de satisfacción que son un fenómeno posterior
a la adquisición de un bien o servicio, el valor de consumo es una percepción a priori de la satisfacción
esperada, y es en ése sentido que las políticas de promoción turística buscan elevar el valor de lo que se
percibe como un producto que promete un beneficio seguro. Es así como el valor de consumo se impone
ante el valor de cambio o de uso, a través de la promoción mediática, mercadológica y publicitaria que
aprovechan la unicidad, autenticidad y singularidad del lugar.
El Programa Pueblos Mágicos (PPM) es una iniciativa del gobierno federal para revitalizar el turismo
en localidades con atractivos patrimoniales y culturales que no formaban hasta entonces parte de los
circuitos turísticos tradicionales. El programa se crea en 2001 con el fin de establecer un modelo de
rentabilidad centrado en el establecimiento de una “marca” que permitiera la expansión de los servicios
turísticos a lo largo y ancho del territorio nacional. Sin embargo, una de las paradojas que enfrenta dicho
instrumento de promoción turística es que el distintivo busca establecer un nicho dentro del mercado
lo cual conlleva la necesidad de estandarizar una serie de servicios que, en última instancia, terminan
por homogeneizan la experiencia del visitante al tiempo que se trata de mantener un imaginario de
autenticidad, de unicidad y de tradiciones1.
Es así que las localidades participantes en el PPM se convierten en entidades quiméricas dentro
de una dimensión del imaginario turístico y no como lugares reales en donde la gente tiene prácticas
cotidianas que no requieren ser puestas en escena. Para comprender las contradicciones intrínsecas
a la aplicación de políticas de fomento al turismo es necesario identificar las distintas racionalidades
que están al origen de las iniciativas. Si el objetivo es el de reactivar el sector turístico aumentando el
flujo de turistas y generando una mayor derrama económica, las acciones estarán dirigidas a proveer
al visitante de servicios, actividades y atractivos que lo mantengan entretenido al menos unos cuantos
días. En cambio, la racionalidad de los habitantes camina en otro sentido, resolviendo sus necesidades
y tratando de encontrar un cierto significado dentro de su vida cotidiana. Una tercera racionalidad está
representada por aquellos residentes que obtienen beneficios directos a partir de la inversión federal en
el municipio, en donde a pesar de verse afectados por las externalidades de la actividad turística, sus
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negocios o servicios dependen de la cantidad de visitantes que llegan los fines de semana e incluso están
dispuestos a sacrificar su participación en fiestas, ceremonias y rituales por su actividad económica.
El valor de consumo frecuentemente se asocia con la economía de la experiencia, en donde ­‑continuando
con la desmaterialización del fenómeno turístico­‑
se proponen fuentes inagotables de experiencias a
los consumidores (saunas, baños rituales conocidos como temazcales, meditaciones, masajes, etc.),
sustentadas en el contacto personal con los prestadores de servicios con el fin de establecer lazos
que vayan más allá del consumo de experiencias y servicios que son percibidos como auténticos. Sin
embargo, estos nuevos mecanismos y actividades económicas no alcanzan una suficiente legitimación
social como para incorporarse a la vida cotidiana de la población, toda vez que el turismo, planteado
en estos términos, está centrado en la reproducción de los imaginarios de lo exótico, en la búsqueda de
lo pintoresco y mediante la escenificación de un pasado desmaterializado y distante.
Los programas gubernamentales concebidos para poner en valor el patrimonio cultural de los
pueblos podrían derivar en la transferencia de propiedad de dicho patrimonio al turista y al residente
ocasional de la localidad. En éste sentido, la revalorización ocurre por fuera del tejido comunitario
local y el patrimonio pasa a ser salvaguardado, adecuado y transformado por una entidad de carácter
federal que dicta el tipo de desarrollo que conviene a las localidades que se inscriben en el programa.
Surgen contradicciones insalvables toda vez que el programa referido busca por una parte, diversificar
e innovar la oferta de productos turísticos, mientras que por la otra intenta que la comunidad mantenga
“los atributos de singularidad, carácter y autenticidad a través de la puesta en valor de sus atractivos”
(SECTUR, 1994). De modo que el reto de conciliar el aburguesamiento de la oferta turística dirigida a
segmentos “especializados” de la población con una estrategia que potencialice el desarrollo comunitario
permanece como una asignatura pendiente.
Dado que la estrategia de desarrollo turístico se basa en el consumo, el Programa Pueblos Mágicos
altera la configuración social y económica de los habitantes en detrimento de los valores y prácticas
cotidianas de la población residente. En última instancia, el programa en Tepoztlán ha beneficiado
a comerciantes, artesanos y prestadores de servicios ­‑que
en buena parte provienen de otras partes
de la república­‑
sin llegar a incidir de manera sustancial en el mejoramiento de la calidad de vida de
los residentes. Otro fenómeno central dentro de la problemática ha sido el impacto de los distintivos
oficiales en el mercado inmobiliario, encareciendo el suelo y las propiedades en las partes céntricas de
la ciudad. De este modo, el reconocimiento como lugar con valor patrimonial le confiere a la propiedad
un valor agregado y, aún cuando dicho distintivo no genera automáticamente una revaloración del
mercado inmobiliario, el nombramiento refuerza una tendencia a la alza en los precios de los inmuebles,
afectando con ello el costo de la vida para los pobladores.
Aún cuando históricamente la industria turística ha estado acaparada por el sector empresarial, es
importante abundar sobre el contexto en el que surge el Programa Pueblos Mágicos al inicio del presente
siglo, y en donde después de más de siete décadas tiene lugar por primera vez la alternancia partidista.
El entonces presidente Vicente Fox Quesada representaba justamente al sector empresarial, la clase
media provinciana del Bajío, identificada en buena parte con el legado criollo y mestizo de la colonia
española. En el segundo año de su gobierno se estructura el programa federal Pueblos Mágicos que
centra su atención en la puesta en valor de los pueblos coloniales y que, mediante la inversión directa
en trabajos de mejoramiento urbano, beneficiaría de manera directa tanto a los grupos de poder político
y económico quienes son los que generalmente controlan los servicios turísticos así como las cadenas
hoteleras y de servicios con mayor presencia en el territorio nacional.
En distintos estudios se argumenta que es frecuente que los programas para el desarrollo turístico
en zonas con valor patrimonial profundicen la inequidad y desigualdad social al impulsar a los grupos
de poder establecidos previamente en las comunidades, despojándolas incluso de sus recursos naturales
y culturales para el uso del turismo (Castellanos y Machuca, 2008; Daltabuit, 2000).
2. El marco de la identidad y los distintivos oficiales
Los núcleos históricos en algún periodo constituyeron la totalidad de la ciudad (Carrión, 2000:33),
constituyéndose como referentes económicos, culturales, sociales y políticos de una región mayor.
Al expandirse la ciudad, estos núcleos se convirtieron en sub­‑centros
o centralidades especializadas
acordes con su actividad económica predominante o con su valor en el mercado inmobiliario, y los usos
habitacionales originales se transformaron en comerciales, turísticos, mixtos o de servicios. A partir de
la adopción de las políticas neoliberales de desregularización de los mercados que inician en los años
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ochenta, se fortalece el circuito internacional de gran turismo concentrado en destinos turísticos de
playa, arqueológicos y de ciudades coloniales, dejando fuera los pueblos indígenas­‑coloniales
que no
podían competir con el turismo de masas pero que no obstante, contaban con una serie de atractivos
capitalizables. Es entonces cuando surge la idea de crear circuitos turísticos de segundo nivel que, por
una parte, estuvieran ligados a un centro urbano importante y por la otra, pudieran integrarse como
una red de corredores turísticos bajo el distintivo de un programa federal que supervisara su desarrollo,
ya sea mediante el financiamiento periódico o bien mediante la suspensión del distintivo en caso de que
no cumplieran con el compromiso de poner en valor el patrimonio.
El Programa Pueblos Mágicos (PPM) asume que las identidades en los pueblos están claramente
definidas y que son constantes en el tiempo, y en sus reglas de operación sobreentiende que los habitantes
mantendrán sus tradiciones a pesar de los embates de la comercialización y el turismo de masas. El
razonamiento se sustenta en el supuesto de que los habitantes defenderán la autenticidad que le
confiere un valor agregado a la localidad mediante la preservación de los valores culturales originales,
si bien estos no se definen en ninguna parte de los documentos de creación de dicho programa. Esto
presenta una limitación de carácter estructural en la estrategia y es que el programa pierde de vista
los mecanismos mediante los cuales se construyen las identidades y que incluyen la interacción con
mecanismos de pertenencia, lo cual es instrumental para definir, desligar y delimitar la propia identidad.
El patrimonio, como concepto socialmente construido, incorpora redes de relaciones e interacciones
sociales múltiples y complejas. La definición misma de los atributos que requiere un edificio para
ser considerado con valor patrimonial pasa por distintas organizaciones e instituciones que integran
especialistas que finalmente evalúan la pertinencia de incluir el inmueble en un catálogo de bienes con
reconocimiento oficial. El concepto de patrimonio material apela en primera instancia a la identidad, el
arraigo y la apropiación social de un inmueble o tradición, que es considerado valioso y/o representativo
de un valor, estilo, tipo o periodo de interés cultural.
Dada la complejidad estructural de las sociedades actuales, los sitios de interés patrimonial están
asociados a un conjunto de elementos económicos, sociales, culturales e incluso políticos que los
determinan y configuran de distintas maneras. Si bien los sitios históricos tienen un significado social
por sí mismos, dicha historicidad puede o no tener relevancia para la población originaria, para los
residentes de la periferia o para las clases marginadas económica y/o culturalmente. De éste modo, los
dispositivos que anteriormente cohesionaban a las comunidades en la actualidad afectan la composición
del tejido social, presentando un desajuste ligado a la polarización del ingreso, a la expoliación y a la
pauperización de la población (Harvey, 2004: 67).
En este sentido comenta Pradilla (2012:31). en su análisis de las dinámicas sociales en los centros
históricos:
“En medio de la desindustrialización y la terciarización de las metrópolis, las propuestas más aceptadas
hoy para la preservación de los centros históricos, son las de la valorización del patrimonio, entendidas
como la transformación de los centros históricos en territorios rentables para la acumulación del capital,
mediante su conversión en objetos del turismo ‘cultural’ internacional, nacional o local. A su favor cuentan
con el argumento real del alto costo de la conservación del patrimonio, solo viable si es rentable”.
En este sentido, los distintivos oficiales que originalmente buscan promover el desarrollo de las
comunidades, en muchas ocasiones terminan transfiriendo la inversión pública a grupos de poder
económico y político local o regional, resultando como los grandes beneficiarios el sector turístico
establecido, los empresarios y los líderes locales, mientras que el grueso de la población apenas recibe los
excedentes que se desprenden de los grandes negocios turísticos e inmobiliarios. Pradilla refiere además
que la comercialización del patrimonio se traduce en la modificación de los inmuebles para adecuarlos
a las nuevas funciones del turismo, aunado a la “museificación” y monumentalización de los centros
históricos, al fachadismo y la sustitución de la población residente por la itinerante (Pradilla, 2012:31).
Es por ello que el Programa Pueblos Mágicos no puede analizarse sin considerar el papel que el
mercado viene jugando en cuanto a la reconfiguración de las relaciones entre el Estado y la sociedad.
En éste sentido, la intervención gubernamental deja de ser asistencialista y supuestamente se vuelve
promotora, detonadora y articuladora del desarrollo. Esto no tendría que ser necesariamente un problema
siempre y cuando el sector público privilegie el interés público en lugar de los intereses de la iniciativa
privada, además de que los vínculos con la clase política de la localidad no se traduzcan en conflictos de
interés evidentes. En éste sentido es paradigmático el caso de Tepoztlán, municipio que se encuentra
a ochenta kilómetros al sur de la Ciudad de México y cuenta con una población de un poco más de
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cuarenta mil habitantes. La cabecera municipal alcanza los 15 mil pobladores y está localizada en las
faldas del cerro del Tepozteco, cuyas formaciones volcánicas le confieren un gran atractivo paisajístico
que atrae el turismo desde tiempos inmemoriales.
Mapa 1: División municipal de Morelos (Tepoztlán es el 020).
Fuente: Gobierno del estado de Morelos, 2011.
La población residente se compone de una diversidad de orígenes, y es a partir de la fragmen‑tación
identitaria que cabría preguntarse si puede ser vista en términos de multiculturalidad o de
exclusión. Tenemos por una parte a los llamados “Tepoztizos” o avecindados, quienes pueden ser
residentes nacionales o extranjeros, muchos de ellos ligados a círculos políticos e intelectuales de
la capital del país y quienes tienen generalmente una afinidad con la cultura local y las tradiciones
que se conservan a pesar de todo. Por otra parte tenemos a los visitantes de fin de semana que
llegan en buena medida de la Ciudad de México, Puebla, Estado de México y alrededores, quienes
además de recorrer el pueblo, subir a la pirámide del Tepozteco, compran artesanías y consumen
alimentos y bebidas tradicionales. Asimismo, encontramos a la población local que, aún cuando no
se beneficia de los visitantes ofertando algún servicio (estacionamiento, artesanías, servicios, etc.),
ve transformarse junto con las prácticas culturales como los medios de subsistencia, una nueva
versión de su identidad.
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El caso de Tepoztlán nos remite a una larga historia de disputas sociales a partir de la pugna de
intereses que han generado proyectos de infraestructura o mobiliarios como han sido el Club de Golf
en 1995 y la ampliación de la autopista desde 2012, los cuales llevan implícitos modelos de desarrollo
civilizatorios en donde la población originaria queda excluida desde un inicio2. Sin embargo, es inte‑resante
observar que el Programa Pueblos Mágicos no ha sido rechazado frontalmente como lo fueron
la autopista y el Club de Golf, quizás porque de algún modo el mejoramiento de infraestructuras e
imagen urbana han sido de beneficio para la comunidad en general. Si bien el objetivo inicial del PPM
fue que su instrumentación estuviera dirigida a la transformación social, en la práctica su estructura
privilegió la participación de la gente con un cierto nivel socioeconómico o que ya tenía un negocio en
el centro del poblado, alejándose la intervención institucional cada vez más de las necesidades reales
de la población en general y de la cultura local en particular.
El PPM se enfrenta hoy en día a la paradoja de homogeneizar la oferta de servicios turísticos al
tiempo que busca diferenciar los atractivos, incluso de manera artificial. La estrategia mercadológica
de construcción de una “marca” se ha demostrado efectiva en el medio empresarial, sin embargo, al
trasladarse al patrimonio se interpone la relación tiempo­‑espacio,
de modo que los actores tienen que
poner en valor los atractivos del lugar constantemente para que éste sea reconocido por su singularidad.
El despliegue de dichos atributos se convierte entonces en una práctica constante de generación de
imaginarios que dan autenticidad al lugar mientras que los empresarios locales, nacionales e incluso
globales apuestan por establecer al destino como un punto de interés relevante dentro de los circuitos
turísticos establecidos.
En éste contexto y situando un caso concreto, en Tepoztlán las fiestas barriales que originalmente
representan tanto al patrono parroquial como a los pobladores del barrio correspondiente, ahora
se enfrentan a la consigna oficial de “poner en valor” estos rituales por medio de su inclusión como
patrimonio inmaterial al tiempo que se busca mantener vivas dichas tradiciones3. Existe entonces la
paradoja de valorizar las expresiones culturales para ser capitalizados por el sector turístico al tiempo
que se mantiene la esencia y significado para la comunidad. De éste modo, complejos mecanismos
rituales que anteriormente se convertían en fronteras culturales, ahora se despliegan como componentes
identitarios tanto como instrumentos al servicio del poder.
En la concepción del Programa Pueblos Mágicos se buscaba detonar el desarrollo local así como
privilegiar a las empresas comunitarias y ejidales, si embargo, esta intención quedó solo en el papel ya
que no se crearon los mecanismos e instrumentos necesarios para que asociaciones y órganos establecidos
pudieran beneficiarse de los recursos del programa. Dado que la inversión estaba mayormente dirigida
a la construcción de obra pública, infraestructura y mejoramiento urbano, los beneficiarios directos
terminaron siendo los propietarios de los inmuebles en el primer cuadro de la ciudad (empresarios,
hoteleros y comerciantes) ubicados estratégicamente a lo largo de las vías principales que, aunque
representan un porcentaje residual del territorio comprendido por el pueblo, son las áreas en donde
se concentra el valor inmobiliario más elevado. Ahora bien, aún cuando el Programa Pueblos Mágicos
estuviera beneficiando de manera consistente a un sector de la economía y de la población local, también
es cierto que la población Tepozteca originaria (de composición rural e indígena) no están desligados de
las dinámicas socioeconómicas generadas por el turismo y de hecho, existen puntos de contacto entre
las instituciones, la política y la sociedad que reconfiguran –para bien o para mal­‑
a la comunidad.
Moviéndose en una delicada línea que divide la inclusión de la exclusión, el habitante originario
participa en el nuevo compuesto identitario que amalgama tradición e innovación, tecnología y saberes
ancestrales, prácticas “democratizantes” con los usos y costumbres. Esta amalgama cultural se manifiesta
en distintos momentos cercana a un proyecto político ­‑al
menos ya se ha demostrado en la práctica­‑
lo cual
podría hacer que la diferencia o diversidad cultural adquiriera un sentido más allá de la dominación de
clase y se convirtiera en un instrumento de desarrollo propio, inclusivo y territorial. Así, la articulación
de la diferencia podría proteger las tradiciones y el patrimonio a través de la construcción de una serie
de relaciones estratégicas entre los actores, indisociable del contexto político, económico, social y cultural
por el que ha venido atravesando el país de manera vertiginosa en los últimos diez años.
Es en los últimos años que la industria turística se ha potencializado por medio de las nuevas
tecnologías, haciendo más eficiente el funcionamiento de la experiencia turística mediante la mejora de
los procesos de reservaciones, conexiones, precios, etc. No obstante, al abrirse estas nuevas posibilidades
de conexión se amplia paralelamente la brecha informática que excluye o restringe las posibilidades de
acceso para los no iniciados y que en el caso de los beneficiarios del PPM podría representar un porcentaje
considerable de la población local. El reducido acceso a satisfactores fundamentales como educación,
empleo y salud para la mayoría de los habitantes de los pueblos inscritos dentro del programa es un
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tema central dentro de la era de la información, la conectividad y la tecnología globalizada, de modo que
su integración solo puede ser de manera programada, esto si no queremos dejar a la población referida
cada vez más “desconectada y desigual” (García­‑Canclini,
2004).
Imagen 1: Foto Aérea de Tepoztlán, Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI), 2011.
3. El impacto del turismo en el mercado inmobiliario.
En un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que por cierto, es el mayor financiador
de obra pública en América Latina, se analizan los esfuerzos de conservación en la región y concluyen los
autores que existen tres elementos para asegurar el éxito de las intervenciones (financieras): involucrar
a todos los actores sociales, destinar los inmuebles patrimoniales para usos rentables con probada
demanda social, y preservar tanto los monumentos como el entorno (Rojas, 2002).
Partiendo de que la puesta en valor del patrimonio material está condicionado al entorno construido
a manera de escenario, y que éste último precisa de la inversión privada para poder financiar los
elevados costos de restauración de los inmuebles históricos, el BID señala las limitaciones del mercado
inmobiliario para asignar los recursos necesarios, ya que su funcionamiento está ligado a la valorización
del capital pero sin fines altruistas. Plantea por ejemplo, el caso de una zona patrimonial en donde se
espera que inicie un proceso de revalorización del mercado pero en donde al inversionista le conviene
no dar el primer paso, sino esperar a que se valorice su propiedad mediante las inversiones hechas
por otros, asegurando así el valor comercial de su inversión. Si bien el mercado inmobiliario en zonas
patrimoniales está sujeto a la relación entre la oferta y la demanda ­‑buscando
por tanto maximizar los
beneficios­‑
conviene referir la distinción entre el dominio y la posesión que hace Goodall (1972: 92) y
de donde derivan el dominio sin disfrute y la ocupación sin propiedad.
El hecho que las áreas patrimoniales centrales hayan sido lugares en donde el alquiler ha predo‑minado
en distintos periodos históricos y que la localización central generalmente eleva los beneficios
y la satisfacción de los usuarios, los perímetros con valor patrimonial adquieren una preponderancia
económica sobre el resto del territorio. Ahora bien, el precio del inmueble dependerá del valor máximo
que el comprador esté dispuesto a pagar, ya sea en calidad de inversionista que espera su valorización
futura, o bien de ocupante de la propiedad quien obtiene las ventajas sobre el valor de uso. Sin embargo,
los inmuebles de carácter patrimonial requieren de mantenimiento y mejoras que se deprecian con el
tiempo mientras que el valor del suelo mantiene su valor de mercado o bien, se incrementa. En el caso
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de México los bienes con valor patrimonial han estado regulados por legislaciones federales a cargo ya
sea del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) o del Instituto Nacional de Bellas Artes
(INBA), mientras que más allá de las fronteras el país ha suscrito la mayoría de decretos, documentos,
declaraciones y acuerdos internacionales como la Carta de Atenas (1931), la Carta de Venecia (1964),
la cual protegía monumentos y sitios pero que no preveía el tratamiento del mercado inmobiliario, el
desarrollo urbano o el turismo cultural. Unos años más tarde, las Normas de Quito (1967) reconocerían
la importancia del turismo y su incidencia en la valoración económica de los monumentos. Las normas
establecen que “los bienes del patrimonio cultural representan un valor económico y son susceptibles de
erigirse en instrumentos del progreso.” (ICOMOS, 1967:1). Dicho documento alude a la formulación de
un “Plan sistemático de revaloración de los bienes patrimoniales en función del desarrollo económico­‑social”,
el cual introduce el patrimonio dentro de un contexto nacional amplio si bien no son claros
los mecanismos y criterios mediante los cuales se pretende alcanzar tal desarrollo. A pesar de ello, las
normas enuncian consideraciones importantes con respecto a los lugares que contando con “monumentos
nacionales” propiamente dichos, requieren de la protección del Estado para ser capaces de conservar
elementos que escaparían a una definición estrecha del patrimonio y en donde precisamente, podría
quedar enmarcado el programa federal de Pueblos Mágicos. El énfasis en el patrimonio construido es
central en el programa dado que uno de los requisitos de ingreso es contar con una Declaratoria de
Monumentos Históricos emitida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), de modo
que es una dependencia del Estado quien emite la declaración y el registro oficial del sitio en cuestión,
otorgándole las prerrogativas del régimen de excepción correspondiente.
Dentro de la legislación en el campo patrimonial destaca el hecho que el ser sujeto de una clasificación
implica la adquisición de una serie de restricciones y obligaciones para los propietarios de los inmuebles
en virtud de si bien se encuentran bajo el régimen de propiedad privada, también mantienen una
dimensión pública dado su valor histórico, estético y cultural. Esta distinción lleva aparejados una serie
de problemas de orden económico, toda vez que los trabajos de mantenimiento requieren de un grado de
especialización variable que necesariamente aumenta su costo y que muchas veces no se recupera por
un inversionista que quiere obtener dividendos. Por ejemplo, las áreas patrimoniales que han perdido
actividades económicas o reducido la intensidad del uso habitacional, frecuentemente caen en una espiral
de degradación generalizada. La llamada declinación urbana de las áreas centrales provoca que los
estratos más desfavorecidos ocupen los inmuebles en procesos de decadencia y obsolescencia funcional.
Si consideramos al patrimonio construido como el principal ahorro interno del país, podemos superar la
lógica de valor de un inmueble ligado al flujo de efectivo que éste genera (Anchour y Castañeda, 1992:1).
En este sentido, los negocios inmobiliarios son analizados desde el punto de vista del inversionista
individual y no en función de su impacto colectivo. Dicha lógica demanda una cuidadosa planeación
financiera e inhibe cualquier intento de ordenamiento territorial que limite los mecanismos de trans‑ferencia
(o expoliación) y si acaso ayude a resolver las externalidades estructurales del mercado. Los
inmuebles históricos generalmente se localizan fuera de la lógica del mercado, es decir, no son rentables
en términos financieros en comparación con otros bienes que compiten por los costos de oportunidad
de otros productos. Sin embargo, los mercados inmobiliarios tienen la particularidad de ser uno de los
principales activos de los hogares promedios y en general de las economías del mundo. Ahora bien,
las Normas de Quito intentaban superar una contradicción importante que consiste en revalorizar
el patrimonio, no solo en sentido cultural sino también económico, “pasándolo del dominio exclusivo
de minorías eruditas al conocimiento y disfrute de las mayorías populares”. Ergo, si un inmueble es
intervenido y con ello aumenta su valor en el mercado inmobiliario, el beneficios social solo podría
derivarse del establecimiento de un uso público, como podría ser un servicio, un equipamiento o una
iniciativa abierta y sin fines de lucro.
Las implicaciones que los programas federales tienen en el mercado inmobiliario ­‑como
es el caso del
PPM­‑
tiene una trascendencia no sólo regional sino nacional, toda vez que los procesos transforman de
manera efectiva tanto la forma de las ciudades como su estructura interna. Las intervenciones en el
territorio están estrechamente relacionadas con los mecanismos que rigen la especulación inmobiliaria,
en general a cargo de las administraciones locales (p.e. los Planes de desarrollo Urbano o la gestión del
catastro) quienes tendrían en sus manos poderosos instrumentos de control del mercado inmobiliario.
De éste modo, los procesos de crecimiento, densificación o expansión de los Pueblos Mágicos pueden
generar en poco tiempo impactos indeseables en la provisión de servicios, el sistema de movilidad, el
tratamiento de residuos, la dotación de agua o los equipamientos para la población residente. En el
caso de Tepoztlán, los cambios en el uso del suelo de habitacional a comercial han incrementado el
valor del suelo generando un proceso de sustitución de residentes en el primer cuadro de la localidad.
PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. 15 N° 1. Enero 2017 ISSN 1695-7121
Alfonso Valenzuela Aguilera 189
Asimismo, el agua es considerado un recurso escaso y los nuevos residentes aumentan la demanda
necesariamente, como comenta Rosas (1997: 20): “Tepoztlán sufre la falta de agua en los largos meses
de estiaje, en los que el nivel de los pozos se abate, bombean lodo y la distribución doméstica se reduce
drásticamente […] la construcción de casas de fin de semana, con su abundancia de albercas y jardines
de riego, ha contribuido también a la carencia”. Por tanto, podemos concluir que los procesos turísticos
que desencadenan un mayor aforo de visitantes, el establecimiento de nuevos negocios y el crecimiento
demográfico en localidades pequeñas como Tepoztlán resienten de manera particular el escalamiento
de la demanda de infraestructuras y servicios.
4. La acción instrumental del Estado en la puesta en escena del patrimonio
El Programa Pueblos Mágicos surge en un momento de transición política al ser electo el primer
gobierno federal alterno después de siete décadas con un partido único. En ese contexto se lanza el
Programa Nacional de Turismo 2001­‑2006
el cual tenía como objetivo central capitalizar o poner en
valor atractivos más sutiles que el patrimonio arquitectónico monumental como los rituales, fiestas
y tradiciones ubicados en la dimensión de lo intangible, como una manera de impulsar un circuito
turístico cultural que no estaba contemplado en los programas tradicionales del gobierno federal y
dirigidos al turismo de masas4.
En México el Estado ha jugado siempre un papel central en el impulso del turismo, ya sea como
fuente de financiamiento para la creación de circuitos turísticos o bien promoviendo ciertos periodos de
la historia. En éste sentido, el PPM tuvo como eje rector la integración de las comunidades participantes
en la provisión y desarrollo de servicios al turista de modo que se beneficiaran de la inversión pública.
Sin embargo, el programa no tenía previsto de manera explícita la participación de las comunidades
receptoras para la definición de objetivos y estrategias a seguir. En cambio, el gobierno federal dió por
hecho que los productos turísticos de aventura, deportes extremos o pesca deportiva serían recibidos por
las comunidades sin mayores objeciones al ver las bondades económicas que atraerían, modernizando
los negocios turísticos locales para así revalorizar el sitio al potencializar los atractivos del lugar y en
última instancia, impulsar la recuperación del mercado turístico de la región.
A nivel discursivo el PPM se definía como un “programa de desarrollo turístico integral” (SECTUR,
2001), de modo que el primer eje del programa partía de una orientación social para optimizar el
aprovechamiento de los recursos y “hacer del turismo una actividad de contribución real para elevar
los niveles de bienestar, mantener y acrecentar el empleo y hacer redituable la inversión”. De este
modo, buscaba la activación del mercado local, generando un mayor gasto por parte del turismo que
seguramente ­‑se
argumentaba­‑
beneficiaría a la “comunidad receptora” (SECTUR, 2001).
Para cumplir con éste último objetivo, el Programa Pueblos Mágicos basaba su estrategia en la
participación comunitaria, de modo que “su inclusión y permanencia, sus avances y logros serán el
resultado del nivel de trabajo que la propia comunidad realice” (SECTUR, 2001). A este respecto, la
participación estaría centrada en la conformación de comités locales, los cuales agruparían a repre‑sentantes
de los sectores hoteleros, restauranteros y de la administración municipal pero quedándose
cortos en la representatividad de los intereses de la comunidad local. Como segundo eje, el PPM quedaba
firmemente anclado en la estructura legal conformada por los instrumentos de planeación existentes
(planes de desarrollo urbano, planes de ordenamiento territorial, planes de desarrollo turístico, etc.),
de modo que el destino del pueblo mágico quedaba ceñido a los ordenamientos urbanos y ambientales
vigentes. De hecho, el programa buscaba desde un inicio fortalecer la estructura institucional, toda vez
que requería para la inclusión de la localidad en el programa que diera muestras de inversión directa
por parte de las instancias municipales o estatales. Además, la localidad tendría que reunir una serie
de “atractivos turísticos diferenciados” entre los que destacan el patrimonio cultural inmaterial, la
producción artesanal, la gastronomía, así como contar con una imagen urbana armónica y en buen
estado de conservación, de modo tal que se hiciera merecedora de una declaratoria como zona de
monumentos históricos.
Retomando la discusión sobre la pertinencia de la puesta en valor del patrimonio, la primera versión
del programa establecía que la solicitud debía incluir “un ensayo sobre los atributos mágicos que
justifiquen su candidatura [basando] su argumentación en el rescate y la preservación de su patrimonio
cultural tangible e intangible” (SECTUR, 2001). Aquí es conveniente detenerse a analizar el discurso
sobre la necesidad de “rescatar” el patrimonio amenazado creando –literalmente­‑
una narrativa que
incorporara los atributos materiales que le otorgarían el distintivo de “Pueblo Mágico”. Otro aspecto
PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. 15 N° 1. Enero 2017 ISSN 1695-7121
190 Patrimonio, turismo y mercado inmobiliario en Tepoztlán, México
relevante es que en su origen el PPM se proponía detectar el “impacto del turismo en la localidad y en
el área de influencia” a través de evidencias de inversión privada y social en proyectos turísticos que
incluyeran empresas comunales y ejidales.
Una década más tarde, dos estudios comparativos de la Secretaría de Turismo concluían que no
existían evidencias de que se hubieran generado empleos que beneficiaran a la población local, encon‑trándose
Tepoztlán entre los últimos lugares con respecto a su vocación turística y generación de empleo
(SECTUR, 2008 y 2012). Ahora bien, el PPM tendría un seguimiento puntual cada trimestre por lo que
respecta a las obras, mientras que el éxito de la implementación del programa sería medido a través
de indicadores de impacto “sobre el crecimiento de la actividad económica de la localidad, de nuevos
negocios y del número de visitantes”, además de que subrayar el necesario impulso de asociaciones de
ejidatarios y comuneros (SECTUR, 2006).
De éste modo, el gobierno no solo imponía un modelo no solo para concebir el turismo, sino para
vislumbrar el futuro de la nación. El paradigma de desarrollo turístico materializado en el Programa
Pueblos Mágicos debía seguir el modelo empresarial de “excelencia y calidad de los servicios” para
así asegurar altos niveles de competitividad turística, constituyéndose como “la opción real para salir
del letargo socioeconómico”. El turismo como panacea del desarrollo sustentable dejaría intactas la
autenticidad, la cultura y “singularidades”, sin que por ello peligrara el potencial de convertirse en
una “marca turística reconocida” o un “símbolo distintivo”, considerados esenciales para la promoción
y mercadeo de los atractivos turísticos de los pueblos. Es a finales de 2014 cuando se publican en el
Diario Oficial (26/09/14) las nuevas reglas de operación del Programa Pueblos Mágicos en donde, entre
otras cosas, se incluye la profesionalización de los sectores turísticos a través de las “certificaciones”, se
introducen elementos de mercadotecnia y reingeniería de procesos así como una alianza entre los tres
niveles de gobierno, la sociedad local y los actores económicos, empresas y organizaciones que deberían
trascender las administraciones gubernamentales (SECTUR, 2014).
Bajo dicha aproximación de corte empresarial, las nuevas disposiciones buscaban concretar alianzas
público­‑privadas
(que en México se han caracterizado por los manejos turbios), así como con los distintos
niveles de gobierno, que prevalezcan por encima de los gobiernos en turno. En éste contexto, los comités
locales del programa se convierten en fiscalizadores de los indicadores de desempeño, certificación
y capacitación constante que aseguren el flujo promedio de cuatro millones de visitantes anuales
(SECTUR, 2014). De éste modo, el enfoque sigue siendo predominantemente económico, aún cuando
existen evidentes transformaciones en la estructura social de los pueblos, su cultura y tradiciones a
partir del arribo masivo de los visitantes.
En la evaluación de desempeño de los destinos turísticos de SECTUR (2012: 402), Tepoztlán es
reconocido por la diversidad de sus atractivos naturales y culturales que incluyen el cerro del Tepozteco
con su zona arqueológica, el paisaje, etc. Sin embargo, el análisis detecta una escasez de productos
turísticos, actividades recreativas y control sobre el comercio informal. Se enfatiza la necesidad de
“fomentar la ampliación de la oferta de servicios de hospedaje de calidad turística, así como evaluar
el desempeño turístico a través de indicadores cuantitativos. Algo revelador es la observación acerca
de que el Comité Pueblo Mágico estaba integrado por una “asociación civil sin representación de los
prestadores de servicios turísticos, ni empresarios, con nula coordinación con el gobierno municipal
y estatal por programas políticos (sic) y sin conocimiento sobre el desarrollo turístico de Tepoztlán”.
Si regresamos a los objetivos iniciales del programa, en donde se buscaba que la población civil se
apropiara del mismo, la crítica no sería tan contundente como éste reclamo por no integrar al sector
empresarial (es decir, turístico), quien se pensaría conoce a fondo la estrategia turística que conviene
a la localidad. Otro elemento que se incorpora al análisis es la seguridad, a la que se le atribuye
directamente la responsabilidad de la imagen negativa que mantiene el estado de Morelos como un
lugar inseguro.
El relanzamiento que la administración del presidente Enrique Peña Nieto (2012­‑2018)
hace de
manera tardía, establece que el PPM es una “estrategia para el desarrollo turístico” que, entre otras
cosas, permitirá “fomentar y hacer rentable la inversión” o bien “establecer un adecuado seguimiento
de las acciones y control mediante indicadores que permitan su evaluación con certeza en su impacto
económico”. Por si resultara de alguna manera ambiguo el énfasis discursivo, añade el texto que el
programa estimula y fomenta la inversión público­‑privada
“potenciando el desarrollo social y económico
en beneficio de la comunidad receptora” (Diario Oficial de la Federación, 2014). Siguiendo con esta lógica,
las normas refieren el Plan Nacional de Desarrollo 2013­‑2018
que propone fomentar un mayor flujo
de inversiones y financiamiento en el sector turístico con el fin de “detonar el crecimiento del mercado
PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. 15 N° 1. Enero 2017 ISSN 1695-7121
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interno a través del desarrollo de nuevos productos turísticos para consolidarlos como el principal
mercado nacional”.
El Programa Pueblos Mágicos se convierte así en su nueva edición, como uno de los diez proyectos
estratégicos del sector turismo a financiarse mediante el Programa Nacional de Infraestructura
2014­‑2018
y que comprende la restauración de áreas emblemáticas, la sustitución de pavimentos con
materiales originales, la señalética turística, el cableado subterráneo y el rescate de áreas verdes,
intervenciones dirigidas a poner en valor el patrimonio construido5. Dado que se parte de la existencia
de una declaratoria de monumentos históricos, es evidente que las áreas sujetas al mejoramiento de la
imagen urbana tienen un carácter patrimonial pero que no incluye la mayor parte de la arquitectura
doméstica o vernácula, la cual no figura en los catálogos de bienes patrimoniales del INBA o del
INAH. Es por tanto difícil entender la manera en que una estrategia que busca hacer rentables las
inversiones de capital y asegurar el impacto económico de las acciones, pueda estar ligada al bienestar
social, la sustentabilidad y “la preservación de la identidad de cada pueblo”.
5. Conclusiones: la apropiación del espacio y las jerarquías de poder
La apropiación diferenciada tanto del espacio como de los recursos naturales por parte de los
colectivos que conforman el tejido social de Tepoztlán evidencia finalmente las distintas jerarquías de
poder expresadas en el espacio (Bourdieu, 1975), pero también demuestra que dichas configuraciones
son mutables, escalables y, hasta cierto punto, imprevisibles. El poder se expresa mediante su ejercicio
por parte de los grupos dominantes, y no obstante, existen espacios intersticiales importantes en donde
se crean alianzas o coaliciones entre los distintos grupos que pueden llegar a cambiar el curso de los
acontecimientos (Castro, 2013:66). En Tepoztlán una coalición de pobladores, intelectuales, artistas,
académicos, ambientalistas y residentes evitó que se instalara un complejo residencial­‑corporativo
alrededor de Club de Golf en los años noventa gracias al continuo reposicionamiento de fuerzas entre
la comunidad y los grupos de poder político­‑económico,
dando lugar a mecanismos de resistencia social
(Jones, 2006:3).
Si bien los edificios antiguos pueden ser poco valorizados por el mercado en función de su rentabi‑lidad
comparada con otros tipos de inmuebles, también es cierto que en su conjunto, las políticas de
revitalización, restauración, o refuncionalización pueden generar altas tasas de rendimiento a partir
de la reactivación económica de los centros históricos, especialmente si en las iniciativas participan los
grandes capitales de las cadenas hoteleras y de servicios turísticos internacionales. De éste modo, los
mecanismos de especulación inmobiliaria enmarcados dentro del régimen jurídico del suelo, el valor
agregado por la colectividad seguirá siendo apropiado por grupos privilegiados de particulares. Aunado
a esto, históricamente la inversión de capital en México ha privilegiado el mercado inmobiliario por
encima de la inversión en el sector productivo ­‑con
los consecuentes efectos en la innovación de dicho
sector­‑
de modo tal que no existe la cultura de desarrollar productos con valor agregado y sí de especular
con el mercado inmobiliario.
Finalmente, sería interesante ­‑y
de hecho necesario­‑
conocer el perfil de los beneficiarios de las
obras realizadas por el Programa Pueblos Mágicos, dado que hasta la fecha el impacto económico se
ha limitado a empresarios, propietarios de negocios turísticos pre­‑existentes,
así como de los líderes
sociales y políticos que encuentran en estas iniciativas una manera de canalizar los recursos federales
para fines privados.
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Notas
1 En los últimos quince años se han incorporado 111 pueblos al programa Pueblos Mágicos y solo entre 2006 y 2012 este
programa federal acumuló una bolsa equivalente a 200 millones de dólares repartidos entre los participantes del programa
mientras que de acuerdo con el secretario de turismo el programa genera una derrama económica anual de seis mil
millones de pesos (http://www.forbes.com.mx/develan­‑misterios­‑de­‑los­‑pueblos­‑magicos/).
2 Durante el conflicto del Club de Golf resurgió la ceremonia conocida como El Reto del Tepozteco como elemento identitario
pero también como referente cultural y simbólico de la resistencia del pueblo.
3 Aquí juega un papel fundamental la acción de la UNESCO en la valorización del patrimonio cultural inmaterial. Ver
http://www.unesco.org/culture/ich/es/que­‑es­‑el­‑patrimonio­‑inmaterial­‑00003.
4 Como los programas federales denominados Tesoros Coloniales, Ruta de los Dioses, Mundo Maya, Centro de Playa, En
el Corazón de México, Mar de Cortés­‑Barrancas
del Cobre y Fronteras (SECTUR, 2002).
5 Se anunció en 2014 que se invertirían $500 millones de pesos para el programa Pueblos Mágicos y destinos prioritarios.
Ver http://www.elfinanciero.com.mx/politica/relanzan­‑programa­‑de­‑pueblos­‑magicos­‑con­‑500­‑mdp.
html
Recibido: 08/02/2016
Reenviado: 13/05/2016
Aceptado: 16/05/2016
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