El círculo vicioso del turismo residencial: análisis de los factores locales del boom inmobiliario español

              © PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. ISSN 1695-7121
Vol. 12 N.o 2 págs. 395-408 2014
www .pasosonline.org
1.Introducción
En España, a partir de los años cincuenta del
siglo XX el despegue económico de buena parte de
los municipios de litoral se sustenta en el turismo
y la construcción de viviendas. La conexión entre
ambas actividades es tan marcada que ya en la
década de los setenta Gaviria (1974: 275) señalaba
la conveniencia de establecer de forma clara “los
ingresos provenientes de la industria turística y los
ingresos procedentes de la industria de la urbaniza-ción
y de la construcción en zonas turísticas”. Así, no
resulta extraño que, excepto contadas excepciones,
la vivienda, ofertada casi en su totalidad por sus
promotores en régimen de propiedad, constituya el
tipo de alojamiento turístico más importante de la
mayor parte de destinos de sol y playa (Monreal,
2001; Raya, 2001; Juan et al., 2003; Riera y Mateu,
2007; Obiol y Pitarch, 2011). Esta tendencia ini-ciada
a mediados del siglo pasado ha alcanzado un
ritmo e intensidad vertiginosos durante el último
ciclo de hiperproducción inmobiliaria (1996­‑2006)
acaecido en el litoral mediterráneo español (Gaja
i Díaz, 2008). Este boom inmobiliario ha estado
Resumen: Entre 1996 y 2006 España experimenta un boom inmobiliario sin precedentes que ha afectado
principalmente a los municipios de litoral. Este proceso de intensa producción inmobiliaria ha estado sos-tenido
sobre una igualmente intensa demanda internacional. Sin embargo, pasar de puntillas por el papel
que han jugado las dinámicas e intereses locales en este proceso supone entender que los destinos han tenido
un papel menos activo del que realmente han tenido. Desde una perspectiva relacional, el presente artículo
destaca el papel que han jugado determinados factores locales en el proceso. Para ello, analiza de qué forma
han interaccionado y se han retroalimentado positivamente factores como los elevados beneficios empresari-ales
de la construcción, la descapitalización de sectores económicos tradicionales, la corrupción urbanística,
la estacionalidad turística, el subregistro poblacional, la financiación de las administraciones locales y el
escaso peso de las actividades vinculadas más directamente al turismo.
Palabras clave: segundas residencias, retroalimentación, estructura, interacción, perspectiva local.
The vicious cycle of residential tourism: analysis of local factors of Spanish property boom
Abstract:: Between 1996 and 2006, Spain experienced an unprecedented real estate boom that mainly af-fected
the coastal localities. Research has mainly focused so far on analyzing the causes that fueled such
a high demand for housing. This article aims at highlighting the role tourist destinations have played in
the said housing boom from both a comparative and a local perspective. The paper analyzes the systemic
interaction of factors such as the realtors’ high margins of profit, the decapitalization of traditional economic
sectors, the corruption of the municipal officers, the tourist seasonality, the population undercount, the local
governments funding mechanisms and the scarce weight of the activities most directly related to tourism.
Key words: second homes, feedback, structure, interaction, local perspective.
El círculo vicioso del turismo residencial: análisis de los
factores locales del boom inmobiliario español
Hugo García Andreu*
Universidad de Alicante (España)
* Profesor Ayudante Doctor en el Departamento de Sociología 1 de la Universidad de Alicante, España. E­‑mail:
hugo.andreu@ua.es
Hugo García Andreu
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sostenido por una fuerte demanda interna y externa
que buscaba, principalmente, tanto una segunda
residencia de uso turístico como una inversión
económica (Fernández Durán, 2006: 27). A su vez,
esta demanda turística e inversora se explica por la
concurrencia de una serie de circunstancias tanto
de ámbito nacional como internacional tales como
la incorporación de España al euro, el crecimiento
de su economía, la reforma de la Ley del Suelo de
ámbito estatal aprobada en 1998, el atractivo y
consolidación de España como destino turístico
internacional de primer orden, el interés del capital
financiero por los activos inmobiliarios, la bajada de
los tipos de interés del dinero y las elevadas tasas
de revalorización de la inversión inmobiliaria (Fer-nández
Durán, 2006). No obstante, una explicación
del ciclo de hiperproducción inmobiliaria en clave
de demanda queda incompleta al presentar a los
destinos turísticos como sujetos pasivos que simple-mente
aprovechan una coyuntura favorable. Esta
explicación soslaya dos cuestiones fundamentales
que se encuentran conectadas. Primero, se pasa por
alto el papel inductor que sobre la demanda tienen
los agentes y el sistema turístico­‑inmobiliario
al
generar expectativas sobre el producto ofertado
afianzando así un determinado tipo de destino
(Santana, 2006). En otras palabras, la demanda,
esto es, la posibilidad de adquirir una segunda resi-dencia
con fines turísticos o inversores en el litoral
español, ha ido construyéndose desde los propios
destinos durante más de 50 años. Segundo, una
explicación en clave de demanda también soslaya
las dinámicas locales que subyacen y condicionan el
propio proceso de producción de suelo y viviendas.
En esta línea, en el presente artículo se expone la
idea de que en los destinos turísticos consolidados
de litoral la evolución acumulativa de la función
residencial ha generado una dinámica perversa o
círculo vicioso que cada vez hacía más dependiente
la economía local de la promoción inmobiliaria
aumentando con ello su vulnerabilidad. De ahí, que
la caída de la demanda y el subsiguiente descenso
de la actividad constructora hayan agravado en
estas localidades las consecuencias negativas de
la crisis internacional1 (Tomás Carpi, 2010; Boira,
2012). En este círculo vicioso han intervenido los
siguientes factores que se desarrollan a lo largo
del artículo: el atractivo de los elevados beneficios
empresariales del sector inmobiliario, la descapi-talización
de sectores económicos tradicionales, la
corrupción urbanística, la estacionalidad turística,
el subregistro poblacional, la financiación de las
administraciones locales, el escaso desarrollo de
la oferta complementaria y el perfil de gasto de la
demanda2. La interacción de estos factores crearon
un entorno o estructura socioeconómica local que
justificaba la apuesta por la promoción inmobiliaria
al presentarla como necesaria, lo que a su vez
alimentaba el círculo vicioso. De este modo, el
presente artículo pretende contribuir desde la
perspectiva local a la comprensión de las causas del
ciclo de hiperproducción inmobiliaria (1996 a 2006).
Comprender estas dinámicas locales o círculos
viciosos resulta imprescindible si se quieren tomar
medidas eficaces que reduzcan la vulnerabilidad de
la mayor parte de los destinos turísticos de litoral.
Aunque buena parte de los datos e investigaciones
aluden a la Comunidad Valenciana, en donde la
promoción inmobiliaria ha sido más intensa, el
argumento del círculo vicioso puede ser aplicado
a otros destinos del litoral español. Resulta nece-sario
dejar claro de antemano que dichos factores
presentan un elevado grado de interconexión, y
que, por tanto, su tratamiento independiente y
textualmente lineal (uno tras otro) como elementos
individuales resulta artificial.
2. El círculo vicioso del turismo residencial
2.1. El atractivo de los elevados beneficios
empresariales del sector inmobiliario
Es de sobra conocido el aumento tan espectacular
que de forma generalizada experimentó el precio
de la vivienda durante el ciclo de hiperproducción
inmobiliaria. De 1996 a 2006 el precio medio del me-tro
cuadrado de vivienda libre en España aumentó
un 280% pasando de 692€ a 1.944€ (Ministerio de
Fomento). En las zonas de marcada función turística
el aumento se situó por encima de la media. En la
provincia de Alicante el incremento fue del 344%
situándose por encima de provincias como la de
Barcelona (302%). Si bien el espectacular incre-mento
de los precios es innegable, sobre las causas
del mismo no existe consenso. Para Jesualdo Ros,
Secretario General de la Asociación de Promotores de
la Provincia de Alicante, los costes del sector (precio
del suelo, mano de obra, materiales y fiscalidad)
han crecido porcentualmente muy por encima de
lo que ha aumentado el precio final de la vivienda
(Ros, 2003: 84). Sin embargo, en el mismo artículo,
el autor reconoce que en un anónimo municipio del
litoral alicantino el precio del metro cuadrado de las
viviendas de primera línea experimentó aumentos
del 20% anual durante tres años (lo que duró la co-mercialización
del producto) (Ros, 2003: 83). Resulta
fácil concluir que en este caso los costes difícilmente
pudieron aumentar por encima del precio final de
las viviendas. Independientemente de este caso
concreto, Jesualdo Ros, en defensa del empresariado
que representa, trata de trasladar la responsabilidad
del aumento tan notable del precio de la vivienda
al incremento de los costes (principalmente del
suelo) desviando así la atención del apartado de los
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beneficios empresariales. Jesualdo no añade nada
nuevo. Su discurso utiliza un argumento recurrente
en la justificación de las distintas políticas de vi-vienda
españolas desde los años sesenta (Taltavull,
2003) según el cual los propietarios de suelo y los
trámites administrativos estrangulan la oferta de
suelo aumentando su costo y consecuentemente
el de las viviendas. Sin embargo, las actuaciones
orientadas a aumentar la disponibilidad de suelo
(Ley estatal del suelo de 1998 y normativas auto-nómicas
desarrolladas a partir de la década de los
noventa) han fallado estrepitosamente en su intento
de reducir el precio de las viviendas. Para explicar
este hecho algunos investigadores apuntan de forma
especial a la gestión monopolista del mercado de
suelo (Herce et al., 2005; AFI, 2004). Partiendo de
que este mercado es inherentemente monopolista
debido a características como su localización, el hecho
diferencial es que la entrada en el mercado de suelo
de empresas del sector inmobiliario ha convertido
una situación de monopolio competitivo en una de
monopolio puro. Así, se ha pasado de un mercado en
el que la propiedad del suelo estaba muy repartida
y resultaba complicado pactar el volumen de suelo
ofertado, su precio y negociar su recalificación con
la administración, a otra en la que pocas empresas
acaparan importantes bolsas de suelo con el objetivo
de participar de las importantes plusvalías que
resultan de su recalificación. Una consecuencia lógica
de este monopolio puro que describen los autores es
que el suelo saldrá al mercado según los intereses
de sus propietarios que además son promotores
inmobiliarios. De este modo, los promotores no solo
participan de los beneficios económicos de la venta
de viviendas sino también, y especialmente, de la
recalificación de terrenos. En esta línea también
se han realizado declaraciones desde instituciones
internacionales. En palabras del Relator Especial de
la ONU para la vivienda Miloon Kothari3 la elevada
concentración de la promoción de viviendas en pocos
actores conlleva que los beneficios de este sector
hayan sido “astronómicos”4. De hecho, estos márge-nes
de beneficio que señala Kothari explicarían en
mayor medida que lo señalado por Ros la entrada en
el negocio de fondos de inversión5 y el desvío hacia
el negocio inmobiliario de los beneficios generados
en otras actividades económicas desarrolladas en
las propias localidades turísticas y en su entorno
(descapitalización).
2.2. La descapitalización de sectores econó-micos
tradicionales
El atractivo empresarial de la actividad in-mobiliaria
en las zonas de costa ha tenido con-secuencias
perniciosas para la economía de las
regiones turísticas. Tomando como ejemplo la
Comunidad Valenciana, observamos que el peso
de la industria en el PIB regional ha disminuido
doce puntos en diez años situándose en 2008 en
un 14% (IVE). Aunque el descenso de la industria
coincide con el boom inmobiliario, seguramente
no toda la responsabilidad de este fuerte descenso
es achacable al vuelco de la economía valenciana
hacia la construcción. No obstante, sí que coinciden
reconocidas fuentes en destacar su relevante papel.
Para el reconocido economista valenciano Juan
Antonio Tomás Carpi (2010: 31) los “extraordinarios
resultados económicos [de la actividad inmobiliaria
y constructora] atraían la capacidad empresarial y
profesional y los recursos financieros, al tiempo que
deslumbraban a políticos”. A esta tesis se suma la
Asociación Valenciana de Empresarios al señalar
en un informe de 2009, ya en plena crisis, que “el
crecimiento de los últimos años no sólo ha sido
desequilibrado y poco sostenible en el tiempo,
sino que ha generado una euforia desmedida y
deslumbrado a empresarios y responsables públicos,
desviando la atención empresarial y pública hacia
la promoción inmobiliaria y la construcción” (AVE,
2009: 20). Pero este hecho no era desconocido hasta
la irrupción de esta última crisis. En pleno boom
inmobiliario, el director del Instituto Valenciano de
Finanzas, Enrique Pérez Boada, reconocía en una
entrevista que además de la competencia china el
sector del calzado se encontraba en crisis debido a
que “algunos empresarios han visto que era más
rentable apostar recursos en la construcción antes
que en sus propias empresas”6. La entrada de
inversiones al negocio inmobiliario proveniente
de otros sectores económicos o de préstamos de
las propias entidades financieras ha tirado de los
precios al alza lo que ha hecho más atractiva la
entrada de nuevas inversiones. Este proceso de
retroalimentación ha tenido como consecuencia un
aumento del peso relativo del sector inmobiliario
en el tejido económico local y regional7. En este
contexto, resulta más fácil legitimar en base al
interés público los respaldos y ayudas institucio-nales
al sector, contribuyendo de este modo en
los procesos de generación de la oferta8. Si bien la
pérdida de diversidad y fortaleza del tejido pro-ductivo
valenciano se ha acelerado durante este
último boom inmobiliario, el proceso no es nuevo.
Ya en la década de los ochenta buena parte de la
industria del calzado del Vinalopó (Alicante) se
descapitalizó debido a las inversiones realizadas
en la construcción de urbanizaciones en el litoral
(Vera, 1992). Pero además de la descapitalización
de sectores económicos tradicionales, la inversión
patrimonial en viviendas supone la existencia y
acumulación de capital a partir de ese momento
inactivo. Esta inmovilidad implica un elevado coste
de oportunidad con respecto a la productividad de
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los recursos empleados hacia el desarrollo de otras
actividades económicas más dinámicas y produc-tivas
en el marco de las nuevas oportunidades
ligadas a la innovación, la mejora de la calidad y
de la competitividad (OSE, 2006).
El atractivo económico del sector inmobiliario ha
convertido el territorio de los destinos de litoral en
un recurso muy valorado cuya gestión ha recaído
fundamentalmente en los Ayuntamientos. Con las
enormes plusvalías generadas en la producción
de suelo urbanizable se ha comprado en muchas
ocasiones la voluntad de políticos que han rene-gado
de su función pública en favor de sus propios
intereses. A cambio los políticos han agilizado los
procesos de producción inmobiliaria incentivando
la presentación de nuevos proyectos urbanísticos.
2.3. La corrupción urbanística
Bastantes años después de que Jurdao (1979)
advirtiese de la práctica habitual de la corrupción
urbanística en el municipio de Mijas, se siguen
produciendo actos ilícitos y alejados del interés
público en numerosas actuaciones urbanísticas
ligadas al turismo9. En 2006 la ONG Transparencia
Internacional (2006: 4) advertía de que el ejercicio
de las competencias urbanísticas de calificación
de suelo llevadas a cabo por las administraciones
locales, sobre todo en las situadas en la costa o
en las inmediaciones de las grandes ciudades,
era el origen de los mayores casos de corrupci-ón
en España. Recalificar suelo no urbanizable
a urbanizable es una competencia que recae en
manos de las corporaciones locales y que implica
un importantísimo aumento del valor económico
del territorio convertido en ese acto administrativo
en suelo. Según fuentes conocedoras del sector, son
estas plusvalías tan elevadas las que estimulan la
corrupción urbanística. Es el caso de lo señalado en
2005 por el entonces presidente del Observatorio
de la Vivienda, Antonio Garrigues, para quien “el
mercado inmobiliario mueve tal cantidad de dinero
que se genera corrupción”10. Esta explicación de la
corrupción parece apuntar como causa fundamental
de la misma a la avaricia de determinados actores
que participan del proceso inmobiliario. Pero para
el argumento central del artículo, más importan-te
que el estímulo inmobiliario que resulta de la
búsqueda de provecho particular y de la aplicación
espuria de la normativa urbanística son las propias
leyes de ámbito autonómico que han amparado y
facilitado de forma sistemática este tipo corrupción.
Entre estas normativas, que supuestamente nacen
con la intención de agilizar la transformación de
suelo y contribuir con ello al descenso del precio
de la vivienda (Herce et al., 2005), destaca por
ser la primera y por tener un enorme impacto
mediático a nivel europeo la Ley Reguladora de la
Actividad Urbanística (LRAU) de la Comunidad
Valenciana. En ella se permite por primera vez
que un agente privado gestione el desarrollo de un
plan urbanístico. Para ello no es necesario que sea
propietario de todo o parte del suelo a urbanizar y
cuenta con prerrogativas públicas asignadas por la
Administración. No obstante la amplia capacidad
de acción urbanística del agente urbanizador, al-gunos
autores (Fernández, 2005) han demostrado
mediante análisis comparativos regionales que
por sí misma esta figura urbanística, y en general
la normativa urbanística regional, no tiene un
papel tan decisivo en la producción inmobiliaria.
Más bien su contribución fundamental pasa por
establecer un marco legal en el que queda más
margen para la corrupción y para la búsqueda
del interés particular. A este respecto cabe señalar
que durante el periodo de vigencia de la LRAU (de
1994 a 2005) de forma injustificada no se llevó a
cabo su desarrollo reglamentario. Esta vaguedad
en las formas, sustentada en el contexto ideológico
del “todo urbanizable” y de deslegitimación del
planeamiento (Burriel de Orueta, 2008), permitió
una enorme discrecionalidad en las decisiones
tomadas en el ámbito local lo que constituye la
base principal de las duras críticas vertidas por el
Parlamento Europeo en unas de sus resoluciones
(Fourtou, 2005). En dicha resolución el parlamento
señala:
“que los principales problemas que surgen de la
aplicación de la LRAU hacen referencia al cometido
del agente urbanizador, a los medios inadecuados
de determinación y publicación de los contratos que
son objeto de adjudicación, a la notificación insufi-ciente
a los propietarios de los terrenos y a la falta
de definiciones claras de los conceptos de “interés
público” y “compensación pertinente””(2005: 5).
A pesar de la dura crítica emitida desde el
organismo europeo, los principios de esta Ley,
con algunas modificaciones, fueron adoptados en
otras regiones (Informe del Defensor del Pueblo,
2005). En otros casos, como en la Costa del Sol,
se recurrió fundamentalmente a los convenios
urbanísticos entre promotores y ayuntamientos
que reportaban dudosos beneficios al municipio y
evidentes beneficios a los empresarios mediante
la recalificación de suelo (Díez Ripollés et al.,
2003). Pero además, señala este mismo estudio, la
corrupción urbanística también actúa al permitir
que no se apliquen las demoliciones en los casos
legalmente previstos, que las multas no sean disu-asorias
de la acción ilegal y/o que no se construyan
las viviendas de protección oficial que marca la
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ley. Tiempo después, las investigaciones judiciales
han dado respaldo a las sospechas fundadas y
denunciadas por los investigadores, abriendo
uno de los casos de corrupción urbanística más
importantes de España, el caso Malaya, cuya
red de implicados no se circunscribía a la capital
malagueña, y en donde el urbanismo creció y se
implantó según los intereses privados. Al mar-gen
de los casos más mediáticos, la corrupción
urbanística parece estar más extendida de lo que
parece. En el informe sobre el estado de las costas
españolas elaborado por Greenpeace en 2006 se
ofrece una exposición exhaustiva de los numerosos
proyectos urbanísticos que han sido investigados o
paralizados por la justicia o por la presión popular
al no ajustarse a la normativa medioambiental o
urbanística, por corrupción o falta de transparen-cia
en la adjudicación de contratos. Asimismo, el
Defensor del Pueblo denunció en su informe de
2002 que los municipios infringían la legalidad
llevando a cabo alteraciones del planeamiento
que constituían auténticas revisiones sin la más
mínima observancia de los requisitos legales
procedentes, lo cual constituye una “práctica a
todas luces fraudulenta” (Informe Defensor del
Pueblo, 2002: 288).
En definitiva, la gran cantidad de casos de cor-rupción
urbanística que salpican el litoral español
constituye una evidencia más (quizá solo la punta
del iceberg) del impulso que desde el ámbito local
y regional se ha proporcionado al proceso de pro-ducción
turístico­‑inmobiliario.
La laxa normativa
urbanística y la consecuente discrecionalidad con la
que han contado políticos y técnicos locales ha sido
utilizada para “agilizar” la aprobación y ejecución
de determinados proyectos urbanísticos cuyo efecto
demostración animaba a otros emprendedores.
Además, y como vamos a comprobar a continuación,
la oferta turístico­‑inmobiliaria
producida contribuye
a potenciar uno de los problemas más importantes
de los municipios turístico­‑residenciales,
a saber,
la estacionalidad en la afluencia de turistas.
2.4. Estacionalidad en la afluencia de turistas
Desde el comienzo del turismo de masas la
afluencia de los turistas se ha concentrado mayo-ritariamente
en los meses de verano. Siguiendo
el estudio de Ivars y Juan (1998) son varias las
consecuencias que experimentan los destinos
ante la estacionalidad en la afluencia de turistas.
Primero. La estacionalidad provoca problemas
de inestabilidad laboral11, que, a su vez, redunda
en una falta de profesionalización y de dificultad
de formación de los recursos humanos del sec-tor.
Segundo, las variaciones tan fuertes en la
actividad empresarial provocan desequilibrios
entre la estructura de ingresos y costes lo que
revierte en una escasa reinversión en activos
empresariales ante la imposibilidad de sostener
los beneficios durante todo el año, e, incluso, en
el cierre de algunos negocios, lo que disminuye
la actividad económica del municipio. En tercer
y último lugar, la estacionalidad en la afluencia
de turistas genera una considerable congestión
espacio­‑temporal
de las infraestructuras y de los
servicios públicos y privados, entre ellos, viarios,
aparcamientos públicos, servicios sanitarios,
playas, etc. Dar una solución técnica a estos
problemas de saturación resulta difícil ya que
dimensionar las infraestructuras en función
del volumen máximo de población (verano)
conllevaría un escaso aprovechamiento de las
inversiones el resto del año en un contexto
de debilidad presupuestaria local. Además, la
estacionalidad turística presenta una estrecha
relación con otro de los elementos abordados,
la oferta complementaria. En concreto, ambos
elementos se refuerzan mutuamente. Por un
lado, la existencia de estacionalidad turística
dificulta el desarrollo de oferta complementaria
debido a la escasa rentabilidad de una actividad
económica tan limitada en el tiempo. Y por otro
lado, e introduciendo el análisis de las causas de
la estacionalidad, una débil oferta complementa-ria
dificulta la desestacionalización del destino
al no ofrecer incentivos a su visita fuera de la
temporada alta y del consumo de los recursos
sol y playa.
Respecto a las causas de la estacionalidad
turística de los municipios de litoral podemos
hablar de causas de tipo natural y de tipo social
(Butler, 1994). Las primeras hacen referencia
a las limitaciones climáticas sobre el uso de las
playas. Las segundas intentan explicar el hecho
de que muchos destinos de sol y playa no reciban a
penas turistas aun con las adecuadas condiciones
climáticas. En un análisis en profundidad sobre
esta cuestión y en clara referencia a la mayor
parte de los trabajadores españoles y del resto de
Europa, Gaviria (1976: 16) señala tres causas de
origen social: (1) la falta de costumbre, el rechazo
por tomar las vacaciones cuando las áreas turís-ticas
están menos animadas, (2) la legislación
y organización de la producción industrial y de
servicios y, (3) las vacaciones escolares. Pero existe
una circunstancia que refuerza la estacionalidad
turística de los municipios de litoral: el predominio
del alojamiento en viviendas particulares. La
escasa oferta de alojamiento comercial dificulta la
promoción y dinamización de los destinos más allá
de la temporada alta. Por el contrario, los destinos
que presentan una significativa y dinámica planta
de alojamiento hotelero presentan menores niveles
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de estacionalidad turística debido en buena medida
a que los empresarios hoteleros se encargan de
maximizar la comercialización de sus plazas (Ivars
y Juan, 1998; Baños, 1999).
El incremento de determinados subtipos de
turismo como el asociado a la práctica del golf, el
de fin de semana y el protagonizado por población
jubilada (institucionalizado en el IMSERSO), junto
con la llegada de población jubilada de otras regio-nes
europeas (lo que se conoce como Migraciones
Residenciales Internacionales), muestran pautas de
afluencia opuestas a las del veraneante que están
contribuyendo a reducir los niveles de estacionali-dad
de algunos municipios (Jurdao y Sánchez, 1990;
King, Warnes y Williams, 2000; Monreal, 2001).
El principal problema radica en que si por un lado
estos jubilados europeos contribuyen a reducir las
fuertes fluctuaciones poblacionales estacionales,
por otro lado, su tendencia a no registrarse en los
municipios en los que tienen su vivienda principal
genera otra serie de problemas.
2.5. El subregistro de los jubilados europeos
Antes de comenzar a abordar las consecuencias
del subregistro de este colectivo y de cómo contribuye
a alimentar el círculo vicioso de la oferta inmobi-liaria,
cabe señalar las aproximaciones científicas
que han intentado cuantificar su número real. Para
Paniagua (1991) las cifras oficiales de población de-berían
ser multiplicadas por 2,5 o 3 para compensar
dicho subregistro. Para otros autores (Fernández
Cordón, 1993) el subregistro de este colectivo es de
un 33% del total. El caso más extremos es el que
apuntan Jurdao y Sánchez (1990) para el caso de
Mijas, en donde sólo se censa el 20% de la población
extranjera. En el ámbito de las causas, el subregistro
de este colectivo es debido, según algunos autores, a
la carencia de incentivos para su empadronamiento
y a la tendencia de los extranjeros a evitar los con-tactos
con la administración y evitar así el control
fiscal (Jurdao y Sánchez, 1990; Rodríguez y Warnes,
2002). No obstante, la obligación de estar censado
en la localidad de residencia para poder votar en
las elecciones municipales ha estimulado el empa-dronamiento
de ciudadanos de la UE en municipios
turísticos españoles (INE, 2010). En cualquier caso,
en lo que están de acuerdo los investigadores es en
que las cifras oficiales son realmente inferiores a
la realidad.
Como veremos a continuación el subregistro de
la población tiene, junto con otras características
del modelo turístico­‑residencial
como la mayor
estacionalidad turística, efectos negativos añadidos
sobre las ya de por sí maltrechas haciendas locales.
No obstante, la causa de estos efectos, la función
turístico­‑residencial,
puede convertirse a corto plazo
en la solución. Así, muchos de los gobiernos de los
municipios turístico­‑residenciales
han optado por
obtener recursos públicos facilitando la promoción
y construcción de viviendas.
2.6. La financiación de las administraciones
locales
Una parte importante de la financiación de
los ayuntamientos procede de las transferencias
corrientes de la Administración Central del Esta-do
(la Participación en los Tributos del Estado).
Este reparto de fondos se realiza en función de
la población de derecho (registrada) y no de la
población asistida que hace referencia al volumen
de población real al que deben hacer frente las
Administraciones Locales. De este modo, los gastos
adicionales que se producen a consecuencia de
la prestación de servicios12 para atender a una
demanda estacional (mantenimiento de playas y
otros recursos turísticos [monumentos, espacios
naturales, etc.], mantenimiento urbano de zonas
turístico­‑residenciales
[viales, zonas verdes, el ciclo
de los recursos: agua, residuos, energía, etc.]) no
reciben contraprestación alguna a través de otro
tipo de ingresos locales (Bustamante, 2004). Una
buena muestra de ello es que algunas autonomías
han creado instrumentos legislativos específicos
para mitigar la difícil situación financiera que
atraviesan muchos municipios turísticos (sirva
de ejemplo la Ley de Municipios Turísticos de la
Comunidad Valenciana). No obstante estas ayudas,
en muchas ocasiones no son suficientes para ate-nuar
la difícil situación financiera que presentan
estas localidades turísticas.
En este sentido, Torrevieja constituye un buen
ejemplo de las dificultades financieras de estos mu-nicipios.
Tras un minucioso estudio de la hacienda
local de esta localidad del sur de la provincia de
Alicante, Arrocha (2005) señala que la situación
económico­‑financiera
de este ayuntamiento se
encuentra condicionada por una tendencia al alza
en el nivel de endeudamiento. En cifras, si el en-deudamiento
de este municipio en 1994 se situaba
en 13.966.956 euros, en el año 2002 éste había
ascendido hasta alcanzar una deuda acumulada
de 42.713.450 euros, llegando a alcanzar su cota
máxima en el año 2000 (50.440.783 euros de deuda).
En términos comparativo, la situación financiera
de Torrevieja destaca en el contexto valenciano. Si
el incremento medio de la deuda en el conjunto de
los municipios de la Comunidad Valenciana ha sido
para el periodo 1994­‑2002
de un 74%, en el caso de
Torrevieja este crecimiento se sitúa en el 205,7%.
Cabe señalar que este aumento del endeudamiento
se produce incluso en un periodo (1994­‑2002)
en
el que esta localidad ha ingresado los impuestos
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derivados de la construcción de 43.101 viviendas
(Ministerio de Fomento). En cuanto al endeuda-miento
per capita, las cifras vuelven a destacar
el caso de Torrevieja. Si en 1994 este municipio
tenía una deuda de 466 euros por habitante (frente
a los 228 euros de media en la región), en 2002
ésta se situaba en los 612 euros (371 media de la
Comunidad Valenciana), a pesar del incremento
tan importante de población que se produce en el
mismo periodo (39.808 nuevos habitantes, INE).
Además de los gastos derivados de la función
turística, durante buena parte del año el consis-torio
tiene que responder a las demandas de una
población real (asistida) mayor que la empadronada
debido, principalmente, al subregistro de los jubi-lados
europeos.
En consecuencia, durante los años previos al
estallido de la crisis económica los ayuntamientos
de los municipios turístico­‑residenciales
adoptaron
de forma generalizada la estrategia de facilitar
e incluso fomentar la actividad urbanística13
para paliar el estructural déficit presupuestario
derivado en buena medida de su función turístico­‑residencial14.
Esta estrategia fue denominada
en el Informe del Defensor del Pueblo de 2005
como urbanismo financiero (2005: 1.112): “En
efecto, el siempre deficitario sistema de finan-ciación
de las haciendas locales ha terminado
generando una suerte de urbanismo financiero
que genera plusvalías públicas y privadas muy
considerables, facilita prácticas especulativas y
no aporta transparencia en la toma de decisiones
en torno al suelo”. En definitiva, la especialmente
delicada situación financiera en la que se han visto
envueltas las haciendas locales de los municipios
turístico­‑residenciales
ha contribuido a alimentar
el proceso de generación de oferta inmobiliaria.
Paradójicamente, los problemas financieros agra-vados
por la función residencial fueron resueltos a
corto plazo mediante más producción inmobiliaria.
Otro factor que ha contribuido a debilitar la
financiación local ha sido la derogación del im-puesto
de actividades económicas (IAE) llevada
a cabo en la reforma de la Ley de las Haciendas
Locales de 2003. La actividad económica de los
municipios turísticos suele ser superior a la pura
representación numérica de la población de derecho
debido a que proporciona servicio a un volumen
mayor de población (población asistida). Eliminar
el IAE sin modificar el reparto de los fondos de
la Administración Central (para que en compen-sación
valoren más la población de derecho) es a
todas luces un duro revés a la financiación local
(Bustamante, 2004). Además de un recorte en los
ingresos, su eliminación supone que las adminis-traciones
locales cuenten con un incentivo menos
a la hora de fomentar la actividad empresarial, y
entre ellas, la que se vincula con la oferta turística
complementaria la cual, a su vez, podría ayudar
a desestacionalizar el turismo. El hecho de que
haya un mayor tejido empresarial vinculado a la
oferta complementaria no va a suponer una mayor
aportación a la Hacienda local. Por el lado contrario,
la promoción y construcción de viviendas aportan,
además de puestos de trabajo, sustanciales ingresos
a las arcas locales.
2.7. Escaso desarrollo de la oferta comple-mentaria
La oferta complementaria conforma el conjunto
de servicios que se ofrece a los turistas de forma
paralela a los recursos básicos (la playa en el caso
del turismo de litoral) y al alojamiento15. Para los
turistas la oferta complementaria ofrece valor añadi-do
al destino ya que permite diferentes experiencias
que enriquecen la visita o estancia. Para los destinos
turísticos la oferta complementaria aporta atractivo
al destino, ayuda a reducir la estacionalidad, genera
oportunidades de negocio y crea puestos de trabajo.
En España desde la década de los años ochenta
con la aparición de nuevos destinos turísticos (del
Caribe, Sureste asiático y Oceanía) y los cambios
en el comportamiento de la demanda (búsqueda
de diferenciación en la experiencia turística, cre-ciente
valoración del medio natural y rechazo de
los espacios degradados y saturados) se produce
una serie de reacciones desde la oferta tendentes
a diversificar el producto (Vera et al., 1997). Estas
reacciones han ido dirigidas fundamentalmente
hacia la puesta en marcha de nuevos proyectos que
combinan oferta complementaria (golf y náutico­‑deportivos)
y promociones inmobiliarias situados
al margen del entorno turístico más degradado.
No obstante estas reacciones, hasta mediados de
la década de los noventa la mayor parte de los
destinos turísticos del litoral mediterráneo habían
consolidado su producto turístico sobre la base de
recursos naturales y en especial el sol y la playa
(Vera et al., 1990; Munres, 1996; Vera, 1997; SOPDE,
1998; Torres, 2003; Aznar, 2003). En el caso de la
Comunidad Valenciana, el escaso desarrollo de la
oferta complementaria tiene su origen en diversas
causas. Para algunos autores la raíz del problema
ha sido “la inorganización y atomización de los
promotores, la ausencia de estructuras programadas
de marketing, gestión, promoción y comercialización
coordinadas, y de la carencia de una concepción clara
del producto que se desea vender” (Navalón, 1995:
251). Para otros autores hay que situar las causas
en la confusión habida entre la industria turística y
el negocio inmobiliario basado en la especulación del
suelo y en la construcción y venta de viviendas con
el único objetivo del beneficio a corto plazo (Gaviria,
PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. 12(2). 2014 ISSN 1695-7121
402 El círculo vicioso del turismo residencial…
1974; Vera, 1992; Aledo y Mazón, 2005). Según
estos autores, los promotores tenían bien definido
el producto que querían vender. El error fue esperar
de estos agentes económicos algo que corresponde
más bien a los promotores turísticos. En cualquier
caso, la escasa función turística de los espacios de
litoral ha constituido un factor que ha alimentado
el círculo vicioso de la promoción inmobiliaria.
El escaso desarrollo de la oferta complementaria
constituye un impedimento a la desestacionalización
del destino al no ofrecer incentivos a su visita fuera
de la temporada alta y del consumo de los recursos
sol y playa. Al mismo tiempo y retroalimentando
el proceso, la elevada estacionalidad turística hace
poco atractiva la inversión empresarial en oferta
complementaria debido a la escasa rentabilidad
de una actividad económica limitada fundamen-talmente
a los meses de verano.
El último boom inmobiliario (1998­‑2007),
ca-racterizado
por la hegemonía económica, política y
social de la promoción de viviendas (Tomás Carpi,
2010), ha acentuado el predominio de la función
residencial frente a la turística en la mayoría de
destinos de litoral y prelitoral valenciano (Obiol y
Pitarch, 2011). Muy probablemente este reforza-miento
de la función residencial ha sido la conse-cuencia
lógica y esperable de un modelo económico
que ofrecía exiguas alternativas económicas a la
promoción inmobiliaria. Del mismo modo, la escasa
función turística actual de los destinos de litoral y
el consecuente agravamiento del crónico déficit de
oferta complementaria condicionará el escenario
sobre el que se tomen las decisiones futuras sobre
el desarrollo local.
Como ya hemos abordado en el apartado de
la estacionalidad, en esta dinámica perversa el
carácter privado de la mayor parte de la oferta de
alojamiento turístico juega un papel fundamental
al limitar el uso de las viviendas a unas cuantas
semanas al año. A este argumento hay que sumar
que el usuario de este tipo de alojamiento tiene
un perfil de gasto más bajo que el turista que se
aloja en hoteles y similares lo que desincentiva la
inversión empresarial en oferta complementaria
alimentando de nuevo el círculo vicioso de produc-ción
inmobiliaria.
2.8. Perfil de gasto de la demanda
Teniendo en cuenta los datos disponibles, se
pueden establecer dos perfiles de gasto en los muni-cipios
turístico­‑residenciales:
el turista residencial
vacacional (el turista que utiliza una vivienda en
su periodo de vacaciones) y el jubilado europeo.
Para componer el perfil de gasto del turista
residencial vacacional contamos con las encuestas
de gasto turístico (EGATUR) elaboradas por el
Instituto de Estudios Turísticos (IET). En concreto,
los resultados de la encuesta de 2006 sobre el gasto
de los turistas no residentes en España 16, señalan
que el turista alojado en “hoteles y similares” gastó
una media diaria durante su visita de 124€ frente a
los 59€ del turista que se alojó en establecimientos
no hoteleros. Sin embargo, cabe matizar que no todo
el gasto realizado por el turista queda en el destino,
ya que una parte del mismo se dedica al transporte
o bien se queda en las agencias de viaje de origen
del turista. Para el argumento que tratamos de
desarrollar resulta más interesante comparar el
gasto que directamente incide en el destino. Por
ello, debemos recurrir al estudio realizado por
Deloitte­‑Exceltur
(2005) y que combina datos del
IET y encuestas ad hoc. Los resultado vuelven a
destacar el mayor gasto diario en el destino por
parte de los turistas alojados en establecimiento
reglados (hoteles y similares) frente a aquellos
que lo hacen en viviendas. Esta diferencia se debe,
por un lado, al diferente estilo de vida en destino
de ambos tipos de turista. El menor conocimiento
del lugar por parte del turista hotelero frente al
turista residencial influye en que aquél realice más
compras (entre ellas la adquisición de recuerdos),
excursiones para conocer el paisaje, la cultura local
o la gastronomía (Deloitte­‑Exceltur,
2005: 34).
En el caso del turista residencial, el conocimiento
del destino le permite aprovechar, casi como al
residente, las oportunidades de mercado en el
destino, realizando sus compras en lugares no
turísticos (como los supermercados) y la mayor
parte de las comidas en la vivienda (Torres, 2003;
Exceltur, 2005). Por otro lado, la diferencia de
gasto entre ambos tipos de turistas se observa en
la partida destinada a alojamiento. Los turistas
residenciales gastan en cada visita mucho menos
debido a que la vivienda utilizada suele ser de su
propiedad o estar cedida por familiares y amigos,
en cuyo caso el pago está implícito en la inversión
en el momento de la compra. Sin embargo, señala el
informe, la incidencia de esta importante inversión
en las actividades turísticas es indirecta ya que
afecta principalmente a los sectores financiero e
inmobiliario. En principio cabría pensar que los
datos anteriores podrían compensarse con la mayor
duración media de la estancia por parte del turista
residencial (16 noches) frente al turista hotelero
(7 noches) (EGATUR, 2006). No obstante, la natu-raleza
individual de la propiedad del alojamiento
no reglado dificulta la inclusión (a diferencia del
alojamiento reglado) de gran parte de ese parque
de viviendas en los circuitos de comercialización
limitando el número de turistas que utilizan el
alojamiento, lo que reduce significativamente su
ciclo económico tal y como desarrollamos en el
punto de la estacionalidad.
PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. 12(2). 2014 ISSN 1695-7121
Hugo García Andreu 403
Lo señalado anteriormente destaca la estrecha
relación existente entre el tipo de alojamiento y el
desarrollo de una estructura comercial y de servi-cios
estable y amplia que contribuya a diversificar
el tejido económico local.
En lo que respecta al segundo de los segmentos
de la demanda, el jubilado europeo, los datos con los
que contamos provienen de investigaciones ad hoc
enmarcadas en lo que se conoce más ampliamente
como Migraciones Internacionales de Retirados.
Lo primero que hay que tener en cuenta para el
conjunto de los individuos incluidos en este grupo
es que llegada una avanzada edad se realiza una
valoración del ocio de una forma más relajada
(Cuba y Longino, 1991) que incidirá en la práctica
de actividades denominadas como turísticas. Si
embargo, existen diferencias a este respecto en
función de la duración de la estancia. En este
sentido, Rodríguez (1999) han señalado que existe
una relación indirectamente proporcional entre la
existencia de prácticas turísticas y la duración de la
estancia, notándose un cambio significativo a partir
de los seis meses. Conforme aumenta la duración
de la estancia las prácticas se van acercando a
las del residente local, volviéndose ordinarias
y cotidianas. Además, al igual que lo señalado
para los turistas residenciales vacacionales, el
alojamiento en una vivienda y el conocimiento
del lugar por la reincidencia anual, disminuye el
interés en la compra de recuerdos y la realización
de excursiones para conocer el destino, al mismo
tiempo que les permite llevar a cabo la mayor parte
de las comidas en la vivienda. Un reflejo de la menor
demanda de este tipo de actividades más turísticas
por parte del colectivo de jubilados aparece en el
artículo publicado por Rodríguez et al. (1998),
en donde destacan que las empresas orientadas
al mercado inmobiliario son las que ocupan el
primer puesto en importancia, seguidas de las
de atención sanitaria, quedando en tercer lugar
las empresas que facilitan el consumo del tiempo
libre (agencias de alquiler de coches, de viajes,
actividades deportivas, restaurantes y bares).
En esta misma línea se encuentra el estudio
realizado por Deloitte­‑Exceltur
(2005). En este
estudio la repercusión media en la economía
regional, medida en Valor Añadido Bruto (VAB),
de cada plaza de alojamiento reglada (hoteles,
apartamentos turísticos legales, campings, etc.)
es de 13.634€, frente a los 1.287€ de cada plaza
residencial17. Sin embargo, continua el informe, en
la Comunidad Valenciana “el VAB logrado por el
alojamiento residencial es superior al del reglado,
fundamentalmente porque la relación entre plazas
residenciales y regladas en esa comunidad es de
8 a 1, lo cual en ningún caso explicaría que el
alojamiento residencial sólo obtenga el 6% más
de VAB que el reglado” (2005: 41). Es decir, que a
pesar de haber ocho veces más volumen de aloja-miento
residencial que reglado (con el consumo de
recursos que supone) éste sólo genera un 6% más
de beneficios a las áreas de acogida. Por lo tanto,
desde una perspectiva económica, el informe de
Deloitte­‑Exceltur
coincide con buena parte de la
Academia (Gaviria, 1976; Jurdao, 1979; Jurdao
y Sánchez, 1990; Torres, 2003) al destacar que el
punto fuerte del submodelo turístico presente en
la mayor parte de esta región (turismo residen-cial)
se encuentra en el proceso de construcción
de las viviendas (alojamientos) ya que después la
rentabilidad del turismo residencial decae debido
a la escasa oferta complementaria y a que el perfil
de consumo del turista es cercano al cotidiano
(Deloitte­‑Exceltur,
2005).
En definitiva, la menor participación de las
actividades económicas directamente vinculadas
al turismo junto con la descapitalización de otras
actividades económicas contribuyen a ensalzar a
nivel local y regional la importancia económica
y social de la actividad de la promoción y cons-trucción
de viviendas. Este contexto condiciona
las subsiguientes decisiones hacia la continuidad
del modelo a menos que se produzca un descenso
radical de la demanda que permita la reflexión y
la reorientación.
Conclusiones
A tenor de lo expuesto parece razonable con-siderar
la influencia de las dinámicas locales en
el ciclo de hiperproducción inmobiliaria acaecido
en los destinos turístico­‑residenciales
consoli-dados.
La evolución acumulativa de los factores
desarrollados ha generado un círculo vicioso cada
vez más intenso que solo se ha detenido con la
irrupción en escena de la crisis internacional.
Dada la complejidad del subsistema turístico, y
del sistema social en el que se inserta, más que
hablar de un plan perfectamente controlado resulta
más acertado hablar de un contexto (o círculo
vicioso) emergente: cada decisión contribuye a
establecer el contexto en el que se toman las
decisiones ulteriores. En otras palabras, lo que
pase mañana dependerá de lo que ocurra hoy. No
obstante la contingencia y el carácter emergente
del sistema, todo apunta a que ha habido actores
con mayor capacidad estructural de acción (y con
mayor responsabilidad) que se han beneficiado
en mayor medida del boom inmobiliario. En la
actualidad parece evidente que los perjuicios deri-vados
de la centralidad económica y social que ha
alcanzado el sector inmobiliario superan con creces
los supuestos beneficios económicos y sociales (de
PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. 12(2). 2014 ISSN 1695-7121
404 El círculo vicioso del turismo residencial…
ahí que se hable de círculo vicioso y no virtuoso).
El tirón económico del sector turístico­‑inmobiliario
jugó un papel fundamental en un determinado
momento histórico. En los años 60, la actividad
de la construcción en el litoral ayudó a absorber
los trabajadores expulsados de un campo que
empezaba a mecanizarse proporcionando una al-ternativa
a la emigración al extranjero, contribuyó
al desarrollo económico de muchos municipios de
litoral, además de ampliar las opciones laborales y
vitales de muchos jóvenes. Con el paso del tiempo y
la evolución acumulativa por retroalimentación de
los factores desarrollados en el artículo, la dinámica
positiva (o círculo virtuoso) iniciada en los años
60 se ha convertido más bien en una dinámica
perversa que ha aumentado la vulnerabilidad de
estos municipios. Visto con perspectiva, el último
boom inmobiliario era un resultado muy probable
atendiendo a lo sucedido en las décadas anteriores
e interpretado todo ello bajo el marco conceptual
del círculo vicioso. El paulatino pero constante
incremento de la importancia económica de la
función residencial desde los inicios del turismo y la
pérdida de peso económico del resto de actividades
económicas, estaban sentando poco a poco las bases
de su posterior hegemonía. Cada vez resultaba más
claro, y por ello contaban con más adeptos cuya
adhesión contribuía a alimentar el proceso, el hecho
de que el sector inmobiliario era el motor económico
de la región. La crisis económica actual, al reducir
drásticamente la financiación de la demanda y de
la promoción, ha venido a romper el círculo vicioso
de producción inmobiliaria sustituyéndolo por un
periodo de incertidumbre. Sin embargo, un periodo
de incertidumbre es también un periodo de elec-ción.
En este sentido, la crisis actual proporciona
una oportunidad temporal para reflexionar sobre
lo ocurrido y establecer nuevas bases estructurales
sobre las que sostener un desarrollo socioeconómico
que genere menor vulnerabilidad local. Estas
transformaciones no solo deben afectar a la política
turística sino que deben alcanzar cuestiones de
mayor centralidad como la gobernanza local. No
obstante, de no tomar medidas reorientadoras
existen posibilidades reales de que, una vez vuelva
a fluir el crédito (tanto para la demanda nacional
pero sobre todo para la internacional), el círcu-lo
vicioso se active de nuevo estimulado por la
combinación del interés de determinados actores
por recuperar las inversiones en suelo realizadas
antes de la crisis, por la escasa transparencia en
la gestión urbanística local, por la difícil situación
financiera por la que pasan los ayuntamientos, por
los elevados niveles de desempleo (con especial
incidencia en la población joven y no cualificada)
y por la convicción social (debido a la falta de
alternativas) de la inevitabilidad del desarrollo
turístico­‑residencial
en estas localidades. En ese
caso, sería una huída hacia adelante que agravaría
más si cabe la vulnerabilidad local.
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Notes
1 El País, 30 de enero de 2010: “La costa me-diterránea
sufre su año negro laboral por la
construcción”.
2 El artículo aborda fundamentalmente los facto-res
que participan del contexto material local y
regional (estructura). No aborda los factores que
tienen que ver con la cultural inmaterial que
participan de la legitimación social y política
del modelo de desarrollo turístico­‑residencial.
En esta línea, para un análisis de los discursos
políticos locales véanse los trabajos de Mantecón
(2011a y 2011b). Para un análisis del apoyo
social y electoral véanse los trabajo de Alcaraz
(2009) y de Muñoz (2011).
3 El País, 26 de junio de 2007: “La ONU pide
al Gobierno español que informe de la “grave
crisis” inmobiliaria que se avecina”.
4 Durante el almuerzo posterior a una visita
guiada a las promociones urbanísticas de Polaris
PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. 12(2). 2014 ISSN 1695-7121
Hugo García Andreu 407
World en Murcia (julio de 2007) uno de sus
agentes de ventas comentó ya de forma más
distendida que el beneficio que se obtiene de
cada vivienda rondaba aproximadamente el
200%.
5 Diario ABC, 26 de diciembre de 2006: “Amancio
Ortega compra el 5,01% del capital de la inmo-biliaria
Astroc”.
6 Diario El País, 20 de octubre de 2005: “Algunos
empresarios han apostado por la construcción
antes que por sus empresas”.
7 En esta región algunos cálculos (Greenpeace,
2006) sitúan el aporte de la actividad de la cons-trucción
a la economía (PIB) en un 26%, diez
puntos por encima de la media nacional. Para
la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE)
en esta región existía una excesiva dependencia
de la economía con respecto a la construcción.
Diario El País, 23 de junio 2006.
8 Sirva como ejemplo las declaraciones realizadas
por el ex conseller de Territorio y Vivienda del
gobierno valenciano, Esteban González Pons,
quien “recordó que el Consell ayudó a Llanera,
poco antes de las elecciones, aprobando el PAI
de Catarroja con el que la empresa de Fernando
Gallego iba a construir 12.000 viviendas. Afirmó
también que no paralizó ningún proyecto de
la constructora”. (Diario Las Provincias, 3 de
octubre de 2007)
9 Véase por ejemplo el resumen que incluye
Greenpeace en su informe Destrucción a toda
costa del 2006.
10 Diario Información, 29 de septiembre de 2005:
“Los notarios dicen que la corrupción es el gran
problema del sector de la vivienda”.
11 En algunos regiones, como el caso de la provincia
de Almería, el carácter temporal del empleo
vinculado al turismo resulta positivo al comple-mentarse
con los periodos de actividad agrícola
de zonas cercanas (Aznar, 2003).
12 Además existen diferencias a este respecto
en función de la tipología urbanística, siendo
más costoso el mantenimiento de municipios
de crecimiento urbanístico horizontal de baja
densidad (Vera et al., 1990; Baños, 1999).
13 Ingresos en concepto del Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI), y del Impuesto sobre Cons-trucciones,
Instalaciones y Obras (ICIO). No
obstante, en casos como el de Torrevieja, tal y
como hemos visto con anterioridad, el elevado
número de viviendas y el fomento de la cons-trucción
no es suficiente para paliar el déficit
presupuestario (Arrocha, 2005).
14 Según datos de SUMA, el organismo de gestión
tributaria de la mayoría de poblaciones de la
provincia de Alicante, en el año 2004 en esta
provincia los ingresos por el Impuesto de Bienes
Inmuebles se habían incrementado en un 44%
con respecto al año 1997.
15 Recursos ambientales; el patrimonio histórico­‑artístico
y etnológico, que incluye la gastrono-mía
y la artesanía vernácula; las instalaciones
y actividades culturales (museos y festivales);
las instalaciones y actividades deportivas (con
espacial atención a los deportes náuticos y al
golf); a los sectores comerciales y de restaura-ción.
16 Este mismo dato no es producido para los tu-ristas
residentes en España.
17 Este dato es el resultado de la media aritmética
de los valores de las seis Comunidades Autó-nomas
objeto de análisis. En el cálculo no se
tiene en cuenta la repercusión de la actividad
de la construcción de viviendas, ya que queda
reflejada como un input indirecto en las cuentas
de turismo (IMPACTUR).
Recibido: 14/06/2013
Reenviado: 12/11/2013
Aceptado: 20/01/2014
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