El Decreto 11/1997 posibilita la suspensión de las demoliciones mediante la inscripción en un censo

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Miguel Angel Morcuende Hurtado
Director General de Disciplina
Urbanística y Medioambiental.
El Decreto trata de conciliar las viviendas ilegales con la preservación del Medio Ambiente.
El Decreto 11 / 1997 posibilita
la suspensión de las demoliciones
mediante la inscripción en un censo
Esta normativa pretende adaptarse a la realidad
urbanística de Canarias ~
El Consejo de Gobierno, celebrado el
pasado día 31 de enero, aprobó el De­creto
11/1997 por el que se regula la
constitución de un censo de edilicacio­nes
no amparadas por licencia y por el
que se establecen los supuestos de la
ejecutoriedad de las órdenes de demo­lición.
El director general de Disciplina
Urbanística y Medioambiental, Miguel
Angel Morcuende, comei:ita en este ar­tículo
los aspectos principales de este
decreto que se publicó en el Boletín Oli­cial
de Canarias, número 23 de 17 de
lebrero de 1997.
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La necesidad del
decreto
El marco legislativo an­terior
al Decreto exigía la
ejecución de las órdenes de
demolición dictadas o que
se dicten en los expedien­tes
incoados, o que se in­coen
por una infracción ur­banística.
Tras el Decreto
se posibilita la suspensión
de la ej~cución de las.de­moliciones
mediante la ins­cripción
en un censo.
La realidad urbanística
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2016
de Canarias es la de un cre­ciente
divorcio entre la pla­nificación
y la realidad edi­ficatoria,
este absurdo des­propósito,
por imperativo
de la Ley , ha de ser corre­gido,
bien demoliendo o
bien modificando el pla­neamiento
urbanístico.
El Decreto opta por mo­dificar
el planeamiento ur­banístico
en la medida de
lo posible para que sólo se
tenga que demoler aquellas
edificaciones que dañan
considerablemente el terri­torio,
conciliando en lo po­sible
los intereses particu- ·
lares de los propietarios de
viviendas ilegales con el
interés general en la preser­vación
de un medio am­biente
adecuado.
La inscripción en
el censo
La Consejería quiere aco­tar
la problemática existente
impidiendo que se incorpo­ren
a la misma nuevas edifi­caciones
clandestinas.
La inscripción en el cen­so
facilita la elaboración de
un catálOgo de edificado- ·
nes clandestinas que servi­rá
de indicador a las Admi­nistraciones
competentes
para modificar el planea­miento
urbanístico.
Y finalmente, la inscrip­ción
en el censo posibilita
la suspensión de la ejecu­toriedad
de' las órdenes de
demolición, salvo en aque­llos
supuestos en que la sus­pen))
i ón cautelar resulta
gratuita, por impedir la le­gislación
sectorial que el
planeamiento pueda ser
modificado en orden a po­sibilitar
la legalización de
la edificación.
Disciplina Urbanistica
El Decreto establece un
plazo de tres meses, desde
su entrada en .vigor, para
que se solicite la inscrip­ción
y otro de dos meses
desde la solicitud para que
la Dirección General de
Disciplina Urbanística y
Medioambiental resuelva
sobre la inscripción y sus­pensión
de la ejecut9riedad
de la orden de demolición.
La formulación,
revisión o
modificación del
planeamiento
acuerdo, los Ayuntamiento
deberán proponer la orde­nación
deseada en el plazo
máximo de dos años, des­de
la entrada en vigor del
Decreto, y serán las Admi-nistraciones
Insular y Au­tonómica
las. que deberán
· fiscalizar en base a los in­tereses
insulares y regiona­les
del Territorio la pro­puesta
municipal. O
El Decreto parte del res­peto
a la distribución com­petencia!
entre Administra­ciones,
establecida en la
legislación urbanística.
Consecuentemente, corres­ponde
a los Ayuntamiento
decidir si procede vo no ·
modificar la ordenación
urbanística de su territorio
a los efectos del Decreto;
concediéndose para ello el
plazo de cuatro meses des­de
la entrada en vigor del
Decreto. Adoptado dicho Viviendas construidas en suelo rústico.
Obietivos a alcanzar
• Evitar el mayor número posible de demoliciones de edificaciones, sin renunciar
a una adecuada ordenación del territorio. ·
• En cuanto a las edificaciones clandestinas, respecto a las que ya no cabe ejercitar
la acción administrativa tendente a la demolición, por haber prescrito aquélla,
integrar en lo posible tales edificaciones en la ordenación urbanística, y posibi­-
litar la conexión definitiva de los suministros de luz y agua, así como dotarlas
de los demás servicios urbanísticos.
• Que el planeamiento urbanístico sea realista y dé respuesta ·a la demanda justifi­cada
de la ciudadanía sobre el territorio, evitando que pueda volver a esgrimirse
como disculpa de la indisciplina urbanística, la falta de dicha respuesta.
• Que el carácter excepcional de la clandestinidad edificatoria, o al menos la no
generalidad de la misma, junto a la inexistencia de clandestinidad acumulada en
etapas anteriores, facilite que las administraciones competentes apliquen las me­didas
de protección del territorio que exige la legislación urbanística.
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