Felipe V y las Indias

              SEMINARIO
III CENTENARIO DE LA INSTAURACIÓN
DE LA DINASTÍA BORBÓNICA
Coordina: Dr. D. Antonio de Béthencourth Massieu
Seminario de Humanidades Millares Carló
Las Palmas de Gran Canaria
2029
FELIPE V Y LAS INDIAS
Carlos Martínez Shaw
Felipe V hubo de ocuparse desde el primer momento de las cuestiones relativas al
Nuevo Mundo. Su política reformista se propuso, por un lado, la reorganización tanto de la
defensa como de la administración de los territorios ultramarinos y, por otro, la
recuperación del control sobre el comercio entre la metrópoli y las colonias. En el caso de
la Carrera de Indias, la acción fue inmediata y se manifestó en la adopción de una serie de
medidas legislativas que a lo largo de su reinado perfeccionaron los mecanismos del tráfico
sobre la base del mantenimiento del estricto monopolio establecido desde dos siglos atrás.
En el caso del gobierno militar y político, las autoridades virreinales tomaron muchas
veces la iniciativa siguiendo tendencias avaladas por la tradición, aunque también aquí la
Corona sancionó las disposiciones adoptadas o emitió órdenes para imponer una
determinada línea de actuación tanto en América como en el Pacífico. Sin embargo, antes
que nada, fue necesario defender las Indias de los ataques de las potencias signatarias de la
Alianza de La Haya durante los largos años de la guerra de Sucesión.
La guerra de Sucesión, en efecto, tuvo también una proyección, sin duda menos
conocida, en las colonias americanas. Por un lado, los pronunciamientos austracistas
alcanzaron también aquellas lejanas latitudes. El más sonado fue el de la ciudad de
Caracas, donde, a instigación de Bartolomé de Capocelato, conde de Antería, representante
de Austria, y con el apoyo de los ingleses desde Jamaica y de los holandeses desde
Curaçao, llegó a celebrarse una ceremonia de reconocimiento de Carlos III como rey de
España (al parecer, en setiembre de 1702), aunque la reacción de los filipistas dejó muy
pronto sin efecto tal proclamación. Del mismo modo, algunos años más tarde, el duque de
Alburquerque, virrey de Nueva España, hubo de proceder a la desarticulación de un
movimiento favorable al archiduque en la ciudad de México (1706). En cambio, los
partidarios de la causa austracista detectados en otros lugares (singularmente en Lima y en
Concepción de Chile) apenas si se decidieron a expresar públicamente sus simpatías.1
El enfrentamiento se manifestó a continuación mediante una suerte de guerrilla naval,
que llevó a los corsarios españoles a asaltar las Bahamas (1703), la parte inglesa de Saint
Kitts y Nevis (1706), la isla de Montserrat y las Antillas neerlandesas (1712), así como a
hostigar desde Santiago de Cuba las posesiones inglesas en el litoral de los actuales
Estados Unidos, mientras que las acciones de contraataque llevaron a los ingleses a intentar
el asalto de Trinidad de Cuba, a apoderarse de la parte francesa de Saint Kitts (Saint
Christophe) y a ensayar sin éxito la ocupación de la isla de Guadalupe (1703). Más
importancia tuvieron los repetidos ataques contra Florida, organizados por James Moore, el
gobernador de Carolina, un total de tres, que se saldaron el primero (1702) con el saqueo e
incendio de la población de San Agustín aunque sin que los asaltantes lograran ocupar su
fuerte, el segundo (1703) con la destrucción de las misiones franciscanas de la región de
Apalache y la consiguiente pérdida de más de treinta pueblos, y el tercero (1704) con el
abandono por parte española del fuerte de San Luis de Apalache a fin de concentrarse en la
defensa de San Agustín. Finalmente, la guerra de Sucesión fue una buena ocasión para la
reconquista de la colonia portuguesa de Sacramento, fundada en 1680 en el actual territorio
de Uruguay y perpetua manzana de la discordia entre Portugal y España a lo largo de todo
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el siglo XVIII. La expedición enviada por el gobernador de Buenos Aires, Alonso de Valdés
e Inclán, terminó con la momentánea expulsión de los portugueses y la instalación de una
guarnición española (1705).2
Además, la alianza francesa trajo consigo, por un lado, la concesión del asiento de
negros a la Compagnie de Guinée y, por otro, el permanente tráfico mantenido por los
mercantes franceses con los puertos del Pacífico a través del Cabo de Hornos. De ahí que
la Monarquía de Felipe V, una vez concluida la guerra, realizase un enorme esfuerzo por
recuperar el control del monopolio comercial americano comprometido por la presencia
francesa en el mar del Sur. Así, la actuación del virrey marqués de Castelfuerte,
cumpliendo órdenes taxativas de Madrid, consiguió la expulsión de los marinos y
mercaderes franceses del área del Pacífico, donde, con la connivencia de las autoridades
coloniales, habían venido practicando un comercio regular desde finales del siglo anterior
y durante las dos primeras décadas del Setecientos (1724-1725). Por otro lado, la exclusiva
concedida a la Compagnie de Guinée fue anulada por el tratado de Utrecht, aunque esta
medida no sirviese a remediar la situación, puesto que el monopolio fue simplemente
transferido de manos francesas a manos británicas (1713).3
En efecto, la paz de Utrecht dejó a Felipe V una pesada hipoteca en el Nuevo Mundo, al
imponer una serie de concesiones económicas que resultaban intolerables para la
Monarquía Hispánica. La cesión por parte de Francia a Inglaterra de los territorios de
Terranova y Acadia (ahora Newfoundland y New Scotland), aunque incluía la licencia a
Francia y España de la utilización de los caladeros, significó, frente a Francia (que pudo
retener hasta nuestros días el enclave de Saint-Pierre-et-Miquelon), la práctica exclusión de
España de aquellas aguas por la vía de los hechos consumados, pese a la tenaz
reivindicación por vía diplomática arrastrada a lo largo de todo el siglo. En todo caso, la
negativa británica al reconocimiento efectivo de los derechos españoles a la pesca pactados
en Utrecht no representó un grave contratiempo para una España cuyos marineros de altura
habían desaparecido de aquellas aguas hacía ya algún tiempo y apenas si tenían
posibilidades reales de retornar dado el estado de decadencia de su flota pesquera. Por el
contrario, las otras dos clásulas, el llamado “navío de permiso” y la obligada concesión del
asiento de negros a la británica South Sea Company, sí que representaban un atentado
directo contra la soberanía y el monopolio de España en sus dominios del Nuevo Mundo.
El “navío de permiso” consistía en el envío de un barco cargado con 500 toneladas de
mercancías a los puertos americanos considerados como cabeceras de las flotas, es decir
Veracruz, Portobelo y Cartagena de Indias. Por su parte, el asiento de negros otorgaba a la
compañía británica la exclusiva en la introducción de esclavos africanos en las posesiones
españolas de América durante treinta años y hasta un total de 144.000 “piezas de Indias”,
frente a la libertad de que había disfrutado la Monarquía española en la concertación de los
asientos, primero con los portugueses y más tarde con la francesa Compagnie de Guinée, la
gran perdedora en este asunto. Por si fuera poco, si Francia debía ceder su parte de la isla
de Saint Christophe (Saint Kitts), España se veía obligada a restituir la colonia de
Sacramento a los portugueses, lo que implicaba perder el territorio conquistado por las
armas y otorgar a los ingleses una perfecta base para su comercio de contrabando en la
región del Río de la Plata.4
Naturalmente, un tratado tan lesivo para el sector colonial de la economía española no
podía dejar de suscitar entre las autoridades españolas un inmediato propósito de revisión,
que al mismo tiempo llevó aparejada una continua defensa del territorio ante el
acoso sistemático organizado por los ingleses desde sus enclaves vecinos, de tal modo que
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ambas motivaciones se dieron la mano para que la política americana de la Monarquía de
Felipe V se viese en gran medida condicionada por esta permanente confrontación, abierta
o soterrada, con Gran Bretaña. De este modo, una de las primeras consecuencias de esta
situación, en perfecto paralelo con lo que ocurría en la metrópoli, fue el fortalecimiento de
las bases navales americanas. Mientras los arsenales peninsulares entraban en servicio, una
parte de las necesidades navales españolas fueron cubiertas por los arsenales indianos,
especialmente por el llamado a convertirse no sólo en el más importante de la América
española sino de toda la Monarquía Hispánica, el arsenal de La Habana. En efecto,
mientras los astilleros de Guayaquil habían venido sirviendo no sólo para la construcción
de barcos mercantes, sino también para la botadura de los navíos de la Armada del Mar del
Sur, la vertiente atlántica no contaba con suficientes recursos ni siquiera para garantizar los
efectivos de la Armada de Barlovento. De este modo, se vio la necesidad imperiosa de
proyectar un gran arsenal para cuya ubicación se barajaron diversas opciones. El fracaso
del arsenal de Coatzacoalcos, en el istmo de Tehuantepec (1720-1734), que en quince años
de funcionamiento sólo fue capaz de botar un barco, aconsejó la erección del de La
Habana, que iniciado en 1725 ya estuvo en condiciones de botar toda una serie de navíos
de líneas a partir del año siguiente. Aunque la sustitución del sistema de administración
directa (que funcionó entre 1726 y 1739) por el de asiento concertado o, más bien,
impuesto como contraprestación a la Compañía de La Habana (desde 1741), mermó su
actividad con respecto a los periodos inmediatamente anteriores, La Habana garantizó el
grueso de las unidades de la marina de guerra española durante el segundo cuarto del
siglo.5
Tales precauciones se revelaron bien fundadas, ya que los motivos para una ruptura de
hostilidades se fueron acumulando a lo largo de los años, como consecuencia tanto del
interés de la Monarquía española por denunciar el tratado de Utrecht como por el continuo
acoso de que fueron objeto los territorios hispanos por parte de Inglaterra. En el primer
caso, por un lado, las reiteradas negativas de las autoridades inglesas de Terranova a
permitir el establecimiento de factorías a los pescadores españoles de altura avivaron el
resentimiento de España al ver conculcado en la práctica un derecho garantizado por los
acuerdos diplomáticos. Y, por otro, el navío de permiso resultó un artefacto perfecto para
la organización de un tráfico de contrabando en gran escala, que llegó a constituir un serio
peligro para el entero sistema comercial español, como pusieron de manifiesto los fracasos
con que se saldaron las flotas de los años 1731 y 1737. Para contrarrestar estos negativos
efectos, si ya en 1725 las autoridades de Veracruz habían procedido a confiscar el navío
británico de aquel año, José Patiño en 1729, aprovechando la dilación de las negociaciones
para el tratado de Sevilla, denegó la autorización para la partida del navío de permiso de
dicho año, después de que la crisis política de 1726-1727 hubiese conllevado diversos
apresamientos de naves comerciales por una y otra parte, así como algunas escaramuzas
navales (especialmente en torno a la plaza de Portobelo), que preludiaban el estallido de un
conflicto generalizado, que, como a continuación veremos, terminaría por producirse en
1739. Finalmente, la paz de Aquisgrán (concluida en 1748, es decir ya en el reinado
de Fernando VI) propició una negociación que desembocó en la firma del tratado
comercial de Madrid (1750), que privaba a Inglaterra de los derechos a la introducción de
esclavos y al navío de permiso, que era abolido mediante una compensación económica de
cien mil libras esterlinas.6
Un segundo frente que hubo de ser atendido por el gobierno de Felipe V fue el de la
constante amenaza inglesa contra las fronteras del Imperio. Un área especialmente
conflictiva durante los primeros años tras el tratado de Utrecht fue el golfo de México. Un
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primer foco de tensión fue la región de Tabasco, donde la presión inglesa sólo pudo ser
contenida con la ocupación de la isla de Términos y la construcción por Alonso Felipe de
Andrade del presidio del Carmen (1717). En Florida, por su parte, si la fundación del fuerte
de San Marcos de Apalache (1718) volvió a restablecer la situación anterior a la guerra de
Sucesión, la fundación de la ciudad de Savannah por James Oglethorpe se convertía en el
núcleo de la futura colonia de Georgia, que constituiría una permanente punta de lanza
contra la Florida española (1733). Finalmente, la cuestión de los establecimientos para la
corta de palo tintóreo en Belice y la Costa de los Mosquitos dio origen a una serie de
arremetidas españolas para expulsar a los ingleses y, por último, la construcción del fuerte
de San Felipe de Bacalar (1726), en cualquier caso un excelente puesto de observación de
los movimientos enemigos.7
Por su parte, en el hemisferio sur, la presión portuguesa (y, como consecuencia, también
inglesa), ejercida desde la colonia de Sacramento, devuelta por España tras el tratado de
Utrecht, obligó a la Corona a impulsar la población y fortificación de los lugares de
Montevideo y Maldonado. Sin embargo, sería la organización de una expedición
portuguesa a la orilla norte del Río de la Plata la que movilizaría al gobernador de Buenos
Aires, Bruno Mauricio de Zabala, que no sólo impuso la retirada de las fuerzas lusitanas
(1724), sino que iniciaría la construcción de la ciudad de Montevideo, que, poblada por
colonos bonaerenses y canarios (a partir de 1726), constituiría formalmente su cabildo
pocos años más tarde (1730), erigiéndose así en el valladar contra cualquier expansión
brasileña y en el puerto de mayor expansión de la región durante el siglo XVIII.8
El caballo de batalla se centró finalmente en el derecho de visita a los barcos ingleses
que se adentraban en aguas hispanoamericanas, reclamado e impuesto por España pese a
las reiteradas protestas británicas en favor de un tráfico que no entraba para nada en los
acuerdos angloespañoles concertados desde Utrecht. La impresión causada en la opinión
pública inglesa por el ataque de un guardacostas español a un barco dedicado al comercio
de contrabando bajo el mando del capitán Jenkins, que al parecer perdió una oreja en la
refriega, fue la espoleta que precipitó la contienda, llamada por esta razón, guerra de la
“oreja de Jenkins” por los británicos y guerra del “asiento” por la historiografía española.
La ruptura formal de las hostilidades fue declarada por Inglaterra el 23 de octubre de
1739.9
El enfrentamiento en América adquirió desde el principio una extraordinaria virulencia
y se extendió por diversos escenarios. Mientras el almirante Vernon procedía al saqueo de
Portobelo (22 de noviembre de 1739) y al desmantelamiento del castillo de Chagre (marzo
de 1740), el comodoro Brown fracasaba en su propósito de apoderarse de La Habana, tras
tres sucesivos intentos de desembarco en Bacuranao, Bahía Honda y Boca de Jaruco. Sin
embargo, el hecho de armas más famoso fue el asalto de Vernon a la estratégica plaza de
Cartagena de Indias, defendida con sólo tres mil hombres por el virrey de Nueva Granada,
Sebastián de Eslava, y por el comandante de la fuerza naval, el experimentado marino Blas
de Lezo, que obligaría a la escuadra inglesa a levantar el sitio, aunque perdería la vida a
consecuencia de las heridas sufridas en el combate. La suerte volvería la espalda a Vernon,
que a continuación hubo de retirarse de Guantánamo, donde había desembarcado con el
propósito de atacar Santiago de Cuba (julio-octubre de 1741) y de desistir del planeado
ataque a Panamá. Estos sucesivos fracasos oscurecieron las proezas del almirante George
Anson en el Pacífico, donde, después de haber saqueado la ciudad peruana de Paita,
apresaría el galeón que había zarpado de Acapulco a la altura de la isla de Samar en las
Filipinas. Finalmente, la paz de Aquisgrán, tal como ya quedó indicado, puso fin al largo
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conflicto, del mismo modo que el tratado comercial de Madrid cancelaba las hipotecas del
tratado de Utrecht (1748 y 1750).10
Hemos visto ya cómo la Monarquía de Felipe V hubo de preocuparse por paliar o
eliminar las restricciones impuestas por las cláusulas del tratado de Utrecht al monopolio
español en Ultramar. Del mismo modo, apenas terminada la contienda sucesoria, sus
ministros procedieron a introducir una serie de importantes novedades en el dominio del
comercio colonial, destinado en la mente de los legisladores a convertirse en la piedra
angular de la economía española. Así, los primeros años fueron testigos de una importante
revolución administrativa que rompía con más de tres siglos de monopolio sevillano, al
procederse por una parte, al traslado a Cádiz de la Casa de la Contratación y del Consulado
o Universidad de Cargadores (mayo de 1717) y, por otro, a la promulgación del llamado
Proyecto de Flotas y Galeones (abril de 1720), que reguló las condiciones de las
expediciones (navíos, cargas, fechas, personas habilitadas, formalidades), impuso un nuevo
sistema arancelario de gran sencillez (sistema de palmeo) y significó un gran avance en la
rapidez del registro, la simplificación contable y la prevención del fraude. A continuación,
se dictaron una serie de medidas conducentes a ampliar el área de los intercambios
coloniales, especialmente la apertura de Canarias a un comercio directo de ámbito
restringido (La Habana, Campeche, Cumaná, Caracas, Trinidad, Puerto Rico y Santo
Domingo) y también del Atlántico Sur americano (en singular el puerto de Buenos Aires)
al tráfico directo con la metrópoli (en 1718 y 1721, respectivamente). Por último, la
administración hizo un llamamiento a las distintas regiones españolas para inducirlas a
participar con sus frutos en el comercio con América a través del registro gaditano.11
El siguiente paso fue la impulsión de una serie de compañías privilegiadas al estilo de
las que funcionaban en Holanda, Inglaterra o Francia, destinadas especialmente a
promover la explotación de áreas marginales del continente americano y a fomentar la
remesas de sus productos a España, así como a faciltar la incorporación de las regiones
españolas. La primera de estas sociedades fue la Compañía de Honduras, llamada en el
proyecto original a disfrutar del monopolio de la importación de madera de caoba y de palo
campeche de la América Central, que sin embargo demostraría ser una creación inmadura
y apenas si tendría continuidad tras la realización de una única expedición a Indias (1714-
1717). La segunda (y la que se revelaría más importante de todas) fue la Compañía
Guipuzcuana de Caracas (setiembre de 1728), cuya sede central se estableció en San
Sebastián en razón del origen de la mayor parte de sus accionistas y cuyo mayor éxito fue
la revalorización del territorio de Venezuela mediante la extensión de las plantaciones de
cacao y la exportación de sus productos a España, donde el creciente consumo de dicha
bebida incrementaría sin cesar la demanda a todo lo largo del siglo. La última de este
primer periodo sería la Compañía de La Habana (diciembre de 1740), creada con capital
gaditano y con sede en Cádiz, que se embarcaría en numerosos negocios en la isla de Cuba
(entre ellos, como ya vimos, en el asiento del arsenal de la capital, pero además en la
introducción ilícita de esclavos o en el contrabando de tabaco con las Trece Colonias) y
que llegaría a superar la gran crisis de 1762 cuando la isla fuese ocupada por los ingleses.
En conjunto, todas ellas (así como la que les seguiría en cronología y en relevancia, la
Compañía de Barcelona, inicialmente para el comercio de Santo Domingo y Puerto Rico,
mayo de 1755) cumplirían holgadamente los objetivos para los que habían sido creadas e
incluso llegarían a superar por cierto tiempo el reto del decreto de Libre Comercio de 1778,
que finalmente las condenaría a desaparecer.12
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Entretanto, una circunstancia inesperada sería responsable de una de las mayores y más
trascendentales innovaciones del periodo, la implantación frente al sistema de flotas y
galeones (que había sido revalidado en 1720) del más flexible régimen de los registros
sueltos. En efecto, impuesto como una exigencia de la larga guerra con Inglaterra (1739-
1748), con el fin de sortear el bloqueo de las comunicaciones entre la metrópoli y las
colonias, su éxito le permitiría convertirse en una adquisición permanente. A partir de
ahora (y pese a su parcial restablecimiento para Nueva España en 1754), los mercaderes no
tuvieron que esperar la constitución de las flotas para remitir sus géneros a los distintos
puertos americanos, sino que pudieron fletar libremente una sola embarcación y navegar en
solitario desde Cádiz a la plaza elegida. El sistema de registros sueltos hizo la fortuna de
algunas marinas periféricas que habían sido practicamente expulsadas de la Carrera de
Indias desde el último tercio del siglo XVI y que ahora fueron capaces de reinsertarse en el
tráfico ultramarino, singularmente la flota catalana, que pudo beneficiarse a un tiempo de
la novedad introducida en el régimen de navegación y de la expansión económica
generalizada por la que atravesaba la región.13
En el Pacífico, la expansión comercial exigió la adopción de medidas que permitiesen
ampliar el volumen legal del comercio efectuado entre Acapulco y Manila. Finalmente,
una Real Cédula de 1734 autorizó la duplicación de las remesas del galeón de Manila, que
quedaron establecidas en un cargamento de productos orientales valorados a la ida en un
total de 500.000 pesos y en una contrapartida a la vuelta por valor de un millón de pesos en
plata o en otros artículos, complaciendo de este modo las insistentes reclamaciones de los
comerciantes avencidados en el archipiélago.14
Si la decidida voluntad de promover el fomento económico hizo posible la reforma de la
Carrera de Indias, también la política de centralización administrativa llevada a cabo por
Felipe V en la metrópoli alcanzó a los territorios de Ultramar. Aquí, la primera novedad
fundamental fue la práctica transferencia de las competencias del gobierno colonial al
titular de la secretaría de Estado de Marina e Indias, en detrimento del Consejo de Indias
que, aunque no se extingue, queda reducido a las funciones de un tribunal supremo de
justicia para los procesos coloniales. En este periodo, la presencia de ministros de Indias
competentes y enérgicos, como Bernardino Tinajero de la Escalera, Andrés de Pez, José
Patiño, José del Campillo y el marqués de Ensenada, permitirá abordar una serie de
importantes reformas en América.15
En este campo, fue la progresiva ampliación y diversificación regional de los territorios
americanos la que hizo necesaria una primera intervención. En efecto, los dos grandes
virreinatos de Nueva España y Perú se extendían por un territorio inmenso cuya estructura
económica y social resultaba cada vez más compleja. En ese sentido si el virreinato
mexicano se mantuvo indiviso hasta el final del periodo colonial (aunque se crearían
diversas instituciones para regir la frontera norte), por el contrario el peruano sufrió la
segregación de extensas áreas que pasaron a constituir, bajo el reinado de Felipe V, el
virreinato de Nueva Granada (erigido en 1717, suprimido en 1723 y restablecido después
de algunas vicisitudes en 1739), con capital en Santa Fe de Bogotá e incluyendo las
provincias de Panamá, Santa Fe y Quito, y más tarde, bajo Carlos III, el del Río de la Plata
(1778) con capitalidad en Buenos Aires y comprendiendo las provincias de Río de la Plata,
Paraguay y Tucumán, así como los cuatro distritos peruanos de La Paz, Potosí, Charcas y
Santa Cruz. En este marco, la creación del virreinato de Nueva Granada, aunque las
razones aducidas en la cédula fundacional hacían hincapié en el perfeccionamiento de la
gestión de la hacienda y la administración de justicia, estuvo condicionada por la necesidad
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de controlar más de cerca un territorio estratégico que había adquirido cada vez más
importancia y que ya no podía depender de una autoridad radicada en la lejana ciudad de
Lima. El nuevo virrey debería coordinar la defensa de la región desde la red de fortalezas
establecidas en Portobelo, Cartagena de Indias, Santa Marta, Maracaibo, Cumaná,
Margarita y Trinidad, así como vigilar el contrabando realizado desde las Antillas
francesas (Guadalupe, Martinica y Saint-Domingue), inglesas (Jamaica) y holandesas
(Aruba, Curaçao y Bonaire).16
Otra iniciativa de relieve fue la promoción de Venezuela, una provincia marginal,
todavía dependiente al comienzo del siglo de la lejana audiencia de Santo Domingo.
Integrada en 1717 en el virreinato de Nueva Granada, segregada en 1723 e integrada de
nuevo en 1739, sería finalmente reconocida como gobernación independiente desde 1742,
una fecha en que ya se beneficiaba de otras ventajas, como la autorización firmada por el
rey para la fundación de la Universidad de Caracas (1721) y la creación de la Compañía
Guipuzcuana (1728), que habrían de dar un nuevo empuje a su demografía, así como a su
vida económica, institucional y cultural.17
El resto de las medidas adoptadas en la administración americana a lo largo de la
primera mitad del siglo tienen que ver con la voluntad de perfeccionar la labor de gobierno,
la recaudación de hacienda y la impartición de justicia. En ese sentido, las dos novedades
más importantes introducidas fueron la modificación de los criterios de elección de los
funcionarios y la expansión de la institución de la visita. En el primer caso, el
nombramiento de nobles para el supremo cargo de virrey se compagina con la preferencia
por los militares de carrera, fuesen o no aristócratas, del mismo modo que para las
magistraturas inferiores, junto a los militares se optó también por los letrados, por los
expertos en derecho, tanto si eran peninsulares como si ya pertenecían a la clase
ascendente de los criollos.18
En el segundo caso, las visitas, de antigua raigambre en tierras americanas, se
multiplicaron, especialmente para la inspección del funcionamiento de los tribunales de
justicia y las oficinas fiscales, es decir las cajas reales y los tribunales de cuentas. En
cualquier caso, si la visita ejemplificaba el espíritu intervencionista del gobierno para
vigilar que la actuación de los funcionarios siempre se encaminase a garantizar el bienestar
de los súbditos, el procedimiento en sí se reveló complicado, ya que el enviado, dotado de
amplios poderes y gozando de independencia para el cumplimiento de su labor,
normalmente tenía que enfrentarse a una maraña de intereses creados que reducía a poco o
a nada su ingrata misión.19
Más importancia tuvo la iniciativa emprendida por los ministros de Felipe V para
rescatar los ingresos que quedaban desviados de las arcas reales debido a la perduración de
las encomiendas, que garantizaban una parte de la tributación indígena para los
descendientes de los conquistadores agraciados con aquella concesión feudal. De este
modo, la primera y temprana medida fue la reversión a la Corona de todas aquellas
encomiendas cuyos titulares no redisiesen en las Indias (1701). Poco después, el paso
siguiente imponía la incorporación de todas las encomiendas de menos de veinticinco
indios (1707). Y finalmente, se dictó la orden general de reversión, basada en las
necesidades de la administración colonial, a cuyo cargo corrían ahora la conquista y
colonización de nuevos territorios o el establecimiento de nuevas misiones, mediante dos
decretos disponiendo la desaparición de las encomiendas a la muerte de sus actuales
titulares (1718 y 1721). De este modo, se inició el proceso de extinción de una de las
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instituciones más características de la colonización española en América, aunque las
exenciones introducidas (especialmente en los territorios marginales de Yucatán,
Venezuela, Chile y Paraguay) impidió que la abolición fuese completa antes de cerrarse el
siglo.20
Aunque la Monarquía de Felipe V no pudo hacer mucho por favorecer la difusión de las
Luces en América, hay que poner en su haber (además de la fundación de las primeras
universidades de Venezuela y Chile, hecho de indudable significación para ambas
provincias) una iniciativa que se revelaría cargada de futuro, la participación española en la
primera de las grandes expediciones científicas en territorio americano, la empresa
francesa de medir un grado de meridiano a la altura del Ecuador (1735-1744), dirigida por
el astrónomo Louis Godin, el naturalista y geodesta Charles Marie de La Condamine y el
astrónomo e hidrógrafo Pierre Bouguer, aunque contó además con el concurso de otros
hombres de ciencia, como el naturalista Joseph de Jussieu. La misión española estuvo
integrada por el matemático y astrónomo Jorge Juan y Santacilia (1713-1773) y el
naturalista Antonio de Ulloa (1716-1795), los cuales aprovecharon la ocasión para obtener
un conocimiento directo y profundo de la realidad de América (donde residieron por
espacio de nueve años, visitando Cartagena de Indias, Panamá, Guayaquil, Quito, Lima y
diversos puertos chilenos), resumiendo en varias obras los resultados de sus experiencias,
aunque todas ellas aparecieron después del fin del reinado de Felipe V: Observaciones
astronómicas y físicas hechas en los reinos del Perú (1748), Relación histórica del viaje a
la América Meridional (1748, con información sobre la economía, los habitantes y las
costumbres de los territorios visitados) y, especialmente, los Discursos y Reflexiones
políticas sobre el estado presente de los reinos del Perú, un informe para el gobierno, de
carácter reservado, con sus apreciaciones sobre temas de defensa, economía, situación de
la población indígena, etcétera, considerado como el gran ensayo español de sociología
americana (una parte del cual sería publicado por sus autores en 1772 bajo el epígrafe de
Noticias americanas y más adelante, ya en 1826, por el viajero inglés David Barny con el
título de Noticias secretas de América).21
Por último, no conviene tampoco olvidar en este ámbito otra empresa menor de
carácter igualmente precursor. Fue la enviada a bordo del navío San Antonio, mandado por
Joaquín de Olivares, bajo la dirección del padre José Quiroga, prestigioso cartógrafo, y con
el concurso de los también jesuitas Matías Strobel y José Cardiel, con el objetivo de
explorar las costas de Patagonia (1745-1746). Reflejados sus resultados en un buen número
de mapas, algunas relaciones manuscritas y un diario redactado por el padre Pedro Lozano,
esta expedición sería la primera de una amplia serie de ellas destinadas a la misma región
durante los reinados de Carlos III y Carlos IV.22
Finalmente, durante la época de Felipe V se inicia también el movimiento expansivo
que ampliará el territorio de la América española, desplazando sus límites en todas las
direcciones. En la frontera norte de Nueva España, esta política fue sustentada por una
serie de medidas que incluían la fundación de San Francisco de Cuéllar (1709), que pasaría
a llamarse San Felipe el Real de Chihuahua (1718), la redacción del Reglamento sobre
presidios y defensa militar (promulgado por el virrey marqués de Casafuerte en 1729) y la
segregación de Sonora y Sinaloa respecto de Nueva Vizcaya (1733), cuyo gobernador fue
transferido a Durango (1738). El empuje se dio al mismo tiempo en Texas, Nuevo México,
Arizona y la Baja California.23
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En el primer caso, la fundación de la misión (1700) y el presidio (1703) de San Juan
Bautista en Coahuila sería el primer paso para, apenas concluida la guerra de Sucesión,
proceder a la ocupación permanente del territorio de Texas, que se hizo mediante la
sistemática combinación de la construcción de presidios y el establecimiento de misiones
evangelizadoras. Entre 1716 y 1717, la fundación del presidio y la misión de Nuestra
Señora de los Dolores y de la misión de San Miguel de los Adaes permitió el
afianzamiento de las posiciones hispanas frente a la Luisiana francesa, mientras la
instalación en 1718 de la misión de San Antonio Valero, el presidio de San Antonio de
Béjar y la villa de Béjar consolidaba la retaguardia. La guerra de la Cuádruple Alianza
(1719-1720), que dio alas a las ansias expansionistas francesas, comprometió todo el
sistema, pero las reales órdenes de Felipe V permitieron al virrey marqués de Valero
nombrar gobernador de Cohauila y Texas al marqués de San Miguel de Aguayo, quien en
el transcurso de una afortunada expedición restableció el dominio español: fundación del
presidio de Nuestra Señora del Pilar junto a la misión de San Miguel de los Adaes (en la
frontera con Luisiana), reconstrucción del presidio de Nuestra Señora de los Dolores
(llamado de los Texas) y reconstrucción del presidio de San Antonio de Béjar, junto a la
villa de Béjar, llamada a ser la población más importante de Tejas. Finalmente, la
presencia española terminó de afianzarse gracias a la ocupación del área situada entre la
bahía del Espíritu Santo y la ciudad de Tampico, definitivamente controlada con la
fundación por José de Escandón (nombrado en 1746) de la colonia de Nueva Santander (el
actual estado de Tamaulipas) en 1749.24
Nuevo México, territorio de viejo asentamiento hispano, había sido reconquistado con
toda facilidad por el gobernador Diego de Vargas tras la sublevación de los indios pueblos
en 1680. Ahora, el gobernador Francisco Cuervo y Valdés terminó de completar las bases
del establecimiento español, fundando al sur de Santa Fe la ciudad de Alburquerque
(1706), tercera villa hispana (tras la fundación de Santa Cruz de la Cañada al norte de la
capital, en 1695) como centro de la región del bajo Río Grande. Afianzada la presencia
española, la guerra de la Cuádruple Alianza obligó, después de desecharse la idea de
construir el presidio del Cuartelejo en el sur de Kansas en la frontera con Colorado, a
organizar la expedición de Pedro de Villasur, cuyas tropas españolas e indias serían
derrotadas a orillas del río Platte en la actual Nebraska. El resto del reinado, Nuevo México
se mantendría a la defensiva, especialmente frente a los periódicos ataques contra los
asentamientos de los indios pueblos de apaches, comanches, utes y navajos.25
La multiplicación de las misiones en el territorio novohispano de Sonora llevó al jesuita
Eusebio Francisco Kino a explorar el área que sería conocida como Pimería Alta. A finales
del siglo XVII ya se habían fundado las primeras misiones en San Javier del Bac, Los Santos
Ángeles de Guevavi y San Cayetano (luego San José) de Tumacácori, pronto considerada
como una visita de la anterior, todas ellas enclavadas en el valle del río Santa Cruz. Sin
embargo, el impulso colonizador no se daría hasta la década de los treinta cuando los
jesuitas se plantean con renovadas fuerzas la evangelización del área, se restablecen las
antiguas misiones, se instalan los primeros colonos españoles y se descubren las minas de
plata de la región llamada de Arizona, que más tarde daría nombre a todo el territorio,
culminando el avance con la fundación del presidio de Terrenate en el norte de Sonora en
1741.26
La evangelización de la Baja California también se había iniciado el siglo anterior con
la fundación por el jesuita Juan María Salvatierra de la misión y fuerte de Nuestra Señora
de Loreto (1697), la visita de San Juan Bautista de Londó y la misión de San Francisco
XIV Coloquio de Historia Canario Americana
2038
Javier (ambas en 1699). La llegada de Felipe V al trono aceleró este proceso, debido al
interés personal del soberano, que desde el primer momento impulsó decididamente la
acción misional en el área (hasta el punto de poder considerarse consolidada al final de la
segunda década de la centuria) y que, todavía antes de terminar su reinado, puso las bases
(mediante la promulgación de un real decreto en 1744) para la penetración por vía
terrestre, lo que llevaría a sus sucesores a promover la evangelización y colonización de la
Alta California.27
En el hemisferio meridional, la inquietud de la frontera araucana en Chile concluyó
hacia 1726, apenas tres años después de la última de las rebeliones indígenas, lo que
permitió avanzar aceleradamente en la colonización del territorio, iniciada con la fundación
de la villa de Quillota (1717) y continuada con la de otras ciudades, como San Felipe, Los
Angeles, Tutubén, Talca, San Fernando, Rancagua y Curicó. Del mismo modo, la
inestabilidad en las fronteras indígenas exigió la organización de diversas expediciones en
los territorios del Chaco (frente a mocovíes, tobas y abipones), la permanente alerta de las
milicias formadas en Corrientes contra los indígenas que asolaban las provincias de Santa
Fe, Corrientes y Misiones (abipones y charrúas) y la instalación de una serie de puestos
militares en la pampa al sur de Buenos Aires, a partir de 1745, ya en las postrimerías del
reinado.28
Finalmente, los primeros años del siglo XVIII asisten también a la intensificación de la
presencia española en el Pacífico. En efecto, en primer lugar, será durante el reinado de
Felipe V cuando se hagan los más continuados esfuerzos para la incorporación de las islas
Carolinas al mundo hispánico y al mundo cristiano. Olvidado durante la mayor parte del
siglo anterior, el archipiélago sería redescubierto (y rebautizado) por Francisco Lezcano en
1686, lo que despertaría entre los jesuitas de Filipinas el deseo de emprender su
evangelización. Felipe V se comprometería personalmente en la empresa, dictando dos
sucesivas reales cédulas (16 junio 1704 y 19 octubre 1705) para disponer lo necesaría para
la organización de una expedición destinada a asentar a los jesuitas en las islas Palaos, el
grupo más occidental de las Carolinas. Tras dos sucesivos ensayos fallidos (Pedro
González de Pareja en 1708 y Miguel de Elorriaga en 1709), el sargento mayor Francisco
de Padilla, a bordo del patache Santísima Trinidad, arribaría en noviembre de 1710 a las
islas de Sonsorrol (bautizadas como de San Andrés), donde desembarcaría a un
contingente de religiosos y soldados, aunque sería incapaz de volver a tomar contacto con
ellos antes de su regreso a Manila. Otras expediciones se sucederían a lo largo de los años
siguientes (singularmente las de Bernardino Engoy y Miguel de Elorriaga, ambas en 1712),
aunque siempre sin éxito, por lo que nada más se supo del establecimiento de las Palaos.
En 1731, otra expedición, a cuyo frente figuraban los jesuitas Juan Antonio Cantova y
Víctor Walker, alcanzaría la isla de Falalep en las Carolinas orientales, donde se
constituiría una nueva misión, que no llegaría a sobrevivir más que hasta 1733. De este
modo, estas iniciativas, aunque no pudieron lograr su propósito principal de evangelizar
aquel lejano archipiélago, descubrirán numerosas islas, cartografiarán la región y crearán la
posibilidad de la futura existencia de unas Carolinas españolas, que junto con las Marianas
serían el último territorio de Ultramar en mantenerse bajo la soberanía hispana (hasta junio
de 1899).29
Del mismo modo, los sucesivos gobernadores recuperarán la iniciativa expansiva en el
sur de Filipinas, en la frontera musulmana, después de que el propio Felipe V dirija una
carta al sultán de Mindanao solicitando autorización para la predicación de los misioneros
cristianos, aunque sin obtener éxito. Así, el gobernador Fernando Manuel de Bustamante
Felipe V y Las Indias
2039
restablecerá la abandonada fortaleza de Zamboanga en la isla de Mindanao y construirá un
fuerte en la isla de Palawán, en los dominios del sultán de Joló, obligando a ambos
soberanos a concertar sendos tratados de paz con la Monarquía española (1718). Más tarde,
el gobernador Fernando Valdés Tamón firmará un nuevo y más solemne tratado de paz
(ratificado en Madrid por el propio Felipe V el 9 de junio de 1742) con el nuevo sultán de
Joló, Alí Muddín, quien no sólo consentirá en el establecimiento en la isla de misioneros
jesuitas, sino que acabará abrazando el cristianismo en una ceremonia oficiada en Manila
en 1750.30
Al mismo tiempo, se produce la reanudación de los interrumpidos contactos con los
reinos asiáticos fronteros, acometida igualmente por Bustamante en 1718, en buena medida
en búsqueda de una alternativa que permitiera evitar el pago del canon exigido para el
ejercicio del comercio en Macao o en Cantón. Hay que referirse, así, a la embajada al reino
de Siam que, presidida por su sobrino, Gregorio Alejandro Bustamante, concluyó con la
concesión de un enclave en Ayuthia para instalar una factoría y con la firma de un acuerdo
para impulsar los intercambios entre aquel reino y el archipiélago español. No tanta
relevancia tuvo la misión al reino de Tonkín que, mandada por el general Francisco de
Echeveste, también consiguió al parecer licencia para la instalación de una factoría
mercantil, aunque el acuerdo no trajo consigo ninguna consecuencia práctica. En cualquier
caso, ambas iniciativas testimonian la aparición de un nuevo clima expansivo en el decaído
mundo del Pacífico español.31
En conclusión, el reinado de Felipe V, asentado en el Nuevo Mundo tras la superación
de una irrelevante oposición austracista y de algunos ataques de las potencias firmantes de
la Alianza de La Haya, introdujo algunas significativas novedades en el mundo
ultramarino. En primer lugar, las autoridades coloniales hicieron frente con éxito a las
acometidas inglesas y francesas, del mismo modo que también frente a ingleses y franceses
se procedía (con éxito salvo en el caso de Terranova) a anular las consecuencias de la
guerra de Sucesión y del tratado de Utrecht, al precio de un largo conflicto bélico con el
Reino Unido, al que pondría término provisional la paz de Aquisgrán.
Al mismo tiempo que se defendía el Imperio (gracias entre otros factores a la
potenciación de la marina de guerra), se inauguraba el reformismo administrativo con la
creación de la Secretaría de Estado de Indias, la reorganización territorial (virreinato de
Nueva Granada, gobernación de Venezuela) y la intervención en otros sectores
(nombramiento de funcionarios, sistema de visitas y control de las encomiendas).
Las relaciones comerciales fueron asimismo objeto de una gran atención. Las
disposiciones reformistas en la Carrera de Indias comprendieron el traslado de la Casa de
la Contratación y el Consulado a Cádiz, la promulgación del Proyecto de Flotas y
Galeones, la creación de diversas compañías privilegiadas y la implantación del sistema de
registros sueltos. En la Carrera de Acapulco, la medida más importante fue la duplicación
del volumen comercial consentido al galeón de Manila.
Si la iniciativa oficial en el ámbito cultural apenas si se dejó sentir (salvo algunas
acciones aisladas, aunque no por ello desprovistas de relieve, como la fundación de la
Universidad de Caracas y de la Universidad de San Felipe de Santiago de Chile), hay que
señalar sin embargo la participación española en la empresa que abre el ciclo de las
grandes expediciones científicas de la Ilustración, así como la inauguración de los viajes de
exploración de la Patagonia.
XIV Coloquio de Historia Canario Americana
2040
Finalmente, con diversas motivaciones, el territorio hispano se amplió
considerablemente, tanto en América, con la consolidación de los establecimientos de
Nuevo México, la incorporación de los territorios de Texas y Nueva Santander, la
instalación en el sur de Arizona, la colonización de la Baja California y el desplazamiento
de la frontera meridional (enfrentamientos con araucanos y pampas y fundación de
Montevideo en la orilla norte del Río de la Plata), como en Asia, con la ocupación de
Zamboanga y la exploración de las Carolinas, a lo que habría que sumar los tratados de paz
con los sultanes de Mindanao y Joló y las embajadas a Siam y Tonkín como expresión de
la nueva política expansiva en aquellas alejadas regiones.
En definitiva, la renovada defensa militar, las novedades administrativas, la
reorganización de la Carrera de Indias, las expediciones científicas y la expansión
territorial fueron otras tantas líneas de la política colonial que, emprendidas en tiempos de
Felipe V, tuvieron consecuencias duraderas y conocieron un brillante porvenir en la
segunda mitad del siglo XVIII. De este modo, también en las Indias, el reinado de Felipe V
se revela como el primero en adentrarse por los caminos del reformismo ilustrado.
Felipe V y Las Indias
2041
NOTAS
1 Sobre la agitación austracista en Venezuela, pueden consultarse los confusos trabajos de A. Borges: La
Casa de Austria en Venezuela durante la guerra de Sucesión española (1702-1715), Salzburgo-Santa
Cruz de Tenerife, 1963; y “Los aliados del archiduque Carlos en la América virreinal”, Anuario de
Estudios Americanos, t. XXVII (1970), pp. 321-370. Para Nueva España, cf. L. Navarro García: “El
cambio de dinastía en Nueva España”, Anuario de Estudios Americanos, vol. XXXVI (1979), pp. 111-
168; y del mismo autor: Conspiración en México durante el gobierno del virrey Alburquerque,
Valladolid, 1982.
2 R. Bourne: Queen Anne's Navy in the West Indies, New Haven, 1939. J. J. TePaske: The Governorship of
Spanish Florida, 1700-1763, Durham, 1964. A. M. Riveros Tula: Historia de la Colonia del
Sacramento, 1680-1830, Montevideo, 1959.
3 Cf. los trabajos clásicos de L. Vignols: “Le 'commerce interlope' français à la Mer du Sud, au début du
XVIIIe siècle”, Revue d´Histoire Economique et sociale, nº 13 (1925) 240-299); y L. Vignols y H. Sée:
“La fin du commerce français dans l'Amérique espagnole”, Revue d'Histoire Economique et Sociale, nº
13 (1925), pp. 300-313; y los más recientes de S. Villalobos: Comercio y contrabando en el Río de la
Plata y Chile, 1700-1811, Buenos Aires, 1965; C. D. Malamud Rikles: Cádiz y Saint-Malo en el
comercio colonial peruano (1698-1725), Cádiz, 1986; y del mismo autor: “Els negocis d'un virrei
català al Peru: el marqués de Castelldosrius (1707-1710)”, II Jornades d'Estudis Catalano-Americans,
Barcelona, 1987, pp. 83-97.
4 Cf. G. Scelle: La traite negrière aux Indes de Castille, París, 1906; y J. O. McLachlan: Trade with Old
Spain, 1667-1750, Cambridge, 1940.
5 Para una visión general de los astilleros hispanoamericanos, cf. M. Alfonso Mola y C. Martínez Shaw:
“Los astilleros de la América colonial”, Historia General de América Latina, París, 2001, vol. III, t. I,
pp. 279-303. Sobre los casos particulares, cf.: A. Bethencourt Massieu: “El real astillero de
Coatzacoalcos (1720-1735)”, Anuario de Estudios Americanos, t. XV (1958), pp. 371-428; L. A.
Clayton: Los astilleros de Guayaquil colonial, Guayaquil, 1978; M. L. Laviana Cuetos: Guayaquil en el
siglo XVIII. Recursos naturales y desarrollo económico, Sevilla, 1987; C. Douglas Inglis: “The Spanish
Naval Shipyard at Havana in the Eighteenth Century”, en New Aspects of Naval History. Selected
Papers from the 5th Naval History Symposium, Baltimore, 1985, pp. 47-58; y M. Mestre y D.
Matamoros: “Tecnología y adaptación al medio. El astillero de La Habana”, en P. Butel y B. Lavallé
(coord.): L'Espace Caraïbe, théâtre et enjeu des luttes impériales, XVIe-XIXe siècle, Burdeos, 1996, pp.
117-136.
6 Cf. V. Palacio Atard: “Los vascongados y la pesca de Terranova. Las gestiones del Marqués de
Monteleón en Londres (1716-1717)”, Anuario de Estudios Americanos, t. I (1944), pp. 723-739; G. J.
Walker: Política económica y comercio colonial, Barcelona, 1979; y A. de Béthencourt Massieu:
Relaciones de España bajo Felipe V. Del tratado de Sevilla a la guerra con Inglaterra (1729-1739),
Alicante, 1998.
7 Cf. M. A. Eugenio Martínez: La defensa de Tabasco, 1600-1717, Sevilla, 1971; J. J. TePaske: The
Governorship...; J. A. Calderón Quijano: Belice, 1663?-1821. Historia de los establecimientos
británicos del río Valis hasta la independencia de Hispanoamérica, Sevilla, 1944; y T. S. Floyd: The
Anglo-Spanish struggle for Mosquitia, Albuquerque, 1967.
8 L. E. Arazola Gil: Los orígenes de Montevideo, 1607-1749, Buenos Aires, 1933.
9 R. Pares: War and Trade in the West Indies, 1739-1763, Oxford, 1936.
10 J. M. Zapatero: La guerra del Caribe en el siglo XVIII, San Juan de Puerto Rico, 1964; y A. J. Kuethe:
“La batalla de Cartagena de 1741. Nuevas Perspectivas”, Historiografía y bibliografía americanistas,
nº 18 (1974), pp. 19-38.
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2042
11 Para el traslado de las instituciones a Cádiz, cf. el clásico estudio de A. Girard: La rivalité commerciale
et maritime entre Séville et Cadix, París-Burdeos, 1932; así como los más recientes trabajos de G.
Bernard: “La Casa de la Contratación de Sevilla, luego en Cádiz, en el siglo XVIII”, Anuario de
Estudios Americanos, vol. XII (1955), pp. 253-286; de A. Crespo Solana: La Casa de Contratación y la
Intendencia General de la Marina en Cádiz (1717-1730), Cadiz, 1996; y de A. J. Kuethe: “Traslado del
Consulado de Sevilla a Cádiz: nuevas perspectivas”, en E. Vila Vilar y A. J. Kuethe (eds.): Relaciones
de poder y comercio colonial, Sevilla, 1999, pp. 67-82. Para el Proyecto de 1720, cf. A. García-
Baquero González: Cádiz y el Atlántico, 1717-1778, Sevilla, 1976, especialmente, t. I, pp. 197-210.
12 Cf. C. Sáenz de Santamaría: “La Compañía de Honduras, 1714-1717”, Revista de Indias, nº 159-162
(1980), pp. 129-157; R. D. Hussey: The Caracas Company, Cambridge, Mass., 1934; M. Gárate
Ojanguren: La Ral Compañía Guipuzcuana de Caracas, 1728-1785, San Sebastián, 1990; M. Gárate
Ojanguren: Comercio ultramarino e Ilustración. La Real Compañía de La Habana, San Sebastián,
1993. y J. M. Oliva Melgar: Cataluña y el comercio privilegiado con América. La Real Compañía de
Comercio de Barcelona a Indias, Barcelona, 1987.
13 Sobre esta influencia del sistema de navegación en el sistema comercial, cf. M. Alfonso Mola: “La flota
colonial española en la Edad Moderna. Una visión panorámica”, XIII Encuentros de Historia y
Arqueología, San Fernando, 1998, pp. 13-49. Para el caso de Cataluña, cf. C. Martínez Shaw: Cataluña
en la Carrera de Indias, 1680-1756, Barcelona, 1981; y más recientemente, M. Alfonso Mola y C.
Martínez Shaw: “La expansión catalana en la Andalucía Occidental”, Els catalans a Espanya, 1780-
1930, Barcelona, 1996, pp. 213-221.
14 W. L. Schurz: The Manila galleon, Nueva York, 1939 (hay traducción española, Madrid, 1992); y C.
Yuste: El comercio de Nueva España con Filipinas, 1590-1785, México, 1985.
15 Cf. E. Schäfer: El Consejo Real y Supremo de las Indias, Sevilla, 1935-1947; G. Bernard: Le
Sécrétariat d'Etat et le Conseil Espagnol des Indes (1700-1808), París, 1972; y J. A. Escudero: Los
orígenes del Consejo de Ministros en España, Madrid, 1979.
16 M. T. Garrido Conde: La creación del virreinato de Nueva Granada (1717-1723), Sevilla, 1965.
17 O. Pikaza: “Don Gabriel José de Zuloaga en la gobernación de Venezuela (1724-1747)”, Anuario de
Estudios Americanos, t. XIX (1962), pp. 501-695.
18 Cf. F. Muro Romero: “Instituciones de gobierno y sociedad en Indias (1700-1760)”, en Estructuras,
gobierno y agentes de la administración en la América española (siglos XVI, XVII y XVIII), Valladolid,
1984, pp. 163-231.
19 A. Gómez Gómez: Visitas de la Real Hacienda Novohispana en el reinado de Felipe V (1710-1733),
Sevilla, 1979.
20 S. Zavala: La encomienda indiana, Madrid, 1935.
21 A. Lafuente y A. Mazuecos: Los caballeros del punto fijo. Ciencia, política y aventura en la expedición
geodésica hispanofrancesa al virreinato del Perú en el siglo XVIII, Madrid, 1987; L. J. Ramos Gómez:
Las ‘Noticias secretas de América’ de Jorge Juan y Antonio de Ulloa (1735-1745), Madrid, 1985; y F.
de Solano Pérez-Lila: La pasión de reformar. Antonio de Ulloa, marino y científico, 1716-1795,
Salamanca, 1999, pp. 55-138.
22 Una panorámica de las expediciones científicas del siglo XVIII, en F. del Pino y A. Guirao (eds.):
Las expediciones ilustradas y el Estado español, monográfico de Revista de Indias, nº 180 (1987).
Sobre las expediciones dirigidas al extremo meridional de América, cf. J. Oyarzun Iñarra: Expediciones
españolas al Estrecho de Magallanes y Tierra de Fuego, Madrid, 1976.
23 Cf. O. L. Jones Jr.: Nueva Vizcaya: Heartland of the Spanish Frontier, Albuquerque, 1988. Y, en
general, para la frontera norte de Nueva España, cf.: J. F. Bannon: The Spanish Borderlands Frontier,
Felipe V y Las Indias
2043
1513-1821, Nueva York, 1970; y D. J. Weber: The Spanish Frontier in North America, New Haven,
1992.
24 Cf. R. S. Weddle: San Juan Bautista, Gateway to Spanish Texas, Austin, 1968; D. E. Chipman: Spanish
Texas, 1519-1821, University of Texas Press, 1992 (existe una versión española bajo el título de Texas
en la época colonial, Madrid, 1992); A. Curbelo Fuentes: Fundación de San Antonio de Texas.
Canarias, la gran deuda americana, Las Palmas de Gran Canaria, 1986; M. E. Domínguez: San
Antonio, Tejas, en la época colonial (1718-1821), Madrid, 1989; y J. F. de la Teja: San Antonio de
Béxar. A Community on New Spain's Northern Frontier, Albuquerque, 1995.
25 Para la fundación y primeros años de la villa de Alburquerque, cf. M. Simmons: Albuquerque. A
Narrative History, Albuquerque, 1982, pp. 81-123.
26 J. L. Kessell: Mission of Sorrows: Jesuit Guevavi and the Pimas, 1691-1767, Tucson, Az, 1979; J. E.
Officer: Hispanic Arizona, 1536-1856, Tucson, Az, 1987, pp. 1-51; I. H. W. Engstrandt: Arizona
Hispánica, Madrid, 1992, pp. 85-128. Para la fundación del presidio, cf. J. L. Kessell: “The Puzzling
Presidio: San Phelipe de Guevavi, alias Terrenate”, New Mexico Historical Review, nº 41 (1966), pp.
21-46.
27 P. M. Dunne: Black Robes in Lower California, Berkeley, Ca, 1952; H. Crosby: The King's Highway in
Baja California, San Diego, 1974; y I. del Rio: Conquista y aculturación en la California jesuítica,
1697-1768, México, 1984; y A la diestra mano de las Indias. Descubrimiento y ocupación colonial de
la Baja California, México, 1990. Cf. asimismo, S. L. Hilton: La Alta California Española, Madrid,
1992, pp. 55-71.
28 S. Lorenzo y R. Urbina: La política de poblaciones en Chile durante el siglo XVIII, Quillota, 1978; y S.
Lorenzo: Orígenes de las ciudades chilenas. Las fundaciones del siglo XVIII, Santiago de Chile, 1986.
29 P. Hidalgo Nuchera (ed.): Redescubrimiento de las Islas Palaos, Madrid, 1993.
30 C. Pajarón Parody: “El gobierno en Filipinas de Don Fernando Manuel de Bustamante y Bustillo (1717-
1719)”, Anuario de Estudios Americanos, t. XX (1963), pp. 399-529.
31 J. Díaz de Villegas y Bustamante: Una Embajada española a Siam a principios del siglo XVIII, Madrid,
1967; y F. Rodao: Españoles en Siam (1540-1939). Una aportación al estudio de la presencia hispana
en Asia, Madrid, 1997, pp. 74-83.