Problemática conservacionista de la Chova Piquirroja, Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus Vaurie, 1954, en La Palma, islas Canarias (Aves, Corvidae)

              DISTRIBUCIÓN
La subespecie nominal posee un área de distribución amplia pero fragmentada en la mayor
parte de su área de distribución mundial (BIGNAL, 1994). En el Paleártico occidental se dis-tribuye
de forma fragmentada por Escocia, Irlanda, Bretaña, Macizo central Francés, Pirineos,
Apeninos, Grecia y Yugoslavia (HAFFER, 1993; CRAMP & PERRINS, 1994). En Portugal
la especie es muy escasa y sus poblaciones están muy aisladas y en acusada regresión (FARIN-HA,
1991). Es muy escasa en los Alpes, donde ha sufrido una regresión generalizada, extin-guiéndose
en Austria a principios de los años cincuenta. Habita las islas de Cerdeña, Sicilia y
Creta. Se supone que la especie es abundante en Turquía y el Cáucaso. Sin embargo, su dis-tribución
es más uniforme a lo largo de las cadenas montañosas de Asia central (Turquestán,
1 Ctra. de Las Ledas, 20. 38712 Villa de Breña Alta. La Palma. Islas Canarias.
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PROBLEMÁTICA CONSERVACIONISTA DE LA
CHOVA PIQUIRROJA, PYRRHOCORAX PYRRHOCORAX BARBARUS
VAURIE, 1954, EN LA PALMA, ISLAS CANARIAS (AVES, CORVIDAE)
Pais, J. L1
Resumen: La población de Chova Piquirroja
ha presentado tendencias regresivas durante las
últimas décadas en la isla de La Palma. Se exponen
los principales factores que han podido influir en
su rarefacción y se proponen una serie de medidas
de conservación para ella y para los biotopos don-de
desarrolla su ciclo vital. La pérdida de hábitat
de alimentación debido a la intensificación de la
agricultura, el uso indiscriminado de productos
fitosanitarios, la persecución a la que se ha visto
sometida, la caza ilegal, la desaparición de la gana-dería
extensiva junto con la construcción de infra-estructuras,
la urbanización de los hábitats o las
molestias en sus áreas de cría son las principales
amenazas para la especie y las causas del declive
detectado en la isla.
Palabras clave: Chova Piquirroja, Pyrrho-corax
pyrrhocorax, amenazas, conservación, La
Palma, islas Canarias.
Abstract: The population of the Red-billed
Chough has shown a tendency towards decline
over the past decades on the Island of La Palma.
The principal factors which could have contri-buted
to this decline are presented, and also a se-ries
of measures for the conservation of this spe-cie,
and for eco-systems critical to its life cycle.
The loss of feeding grounds caused by the spread
of intensive agriculture, the indiscriminate use
of agricultural pesticides, the persecution it has
been subjected to, illegal hunting, the disappea-rance
of cattle farming along with the construc-tion
of infrastructures, the urbanisation of its
habitats, or disturbance in its breeding grounds
are the principal threats to the specie and the
causes of the decline registered on the Island.
Key words: Red-billed Chough, Pyrrhocorax
pyrrhocorax, threats, conservation, La Palma,
Canary Islands.
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Pais, J. L.
Himalaya, Mongolia y China, principalmente) (LOVARI, 1977; GUILLOU, 1981;
MONAGHAN, 1989; FARINHA, 1991; SNOW & PERRINS, 1998). En África existen
poblaciones aisladas en la cordillera del Atlas y en áreas montañosas del norte de Etiopía
(GOODWIN, 1976; COOMBS, 1978; CRAMP & PERRINS, 1994; DELESTRADE,
1998). Sedentaria, con algún movimiento altitudinal en invierno.
España
Se distribuye de forma desigual por toda la Península Ibérica allí donde haya acantila-dos
de montaña -fluviales o costeros- y cortados calizos adecuados para instalar sus colonias,
sobre todo en el este peninsular (TELLERÍA et al., 1999). Ocupa los principales sistemas
montañosos, especialmente Pirineos, Cordillera Cantábrica, sistema Ibérico y Sistema
Bético. Existen poblaciones costeras en Galicia, Asturias y Cantabria. Otras poblaciones no
asociadas a sistemas montañosos utilizan cortados fluviales para nidificar, como en el sures-te
de Madrid (BLANCO et al., 1991) o ramblas en la Hoya de Guadix (ZÚÑIGA, 1989).
Destacan las poblaciones donde las chovas nidifican casi exclusivamente en construcciones
abandonadas y semiabandonadas como en el Valle del Ebro, así como en edificios históri-cos
de gran parte de la provincia de Segovia (BLANCO, 2003).
La distribución fragmentada de gran parte de la población de chovas se debe en gran
medida a la singularidad de sus hábitats de nidificación. Existen poblaciones pequeñas y
aisladas en muchas provincias españolas, destacando Salamanca, Zamora, Ávila, Cáceres,
Badajoz, así como parejas aisladas en Valladolid, Toledo, Cuenca y Ciudad Real.
La población canaria, que junto a la del noroeste de África pertenece a la subespecie
endémica P. p. barbarus Vaurie, 1954, está restringida a la isla de La Palma donde se con-centra
el 100% de la población total reproductora. De forma accidental puede alcanzar
otras islas como Tenerife y La Gomera, tal y como recopilan de observaciones recientes
MARTÍN & LORENZO (2001).
POBLACIÓN Y TENDENCIA
En la actualidad parece que sus efectivos han comenzado a recuperarse tras haber
experimentado una importante recesión a partir de la segunda mitad del siglo XX, al igual
que ha ocurrido en el sureste de la provincia de Madrid, donde se señala un incremento
y expansión de su población BLANCO et al. (1991) y en Escocia, dónde MONAGHAN
et al. (1989) comentan un hecho similar. La práctica totalidad de la población canaria se
localiza en La Palma, estando bien repartida por toda la isla, sobre todo en los cuadran-tes
noroeste (Garafía, Puntagorda y Tijarafe), central (El Paso) y sureste (Villa de Mazo).
Es muy común en el interior de la Caldera de Taburiente, donde ya fue mencionada por
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GODMAN (1872), aunque su enorme capacidad de movimiento le permite desplazar-se
de un extremo a otro e incluso traspasar los propios límites del Parque Nacional. A
pesar de que BAGLIONE (1997) estima la población canaria en 300-400 parejas y de
que MARTÍN & LORENZO (2001) la estiman en 1.500 ejemplares o superior, toda-vía
no se ha realizado ningún censo exhaustivo ni la tendencia de la misma. La mayoría
de estas estimaciones se basan en meras aproximaciones y en muy pocos casos se han loca-lizado
los nidos y censado las parejas reproductoras de amplias zonas.
Tenerife
Se han hallado huesos pertenecientes a esta especie en un importante yacimiento de ver-tebrados
fósiles situado en la Cueva del Viento (RANDO et al., 1996). La información
existente es escasa y se refiere a las islas de La Gomera y Tenerife (DERAMOND, 1963; L.
MEJÍAS e I. RODRÍGUEZ, com. pers.; TRUJILLO, 1989). En esta última, han sido in-troducidas
en varias ocasiones, pero sin éxito (MOMPÓ, 1876; BANNERMAN, 1963).
La Gomera
Restos óseos de esta especie han aparecido en yacimientos paleontológicos de la isla, ubi-cados
en el Bujero del Silo (JAUME et al., 1993). Se conocen varias citas (TRUJILLO,
1989; H. MICHAELIS in litt.; M. ABDOLA, com. pers.; J. LEAL, com. pers.)
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El Hierro
Según RANDO et al. (1997), han sido hallados restos óseos pertenecientes a esta es-pecie
en el yacimiento arqueológico del Poblado de Guinea (Frontera). Sin embargo, y
debido al mal estado de conservación de los mismos, no se ha podido confirmar su pre-sencia
en la isla. No se conocen datos sobre avistamientos accidentales.
La Palma
Numerosos autores han puesto de manifiesto que esta especie era muy abundante, sobre
todo en la segunda mitad del siglo XIX (BOLLE, 1854; GODMAN, 1872; MEADE-WALDO,
1889; KOENIG, 1890; TRISTAM, 1890), y al menos hasta mediados del siglo
XX (VOLSØE, 1951; CULLEN et al., 1952; BANNERMAN, 1963), fecha en la cual ex-perimentó
una fuerte regresión de sus efectivos coincidiendo fundamentalmente con la uti-lización
masiva de pesticidas y la transformación de los sistemas de cultivo.
ECOLOGÍA
Población cerrada y sedentaria. Especie ubicua y adaptable a un amplio rango de
ambientes y hábitats insulares que van desde los acantilados costeros hasta los codesares
de cumbre (por encima de los 2.400 m s.n.m. en el Roque de Los Muchachos), evitan-do
únicamente los bosques cerrados de laurisilva (MARTÍN & CARDONA, 1989;
MARTÍN & LORENZO, 2001). Es muy frecuente en pinares autóctonos, pinares inter-calados
con zonas de cultivo, medianías y zonas bajas cubiertas por formaciones de mato-rrales
y arbustos. Asimismo, frecuenta los lugares más escarpados y aquellos barrancos
que dispongan de cortados rocosos con grietas, cuevas u otros emplazamientos similares
adecuados para nidificar. Además, la fuerte transformación antrópica experimentada en
los medios asociados estrechamente con el hombre y sus cultivos propiciaron la expan-sión
de este córvido, sobre todo hasta mediados del siglo XX.
En la isla de La Palma, las chovas muestran unos hábitos alimentarios muy similares
a los del resto de su área de distribución. Presentan un porcentaje de frecuencia de apa-rición
de frutos en egagrópilas que puede alcanzar en algunos casos el 100%, destacan-do
entre ellos los de Opuntia sp., Rubia fructicosa y semillas de Pinus canariensis (PAIS &
GARCÍA, 2000). Asimismo, consume una gran cantidad de invertebrados entre los que
destacan coleópteros (35-40%) e himenópteros (19-24%). No obstante, su proporción
en el conjunto de la dieta y su composición es muy variable estacional y espacialmente -
si bien durante la estación invernal la dieta es básicamente frugívora, la tendencia pare-ce
invertirse en primavera y verano (PAIS & GARCÍA, 2000).
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AMENAZAS
A partir de la segunda mitad del siglo XX, la población canaria de Chova Piquirroja
ha sufrido una pronunciada regresión de sus efectivos. Para explicar dicho decrecimien-to
poblacional se han sugerido una serie de factores adversos registrados a partir de esa
fecha en la isla de La Palma. Cabrían destacar entre ellos: abandono de los usos tradicio-nales
del suelo e intensificación de la agricultura, contaminación química por el uso de
productos fitosanitarios, persecución para prevenir daños en los cultivos, caza furtiva,
molestias en sus áreas de cría, desarrollo turístico, desconocimiento de su biología, etc.
(MARTÍN et al., 1990).
Abandono de los usos tradicionales del suelo e intensificación de la agricultura Sin
duda alguna, la intensificación de la agricultura, con todas sus consecuencias, constitu-ye
una de las principales causas del declive experimentado por la población de chovas en
nuestra isla a lo largo de las cuatro o cinco últimas décadas. Dicha intensificación pro-voca
alteraciones físicas y químicas del medio. Entre las primeras, destacan la desapari-ción
de los medios naturales y la homogeneización de hábitats, lo que genera la pérdida
de recursos espaciales y de biodiversidad general, con una acusada disminución de los
recursos tróficos. Las alteraciones químicas se producen como consecuencia de la utili-zación
en agricultura de numerosos productos fitosanitarios (herbicidas, insecticidas,
fungicidas) y fertilizantes.
Contaminación química por el uso de productos fitosanitarios El continuo incre-mento
de la contaminación por productos tóxicos en el medio ambiente está provocan-do
una gran pérdida de biodiversidad y cambios importantes en la biología y estado de
conservación de las poblaciones de seres vivos. En nuestra isla, este problema es de una
magnitud ciertamente preocupante, teniendo en cuenta el gran volumen de productos
de este tipo utilizados anualmente (de hecho, en Canarias las compras por hectárea son
muy superiores a la media nacional) y las graves consecuencias que pueden derivarse de
un uso indebido o abusivo de los mismos en la flora y fauna autóctonas así como en la
población. A este respecto, numerosos agricultores consultados en la isla declararon des-conocer
el grado de toxicidad y de peligrosidad que entrañan tales productos, y recono-cieron
el uso de dosis superiores a las recomendadas por los fabricantes. La chova piqui-rroja
puede verse especialmente afectada por la utilización de productos fitosanitarios en
agrosistemas, por el impacto directo sobre sus presas. Hay que indicar que la contami-nación
por determinados tipos de plaguicidas puede producir, en la chova, además de la
muerte directa por envenenamiento, efectos derivados tales como hiperactividad, menor
resistencia a las enfermedades y un acusado descenso de la fertilidad.
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Este factor de amenaza es el causante del envenenamiento de un número indetermi-nado
de chovas piquirrojas en El Granel (Puntallana) el 20-V-90 (M. N. PÉREZ, com.
pers.) y en Puntagorda el 9-IX-2001, en las inmediaciones de un paraje conocido con el
nombre de Tahonero, donde abundaban los viñedos (W. CAMACHO, com. pers.).
Persecución para prevenir daños en los cultivos La persecución de que ha sido obje-to
la chova piquirroja bien podría remontarse a los tiempos de la conquista de la isla (fina-les
del siglo XV). A partir de esa fecha, se intensificó como consecuencia de los daños
que esta especie causaba a los cultivos (vid, cereales, maíz, frutales, etc.) y que, desgra-ciadamente,
aún hoy continúa produciéndose (MARTÍN et al., 1990; MARTÍN &
LORENZO, 2001).
Expolio de nidos y caza ilegal Aunque la primera de estas actividades parece haber
remitido considerablemente en los últimos años como consecuencia de la existencia de
un marco legal de protección de especies más estricto, lo cierto es que hasta hace apenas
tres décadas, era frecuente este tipo de colecta debido a lo sociables y domesticables que
son las chovas de la isla hecho que, por desgracia, aún hoy sigue llevándose a cabo.
La caza furtiva sigue siendo una práctica relativamente habitual en ciertas zonas y
enclaves, sobre todo en dormideros comunales y en lugares de campeo. Actualmente, no
existen estudios suficientemente profundos en nuestra isla que nos permitan cuantificar
la incidencia de este fenómeno en la población de chovas. No obstante, constituye una
amenaza que debe ser tenida en cuenta, sobre todo si consideramos que es un problema
que tiende a acentuarse por la progresiva presión cinegética que sufre nuestra fauna
autóctona.
Molestias en las áreas de cría Tampoco contamos con datos suficientes acerca del
posible impacto de este fenómeno sobre la especie que nos ocupa. Sin embargo, en las
últimas décadas, el auge de algunas actividades lúdicas y deportivas al aire libre han ori-ginado
una serie de factores adversos que pueden estar incidiendo de forma negativa
sobre la población de chovas de nuestra isla. La escalada deportiva, el senderismo, moun-tain-
bike y la espeleología pueden provocar graves consecuencias, sobre todo si se prac-tican
en zonas de nidificación y dormidero.
Desarrollo turístico y pérdida de hábitat La proliferación de complejos turísticos y
de nuevas urbanizaciones representa una grave amenaza para ésta y otras especies de la
avifauna insular, que restringen su distribución o que utilizan para su reproducción áreas
que soportan una enorme presión turística. Como efecto añadido, cabe mencionar los
fenómenos de fragmentación de poblaciones que con frecuencia se derivan del desarro-
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llo turístico y de sus infraestructuras asociadas, siendo una amenaza continua por sus
efectos directos en la destrucción de los hábitats de alimentación y por el aislamiento que
produce en las zonas de nidificación.
Desconocimiento de su biología La falta de conocimientos sobre muchos aspectos
de la biología y ecología de la chova piquirroja en la isla de La Palma es otro de los fac-tores
de amenaza a tener en cuenta a la hora de poder establecer unas medidas de pro-tección
adecuadas según MARTÍN et al. (1990). No hay que olvidar que toda política
conservacionista que pretenda ser coherente y responsable debe estar fundamentada en
la investigación. En este sentido, no sólo son necesarios estudios a corto y medio plazo,
sino también otros a largo plazo centrados en investigar dichos aspectos inéditos.
LEGISLACIÓN Y RECOMENDACIONES PARA SU PROTECCIÓN
Tanto las chovas como sus hábitats se encuentran actualmente protegidos por diver-sas
leyes, convenios y directivas, de ámbito no sólo regional, sino nacional e internacio-nal.
Este marco legal les confiere una protección jurídica que constituye un pilar funda-mental
para su conservación, protección que, por otra parte, constituye más bien un
marco teórico que una aplicación efectiva en la práctica.
Marco legislativo Hasta la aparición del Real Decreto 3181/1980, de 30 de diciembre,
en el que se califica, entre otras, de especies “estrictamente protegidas” a 3 córvidos (rabi-largo,
chova piquigualda y chova piquirroja), únicamente la Ley de Caza de 4 de abril de
1970 y el Real Decreto 2573/1973, de 5 de octubre, ofrecían cierto amparo legal en terri-torio
español a determinados animales salvajes. En la Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza,
que venía a sustituir a la promulgada en 1902, subyace en cierta medida una filosofía con-servacionista.
Así, en su artículo 23.2. se indica: “serán objeto de especial protección las
especies de interés científico o en vías de extinción, las beneficiosas para la agricultura, las
hembras y crías de todas aquellas que tengan un señalado valor cinegético y aquellas otras
afectadas por convenios internacionales suscritos por el Estado español”. Asimismo, su artí-culo
26.1. dice: “la caza y captura de aves y mamíferos con fines científicos, en todos los
casos, y la investigación y observación de nidos, pollos, madrigueras, colonias y criaderos
de especies protegidas, que puedan ocasionar molestias o perjuicios a los reproductores o a
la normal evolución de las crías, requerirán autorización especial”. Por otro lado, en su artí-culo
11, se establece la posibilidad de declarar Refugios Nacionales de Caza “cuando por
razones biológicas, científicas o educativas sea preciso asegurar la conservación de determi-nadas
especies de la fauna cinegética…” Según se especifica, en estos espacios se regula la
práctica de la caza o ésta se suspende por completo.
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El 2 de abril de 1979 entró en vigor la Directiva 79/409/CEE relativa a la conserva-ción
de las aves silvestres (Directiva Aves) que establece, entre otras disposiciones, la nece-sidad
de proteger los hábitats de las especies amenazadas, las migratorias y aquellas some-tidas
a aprovechamiento cinegético, estableciendo cinco anexos. El primero de ellos com-prende
los taxones que, según el artículo 4.1., “serán objeto de medidas de conservación
especiales en cuanto a su hábitat, con el fin de asegurar su supervivencia y su reproduc-ción…”.
Igualmente, los artículos 5 y 6.1. prohiben:
a) Matar o capturar ejemplares de forma intencionada, sea cual fuera el método emple-ado.
b) Destruir o dañar de forma intencionada sus nidos y sus huevos y quitar sus nidos.
c) Recoger sus huevos en la naturaleza y retenerlos, aún estando vacíos.
d) Perturbarlos de forma intencionada, en particular durante el período de reproducción
y de crianza.
e) Retener las aves de especies cuya caza y captura no estén permitidas.
f ) La venta, el transporte para la venta, la retención para la venta así como el poner en
venta aves vivas o muertas al igual parte o producto obtenido a partir del ave, fácil-mente
identificables.
En el Anexo II se enumeran aquellas especies que podrán ser objeto de caza en el
marco de la legislación nacional e insta a los Estados miembros a que la caza de estas espe-cies
no comprometa los esfuerzos de conservación realizados en su área de distribución.
Asimismo, en el Anexo III se permite la comercialización tanto de aves vivas como muer-tas,
siempre que se hubieran matado o capturado de forma lícita o se las haya adquirido
lícitamente de otro modo.
El Anexo IV relaciona los métodos de captura que quedan prohibidos en el ámbito de
la CEE, mientras que el V contempla una serie de recomendaciones, entre las que destaca
la necesidad de elaborar listas nacionales de las especies amenazadas de extinción o en espe-cial
peligro teniendo en cuenta su área de distribución geográfica, e inventario, censo y des-cripción
ecológica de las zonas de especial importancia para las especies migratorias.
La normativa básica para la protección de la avifauna proviene de la Ley estatal
4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna
Silvestres, modificada por las Leyes 40/1997 y 41/1997, de 5 de noviembre. En la misma
se establece que “las Administraciones competentes adoptarán las medidas necesarias
para garantizar la conservación de las especies de la flora y de la fauna que viven en esta-do
silvestre, con especial atención a las especies autóctonas, atendiendo preferentemen-te
a la preservación de sus hábitats y estableciendo regímenes específicos de protección”
(artículo 26). Para su protección, el Gobierno de Canarias debe elaborar y aprobar un
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Plan de Conservación del Hábitat. Además, establece las figuras de planificación de los
Espacios Naturales y las normas de aplicación de las mismas, las cuales son competencia
de las Comunidades Autónomas, excepto los Parques Nacionales. Dicha Ley dispone asi-mismo
la obligación de “evitar la introducción y proliferación de especies, subespecies o
razas geográficas distintas a las autóctonas, en la medida que puedan competir con éstas,
alterar su pureza genética o los equilibrios ecológicos” (artículo 27 b).
Esta Ley especifica claramente que sólo se podrá cazar aquellas especies que regla-mentariamente
se declaren como piezas cinegéticas, declaración que en ningún caso
podrá afectar a especies catalogadas, como es la chova piquirroja (artículo 33.1.).
A partir de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, se promulga el Real Decreto 439/1990,
de 30 de marzo, donde se establece el “Catálogo Nacional de Especies Amenazadas”, en
el que quedan incluidas aquellas especies cuya protección exija medidas específicas por
parte de las Administraciones Públicas. En dicho catálogo, las especies, subespecies o
poblaciones consideradas deben estar clasificadas en alguna de las siguientes categorías:
a) En peligro de extinción. Reservada para aquellas cuya supervivencia es poco probable
si los factores causales de su actual situación siguen actuando.
b) Sensibles a la alteración de su hábitat. Referida a aquellas cuyo hábitat característico
está particularmente amenazado, en grave regresión, fraccionado o muy limitado.
c) Vulnerables. Destinada a aquellas que corren el riesgo de pasar a las categorías ante-riores
en un futuro inmediato si los factores adversos que actúan sobre ellas no son
corregidos.
d) De interés especial. En la que se podrán incluir las que, sin estar contempladas en nin-guna
de las precedentes, sean merecedoras de una atención particular en función de
su valor científico, ecológico, cultural, o por su singularidad.
Dependiendo de las categorías asignadas, la Ley obliga a la redacción de diferentes pla-nes
de actuación. Así, las catalogadas como en peligro de extinción exigirá la redacción de
un Plan de Recuperación, donde se especifiquen las medidas necesarias para eliminar tal
peligro, las sensibles a la alteración del hábitat exigen un Plan de Conservación del Hábitat,
las vulnerables un Plan de Conservación, y las de interés especial un Plan de Manejo.
Aunque este catálogo tampoco recoge las especies ya excluidas en el Real Decreto
3181/1980, la ratificación, por parte del Gobierno español, de la Decisión 82/72/CEE
del Consejo, de 3 de diciembre de 1981, referente a la celebración del Convenio relati-vo
a la conservación de la vida silvestre y del medio natural de Europa (Convenio de
Berna), proporciona a dichas especies un marco legal de protección en el ámbito euro-peo.
Este tratado, como su título indica, tiene por objeto fomentar la cooperación entre
los Estados signatarios a fin de garantizar la conservación de la flora y de la fauna silves-
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Pais, J. L.
tres y de sus hábitats naturales, prestando especial atención a las especies amenazadas de
extinción y vulnerables, incluidas las migratorias. Para ello propone la constitución de
un Comité permanente, donde se encuentran representados los países firmantes.
El documento incluye cuatro Anexos. Los dos primeros dedicados a las especies de flora
y fauna "Estrictamente protegidos” respectivamente, un tercero que incluye la fauna
“Protegida” y un cuarto en el que se relacionan los medios y métodos de caza, además de otras
formas de explotación prohibidos. Entre las disposiciones que se contemplan en los distintos
capítulos, destacan los recogidos en los artículos 4.1. y 7.1., donde se obliga a los Estados
miembros a tomar las medidas legales y reglamentarias que sean necesarias para garantizar la
conservación de las especies de fauna silvestre enumerada en los Anexos II y III.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Canarias establece la potestad de la Comu-nidad
Autónoma para ejecutar la legislación del Estado en materia de medio ambiente y
conservación de la naturaleza, salvo lo relacionado con la ordenación del territorio, para
lo que tiene facultades legislativas plenas. En consecuencia, a través de los Reales Decre-tos
3153/1983 y 3364/1983, de 2 de noviembre y del Real Decreto 2614/1985, de 18
de diciembre, se produce el traspaso a la Comunidad Autónoma Canaria de la mayor
parte de las competencias que, hasta ese momento, habían correspondido al Instituto Na-cional
para la Conservación de la Naturaleza (ICONA), con la excepción de los Parques
Nacionales que se gestionan conjuntamente con el Estado.
La actividad legislativa sobre el tema en la Cámara Regional se inicia con la aproba-ción
de la Ley 3/1985, de 29 de julio, de medidas urgentes en materia de urbanismo y
de protección de la naturaleza. Con posterioridad fue promulgada la Ley 12/1987, de 19
de junio, de declaración de Espacios Naturales de Canarias, que ampliaba sustancial-mente
la lista de áreas protegidas en el Archipiélago, al declarar 34 Parques Naturales y
70 Parajes Naturales, al amparo de la Ley estatal de 1975 y del Real Decreto 2676/1977,
de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 15/1975, de 2 de mayo,
de Espacios Naturales Protegidos. Por otra parte, las Leyes 12/1994, de 19 de diciembre,
de Espacios Naturales de Canarias y 13/1994, de 22 de diciembre, de modificación del
anexo de la Ley anterior, en parte surgidas como desarrollo de la Ley estatal 4/1989, pro-tege
141 espacios, agrupados en siete categorías y en la que estarán representados los hábi-tats
naturales más significativos del archipiélago: Parque Natural, Parque Rural, Reserva
Natural Integral, Reserva Natural Especial, Monumento Natural, Paisaje Protegido y Sitio
de Interés Científico. Estas Leyes junto con la Ley 9/1999, de Ordenación del Territorio
de Canarias quedaron derogadas al entrar en vigor el Decreto Legislativo 1/2000, de 8
de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Terri-torio
de Canarias y de Espacios Naturales de Canarias.
La aparición del Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, viene a ratificar en
nuestro territorio la Directiva de Hábitats 92/43/CEE de la Comunidad Europea, al esta-
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blecer medidas para garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats
naturales y de la fauna y flora silvestres (Directiva Hábitats) en el ámbito de la CEE. Su
finalidad es el mantenimiento o el restablecimiento, en un estado de conservación favo-rable,
de los hábitats naturales y de las especies de fauna y flora silvestres de interés comu-nitario.
Obliga a los países miembros a elaborar una red de áreas protegidas denomina-da
Natura 2000, que quedará conformada por las “Zonas Especiales de Conservación”
(ZECs). En ellas se incluirán lugares que alberguen tipos de hábitats naturales que figu-ran
en el Anexo I y de hábitats de especies que figuran en el Anexo II, así como los zonas
especiales de protección (ZEPAs) designadas por los Estados miembros con arreglo a las
disposiciones de la Directiva 79/409/CEE (Directiva Aves).
Asimismo, muchas especies se han beneficiado de la aplicación de la legislación de
caza (Ley 1/1970, de 4 de abril, de Caza y Ley 7/1998, de 6 de julio, de Caza de
Canarias), la cual impide los aprovechamientos cinegéticos en ciertas zonas.
Con la publicación de El Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres de Canarias (MARTÍN
et al., 1990) y del Libro Rojo de los Vertebrados de España (BLANCO & GONZÁLEZ,
1992) y la redacción del Libro Rojo de las Aves de España (MADROÑO et al., 2004), se
establecen las categorías y criterios de conservación asignadas a cada especie por la UICN
(Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y de los Recursos Naturales)
IUCN (1988); GÄRDENFORS et al., (2001); UICN (2001). Estos documentos técni-cos,
que si bien carecen de rango legal, constituyen una herramienta fundamental de tra-bajo
para la administración pública en el proceso de catalogación de especies amenaza-das
a nivel estatal y autonómico y han sido elaborados con el propósito de ser instru-mentos
al servicio de la conservación de nuestra fauna. Su objetivo primordial se centra
en presentar, de manera sistemática, el estado de conservación de cada una de las espe-cies
que la integran, identificar sus posibles amenazas y sugerir medidas de conservación
que garanticen su supervivencia.
Por último, no debemos olvidar que, las diferentes Comunidades Autónomas vienen
editando los catálogos de especies que se encuentran amenazadas en sus respectivos terri-torios
y que estos documentos constituyen los instrumentos básicos para la gestión de
especies en cada autonomía. Sirva como ejemplo significativo de esta última afirmación
la aparición del Decreto 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de
Especies Amenazadas de Canarias.
Medidas de conservación propuestasMuchas de las medidas de protección que pue-den
adoptarse para la conservación de la especie que nos ocupa se enmarcan dentro de
estrategias más globales destinadas a la conservación de los hábitats naturales, ya que la
destrucción y alteración de los mismos constituyen quizá las principales amenazas que se
ciernen sobre nuestro patrimonio natural en su conjunto. No obstante, dentro de estas
estrategias generales de conservación pueden arbitrarse algunas medidas de carácter más
420 Revista de Estudios Generales de la Isla de La Palma, Núm. 1 (2005)
Pais, J. L.
específico tendentes a salvaguardar su población en el archipiélago canario. Entre estas
medidas, podemos señalar:
a) Realización de un censo exhaustivo con el fin de poder estimar el tamaño, la evolu-ción
y la tendencia de la población de chovas en la isla.
b) Realización de estudios sobre el impacto de los plaguicidas y otros productos fitosa-nitarios
en la chova piquirroja y otras especies de la fauna autóctona: localización de
los principales puntos negros en la isla de La Palma.
c) Control más estricto de la venta, distribución y uso de plaguicidas y otros productos
fitosanitarios, garantizando su disponibilidad pero racionalizando la utilización de los
mismos en función del tipo de cultivo y de la superficie que se vaya a tratar. A este
respecto, resulta imprescindible la puesta en marcha de campañas de información y
concienciación dirigidas a agricultores y otros usuarios acerca de los riesgos y peligros
que entraña un uso abusivo e inadecuado de los mismos.
d) Limitar, en la medida de lo posible, el uso de plaguicidas y fertilizantes que merman
considerablemente las condiciones ecológicas para el mantenimiento de las pobla-ciones
de invertebrados hipogeos que constituyen la base de la dieta de la chova.
e) Ejercer un mayor control sobre el uso de plaguicidas y otros productos fitosanitarios
en las principales zonas destinadas al cultivo de la vid en la isla, especialmente duran-te
la época de maduración de la uva.
f ) Creación de una o varias ZEPAS que englobasen las principales colonias de cría, dor-mideros
comunales y zonas de alimentación de la especie en la isla de La Palma.
g) Control de actividades recreativas potencialmente perjudiciales para este córvido tales
como la escalada deportiva, la espeleología y la observación de aves, sobre todo si se
practican en las zonas de cría durante el ciclo reproductor.
h) Protección efectiva de las áreas de nidificación, dormideros comunales y su entorno,
dado que la mayoría de los mismos constituyen enclaves utilizados por las chovas para
su reproducción y, por lo tanto, resultan imprescindibles para su supervivencia. Las
medidas de protección deben evitar su destrucción y alteración.
i) Control de la proliferación de complejos turísticos y nuevas urbanizaciones, así como
de sus infraestructuras asociadas en áreas habitadas por la chova piquirroja. La cons-trucción
de éstas en las áreas de nidificación deberían ser evitadas a toda costa, evi-tando
también la urbanización de las zonas de alimentación cercanas a las áreas de
nidificación y dormidero.
j) Intensificar la vigilancia para evitar que la caza furtiva siga afectando a esta especie.
Se hace necesario impedir y perseguir la caza de chovas y la destrucción de sus nidos.
Al mismo tiempo deberían promoverse campañas de sensibilización y educación de
los cazadores para evitar dichos condicionantes.
Revista de Estudios Generales de la Isla de La Palma, Núm. 1 (2005) 421
Problemática conservacionista de la Chova Piquirroja, Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus Vaurie, 1954
ISSN 1698-014X
k) Aplicación estricta de las sanciones correspondientes, relativas a la protección de esta
especie, como por ejemplo, la caza ilegal, el expolio de nido o el mantenimiento de
aves en cautividad.
l) Los actuales modelos de gestión agraria deberían considerar la posibilidad de incen-tivar
los usos agrarios tradicionales respetuosos que conservan la capacidad del suelo
para la agricultura a largo plazo así como la conservación de la vida salvaje.
m) El mantenimiento de la ganadería tradicional extensiva debería incentivarse para per-mitir
el acceso de las chovas a su alimento y en general, para potenciar los usos tradi-cionales
y respetuosos con los suelos y el paisaje.
n) Considerar el valor ecosistémico de la chova, especialmente como renovador e inter-cambiador
de nutrientes del suelo. En este sentido, podemos destacar el papel de la
especie como agente disgregador de los excrementos del ganado en su búsqueda de
alimento, en este caso escarabajos y otra fauna coprófaga, además del destacado papel
que juega en la renovación y descompactación del suelo, al remover la tierra en busca
de sus presas más importantes, los invertebrados hipogeos (larvas de lepidópteros y
coleópteros, así como arañas, hormigas y otros artrópodos).
ñ) El valor específico de la especie como bioindicador de la calidad de los suelos debe-ría
ser considerado.
o) Promover y subvencionar estudios sobre aspectos inéditos de su biología y que podrí-an
tener cierta trascendencia de cara a su conservación.
p) Promoción de campañas de divulgación específicas en todos los ámbitos sobre la bio-logía,
costumbres e importancia de las chovas en la dinámica de los diferentes hábi-tats
insulares, teniendo como objetivo primordial la concienciación de los ciudada-nos
hacia el respeto por nuestro patrimonio natural.
q) El valor intríseco de esta atractiva y carismática especie debería empezar a ser explo-tado,
al igual que en otros países europeos, como símbolo de los sistemas agrícolas y
ganaderos tradicionales.
AGRADECIMIENTOS
En primer lugar quiero dar las gracias a los biólogos D. Guillermo Delgado Castro,
del Museo de la Naturaleza y el Hombre en S/C de Tenerife, D. Juan Antonio Fargallo
Vallejo, del Departamento de Biodiversidad y Biología Evolutiva del Museo Nacional de
Ciencias Naturales (CSIC) en Madrid, D. Guillermo Blanco Hervás y D. Javier Viñuela
Madera, del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (CSIC) en Ciudad Real,
a D. Jaime Potti Sánchez, de la Estación Biológica de Doñana (CSIC) en Sevilla y al natu-ralista
D. Rubén Barone Tosco, por su constante estímulo y por su entusiasta labor, pro-
422 Revista de Estudios Generales de la Isla de La Palma, Núm. 1 (2005)
Pais, J. L.
porcionándome la mayor parte de la bibliografía utilizada en el presente ensayo. A mis
padres, por soportar mis continuas ausencias y desánimos, además de por la paciencia y
el apoyo brindados en todo momento. A D. Ramón González Pérez y a D. Rafael García
Becerra, por atender con paciencia y amabilidad todas las dudas y discutir muchas de las
ideas y datos que aquí se presentan. Finalmente, nada de esto hubiera sido posible sin el
amor y el apoyo de mi esposa Mary y mis hijos, Alberto y Diego, quiénes han soporta-do
con humor mis continuas salidas en busca de las chovas.
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Problemática conservacionista de la Chova Piquirroja, Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus Vaurie, 1954
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RELACIÓN DE DISPOSICIONES LEGALES
(POR ORDEN CRONOLÓGICO)
Normativa comunitaria
– DIRECTIVA 79/409/CEE DEL CONSEJO, de 2 de abril de 1979, relativa a la con-servación
de las aves silvestres. Diario Oficial núm. L 103, de 25 de abril de 1979.
– DECISIÓN 82/72/CEE DEL CONSEJO, de 3 de diciembre de 1981, referente a la cele-bración
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– DIRECTIVA 85/411/CEE DE LA COMISIÓN, de 25 de julio de 1985, por la que se
modifica la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves sil-vestres.
Diario Oficial núm. L 233, de 30 de agosto de 1985.
– DIRECTIVA 92/43/CEE DEL CONSEJO, de 21 de mayo de 1992, relativa a la con-servación
de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. Diario Oficial núm. L
206, de 22 de julio de 1992.
– DIRECTIVA 97/49/CEE DE LA COMISIÓN, de 29 de julio de 1997, por la que se
modifica la Directiva 79/409/CEE del Consejo, relativa a la conservación de las aves sil-vestres.
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Legislación nacional
– LEY 1/1970, de 4 de abril, de Caza. BOE núm. 82, de 6 de abril de 1970.
– DECRETO 2573/1973, de 5 de octubre, por el que se protegen determinadas especies de
animales salvajes y se dictan las normas precisas para asegurar la efectividad a esta pro-tección.
BOE núm. 250, de 18 de octubre de 1973.
– LEY 15/1975, de 2 de mayo, de espacios naturales protegidos. BOE núm. 107, de 5 de
mayo de 1975.
– REAL DECRETO 2676/1977, de 4 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento para
la aplicación de la Ley 15/1975, de 2 de mayo, de Espacios Naturales Protegidos. BOE
núm. 258, de 28 de octubre de 1977.
– REAL DECRETO 3181/1980, de 30 de diciembre, por el que se protegen determinadas
especies de la fauna silvestre y se dictan las normas precisas para asegurar la efectividad de
esta protección. BOE núm. 56, de 6 de marzo de 1981.
– REAL DECRETO 1358/1983, de 20 de abril, por el que se aprueban las normas de tras-paso
de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias y fun-cionamiento
de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria cuarta de su
Estatuto de Autonomía. BOE núm. 126, de 27 de mayo de 1983.
426 Revista de Estudios Generales de la Isla de La Palma, Núm. 1 (2005)
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– REAL DECRETO 3153/1983, de 2 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servicios
del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de estudios de ordenación
del territorio y medio ambiente. BOE núm. 309, de 27 de diciembre de 1983.
– REAL DECRETO 3364/1983, de 2 de noviembre, sobre traspaso de funciones y servi-cios
del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de medio ambiente.
BOE núm. 25, de 30 de enero de 1984.
– REAL DECRETO 2614/1985, de 18 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servi-cios
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Canarias en mate-ria
de conservación de la naturaleza. BOE núm. 13, de 15 de enero de 1986.
– REAL DECRETO 1497/1986, de 6 de junio, por el que se establecen medidas de coor-dinación
para la conservación de especies de fauna y sus hábitats, ampliándose la lista de
especies protegidas en todo el territorio nacional. BOE núm. 173, de 21 de julio de 1986.
– INSTRUMENTO de ratificación del Convenio relativo a la conservación de la vida sil-vestre
y del medio natural en Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre de 1979. BOE
núm. 235, de 1 de octubre de 1986.
– ANEJOS II y III del Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre y del medio
natural en Europa, hecho en Berna el 19 de septiembre de 1979. BOE núm. 136, de 7
de junio de 1988.
– LEY 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y
Fauna Silvestres. BOE núm. 74, de 28 de marzo de 1989.
– REAL DECRETO 1095/1989, de 8 de septiembre, por el que se declaran las especies obje-to
de caza y pesca y se establecen normas para su protección. BOE núm. 218, de 12 de
septiembre de 1989.
– REAL DECRETO 439/1990, de 30 de marzo, por el que se regula el Catálogo Nacional
de Especies Amenazadas. BOE núm. 82, de 5 de abril de 1990.
– REAL DECRETO 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats natu-rales
y de la fauna y flora silvestres. BOE núm. 310, de 28 de diciembre de 1995.
– LEY 40/1997, de 5 de noviembre, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 de marzo, de
Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. BOE núm. 266,
de 6 de noviembre de 1997.
– LEY 41/1997, de 5 de noviembre, por la que se modifica la Ley 4/1989, de 27 de marzo,
de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestres. BOE núm.
266, de 6 de noviembre de 1997.
– REAL DECRETO 1193/1998, de 12 de junio, por el que se modifica el Real Decreto
1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para contribuir a garan-tizar
la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y
flora silvestres. BOE núm. 151, de 25 de junio de 1998.
Revista de Estudios Generales de la Isla de La Palma, Núm. 1 (2005) 427
Problemática conservacionista de la Chova Piquirroja, Pyrrhocorax pyrrhocorax barbarus Vaurie, 1954
ISSN 1698-014X
– ORDEN de 10 de marzo de 2000 por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de
Especies Amenazadas determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora y fauna y
cambian de categoría y se excluyen otras especies ya incluidas en el mismo. BOE núm. 72,
de 24 de marzo de 2000.
Legislación autonómica
– LEY 12/1994, de 19 de diciembre, de Espacios Naturales de Canarias. BOC núm. 157,
de 24 de diciembre de 1994.
– LEY 13/1994, de 22 de diciembre, de modificación del anexo de la Ley de Espacios
Naturales de Canarias. BOC núm. 157, de 24 de diciembre de 1994.
– LEY 7/1998, de 6 de julio, de Caza de Canarias. BOC núm. 86, de 15 de julio de 1998.
– LEY 9/1999, de 13 de mayo, de Ordenación del Territorio de Canarias. BOC núm. 61,
de 14 de mayo de 1999.
– DECRETO LEGISLATIVO 1/2000, de 8 de mayo, por el que se aprueba el Texto
Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias y de Espacios Naturales
de Canarias. BOC núm. 60, de 15 de mayo de 2000.
– DECRETO 151/2001, de 23 de julio, por el que se crea el Catálogo de Especies
Amenazadas de Canarias. BOC núm. 97, de 1 de agosto de 2001.