Del “mar es de todos” al mar reservado: turistas, poblaciones de pescadores y reservas marinas en Canarias

              Vol. 1 Nº 1 págs. 65-78. 2003
www.pasosonline.org
© PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. ISSN 1695-7121
Del “mar es de todos” al mar reservado: turistas, poblaciones
de pescadores y reservas marinas en Canarias1
José J. Pascual †
Universidad de La Laguna (Islas Canarias, España)
Resumen: Los patrones de desarrollo de las últimas décadas en Canarias y en otras zonas del Estado han
originado nuevos usos del espacio marítimo y litoral. Frente a los tradicionales vinculados a la pesca,
ahora dominan frecuentemente los turísticos y recreativos. La naturaleza, construida o recreada, se con-vierte
especialmente en los últimos años en un atractivo clave para muchos destinos. En este contexto,
las reservas marinas intentan preservar ciertas zonas de especial valor biológico de los excesos de la
pesca, a la vez que deberían conjugar los usos turísticos y recreativos a realizar en tales espacios con la
conservación de sus valores naturales. En Canarias han constituido uno de los instrumentos claves de la
política de conservación y gestión de pesquerías en las áreas costeras de las Islas. Actualmente hay tres
en funcionamiento, siguiendo una tendencia cada vez más general en todo el mundo. Pero a la vez que
con ellas se controla la extracción de recursos por los profesionales, se impulsan una serie de usos vincu-lados
a determinadas formas de turismo que han generado importantes transformaciones en las poblacio-nes
vinculadas a estas zonas protegidas. Otros impactos inducidos por el turismo o la acuicultura han
alterado también sus estrategias económicas o el uso de los espacios tanto en tierra como en el mar.
Palabras clave: Turismo; Pesca; Acuicultura; Conflictos; Espacios; Estrategias económicas; Reservas
marinas.
Abstract: In the last decades, the development patterns in the Canary Islands have changed the uses of
maritime and littoral areas. Instead of traditional activities linked to fishing, now tourism and recreation
are the core of the new uses. Nature, constructed or re-created, is now a key feature of many tourist des-tinies.
In this context, marine protected areas attempt to preserve areas with special biological values
from fisheries overexploitation, offering tourist and recreational uses compatible with conservation and
following a general tendency all around the world. In the Canary Islands they constitute one of the most
important measures of fisheries management and nature preservation. Nowadays there are three marine
reserves in the Archipelago. The normative of marine protected areas limit professional fishing activities,
and also drive forward tourism, especially scuba diving, involving relevant social impacts in the com-munities
nearby. Also, those communities have had to confront many different impacts induced by tour-ism
or aquaculture, changing economic strategies or the use of social spaces in land or at sea.
Keywords: Tourism; Fisheries; Aquaculture; Conflicts; Space; Economic strategies; Marine reserves.
† Doctor en Antropología Social. Instituto Universitario de Ciencias Políticas y Sociales y Departamento de Prehisto-ria,
Antropología e Historia Antigua de la Universidad de La Laguna (Tenerife, España). E-Mail: jpascual@ull.es
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Introducción2
El litoral español ha sido sometido en
las últimas décadas a transformaciones que
en algunas regiones del Estado han resul-tado
radicales. De un contexto en el que los
espacios costeros se hallaban vinculados
sobre todo al comercio a través del tráfico
de cabotaje, a la defensa militar y a la acti-vidad
pesquera, hemos pasado a una nueva
situación en la que tales espacios litorales
se han visto colonizados de manera progre-siva
y continua por nuevos usos, más liga-dos
al turismo o al ocio. Además, han sur-gido
con fuerza nuevas formas de residen-cia
que buscan disfrutar de un paisaje lito-ral
revalorizado y al que se accede con ma-yor
facilidad debido a las mejoras en los
medios de comunicación.
En Canarias, por ejemplo, esta tenden-cia
ha conducido a importantes transforma-ciones
en el litoral y en las poblaciones que
lo ocupaban. Buena parte de ese litoral se
encontraba a principios del siglo XX prácti-camente
desierto, especialmente en las
vertientes suroeste de las islas, donde las
calmas continuas dificultaban incluso la
navegación. Varios procesos que trascendí-an
a estas zonas y a sus escasos pobladores
se convertirían con el paso del tiempo en
determinantes de su futuro. Por una parte,
la demanda de conservas y salazones de
atún, importante tanto en la península
como en Italia, indujo a una serie de com-pañías
a establecer factorías en varios pun-tos
de esta vertiente de las islas desde el
siglo XIX, pero sobre todo a comienzos del
XX. En estas mismas zonas se expandieron
también cultivos destinados a la exporta-ción,
como el tomate y posteriormente el
plátano. Estos dos hechos significaron la
posibilidad de crear o expandir asenta-mientos
estables de población. Pero sobre
estas mismas zonas se establecieron con el
paso del tiempo industrias turísticas que
alterarían de una forma mucho más radical
la configuración de este litoral, creando
entornos totalmente nuevos -como muchas
playas artificiales-, construyendo viviendas
para cientos de miles de personas en espa-cios
circunscritos y apropiándose de espa-cios
o paisajes de una manera que no tenía
precedente en la historia.
Tales procesos han afectado de manera
indudable a las poblaciones de pescadores
litorales, que eran hasta los años sesenta y
setenta, junto con algunos asentamientos
agrícolas, los únicos usuarios de tales espa-cios.
La competencia por los ámbitos coste-ros
y por la fuerza de trabajo ha sido desde
ese momento constante, aunque más inten-sa
en algunas zonas de las islas que en
otras. Los usos de la franja litoral y de los
recursos marinos han cambiado de forma
sustancial en los últimos años, vinculados a
grandes transformaciones demográficas, de
las condiciones de mercado, o incluso de la
ecología marina a causa de las intervencio-nes
humanas.
Para explicar los procesos que han teni-do
lugar debemos recurrir siempre en algu-na
medida al análisis de fuerzas o constric-ciones
que trascendían las poblaciones loca-les,
tanto cuando a finales del XIX se esta-blecen
industrias pesqueras en las costas
insulares como cuando a comienzos del
siglo XXI se establece la tercera reserva
marina del archipiélago (Pascual Fernán-dez,
2002). En este último caso, su implan-tación
no respondía únicamente a la coyun-tura
pesquera de la zona, sino que obedecía
a una tendencia favorable a tal figura de
protección desarrollada a nivel mundial.
El sector pesquero en las islas y en bue-na
parte de la península ha afrontado en
los últimos años retos que han comprome-tido
la viabilidad de gran número de explo-taciones
o de flotas enteras. La imposibili-dad
de faenar en el vecino banco sahariano,
utilizado por los barcos canarios y de otras
zonas del Estado desde el siglo XV, ha pro-vocado
que buena parte de la flota que
tenía su base en las islas (arrastreros, ne-veros,
sardinales y atuneros), haya perma-necido
en tierra cobrando subsidios durante
un largo periodo, abocados al desguace los
barcos y los marineros al desempleo, las
prejubilaciones o bien a la colocación en
otros sectores productivos. Y la flota de
litoral se enfrenta al desafío de unos recur-sos
que muchos estiman sobreexplotados o
en declive.
Entre los retos a los que se enfrenta la
pesca en las islas quizás uno sea especial-mente
significativo. La competencia del
sector servicios por la mano de obra ha
estado descarnando la actividad, pues mu-chos
de los puestos de trabajo creados en
tierra ofrecen unas condiciones de trabajo y
una regularidad en los ingresos que atraen
José J. Pascual 67
al personal más cualificado del sector, y
sobre todo a los más jóvenes que han goza-do
de algún tipo de educación formal aun-que
fuera mínima. De hecho, tanto las acti-vidades
relacionadas directamente con el
turismo, como aquellas que mantienen una
relación menos directa, han sido las que
han conducido a una expansión económica
muy importante desde los años setenta en
el archipiélago y ocupan actualmente la
mayor parte del V.A.B. canario. El porcen-taje
vinculado a la actividad pesquera de
este V.A.B. se hallaba calculado hacia el
año 1999, considerando la fase extractiva
de la pesca y la acuicultura, en un 1,05%, e
incluyendo la transformación industrial
alcanzaría el 1,22% (Macías González; Pas-cual
Fernández et al., 1999: 477). Además,
este cálculo se realizó previamente a la
finalización del acuerdo pesquero con Ma-rruecos,
que significó la finalización de la
actividad realizada sobre el vecino banco
pesquero canario-sahariano de jurisdicción
marroquí, hecho que ha disminuido de ma-nera
muy importante la relevancia del sec-tor
pesquero en la economía canaria.
El sector pesquero artesanal
En el sector pesquero artesanal de las
islas trabajan entre 1500 y 2000 personas
en la fase extractiva, distribuidas entre
más de 1500 kilómetros de línea de costa.
Esta es una combinación de acantilados y
playas abiertas, pero en la mayor parte de
los casos la plataforma submarina adyacen-te
es de reducido tamaño. Los ecosistemas
marinos que rodean al archipiélago se ca-racterizan
por su biodiversidad y fragilidad,
y en su análisis se deben tener en cuenta
una serie de factores básicos, como el redu-cido
número de individuos de cada especie,
las complejas interrelaciones entre ellas,
las presiones sobre los ecosistemas costeros
originadas por la acción humana, y la emi-sión
de cantidades significativas de sustan-cias
contaminantes (Aguilera Klink; Brito
Hernández et al., 1994).
A lo largo de esta costa se sitúan un
gran número de pequeños puertos de pesca.
En la mayor parte de ellos sólo unas pocas
unidades artesanales desarrollan activida-des
extractivas, frecuentemente cambiando
sus técnicas de pesca y comercializando sus
productos a través de canales informales
(Pascual Fernández,1991). Sólo en algunas
comunidades de Fuerteventura y El Hierro
se desarrolla la comercialización a cargo de
la cofradía3. A través de todas las islas pre-valecen
diferentes alternativas, tales como
la comercialización directa por las mujeres
de los pescadores, restaurantes que com-pran
toda la producción de varios barcos, o
intermediarios que controlan las capturas
de buena parte de la flota en algunos puer-tos.
La combinación de actividades en dife-rentes
sectores económicos constituye uno
de los principales problemas a la hora de
evaluar la relevancia del sector. Por ejem-plo,
en las unidades domésticas vinculadas
a la pesca artesanal, las mujeres y los jóve-nes
trabajan frecuentemente en labores
alternativas: hoteles y restaurantes, comer-cio
y construcción. Esta estrategia de com-binar
actividades económicas no es nueva.
Desde el siglo XV las poblaciones litorales
han sobrevivido por medio de una compleja
matriz de labores interconectadas en secto-res
diferentes. Hasta hace muy poco tiempo
se combinaban con la pesca litoral, por
ejemplo, la agricultura, el cabotaje y la
pesca en el banco sahariano.
Después de la conquista europea de las
islas, la mayor parte del contenido proteíni-co
de la dieta de sus habitantes se hallaba
relacionada con el mar. El pescado salado,
especialmente el proveniente de la vecina
costa africana, constituía el complemento
ideal a los productos agrícolas de las islas.
La productividad de la costa sahariana era
de tal nivel que durante los siglos XVIII y
XIX atrajo el interés de muchos viajeros e
incluso de misiones de investigación de
diferentes naciones, siendo comparada fa-vorablemente
con los mejores bancos en el
mundo (Berthelot, 1840; Glas, 1982). En
este contexto, sin embargo, las actividades
pesqueras realizadas en el litoral de las
islas eran marginales; su productividad era
mucho más reducida y no bastaba para
compensar los menores costes de transpor-te.
Sólo cuando los ataques piratas o las
guerras hacían imposible visitar los vecinos
bancos africanos tenía lugar la pesca inten-siva
en el litoral suroeste de algunas islas,
donde los mares se hallaban en calma du-rante
casi todo el año debido a la acción
protectora que la gran masa de ciertas is-las,
como Tenerife o Gran Canaria, realiza-
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ba sobre los vientos alisios dominantes.
"La altura de las montañas opone una
barrera á los vientos generales que soplan
comunmente del N.E., quedando al socaire
toda la costa meridional de las Islas. Los
isleños denominan con el nombre de Cal-mas
el trozo de mar que baña esta parte de
las costas del archipiélago canario. Las
goletas pescadoras tienen algunas veces
que pasar a remo todo este litoral, cuando
los vientos del S.O. no les favorecen en la
navegación." (Webb y Berthelot: "Histoire
Naturelle...", traducido en Silva Ferro
(1875))
Los cambios en los hábitos de consumo,
acentuados desde los 50 e incrementados
todavía más con la nueva demanda del
sector turístico -no internacional-, elevaron
la explotación de las especies demersales y
el valor del pescado capturado en la zona
litoral. Junto con el establecimiento de fac-torías
de enlatado o salazón para procesar
las capturas de túnidos, estas nuevas de-mandas
estimularon el crecimiento de pe-queñas
poblaciones de pescadores en las
costas insulares a través de todo el archi-piélago.
Muchas de tales factorías se esta-blecieron
precisamente en las calmas de las
islas. El buen tiempo a lo largo de todo el
año hacía posible capturar allí las especies
de túnidos de forma continua cuando pasa-ban
cerca de la isla. La presencia de estas
factorías y la demanda que originaban
hacía posible el asentamiento permanente
de poblaciones dependientes de la pesca en
las zonas hasta ese momento más áridas y
menos habitadas de Tenerife, Gran Cana-ria
y La Gomera. Previamente, la ausencia
de comunidades agrícolas en estas áreas
costeras y la imposibilidad subsecuente del
comercio o el intercambio de productos pes-queros
por agrícolas había prevenido el
asentamiento. No sólo había allí calmas en
el mar durante todo el año; la ausencia de
vientos y el clima cálido convertían estas
zonas en lugares ideales para vivir. Un
problema relevante durante largo tiempo
fue la ausencia de infraestructuras de co-municación
y transporte, que serían cons-truidas
a partir de la implantación de asen-tamientos
turísticos, primero en el suroeste
de Gran Canaria y más tarde también en
esta misma zona de Tenerife. Las calmas
favorecieron el establecimiento de compa-ñías
de pesca, pero más tarde la industria
turística se vio atraída también por condi-ciones
que resultaban todavía más favora-bles
para su desarrollo. El buen tiempo
durante todo el año (sol, ausencia de vien-tos,
mar tranquilo), las grandes extensiones
de tierra que podían ser transformadas en
urbanizaciones turísticas, el desarrollo de
las comunicaciones y una fuerza de trabajo
disponible que podía ser entrenada para
solventar muchas de las demandas, confi-guraban
un destino potencialmente ideal.
En Canarias se encontraban con climas y
paisajes de muy diverso tipo, unos poten-cialmente
africanos o saharianos, otros casi
centroeuropeos, en la misma isla y a muy
pocos kilómetros de distancia. Pero el con-texto
social, el gobierno, la sanidad o las
infraestructuras eran claramente europeas.
Esto se revelaría cómo especialmente im-portante
cuando durante los 90 muchos
destinos potenciales del Norte de África se
vieron afectados por la guerra o el terro-rismo,
mientras Canarias incrementaba
claramente su cuota de mercado.
La expansión del turismo en las islas ha
sido prácticamente continua desde los 60
hasta nuestros días, con algunas crisis oca-sionales
relacionadas con la energía o con
factores económicos. Desde 1995 a 2000,
por ejemplo, de acuerdo con los datos oficia-les
el incremento total de turistas en las
islas fue de más de dos millones y esta ten-dencia
parece haberse incrementado aún en
Entrada de turistas extranjeros por isla 1995-2000
1995 1996 1997 1998 1999 2000
ISLAS CANARIAS 7.971.928 8.007.118 8.433.873 9.349.152 9.855.255 9.975.977
Lanzarote 1.348.700 1.381.195 1.466.570 1.662.427 1.719.949 1.750.507
Fuerteventura 912.087 911.201 958.975 1.131.983 1.272.648 1.305.874
Gran Canaria 2.592.007 2.602.220 2.733.978 2.987.098 3.136.262 3.109.066
Tenerife 3.012.568 2.993.084 3.157.343 3.440.551 3.591.020 3.675.206
La Gomera - - - - .. ..
La Palma 106.566 119.418 117.007 127.093 135.376 135.324
El Hierro .. .. .. .. .. ..
Fuente: Aeropuertos Españoles y Navegación aérea (AENA).
Fuente: Instituto Canario de Estadística (ISTAC)
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el 2001 hasta el atentado de las Torres
Gemelas. Los datos describen una situación
donde el sector turístico de las islas juega el
principal rol de la economía. Dado que ésta
expansión ha tenido lugar sobre todo en el
litoral, las poblaciones dependientes de la
pesca y las actividades que tienen lugar en
estas áreas costeras han recibido la mayor
parte de los impactos. La pesca ha sido una
de las actividades que ha sufrido un conti-nuo
proceso de adaptación debido a la ex-pansión
de las industrias de servicios preci-samente
en lo que había sido su ubicación
tradicional.
Los conflictos por el espacio litoral y
marítimo
Las poblaciones de pescadores litorales
canarias se han visto sometidas a un siste-mático
proceso de marginación espacial en
las últimas décadas, ya que muchos de sus
espacios tradicionales se han visto ocupa-dos
por las actividades vinculadas a los
servicios y al turismo. En las playas tradi-cionales
muchas veces ya no se pueden
varar barcos, ni tender pescado para secar-lo,
ni extender las redes para repararlas.
La costa se ha llenado de construcciones, de
muelles deportivos, de bares y restauran-tes.
Esto conduce a la vez tanto a proble-mas
—el desplazamiento físico de los pes-cadores—,
como a oportunidades —nuevos
puestos de trabajo, aunque sea en otros
sectores. Un elemento clave en este proceso
ha sido la propiedad de la tierra. En mu-chos
casos los asentamientos de pescadores
se habían realizado en espacios relativa-mente
marginales. Por ejemplo, en el caso
de San Miguel de Tajao (Tenerife) (Pascual
Fernández, 1991) los pescadores sólo pudie-ron
construir durante décadas en los espa-cios
inservibles para la agricultura, los
“morros” rocosos que fueron dando forma al
pueblo, ya que los propietarios de las fincas
que llegaban hasta el mar no estaban dis-puestos
a comprometer la tierra cultivable.
Si esto ocurría cuando la tierra sólo tenía
utilidad para las explotaciones agrícolas, al
desarrollarse el turismo los problemas de
vivienda de las poblaciones litorales no
hicieron más que aumentar. Foráneos con
un poder adquisitivo mucho más elevado
podían siempre competir en condiciones
ventajosas por la tierra, especialmente por
aquella situada más cerca del litoral, gene-rando
un proceso de desplazamiento de las
poblaciones de pescadores hacia el interior
que poco a poco iba distanciándolas del
mar, cuya observación continua siempre
había sido uno de los rasgos básicos de su
estilo de vida. Si las viviendas se distancia-ban
de la costa, los espacios sociales que
habían sido patrimonio de las poblaciones
locales, tales como la playa, las calles, los
bares o las plazas, fueron siendo ocupados
de forma cada vez más constante por los
foráneos. Esto fue dificultando cada vez
más usos como el secado del pescado o de
las redes en la playa, o la utilización de
técnicas de pesca como el chinchorro que
implican habitualmente el utilizar amplios
espacios de las playas.
Las tensiones derivadas de estos proce-sos
han sido más o menos significativas,
pero no han llegado a la magnitud de las
relacionadas con la implantación de los
cultivos marinos en las islas, especialmente
en el Sur de Tenerife. En este caso concre-to,
la actividad de cultivos marinos nace
hacia 1987 ligada a la empresa Cultivos
Marinos Teide, constituida por personas
indirectamente relacionadas con la activi-dad
pesquera. Despertó conflictos a partir
de comienzos de los 90 al realizarse la acti-vidad
cerca de la playa de Los Cristianos,
en escasa profundidad y ocupando un espa-cio
precioso en la dársena de esta localidad,
por lo que tuvo que ser trasladada la explo-tación
al este, frente a un acantilado cerca-no
a esta población, hacia 1995. En los úl-timos
años han surgido tensiones muy im-portantes
en torno a la proliferación de
explotaciones en derredor a esta originaria,
privatizando de hecho un espacio marítimo
por las concesiones preceptivas para des-arrollar
cada explotación, que pueden tener
una extensión bastante considerable (Pas-cual
Fernández; Santana Talavera et al.,
2001: 205 y ss.). Esta expansión de la acti-vidad
no fue espontánea, ya que resultó
impulsada de manera determinante por la
Agencia Insular del Mar, organismo depen-diente
del Cabildo de Tenerife, que generó
una escuela taller de cultivos marinos en la
zona e impulsó de manera determinante la
creación de empresas en este ramo de acti-vidad
a partir de 1998-9. En noviembre de
2000 había ocho concesiones en la zona de
los acantilados de Guaza, al este de Los
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Cristianos, despertando cada vez mayores
tensiones entre pescadores y empresarios
turísticos de la zona. Cuando tales granjas
marinas se concentran sus efectos sobre la
navegación y la pesca, o incluso sobre las
actividades de ocio, se hacen cada vez más
evidentes y las consecuencias de la conta-minación
producida también cobran más
importancia. Los enfrentamientos y alega-ciones
realizados por los pescadores o em-presarios
turísticos de la zona han crecido
en los últimos años, pero con frecuencia el
respaldo que reciben de las instituciones
públicas es reducido. Un titular reciente de
un periódico insular rezaba así: “Rodríguez
(el Consejero de Agricultura y Pesca del
Gobierno de Canarias) reprende a los pes-cadores
por su oposición a la acuicultura”
(Pérez, 2002), haciéndose eco el periodista
de la polémica entre este político y Vicente
Rivero, el Patrón Mayor de la Cofradía de
los Cristianos (y presidente de la Federa-ción
Provincial de Cofradías de Santa Cruz
de Tenerife). Las razones que han impedido
a los pescadores litorales el acceder a este
sector son diversas (Pascual Fernández,
2001), pero entre ellas destacan su carencia
de los conocimientos biológicos o empresa-riales
para dirigir una empresa de cultivos
marinos, el gran monto de la inversión ne-cesaria
para llevarla a buen puerto y la
existencia de posibilidades alternativas de
inversión en otros sectores que suponen un
menor riesgo (apartamentos o restauran-tes)
y exigen mucho menos capital.
De hecho el proceso al que están asis-tiendo
los pescadores de algunas zonas es a
una privatización de espacios marinos que
de siempre se habían considerado como de
acceso público, aunque su titularidad fuera
estatal, y que ahora pasan a ser controlados
por empresarios que en la mayor parte de
los casos no se hallan arraigados en la co-munidad
y que son conceptualizados como
gente de tierra que les va a hacer la compe-tencia
La gestión de la pesca y las reservas:
control del estado vs. gestión comunal
El papel del Estado en la gestión y el
control de las costas de las islas fue, duran-te
un largo periodo, muy limitado. Las re-gulaciones
dirigidas especialmente al caso
canario eran escasas. El nuevo marco polí-tico
que se genera con el proceso de descen-tralización
del poder estatal en comunida-des
autónomas y que culmina con el Esta-tuto
de Autonomía conduce a las transfe-rencias
de competencias sobre la actividad
pesquera en aguas interiores hacia finales
de 1985. Las primeras regulaciones real-mente
específicas para el ordenamiento del
caladero archipielágico, basadas en medi-das
de corte protector muy ligero —tallas,
técnicas y modalidades de pesca y regula-ción
de la actividad deportiva—, no se de-cretan
hasta 1986 (Decretos 154 y 155/
1986 de 9 de Octubre, BOC 17 Octubre)
ante la presión y las movilizaciones prota-gonizadas
por un conjunto de comunidades
de pescadores, representadas por sus Co-fradías,
descontentas con la utilización de
ciertos artes que estimaban lesivos para los
ecosistemas marinos. Tales decretos fueron
promulgados por el Gobierno de Canarias y
se hallaban limitados a las aguas interiores
—entre puntas. El estado asumirá poste-riormente
estas mismas medidas para las
aguas de su competencia —el mar territo-rial
o las llamadas aguas exteriores. A par-tir
de este primer intento de ordenación del
caladero archipielágico, las disposiciones
reguladoras han sido escasas en número y
de poca relevancia.
Una medida de gestión que está comen-zando
a proliferar en las pesquerías litora-les
son las reservas marinas. Desde 1975
diferentes estudios (Bacallado; Cruz et al.,
1989; Hernández Otero, 1975; Hiscock,
1976), han propuesto la creación en Cana-rias
de reservas marinas que pudieran
ayudar a preservar la vegetación y fauna
submarina. Esta iniciativa se enmarcaba
en una tendencia que ya desde hacía déca-das
estaba forjándose en los ámbitos con-servacionistas.
Por ejemplo, en la Primera
Conferencia Mundial sobre Parques Natu-rales,
celebrada en Seattle en 1962, se invi-taba
a los países costeros a valorar la crea-ción
de parques o reservas naturales sub-marinas
(Bacallado; Cruz et al., 1989: 17).
En otros Estados tal modelo de gestión
también ha cobrado especial relevancia en
estos últimos años (Munro y Willison, 1998;
Shackell, 1995). Hacia 1970 había 118
áreas marinas protegidas en 27 naciones
(Kelleher y Kenchington, 1992), que en
1980 se habían convertido en 319 (Silva;
Gately et al., 1986), y que recientemente
José J. Pascual 71
(1995) habían llegado a superar las 1300
(Boersma y Parrish, 1999: 288; Kelleher;
Bleakley et al., 1995). Probablemente tal
número se haya incrementado de forma
sustancial en los últimos años.
Dentro de nuestro país tal tendencia
había quedado ya recogida en varias inicia-tivas
que promovían el establecimiento de
un parque reserva submarino en las Islas
Medas en 1971 (Bacallado; Cruz et al.,
1989: 19), declarándose por la Generalitat
como Parque Natural en 1985 (Resolución
del 29 de Abril de 1985, DOCG nº 544), con
una legislación por la que se establecían
limitaciones a la navegación en la zona, al
fondeo, y por supuesto a la pesca. La reser-va
Marina de la Isla Plana o Nueva Tabar-ca
en Alicante fue declarada como tal en
19864, por medio de una Orden donde se
plantea que habiendo sido realizado un
estudio ecológico de la zona encargado por
el Ayuntamiento de Alicante, en sus con-clusiones
se cita la conveniencia de estable-cer
una reserva marina en la citada isla, “a
fin de preservar la fauna y flora marina de
la zona y servir de base de repoblación en
beneficio de la riqueza ecológica de las
aguas colindantes”. Probablemente el estu-dio
al que se refiere la orden sea el elabora-do
por Ramos Esplá hacia 1980 (Ramos
Esplá, 1980).
La motivación fundamental en casi to-dos
estos casos parece tener un origen cla-ramente
conservacionista, como en tantos
otros procesos de protección de espacios
naturales, aunque para su salvaguarda se
obvien en mayor o menor grado los usos
tradicionales que las poblaciones cercanas
hayan desarrollado a lo largo del tiempo.
En algunos estudios se hace mención explí-cita
a la necesidad de estas instituciones
para asegurar el futuro de la actividad pes-quera,
por ejemplo en el caso canario (Baca-llado;
Cruz et al., 1989: 16)5. Pero es fre-cuente
también que se haga referencia a
otros usos alternativos para los espacios
protegidos. En la concepción de la reserva
marina de Tabarca quedaba esto bastante
claro: “Una reserva marina no se contempla
únicamente como una zona de protección
del ecosistema marino y sus especies aso-ciadas,
sino también, como objeto de una
ordenación racional que permita realizar
un conjunto de actividades científicas, edu-cativas
y culturales, junto a otras de carác-ter
pesquero y turístico-recreativo” (Ramos
Esplá, 1985: 169)6. Esto resultaba espe-cialmente
evidente en este caso pues la isla
en el momento de la declaración como re-serva
marina recibía en verano un turismo
de visita diaria que llegaba a alcanzar unas
2000 personas, con una infraestructura de
chiringuitos, restaurantes y transportes
vinculada a esta actividad (Ramos Esplá,
1985: 170), y entre los usos compatibles con
la ordenación del espacio protegido se plan-tea
el turístico-recreativo, centrado en el
buceo, el baño o la pesca deportiva desde la
costa con aparejo y anzuelo (Ramos Esplá,
1985: 176).
Desde una perspectiva biológica, con su
creación se aspira a permitir que las pobla-ciones
de interés pesquero alcancen la ple-na
edad reproductiva en tales zonas, con lo
que se incrementarían sus efectivos y ello
conduciría a su expansión fuera de la zona
protegida, haciendo las funciones de criade-ro
para los pesqueros circundantes. El dise-ño
de estas reservas en Canarias define
una zona de protección integral, en la que
no es posible prácticamente ninguna activi-dad
humana y la pesca profesional está
totalmente prohibida. En sus márgenes en
algunos casos se plantea una zona de amor-tiguamiento
con muchas restricciones, y
finalmente el área de reserva restante don-de
la pesca profesional puede realizarse
bajo ciertas condiciones, al igual que otras
actividades recreativas (buceo o pesca de-portiva
en algunos casos).
Actualmente en Canarias hay tres reservas
en funcionamiento, una alrededor de la Isla
de La Graciosa, otra en el Suroeste de El
Hierro y la última de reciente creación en el
Sur de La Palma7. La implantación de estas
reservas ha sido realizada con un cierto
acuerdo por parte de las cofradías implica-das.
Además, en varios de los decretos que
marcan su creación se hace referencia ex-plícita
al deseo de los pescadores de esta-blecer
la reserva (62/1995, BOC) o a que se
ha dado audiencia al sector pesquero afec-tado
(Orden de 18 de julio de 2001, BOE 3
de Agosto). Sin embargo, su creación parece
obedecer más a la necesidad de regenerar
los recursos demersales, y a la iniciativa de
biólogos y conservacionistas que a las de-mandas
del sector, que también se expresa-ron,
por ejemplo en La Restinga cuando el
30 de Marzo de 1995 se aprobó la creación
72 Del “mar es de todos” al mar reservado
de la reserva con el pronunciamiento favo-rable
de 40 de los 49 cofrades con derecho a
voto (Pascual Fernández; Santana Talavera
et al., 2001: 84). Algunos de los clubes de
buceo protestaron por no poder hacer in-mersiones
en la zona de máxima protección
(op. cit), pero en general parece que se han
visto bastante beneficiados con de la reser-va,
que ha asegurado la presencia de unos
fondos especialmente ricos en la zona y un
marchamo de calidad que ofrece atractivos
indudables.
Una consecuencia de la creación de re-servas
marinas es el incremento del flujo de
turistas atraídos por unos atractivos natu-rales
incuestionables. Las actividades que
estos turistas desarrollan pueden generar
impactos sensibles en la propia reserva,
pero pueden constituir una alternativa
económica para aquellas unidades domésti-cas
que pueden ver restringida su actividad
pesquera. Sin embargo, en las reservas
marinas de Canarias parece que las opor-tunidades
económicas que se derivan de la
presencia de turistas en la zona no son
aprovechadas por los locales sino por per-sonas
foráneas, que tienen una participa-ción
importante en los clubes de buceo,
restaurantes, barcos de transporte o excur-siones,
etc. Tales usos turísticos han recibi-do
hasta ahora menor atención de parte de
los científicos que han colaborado en su
diseño, pero con frecuencia los políticos que
han demandado su implantación han teni-do
muy en cuenta su efecto para incremen-tar
un turismo ecológico de calidad. Espe-cialmente
en el caso de la última reserva
implantada en Canarias, en La Palma,
políticos de municipios aledaños al de la
Reserva como Tazacorte demandaban otra
adicional con tal fin, entre otros8. Las re-servas
marinas tienen el mismo atractivo
para los turistas que los parques nacionales
tierra adentro (Roberts y Hawkins, 2000:
69), ya que la gente supone que la vida
marina será más fascinante o inusual y
estará bien protegida, y de facto cuando
este es el caso se pueden encontrar en ellas
ejemplares de peces inusuales, de mayor
tamaño o más abundantes de lo habitual.
Las reservas marinas podrían ofrecer a los
pescadores oportunidades importantes de
mejorar su nivel de vida, pero de hecho se
ven limitados por algunos aspectos de nues-tra
legislación. Una de las actividades más
interesantes que podrían desarrollar son
los paseos en barco y las excursiones de
pesca, pero con la legislación actual no
pueden utilizar sus barcos para tales fines,
a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en
otros países europeos. Esto limita enorme-mente
las posibilidades de mejorar su nivel
de vida y de reducir su esfuerzo pesquero al
implicarse a tiempo parcial en actividades
alternativas que valorizan sus conocimien-tos
del medio reduciendo al mismo tiempo
su necesidad de extraer recursos marinos
para ganarse la vida (Pascual Fernández;
Santana Talavera et al., 2001; Roberts y
Hawkins, 2000: 70).
Las ventajas percibidas por los pescado-res
de las zonas implicadas son diversas.
Por una parte, pretendían incrementar las
capturas y obtener un uso más restringido
del territorio. Otra ventaja sería el hacer
más difícil para pescadores profesionales de
otras comunidades o incluso peninsulares
el acceso a la reserva, al hallarse el acceso
vinculado a aquellas embarcaciones que
hubieran venido utilizándola previamente.
El uso restringido para los extraños hace
posible que se acepte, en general, por los
pescadores la restricción de las técnicas de
pesca en las zonas de reserva no integral,
aunque la polémica respecto a este punto
en el caso de La Graciosa ha sido importan-te.
Además, el establecimiento de las reser-vas
se halla aparejado con un incremento
sustancial de la vigilancia, con inspectores
dedicados exclusivamente a la zona, ha-ciendo
más difíciles las prácticas ilegales
que en otras zonas.
Los primeros proyectos de reservas ma-rinas
fueron recibidos con mucha precau-ción
por los pescadores, pero más tarde
algunas de las poblaciones implicadas han
asumido las reservas con mayor esperanza.
Sin embargo, la percepción de buena parte
de las poblaciones afectadas es que las con-sultas
para su creación fueron muy limita-das,
y sobre todo de que su participación en
la gestión de la reserva es mínima. Con el
fin de gestionar estas reservas se han crea-do
Comisiones Conjuntas entre el Ministe-rio
y el Gobierno de Canarias, dado que
tanto en el caso de La Graciosa como en el
de La Restinga se comparten aguas interio-res
y exteriores. En ellas se encuentran
representados cargos políticos y técnicos de
ambas administraciones y de alguna otra
José J. Pascual 73
como cabildos o incluso del Parlamento de
Canarias (habitualmente más de una doce-na),
así como el patrón mayor de la cofradía
y en ocasiones algún representante de los
clubes de buceo9. “Pero la falta de un ver-dadero
órgano gestor local, integrado por
científicos y asociaciones locales, capaz de
evaluar de forma continua los recursos y
hacer efectivo un control real de los mis-mos,
difumina las medidas reguladoras
aprobadas por la Comisión Conjunta y re-fuerza
la idea de que la reserva marina es
una idea impuesta por las administraciones
públicas” (Pascual Fernández; Santana
Talavera et al., 2001: 83). De esta forma, la
población local está representada de mane-ra
casi anecdótica en los órganos de gestión
de las reservas, que se reúnen además de
una forma muy ocasional, habitualmente
una vez al año. Esta es la queja fundamen-tal:
la ausencia de participación en la ges-tión
de estas instituciones. Esto conduce a
contemplarlas como algo ajeno y que en
cierta forma les impone desde fuera restric-ciones
que pueden resultar incluso capri-chosas
desde su perspectiva. Como dice un
pescador de La Graciosa: “Pero me parece
que lo que tienen que hacer es poner una
directiva de La Graciosa, porque, al fin y al
cabo, los afectados somos nosotros” (Lance-lot
971, 1-3-2002, p. 32)
En el caso de La Graciosa, un colectivo
de pescadores ha realizado multitud de
alegaciones a las restricciones impuestas
por la reglamentación de la reserva marina,
que limita muchas de las prácticas tradi-cionales
de pesca y marisqueo en la zona,
alegaciones que hasta ahora no han sido
tenidas en cuenta. Además, la vigilancia de
la zona protegida es otro de los puntos can-dentes,
especialmente de nuevo en el caso
de La Graciosa que posee la zona protegida
más amplia y rica, y donde la presencia de
embarcaciones foráneas que no respetan las
limitaciones impuestas por la legislación
parece que resulta frecuente (La Voz, Lan-zarote,
16 de Mayo de 2002, p. 12). La vigi-lancia
sobre los barcos que tienen su base
en esta isla es potencialmente más sencilla
de la que debe realizarse en el mar, y por
ello con frecuencia estas unidades producti-vas
se sienten más vigiladas que las forá-neas
con diferente puerto base.
Uno de los problemas esenciales radica
en el modelo de gestión de las reservas ca-narias.
Siguiendo a Roberts y Hawkins
(2000: 89-90), los patrones de gestión de las
reservas marinas oscilan entre el vertical
(top-down), que vincula la gestión a institu-ciones
y organismos gubernamentales que
deben realizar una vigilancia y seguimiento
constante del territorio protegido, y el mo-delo
basado en la comunidad, que coloca el
control de los recursos en la población local,
con muchas ventajas y también algunos
posibles inconvenientes. La efectividad de
estas figuras de protección se incrementa
directamente con el apoyo de los propios
usuarios, y con su colaboración en la ges-tión
y vigilancia. Por ello el implicarlos en
las responsabilidades de gestión suele ser
una buena opción. No siempre este esque-ma
funciona, como Robert Wade (1992
[1987]) planteó hace ya algunos años hay
precondiciones de la acción colectiva que
pueden facilitar enormemente esta gestión
comunitaria. Entre ellas, el contar con una
población circunscrita y no demasiado am-plia,
con un fuerte sentido de comunidad y
con instituciones que estuvieran ya gestio-nando
los recursos o pudieran hacerse car-go
de la gestión, constituyen elementos que
pueden facilitar muchísimo la gestión (o
cogestión) local. Si los organismos guber-namentales
asumen esta tarea ello no ga-rantiza
el uso sostenible de los recursos, ya
que su falta de medios o interés puede con-ducir
a la sobreutilización de ciertos recur-sos,
su perspectiva temporal de gestión
puede diferir de la necesaria para el uso
sostenible planteando objetivos a corto pla-zo,
sus posibilidades de obtener informa-ción
sobre los recursos pueden ser limita-das,
o que simplemente la normativa pro-mulgada
se entienda como caprichosa y
fomente en cierta forma el incumplimiento
de los usuarios (Pascual Fernández, 1993:
37), procesos todos ellos de los que hay mu-chos
ejemplos en diversos ámbitos. La ges-tión
gubernamental por tanto no garantiza
la utilización sostenible de los recursos
naturales, ni que las reservas marinas sean
gestionadas de forma sostenible utilizando
los recursos públicos de forma óptima.
Las cofradías de pescadores actúan for-malmente
como organismos consultivos de
la administración a muchos efectos. Pese a
que en las islas son instituciones con menos
poder de lo habitual en otras zonas del Es-tado,
ya que apenas controlan la primera
74 Del “mar es de todos” al mar reservado
venta del producto y abundan las cofradías
con muy pocos miembros, muchas de las
regulaciones que sobre artes de pesca se
han realizado en Canarias tienen mucho
que ver con iniciativas de estas institucio-nes
(Macías González; Pascual Fernández
et al., 2000; Macías González; Pascual Fer-nández
et al., 1999; Pascual Fernández,
1999). En algunos momentos parece que las
cofradías han tomado un papel significativo
en el origen de las reservas, pero esto no ha
tenido continuidad. En el diseño institucio-nal
de sus órganos rectores la representa-ción
de las cofradías es mínima, frente a la
administración central, autonómica u otras
instancias. El tema de la gobernanza10 de
las pesquerías es en estos momentos un
elemento recurrente en los análisis que
desde las ciencias sociales se hacen del sec-tor
(Alegret, 2000; Kooiman; Vliet et al.,
1999), y el problema de la participación de
los usuarios en la gestión de los recursos
pesqueros resulta especialmente relevante
en la literatura de ciencias sociales sobre la
actividad pesquera desde hace algunos
años (Jentoft y McCay, 1995). Desde mu-chas
perspectivas se ha planteado que la
participación de los usuarios en los procesos
de gestión de recursos naturales, y específi-camente
de la pesca, resulta una necesidad
para optimizar la gestión.
En este sentido, con el diseño actual de
gestión de las reservas se está minimizando
la participación de las poblaciones locales
en la gestión, desaprovechando la presencia
de instituciones como las Cofradías que
podrían asumir muchas de las tareas de
gestión cotidiana y limitando el sentido que
las poblaciones locales pueden tener de
estas instituciones como algo propio.
Conclusiones
El desarrollo turístico de las Islas ha
cambiado progresivamente la forma de vida
y las estrategias económicas de las pobla-ciones
litorales, modificando especialmente
las actividades que las familias de pescado-res
habitualmente combinaban en sus es-trategias
económicas. Las poblaciones anfi-trionas
no son siempre espectadoras pasi-vas
de las fuerzas globalizadoras del turis-mo
y los mercados (Boissevain, 1996: 21),
sino que pueden adaptarse de manera crea-tiva
a las nuevas circunstancias en función
de cómo los locales desarrollan estrategias
exitosas para aprovechar las oportunidades
que se abren, combinando diferentes activi-dades
para mejorar sus condiciones de vida
o de trabajo. Los cambios no sólo acaecen a
partir de los impactos del turismo, sino
también a través de otras fuerzas que mo-difican
a la sociedad y especialmente a la
cultura (Santana, 1997: 92). Especialmente
en aquellas áreas donde el ritmo del desa-rrollo
turístico ha sido pausado y su impac-to
no ha desplazado a las poblaciones de
pescadores lejos de la costa, ni ha conducido
a un monopolio de la propiedad de la tierra,
las oportunidades para invertir en aparta-mentos
o en restaurantes han quedado
abiertas para los locales y con cierta fre-cuencia
son aprovechadas. Una ventaja
importante de las estrategias que conducen
los excedentes de la pesca hacia estos usos
alternativos es la seguridad de la inversión
y la diversificación de los riesgos en dife-rentes
sectores. La gente adopta habitual-mente
tecnologías que reducen los riesgos
(Bailey; Jentoft et al., 1996: 11), y frecuen-temente
selecciona inversiones con el fin de
minimizarlos y diversificarlos, tomando en
consideración el conocimiento disponible.
Dada la expansión turística casi continua
en Canarias en las últimas décadas la in-versión
en actividades o en bienes inmue-bles
relacionados con los servicios de hecho
aparece como una opción segura. A ello se
suman las dificultades para intensificar la
actividad pesquera por las limitaciones de
los recursos o de la fuerza de trabajo dispo-nible,
y las posibilidades de utilizar la fuer-za
de trabajo femenina en estas nuevas
opciones.
La acuicultura no resulta una opción tan
atractiva a los pescadores de muchas po-blaciones
litorales (Pascual Fernández,
2001). El conocimiento empresarial de la
actividad o de la biología y fisiología de
estos peces queda lejos de su formación
(Bailey; Jentoft et al., 1996: 6), y el volu-men
de la inversión necesaria se aleja de
sus posibilidades. El riesgo también resulta
más elevado y concentrado, ya que una
tormenta severa puede afectar tanto a las
actividades acuícolas como pesqueras.
Además, en algunas zonas de las islas las
explotaciones de cultivos marinos, contro-ladas
por empresarios de tierra, han des-pertado
muchos conflictos y el rechazo al
José J. Pascual 75
establecimiento de concesiones en zonas
tradicionalmente utilizadas por los pesca-dores
ha sido generalizado entre estos.
Las restricciones de uso de ciertos espa-cios
marinos a través del establecimiento
de reservas ha sido desde 1995 una de las
medidas de gestión más interesantes y a la
vez polémicas en Canarias. En su concep-ción
promueven restricciones importantes o
totales en la utilización de ciertos espacios
marinos delimitados para usos como la
pesca, la navegación o incluso el buceo. En
la práctica, el establecimiento de las reser-vas
conlleva limitaciones más o menos im-portantes
en las prácticas pesqueras profe-sionales
o deportivas, un incremento sus-tancial
de la vigilancia sobre tales espacios,
y un aumento de las actividades relaciona-das
con el buceo deportivo en torno a clubes
instalados en las cercanías de la reserva,
que atraen a un cierto número de turistas y
que sin control pueden generar efectos ne-gativos
significativos (Davis y Tisdell,
1995).
El apoyo de las poblaciones de pescado-res
a estas instituciones ha sido en algunos
momentos importante, en otros marginal,
pero siempre han constituido elementos de
debate. Uno de sus problemas esenciales es
la gestión desde arriba (“top-down”) instau-rada
por Ministerio y Consejería, que da
muy pocas posibilidades a la población local
de participar en la gestión. Este modelo va
directamente en contra de la evidencia que
muchos estudios aportan sobre las vías
ideales de gestión de estas figuras (Roberts
y Hawkins, 2000: 89-90): son las goberna-das
por las poblaciones locales las que fun-cionan
mejor, entre otras cosas por contar
con mayor apoyo social y por hallarse sus
gestores monitorizando continuamente la
situación de los recursos y de las medidas
de gestión. La dependencia de un modelo
operativo muy complejo vinculado a comi-siones
de seguimiento que se reúnen con
poca frecuencia y en el que apenas hay re-presentación
de la población local conduce
con gran probabilidad a la ineficiencia y la
confrontación. La existencia de cofradías
que podrían asumir algunas de las labores
de gestión constituye un hecho que apenas
ha sido aprovechado en el diseño institu-cional
de estas figuras, y que probablemen-te
habría de ser reconsiderado. Quizás de
esta forma los usos y beneficios de las re-servas,
especialmente los relacionados con
el turismo, redundarán algo más a favor de
las poblaciones de pescadores, disminuyen-do
los conflictos en torno a su gestión.
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NOTAS
1 Este trabajo fue presentado al IX Congreso de Antro-pología,
celebrado en Barcelona (España) entre el 4 y el
7 de septiembre de 2002.
2 Este trabajo refleja el trabajo del proyecto de
investigación “Reservas marinas y poblaciones de
pescadores litorales: impactos y estrategias para un
desarrollo sostenible”, dirigido por el Dr. José
Pascual y financiado por el Ministerio de Ciencia y
Tecnología y el FEDER dentro del Plan Nacional
de Investigación Científica, Desarrollo e Innova-ción
Tecnológica (I+D+I), con referencia REN
2001/3350 MAR. El equipo de investigación esta
compuesto por: Dr. Agustín Santana Talavera, Dr.
José Antonio Batista Medina, D. Álvaro Díaz de la
Paz, D. Carmelo Dorta Morales, Dª. Beatriz Martín
de la Rosa, D. Javier Macías y Dr. Juan Lluis Ale-gret
(U. Girona).
3 Institución de derecho público que puede hacer las
funciones en ciertos aspectos de una cooperativa de
pesca pero con muchas otras atribuciones a la hora
de regular el sector y con una historia muy prolon-gada
y diversa en España (Pascual Fernández,
1999).
4 Orden de 4 de abril de 1986, por la que se estable-ce
una reserva marina en la Isla de Tabarca, B.O.E.
nº 112, 10 de Mayo de 1986.
5 “El segundo proyecto que hemos llevado a cabo,
auspiciado y subvencionado por la Consejería de
Agricultura y Pesca del Gobierno Autónomo Cana-rio,
tuvo como finalidad el estudio de zonas coste-ras
con vistas a la creación de RESERVAS MARI-NAS,
cuyo informe final aparece reflejado en las
páginas de este libro.
Queda aún mucho camino por recorrer; en base a
nuestros informes y a los que paralelamente han
presentado los investigadores del Departamento de
78 Del “mar es de todos” al mar reservado
Botánica, deben tomarse –URGENTEMENTE- las
medidas y resoluciones administrativas necesarias
tendentes a la salvaguarda de aquellos enclaves
marinos seleccionados susceptibles de recupera-ción.
Con ello estaremos abriendo de nuevo las
purtas a un futuro prometedor para la PESCA EN
CANARIAS” (Bacallado; Cruz et al., 1989: 16)
Mayúsculas en el original.
6 “Además de las premisas anteriores, se ha intentado
armonizar dos de los potenciales más importantes del
área mediterránea (Murdoch y Onuf, 1974) compati-bles
en un mismo lugar, la pesca y el turismo, que a
primera vista parecen contrarios a la protección me-dioambiental.
Ambos, organizados de forma controlada
y racional pueden llegar a ser compatibles con la con-servación
del medio ambiente” (Ramos Esplá, 1985:
170).
7 Decreto 30/1996, de 16 de febrero, por el que se
establece una reserva marina de interés pesquero
en la isla de El Hierro, en el entorno de la Punta
de La Restinga, Mar de las Calmas, BOC 11 de Marzo
de 1996. Orden de 24 de enero de 1996 por la que se
establece una reserva marina en el entorno de la Punta de
La Restinga-Mar de las Calmas (Isla de El Hierro); BOE
número: 30-1996, 03/02/1996.
Decreto 62/1995, de 24 de marzo, por el que se establece
una reserva marina de interés pesquero en el entorno de la
isla de La Graciosa y de los islotes del norte de Lanzarote,
BOC 26 de abril de 1995. Orden de 19 de mayo de 1995
por la que se establece una reserva marina en el entorno
de la Isla Graciosa y de los Islotes del Norte de Lanzarote;
BOE número: 131-1995, 02/06/1995.
Orden de 18 de julio de 2001 por la que se estable-ce
una reserva marina en la isla de La Palma, BOE
número: 185-2001, 03/08/2001.
8 “TAZACORTE Actualmente se tramita una en la costa
de Fuencaliente. La Corporación propone crear una
segunda reserva marina en la Isla. TAZACORTE (RE-DACCIÓN).
El Pleno del Ayuntamiento de Tazacorte
acordó en su última sesión, tras estudiar una moción
presentada por Unión Bagañeta, solicitar a la Conseje-ría
de Agricultura y Pesca del Gobierno de Canarias
que estudie y acelere la creación de una segunda reser-va
marina en la Isla, además de la que ya se tramita en
Fuencaliente.
La Corporación bagañeta pide que en un plazo de un
año, si es posible, se puedan disponer de estas dos
reservas para potenciar la variedad y cantidad de
especies, además de posibilitar un turismo ecológico de
naturaleza subacuática.
En esta solicitud se advierte de que la situación de los
caladeros tradicionales en lo referente a pesca artesa-nal
es preocupante debido a que la sobreexplotación
pesquera «está agotando las pocas especies de nuestras
aguas, y todos conocemos la precariedad de nuestra
plataforma, que se puede considerar inexistente».
El Ayuntamiento cree necesario que se estudie la posi-bilidad
de crear dos reservas marinas en la Isla al
entender que en pocos años se podría aumentar consi-derablemente
la actividad pesquera al subir el número
de especies.
Además, los concejales aseguran que de salir adelante
su petición se desarrollará una actividad subacuática
de cara a un turismo ecológico, de calidad, «que en
todas las reservas existentes es una alternativa bastante
aceptable», citando como ejemplos los casos de La
Restinga, en El Hierro, y Cabrón, en Gran Canaria”.
El Día (Santa Cruz de Tenerife) 17-5-2000.
9 Tomando como ejemplo una reunión de la comi-sión
conjunta de gestión y seguimiento de la reser-va
marina de La Restinga, Mar de Las Calmas de 8
de Junio de 1999, encontramos con que participan
en ella cinco cargos políticos (Ministerio, Vicecon-sejería
de Pesca, Cabildo del Hierro, Director Insu-lar
de las Administraciones del Estado Representnte
), nueve técnicos de alto nivel de diferentes admi-nistraciones
y centros de investigación, y sólo dos
representantes locales, el Patrón Mayor de la Co-fradía
y un representante de la Asociación de Cen-tros
de Buceo Fondos de El Hierro. Evidentemente,
la implicación de la población local en la toma de
decisiones respecto a la reserva es mínima, y no
resulta extraño que se la perciba como algo ajeno.
10 En la edición de 2001 del Diccionario de la Real
Academia Española de la Lengua se encuentra
finalmente una definición de este término que en el
inglés governance constituía desde tiempo atrás un
concepto clave para el análisis de la gestión de los
asuntos públicos. En la definición de la DRAE este
término haría referencia al Arte o manera de go-bernar
que se propone como objetivo el logro de un
desarrollo económico, social e institucional dura-dero,
promoviendo un sano equilibrio entre el
Estado, la sociedad civil y el mercado de la econo-mía.