Nuevo Régimen Jurídico de los Parques Nacionales

              Pedro Rubens Castro Simancas
Servicio de Gestión y Administración
de Programas Ambientales.
Viceconsejería de Medio Ambiente.
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E 111
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Nuevo Régimen
Jurídico de los Parques
Nacionales
La nueva Ley posibilita la gestión compartida
Estado-Comunidades Autónomas de estos espacios
La Sentencia del Tribunal cuencia de ello, las Cortes han tegidos, lo que cobra gran im-
Constitucional de 26 de junio aprobado una Ley hace esca- portancia ambiental y política
de 1995, cuyos pormenores sos meses, en la cual se esta- en Canarias donde disfrutamos
fueron comentados en esta blecen profundas novedades de los Parques Nacionales del
sección de la revista MEDIO en el régimen de gestión de los Teide, Caldera de Taburiente,
AMBIENfE CANARIAS (nº Parques Nacionales en Espa- Garajonay y Timanfaya.
O), declaró nula la disposición ña, atribuyendo importantes La declaración de un Par-adicional
quinta de la Ley competencias de coparticipa- que Nacional seguirá siendo,
4/1989, de Conservación de ción a las Comunidades Au- como hasta la fecha, por una
los Espacios Naturales y de la tónomas. Con la Ley 41/1997, Ley del Parlamento estatal,
Flora y Fauna Silvestres en de 5 de noviembre, se ha ve- vinculada a la representativi-cuanto
consideraba de carác- nido a posibilitar de manera dad de los principales ecosis-ter
básico el artículo 22.1 que efectiva, por tanto, la colabo- temas españoles, por conside-atribuía
exclusivamente al Es- ración de las Comunidades rarse que su conservación es
tado la gestión de los Parques Autónomas en la gestión de de interés general de la Na-
Nacionales. Como conse- estos espacios naturales pro- ción. Este interés, como deci-
Parque Nacional Cald~ra de Taburiente. Archivo.
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© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca Universitaria, 2016
mos, se apreciará en razón de
que el espacio sea representa­tivo
del patrimonio natural y
de que incluya alguno de los
principales sistemas naturales
españoles comprendidos en las
Regiones Eurosiberiana, Me­diterránea
y Macaronésica. En
todo caso, será necesario un
acuerdo previo favorable del
Parlamento Regional en cuyo
territorio se encuentre ubica­do
el futuro Parque Nacional.
SISTEMAS
NATURALES
ESPAÑOLES
QUE AFECTAN A
rl!f>.11Mlu\RIAS
Región
Macaronésica
Sistemas ligados a la
laurisilva; Sistemas liga­dos
a procesos volcánicos
y vegetación asociada; Sis­temas
ligados a zonas cos­teras
y plataforma conti­nental;
Sistemas ligados a
los espacios costeros y a
los espacios marinos
Esta norma que ahora co­mentamos
da nueva redacción
a tres artículos de la Ley
4/1989 e incorpora la redac­ción
de cinco nuevos precep­tos
insertados en la sistemáti­ca
del texto. El resultado son
los artículos 19, 22, 22 bis, 22
ter, 22 quáter, '23, 23 bis y 23
ter, ~demás de haber modifi­cado
otros apartados de la ci­tada
Ley. También sorprende
la comisión de un error en el
nuevo texto, al olyidar el Par-que
Nacional de Picos de Eu­ropa
que sigue denominando
"Montaña de Covadonga", y
también llama la atención la
reincorporación a la Red esta­tal
de Parques Nacionales del
Parque Nacional de "Aigües,
Tortes y Estany de Sant Mau­rici",
después de haber desa­parecido
de la Red. Sin em­bargo,
mantendrá la gestión
autonómica ejercida por la Ge­neralidad
de Cataluña.
La principal novedad de la
nueva Ley radica en que des­pués
de que sea declarado por
el Estado un nuevo Parque
Nacional, éste será gestiona­do
conjuntamente por la Ad­ministración
estatal y la Co­munidad
Autónoma en cuyo
territorio se encuentre situado,
a través de la Comisión Mix­ta
de Gestión, nuevo órgano
que ahora se crea. Como co­rrelato
a lo anterior, los Par­ques
Nacionales serán finan­ciados
con cargo a los
Presupuestos Generales del
Estado y con los recursos pre­supuestarios
que las Comuni­dades
Autónomas afectadas
realicen. Por tanto, al princi­pio
de corresponsabilidad en
la gestión, se añade el de co- ·
participación en la financia­ción
d~l gasto.
La Ley también establece
un importante armazón plani­ficador
compuesto por un Plan
Director de la Red de Parques
Nacionales, de ámbito nacio­nal,
definido como instru­mento
básico de ordenación,
marcará las directrices para los
planes rectores; el Plan Rec-
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Normativa Ambiental
LA PLANIFICACIÓN DE LOS PARQUES
Plan Director de la Red de Parques Nacionales
Será aprobado por el Gobierno con vigencia de 5 a 1 O años
Planes Rectores de Uso y Gestión
Serán aprobados por la Comunidad Autónoma, con vigen­cia
de hasta 6 años
Planes Sectoriales
Serán aprobados por el Patronato del Parque
Planes de Trabajos e Inversiones
Serán aprobados por la Comisión Mixta de Gestión
tor de U so y Gestión de cada
Parque, cuyas determinacio­nes
prevalecerán sobre el pla­neamiento
urbanístico, y sus
aplicaciones de desarrollo a
través de los Planes sectoria­les
específicos y los Planes
anuales de trabajos e inver­siones.
Organizaci6n
Administrativa
La Ley diseña una estruc­tura
orgállica compleja para la
gestión -integral de los Parques
Nacionales. De un lado, man­tiene
la existencia del Orga­nismo
Autónomo Parques Na­cionales,
como entidad pública
dependiente del Ministerio de
Medio Ambiente, "para aten­der
las necesidades económi­cas
y de funcionamiento" de
los Parques. Los puestos de
trabajo de este Organismo po­drán
ser cubiertos de forma in­distinta
por funcionarios de la
Administración del Estado y
de las Comunidades Autóno­mas.
Su estructura orgánica se
define de la siguiente forma:
como órganos colegiados apa-rece
el Consejo de la Red de
Parques Nacionales, las Co­misiones
Mixtas de Gestión,
los Patronatos de cada Parque
y, como órganos unipersona­les
en cada espacio natural, un
Presidente de Patronato y un
Director Conservador.
El Consejo de fa Red de
Parques Nacionales se confi­gura
como un órgano estatal,
de carácter consultivo, en el
que estarán representadas la
Administración del Estado y
todas y cada una de las Co­munidádes
Autónomas en
cuyo ámbito territorial se ubi­quen
Parques. En el mismo es­tarán,
además, una represen­tación
de los municipios
afectados por e~tos espacios,
los presidentes de los Patro­natos
y un representante de las
asociaciones ecologistas o am­bientalistas.
Su principal fun­ción
será informar el Plan Di­rector
de la Red de Parques
Nacionales, formulando las di­rectrices
generales para la ges:..
tión coordinada nacional de
todos los Parques.
En cada Comunidad Au­tónoma
en la que se halle ubi-
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Normativa Ambiental
cado al menos un Parque Na­cional
existirá una Comisión
Mixta de Gestión. Estará inte­grada
por un número paritario
de representantes de la Admi­nistración
del Estado y de la
Comunidad Autónoma afec­tada.
La presidencia de esta
. Comisión recaerá cada año, al­ternativamente,
en uno de los
representantes del Estado o de
la Administración autonómi­ca
correspondiente. Será el au­téntico
órgano de gobierno de
los Parques, correspondién­dole,
entre otras funciones, ela­borar
el proyecto del Plan Rec­tor
de Uso y Gestión (PRUG)
de cada Parque, aprobar el
Plan anual de trabajos e in­versiones,
elaborar los Planes
sectoriales, establecer el ré­gimen
de funcionamiento de
las instalaciones y servicios
del Parque Nacional, velando
por el correcto uso de sus sig­nos
externos identificativos,
supervisión y tutela de la di­rección,
administración y con­servación
del Parque, etc.
El Patronato de cada Par­que
seguirá existiendo como
órgano colegiado representa­tivo
de carácter social, en el
que estarán representados los
organismos públicos (Estado,
Comunidad Autónoma, Ca­bildo,
Ayuntamientos) y aque­llas
instituciones, asociaciones
y organizaciones relacionadas
con el Parque "o cuyos fines
concuerden con los principios
inspiradores de la presente
Ley". Serán funciones de los
Patrona.tos, entre otras, infor­mar
el PRUG .y aprobar los
planes sectoriales específicos,
aprobar la memoria anual de
actividades y resultados, pro­poniendo
las medidas que con­sidere
necesarias para corre­gir
disfunciones o mej_orar la
gestión, informar los planes
anuales de trabajo e inversio­nes
a realizar, etc.
Los Presidentes de los Pa­tronatos
serán nombrados por
el Gobierno, a propuesta del
Ministerio de Medio Am­biente,
previo acuerdo de la
Comisión Mixta de Gestión.
Será éste un trámite precepti­vo,
pero no parece claro que
el informe de la Comisión sea
vínculante. La expresión "pre­vio
acuerdo" en lugar de "pre­vio
informe" infiere una cier­ta
necesidad de conformidad
en el nombramiento que se
propone, si bien la Ley no dice
que sea "previo acuerdo favo­rable".
La estructura orgánica
concluye en la base con la fi­gura
del Director-Conserva­dor
de cada Parque Nacional,
que será el responsable direc-
Parque Nacional del Teide.
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to de la gestión del espacio,
asumiendo la administración
y dirección de sus actividades.
Su nombramiento lo efectúa
el Consejo de Gobierno de la
Comunidad Autónoma co­rrespondiente,
previo acuerdo
de la Comisión Mixta de Ges­tión,
debiendo recaer en un
funcionario de cualquier Ad­ministración
pública. Forma­rá
parte de los Patronatos y
asistirá a las reuniones de la
Comisión Mixta de Gestión,
actuando de Secretario de la
misma. Cuando en la Comu­nidad
Autónoma se hayan de­clarado
dos o más Parques Na­cionales,
la Secretaría se
desempeñará periódicamente
por cada uno de los Directo­res-
Conservadores.
Se prevé la creación de en­tidades
mixtas a las que se le
encomiende la administración
y conservación de los Parques,
con la asignación de medios
personales y materiales cuan­do
en una Comunidad Autó­noma
se ubiquen dos o más
Parques Nacionales.
En resumen, podemos
concluir que con esta reforma
de la Ley 411989 se ha dado
fOntenido a la regulación del
estatuto jurídico de funciona­miento
de los Parques N acio­nales,
hasta ahora escasamen­te
desarrollado, creando un
órgano de composición pari­taria
que posibilite la gestión
compartida de estos espacios
entre el Estado y las Comuni­dades
Autónomas, de acuer­do
con la doctrina establecida
por el Tribunal Constitucional
en la sentencia de 1995, lo que
tendrá positiva repercusión en
Canarias, por ser la Comuni­dad
con más Parques N acio­nales
en su territorio. Se da un
plazo de 18 meses desde la en­trada
en vigor de la Ley (lo que
se produjo el 7 de noviembre
de 1997) para suscribir los co­rrespondientes
acuerdos de
financiación mutua entre el Es­taao
y las Comunidades Au­tónomas
afectadas, que posi­bilite
la efectiva gestión
compartida entre ambas ins­tancias.
Archivo.
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