El delito de incendio forestal en el nuevo Código Penal

              El delito de incendio forestal
en el nuevo Código Penal
El problema de los in­cendios
forestales es un
asunto recurrente que cada
época estival ocupa a los
servicios de vigilancia am­biental,
al personal respon­sable
de la extinción de los
incendios, a los políticos
del medio ambiente y a al­gunos
medios de comuni­cación
que tratan de venti­lar
profusamente las cau­sas,
desarrollo y conse­cuencias
de los incendios
forestales, contribuyendo
en ocasiones a crear autén­tica
alarma social entre la
población, más por las re­percusiones
sobre la opi­nión
pública que por los
efectos del siniestro y por
los daños en sí que puedan
producirse sobre el medio
natural. Sea como fuere, lo
cierto es que se trata de un
mal que deberíamos evitar,
por cuanto nuestros montes
desempeñan un papel esen­cial
en el mantenimiento de
los equilibrios fundamenta­les,
en particular por lo que
respecta al suelo, régimen
de las aguas, clima, fauna
y flora.
Entre los problemas que
se plantean en cada sinies­tro,
a la hora de evaluar sus
causas, se plantea la inten­cionalidad
o no en la pro­ducción
del fuego. Al mar-gen
de las causas naturales
que estadísticamente son
las menos, sabemos que la
mayoría de los incendios
forestales son causa de la
mano del hombre, y entre
éstas, un porcentaje impor­tante
lo son por razones de
intencionalidad en produc­ción
del daño. A fin de re­ducir
su frecuencia y las su­perficies
quemadas, los po­deres
públicos competentes
deben centrar sus esfuerzos
en la necesidad de comba­tir
las causas de los incen­dios,
en el establecimiento
de medidas de prevención
·y en las medidas de vigilan­cia
de los bosques. Estas
La mayoría de los incendios forestales son consecuencia de la mano del hombre:
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Pedro Rubens Castro Simancas
Jéfe de Sección de Administración
General y Régimen Jurídico.
Viceconsejería de Medio Ambiente.
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© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2016
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funciones de vigilancia son
fundamentales para averi­guar
dichas causas, y com­probar
hasta qué punto el
inicio de un incendio fores­tal
es producto de una ne­gligencia
o de una inten­cionalidad.
Aquí se halla el
origen del delito de incen­dio
forestal que ha sido ti­pificado
en el nuevo Códi­go
Penal aprobado por las
Cortes Generales en 1995
y que ha entrado en vigor a
finales de mayo de este año.
Muchos incendios pueden
ser producidos a causa de
la comisión de un delito,
pero el anonimato del cau­sante
o la eventual compli­cidad
de la población local
por no se sabe qué e~trañós
intereses hace que, en la
mayoría de los casos, dicha
acción delictiva quede im­pune
ante la sociedad y ante
la Justicia.
De acuerdo con el Códi­go
Penal hasta ahora vigen­te,
con la redacción dada
por la Ley Orgánica 7 /
1987, cometían el delito de
incendio forestal aquellos
que incendiasen montes o
IIlasas forestales, agra­vándose
la pena si hubiere
existido peligro para la
vida o integridad de las
personas, y se cualificaba
el d_elito si afectaba, ade­más,
a superficies "de
considerable importan­cia",
que derivasen "gran­des
o graves efectos
erosivos" en los suelos,
que "alteraran significati­vemente"
las condicione~
de vida animal o vegetal, y
en todo caso, cuando oca­sionare
"grave deterioro o
destrucción" de los recur­sos
afectados. Conceptos
todos ellos jurídicamente
indeterminados que deja­ban
un amplio margen in­terpretativo
al juez en la
aplicación de la ley penal y
consecuentemente en la im­posición
de la pena. Sin
embargo, escasos han sido
los sujetos condenados por
estos tipos penales, habida
cuenta de la dificultad, en
la mayoría de los casos, de
identificar a los responsa­bles
de los hechos y, lo que
es aún más importante, en
probar su actuación en los
mismos.
Cuatro artículos
tipifican el delito
El nuevo Código Penal
dedica los artículos 352 a
355 a tipificar el delito de
incendios forestales. Me­diante
un tipo básico y unos
tipos agravados, que toman
origen en su redacción de
los definidos en la reforma
de 1987 que acabamos de
ver. Los que incendiaren
montes o masas forestales,
serán castigados con las
penas de prisión de uno a
cinco años y multa de doce·
a dieciocho meses. Los ti-
. pos agravados del delito
son los siguientes:
a) Si ha existido peligro
para la vida o integridad
física de las personas.
b) Que el incendio alcance
espeCial gravedad, con
alguna de las siguientes
circunstancias:
1 º Que afecte a una su­perficie
de considera­ble
importancia.
2º Que se deriven gran­des
o graves efectos
erosivos en los suelos.
3º Que altere significati­vamente
las condicio­nes
de vida animal o
vegetal o afecte a al­gún
espacio natural
protegido.
4 ª En todo caso, cuando
se ocasione grave de­terioro
o destrucción de
los recursos afectados.
c) Cuando el autor actúe
para obtener un benefi­cio
económico con los
efectos derivados del in­cendio.
Igualmente, se prevé un
tipo disminuido cuando el
que prendiere fuego al
monte, no se llegare a pro­pagar
(¿un conato?), sien­do
castigado con la pena de
prisión de seis meses a un
año y multa de seis a doce
años. Incluso, si en esa ac­ción
no mediare intencio­nalidad
del autor, la con­ducta
negligente quedaría
exenta de responsabilidad y
por tanto, de pena.
Aparte de los conceptos
jurídicos indeterminados
gue aparecen en estos pre­ceptos
dejados a la pon­derada
interpretación del
juez, aparece un último
artículo de criticable téc­nica
legisla ti va. En efec­to,
el 355 del nuevo Có­digo
Penal atribuye al
juez penal una potestad
discrecional de naturale-
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za administrativa, como
es la de acordar que la cali­ficación
(¿urbanística?) del
suelo en las zonas. afecta­das
por un incendio fores­tal
no pueda modificarse en
un plazo de hasta 30 años.
En nuestra opinión, esta
potestad invade las compe­tencias
de ordenación terri­torial
de las Administracio-·
nes Públicas, que aunque es
loable por su intención y
finalidad, es deficiente téc­nicamente
por atribuírsela,
primero con criterios de
discrecionalidad, y segun­do,
por ser a un órgano ju­risdiccional
(no a una Ad­ministración
Pública), y
adeIIlás del ámbito penal.
Creemos que el legislador
debió ser más preciso, or­denando
por mandato de la
ley la proltjbición de cam­biar
la calificacióQ. urbanís­tica
de un terreno afectado
por un ·incendio, y no de­jándolo
al albur de un juez.
Se debió articular un pre­cepto,
algo parecido a lo
que ordena el artículo 18.3
de la Ley 12/1994, de Es­pacios
Naturales de Cana­rias
que·prohibe la descali­ficación
de espacios natu­rales
protegidos que hubie­ran
resultado devastados
por incendios forestales.
Ahora acaba de entrar en
vigor el ·código Penal con
sus nuevos delitos, su nue­vo
régimen de penas, los
nuevos delitos ambientales
de los que hablaremos en
próximos números de esta
Revista, pero queda la duda
de si el delito de incendio
forestal seguirá siendo una
acción que quede impune,
ante la .sociedad y la Justi­cia,
bajo la sombra tupida
del bosque. r;i
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2016