Tierra de propiedad social, turismo y expansión urbana en San José del Cabo, Baja California Sur (México)

              © PASOS. Revista de Turismo y Patrimonio Cultural. ISSN 1695-7121
Vol. 19 N.o 1. Págs. 85-99. enero-marzo 2021
https://doi.org/10.25145/j.pasos.2021.19.006
www .pasosonline.org
Resumen: Los destinos turísticos de Sol y Playa de nueva creación en México, llamados Centros Integralmente
Planeados (CIPs) por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR), fueron creados en zonas poco
desarrollas con excepcionales características paisajísticas, con presencia de núcleos ejidales a los cuales se
les expropió una gran cantidad de superficie para materializar dichos polos de desarrollo turístico. Dicha
actividad provocó fenómenos de inmigración que derivó en una presión sobre el suelo urbanizable por la
población trabajadora recién aposentada. El objetivo del presente trabajo es analizar la aportación del ejido
San Jose del Cabo en la creación del CIP Los Cabos, así mismo, a la expansión de la ciudad del mismo
nombre. La metodología utilizada fue de carácter cualitativa, basándose en investigación documental a
través de consultas al Diario Oficial de la Federación, archivos del Registro Agrario Nacional y reportes de
la prensa local.
Palabras Clave: Ejido; Turismo; Ciudad; inmigración; Expansión urbana; San José del Cabo
Land of social property, tourism and urban expansion in San Jose del Cabo, Baja California Sur
(Mexico).
Abstract: The newly created sun and sand tourist resorts in Mexico, called Integrally Planned Centers
(CIP) by the National Tourism Promotion Fund (FONATUR), were created in underdeveloped areas with
exceptional landscape features, and with the presence of large estates (ejidos) that had parts expropriated
to devote to the new developments. This activity attracted an influx of immigrant workers that produced
enormous pressure on the land available for development. The aim of this piece of research is to analyse the
contribution made by the San José estate toward the creation of the Los Cabos CIP, as well as to the expan‑sion
of the city of the same name. The methodology used was of a qualitative nature, based on the evaluation
of documentary research through consultations to the Diario Oficial de la Federación, the archives of the
Registro Nacional Agrario and local press.
Keywords: Ejido (Estate); Tourism; City; immigration; Urban expansion; San José del Cabo.
Tierra de propiedad social, turismo y expansión urbana
en San José del Cabo, Baja California Sur (México)
Jesús Bojorquez Luque*
Universidad Autónoma de Baja California Sur (Mexico)
Jesús Bojorquez Luque
* Universidad Autónoma de Baja California Sur (Mexico); E­‑mail:
jesbojorquez70@hotmail.com; https://orcid.org/0000­‑0002­‑1745­‑4979
1. Introducción
El desarrollo turístico en México se institucionalizó a partir del gobierno de Miguel Alemán Valdés
(1946­‑1952)
apuntalando a Acapulco como el destino emblemático de México. Después de Acapulco otros
puertos mexicanos, aparte de la actividad portuaria comercial, orientaron esfuerzos en materia turística
como Mazatlán, Puerto Vallarta, Veracruz, entre otros, los cuales en la actualidad son considerados
destinos tradicionales de playa. En la década de los años setenta la política de Estado en materia
turística da un giro y pone a la actividad del ocio en las estrategias de desarrollo prioritarias, para ello
se crea en 1974 el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) a partir de la Ley de Fomento
al Turismo (DOF, 1974) como un fideicomiso (que se encargó de edificar proyectos turísticos como los
llamados Centros Integralmente Planeados (CIP) como Cancún, Ixtapa, Loreto, Los Cabos, Nayarit y
Playa Espíritu en Sinaloa.
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Las ciudades en México tuvieron un obstáculo legal en su crecimiento físico, pues estaban cercanas
a núcleos ejidales y la Ley de la Reforma Agraria previa a 1992 estipulaba que las tierras ejidales eran
inalienables e inembargables, por lo que no se podían enajenar y destinarlas para usos distintos que no
sean los agropecuarios. Así, las tierras de origen social eran incompatibles para el desarrollo urbano, de
ahí que muchos asentamientos de las ciudades surgieron en la ilegalidad (Bojórquez Luque, 2013), por lo
que el Estado mexicano creó mecanismos para su legalización a partir de expropiar las zonas invadidas
por fines de utilidad pública y edificó organismos como la Comisión Reguladora de la Tenencia de la
Tierra (CORETT)1 para la regularización y posterior titulación de los lotes ocupados por la población. De
la misma manera, el gobierno federal legalizó superficies para la creación de infraestructura carretera,
eléctrica, presas y proyectos turísticos como el que se expone en este trabajo.
En el tenor del impulso de nuevos centros turísticos como los CIP, su materialización se dio en zonas
de prístina belleza donde estaba presente la propiedad ejidal, por lo que la federación expropió superficies
considerables a los ejidos para la obtención los polígonos donde se desarrollaron los polos turísticos,
pero además, en los años posteriores los núcleos agrarios sirvieron como una válvula de escape ante
la llegada de inmigrantes que llegaron a dichos destinos atraídos por los empleos ofertados por esa
actividad dinamizadora. Con ello, el ejido funcionó como agente que subsidió el desarrollo turístico ante
los salarios insuficientes que pagaban las cadenas hoteleras y empresas ligadas al sector turístico para
que los trabajadores accedieran al mercado formal de vivienda, por lo que la tierra de propiedad social
ayudó a evitar la explosividad social originada por la falta de suelo urbanizable.
En el presente trabajo se analiza el caso de la ciudad de San José del Cabo, Baja California Sur que
fue destinatario de las políticas públicas del Estado mexicano con la creación del CIP­‑Los
Cabos, el
cual en sus inicios contaba con un pueblo aledaño que se había fundado desde la época colonial, pero
que estaba rodeado del ejido del mismo nombre y que fue impactado para la materialización del CIP
y como proveedor hasta la actualidad de suelo para una población que creció a altas tasas desde los
años ochenta.
El trabajo inicia con un análisis de como el turismo como actividad económica de gran dinamismo,
genera inmigración y que al momento de instalarse en las localidades receptoras es partícipe del
crecimiento físico de las ciudades. Después se aborda la relación ciudad y ejido a partir de la expansión
urbana de las ciudades y la invasión de esta en zonas de núcleos agrarios, surgiendo asentamientos
ilegales cuyo rasgo característico es la precarización por falta de servicios públicos. Posteriormente se
analiza el surgimiento de los CIPs y como participaron los ejidos en la configuración territorial en los
polígonos fundacionales. Utilizando metodología cualitativa en base a investigación documental, por
último, se hace una caracterización de la localidad de San José del Cabo y la aportación del ejido en la
expansión de la ciudad a partir de los datos del Registro Agrario Nacional (RAN)2, del Diario Oficial de
la Federación (DOF) y por último de reportes de la prensa para los actuales asentamientos irregulares
existentes.
2. Marco teórico
2.1. Turismo y expansión urbana
Cuando se presenta en cierta región o en alguna localidad una actividad dinamizadora, no sólo
hay una generación de riqueza y por consiguiente empleo, sino que hay una fuerza gravitacional para
población de otras latitudes que llegan con el objetivo de emplearse y mejorar sus condiciones de vida,
convirtiéndose dichos núcleos poblacionales atractivos para la inmigración (Romero, Caballero y Pérez,
2017: 552), resultando no sólo la demanda de vivienda de alquiler, sino suelo urbanizable para instalarse
de manera definitiva. El crecimiento acelerado que provocan los polos de desarrollo turístico, genera una
serie de externalidades negativas como problemas ambientales al rebasarse los límites de tolerancia
en la capacidad de carga de las localidades (Picornell, 1993); elevación en los índices de inseguridad a
partir de la drogadicción, alcoholismo, turismo sexual, etc. (Hernández, 2018), entre otros, provocado
por la falta de planeación o porque los intentos de planeación son rebasados por los recursos limitados
por las autoridades locales para atender las zonas donde se establecen los trabajadores de los complejos
hoteleros, las consideradas partes traseras (González, 2013) donde hacen falta la implementación de
políticas públicas que atemperen o reduzcan estas problemáticas.
La actividad del ocio centrado en las zonas litorales ha tenido un gran crecimiento en las últimas
décadas, donde el capital financiero ha entrado en escena para financiar proyectos de especulación
inmobiliaria y edificación de grandes resorts en los llamados destinos de Sol y Playa propiciando una
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tendencia territorial de segregación espacial, donde se separan a los residentes de altos ingresos y turistas
(Romero, Del Caño y Romero, 2014: 67), con los asentamientos dormitorios de la clase trabajadora que
llega masivamente atraídos por los empleos, que viven en condiciones de déficit de infraestructura
urbana y de servicios en salud, educativos y recreativos.
Por lo tanto, el turismo como actividad económica impuesta desde el Estado como forma de dinamizar
regiones o localidades en países en subdesarrollo conlleva un gran costo social, que se traduce en efectos
urbanos perniciosos a partir de su crecimiento acelerado, manifestando la precarización de la mayoría
de los nuevos residentes, asentamientos informales derivado del aumento constante en los precios del
suelo, incapacidad de los órdenes de gobierno para proporcionar mínimos de bienestar a la creciente
población (Bojórquez Luque, 2014: 346), por lo que el tejido social tiende a dañarse de manera paulatina.
Ejemplos de la problemática urbana en los destinos turísticos originada por su acelerada expansión
han sido documentados en la producción académica. Como el caso de Cabo San Lucas, México, donde
la actividad turística ha provocado un crecimiento acelerado de la población, llevándose a cabo un
despojo paulatino de la propiedad ejidal (Bojórquez y Ángeles, 2014); o como en el destino maduro de
Platja de Palma se presentan síntomas de vulnerabilidad y exclusión social (Amer, 2011); la precariedad
urbana que genera el turismo en las Islas Baleares (González, 2015); el caso de San Carlos Bariloche
en Argentina, están recibiendo mayor cantidad de población inmigrante que otras de similar tamaño,
pero con otro tipo de actividades económicas, esto derivado de sus atractivos naturales, además de los
empleos asociados a la actividad, dándose una presión sobre el suelo, con su consecuente especulación
y encarecimiento (Rodríguez, 2015); los problemas originados por la falta de espacios públicos en la
perla del turismo litoral mexicano de Cancún (Sosa y Cazal, 2015); el proceso de gentrificación en
Purmamarca, Jujuy, Argentina que ha generado expulsión de población y conflictividad social (Ávalos,
2017). En fin, los ejemplos son extensos, y en el caso de San José del Cabo, nuestra localidad de estudio,
el crecimiento de la población ha sido muy elevada, con altas tasas, que trajo como consecuencia el
surgimiento de asentamientos irregulares que entraron a un proceso de legalización por parte del Estado
mexicano, mayores índices de inseguridad, marginación y precarización debido a grandes rezagos en
infraestructura urbana.
2.2. Ciudad y ejido en México
La Ley de la Reforma Agraria, producto de la Revolución Mexicana y derivada del artículo 27 consti‑tucional,
tenía candados en términos de su uso y destino, los sujetos agrarios no eran dueños de la tierra,
sólo tenían los derechos agrarios para explotar las tierras en términos de su vocación agropecuaria, por
lo que el Estado era el dueño soberano de las tierras ejidales y comunales. Las tierras de propiedad social
eran por tanto inalienables, inembargables e imprescriptibles, por lo cual no podían entrar a la lógica
del mercado, entre ello, a destinarla para fines urbanos. Las distintas formas de propiedad de la tierra
en nuestro país generaron tensión con la realidad de una urbanización acelerada donde las ciudades
tendían a devorar núcleos agrarios a partir de su lógica expansiva y ponían en riesgo el continuo urbano
abonando a la falta de planificación. Al margen de los procesos de despojo en los ejidos ante la presión
de población demandante de suelo urbanizable, el crecimiento de las ciudades se dio en la mayoría de
los casos por invasiones, creándose asentamientos irregulares debido a su condición ejidal, que dificultó
la introducción de servicios básicos e infraestructura urbana (Bojórquez Luque, 2011: 297).
Previo a las reformas al 27 constitucional de 1992, la propiedad social de la tierra en el país representó
alrededor del 52% de la nación, con aproximadamente 31 mil núcleos agrarios (Rivera, 2011: 103), por
lo tanto, las ciudades estaban copadas por comunidades agrarias. El gobierno del presidente Carlos
Salinas de Gortari (1988­‑2014)
impulsó una serie de reformas tendientes a fortalecer el modelo económico
neoliberal, entre ellas una reforma al 27 constitucional en 1992 con el argumento de que ya no había
más tierra a repartir a comunidades y campesinos, por lo que se anunciaba el fin del reparto agrario y
se daba certidumbre jurídica a los sujetos agrarios dándoles títulos de propiedad, iniciando un proceso
de privatización de los ejidos y la propiedad comunal. Dichas reformas favorecieron la incorporación
de la tierra al mercado formal de tierras, donde constructores e inmobiliarias entraron de lleno a la
especulación del suelo ejidal para fines urbanos, sin embargo, dichos cambios no solucionaron del todo
las invasiones de colonos a tierras ejidales derivado del encarecimiento de estas en muchas ciudades
mexicanas, sobre todo en destinos turísticos de gran crecimiento como lo es San José del Cabo.
En ese tenor de la apropiación ilegal de tierras de los núcleos agrarios, las autoridades crearon
mecanismos de regularización a través de expropiaciones con fines de utilidad pública tanto para legalizar
asentamientos como para la edificación de infraestructura, equipamiento y vivienda interviniendo
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instituciones creadas para tales fines como la CORETT y del RAN que implementó el Programa de
Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares (PROCEDE) para la obtención del dominio
pleno de los ejidatarios de sus parcelas para que puedan comercializarlas en el mercado formal de suelo
(Jiménez y Ayala: 2015: 103).
Las reformas al 27 tuvieron una gran importancia para el presente y futuro de las ciudades mexicanas
desde hace 26 años, pues propició condiciones para que el suelo de origen social pudiera incorporarse
a usos urbanos, con lo que los gobiernos se les facilitó adquirir reservas territoriales para sectores
vulnerables de la población que no estuvieran con la capacidad económica para adquirirla a través de
inmobiliarias o fraccionadores privados y ello contribuyera a una mejor planeación en el crecimiento
de las ciudades (Olivera, 2015: 161), con este cambio al andamiaje constitucional se hizo normal el
acceso a suelo urbano a través de transacciones de compra venta de tierras ejidales en el mercado
formal (Pola, Méndez y Vieyra, 2007: 432), aunque persisten todavía invasiones, estas han bajado de
manera significativa
2.3. Los CIP y la propiedad ejidal
Los destinos turísticos de nuevo cuño impulsados por FONATUR se edificaron en su mayoría en
zonas con núcleos ejidales por lo que el gobierno federal impulsó expropiaciones con fines de utilidad
pública para obtener los polígonos con superficie suficiente para planificar los polos de desarrollo turístico
(Castro, 2007), después de eso se expropiaron superficies a los ejidos para regularizar asentamientos
de trabajadores que laboran en los complejos turísticos. En cuanto a la obtención de superficies ejidales
para la materialización de los CIP, dichos casos se presentaron en Cancún, Ixtapa, Loreto, Los Cabos,
Nayarit, excepto Playa Espíritu, CIP ubicado en Sinaloa, cuyas tierras FONATUR las compró al ex
gobernador Antonio Toledo Corro (Inda y Santamaría, 2015: 43; Del Castillo, 20014).
Para la obtención del polígono del CIP de Cancún, FONATUR echó mano de 2.000 hectáreas propiedad
de la nación, las cuales fueron aportadas por el gobierno federal; se expropiaron 5.000 hectáreas al
ejido Islas Mujeres y las 5.700 restantes se obtuvieron de particulares con los cuales fueron negociadas
y adquiridas por el Banco de México (Aldape, 2010: 41). En el caso del CIP de Cancún, el crecimiento
acelerado de la población demandó una gran cantidad de tierra urbanizable pues en el municipio de
Benito Juárez donde se encuentra Cancún, se establecieron en los años ochenta 13.957 habitantes al
año y en el primer lustro del siglo XXI se instalaron 30.631 habitantes por año. Mucha de esa población
se estableció al norte de la ciudad, los cuales invadieron un aproximado de 1.300 hectáreas del ejido Isla
Mujeres los cuales fueron expropiados por el gobierno para regularizarlos (Aldape, 2010: 29).
En el caso del CIP de Huatulco ubicado en el estado de Oaxaca, se afectó al ejido Santa María de
Huatulco con una superficie de 20.974 hectáreas al ejido Santa María Huatulco, de 51.511 que FONATUR
necesitó para la edificación del CIP (Talledos, 2012: 128; DOF, 1984). Por su parte en Ixtapa, la federación
expropió una serie de ejidos para obtener las tierras necesarias para el polo de desarrollo turístico.
Dichos ejidos fueron Agua de Correa, Zihuatanejo y El Rincón. Para la administración del proyecto,
en 1974 se creó el Fideicomiso de la Bahía de Zihuatanejo (FIBAZI) quien se encargó de urbanizar el
desarrollo turístico y también de indemnizar a cada uno de los ejidatarios (Gómez, 2015). Del ejido
Agua de Correa del municipio de José Azueta, se expropiaron una superficie de un poco más de 813
has (DOF, 1973a); al ejido El Rincón, municipio de José Azueta, se expropió una superficie de 206 has
(DOF, 1973b); y por último al ejido Zihuatanejo, municipio de José Azueta, una superficie expropiada
de 480 has (DOF, 1973c).
Para la obtención de las tierras del CIP Loreto, el “24% era el casco antiguo de la localidad, 34,4% de
la nueva zona urbana; las 16% áreas de conservación y el 13,9% al ejido Emiliano Zapata” (De Sicilia,
2000: 59). Para el caso del CIP Nayarit, previo a su implementación en 1989 se procedió a expropiar
una superficie de 4.136 hectáreas a 8 ejidos, las cuales fueron administradas por el llamado Fideicomiso
Bahía Banderas el cual se constituyó para desarrollar el turismo y conjuntos habitacionales en la zona
del sur de Nayarit y detonarla como polo turístico (Mendoza, Hernández y Osorio, 2018: 69).
3. San José del Cabo, Baja California Sur
La ciudad de San José del Cabo se encuentra en el extremo sur de la península de Baja California,
es la cabecera municipal de Los Cabos, en el estado de Baja California Sur (ver fig. 1). Fue fundada
como misión de San José en 1730 por los padres jesuitas José de Echeverría y Nicolás Tamaral, un poco
distante de la costa, cerca de un arroyo. La comunidad tomó un gran dinamismo a partir del reparto de
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tierras a civiles realizadas por el visitador José de Gálvez, además del reparto que se experimentó tras
la independencia del país, consolidándose los ranchos ganaderos y agrícolas como forma de propiedad de
la tierra, por lo que San José del Cabo elevó su rango a la categoría de pueblo (González, Rivas y Torres,
2013: 73). En 1857 con el reparto agrario tendiente a desarrollar los ranchos ganaderos y agrícolas,
San José cobró una gran relevancia por encima de las demás localidades del territorio (La Paz, Todos
Santos, San Antonio, Comondú, Mulegé y Santo Tomás) (González, Rivas y Torres, 2013a: 73­‑74).
Fig. 1: Ubicación de San José del Cabo, Baja California Sur
Fuente: Elaboración propia
En los años veinte del siglo pasado la agricultura cobró gran relevancia en la economía del sur del
estado, las tierras que habían aperturado los jesuitas en el lejano S. XVIII retomaron su importancia
con convenios con compañías extranjeras para la producción hortícola para su exportación a los Estados
Unidos, sobre todo tomate, aunque también se produjo arroz, frijol, caña de azúcar (para los trapiches
de la región y la generación de piloncillo) y maíz; además siguió presente la actividad ganadera para
la comercialización de ganado en pie, carne desecada, queso, mantequilla y cueros para la industria
peletera (Montoya, 2003: 21).
En los años cuarenta del S. XX hubo un declive en la actividades agrícola y comercial, dicha situación
impactó desde el punto de vista demográfico, se presentó un descenso de población que emigró en busca
de mejores perspectivas de vida y empleo, al pasar en 1940 de una población de 2.553 habitantes a 1.837
en 1950, por lo que dejó de considerarse una localidad urbana, ya que la clasificación oficial consideraba
a una ciudad con un mínimo de 2.500 pobladores. Todo lo contrario, sucedió en otras localidades del
territorio de Baja California Sur, como La Paz que creció un 28% en su población al pasar de 13.654 a
17.513 habitantes (Montoya, 2003: 149)
Si bien la primera mitad del siglo XX las actividades económicas de la zona y en concreto de San José
del Cabo eran de carácter agropecuario, para 1952 empezó a desarrollarse la actividad turística con
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la fundación del hotel O´Fisher cuya dueña era Carmen Fisher y que consistió en 10 habitaciones con
ventilador, con una pequeña cocina. Ya antes, esta pionera del turismo había orientado sus esfuerzos
en un primer negocio de comida en un pequeño restaurante que cobró relevancia entre los visitantes.
Para 1956 se apertura el hotel Palmilla el cual consistió en 45 habitaciones de lujo, el cual estaba
destinado para huéspedes estadounidenses; después del hotel Palmilla se inauguró el hotel Cabo San
Lucas en 1959 que tuvo 88 habitaciones, aeropista para la llegada de los huéspedes, restaurante, bar,
lavandería, servicio médico, además de embarcaciones para pesca deportiva (González, Rivas y Torres,
2013b: 154­‑156).
San José del Cabo en la actualidad forma parte de una región con gran actividad turística, está
conectada con la localidad de Cabo San Lucas a través de un corredor turístico de 33 kilómetros donde
están instalados hoteles de cadenas internacionales a la vera del litoral. Producto de la actividad
turística su población ha crecido de manera acelerada, observándose tasas de crecimiento de 8.3% anual
entre 1990 y 1995; 9,3% entre 1995 a 2000 y 8,1% entre 2000 a 2005 (ver tabla 1), muy por encima del
promedio nacional pues entre 1990 al 2000, nuestro país experimentó una tasa anual de 1,9%; de 2000
al 2010, de 1,4% (Statista, 2018).
Tabla 1: Ciudades del Municipio de Los Cabos
Ciudad
Población Tasa de crecimiento
1990 1995 2000 2005 1990
1995
1995
2000
2000
2005
Cabo San Lucas 16.059 31.377 48.143 87.876 12.6 10.5 11.2
San José del Cabo 16.531 26.011 38.080 59.325 8.3 9.3 8.1
Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO. Sistema Urbano Nacional: Población y tasas de crecimiento,
1990­‑2005.
3.1. El ejido de San José del Cabo
La dotación al ejido San José del Cabo se materializó la Resolución Presidencial aprobada el 4 de
enero de 1923 y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 2 de marzo de 1923 (DOF, 1923),
beneficiándose a 272 personas con la cantidad de 12 mil hectáreas, sin embargo, la ejecución de dicha
resolución presidencial no se dio sino hasta el 11 de julio de 1946. Para el 28 de marzo se presentó la
primera y única ampliación del ejido con Resolución Presidencial con fecha del 19 de febrero de 1974 y
publicado en el DOF el 28 de marzo de 1974 (DOF, 1974b) y con la ejecución de la Resolución Presidencial
el 18 de abril de 1974 (ver Tabla 2).
Tabla 2: Dotación y ampliación al ejido San José del Cabo
Acción Publicación
DOF
Resolución
Presidencial
Fecha
Ejecución
Superficie
Ejecutada
(has)
Beneficiarios
Dotación 02­‑03­‑1923
04­‑01­‑1923
11­‑07­‑1946
12.000.00 272
Ampliación 28­‑03­‑1974
19­‑02­‑1974
18­‑04­‑1974
1.431.00 ­‑­‑­‑­‑­‑
Fuente: Elaboración propia con base a daros del Registro Agrario Nacional.
3.2. Ejido San José del Cabo y su aportación al CIP­‑Los
Cabos
La década de los setenta del siglo pasado presenció el inicio de un cambio en la política del Estado
mexicano en materia turística, pues se planteó la creación e impulso de nuevos destinos turísticos de
Sol y Playa en lugares remotos y con primacía en actividades agropecuarias, con la finalidad de atraer
al turismo internacional de altos ingresos (López López, 2001; Dávila López, 2015). Estos sitios fueron
escogidos, entre otras cosas, por su gran belleza, así como por la disponibilidad de tierra barata. Este
fue el caso en San José del Cabo y Cabo San Lucas, en la península de Baja California, que más tarde
serían unidos por un corredor turístico (el CIP­‑Los
Cabos), donde se instalaron cadenas hoteleras de
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reconocida fama internacional. De acuerdo con FONATUR, en 1974 el gobierno federal, para ampliar
las posibilidades turísticas buscó nuevos espacios para desarrollar destinos de esparcimiento litoral;
para ello realizó estudios preliminares, y resultaron ganadores San José del Cabo y Loreto en el estado
de Baja California Sur, ya que contaban con pueblos aledaños que poseían cierta infraestructura y
recursos humanos, además de sus bellezas naturales y que podían impulsar centros de diversión y
esparcimiento alejados de las grandes urbes .
Fue a fines del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, que empezó a visualizarse el proyecto turístico del
gobierno federal en San José del Cabo, cuando la península de Baja California Sur fue contemplada
dentro del Plan General de Desarrollos Turísticos, el cual tenía como objetivo de ampliar los destinos
de Sol y Playa del país (Moya Palencia, 1982: 17).
En el caso concreto de Los Cabos, la inversión se destinó en la ciudad de San José del Cabo en energía
eléctrica, telecomunicaciones, carreteras, instalaciones recreativas y saneamiento ambiental; mientras
que, en la zona turística adyacente, se invirtió en la construcción de un hotel de 250 habitaciones y en
la mejora del aeropuerto local (World Bank, 1974).
Más adelante, en 1974, el gobierno federal emitió varios decretos con la finalidad de expropiar
extensiones de terrenos ejidales para impulsar el desarrollo turístico de Baja California Sur. Para
ello, el 25 de julio de 1978, se firmó un contrato en el llamado Fideicomiso San José de Cabo, donde
participaron organismos como FONATUR y la CORETT, con el objetivo de regularizar y titular los
terrenos que serían ofertados a particulares en el caso de lotes residenciales, para la edificación de
condominios y hoteles (World Bank, 1974).
Fig. 2: Plano de la ciudad previo al CIP
Fuente: Moya Palencia (1982).
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Fig. 3: Proyecto del CIP y su equipamiento
Fuente: Moya Palencia (1982).
El proyecto para San José del Cabo, Baja California Sur, contemplaba para su desarrollo 1.953
hectáreas en el municipio de La Paz, los cuales en su mayoría pertenecían al ejido San José. El Plan
Maestro para el CIP Los Cabos, incluía zonas hoteleras, condominios de lujo, lotes residenciales con
posición y vistas privilegiadas, playas recreativas de gran belleza, campo de golf, remodelación y equi‑pamiento
urbano. Dicho proyecto se dividió en dos etapas, una para terminarse en 1990 y la segunda
para concluirse diez años después.
Para el proyecto fueron asignadas 1.795 hectáreas, más una zona federal que circundaba al estero
de San José, todo ello arrojó una superficie de 1.953 hectáreas, lugar destinado para su desarrollo como
centro turístico. Dicho predio corre de manera paralela a ambos lados de la carretera transpeninsular,
con una longitud de 6.5 km. aproximadamente y con un ancho de 1.5 km. en promedio, haciéndose
más ancho hacia el sur, colindaba además con la costa de la zona federal marítimo terrestre y con una
longitud de playa de nueve kilómetros (Word Bank, 1974; FONATUR, 2006).
Algunos aspectos que consideró FONATUR para la realización del CIP Los Cabos, fueron, en primer
lugar, la existencia de una zona urbana. En este caso el poblado de San José del Cabo, siendo este el
más importante de una serie de asentamientos establecidos a lo largo de la carretera transpeninsular
en una distancia de 12 kilómetros aproximados, en segundo término, cerca del futuro centro, en el
extremo sur de la península, se perfilaba un corredor turístico entre San José del Cabo y Cabo San
Lucas pues la característica principal de la tierra existente era que podía comprarse a sus legítimos
dueños o enajenarse para bien público, hecho que posibilitaba el desarrollo futuro del turismo en la
zona como sucedió con el fundo legal josefino que poseía 12 mil hectáreas, de las cuales se expropiaron
1500 hectáreas para el nuevo CIP (Word Bank, 1974).
Sin duda, el turismo ha tenido efectos multiplicadores en la economía, con la llegada de empresas
constructoras, compañías inmobiliarias y empresas comerciales, además de una gran población inmigrante
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en busca de mejores oportunidades de trabajo, la cual se afincó de manera definitiva (Vázquez, 2012).
Por otra parte, se generó una gran presión sobre los recursos naturales, como el suelo, el agua y las
playas, que constituyen un elemento primordial del espacio turístico. La creación del CIP­‑Los
Cabos
por el FONATUR se dio a partir de la emisión de un decreto por parte de la Federación que tuvo como
objetivo la expropiación de terrenos del ejido San José para construir la infraestructura del naciente
destino turístico.
3.3. Expansión urbana de la ciudad de San José del Cabo
De un crecimiento lento que experimentó la localidad desde su fundación, San José empezó a
experimentar un crecimiento acelerado tanto de su población, como de su mancha urbana, sobre todo
de 1993 a la actualidad, por lo que los rezagos urbanos y la presión social por introducir los servicios
básicos fue la constante (ver fig. 3).
La localidad de San José del Cabo, hasta 1980 tuvo un crecimiento moderado, el cual consistía en el
viejo casco urbano, que se había constituido desde su fundación con una expansión lenta, se le suman las
colonias 5 de febrero, 8 de octubre, parte de la Primero de Mayo, y parte de Chula Vista; además de una
serie de asentamientos a lo largo de la transpeninsular que conforma lo que se le conoce como la ciudad
lineal, como una sección de Rosarito, un sector de Guaymitas, parte de Santa Rosa, la parte aledaña
a la transpeninsular de El Zacatal, las comunidades de San José Viejo, San Bernabé y las Veredas.
Es en el periodo de 1980 a 1993, cuando la ciudad empieza a experimentar un crecimiento acelerado
producto de la actividad turística que detonó la creación del CIP­‑Los
Cabos, no sólo por la expansión
del área desarrollada por el polígono del proyecto de Fonatur, sino por la cantidad de empleos producto
de la industria de la construcción y los puestos de trabajos asociados al turismo que creció de manera
importante por las políticas públicas del sector en el municipio. Se construyó y se urbanizó el polígono
del CIP y la zona turística aledaña, además crecieron los asentamientos ubicados en la llamada ciudad
lineal, dándose un mayor crecimiento de los sectores de Mauricio Castro, Chula Vista, además del
surgimiento de otras colonias como Jesús Castro Agúndez.
Fig. 3: Crecimiento histórico de San José del Cabo, Baja California Sur
Fuente: IMPLAN­‑Los
Cabos, 2013.
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94 Tierra de propiedad social, turismo y expansión urbana en San José del Cabo, Baja California Sur
El crecimiento exponencial de la población, se expresó en términos de la mancha urbana. En el periodo
entre 1993 a 2007, el crecimiento en mayor medida hacia el norte de la ciudad, aledaño a la carretera
transpeninsular, surgiendo asentamientos como la colonia Luis Dolando Colosio, Fracc. Colinas San José,
Colinas Plus, Monterreal Residencial primera etapa, Lomas de Guaymitas, ampliación de las colonias
Santa Rosa, Zacatal, surgimiento de la colonia Vista Hermosa. En el último periodo comprendido entre
2007 a 2017, la tendencia fue robustecer la mancha urbana de la ciudad lineal. Surgieron asentamientos
como Pablo L. Martínez, Monterreal segunda etapa, Ampliación Zacatal, La Ballena (producto de una
invasión y en proceso de regularización).
3.4. Ejido San José del Cabo y su aportación a la expansión de la ciudad
Derivado de la concreción del CIP­‑Los
Cabos, se dio la primera expropiación y a partir de ahí se
presentaron una serie de afectaciones al núcleo agrario con el propósito de regularizar asentamientos
humanos que se instalaron de manera ilegal en el polígono del ejido, además de introducción de infraes‑tructura
de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), de comunicaciones por parte de la Secretaría
de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas
(SAHOP) (Ver tabla 3). Dichas expropiaciones se dieron antes y después de las reformas al artículo 27
constitucional que permitieron comercializar las tierras de propiedad social (ejidal y comunal) para
destinos distintos al agropecuario, entre ellos el urbano.
Tabla 3: Expropiaciones al ejido San José del Cabo con fines de regularización
Acción Publicación
DOF
Resolución
presidencial
Fecha
ejecución
Superficie
ejecutada Promovente
EXPROPIACIÓN 31­‑08­‑1976
30­‑08­‑1976
09­‑09­‑1977
1373.025000 CORETT
EXPROPIACIÓN 18­‑10­‑1976
28­‑06­‑1976
17­‑12­‑1990
1.000000 CFE
EXPROPIACION 13­‑03­‑1986
20­‑01­‑1986
30­‑11­‑1987
0.974900 SCT
EXPROPIACION 22­‑10­‑1990
04­‑10­‑1990
07­‑12­‑1990
155.366000 CORETT
EXPROPIACIÓN 25­‑10­‑1974
04­‑10­‑1974
28­‑04­‑1978
295.000000 BANOPSA
EXPROPIACIÓN 03­‑07­‑1980
23­‑04­‑1980
28­‑07­‑1985
497.537743 SAHOP
EXPROPIACIÓN 19­‑02­‑1992
03­‑01­‑1992
26­‑07­‑1992
314.620000 SEDUE
EXPROPIACIÓN 01­‑09­‑1994
26­‑08­‑1994
21­‑10­‑1998
1.392300 SCT
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Registro Agrario Nacional.
3.5. Expropiaciones al ejido San José del Cabo para fines urbanos e infraestructura
Después de expropiada una superficie importante para la materialización del polo turístico impulsado
por FONATUR, el 31 de agosto de 1976 se publicó en el DOF una resolución presidencial de expropiación
de 155.9355 hectáreas, solicitada por la Comisión Reguladora de la Tenencia de la Tierra (CORETT),
para destinarlas a su lotificación y titulación legal a favor de sus ocupantes, mediante su venta y
la constitución de una reserva territorial que sirviera en el futuro para satisfacer las demandas del
crecimiento regular de la localidad. Dicha resolución presidencial fue ejecutada el 9 de septiembre de
1977, pero sólo por 1373.025000 hectáreas (DOF, 1976a).
La tercera expropiación se publicó el 18 de octubre de 1976 en el DOF, donde la CFE solicitaba la
expropiación de 10.000 m2 de terrenos para la construcción de una subestación eléctrica con el objeto
de abastecer la demanda de fluido eléctrico que requería la zona, la ejecución dio dicha resolución
presidencial fue el 17 de diciembre de 1990 (DOF, 1976b). El Cuarto acto expropiatorio, el cual fue
promovido por la SCT y publicado el 13 de marzo de 1986 en el DOF. La superficie solicitada de poco
menos de una hectárea era para la edificación de un campamento de conservación, la dependencia
federal se hizo cargo de la indemnización correspondiente (DOF, 1986).
La quinta afectación al núcleo agrario fue publicada el 22 de octubre de 1990, siendo promovida por
la CORETT donde solicitó la expropiación de 136.1100 hectáreas para destinarlos a su regularización
y titulación legal a favor de sus ocupantes mediante su venta (DOF, 1990). Dicha expropiación fue
ejecutada el 7 de diciembre de 1990. La sexta expiación con fines de utilidad pública fue promovida por
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la Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas (SAHOP) y publicada el 3 de julio de 1980
y ejecutada el 28 de julio de 1985, siendo destinada la superficie fue de 497.537743, la cual se destinó
para la construcción del Aeropuerto Internacional de Los Cabos (DOF, 1980).
La séptima afectación al núcleo ejidal fue promovida por la Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología (SEDUE) y publicada en el DOF el 19 de febrero de 1992, la cual solicitaba la expropiación
de 314.620000 para destinarlas a la constitución de reservas territoriales para el futuro crecimiento
de la ciudad. La octava y última expropiación, fue a solicitud de la SCT y publicado en el DOF el
1 de septiembre de 1994, la cual solicitó una superficie de 1.392300 para el derecho de vía para la
construcción del entronque aeropuerto San José del Cabo de la carretera transpeninsular tramo San
José del Cabo­‑Cabo
San Lucas (DOF, 1994).
3.6. Invasiones recientes al núcleo agrario
San José del Cabo sigue siendo foco de atracción para inmigrantes en la búsqueda de empleo, a la
par que su población sigue creciendo y demandando más suelo urbanizable, por lo que el fenómeno
de invasiones tanto en terrenos ejidales como en zonas de arroyos y de carácter federal sigue estando
vigentes. En el presente y el futuro, el ejido seguirá siendo el principal agente que proporcionará suelo
urbanizable, pues la ciudad se encuentra en medio del polígono ejidal (Implan­‑Los
Cabos, 2013) (ver fig. 4).
Fig. 4: Tenencia de la Tierra en San José del Cabo
Fuente: IMPLAN­‑Los
Cabos (2013).
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96 Tierra de propiedad social, turismo y expansión urbana en San José del Cabo, Baja California Sur
En los últimos años derivado de un resurgimiento de las inversiones en nuevos hoteles y edificaciones
ligadas a la actividad turística e inmobiliaria, se ha dado un alto crecimiento poblacional en el municipio
de Los Cabos, aumentando así el riesgo que tienen los núcleos agrarios de sufrir invasiones, por lo que
el ejido San José del Cabo anunció la intención de comercializar 600 hectáreas a familias de escasos
recursos económicos que carezcan de vivienda, además para reubicar a familias que están en zonas
de riesgo de acuerdo con declaraciones del director general de Planeación y Desarrollo Urbano del
Ayuntamiento de Los Cabos (BCS Noticias, 2016).
No sólo el ejido ha contribuido a resolver el problema de falta de suelo, sino que también ha propor‑cionado
suelo para la construcción del nuevo libramiento Cabo San Lucas–San José del Cabo, suelo
que hasta el momento no ha sido pagado por lo que se han manifestado ante las autoridades de la SCT
en el estado, pues autoridades del ejido afirman les adeudan por ese concepto cerca de 21 millones de
pesos a 272 ejidatarios los cuales debieron de ser indemnizados en el año 2010 (Gaxiola, 2016).
En cuanto a las invasiones, el ejido en la actualidad tiene invadidas 650 hectáreas. Uno de los casos
más emblemáticos de esta problemática fue la invasión del predio ejidal de La Ballena, el cual se está
regularizando, hay 4.067 lotes ocupados que tienen contratos de arrendamiento, que no significa que
estén enajenados, sólo eso se llevará a cabo cuando todos los lotes estén en registro público de propiedad,
éstos estarán a disposición para celebrar un contrato de compra venta. En La Ballena hay seis mil
lotes, además de suficiente reserva para el crecimiento en un futuro del aeropuerto internacional
(Cabovisión, 2017).
Autoridades municipales en diálogo constante con los representantes ejidales buscan la obtención de
100 hectáreas para reservas territoriales de la ciudad, las cuales serán utilizadas para la reubicación
de familias, actualmente asentadas en zonas de riesgo, dicha superficie se encuentra en el predio La
Ballena (Cabo Mil, 2018).
4. Conclusiones
Las ciudades mexicanas se encontraron con un obstáculo en su continuidad para su expansión en
la existencia de distintas formas de propiedad, entre ellas la de propiedad social (ejidal y comunal), las
cuales no se podían enajenar y destinarla para fines distintos de su naturaleza jurídica, lo que generó
tensiones con las necesidades de reservas territoriales de las localidades urbanas. De la misma forma, la
política turística del Estado mexicano en los años setenta significó el desarrollo de zonas en la periferia
territorial mexicana que con sus características de prístina belleza, pero con alta presencia de núcleos
agrarios cuyas tierras no eran compatibles con la actividad turística, por lo que los ejidos fueron objeto
de expropiaciones con fines de utilidad pública en sendos decretos presidenciales para la obtención de
los polígonos necesarios para la concreción de los llamados CIP por parte de FONATUR.
La aportación de los ejidos a la creación del CIP fue un primer paso que tuvo consecuencias en el
futuro para los ejidos, donde la ola de inmigración propiciada por esa actividad turística significó la
demanda de suelo urbanizable que los salarios otorgados por las empresas hoteleras y de servicios eran
insuficientes para accesar al suelo de manera formal y legal, por lo que las invasiones a los núcleos
agrarios fueron una válvula de escape ante un modelo de desarrollo turístico con gran especulación
inmobiliario que tenía como sello característico la segregación y polarización espacial.
En el caso del CIP Los Cabos, significó el despojo al ejido de las tierras para la materialización del
polo de desarrollo turístico y el inicio de una serie de expropiaciones para legalizar los asentamientos
ilegales que se aposentaron en tierras del ejido ante un crecimiento poblacional explosivo, resultado
de la dinámica de la economía turística y el que San José del Cabo se convirtió en un foco de atracción
para gente de todas las partes del país que buscaban mejores condiciones laborales y de vida.
Si bien, las reformas al artículo 27 constitucional decretadas en 1992 contribuyeron a dar certeza
jurídica para los sujetos agrarias y poder comercializar sus tierras para fines urbanos, las condiciones
de marginación, pobreza y los altos costos de vivienda y suelo en el mercado formal han originado
que sigan existiendo asentamientos irregulares en la ciudad, por lo tanto el ejido San José del Cabo
tendrá que establecer estrategias de comercialización a sectores vulnerables que signifique un
beneficio mutuo tanto para ejidatarios como para destinatarios de lotes urbanizables. Derivado que la
ciudad está rodeada de tierras del ejido, en el futuro el núcleo ejidal será el único aportador de tierra
para vivienda, por lo que urge el establecimiento de convenios y estrategias entre las autoridades
municipales y ejidales para asegurar reservas territoriales que genere certidumbre y armonización
del crecimiento físico de la ciudad.
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Notas
1 Esta institución fue creada por el Estado mexicano “orientado principalmente a la regularización de la tenencia de la tierra
en asentamientos humanos irregulares en tierras de origen ejidal, comunal y propiedad federal, mediante la expropiación
con el consenso de todos los involucrados, para su posterior regularización y escrituración de lotes a favor de las familias
que los ocupan” (Ramírez, 2003).
2 El Registro Agrario Nacional es un “órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de la Reforma Agraria,
responsable del control de la tenencia de la tierra y la seguridad documental derivadas de la aplicación de la propia ley.
En el RAN deben inscribirse los documentos en que constan las operaciones originales y las modificaciones que sufra la
propiedad de las tierras y los derechos legalmente constituidos sobre la propiedad ejidal y comunal” (Gallart, 1997).
Recibido: 31/12/2018
Reenviado: 10/04/2019
Aceptado: 17/02/2020
Sometido a evaluación por pares anónimos