Legislación minera colonial en tiempos de Felipe II

              1014
LEGISLACIÓN MINERA COLONIAL EN TIEMPOS
DE FELIPE II
Miguel Molina Martínez
Siendo la minería una actividad fundamental de la colonización española, desde
un principio fue objeto de una gran preocupación por parte de las autoridades reales con el
fin de reglamentar su desarrollo. Aspectos tales como las nuevas posesiones de la Corona,
los sistemas de explotación, el régimen laboral, etc. dieron origen a una intensa actividad
legisladora. Si a ello se añade que la explotación de los yacimientos mineros fue uno de
los móviles de la conquista y colonización del continente americano y que su desarrollo se
vinculó muy pronto a la situación de las finanzas peninsulares, es fácil comprender el
interés de la política seguida por los monarcas en dicha materia.
Lo mismo que ocurriera en otros campos, la doctrina jurídica aplicada estuvo
basada en la legislación española vigente en el momento del descubrimiento y conquista,
lo que significa, como ya lo apuntara García Gallo, que la legislación castellana fue consi-derada
como base para dar respuesta a la nueva realidad de las Indias.1 Este carácter suple-torio
del derecho minero castellano en América fue constante y quedó recogido en la
propia Recopilación de Leyes de Indias.2 No obstante, la extraordinaria amplitud y com-plejidad
que de inmediato alcanzó la actividad minera en los nuevos territorios america-nos
obligó a las autoridades reales a desplegar una intensa labor legislativa que terminó
superando el propio marco peninsular para adaptarse a las circunstancias locales america-nas,
hecho éste que culminó ya entrado el siglo XVIII.
La configuración del derecho minero indiano estuvo sujeta a un largo proceso.
En sus fases iniciales, por miedo a emprender directrices equivocadas, la Corona apenas
reguló de forma orgánica el ramo de minas y sus medidas fueron zigzagueantes. Sin em-bargo,
la notoria falta de adecuación de las leyes mineras castellanas para reglamentar la
explotación de las minas americanas favoreció la proliferación de ordenanzas particula-res,
de ámbito local o regional, haciendo poco útil en este terreno la política seguida en
otras materias donde sí existió un trasplante casi íntegro de la legislación española.3 Gra-cias
a ello fue consolidándose en Indias un derecho jurídico minero novedoso y original, a
pesar de que en el fondo gravitaba sobre los principios consagrados por la legislación
castellana.
Las líneas que siguen tratan de analizar el conjunto de las ordenanzas aparecidas
en la época de Felipe II y su significado en el contexto de la problemática minera de esa
época. Dos rasgos iniciales pueden destacarse como característicos de dicha iniciativa
ordenadora: a) los nuevos textos conservaron inalterable la doctrina jurídica acerca del
dominio real sobre el subsuelo y b) la Corona permitió paulatinamente la elaboración de
leyes por parte de las autoridades coloniales con el fin de ajustar lo más posible la legisla-
69
1015
ción a la singularidad de los nuevos territorios. Esta es la razón por la que, junto a las leyes
de rango general peninsular, fueron apareciendo otras de ámbito local y particular, de
acuerdo con las circunstancias especiales del mundo indiano.
Es cierto que unas y otras tenían carácter complementario y, en cierta manera,
resultaba difícil prescindir de ninguna de ellas, ya que “conocer el Derecho vigente en
América sólo a través de la legislación indiana, es como querer apreciar una imagen a
través de unos cristales que únicamente permitan apreciar un color...”4. Por ello, el pano-rama
legislativo minero de la época de Felipe II en relación con América no sólo debe
quedar ceñido a los propios códigos redactados especialmente para las nuevas tierras, sino
que también requiere del conocimiento de aquellos otros textos cuya aplicación origina-riamente
estaba referida al ámbito castellano.
Antecedentes
Desde el punto de vista legislativo, el panorama de la minería colonial que en-contró
Felipe II estaba determinado tanto por la vigencia de leyes dictadas en la península
como por la de aquellas otras redactadas por las autoridades coloniales. Con relación a las
primeras, es preciso remontarse a las Partidas de Alfonso X, al Ordenamiento de Alcalá
(1348) de Alfonso XI y a las Ordenanzas de Briviesca (1387), dictadas por Juan I. Todas
estas leyes establecieron con absoluta rotundidad la incorporación de las minas al dominio
regio y su explotación por particulares a cambio de un impuesto.5 La consideración de las
minas como iura regalia desarrollada por la jurisprudencia medieval fue una doctrina
común, inalterable a lo largo de todas las épocas y, por supuesto, tuvo una completa apli-cación
en las Indias. La Real Cédula de 1504 expedida por los Reyes Católicos abundaba
en esto mismo, mientras que la Real Orden de 9 de diciembre de 1526 de Carlos V permi-tía
el descubrimiento y beneficio de las minas a todos los vasallos del rey, previo conoci-miento
de las autoridades reales.6
Abundando en ello, es significativo comprobar cómo las Capitulaciones de In-dias
firmadas a lo largo del siglo XVI insistían en señalar que la Corona retenía las minas
para sí y un impuesto sobre la producción.7 Este derecho de regalía fue reafirmado en
términos totalmente inequívocos por tratadistas del XVII como Matienzo, León Pinelo y
especialmente Solórzano y Pereira.8
Con relación a las segundas, esto es, a las ordenanzas propiamente indianas, la
situación pone de manifiesto lo ya anteriormente afirmado acerca de la necesidad de adap-tación
de la normativa a las circunstancias locales. En Nueva España, las primeras leyes
fueron promulgadas por Sebastián Ramírez de Fuenleal en 1532;9 tuvieron continuación
en las ordenanzas de minas dictadas por el virrey Antonio de Mendoza en 1539 y nueva-mente
en 1550.10 Los 49 capítulos de que constan éstas últimas trataron de solucionar los
problemas que no habían sido resueltos con la legislación anterior. Su influencia fue noto-ria
a lo largo de todo el siglo XVI y decisiva para la expansión minera septentrional.11
Aunque nada afirmaban acerca del dominio real, se daba por sentado que las minas perte-necían
a la Corona; otro tanto ocurría con la tributación, sobre la que no había referencias,
pero debe señalarse que tal vacío estaba regulado en otras disposiciones y particularmente
en el capítulo 13 de las Instrucciones dadas a Mendoza por el rey. Por el contrario, presta-
1016
ban gran atención a reglamentar las cuestiones referidas al registro de la mina, la condi-ción
de primer descubridor, la obtención de licencia, los derechos que otorgaba la misma
y la obligación de trabajar la mina, bajo la pena de perder sus derechos sobre ella. Algunas
de estas disposiciones fueron incorporadas en las Ordenanzas de 1559, 1563 y 158412.
Además, legislaban sobre el trabajo de los indios, la necesidad de marcar y quintar la
plata, los procedimientos en causas mineras, la protección de los bosques o la prohibición
a los alcaldes mayores de explotar minas en su jurisdicción.
En el virreinato Peruano, con anterioridad a la época de Felipe II, merecen des-tacarse
las Ordenanzas sancionadas en 1550 por el presidente La Gasca para Potosí y
confirmadas por la Audiencia de Lima. Dado que aquel mineral fue descubierto en 1545,
esta legislación debió ser la primera que se dictara. De ahí su interés, aunque presentase
numerosas lagunas que no tardaron en ser ampliamente subsanadas por la legislación del
virrey Toledo. Tanto éste en la introducción a sus Ordenanzas de 1574, como Juan de
Matienzo en su Gobierno del Perú hacían referencia a ella.
En Chile, por su parte, cabe mencionar las elaboradas por Pedro de Valdivia
(1546) y las del Cabildo de Santiago (1550). Las primeras fueron promulgadas con carác-ter
transitorio para sustituir a otras más antiguas desaparecidas en el incendio de Santiago
del Nuevo Extremo. Su contenido, distribuido en 36 capítulos, era necesariamente breve
dadas las circunstancias de su establecimiento.13 No obstante, se ocupaban de los meca-nismos
para el otorgamiento de los derechos de explotación por parte de los oficiales
reales y de la libertad de cualquier minero para descubrir y trabajar las minas. El articula-do
sobre las obligaciones de los mineros era presentado de forma muy difusa y con evi-dentes
vacíos jurídicos.14 Sin duda por esta circunstancia, este código tuvo escasa vigencia
y fue muy pronto sustituido por otro nuevo: Las Ordenanzas redactadas por Antonio Núñez
y aprobadas por el Cabildo de Santiago en 1550.
Estas constituyen un verdadero ejemplo de casuismo y singularidad indiana, al
darse la particularidad de que era un cabildo municipal el que se atribuía funciones legis-lativas
en materia de minas.15 A lo largo de 21 ítems desarrollaban con bastante detalle los
aspectos relativos a la búsqueda y explotación de yacimientos, así como la obligación de
trabajarlos efectivamente para mantener los derechos sobre ellos. Como novedad, incor-poraban
el nombramiento de un alcalde de minas con múltiples funciones, signo evidente
del intervencionismo administrativo.16
La legislacion de Felipe II
El heterogéneo panorama legislativo que venía rigiendo la minería en América
presentaba inevitablemente, ya se ha dicho, grandes lagunas y no pocas contradicciones.
Por otro lado, el descubrimiento de nuevos yacimientos, la continua expansión de la acti-vidad
minera o la cuestión indígena crearon nuevas situaciones en la segunda mitad del
siglo XVI que era preciso atender y reglamentar. Tal fue la labor emprendida por Felipe II
y sus juristas. El objetivo no era otro que adecuar las leyes a la realidad del sector minero,
suprimiendo o reformando aquellas normas que estaban ya obsoletas y proponiendo otras
nuevas acordes con la problemática del momento. Si esta política era ciertamente apropia-da
para aliviar al sector de la maraña de leyes que lo oprimía, no es menos cierto que hubo
1017
otras razones de peso para acometer la reforma legislativa. En este sentido, conviene re-cordar
que Felipe II heredó un imperio con enormes cargas financieras derivadas de los
graves compromisos adquiridos; entre ellos, la presencia militar en Europa motivada por
su aspiración de defensa de la fe católica y el continuo desgaste económico derivado de la
ocupación y salvaguardia de las posesiones americanas.
El incremento de la producción metálica y el mejor aprovechamiento de los re-cursos
indianos fue considerado como la solución más idónea para afrontar los retos de la
monarquía. Consciente de ello, la Corona puso en marcha un ambicioso programa de
reactivación de la minería que se extendió por varios frentes: incentivos para el descubri-miento
de nuevos minerales, implementación de mano de obra, adopción de nuevas tecno-logías,
mayor control fiscal y, por supuesto, la aplicación de una legislación en consonan-cia
con ello.
El período objeto de estudio contempla la aparición de dos grandes ordenaciones
mineras: las Ordenanzas del virrey Toledo para el Perú (1574) y las Ordenanzas del Nuevo
Cuaderno (1584), promulgadas en España pero de extensa aplicación en México. A ellas
que hay que añadir otro rico conjunto de códigos de ámbito más particular, entre los que
sobresalen los promulgados por el conde de Nieva (1561) y Polo de Ondegardo (1562) en
Perú y por Francisco de Villagra (1561) en Chile. Si durante la primera mitad del siglo
XVI el protagonismo legislador correspondió al virreinato de la Nueva España, en la épo-ca
de Felipe II correspondería al de Perú. Este cambio estuvo directamente relacionado
con el mayor desarrollo que ahora adquirieron las explotaciones mineras en dicha región.
Tal circunstancia puede explicar también el hecho de que fuera aquí donde las autoridades
locales mostraran una mayor preocupación ordenancista y donde se redactaran los textos
más completos y exhaustivos. Por el contrario, la minería mexicana subsistió durante esa
misma época fundamentalmente bajo una legislación de origen castellano e, incluso, pe-ruano
con carácter supletorio.
Las Ordenanzas de 1559, la Pragmática de Madrid de 1563 y las Ordenanzas del
Nuevo Cuaderno de 1584 constituyen, referidos al ámbito castellano y con aplicación
supletoria en Indias, los tres máximos exponentes de la actividad legisladora minera en
tiempos de Felipe II. Su publicación supuso un avance en el derecho de minas. El nuevo
articulado vino a derogar muchas de las mercedes concedidas al amparo de las Ordenan-zas
de Briviesca y fijó con más precisión la jurisdicción real en materia minera.
Las Ordenanzas de 1559
También llamadas “antiguas”, en contraposición a las del Nuevo Cuaderno, fue-ron
promulgadas en Valladolid en enero de 1559 por la reina doña Juana de Portugal,
regente en ausencia de Felipe II.17 El aspecto más importante y novedoso que abordaban
hacía referencia al dominio real, ya que disponían la reincorporación de todas las minas a
la Corona y revocaban toda concesión anterior a ellas,18 aunque con una justa compensa-ción.
Debe significarse con relación a dicha reincorporación que ello no implicaba que la
explotación de las minas correspondiera de forma directa y exclusiva al rey; por el contra-rio,
estas leyes consagraron el principio de libertad de todas las personas para su trabajo.19
Requisito previo para su explotación era el registro oficial de las minas en el plazo de 20
días desde su descubrimiento (Ordenanza 4ª).
1018
En el fondo de este ordenamiento subyace la idea de que la riqueza mineral era
indispensable y debía ser ampliamente aprovechada. No debe olvidarse que a mediados
del siglo XVI la minería en la península atravesaba por una situación agónica que requería
por parte de la Corona de una transformación radical.20 Satisfacer los designios de la Pro-videncia,
fomentar el interés social y, desde luego, proveer de ingresos al Estado siempre
necesitado de recursos son puntos que aparecen en las Ordenanzas de 1559 como princi-pios
rectores indiscutibles. Por ello prestaban también gran importancia a la cuestión del
trabajo efectivo. Es decir, que, tal como establecía la ordenanza 6ª, el simple descubri-miento
y registro de una mina no daba derechos sobre ella a no ser que existiera una
explotación continuada; hasta tal punto era así que podía perderse su propiedad si no era
trabajada pasados seis meses desde la fecha del registro. Como se apuntó anteriormente, la
influencia de la legislación novohispana en lo que se refiere al registro y a la necesidad de
laboreo de las minas es notorio.
La ordenanza 3ª establecía como principio general la obtención por parte del rey
de las dos terceras partes de los ingresos líquidos y el tercio restante correspondía al des-cubridor.
Además, fijaba un incremento de la tasa tributaria que gravaba a los mineros
mediante un aumento progresivo de la participación real en relación con el mayor volu-men
de ingresos de éstos. De ello es fácil colegir el afán recaudatorio que animaba a la
Corona.
En 1559, por tanto, la Corona reafirmó las minas como iura regalia y manifestó
que podían ser trabajadas por quienes cumplieran con los requisitos establecidos. De este
modo quedaron patentes las características generales que se mantuvieron en toda la legis-lación
minera indiana: 1) patrimonio real de las minas; 2) exigencia de su registro; y 3)
necesidad de laboreo y pueble para la conservación de los derechos de explotación.21
La Pragmática de Madrid de 1563
Publicada apenas cuatro años después de las Ordenanzas de Valladolid, esta Prag-mática,
ordenada en 78 capítulos, vino antes a completar o modificar algunos aspectos de
aquéllas, que a cambiar profundamente el régimen ya establecido. Se la denominó Orde-nanzas
nuevas de las minas, pero las alusiones que hace a las de 1559 son continuas.22
Quizá por tratarse de un aspecto suficientemente tratado ya y obvio a esas alturas, pasaron
por alto la cuestión del dominio real sobre las minas.
Entre las novedades que incorporaban hay que señalar la extensión de la libertad
de catar y cavar las minas a los extranjeros.23 Además, suprimían la necesidad de autoriza-ción
del propietario de la superficie, quien en adelante debía conformarse con una indem-nización
determinada por los peritos. Tal medida supuso poner fin a los últimos resabios
del sistema de la accesión.24 Por otro lado, insistían en la obligación de registrar las pro-piedades,
creando para tal efecto un “registro general de minas”; establecían nuevas nor-mas
-ordenanza 21-, que completaban la anterior legislación, para evitar pleitos entre los
descubridores. Otra novedad era el aumento de las medidas de las minas que pasaban de
ser de 100 varas de largo por 50 de ancho a 120 y 60 respectivamente, disponiendo que a
continuación de la mina descubierta se reservara otra para la Corona de las mismas dimen-siones.
1019
La obligatoriedad de trabajar las minas se mantenía como en las leyes preceden-tes,
con la singularidad de que el plazo fijado para “ahondar y cavar” quedó reducido de
seis a tres meses, bajo la misma sanción (ordenanza 37); persistía también la obligación de
“poblar” las minas para impedir que permanecieran inactivas (ordenanzas 40-42). En cuanto
al aspecto tributario, destacaba la imposición de nuevas formas de contribución y fiscali-zación,
las cuales iban desde la octava parte de los beneficios hasta la mitad, según la
bondad, qualidad y riqueza de la mina (ordenanzas 2-12). La labor fiscal correspondía a
un Administrador General (ordenanza 43), con la misión de visitar las minas y cuidar que
estuviesen limpias y se trabajasen. Pero ante todo, debía preocuparse de que los mineros
hicieran efectivos sus tributos a la Corona (ordenanzas 56-66). Todas estas funciones
fiscalizadoras quedaron mucho mejor perfiladas en las Ordenanzas de Nuevo Cuaderno,
como se verá.
Otros aspectos recogidos en esta Pragmática fueron: la obligación de dar estacas
y la forma de hacerlas; la prohibición de denunciar más de dos minas; la prohibición de
registrar minas por parte de terceros; la prohibición de tener minas los mayordomos y
otros empleados de los mineros, así como los funcionarios de la Corona que se ocupasen
de asuntos mineros; directrices para el funcionamiento de compañías de mineros; procedi-mientos
para fundir los metales y normas para que los mineros pudieran apacentar sus
bestias, cazar y pescar libremente en los alrededores de sus minas.25
Las Ordenanzas del Nuevo Cuaderno
Se trata, sin duda, del código más importante y duradero de los que se publicaron
en España y el de más amplia difusión, no sólo en España, donde rigió durante 250 años,
sino también en las Indias.26 Promulgadas por Felipe II en El Escorial en 1584, constan de
84 ordenanzas, de las que las 73 primeras son una copia casi exacta de las de la Pragmá-tica
de Madrid, aunque mejoran su redacción y, por supuesto, introducen temas nuevos.27
En efecto, aunque su contenido pone de relieve que no fue su propósito cambiar el fondo
de la legislación anterior, no es menos cierto que ofrecen aspectos muy novedosos. A
pesar de que la ordenanza 1ª incluye una derogación orgánica de las Pragmáticas de 1559
y 1563, esta es meramente formal, de forma que su principal mérito radica en ser la suma
de todos los avances logrados por la evolución legislativa anterior.28 Son más extensas y
no tienen, como las anteriores, un apartado especial para las minas de oro.
Estas leyes reiteraban el principio tradicional castellano de la pertenencia a la
Corona de todas las minas, considerándose el disfrute de la propiedad como una merced
real (ordenanzas 14 y 84). Sin embargo, es interesante señalar lo que la ordenanza 2ª
establece:
Y por hacer bien y merced a nuestros súbditos y naturales, y a otras qualesquier
personas, aunque sean extranjeros destos nuestros Reinos, que beneficiaren y
descubrieren qualesquier minas de plata descubiertas y por descubrir, queremos
y mandamos que las hayan, y sean suyas propias, en posesión y propiedad y que
puedan hacer y hagan dellas, como de propia cosa suya...
1020
La expresión “en posesión y propiedad” no debe considerarse como una cesión
que efectúa el rey a favor del particular una vez otorgado su derecho a explotar; mas bien
se trataba de la cesión de esto último: el derecho a explotar, es decir, que el particular sólo
tendría la propiedad y posesión de su derecho y los beneficios derivados de él29. Profundi-zando
sobre este particular, Francisco Javier de Gamboa en sus Comentarios a las Orde-nanzas
de Minas opinaba igualmente que “en su origen todos los metales son del Real
Patrimonio... por lo cual, en el sentido de la verdad, se debe decir, que S.M. mantiene en su
Corona las minas, y no pudiéndolas por su cuenta trabajar, dio parte a los vasallos con
varios gravámenes y restricciones”.30
El Nuevo Cuaderno reglamentaba el registro de la mina con precisiones aclaratorias
tendentes a evitar discordias y litigios entre los mineros. Como innovación reducía el
plazo de dicho registro a “diez días naturales”, lo que denota el interés real por una rápida
explotación. También existían modificaciones en las medidas de las minas, aumentándose
su extensión hasta las 160 varas de largo por 80 de ancho. Desaparecía la obligación de
reservar a la Corona una pertenencia después de la del primer descubridor, así como la
prohibición de que una persona pudiera tomar más de dos minas, fijando la cantidad que
libremente quisiera (ordenanza 31).
Siguiendo lo establecido ya en las ordenanzas de 1559 y 1563, los mineros esta-ban
obligados para conservar su derecho a explotar la mina a cumplir los siguientes requi-sitos:
ahondar la mina (ordenanza 35), poblarla (ordenanza 37) y pagar los tributos (orde-nanzas
3-12). Sobre este último aspecto, introducía una ligera modificación en la cuantía
de las tasas, aunque mantenía las mismas normas sobre su fiscalización (ordenanzas 53-
62). Es evidente aquí, aunque se trate de un primer esbozo de un sistema de amparo, la
intención de condicionar el derecho del particular al cumplimiento de una exigencia im-puesta
en interés público.31
Fue, sin embargo, en el aspecto de la intervención administrativa donde esta le-gislación
llegó a ser mucho más innovadora, en relación con lo estipulado anteriormente.
La ordenanza 77, que es enteramente nueva, hablaba de un Administrador General y de un
Administrador de partidos a los que competía el gobierno y jurisdicción de todas las minas
y lo referente a ellas.32 En el campo jurisdiccional el avance fue considerable, ya que se
creó de hecho una administración privativa de minas desde el momento en que esa misma
ordenanza establecía que las restantes justicias
no se entremetan en el conocimiento de las dichas causas tocantes y concernien-tes
a las dichas minas..., ni procedan ni admitan demandas ni pedimentos ni que-rellas
ni otra cosa alguna de su oficio... Y por la presente inhibimos y habemos
por inhibidos a las dichas Justicias y Jueces ordinarios y de comisión, y otros
cualesquier que sean, para que no puedan conocer ni conozcan en manera alguna
de las dichas causas.
Para nuestro estudio, la importancia de estas ordenanzas radica además en el
hecho de que fueron, como se dijo antes, de aplicación en América, especialmente en la
Nueva España. Gamboa, uno de sus más conocidos comentaristas, no dudó en elogiarlas y
reconoció que, en efecto, tuvieron una dilatada vigencia en México.33 Cierto es que fueron
1021
necesarias algunas adaptaciones, sobre todo en lo tocante a la prestación de servicios por
parte de la población indígena, la forma de pagar el salario y la posibilidad de descubrir y
labrar minas.34 Otra peculiaridad fue la inobservancia de las normas jurisdiccionales pri-vativas
contempladas en el Nuevo Cuaderno, puesto que en Nueva España el gobierno y
justicia de las minas siguieron en manos de los alcaldes mayores hasta las leyes de 1783.
Como acaba de verse, la legislación minera dictada para Castilla tuvo vigencia en
los dominios coloniales. Sin embargo, la propia Corona fue consciente de que las circuns-tancias
particulares obstaculizaban su aplicación. Por ello siempre estuvo en disposición
de que se realizaran las oportunas modificaciones o bien se elaboraran otras leyes nuevas
en Indias. En otro lugar ya se hizo mención de este tipo de ordenanzas publicadas antes de
la llegada de Felipe II. Corresponde ahora proseguir con las promulgadas durante la se-gunda
mitad del siglo XVI. Sin ninguna duda, las Ordenanzas del virrey Toledo acaparan
el mayor interés, pero no deben desdeñarse otras de carácter más local como las dictadas
por el conde de Nieva, Polo de Ondegardo o Francisco de Villagra.
Las Ordenanzas de Toledo de 1574
La legislación minera de Francisco de Toledo fue la más completa y la de mayor
repercusión en su época. No sólo se aplicó en el virreinato peruano para el que fue dictada
expresamente, sino también en el novohispano con carácter supletorio,35 donde más tarde
también se utilizó como fuente para la elaboración de las Ordenanzas de 1783.36 El código
toledano consta de 10 Títulos de desigual extensión:37 I. De los descubrimientos, registros
y estacas; II. De las demasías; III. De las medidas y amojonamientos; IV. De las cuadras;
V. De las labores y reparos de las minas o ruinas que suceden en ellas; VI. De las entradas
de unas minas en otras; VII. De los despoblados; VIII. De los socavones; IX. Del alcalde
mayor de minas y orden que se ha de guardar en la determinación de los pleitos y en las
apelaciones y ejecuciones de las sentencias; X. De los desmontes, trabajo y paga de los
indios. Posteriormente se le adicionaron otros siete: XI. De los dueños de minas e ingenios
y de sus mineros; XII. De las ventas y arrendamientos de minas e ingenios; XIII. Que
prohibe la enajenación y venta de los indios y pone la forma de repartir la mita; XIV. De
las adiciones y limitaciones a las Ordenanzas de minas del virrey Marqués de Cañete; XV.
De los tesoros y guacas; XVI. De los privilegios de los mineros; XVII. De los ensayadores
mayores y particulares de las casas de moneda, fundición y asientos de minas.
Las ordenanzas de Toledo respondían a un inequívoco criterio sistematizador y
jurídicopráctico. Detrás de ellas había una rica experiencia que no fue ajena al virrey. Los
precedentes de La Gasca y del conde de Nieva, varias veces aludidos en estas ordenanzas,
confirman las firmes bases sobre las que actuó. Además, el asesoramiento de los juristas
Juan de Matienzo y Polo de Ondegardo las dotó de un alto nivel.38 Fueron ampliamente
comentadas por Fernando Montesinos39 y difundidas por Gaspar de Escalona40. Más tarde
en 1683 fueron incluidas, junto a otras, en el libro III de la Recopilación de Ordenanzas
del Perú compiladas por Tomás de Ballesteros y publicadas dos años después.41
El ordenamiento de Toledo fue un proyecto legislativo que trató de crear el marco
jurídico adecuado para la experiencia minera peruana que, en modo alguno, habían con-templado
las leyes castellanas. Esta idea quedó clara en la exposición de motivos que
recogía el Preámbulo:
1022
Y así fue necesario tomar de todo lo estatuido hasta ahora, lo que conforme al
tiempo y necesidad presente conviene que se guarde, añadiendo lo necesario para
que las minas se labren y los metales se beneficien en cuanto fuere posible, ata-jando
lo que pareció que era estorbo para que tuviese cumplido efecto y estatu-yendo
por ordenanzas algunas cosas que se colijen de la instrucción que S.M. me
dio sobre esta materia, que tocan al descargo de su conciencia y al bien de sus
naturales, y modificando otras que estaban ordenadas con menos justificación de
la que convenía de presente, y dando algunos privilegios a los descubridores
especialmente de minas de azogue, para que con más voluntad se animen a traba-jar
y gastar sus haciendas en descubrir minerales y beneficiar metales.42
Aunque la relación de Títulos expuesta más arriba ofrece una idea bastante aproxi-mada
de su contenido, conviene detenerse en algunos de ellos por su significado o nove-dad.
Como no podía ser de otra manera, las ordenanzas comenzaban exponiendo una
rotunda defensa de la regalía minera,43 a la que seguía la proclamación de libertad de cateo
y registro de minas a todos los vasallos e, incluso, extranjeros.44 Ello no deja de sorpren-der,
habida cuenta de la prohibición expresa de que éstos pasasen a las Indias. Martiré,
siguiendo a Gamboa sostiene que se trata de extranjeros que habían obtenido la carta de
naturaleza, en clara alusión a los afincados en América, casados y con muchos años de
residencia.45 En cambio, Ramos Pérez afirma que Toledo abrió la posibilidad de la presen-cia
real de mineros extranjeros, particularmente alemanes, como recurso para el desarrollo
de un sector en crisis productiva.46
En cuanto a los registros, fijaban un plazo de 30 días desde el descubrimiento y
prohibían que ningún minero tuviera más de seis minas, permitiéndose el denuncio de las
demasías;47 a continuación de la primera mina se obligaba la reserva de otra para la Coro-na.
48 Dada la importancia del azogue en la obtención de la plata, estas minas quedaban
bajo un régimen especial: su producción debía venderse al Estado y la explotación abarca-ba
30 años o, en su defecto, hasta la muerte del propietario, tras lo cual pasaban a poder del
rey.49 El Título V es sumamente interesante por cuanto establece las normas para el labo-reo
de la mina y la seguridad de los operarios, lo que arroja indudables luces acerca del
régimen de explotación, conocimientos técnicos, etc. no estudiados con la amplitud que
merecen.
Como en anteriores códigos, el minero estaba obligado a trabajar y poblar la
mina, si no quería perder sus derechos sobre ella, en el plazo de 60 días.50 Con relación a
la jurisdicción minera, la autoridad judicial y administrativa era el alcalde mayor de mi-nas,
auxiliado por el escribano de minas.51 Debía ser aquél una “persona hábil y suficiente
en la labor de las minas”, concurrir a ellas de forma periódica y asistir personalmente a
todas las diligencias y no podía tener minas, ni explotar las ajenas. La resolución de los
pleitos debía hacerse con la mayor celeridad y, para no obstaculizar el trabajo minero, se
ordenaba que las minas y las herramientas eran inembargables.52 Tampoco podían ser
presos por deudas los mineros fuera del asiento donde trabajaban.53 De acuerdo con estas
leyes, la jurisdicción privativa sólo existía en los asuntos contemplados por las ordenan-zas;
en los demás casos, era posible también la competencia de la justicia ordinaria.54 El
orden en los asientos mineros debía mantenerse, evitando la presencia de vagabundos y
jugadores”.55
1023
Finalmente, el Título X se ocupaba de reglamentar el trabajo de los indios y por
su incidencia sobre la mano de obra constituye un magnífico punto de referencia para
calibrar el espíritu de las disposiciones toledanas sobre este particular. Considerado como
un verdadero estatuto laboral, que atendía a evitar abusos y excesos,56 se extendía minu-ciosamente
en fijar horarios y condiciones de trabajo, jornales, fiestas, etc. Estipulaba que
la jornada laboral durase desde hora y media después de salir el sol hasta su puesta, con
descanso al mediodía de una hora; durante los meses de invierno el horario se reducía,
debido al frío; prohibía que los trabajadores realizasen más de dos viajes de acarreo de
metales y que los indios pongos, por su excesiva dureza, efectuasen tareas de vigilancia.57
La política legisladora de Francisco de Toledo para dotar a la minería peruana de
un marco adecuado a la nueva situación minera, además de impresionante, fue totalmente
necesaria. La situación por la que atravesaba el sector a partir de la década de los 60
requería de una intervención urgente y profunda. La producción de plata potosina se había
desplomado a partir de 156658 y amenazaba con privar al Estado de una importante fuente
de ingresos. Este amenazador colapso fue evitado a principios de 1570 gracias a dos inno-vaciones
emprendidas por el virrey: Una, la nueva regulación de la mita; otra, la puesta en
práctica del sistema de amalgamación. La disponibilidad de mano de obra abundante y
barata, así como el mejor aprovechamiento de los minerales con las nuevas técnicas propi-ciaron
un espectacular crecimiento que no se detendría hasta las primeras décadas del
siglo XVII. La reglamentación de todo ello requería propuestas distintas a las existentes y
Toledo trató de darlas. De ahí, las prolijas leyes sobre la mano de obra59 o la importancia
concedida a las minas de azogue.60 La experiencia personal adquirida por el virrey en sus
continuos viajes por la región, unido a las directrices de control administrativo dadas por
Felipe II, tuvo su reflejo fiel en estas ordenanzas. La minería peruana fue dotada de una
reglamentación jurídica como nunca había tenido y su solidez quedó avalada por el hecho
de haberse mantenido en vigor hasta el último tercio del siglo XVIII, cuando fueron adap-tadas
en Perú las Ordenanzas de Minería de la Nueva España.
Como se ha dicho, Francisco de Toledo contó con textos legislativos precedentes
de indudable interés, aunque de más corto alcance. Entre ellos, las Ordenanzas del conde
de Nieva en 1561. Su finalidad no fue otra que aclarar, modificar y completar las que en la
década anterior había promulgado La Gasca. En su punto de mira más cercano estaba
Potosí, de cuyas minas dependía la riqueza del Imperio. Precisamente el declive del asien-to
se debía, en opinión de Francisco de la Serna, procurador de Potosí, “por no haber
acertado los nuestros jueces y ministros que en él han residido, en la manera de la adminis-tración
y gobierno y orden que se debiera tener”.61 El virrey y sus Comisarios acometieron
con estas ordenanzas la empresa de adecuar la legislación a la realidad que trataban de
ordenar y estuvieron en vigor, a pesar de la oposición de la Audiencia, hasta ser reempla-zadas
por las de Francisco de Toledo.
Constan de 37 artículos que atendían a la nueva situación del mineral. Se ocupa-ban
particularmente de los socavones, cuestión que La Gasca no había tratado y que apro-vechó
Francisco de Toledo después. Además, insistían en la obligación de los mineros de
poblar la mina, en la inembargabilidad de los elementos indispensables para su trabajo, en
el buen trato a los indios y que se asegurase la mano de obra indígena en los asientos y se
1024
evitaran en ellos los desórdenes, juegos y borracheras; también prohibía a los escribanos
de minas de poseer minas en sus distritos.
También merecen destacarse las Ordenanzas de Polo de Ondegardo, dadas para
las minas de Huamanga en 1562.62 De carácter más local,63 no van numeradas, sino orga-nizadas
en ítems. Su contenido atendía preferentemente a las condiciones de trabajo y al
modo de emplear la mano de obra,64 pero no se olvidaban de otros aspectos como la singu-laridad
del medio físico, tipo de minerales, fundición, pleitos, etc. La experiencia y cono-cimientos
en la materia de Ondegardo65 fueron de gran valía para Francisco de Toledo a la
hora de elaborar sus codificaciones mineras.
Finalmente en Chile el gobernador Francisco de Villagra dictó nuevas Ordenan-zas
de Minas que fueron aprobadas en 1561 con un total de 75 capítulos.66 Pese a que no
desatendían los aspectos administrativos, estas ordenanzas prestan mayor atención al buen
trato del indio.67 Este interés indígena, muy similar al ya señalado en las ordenanzas de
Polo de Ondegardo, guardaba estrecha relación con la reglamentación del trabajo indíge-na
realizada en 1559 por el oidor Hernando de Santillán -la llamada Tasa de Santillán-,
como lo demuestra el que Villagra incorporara a ellas bastantes aspectos de ésta. Por lo
demás, las ordenanzas de Villagra mantenían la libertad de búsqueda y cateo de minerales
y la obligatoriedad del registro, trabajo efectivo y pago del quinto. La intervención admi-nistrativa
competía a un alcalde de minas con amplias facultades en todo lo tocante a
minas, trabajo y jurisdicción.68
Conclusiones
El panorama de la legislación minera colonial aquí esbozado permite extraer las
siguientes conclusiones:
Fue el resultado de un complejo proceso de elaboración en el que se impuso la
idea de acomodar el texto legal a la singularidad del mundo americano, aunque siempre
bajo los planteamientos generales del ordenamiento castellano. Ello dio como resultado la
aparición de reglamentaciones de carácter local, con leyes particulares, bien enraizadas en
las tradiciones de la región en cuanto al tipo de minerales, mano de obra, etc. que tuvieron
aplicación preferente sobre las de la península. En algunos casos es posible, incluso, de-tectar
su influencia en la redacción posterior de códigos castellanos de ámbito general.
El principio de que corresponde al Estado el dominio de la propiedad minera,
pero que la concede a particulares para su explotación es indiscutible y permanece inalte-rable
a lo largo de todo el período. En virtud de lo cual, fue obligatoria la condición del
registro de la mina, posterior a la libre facultad de buscar y cavar. Asimismo, a cambio de
la concesión real, fue obligatorio el pago de un impuesto cuya cuantía generalmente estu-vo
en torno al quinto. Su cobro hizo precisa la intervención administrativa a través de
oficiales reales con competencias diferentes según las áreas y las épocas. Sólo las minas
de azogue fueron de propiedad absoluta del rey.
La necesidad del trabajo efectivo y continuado por parte del minero, requisito
imprescindible para mantener la propiedad, es otra constante de las ordenanzas y obedece
1025
al deseo de la Corona de hacer productivos los minerales y asegurarse los ingresos deriva-dos
de su explotación. A esta idea se sumaban también los privilegios otorgados a los
mineros relativos a la inembargabilidad de sus herramientas o la posibilidad de cumplir
las penas de arresto por deudas en sus propios minerales.
La legislación minera de Felipe II posee un fuerte carácter sistematizador y
modernizador provocado, sin duda, por las nuevas circunstancias que afectaron al sector
minero durante su gobierno, a saber, necesidad del Estado de mayores recursos económi-cos,
innovaciones tecnológicas, reorganización de la población laboral indígena, etc.
A pesar de la minuciosidad que caracteriza la redacción de estas ordenanzas,
llamamos la atención sobre el escaso o nulo interés prestado a las cuestiones
medioambientales: despoblación forestal, contaminación de aguas, modificación del pai-saje
y otros aspectos relacionado con ello, sobre los que es nuestro propósito indagar en
otros trabajos.
NOTAS
1 Alfonso GARCÍA GALLO: “La ley como fuente del derecho en Indias”, en Estudios de Historia del
Derecho Indiano. Madrid, 1972, pp. 169 y ss.; “La unión política de los Reyes Católicos y la incorpora-ción
de las Indias”, Ibídem, pp. 473-488.
2 Cfr. Lib. I, Tít. II, ley 2. En lo concerniente a la minería, la misma Recopilación recoge otra disposición
de 1602 en la que ordena a las autoridades indianas que apliquen las leyes castellanas relativas a minas,
siempre y cuando sean convenientes y no contrarias a lo establecido para cada provincia. (Lib. I, Tít. II,
ley 40).
3 Demetrio RAMOS PÉREZ: Minería y comercio interprovincial en Hispanoamérica (siglos XVI. XVII y
XVIII). Valladolid, 1970, pp. 60 y ss.; del mismo autor, “Ordenación de la minería en Hispanoamérica
durante la época provincial (siglos XVI, XVII y XVIII)”, en La minería hispana e iberoamericana, I.
León, 1970, p. 176.
4 Alfonso GARCÍA GALLO: “Problemas metodológicos de la historia del derecho indiano”. Revista del
Instituto de Historia del derecho Ricardo Levene. Buenos Aires, 1967, núm. 18, p. 25.
5 Ordenamiento de Alcalá, ley 47, Título XXXII. Por su parte, las Ordenanzas de Briviesca extendieron la
potestad real también a los yacimientos ubicados en tierras particulares, otorgando merced a cualquier
persona para explotarlos a cambio de la entrega a la Corona de las 2/3 partes del producto líquido de la
explotación.
6 Esta provisión fue incorporada a la Recopilación de Leyes de Indias en los siguientes términos: “Es
nuestra merced y voluntad que todas las personas, de cualquier estado, condición, preeminencia, o digni-dad,
españoles e indios, nuestros vasallos, puedan sacar oro, plata, azogue y otros metales por sus perso-nas,
criados o esclavos en todas las minas, que hallaren, o donde quisieren, y por bien tuvieren y los coger
y labrar libremente sin ningún género de impedimento, habiendo dado cuenta al gobernador y oficiales
reales...” (Lib. IV, Tít. XIX, ley 1)
7 Para un acercamiento al contenido de estos textos, vid. Milagros DEL VALS MINGO: Las Capitulacio-nes
de Indias en el siglo XVI. Madrid, 1986.
1026
8 Juan de SOLORZANO Y PEREIRA: Política Indiana. Madrid, BAE, 1972. El autor realiza una sistemá-tica
exposición de las regalías mineras, tanto las referidas al ámbito castellano como al indiano en lib. VI,
cap. I, nº 17; lib. VI, cap. II y lib. II, caps. XV-XXI.
9 Mª del Refugio GONZÁLEZ y Roberto MORENO DE LOS ARCOS: “La minería en las Leyes de In-dias”,
en Recopilación de las Leyes de los reinos de las Indias. Estudios histórico-jurídicos. México,
1987, p. 322.
10 Arthur S. AITON: “Ordenanzas hechas por el Sr.Visorrey don Antonio de Mendoza sobre las minas de la
Nueva España año de 1550”, Revista de Historia de América. México, 1942, núm. 14, pp. 72-95.
11 Mª del Refugio GONZÁLEZ: “Panorama de la legislación minera en la historia de México”. Jurídica.
Anuario del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana. México, 1980, núm.12, p.
794.
12 Términos como “pueble” y “ahondar” las minas, entre otros, aparecen incorporados a estas ordenanzas
peninsulares. Vid. Alejandro VERGARA BLANCO: “Contribución a la historia del derecho minero, III:
Fuentes y principios del derecho indiano”. Anales de la Universidad de Chile. Estudios en honor de
Alamiro de Avila Martel. Santiago de Chile, 1989, núm. 20, pp. 641 y 644.
13 Su texto fue publicado en Alvaro JARA: Fuentes para el trabajo en el reino de Chile. Legislación.
Santiago de Chile, 1965, I, pp. 1-7.
14 Alejandro VERGARA BLANCO: “art. cit.”, p. 640.
15 Demetrio RAMOS PÉREZ: Minería y comercio..., p. 63.
16 El texto se reproduce en Alvaro JARA: Fuentes..., pp. 8-13.
17 El texto fue recogido en Nueva Recopilación, Lib. VI, Tit. XIII, ley 4, bajo el epígrafe siguiente: “En que
el rey reduce las minas de oro i plata i azogue a su corona i Patrimonio Real, i revoca las mercedes fechas
dellas con cierta moderación, i por ella se declara i añade a la ley pasada, i pone la forma que se ha de
tener en beneficiar las minas”.
18 La ordenanza 1ª expone esta idea de forma clara y rotunda: “Reducimos, resumimos e incorporamos en
Nos y en nuestra corona y Patrimonio todos los mineros de oro y plata y azogue destos nuestros Reynos,
en cualesquier partes y lugares que sean y se hallen realengos, o de señorío, o abadengo, agora sea en lo
público, concejil y baldío, o en heredamientos y partes y suelos de particulares, no embargante las merce-des
que por Nos o por los Reyes nuestros antecesores se hayan hecho a cualesquier personas de cualquier
estado, preeminencia y dignidad que sean, y por cualesquier causas y razones, así de por vida ya tiempo
y debajo de condición, como perpetuas y libres y sin condición”.
19 Así lo establecía la ordenanza 2ª: “El reducir e incorporar de los dichos mineros en Nos y en Nuestro Real
Patrimonio, según dicho es, no es a fin ni efectos que Nos solos ni en nuestro solo nombre se busquen y
descubran y beneficien los tales mineros, antes es nuestra intención y voluntad que los nuestros súbditos
y naturales participen y hayan parte en los dichos mineros y se ocupen en el descubrimiento y beneficio
de ellos; por ende por la presente permitimos y damos facultad a los dichos nuestros súbditos y naturales
para que libremente, sin otra nuestra licencia ni de otro alguno, puedan catar y buscar y cavar los dichos
mineros de oro y de plata en cualesquier partes y así en lo público, concejil o baldío, como en heredades
y suelos de particulares...”
20 Julio SÁNCHEZ GÓMEZ: “La técnica en la producción de metales monedables en España y América,
1500-1650”, en Julio SÁNCHEZ, Guillermo MIRA y Rafael DOBADO: La savia el Imperio. Tres estu-dios
de economía colonial. Salamanca, 1997, p. 81.
21 Eduardo MARTIRE: Historia del derecho minero argentino. Buenos Aires, 1987, p. 20.
22 Su texto fue incorporado a la Nueva Recopilación, Lib. VI, Tit. XIII, ley 5 con el simple epígrafe: En que
se ponen las Ordenanzas nuevas de las minas.
23 “Mandamos que todas i qualesquier personas, aunque sean extranjeros, puedan libremente buscar minas
de oro, i plata, i las demás, que por estas nuestras Ordenanzas van declaradas, i catar, i hacer todas las
diligencias necesarias, para descubrir los dichos metales en todos los dichos nuestros Reinos...” (Orde-
1027
nanza 15).
24 Augusto BRUNA VARGAS: Evolución histórica del dominio del Estado en materia minera. Santiago de
Chile, 1971, p. 18.
25 Eduardo MARTIRE: Historia del derecho minero..., pp. 21-22.
26 Alejandro VERGARA BLANCO: “Contribución a la historia del derecho minero, II. Fuentes y princi-pios
del derecho minero español medieval y moderno”. Revista Chilena de Historia del Derecho, Santia-go
de Chile, 1989, núm. 15, p. 298.
27 Forman parte de la Nueva Recopilación, Li. VI, Tit. XIII, ley 9, bajo el epígrafe: “Que da nueva forma en
lo que se ha de guardar en estos Reinos en el descubrimiento, labor, i beneficio de las minas de oro, i
plata, azogue, i otros metales”.
28 Alejandro VERGARA BLANCO: “Contribución...,II. Fuentes y principios del derecho minero español
medieval y moderno, p. 299.
29 “Ibídem”, p. 301.
30 Francisco Javier de GAMBOA: Comentarios a las Ordenanzas de Minas. Madrid, 1761. En el capítulo
II, titulado “Del supremo dominio y regalía de S.M. en las minas de oro, plata y demás metales”, desarro-lla
estas ideas con extensión y todo lujo de fuentes y autores.
31 Augusto BRUNA VARGAS: Evolución histórica..., p. 22.
32 Su texto afirma: “Habemos acordado nombrar y nombraremos un Administrador General, y los demás
administradores que fueren menester por los partidos y distritos que fueren señalados, que sean prácticos
y de experiencia en semejantes cosas; los cuales tengan el gobierno y jurisdicción de todas las dichas
minas y cosas de ellas tocantes, y sean superiores a las demás personas que en ellas entendieren, y tengan
cuenta y razón dellas y cuidado particular de que se haga, guarde y cumpla todo lo contenido en estas
ordenanzas...; los cuales tengan jurisdicción para conocer, y conozcan en primera instancia de todos los
pleytos y causas y negocios civiles y criminales y de execución, que en cualquier manera hobiere y se
ofrecieren...
33 Francisco Javier de GAMBOA: op. cit., pp. 6-7. El estudio que realiza sobre las Ordenanzas del Nuevo
Cuaderno no sólo interesa para el conocimiento de la legislación minera castellana, sino también para
percatarse de las particularidades que ofrecía su aplicación en tierras mexicanas.
34 Véase el estudio y edición que Mª del Refugio GONZALEZ hace de las Ordenanzas de la Minería de la
Nueva España, formadas y propuestas por su Real Tribunal. México, 1996, pp. 34, 71 y ss.
35 “Son igualmente útiles para aprovecharse de algunos puntos y noticias, que no se hallan en las Ordenan-zas
de el Nuevo Quaderno, ni en las leyes de la Recopilación de Indias: por ser muy ajustado a razón, que
en los puntos omitidos se atienda la ley, o costumbre de la Provincia más cercana, especialmente
fraternizando tanto las del Perú y Nueva España”. Francisco Javier de GAMBOA: op. cit., pp. 4-5.
36 Alejandro VERGARA BLANCO: “Contribución... III. Fuentes y principios del derecho indiano”, p. 631.
37 Ordenanzas de minas de plata de Potosí y Porco. La Plata, 13 de febrero de 1574. Hemos utilizado la
edición de Guillermo LOHMANN VILLENA y Mª Justina SARABIA VIEJO: Francisco de Toledo.
Disposiciones gubernativas para el virreinato del Perú, 1569-1574. Sevilla, 1986, I, pp. 301-360.
38 Guillermo LOHMANN VILLENA: “Juan de Matienzo: autor del Gobierno del Perú (su personalidad y
su obra)”. Anuario de Estudios Americanos, Sevilla, 1965, XXII, pp. 875 y ss.
39 Fernando MONTESINOS: Política de mineros. Madrid, 1642.
40 Gaspar de ESCALONA: Gazophilatium Regium Peruvicum. Madrid, 1647. Van insertadas en el libro II,
parte II bajo el título Compendio susbtancial de las Ordenanzas de minas del virrey don Francisco de
Toledo.
41 Sobre la labor de Tomás Ballesteros, véase Guillermo LOHMANN VILLENA y Mª Justina SARABIA
VIEJO: op. cit., LI-LIX.
42 Ordenanzas de minas de plata..., p. 302.
1028
43 Tít. I, ord, 1. “...por cuanto todos los minerales son propios de S.M., y derechos realengos por leyes y
costumbres y así los da y los concede a sus vasallos y súbditos...”
44 Tít. I, ord. 6.
45 Eduardo MARTIRE: Historia del derecho minero..., p. 38.
46 Demetrio RAMOS PÉREZ: Minería y comercio..., p. 84.
47 Las demasías o “exceso de minas” ocupan todo el Título II.
48 Tít. I, ords. 12-13.
49 Tít. I, ord. 15.
50 Tít. VII, ords. 1-2. En época del virrey García Hurtado de Mendoza dicho plazo fue aumentado hasta un
año y un día.
51 “...ordeno y mando que ante el dicho alcalde y no otro juez se hagan los dichos registros, y se traten todos
los pleitos y causas anejas y concernientes a las dichas minas...” Tít. IX, ord. 1.
52 Tít. IX, ords. 6-7.
53 Todo el título XVI se ocupa de los privilegios de los mineros. En realidad reproduce la “Provisión por la
que se conceden privilegios a favor de los mineros”, dada por Toledo en Yucay, el 20 de mayo de 1571. El
texto se incluye en Guillermo LOHMANN VILLENA y Mª Justina SARABIA VIEJO: op. cit, pp. 115-
116.
54 Así lo entendió Francisco Javier de GAMBOA (op.cit., p. 472), y lo sostiene Eduardo MARTIRE (Histo-ria
del derecho minero..., pp. 45-46).
55 Tít. IX, ord. 11.
56 Demetrio RAMOS PEREZ: Minería y comercio..., p. 87.
57 Muchas de estas disposiciones ya habían sido dictadas por el virrey en sus anteriores, dadas en Huamanga,
el 20 de mayo de 1571. Reproducidas en Guillermo LOHMANN VILLENA y Mª Justina SARABIA
VIEJO: op. cit., pp. 77-100.
58 Peter BAKEWELL: “Registered silver production in the Potosí district, 1550-1735”. Jahrbuch für Geschite
von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft Lateinamerikas, 1975, núm. 12, pp. 67-103.
59 La mita fue la cuestión capital y la que más discusiones planteó. Por otro lado, el interés de la legislación
por enfatizar el buen trato al indio y reglamentar las condiciones de su trabajo, contrasta con la realidad
existente. Véase Peter BAKEWELL: Mineros de la montaña roja. Madrid, 1989, pp. 153 y ss.
60 Cfr. Ordenanzas sobre el beneficio de las minas de Huamanga y Huancavelica y régimen laboral de los
indígenas, cit.
61 Eduardo MARTIRE: “Las ordenanzas de minas del Conde de Nieva y los Comisarios, 1561”. Revista del
Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene. Buenos Aires, 1972, núm.23, p. 351. En este mismo
trabajo se reproduce el texto íntegro de dichas ordenanzas, pp. 357-369.
62 Publicadas en CODOIN, América, T. VIII, pp.449-462.
63 En su introducción ya se recalca esta singularidad: “...paresciendo necesario poner orden para que los
naturales no reciban agravio; atento que la fundición de las dichas minas se hace diferentemente que en
las otras que están descubiertas en estos reinos, y que no se puede regir ni gobernar por la orden que está
dada en las demás minas...”
64 Dan comienzo señalando lo siguiente: “Porque una de las cosas más principales que conviene proveer
para el aumento y conservación destos reinos y estados de S.M., es la labor de las minas de oro y plata, así
para que se busquen y labren, como para que se ponga orden conveniente, mediante la cual los indios que
en ella estuvieron, así los que las labran como los que van a sus tratos y granjerías, sean mantenidos en
justicia y no reciban agravio de los españoles...”.
65 Sobre su figura, véase Laura GONZÁLEZ PUJANA: “Vida y obra del vallisoletano Juan Polo de
Ondegardo”, en Castilla y León en América, II. Valladolid, 1991, pp. 7-29.
1029
66 Fueron publicadas por primera vez con un breve estudio por Eugenio PEREIRA SALAS: “Las Ordenan-zas
de Minas del gobernador de Chile don Francisco de Villagra”. Revista de Historia de América. Méxi-co,
1951, núm. 32, pp. 207-225. Más recientemente aparecen reproducidas en Alvaro JARA: Fuentes
para la historia..., I, pp. 28-41.
67 Esta finalidad queda clara al principio de las mismas donde se afirma que son promulgadas “para la buena
orden que conviene haya en el tratamiento de los indios de los términos desta ciudad de Santiago y cómo
y de qué manera han de andar en las minas para que sean mejor tratados”.
68 Alejandro VERGARA BLANCO: “Contribución...III. Fuentes y principios del derecho indiano”, p. 636.