De tesoro ilustrado a recurso turístico: el cambiante significado del patrimonio cultural

              Vol. 4 Nº 1 págs. 1-12. 2006
www.pasosonline.org
© PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. ISSN 1695-7121
De tesoro ilustrado a recurso turístico: el cambiante significado del
patrimonio cultural 1
Esther Fernández de Paz †
Universidad de Sevilla (España)
Resumen: Desde el momento en que Europa sacralizó un determinado conjunto de objetos y los convir-tió
en referentes patrimoniales activados y protegidos por los representantes de la cultura oficial, hasta el
presente, mucho se han ensanchado los estrechos límites patrimoniales; se ha superado la concepción
objetual, historicista y esteticista para abarcar todo el conjunto de bienes de valor cultural. El patrimonio
deja así de ser contemplado exclusivamente como un tesoro histórico-artístico para pasar a convertirse
en algo mucho más valioso: en elementos -materiales e inmateriales- fundamentales para comprender
nuestra identidad. No obstante, la creciente demanda turística de supuestas autenticidades está hoy pro-vocando
que este patrimonio se oferte, en no pocas ocasiones, como la expresión de un pasado idealiza-do.
Palabras clave: Cultura; Patrimonio; Identidad; Museología; Legislación.
Abstract: From the moment when Europe considered sacred a certain set of objects and converted them
into heritage referents that were activated and protected by the representatives of the official culture, the
border line of the heritage concept has been really much broadened. The conception of the heritage as an
"object", historicist and conditioned by the aesthetic is being surpassed. The new concept includes all the
set of cultural value goods of culture value. Now heritage is not contemplated exclusively as a historical-artistic
treasure and starts to symbolize something much more valuable such as material and immaterial
elements that are fundamental to understand our identity. However, today the increasing tourist demand
of these supposed authenticities is causing that this patrimony is being offered in many occasions as the
expression of an idealized past.
Keywords: Culture; Heritage; Identity; Museology; Legislation
† • Esther Fernández de Paz es profesora titular de la Universidad de Sevilla. Integrante del Grupo de Investigación
“Patrimonio Etnológico: Recursos Socio-Económicos y Simbolismo” (P.A.I., SEJ-418). Presidenta de la Comisión
Asesora de Etnología de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. E-mail: efpaz@us.es
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ISSN 1695-7121
Introducción
Un hecho impensable no hace demasia-dos
años es el evidente interés que han
llegado a despertar en la actualidad todos y
cada uno de los aspectos relacionados con el
patrimonio cultural: gestión, protección,
puesta en valor, normativa legal, forma-ción,
interpretación y un largo etcétera. Tal
cambio de actitud nos alerta acerca de las
sucesivas y variables consideraciones del
propio concepto de patrimonio.
En principio, el término patrimonio nos
remite a la idea de unos bienes que se po-seen,
ya sea por herencia o por haberlos ido
acumulando en el transcurso del tiempo.
Pero esta idea no ha existido siempre ni en
todos los lugares, y allá donde está presente
ni siquiera mantiene una misma valoración
respecto a los bienes que lo integran. Algu-nos
de ellos pueden considerarse inaliena-bles,
mientras que otros pueden desecharse
sin que por ello se sienta afectada la inte-gridad
patrimonial.
Estamos, por tanto, ante una construc-ción
social y, como tal, históricamente mo-dificable
en función de los criterios o inter-eses
que determinan nuevos fines en nue-vas
circunstancias. Consiguientemente, el
propio concepto de patrimonio debe ser
culturalmente definido, lo que conlleva
ahondar en las razones por las que se des-tacan
unos bienes sobre otros, en los modos
y usos a que se destinan, bajo qué categorí-as
y justificaciones son interpretados, y en
los agentes implicados en tales decisiones.
Es decir, se hace necesario un análisis con
esa visión holística que practica la antropo-logía
para atender a la completa contextua-lización
de cualquier fenómeno cultural.
Desde esta mirada antropológica vemos
que, en principio, el concepto de patrimonio
cultural implica la asociación de dos con-ceptos
-cultura y patrimonio-, extraordina-riamente
polivalentes y de cambiantes sig-nificados.
De márgenes muy estrechos en
origen, sólo la paulatina ampliación de sus
contenidos ha posibilitado el estado actual
de consideración y tratamiento de los bie-nes
culturales integrantes del patrimonio.
En el panorama histórico, estos cambios
se han desarrollado con una gran rapidez.
Como es sabido, los comienzos de las re-flexiones
teóricas sobre el propio concepto
de cultura no son anteriores al siglo XVIII.
Cultura entendida como característica
esencial de la existencia social de los hom-bres,
a diferencia de los demás seres vivos,
por la posibilidad de transmitir a sucesivas
generaciones pautas mentales y conductua-les,
en virtud de su capacidad de aprender
y comunicarse. Estas reflexiones derivan en
la creencia en el poder del hombre para
crear y transformar su propia cultura, para
ir perfeccionándola indefinidamente, lo que
conduce a los ilustrados a la convicción en
un progreso universal, lineal e ilimitado. El
vocablo cultura desbanca así su primigenia
acepción, hasta entonces limitada al cultivo
de la tierra, para pasar a significar el culti-vo
de la mente, la acumulación de conoci-mientos.
Pero no todos los saberes que la cultura
va creando son apreciados de igual manera.
En una sociedad fuertemente jerarquizada
siempre serán los sectores dominantes
quienes dirijan y controlen, a través de sus
instituciones, los criterios selectivos que
decidirán qué debe ser valorado, transmiti-do
y perpetuado de entre el cúmulo de ele-mentos
componentes de la cultura. Por ello,
tal concepto de la cultura sirve para presti-giar
y separar las élites sociales en el seno
de Occidente, a la vez que, con los mismos
argumentos, se inicia la clasificación de
todos los pueblos del mundo.
Así, los primeros antropólogos decimo-nónicos,
inmersos en las corrientes positi-vistas
y evolucionistas del momento, pre-tenden
reconstruir la historia de la huma-nidad
en sus distintos estadios evolutivos,
desde los “salvajes” hasta los “civilizados”,
atendiendo a su mayor o menor grado de
desarrollo en una única posible escala evo-lutiva,
cuyo cénit casualmente se encuentra
en la civilizada Europa.
Las críticas a esa gradación valorativa
no llegarán hasta comienzos del siglo XX,
con la corriente de pensamiento conocida
como Particularismo Histórico, que pro-pugna
el reconocimiento de la singularidad
de cada cultura y, en consecuencia, el res-peto
a la diversidad cultural. Sólo entonces
la palabra cultura refiere al conjunto dife-renciado
de costumbres, creencias e institu-ciones
sociales que caracterizan a cada
grupo humano. Desde ese momento, la an-tropología,
aunque con planteamientos
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diversos, ha venido explicando que todas
las sociedades, y a su vez todos sus sectores
sociales, desarrollan su propia cultura y,
como parte de ella, su específico patrimonio
cultural.
No obstante, la concepción ilustrada de
la cultura sigue arraigada, y no sólo en las
élites que idearon su contenido sino incluso
en las clases excluidas, a las que se les ha
transmitido con gran eficacia la minusvalo-ración
de su analfabetismo cultural del que
sólo pueden escapar a través de la ense-ñanza
reglada en las instituciones oficiales.
De ahí que el pueblo comience a reclamar
su derecho al acceso a la “cultura”.
Patrimonio como tesoro
En estrecha relación con la considera-ción
prevaleciente de cultura, el concepto de
patrimonio comenzó a acuñarse con signifi-caciones
interesadamente delimitadas. Si
su etimología, ceñida exclusivamente a la
dimensión privada, significaba lo que el
hijo hereda del padre, cuando adquiere su
acepción pública contemporánea lo hace de
un modo restringido, en paralelo a la idea
dieciochesca de cultura: el patrimonio como
un “tesoro”, sólo integrado por las produc-ciones
surgidas de los genios que atesti-guan
el progreso ascendente de la civiliza-ción.
Bajo tales premisas, los únicos ele-mentos
dignos de ser conservados y trans-mitidos
serán determinados monumentos
antiguos y ciertas obras artísticas singula-res.
Frente a ellos, la subcultura consistiría
en los productos considerados desde esa
óptica, como vulgares, inferiores y sin cali-dad;
esto es, las creaciones del pueblo anó-nimo.
De este modo, la filosofía ilustrada su-pondrá
el punto de no retorno para la con-sideración
del valor histórico del patrimo-nio
heredado, a la vez que los principios
revolucionarios serán los primeros en pro-clamar
el derecho del pueblo a la instruc-ción
pública, permitiéndole el acceso a la
contemplación de las obras sublimes del
arte y las antigüedades. Ello conduce a que
en los primeros años de la era revoluciona-ria
francesa se abran una serie de museos
disciplinares, recogiendo las obras confis-cadas
de las colecciones reales, nobiliarias y
eclesiásticas; y por encima de todos, el Mu-seo
Napoleónico, embrión del Louvre, al
que se fueron añadiendo los botines de gue-rra
arrancados a los países dominados como
confirmación del poder imperial.
Esta política de incremento de fondos
museables, practicada en toda Europa,
revela el convencimiento en el valor intrín-seco
de los objetos patrimonializados, anu-lando
por completo la relación con sus pro-tagonistas:
los pueblos que los heredaron,
los reproducen o los crean. Lejos de enten-derlos
como los testimonios culturales de
un determinado colectivo, el patrimonio
acumulado acusa una transparente inten-cionalidad
de prestigio, en la misma línea
mantenida por el coleccionismo privado,
aunque virando desde lo escuetamente in-dividual
y clasista a la proclamación públi-ca
de la notoriedad de toda una nación, en
la demostración de su grado de civilización.
Ahí radica la motivación de las grandes
pinacotecas y museos de antigüedades de-cimonónicos,
por encima de su teórica fina-lidad
de apertura a la instrucción y deleite
del conjunto de la sociedad.
De igual manera, los primeros museos
antropológicos fueron concebidos como sim-ples
muestras de objetos exóticos, expolia-dos
de sus lugares de origen, con el propósi-to
de exhibir visualmente la superioridad
de la cultura occidental. Junto a ellos, con-venientemente
separados incluso en la de-nominación
(artes y tradiciones/costumbres
populares), comienzan a proliferar los mu-seos
dedicados a nuestros propios primiti-vos:
las clases menos evolucionadas de la
civilizada sociedad occidental. Un movi-miento
que refleja el interés político volca-do
hacia los bienes considerados la esencia
de las tradiciones de un pueblo, en los mo-mentos
en que se hacía necesaria la afir-mación
de las conciencias nacionales a tra-vés
de la presentación de una historia co-mún.
Es de sobra conocido el uso de la ima-gen
mixtificada que de la “cultura popular”
hicieron los folkloristas del siglo XIX, con-gelando
una imagen idealizada y arcaizan-te
de la vida rural.
Pero ninguna de estas realizaciones cul-turales
formarán parte del patrimonio en-tendido
como “tesoro”. Basta recordar las
denominaciones y contenidos de las prime-ras
leyes que van dictándose en los distin-tos
estados europeos, incluida nuestra Ley
del Patrimonio Histórico-Artístico de 1933.
En ella claramente continúa el menosprecio
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hacia toda producción que no responda a
las valoraciones de la cultura oficializada,
es decir, con suficiente antigüedad y el re-querido
mérito artístico. Ni siquiera un
gobierno republicano es capaz, a la hora de
normativizar, de plasmar la sensibilidad
sociocultural que le acerque a las produc-ciones
emanadas de las clases subordina-das,
sean propias o ajenas.
Lo más interesante, desde nuestro punto
de vista, es analizar cómo a unos criterios
de tal subjetividad se les aplicó en seguida
todo un corpus teórico justificador de la
pretendida cientificidad que guía estas de-cisiones.
Se defiende así que las antigüeda-des
son patrimonio con fundamento en su
objetividad temporal y que el arte es elegi-do
en base a reconocidos cánones estéticos,
ocultando en ambos casos el proceso valora-tivo
de selección.
Junto a ello, cabe destacar la relación
existente entre la vigente concepción pa-trimonial
y la finalidad que su custodia
debía cumplir. Así, la conservación de los
objetos patrimoniales para su traspaso ín-tegro
a las futuras generaciones constituía
el objetivo último, reflejado en las preocu-paciones
administrativas en forma de celo-sos
guardianes. De idéntica manera, se
hacía inevitable la defensa de que la misión
primordial de un museo era la de conservar
las colecciones encomendadas -de donde
deriva la denominación de “conservador” de
museos, anacrónicamente mantenida-, a
más de servir para los estudios de una élite
privilegiada y como sutil arma propagan-dística
de sus propios valores.
Patrimonio como cultura
Para llegar a entender el patrimonio
como el testimonio de la cultura de un pue-blo,
parece innegable el papel determinante
jugado por la antropología, precisamente
por la extensión del concepto de cultura
como la expresión colectiva de las experien-cias
y concepciones propias de cada grupo
humano, en permanente proceso de elabo-ración.
Sólo así ha podido ir ampliándose la
consideración de los bienes dignos de ser
protegidos, hasta culminar en una visión
integral y dinámica del patrimonio cultu-ral.
Una ampliación que hace virar, al propio
tiempo, la noción de conservación como
finalidad en sí misma, a la de tutela como
medio de valorización del patrimonio para
sus propios protagonistas. Y es que lo inte-resante
de este proceso, además de su cre-ciente
abarcabilidad, es la decisiva vincula-ción
entre objetos y sujetos sociales, el valor
que se da a los pueblos actuales como here-deros
y transmisores de los bienes cultura-les,
a la vez que creadores de nuevos patri-monios.
Uno de los primeros grandes logros para
este avance conceptual fue la acuñación del
término “bien cultural”, que aparece por
primera vez en la Convención de la UNES-CO
de 1954, a pesar de que la pormenoriza-ción
de bienes culturales aludidos en este
texto mantiene los rígidos criterios al uso,
centrados en lo histórico-artístico. No obs-tante,
diez años después, la italiana Comi-sión
Franceschini se adentró en un profun-do
análisis de esta expresión, hoy felizmen-te
recogida y asimilada en el lenguaje pa-trimonial.
Su principal valor radica en la supera-ción
del reduccionismo que encierra la idea
de objeto, vigente hasta el momento, pro-poniendo
un término amplio y capaz de
acoger otros referentes patrimoniales, sin
diferenciación entre lo material y lo inma-terial.
Al fin se va poniendo en cuestión el
propio sentido del mero objeto físico, al
comprender que son los valores que se le
atribuyen a los objetos de referencia los que
definen su significación cultural y los que
justifican las razones argumentables para
su preservación. Por lo tanto, todo bien
cultural será definible, precisamente, a
partir del significado inmaterial que le
atribuyamos: testimonio de un aconteci-miento
histórico, de un modo de vida, de las
creencias de un colectivo, de la tecnología y
saberes utilizados para aprovechar los re-cursos
disponibles, etc. En definitiva, se
entiende que todas y cada una de las pro-ducciones
materiales de cualquiera de los
ámbitos de la vida en sociedad son el reflejo
del mundo mental de quien las crea y utili-za,
de donde proviene su valor inmaterial y,
consiguientemente, su posibilidad de ser
consideradas como bienes culturales.
La influencia de estas consideraciones
en nuestro ámbito cultural no se hace espe-rar.
Y es que una de las características de
la globalización de las relaciones contempo-ráneas
es la autoridad de algunas estructu-
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ras político-jurídicas complejas que, en los
asuntos patrimoniales, no puede desligarse
de una organización como la UNESCO,
para quien uno de sus objetivos básicos fue
desde el principio contribuir al reconoci-miento
y mantenimiento de la diversidad
cultural.
En tal sentido se decantó la Declaración
de 1966 sobre los Principios de Cooperación
Cultural Internacional, y su defensa de la
dignidad y el derecho de todo pueblo a des-arrollar
su cultura. Atendiendo a los infor-mes
encargados al antropólogo Lévi-
Strauss, se pone de relieve el carácter vivo
y dinámico de las culturas y la necesidad de
garantizar la libre evolución de cada una de
ellas. Dicho de otra manera, se manifiesta
la necesidad de salvar la propia diversidad
cultural antes que centrarse en interven-ciones
patrimoniales conservacionistas.
Pero para alcanzar tal objetivo resulta
imprescindible el reconocimiento jurídico
del patrimonio etnológico, tarea nada fácil
dado el peso de las categorías valorativas
de la ideología dominante. Por ello vamos a
ir encontrando ligerísimas concesiones,
como en la Recomendación de París de
1968, donde al fin aparece el término “etno-lógico”,
aunque con un claro sesgo histori-cista
porque viene limitado a los bienes
culturales vestigios de civilizaciones des-aparecidas.
En ese gradual avance hay que destacar,
sin duda, la renombrada Convención de
1972 sobre la Protección del Patrimonio
Mundial Cultural y Natural. En ella se
defiende expresamente un patrimonio con-formado
tanto por los testimonios del pasa-do
que contribuyen a definir la memoria
colectiva de los pueblos, como por las ex-presiones
del presente que nos hablan de su
vitalidad cultural. En consecuencia, se re-coge
el interés etnológico en equidad con las
restantes categorías de bienes culturales,
dando cabida a los lugares, bienes y activi-dades
que forman parte del bagaje más
modesto y cotidiano de los pueblos. La vieja
imagen monumentalista que limitaba sus
referentes a las obras materiales más pres-tigiosas
del pasado, amplía así su valora-ción
a los elementos, materiales o inmate-riales,
que reflejan el modo de vida de un
determinado colectivo, sin olvidar los pro-pios
bienes ambientales en los que inevita-blemente
se deja sentir la intervención
modificadora del hombre.
Definitivamente, no sólo estamos ante
un cambio radical en la percepción de la
cultura como globalidad sino que, además,
la problemática acerca de la valorización y
preservación del patrimonio cultural pasa-ba
a ser una cuestión mundial, no restrin-gida
a los países occidentales. Una filosofía
que pretende expandir el respeto hacia el
patrimonio de todos los pueblos del mundo
y evitar cualquier acción de expolio preme-ditado,
sea por negligencia, guerras, inter-cambios,
o por su drástica destrucción ante
criterios de modernización o de reinterpre-tación
de sus significados ideológicos.
No obstante, a todas estas circunstan-cias
continuamos asistiendo, porque es fácil
comprender que ni el arbitrio de algunos
dirigentes ni la solidez de algunas de las
nociones fuertemente interiorizadas pueden
modificarse por su sola disposición legal.
Pero es más, la propia UNESCO realizó un
valiente ejercicio de autocrítica en 1992,
cuando se conmemoraba el vigésimo ani-versario
de la Convención. En él se puso de
manifiesto que, a pesar de los expresos
deseos de respetar la diversidad cultural y
a pesar de los avances conceptuales en los
contenidos de los bienes culturales, la rea-lidad
era que, a través de la Lista del Pa-trimonio
Mundial, se había privilegiado
una visión monumentalista y en concordan-cia
con los valores y los cánones estéticos
occidentales. La lectura estadística de la
Lista elaborada hasta el momento detecta-ba
importantes desequilibrios, tanto en
cuanto a la distribución geográfica como a
la categoría de los bienes inscritos: sobre-rrepresentación
de bienes culturales euro-peos
y norteamericanos, fuerte predominio
de edificios religiosos y mayoritariamente
de la cristiandad, y clara preponderancia de
ciudades históricas y de civilizaciones des-aparecidas
en detrimento de las culturas
vivas. La realidad, por tanto, evidenciaba
que la Lista no era de la Humanidad sino
de unos pocos países.
Ese mismo análisis sacó a la luz tam-bién
la desproporción entre bienes cultura-les
y naturales inscritos, y la necesidad de
desencajonar estas dos categorías. Poco a
poco se había ido comprendiendo que la
interacción entre el hombre y su entorno
hacía estéril la dicotomía naturaleza-cultura:
los pueblos adaptan el espacio en
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el que viven y dejan la huella de su cultura.
Con esta visión mucho más antropológica,
el Comité del Patrimonio Mundial adoptó
entonces la categoría de “paisajes cultura-les”,
para intentar conseguir que la Lista
deje de ser un mero catálogo de monumen-tos
y refleje realmente la pluralidad de
culturas generadas por la humanidad.
A todo ello no fue ajeno el hito que había
supuesto, sólo tres años antes, las Reco-mendaciones
sobre la Salvaguarda de la
Cultura Tradicional y Popular, como parte
fundamental del patrimonio universal, a la
vez que abrió el camino para que en 1998 se
estableciera la creación de una Lista especí-fica
para las Obras Maestras del Patrimo-nio
Oral e Inmaterial de la Humanidad.
En suma, en el transcurso de apenas
medio siglo se ha recorrido todo un camino
que nos ha llevado desde el exclusivismo de
determinadas obras singulares del arte o la
historia, a la consideración de la cultura
como un bien a proteger en sí mismo.
Patrimonio como identidad
La culminación de todo este proceso re-mite
directamente a la identidad cultural.
Resulta innegable que la defensa del pa-trimonio
propio de cada comunidad puede
actuar, hoy más que nunca, como reafirma-ción
de las identidades frente al empuje del
uniformismo cultural: la puesta en valor de
las costumbres, la gastronomía, la arquitec-tura,
los rituales, las técnicas, las artes, las
expresiones y demás elementos componen-tes
de cada cultura, se convierten en refe-rencias
identitarias ineludibles.
En lógica consonancia, el actual concep-to
de patrimonio demanda la adopción del
vocablo “cultural”, un término comprensivo
de los más diversos grupos de interés de
bienes patrimoniales, por ser todos ellos
construcciones culturales que interconexio-nan
sus significados, demostrando la inuti-lidad
de atender alguno de los aspectos en
exclusiva si en verdad se pretende una con-textualización
global que sirva para com-prender
la identidad de los pueblos; y no
sólo como referencias históricas conforma-doras
del presente cultural, sino precisa-mente
por su significación de marcadores
identitarios para los colectivos que lo crea-ron
y lo utilizan.
En el caso de España, todos sabemos
que la Ley de Patrimonio Histórico Español
de 1985 recogió implícitamente los dictá-menes
internacionales y, evidentemente,
incluyó al fin el reconocimiento jurídico del
patrimonio etnológico. Sin embargo, esta
ley (actualmente en fase de revisión) optó
por el adjetivo “Histórico” para designar el
conjunto de los bienes susceptibles de pro-teger,
acrecentar y transmitir. Bien es cier-to
que la elección de lo histórico como con-cepto
unificador no implicará ya una des-cripción
formal y limitadora de los bienes
integrantes del patrimonio, sino la concep-ción
de su valor de “historicidad” como tes-timonios
de la cultura, tal como lo desarro-lló
la teoría italiana de los bienes cultura-les.
Pero en esta elección también resulta
evidente la incidencia del factor temporal
en la consideración de las categorías patri-moniales,
dada la larga tradición conserva-cionista
volcada sobre el patrimonio, que no
se aviene con el sentido dinámico y cam-biante
inherente a la cultura.
Además de ello, el término histórico, a la
vez que compendia el valor común del con-junto
patrimonial, tendrá que aparecer
después como una más de las categorías de
bienes a proteger, lo que sin duda provoca
confusiones entre ambas acepciones que no
son equiparables ni en significado ni en la
amplitud de sus contenidos.
En este camino, es tremendamente sig-nificativo
analizar la opción elegida por
cada una de las comunidades autónomas
para la denominación genérica de sus pro-pias
leyes de patrimonio. No por casualidad
fueron las leyes vasca (1990), catalana
(1993) y gallega (1995) las primeras que se
pronunciaron por el adjetivo “Cultural”.
Ninguna de las tres comunidades olvida
mencionar en sus Preámbulos la especifici-dad
cultural que supone el patrimonio para
sus respectivas identidades. Son, sin duda,
verdaderas declaraciones de principios so-bre
la trascendencia de los bienes cultura-les
en la conformación histórica del territo-rio
en el que se encuentran y su aportación
a la identidad étnica del pueblo que hoy la
habita, resaltando además lo que supone su
aportación a la cultura universal.
Por el contrario, las que prefirieron
mantener la denominación de “Histórico”-
Castilla-La Mancha (1990) y Andalucía
(1991) las primeras-, encabezan sus
Preámbulos con la trascripción de los artí-
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culos constitucionales y estatutarios que les
posibilitan ocuparse de la custodia de sus
propios bienes culturales. Es como si úni-camente
asumieran la distribución de las
obligaciones patrimoniales por ubicaciones
territoriales, aceptando la responsabilidad
de su preservación pero sin aludir, como las
anteriores, al sentido y a la importancia de
dichos bienes para la autoidentificación de
sus gentes con su cultura propia y diferen-ciada.
Después de ellas sigue observándose
idéntica relación: las leyes de la Comunidad
Valenciana (1998), Cantabria (1998), Ara-gón
(1999), Asturias (2001) y Castilla y
León (2002) se presentan como de Patrimo-nio
“Cultural”, mientras que las de Madrid
(1998), Islas Baleares (1998) y Canarias
(1999) como de Patrimonio “Histórico”, si
bien ésta última sí hace referencia al sopor-te
que supone su patrimonio para la actual
identidad canaria. Por su parte, Extrema-dura
(1999) decidió no decantarse y bauti-zar
su ley con ambos términos, Histórico y
Cultural; indefinición que ya está manifes-tando
por sí misma una clara actitud, muy
recientemente superada por La Rioja
(2004), cuya ley se rubrica como “Cultural,
Histórico y Artístico”.
Estamos, en nuestra opinión, ante uno
de los aspectos más interesantes y quizá
menos analizado del patrimonio: el reflejo
del sentimiento de identidad (étnica, regio-nal
o nacional) que se recoge en las legisla-ciones
patrimoniales autonómicas, a partir
del cual definen, interpretan y valoran sus
respectivos patrimonios culturales. Sin
olvidar el detalle que supone la mayor o
menor presteza en editar una normativa
propia, e incluso la todavía ausencia de ese
texto legal en algunas comunidades que
parecen preferir regirse por la común legis-lación
estatal.
Otra de las diferencias, no menos rele-vante,
entre las diversas leyes patrimonia-les
la encontramos en las mismas definicio-nes
del patrimonio etnológico o patrimonio
etnográfico, obviando incluso el hecho del
uso indistinto de uno u otro término.
En principio, la propia existencia de ta-les
definiciones nos parece un dato a anali-zar
en sí mismo por cuanto supone un des-igual
tratamiento legal. En la actualidad,
todas las definiciones generales de patri-monio
(Histórico o Cultural) aluden al “in-terés”
histórico, artístico, etnográfico, cien-tífico,
etc., como única circunstancia califi-cadora
de los bienes patrimoniales, abierta
al juicio de su disciplina correspondiente.
Sin embargo, hay que resaltar la contradic-ción
existente entre esa definición genérica
e igualitaria para todo tipo de bienes y la
individualización que se traza a continua-ción
sólo de algunas de las categorías. Una
distinción que corrobora cómo aún no se ha
superado la identificación prioritaria del
patrimonio con lo histórico-artístico, puesto
que estas categorías simplemente se en-cuadran
en el régimen general establecido
para los bienes muebles e inmuebles, mien-tras
que otras parecen precisar una defini-ción
y descripción pormenorizada dentro
del propio texto legal.
Analizando al contenido de las definicio-nes
de patrimonio etnológico, comprobamos
que es el adjetivo “tradicional” el elegido
desde el principio para delimitar los bienes
subsumidos en esta categoría. Un rasero,
no exento de polémica, que la ley andaluza
sustituyó por el de las formas “relevantes”
de la cultura. Tras ella, todas las leyes pos-teriores
continúan prefiriendo la acotación
de lo tradicional, con la única excepción
hasta el momento de la ley cántabra.
En nuestra opinión, lo relevante, lo sig-nificativo
o lo tradicional de cada cultura
son, en una gran medida, conceptos plena-mente
coincidentes y referenciales de sus
aspectos identitarios. El gran problema es
la errónea significación que ha llegado a
adquirir el término tradicional en el len-guaje
cotidiano. Una equivocación debida
en muy gran medida a los primeros estu-dios
sobre esta parte de la cultura no erudi-ta,
realizados por los románticos, folkloris-tas
y nacionalistas que consiguieron fijar,
desde el siglo XIX, la falsa idea de cultura
tradicional como un compartimento estan-co,
aislado e inmutable, en el que las ver-daderas
esencias del carácter de un pueblo
luchan por mantenerse, en oposición a los
cambios promovidos por la cultura urbana,
industrial y moderna.
Desde nuestra visión, tradición equivale
a esa herencia cultural que cada quien re-cibe
como individuo integrante de una de-terminada
sociedad en un concreto momen-to
histórico. Una herencia integrada por
conocimientos no oficializados ni institucio-nalizados,
adquiridos básicamente a través
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de la imitación, que proporcionan las claves
diferenciadoras de cada cultura. En suma,
todo aquello que desde la visión “culta” de
la cultura no tiene ninguna importancia y
que, sin embargo, constituye el fundamento
para la identidad cultural de los miembros
de una sociedad.
Pero esa herencia, a la vez que se conso-lida
como propia al grupo de pertenencia,
siempre recibirá el aporte de nuevas expe-riencias
culturales, en un continuo proceso
de acumulación y selección de lo considera-do
mayoritariamente relevante. De esta
manera será transmitida a los nuevos
miembros, quienes reiniciarán el ciclo en
base a la cultura recibida. De hecho, no
existe ningún elemento cultural, ni siquiera
las expresiones, formas o rituales conside-rados
más invariables, que no se vayan
modificando en su adaptación al devenir
histórico; ámbito rural y clases populares
incluidas.
En definitiva, el patrimonio etnológico
está conformado por los bienes culturales
que no son fruto de la unicidad ni de la
genialidad, sino justo por aquéllos que reve-lan
las pautas pasadas y presentes segui-das
por cada colectivo, en su continuidad y
discontinuidad, para producir y reproducir
su identidad.
Precisamente por ello, la finalidad últi-ma
de la tutela patrimonial ya no puede ser
otra que la de servir como referente identi-tario
para sus protagonistas: el grupo
humano que lo recibe, lo usa, lo transforma
y lo traspasa en consonancia con su propia
dinámica cultural. De ahí la trascendencia
de las legislaciones autonómicas en materia
de patrimonio cultural, al configurarse el
conocimiento y la cercanía como las mejores
garantías para la correcta puesta en valor
de un patrimonio propio.
Sin embargo, no cabe duda de que este
proceso presenta también su reverso nega-tivo,
pues claramente amplifica el riesgo de
manipulación ideológica. La evidencia, ya
largamente demostrada, de que de una
selección interesada de bienes culturales se
deriva una interpretación sesgada, aunque
disfrazada de aséptica objetividad, está
alcanzando en los últimos tiempos, en de-terminados
lugares, unas proporciones
realmente alarmantes, lo que supone un
verdadero obstáculo en el camino ya abierto
para la adecuada comprensión del patrimo-nio
cultural.
Patrimonio como recurso
Además de esto, un nuevo aspecto ha
venido a complicar aún más el ámbito de
nuestro patrimonio cultural. Nos referimos
a su puesta en valor como recurso económi-co.
Una estrategia que actualmente preside
la práctica totalidad de las políticas patri-moniales,
al amparo de las directrices ini-ciadas
por el Consejo de Europa y con el
refuerzo que suponen los programas y fon-dos
estructurales de la Unión Europea en
su intento por remontar los desequilibrios
regionales.
En no pocas ocasiones estas políticas es-tán
consiguiendo subvertir por completo el
sentido y finalidad de la tutela patrimonial,
porque tampoco entonces los bienes cultu-rales
son considerados como el conjunto de
las manifestaciones y testimonios que con-tribuyen
a explicar y dotar de significado
los rasgos culturales de un colectivo. El
interés se centra exclusivamente en la pro-tección
de los elementos más atrayentes a
los potenciales visitantes, en el afán por
obtener la mayor rentabilidad económica
posible.
Es claro que en los centros urbanos es el
patrimonio monumental el que concentra
toda la atención: los barrios históricos y
determinados edificios singulares, a los que
se agregan, cada vez con más frecuencia,
museos construidos en inmuebles especta-culares,
ya con valor por sí mismos inde-pendientemente
de su contenido y en los
que no olvidan incluir ninguno de los servi-cios
propios de un centro comercial (tien-das,
librerías, cafeterías, etc.). La meta
perseguida no parece ser otra que alcanzar
una masiva afluencia de público, como efec-tivamente
se logra.
Al lado de esto, el patrimonio etnológico
en las grandes ciudades no interesa como
atracción turística. Basta comprobar cómo,
día a día, se cierran talleres artesanos, se
especula con viviendas singulares pero sin
importancia desde el punto de vista históri-co-
artístico, se demuelen patios de vecinos,
plazas, comercios considerados obsoletos, y
todo aquello a lo que no se le suponga nin-gún
beneficio económico. Claramente la
mentalidad economicista aplicada al patri-monio
ha alcanzado, no ya a la sociedad en
Esther Fernández de Paz 9
PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 4(1). 2006
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general, sino incluso a los organismos e
instituciones encargados de la custodia de
todo el patrimonio, incluido el etnológico,
ante presiones urbanísticas o mercantilis-tas
que consiguen hacer olvidar su valor
cultural y la obligación de preservar su
memoria.
Pues bien, tal como siempre ocurre, és-tas
son las pautas que sirven de modelo e
intentan imitarse en cualquier punto de la
geografía rural: volcarse igualmente hacia
los testimonios más monumentales o más
antiguos posibles, como si con ello pudiera
acreditarse la notoriedad e importancia del
lugar en cuestión. Sólo cuando se carece de
estos potenciales, se recurre al modesto
patrimonio etnológico, porque desde luego
no se renuncia a atraer visitantes. Y a tal
fin no queda más que la recreación de sus
más puras tradiciones. Bajo tales premisas,
al patrimonio etnológico se le aplican mi-méticamente
los viejos criterios selectivos
de antigüedad, escasez y excepcionalidad, y
con unos esquemas claramente conserva-cionistas
que en nada se adecuan a su sen-tido
de expresión colectiva de un sistema
cultural diferenciado.
De entrada, muchas de las reconstruc-ciones
realizadas expresamente para el
turismo son meras teatralizaciones perfec-tamente
orquestadas, que a veces ni siquie-ra
recrean la propia imagen sino la que se
entiende que el turista espera encontrar.
En estos casos, nos hallamos con pueblos
reconstruidos para cultivar su ruralidad, su
tipismo, sus artesanos, su autenticidad en
suma, convirtiendo incluso a los propios
habitantes en parte del pintoresquismo que
se quiere ofrecer. Y es que, realmente, sin
atender a la dinámica cultural, y a veces ni
tan siquiera a la propia voluntad de sus
protagonistas, muchos gestores “culturales”
se esfuerzan por mantener un estatismo
conservacionista en las “tradiciones”, para
evitar que su pérdida repercuta en el des-censo
del interés turístico; de esos turistas
urbanos que anhelan envolverse momentá-neamente
en espacios y modos de vida en
los que proyectar la imagen neorromanti-zada
de un pasado de bondades imagina-das.
No obstante, quizá el reflejo más consta-table
de tales políticas es el afán que ac-tualmente
manifiesta cada pequeña locali-dad
por contar con su propio museo “etno-gráfico”
o de “artes y costumbres popula-res”.
Tal proliferación podría hacer creer
que al fin los dirigentes de estas zonas han
comenzado a valorar realmente los elemen-tos
de su patrimonio etnológico y que sus
habitantes han comprendido la trascenden-cia
de preservar unos referentes claves
para entender su identidad cultural. Pero
la realidad es que prácticamente sin varia-ción,
vemos cómo estos museos locales es-tán
trazados desde la más acientífica reite-ración
de objetos tradicionales en desuso,
pertenecientes a un mundo rural que no
tiene nombre propio ni época concreta ni
territorio definido ni, consiguientemente,
relación alguna con la configuración actual
de una determinada comunidad.
Si, por el contrario, se supieran seleccio-nar
adecuadamente los elementos patrimo-niales
relevantes de unas formas de vida
determinadas, pasadas y presentes, el re-sultado
sería que cada población podría
profundizar en el conocimiento de su propia
cultura y aprender de las culturas ajenas,
lo que imperceptiblemente conduciría al
respeto por la diversidad cultural, enten-diéndola
como respuestas adaptadas a la
variedad de ecosistemas, especificidades
históricas, tradiciones culturales, ocupacio-nes
y actividades, sectores y clases sociales
existentes, etc. El problema es que este
lento aprendizaje casa muy mal con las
aspiraciones de rentabilidad económica
inmediata.
Lo que tampoco parece tenerse en cuen-ta
es que, además de perder el beneficio
sociocultural inherente a la adecuada reva-lorización
del patrimonio, esta inclinación
hacia el sector turístico está llevando a no
pocas poblaciones al abandono de ciertas
actividades tradicionales que, siempre con-venientemente
encauzadas a las realidades
actuales, podrían mantener su plena vigen-cia
económica y ocupacional, y sin depender
de las inevitables fluctuaciones propias del
fenómeno turístico.
Quizá ahí radique una de las causas del
auge que está tomando hoy día la vuelta a
la actividad artesana, muy especialmente
en el mundo rural, pero con un llamativo
proceso de selección. Quiere esto decir que
no se promueven las artesanías realmente
imbricadas con la vida cotidiana de las co-munidades
en que se insertan, sino exclusi-vamente
las consideradas atractivas, esté-
10 De tesoro ilustrado a recurso turístico ...
PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural, 4(1). 2006
ISSN 1695-7121
ticas, vendibles al turista. Son una réplica
comercializada: objetos que modifican sus
formas, tamaños y calidades, que añaden el
sello de “hecho a mano” como reclamo nos-tálgico
de tiempos anteriores, y lo acompa-ñan
del inexcusable “recuerdo de...”, esa
pretendida marca de autenticidad que jus-tamente
indica lo contrario, o sea, que es
un objeto hecho expresamente para un com-prador
que precisa de etiquetas rememora-tivas
de sus pasos. Comprador al que cier-tamente
suele interesarle bien poco la sig-nificación
que esa actividad tiene para sus
artífices.
En resumen, de lo que se trataría es de
adecuar realmente las políticas centradas
en el binomio Patrimonio-Turismo, de ma-nera
que no se conviertan en una manipu-lación
de las identidades al servicio de unos
intereses meramente economicistas. Pen-samos
que es perfectamente compatible
lograr la verdadera puesta en valor de los
elementos patrimoniales y que ello revierta
en el desarrollo económico y cultural de sus
gentes.
Pero para esto es imprescindible, en
primer lugar, que el conjunto de la sociedad
entienda con claridad el valor de su patri-monio.
Ya la ley estatal de 1985 manifesta-ba
el convencimiento de que “el Patrimonio
Histórico se acrecienta y se defiende mejor
cuanto más lo estiman las personas que
conviven con él”. Una afirmación tan irrefu-table
como irrealizable si no se entiende
con claridad que para que el conjunto de la
sociedad valorice el patrimonio, tiene que
sentirlo como algo propio y no como esas
joyas del pasado que ennoblecen a la nación
-y a sus propietarios- pero que nada apor-tan
a su identidad cultural. Ahí radica la
artificialidad que siempre ha supuesto una
activación de arriba-abajo en vez de ir des-de
la base creadora hacia las instituciones
encargadas de su custodia.
Las actitudes al respecto son muy evi-dentes.
Cuando la sociedad se identifica con
su patrimonio, tal como ejemplifican mu-chas
asociaciones actuales, se hacen inne-cesarias
las reglamentaciones administra-tivas
puesto que ella misma se convierte en
su principal custodio. En caso contrario, las
medidas legales encaminadas a su protec-ción
y restitución pueden llegar a ser inter-pretadas,
tanto por los vecinos como en no
pocas ocasiones por los propios ayunta-mientos,
como dañinas a sus intereses y
difícilmente se conseguirá algún resultado
positivo.
En segundo lugar, hay que contar con
los profesionales especializados, capaces de
intervenir en la correcta gestión del patri-monio
cultural. Y esto es especialmente
notorio para el patrimonio etnológico, pre-cisamente
por su modestia y su cotidiani-dad,
características que parecen diluir la
necesidad de un experto, a diferencia del
conocimiento preciso que se solicita para el
tratamiento de otras categorías de bienes
culturales.
Todavía hoy es difícil transmitir a los
políticos que tienen encomendada la custo-dia
del patrimonio cultural, la enorme com-plejidad
y la innegable trascendencia que
reviste su estudio, valoración y restitución,
así como el hecho incuestionable de que de
las decisiones tomadas al respecto depen-derá
el futuro de los bienes que hoy lo con-forman:
la desaparición definitiva, la con-servación
anquilosada, la pervivencia real
de viejos usos, o la resemantización deriva-da
del desarrollo de nuevos valores simbóli-cos.
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NOTA
1 Una primera versión fue redactada para los
Cursos sobre el Patrimonio Histórico que
anualmente organiza y publica la Universidad
de Cantabria y el ayuntamiento de Reinosa
(2002).
Recibido: 9 de septiembre de 2005
Aceptado: 1 de diciembre de 2005
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