Los centros hispano-ultramarinos: el caso gaditano

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LOS CENTROS HISPANO-ULTRAMARINOS:
EL CASO GADITANO
Mª Magdalena Guerrero Cano
Dentro de la conmoción producida por la pérdida de los dominios españoles en
América en el primer cuarto del siglo XIX, debe tenerse en cuenta una serie de medidas,
reformas y fundaciones que pisándose los objetivos unas a otras, tratan de paliar o de
evitar el total fracaso. El objeto del actual trabajo es presentar una tentativa poco conocida
que se dio en la España de l871 a l873: la creación y primeros pasos de los Centros Hispa-no-
Ultramarinos.
Pese a su aparente y proclamado apoliticismo, se vieron inmersos en la vertigino-sa
vorágine política del Sexenio Revolucionario. Pese a su ponderado altruismo, se vieron
implicados en una serie de intereses económicos; esta implicación es especialmente sensi-ble
en el caso del Centro que se funda en Cádiz. Pese a su voluntad manifiesta de exten-sión,
tanto para la España europea, como para la ultramarina, las fundaciones se dan en
contadas ciudades españolas, de entre las cuales destaca Cádiz, y en las Antillas enlaza
con el Centro de la Habana. Pese a su voluntad de coordinación, ni en las ciudades españo-las
ni en las antillanas, se llegó a establecer un criterio común: con protestas frecuentes de
coordinación futura, se asiste desde el principio a una dispersión de esfuerzos. Pese a su
pensamiento reiterado de construcción para el futuro, la vida de estos Centros resultó más
bien efímera, su vinculación a la guerra Larga es manifiesta. Casi cuatro años después del
Grito de Yara y del de Lares (l868), aparecen las primeras tentativas de formación de estos
Centros Hispano-Ultramarinos. Ninguno de ellos alcanzó el final de la guerra Larga, in-cluso
cuando faltaban cinco años para la paz del Zanjón, dejan de aparecer en la documen-tación
noticias sobre este movimiento de opinión, que según veremos, intentó convertirse
en movimiento de presión en los últimos meses de su existencia.
Se ha escrito en muchas ocasiones que tras Ayacucho, España se volvió de espal-das
al hecho americano. En estos Centros puede verse un testimonio de que ese interés
hacia América no estuvo tan ausente de la sociedad y política españolas como pretende el
tópico antes aludido. Si bien España en el siglo XIX
ciertamente asume la defensa de Cuba -con la eficacia que pudo comprobarse en
l898-, nombra al capitán general que gobierna la Isla, carga cierto número de
gastos públicos sobre las recaudaciones del tesoro obtenido en Cuba, impone un
derecho preferencial de bandera en favor de los barcos peninsulares, vuelca so-bre
la Perla de las Antillas parte de su excedente de población, y poco más. A todo
esto se le llamó “colonialismo”; si aceptamos la denominación, porque de las
fuentes históricas procede...1
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Sólo cuando tras algunos levantamientos que no fraguaron o fueron acallados,
empieza a percibirse en España el riesgo que pueden correr nuestras Antillas, es cuando se
reaviva ese sentimiento soterráneo2 desde la pérdida de los dominios en el continente.
Tanto que el tema, objeto de nuestro estudio, se enlaza más con esta preocupación de
finales del siglo XIX, la posible pérdida de las Antillas españolas, que con el final de las
guerras de independencia hispanoamericana. De todos modos, en algunas declaraciones
de los impulsores de la tendencia que vamos a estudiar, se da el recuerdo doloroso de lo
perdido en Ayacucho. En el planteamiento que nos hacen, viene a enlazarse una pérdida y
una presumible posibilidad de abandono final. A su conocimiento pretendemos contribuir,
aunque sea con una pequeña aportación.
Conviene apuntar que si bien existe casi medio siglo entre un hecho y el otro; en
la península tuvieron lugar una serie de acontecimientos que coartaron o en el mejor de los
casos, acapararon la atención de los políticos; en las Antillas los hechos se iban sucedien-do
al socaire de los vaivenes de la política metropolitana, modificada por los propios
hechos que en las islas tenían lugar.
En el trabajo que presentamos, nos detenemos más en el tratamiento del Centro
de Cádiz que en los de otras ciudades españolas, debido a la mayor abundancia de noticias
que hemos encontrado. La causa creemos que se debe, a que la asociación gaditana tuvo
un mayor peso específico que otros Centros. El mayor interés que los gaditanos sintieron
por este asunto, aparte de su motivación patriótica o nacionalista, tuvo una clara raíz eco-nómica
y vivencial: el activo comercio de Cádiz con las Antillas durante la mayor parte
del siglo XIX y que en Cádiz se concentraba y de allí partía la mayor parte de las tropas
destinadas a Cuba, con lo que esto implicaba de la vida cotidiana de la ciudad. En nuestra
opinión, lo expuesto es suficiente para explicar la abundancia de noticias gaditanas sobre
la creación del Centro y su posterior evolución, y que aquí tratamos de reunir del modo
más sistemático y coherente que nos ha sido posible.
España y las Antillas
Nuestro propósito en este apartado es explicar el marco en el que tiene lugar esta
iniciativa -la creación de los Centros Hispano-Ultramarinos- en la compleja política espa-ñola
de los tres primeros cuartos del siglo XIX, con especial aplicación a la política anti-llana
del momento. Naturalmente, no se trata de un estudio profundo. Nos limitamos in-tencionadamente
a presentar esta tentativa en un encuadre más amplio, con objeto de
entender su sentido y de dar a conocer una tendencia que apenas ha merecido la atención
de los estudiosos de la época y de la cuestión.
En el siglo XIX español, hay que tener en cuenta la actitud que ante América tuvo
Fernando VII, reacio a aceptar la nueva situación y pensando en utópicos proyectos de
reconquista; la tardanza en el reconocimiento diplomático de las nuevas repúblicas que,
de modo muy espaciado, empezó a hacerse en el reinado de Isabel II; las guerras carlistas
y las dificultades de este reinado, la revolución de l868 , el reinado de Amadeo I, y la
Primera República; y todo ello con el problema esencial de la reconstrucción de España.
Esto es lo que sucede en la metrópoli en ese largo período de desentendimiento entre las
dos orillas.
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Al otro lado del Océano, Cuba y Puerto Rico poseen historias diferentes, pero en
buena medida paralelas, ya que su clima y producción son casi idénticos y sus trayectorias
económicas similares.3 En este grupo antillano habría que incluir también a Santo Domin-go,
pero su historia política - condicionada por su vecino Haití- siguió otros derroteros en
el decimonónico siglo.4
Al comenzar este siglo, Cuba y Puerto Rico estaban viviendo una buena situa-ción
económica que se traducía en un florecimiento político e intelectual. La guerra de
Independencia peninsular y la subsecuente independencia americana supone que a las
Antillas deje de llegar el dinero -situado- que venía desde el Virreinato de México; a lo
que los isleños supieron buscar nuevas soluciones. En l808 las dos islas pasaron a depen-der
de la Junta de Sevilla, pero se ofreció la oportunidad de que tanto cubanos como
puertorriqueños hicieran su primera aparición en la vida política de la metrópoli, con su
representación en las Cortes de Cádiz.
Las luchas políticas que en esos años se suceden en España, repercutían en las
islas con la concesión o supresión de libertades y aún con cambios bruscos de gobernado-res
que se alternaban según el devenir metropolitano. La vacilante situación política que
se creó en las Antillas, agravada con la llegada de insurrectos del continente, propiciaron
la aparición de numerosas sociedades secretas que tenían como objetivo la independencia
y que se manifestaban en repetidos levantamientos -unos patrocinados por sociedades
secretas, otros por hacendados e ideólogos y otros por los mismos esclavos que cada vez
fueron intentos separatistas más definidos y peligrosos al contar con la ayuda de Estados
Unidos-.
Una política más liberal demandaron los procuradores isleños en una exposición
que hicieron al gobierno en l836, pero los liberales triunfantes en la península suspendie-ron
su representación en las Cortes Constituyentes de l837, con la promesa de elaborar
leyes especiales. Sin embargo el proyecto se fue dilatando durante décadas, debido en
parte a la inseguridad política de la metrópoli.
En agosto de 1847 aparecía una Real Orden sobre Ayuntamientos, que suponía
un avance en la legislación de Puerto Rico, más importante fue la creación del Consejo de
Administración en l861 que era un cuerpo consultivo del gobierno insular y tribunal con-tencioso-
administrativo, pero tuvo algunos roces con la Administración central y fue su-primido
ocho años después.
En estos años -1860- la coyuntura favorable para la exportación de azúcar cuba-na
cambió de signo.5 Apareció la fortísima competencia del azúcar de remolacha,
sobreprotegida en Europa; también comienza a imponerse la navegación a vapor que con
menos fletes permitía colocar en Europa azúcar procedente de Asia a precios muy compe-titivos.
Refiriéndonos a estos años, también tenemos que hablar de una razón estructural
profunda y estrictamente cubana: la industria azucarera estaba basada en la esclavitud
como mano de obra y ante las presiones extranjeras hubo fracasados intentos de sustituirla
por trabajadores blancos libres y por coolies chinos. Las últimas importaciones cuantiosas
de negros a Cuba fueron en l860. A todo ello vinieron a unirse los progresos técnicos que
se dieron en la maquinaria azucarera y que la hacía muy eficaz y productiva, pero a la par
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tan cara y delicada que la burguesía azucarera no supo o no pudo adaptarse y evolucionar.6
La coyuntura quizás se hubiera podido salvar con la inversión de capital, pero estos fon-dos
fueron necesarios para las empresas metropolitanas de Santo Domingo y México.
Como contrapartida, las autoridades españolas en las islas se mostraban favora-bles
a que se llevaran a cabo las prometidas reformas. En l865 tiene lugar la derrota sudista
en la guerra de Secesión norteamericana, y la subsecuente abolición de la esclavitud. Con
todo este panorama por delante, el gobierno español se plantea en pocos meses, la necesi-dad
de buscar una vía de solución. Apareció el decreto de 25 de noviembre de l865 que
disponía la recogida de información insular para proponer a las Cortes las prometidas
leyes especiales para Cuba y Puerto Rico. Pero cuando la Junta Informativa inauguró sus
sesiones el 30 de octubre siguiente, ya había cambiado el gobierno y el nuevo ministro de
Ultramar, Adolfo Castro, había designado veintidós representantes que eran contrarios a
las reformas. Las discusiones abordaron varios temas: abolición de la esclavitud -pues la
trata negrera ya se había prohibido-, la libertad de comercio entre las Antillas y la Penínsu-la,
la plena igualdad de ciudadanía, y diversas libertades públicas. De todas las propues-tas,
sólo fue aceptada la que suponía la contribución directa sobre la propiedad territorial,
que fue establecida inmediatamente por decreto. Terminadas las sesiones, y con muchas
promesas gubernamentales por cumplir, los comisionados volvieron a las Antillas decep-cionados
ya que la Junta no tuvo resultados positivos y concretos que se plasmaran en la
realidad. El desencanto fue más profundo para los que esperaban de las reformas la posi-ble
autonomía y el camino abierto hacia la independencia.
En consecuencia, los reformistas estuvieron cada vez más cerca del
independentismo, dando lugar a que se produjeran dos hechos cercanos en el tiempo y con
los mismos objetivos: el Grito de Lares en Puerto Rico y el de Yara en Cuba, el 23 de
septiembre y el 10 de octubre de l868 respectivamente. Próximo a estos dos
aconcecimientos, tuvo lugar el 18 de septiembre, la Gloriosa que destronó a la reina
Isabel II.7 Hay sospechas de que en los tres acontecimientos tuvo participación el general
Prim, que se había puesto de acuerdo con diversos grupos antillanos y que actuó personal-mente
en la Península.
El Grito de Lares8 no tuvo mucha repercución en Puerto Rico,9 porque la elite
criolla reformista contó a su favor con los regímenes liberales del Sexenio Revoluciona-rio.
En Cuba, el Grito de Yara, tuvo consecuencias más profundas: comenzó la guerra
Larga,10 y equivalente a la declaración de independencia apareció el Manifiesto de la Jun-ta
Revolucionaria de la Isla de Cuba, dirigido a sus compatriotas y a todas las naciones,
que exponía como razones de la insurrección la falta de libertades, el mal gobierno y las
deficiencias en la distribución de los impuestos, en la instrucción pública y en la inmigra-ción
blanca, ofreciendo la igualdad, justicia, sufragio, emancipación de los esclavos y
libre cambio.11
Tras la Gloriosa, el gobierno metropolitano tomó una serie de medidas, entre las
que se plantearon las referentes a Ultramar:
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De las ventajas y beneficios de la revolución gozarán también nuestras queridas
provincias de Ultramar, que forman parte de la gran familia española, y tienen
derecho a intervenir con su inteligencia y su voto en las arduas cuestiones políti-cas
y sociales planteadas en su seno.12
Pero al reunirse las Cortes, el ministro López de Ayala expuso que Ultramar no se
podía beneficiar de las leyes de la Septembrina, por los recientes levantamientos ocurridos
en las islas. Se hizo preciso que fuera sustituido en el Ministerio por Topete para que en el
proyecto de Constitución se incluyera el artículo 107:
Las Cortes Constituyentes reformarán el sistema actual de gobierno de las pro-vincias
de Ultramar cuando hayan tomado asiento los diputados de Cuba y Puer-to
Rico para hacer extensivas a las mismas, con las modificaciones que se creye-sen
necesarias, los derechos consignados en la Constitución.13
El asunto de Ultramar fue debatido repetidamente en las Cortes, donde Manuel
Becerra, ministro de Ultramar, defendía una cierta autonomía que equivalía a la descentra-lización
política y administrativa. El proyecto de Constitución que recogía este nuevo
planteamiento para Puerto Rico lo presentó en las Cortes el 1 de diciembre, pero le costó
el cargo, porque los conservadores argumentaron que no se podía hacer una ley especial
para Puerto Rico y olvidar Cuba. Segismundo Moret presentó nuevos proyectos que fue-ron
discutidos, pero no se llegó a ningún acuerdo, abordándose el asunto por última vez en
la sesión del 10 de junio de l970.
Respecto a Cuba, Prim estaba en negociaciones con los insurgentes y llegaron a
un acuerdo en abril de l871, en el que se reconocía cierta autonomía para la isla, pero tras
la muerte del general, el ministro Nicolás María Rivero no reconoció el acuerdo.
En la España de estos años, el tiempo que permanecía un mismo gabinete era
corto,14 lo que no posibilitaba las reformas adecuadas para el gobierno de las islas. Y como
el estado de cosas no era el más favorable, unos grupos se inculpaban a otros de la situa-ción
que se estaba viviendo. La prensa conservadora española no perdía oportunidad para
sembrar la inquietud en cuanto que se hablaba de alguna posibilidad de reforma, incluso el
gobernador de Puerto Rico que tomó alguna iniciativa, fue acusado de estar de acuerdo
con los separatistas. A raíz de esto, El Debate de Madrid publicó un artículo en el que
decía que había que darle tiempo al gobernador Ramón Gómez Pulido
para que vuelva las cosas al estado de donde jamás debían de haber salido y para
que encause el torrente próximo a desbordarse, conteniendo la audacia del
laborantismo, que está llevando a cabo en Puerto Rico y con mayor osadía la
propaganda más escandalosa que jamás se ha visto hacer allí.15
En estas circunstancias, el partido Liberal Reformista puertorriqueño hizo un
pacto con el partido Progresista Democrático Liberal fundado por Ruiz Zorrilla, por el que
los puertorriqueños se comprometían a apoyar en las Cortes a los seguidores de Ruiz
Zorrilla, si a cambio éstos conseguían las reformas que querían los liberales puertorrique-ños.
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La reacción de los conservadores fue inmediata. En Madrid se fundó la Liga
Nacional contra las Reformas, contándose entre los primeros asociados a Cánovas del
Castillo y a Romero Robledo.16 Inmediatamente aparecieron los Centros Hispano-Ultra-marinos.
El Nacionalismo antillano
No obstante la idea de que las Antillas, incluida la antigua Española, formaran
una confederación independiente ya estaba en el ambiente durante los años sesenta en las
islas. La población de Cuba y Puerto Rico había ido adquiriendo sentido nacionalista, en
contraposición a la fuerte acción española. En plena guerra de Restauración, el dominica-no
Ulises F. Espaillat -aunque el gran ideólogo fue Gregorio Luperón-17 envió al ministro
de Relaciones Exteriores de Haití, Auguste Elie, una comunicación en la que se contenía
el Manifiesto a los dominicanos y al mundo entero, y en la que exponía que si la guerra de
Restauración tenía por objeto expulsar a la dominación española, la verdadera indepen-dencia
sólo se lograría desencadenando un proceso de liberación en la otras colonias
españolas. También, dentro de los planes del presidente haitiano Geffrard, se comprendía
que una vez lograda la fusión de las repúblicas -dominicana y haitiana-, se formara con
Cuba y Puerto Rico -cuando no pertenecieran a España- una confederación.18 Con motivo
de la fundación en Nueva York, del Comité Revolucionario de Puerto Rico, el 16 de julio
de l867 publicó Ramón Emeterio Betances19 un manifiesto incitador, que terminaba con
un llamamiento a cubanos y puertorriqueños para que conjuntamente proclamaran la Con-federación
Antillana,20 pues con el levantamiento que se ultimaba podremos formar ma-ñana
la Confederación de las Antillas. La idea se veía plasmada en la enunciación
antillanista Las Antillas para los antillanos, que la sitúa Eda Suárez21 en una carta que
Betances escribió al dominicano Cabral el 18 de abril de 1870. Pero según Demetrio Ra-mos,
22 ésta era la simple enunciación de un hecho que venía desde antes y que surgió en las
columnas del periódico La Revolución de Nueva York, en un artículo que Betances publi-có
en l867. A ello se refiere el puertorriqueño en un memorándum que dirigió a cónsul
británico Mr. Spencer St. John, al decirle que
le journal officiel de l’insurrection “La Revolution” a dejà traité la question des
Antilles dans le sens de la Conféderation, en adoptant ce principe: Les Antilles
pour les fils des Antilles.23
Causas de la independencia
En definitiva, desde los últimos años de la década de los sesenta, varias cuestio-nes
que se venían arrastrando desde antiguo, se entrelazaron de forma que algunos grupos
antillanos se plantearon como necesaria e inminente la independencia:
-La situación social era conflictiva. No sólo había dualidad entre la población
blanca y la de color, sino que entre la misma población blanca, estaba el grupo de los
españoles y el de los criollos. La esclavitud era tema de controversia entre los distintos
interesados. Los enfrentamientos en torno al tema comienzan con la propaganda abolicio-nista
inglesa que lleva al tratado de 23 de septiembre de l817, por el que España se adhirió
a la supresión de la trata.24 Los negros envalentonados por las noticias que llegaban de las
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colonias extranjeras, se levantaron repetidas veces, hasta llegar en l844, a la conspiración
dirigida por el mulato Gabriel de la Concepción Valdés, conocido con el nombre de Pláci-do
el Poeta, que fue duramente reprimida. Pero la lucha por la abolición continuó. Los
grandes hacendados veían en ella un peligro para la agricultura, en cambio los más decidi-dos
defensores de la supresión de la esclavitud, deseaban realizarla en breve plazo. La
metrópoli, no pudiendo contentar a todos, tomaba medidas con prudencia, porque los prin-cipales
oligarcas cubanos -hacendados, dueños de ingenios, comerciantes peninsulares,
etc.- mantenían en la Corte grupos de presión que condicionaban la política colonial del
gobierno de Madrid.25
No menos complejas eran las relaciones internas entre la población blanca: la
clase alta formada por descendientes de colonizadores -normalmente dueños de hacien-das-
y por partidarios de España que habían emigrado desde el continente tras la indepen-dencia;
era incondicional de la metrópoli. Igual sucedía con españoles que estaban des-empeñando
cargos en la administración o en el ejército en las islas y que apenas se relacio-naban
con los adinerados cubanos. Los hijos de éstos, nacidos en las Antillas, se habían
educado en centros que les otorgaban mayor preparación que a sus padres, cultura que
luego completaban en el extranjero, formándose una aristocracia de la inteligencia que
cultivaba la idea de patria, concepto que comparten con criollos enriquecidos que, aunque
en ocasiones sean proespañolistas, tendrán como fija la idea de independencia.
-La situación económica tampoco era clara. A partir de l860, el estado de la ha-cienda
cubana deja de tener superávit a lo que se unen las muy costosas empresas de Santo
Domingo y México; y en pocos meses comienza la guerra Larga que supuso una sangría
para la economía metropolitana. Madrid tuvo que acudir a medidas de emergencia como
reorganización de impuestos o emisiones de papel moneda que originaron crisis financie-ras.
Tampoco podemos olvidar la cuestión arancelaria y la lucha económica con Estados
Unidos, porque Norteamérica aprovechaba todas las oportunidades en que podía adquirir
primacía en el mercado antillano.26
-La cuestión política era complicada. En el ideario político antillano había con-servadores
que eran defensores del statu quo, y liberales que a su vez podían ser reformistas,
autonomistas y separatistas. Los reformistas se agrupaban en torno a las ideas de descen-tralización
de José Antonio Saco. Aparecieron en torno a l835, pero para 1868 ya estaban
en decadencia. Los autonomistas surgen en torno a la figura de Rafael Montoro, que de-fendía
la idea de mantenerse fieles a España, pero con la máxima descentralización posi-ble.
El grupo existió hasta los últimos momentos de la presencia de España en las Antillas.
Los separatistas desarrollan ideas paralelas a reformistas y autonomistas. Su organizador
fue José Martí y pretendieron la total separación de la metrópoli, logrando así la indepen-dencia.
-Las relaciones con Estados Unidos también hay que comtemplarlas, si quere-mos
tener el panorama completo de la cuestión. Las aspiraciones estadounidenses a apo-derarse
de alguna de las Antillas, sobre todo de Cuba, van desde evitar a otra potencia
europea que no sea España, que se posesione de alguna de las islas; hasta favorecer las
conspiraciones de anexionismo a la Unión, postura mantenida por algunos antillanos que
reparaban en su proximidad geográfica y en su potencialidad económica. Al mismo tiem-
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po y en repetidas ocasiones, Estados Unidos propuso a España la compra de parte o tota-lidad
de alguna isla; amenazó con la fuerza y se manifestó abiertamente favorable a la
segregación de España.
En estas fechas las islas Filipinas también estaban bajo la corona española, pero
sus problemas aún no eran tan candentes, a lo que se unía la distancia y el desconocimien-to.
La creación de los centros Hispano-Ultramarinos
Algunos grupos de la población española se sentían inquietos ante las noticias
que escasamente estaban llegando de Filipinas y sobre todo, por lo que estaba sucediendo
en las Antillas.27 En l870, a petición de los voluntarios -representantes del sector cubano
más integrista- se fundó el Casino Español de La Habana, donde posteriormente tendría la
sede el Centro Hispano-Ultramarino. En Madrid cundió la alarma, y en pocos meses
comenzó a funcionar un Centro precidido por el marqués de Manzanedo,28 de similares
características, pero de ideología más moderada que el cubano. En diciembre -1871- cir-culó
el programa que señalaba su finalidad:
conservar la integridad del territorio; promover cuanto necesario sea al adelanto
moral y material de las provincias de Ultramar; estrechar más y más los vínculos
que las unen a la Madre Patria; destruir las ideas de rebelión que el error ha
producido en ellas; impedir que la simiente del desorden caiga en su suelo y
aniquile su riqueza; convencer a todos los partidos, observando una neutralidad
constante entre ellos, de que esas tierras deben salvarse a toda costa para bien de
la nación.29
Pero ante las muchas agresiones que se hacían a su ideología -en la Península ya
se tenían noticias del Casino de La Habana y de lo radical de los voluntarios-, el Centro se
vio obligado a volver a explicar cuáles eran sus fines, dando a luz dos manifiestos, donde
exponía sus objetivos: el del 4 de diciembre de l871
...servir una idea altamente nacional, sin subordinarse a partidos, admitiendo a
hombres de todas las escuelas políticas, negandose a servir de instrumento a am-biciones
personales, con el único objeto de contribuir a mantener la integridad
del territorio.30
y el 2 de febrero siguiente,
...apelar al patriotismo del pueblo español para terminar la prolongada lucha que
existe en Cuba, y mirando al porvenir de España, nosotros no podemos permitir
en la inercia, que se nos segregue o arrebaten los mercados que hemos formado
en América, porque así condenamos nuestras nacientes industrias...31
En julio, El Centro expuso públicamente sus ideas sobre las reformas políticas
para Cuba y Puerto Rico, por lo que fue duramente atacado por los periódicos La Voz de
España y Cristóbal Colón en Madrid, y por El Diario de la Marina y La Voz de Cuba en
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La Habana. En consecuencia se convocó una junta general para poner fin a la interinidad
y dar base y carácter definitivo a la asociación.32 En octubre, con la idea de aunar esfuer-zos,
se convocaría otra junta general.
En este año -l872- se fundaron Centros en distintas ciudades españolas: Sevilla,
Cádiz, Palma de Mallorca, Barcelona, Málaga, Valencia, Avilés, Ampuero, Cáceres, Bil-bao,
Santander y Zaragoza.
El centro Hispano-Ultramarino de Cádiz
Siendo Cádiz, por tradición una de las ciudades españolas que más relaciones
tenían con América,33 era lógico que también fuera una de las primera ciudades donde más
inmediato eco tuviera la posible fundación de un Centro. Los gaditanos comenzaron a
reunirse en la segunda mitad de l871, y para los primeros días del año siguiente ya tenían
sede en la calle Candelaría, nº 1.
La junta directiva34 que era definitiva para el 19 de febrero, estaba formada por el
presidente Vicente Cagigas, el vicepresidente, Francisco González de la Mota, los vocales
propietarios Benito Picardo, Julián López, Pedro de la Lama, Miguel Martínez de Pinillos,
Santiago Mendaro, Carlos Rudolp, Carlos Barrie, José de la Viesca, Luis Terri y Murphi
como secretario y José Morales Borrero como tesorero; vocales suplentes eran José Casa-nova
y Pevidal, Ricardo Sobrino, Joaquín Payan de Tejada, Manuel Amusátegui y José
Morales y Álvarez. Según los padrones de los años l872 y l87335 todos los que forman
esta junta son vecinos de Cádiz, de más de 39 años, con una renta más o menos elevada y
de profesión: del comercio, fabricantes, propietarios y navieros.36 Con estas circunstan-cias
personales, es lógico que se preocuparan por que se mantuviera el statu quo en las
regiones donde realizaban sus negocios.El evitar el desgajamiento, era un sentimiento que
se pretendían extender y hacer presente entre los españoles como un asunto de interés
común.
El Reglamento
El Reglamento del Centro Hispano-Ultramarino de Cádiz37 está fechado el 19 de
febrero de l872 y tiene tres capítulos.
El primer capítulo que está dedicado a exponer el objeto de la asociación y sus
socios, cuenta con cinco artículos, comenzando el primero con la declaración de princi-pios
que son comunes a todos los Centros:
El Centro Hispano-Ultramarino, es la reunión de todos los Españoles Peninsula-res
é Insulares, que se asocien para procurar con sus esfuerzos la conservación de
la integridad nacional, y el desarrollo de los intereses morales y materiales de las
provincias ultramarinas, sin atender a intereses personales o parcialidades políti-cas,
ni a otro propósito que el de procurar el engrandecimiento de aquellas ricas
porciones de la monarquía y su mas estrecha unión con la madre patria.
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Los siguientes artículos los dedica a indicar los diferentes tipos de socios: funda-dores,
de número, de mérito y corresponsales, señalando sus cuotas y obligaciones; la
forma de elección, los requisitos que se tienen que cumplir y las causas por las que se deja
de pertenecer a esta sociedad.
El segundo capítulo trata de la dirección del centro y se extiende desde el artículo
6º al 13º. Reglamenta que la dirección del Centro se encomiende a una junta directiva,
compuesta de presidente, vicepresidente y diez vocales, entre los que se elige al secretario
y al tesorero. Los vocales son elegidos por mayoría en la junta general, entre los socios
fundadores que hayan residido en América o Asia. Señala la forma y requisitos de sustitu-ción
y elección de cargos y las obligaciones y atribuciones de la junta directiva: la Junta
tiene que recaudar fondos y es libre de invertirlos en donde crea más conveniente, además
de cuidar del régimen interno del Centro. Entre sus atribuciones está la de fijar la dotación
de los empleados, despedirlos en caso de falta, establecer relaciones con otros Centros,
gestionar asuntos, formular el Reglamento y sus reformas, disponer y vigilar que se hagan
los trabajos oportunos, nombrar socios corresponsales y de mérito, y admitir o denegar
solicitudes. Sin embargo, no puede variar la cuota de entrada y mensual y necesita la
autorización de la junta general para contratar empréstitos. La junta directiva está obliga-da
a reunirse una vez a la semana, dedicando la primera junta del mes a la revisión de
cuentas, las que debe rendir a la junta general del mes de enero. Aparte de estas juntas,
puede el presidente convocar junta directiva, siempre que lo considere conveniente. Se
consideraba que hay junta cuando están presentes la mitad de los vocales y el presidente,
tomándose los acuerdos por mayoría de votos, decidiendo el presidente cuando se daba el
empate.
El capítulo tercero está dedicado a las juntas generales y va del artículo 14º al 18º.
La junta general se compone de socios fundadores y de número, con voz y voto, pudiendo
unos delegar en otros en caso de ausencia. Se celebra cada dos meses y siempre en el mes
de enero. Para que pudiera celebrarse junta ordinaria se necesita la presencia de 30 socios
y para la extraordinaria de 40. La petición de estas juntas tiene que ser suscrita por 20
socios, pudiendo la junta directiva desestimar la petición, pero dando cuenta de la razón
del rechazo.
El presidente de la junta directiva lo es también de las juntas generales, en su
ausencia el vicepresidente y así sucesivamente. El secretario de la junta directiva tiene
iguales funciones en las generales. A todo tema a discutir, se le nombran tres defensores y
tres detractores, procediéndose después a la votación.
Este Reglamento tiene una adición en la que se señala que el local de la sociedad
nunca sería casino, el derecho de los socios a presentar asuntos, y la condición de que si
algún miembro de la junta directiva aceptaba un empleo retribuido o condecoración del
gobierno de S.M., estaba obligado a dejar el cargo, pasando a ser simple socio fundador.
Actuación del Centro Hispano-Ultramarino de Cádiz
Era Cádiz una ciudad donde asiduamente llegaban noticias de las Antillas y de
donde partían muchas tropas para combatir a los insurrectos cubanos, creándose desde
antiguo en la ciudad un ambiente proantillano.
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Aún se hablaba en la gaditana plaza del Mentidero, del batallón de Talavera que
en el vapor Manila había partido hacia Cuba, cuando llegó la noticia de que el 30 de
noviembre de l871 debía embarcarse en este puerto otro de los batallones que en sorteo le
había correspondido ir a Cuba, el de Santander, además de tres compañías del de Alcántara,
que no habían cabido en el vapor que partió de Barcelona.
En estos días llegó a la ciudad una invitación del Centro Hispano-Ultramarino
de Madrid, que el 6 de diciembre había cursado circulares a distintas provincias para que
fundaran Centros de este tipo. En la tacita de plata la invitación tuvo eco y se empezaron
a celebrar reuniones en las que se constituyó una junta interina38 bajo la presidencia de
Miguel Martínez de Pinillos, desempeñando las funciones de secretario José Morales
Borrero.
Por las mismas fechas en que el Centro empezaba su andadura, se recibió una
comunicación del marqués de Manzanedo, encargando que antes de que se embarcara el
batallón de Santander, se le ofreciera a las tropas un rancho extraordinario por cuenta del
Centro de Madrid, pero la junta interina gaditana, tras dar las gracias a los madrileños,
acordó correr con los gastos. El Centro se encargó de obsequiar a estos soldados, a los que
incluso acompañó al Comillas, donde se brindó por última vez con ellos. El brindis fue
ofrecido por Carlos Barry,39 representante de la Casa López y Compañía. También brindó
el Sr. Ruiz de León como uno de los socios fundadores del Centro de Madrid y delegado
del mismo acerca de los buenos españoles de Puerto Rico y Cuba.40
El rey Amadeo había tomado a estas tropas como representación de todas las que
iban a Cuba, por ello dispuso la entrega de una carabina repetidora de su uso personal, al
primer individuo de tropa que se distinguiera.41 Por esta razón, en la despedida se dieron
vivas al rey; de lo que se extraña mucho el periódico La Legalidad y le reprocha al presi-dente
interino del Centro de Cádiz que no se lo comunicara al de Madrid, en el telegrama
que le cursó, participándole también los vítores a España y a Cuba española.42
Pasadas las fiestas de Navidad, estaba previsto que el día de Reyes de l872, se
celebrara en los salones de la Academia de Bellas Artes, una reunión de todos los que
estuvieran dispuestos a agruparse en torno a la bandera y al lema Viva Cuba española. Su
fin era elegir la junta definitiva. Pero la reunión fue suspendida hasta nuevo aviso.43 La
Legalidad publicó que algunos maliciosos suponían que se había suspendido para evitar
un disgusto al Sr. Morales Borrero -hasta entonces secretario- porque no inspiraba
confianza
por aquello de que si desertó de las filas progresistas por un cintajo, mañana
podría desertar también del Centro Hispano y dar otro camelo.44
Por fin, el 10 de enero se celebró una reunión en la calle Candelaria nº 1, para
proceder a la organización definitiva de la asociación. Se acordó: 1) Dejar 15 días para que
se inscribieran todos los que estuvieran de acuerdo con el pensamiento del Centro. La
inscripción debía hacerse en casa del hasta entonces secretario, Sr. Morales Borrero, en la
calle Baluarte, nº 12. 2) Que los nombramientos de socios de número se comunicaran a los
interesados por conducto de la junta directiva. 3) Que la junta que se iba a nombrar queda-
514
ra autorizada para redactar el Reglamento y estatutos que habían de ser aprobados por la
junta general. 4 y 5) Se fijaban las cuotas y suscripciones voluntarias. 6) Que la prensa
gaditana El Comercio, La Palma y El Diario de Cádiz asistirían a todas las reuniones con
carácter consultivo y para dar a los trabajos la mayor publicidad. Cuando se aprobaron
estos acuerdos, se procedió a votar y nombrar la junta definitiva.45
La Legalidad publicó el día 11 un editorial reprochando al Centro el que los
representantes de este periódico no fueran invitados a la reunión de constitución, y tuviera
presente las cuestiones políticas que los separaban.46
El día 20 de febrero, a las 19’30 horas, se celebró la primera junta general de
socios. En ella se dio cuenta de las comunicaciones establecidas con Centros de otras
provincias, del obsequio de dos banderas que se pretendía hacer a dos batallones provisio-nales
que se estaban organizando en Cádiz. Con ello no estaba de acuerdo José Franco de
Terán, representante de Sanlúcar, porque opinaba que ese dinero debería ser invertido en
premiar a los soldados heridos, o a sus viudas o huérfanos. Había dos comunicaciones;
una del Centro de Sevilla que se brindaba a contribuir con los gastos de las dos banderas,
y otra del alcalde de Jerez, en la que manifestaba que citaría al vecindario para exponer los
propósitos de la asociación. Por último fue aprobado el Reglamento con ligeros cam-bios.
47
A los dos días de esta primera junta, salía para Cuba el primero de los dos batallo-nes
en el vapor correo Isla de Cuba. La precipitación de la partida no permitió el que la
bandera que se le había de entregar a este recién constituido batallón, estuviera preparada.
Sin embargo, el Centro le hizo entrega de una corona que había regalado Dª Mª Micaela
Sabona, madre del alférez Enrique Mendoza, del batallón de cazadores Andalucía, en
operaciones en Cuba.48 El segundo batallón provisional partió el 10 de marzo, en el vapor
Puerto Rico. Antes, con toda solemnidad, se le hizo entrega de la bandera que habían
costeado los Centros Hispano-Ultramarinos de Sevilla y Cádiz; y se le encomendó la otra
bandera para que la entregara al primer batallón ya en aquella isla.49
En la junta del 20 de abril, se tomó un acuerdo que se repetiría en más ocasiones:
el premiar al primer soldado herido, hijo de la ciudad y a dos hijos de la provincia, con un
máximo de 3.000 reales a cada uno. Si morían, debía entregarse el dinero a la familia50.
En los últimos días del mes, el Centro Hispano-Ultramarino de Madrid cursó
invitación al de Cádiz, y al de otras provincias, a fin de celebrar una reunión el 1 de mayo.
Se decidió que asistieran como representantes el presidente, Vicente Cagigas y el secreta-rio,
José Morales Borrero. Pero, inmediatamente se recibió un telegrama, aplazando la
reunión anunciada hasta nuevo aviso. La Legalidad justificaba la suspensión por la grave-dad
de los acontecimientos que se estaban viviendo en España, ya que en esos días el rey
Amadeo había decretado la disolución del Congreso.51
Los meses de junio y agosto se señalaron por dos incidente no relacionados con
el Centro, pero que sí lo afectaban indirectamente: una orden gubernamental prohibía la
salida del vapor-correo para La Habana y Puerto Rico, hasta nueva orden52, y la noticia
que daba cuenta de que en un encuentro con los insurrectos cubanos, había muerto el
515
capitán Alfau, hijo del gobernador militar gaditano, lo que se comentó mucho en la
ciudad.53
Por fin, el 10 de octubre se celebraba la junta general en el Centro Hispano-
Ultramarino de Madrid. El presidente, marqués de Manzanedo, tomó la palabra para diri-girse
a los delegados de otros centros, abordando las diferentes cuestiones que considera-ba
prioritarias. Planteaba cómo en los tiempos de guerra que se vivían, no era conveniente
llevar a cabo ningún tipo de reformas. En los tiempos en que hubiera paz, habría que
abordar distintas cuestiones: la abolición de la esclavitud -estaba de acuerdo con una
emancipación lenta, conciliando los intereses y respetando todos los derechos, aunque era
más prudente esperar-; las reformas políticas -serían ocasión de peligro y durante mucho
tiempo fuente de discordias, por lo que había que evitarlas incluso en Puerto Rico, aunque
no estaba en contra de las reformas útiles, verdaderamente provechosas como las econó-micas-;
las reformas económicas -abogaba por el sistema de cabotaje entre aquellas pro-vincias
y las peninsulares, e imponer impuestos directos-; la inmoralidad de los emplea-dos
-para lo que tenía que haber un serio correctivo; y pidió consejo a los presentes sobre
la actitud del gobierno español ante el de Estados Unidos que interviene en las disensiones
cubanas ya que en sus puertos se aprestan naves, se organizan expediciones invasoras, se
acopian armas, y se costituyen juntas para auxiliar la insurrección separatista en Cuba.
Terminó estimulando a los asistentes a trabajar en común, al mismo tiempo que le abría las
puertas a una asociación con más amplios criterios.
A esta reunión en Madrid asistieron los representantes gaditanos; de vuelta en
Cádiz, el 17 de noviembre se celebró una reunión en la que se leyó una carta dirigida por
los voluntarios de Cuba al diputado Olavarrieta, felicitándole por haberle hecho frente en
el Congreso, a los ataque dirigidos por el Sr. Salmerón a los defensores de la integridad
nacional. También se leyó una carta del Centro gaditano al presidente del Consejo de
Ministros para protestar contra las variaciones proyectadas en el servicio de vapores-co-rreos,
por el perjuicio que el hecho ocasionaría al comercio gaditano, apoyándose en que
las costas cantábricas -a las que se les pretendía dar la exclusiva- no son navegables en
todos los tiempos, además de los daños que se producirían a la Casa López y Compañía,54
si se le quitaba a Cádiz esta prerrogativa, cuando era el primer puerto de arribada de
América.55 Cádiz continuaría siendo estación oficial de dichos vapores, hasta que no se
arreglara el puerto de Santander.56
En estas fechas se presentó en las Cortes un proyecto de ley que afectaba directa-mente
a los Centros; se trataba de la abolición de la esclavitud, y de implantar en las
Antillas la ley Municipal, por la que los Ayuntamientos conseguirían cierta autonomía.
Esta noticia ocupó el primer plano de actualidad, dando lugar a que los socios del Centro
gaditano, al igual que los de otras provincias, movieran Roma con Santiago, a fin de que
no se llevaran a cabo las reformas propuestas. El 30 de noviembre una comisión de la
junta del Centro se personó en casa del presidente de la Liga de Contribuyentes de Cádiz,
para manifestarle que se había recibido un telegrama de Madrid que anunciaba la decisión
del gobierno de llevar inmediatamente las reformas a Puerto Rico,57 y era necesario que
las juntas directivas de ambas sociedades celebraran una junta para ponerse de acuerdo en
los medios de oponer resistencia para conseguir el aplazamiento de las reformas. El presi-dente
de la Liga de Contribuyentes se mostró de acuerdo, pero dijo que había que oir antes
516
a su junta directiva. El 1 de diciembre se reunió la junta, aunque no se llegó a ningún
acuerdo, por no asistir el número de vocales necesario.58 La alarma que corrió en toda la
Península, tuvo repercusión, porque ante las protestas que llegaban a Madrid, el jefe del
gabinete ministerial, Sr. Ruiz Zorrilla declaró
todo lo que pueda perjudicar a la integridad del territorio, no lo hemos de hacer,
ni lo hemos de proponer, ni lo hemos de procurar nosotros, todo lo que pueda
favorecer la integridad de la patria, nosotros lo hemos de hacer y proponer y
procurar.59
Pero no había noticias de que se suspendieran las posibles reformas.
Por lo que el 5 de diciembre, el Centro gaditano elevó una exposición al Congre-so,
contra estas reformas. Estaba firmada por los socios del Centro y por un número eleva-do
de socios de otras corporaciones, entre las que destacaba la Liga de Contribuyentes, si
bien muchos no firmaron por considerar la cuestión como política.60 Igual argumento es-grimió
el Ayuntamiento al que se invitó para que una comisión municipal acompañara a la
del Centro con objeto de que se aplazaran las reformas. El alcalde también argumentó que
los individuos del cabildo profesaban diversas opiniones políticas y no estaban de acuerdo
sobre el asunto, además de los gastos que supondría el viaje y la estancia en Madrid y de
que el Ayuntamiento siendo un organismo administrativo no tenía por qué tomar parte en
este asunto.61 El Sr. Morales Álvarez62 pidió que constara su voto en contra del acuerdo
tomado por la corporación.63
El día 10 un oficio del Centro solicitaba otra vez, una comisión de la Liga de
Contribuyentes para el viaje a Madrid. Con este objeto la Liga convocó una sesión ex-traordinaria
el día 12, pero por falta de número de vocales no se tomó acuerdo.64
En diciembre, el rey recibió a una numerosa comisión de los Centros Hispano-
Ultramarinos, encargada de solicitar que no se llevaran a cabo las reformas que proyecta-ba
el gobierno en Puerto Rico. Había junto a los representantes de los Centros, otras comi-siones
de comercio, agricultura, propietarios de las grandes ciudades de la Península y de
los buenos españoles de Cuba y Puerto Rico. El representante de Valencia, Sr. Santos
expuso la importancia de la producción y del comercio de las Antillas, que en el caso de
perderse las islas con deshonra de los españoles, la industria española vendría al suelo,
reduciéndose a la mitad el valor de la propiedad, y el bravo ejército que allí se bate y la
formidable escuadra de 63 buques de vapor que allí existen tendrían que desaparecer,
porque España no podría mantenerlos. El representante de Valladolid, Sr. Reinoso pidió
que el rey resolviese el asunto por que en la petición no había mira política, puesto que en
la comisión figuraban representantes de todos los partidos que acudían al rey, porque
aunque ya habían acudido al gobierno, era el monarca, el único que podía conjurar el
peligro. El representante de Madrid, Sr. González Llorente dijo que, nacido en Cuba, sabía
que eran altamente inoportunas las reformas y pedía al rey que no permitiese que durante
su reinado se desmembrase la monarquía.65
517
La Liga defensora de la integridad nacional
Estando los representantes de los Centros Hispano-Ultramarinos reunidos en
Madrid, con motivo de gestionar el aplazamiento de las reformas y de visitar al rey, se
reunieron y fundaron una Liga que según pensaron podía convertirse en una Coalición que
se enfrentara al gobierno, no sólo por las reformas en Ultramar, sino en todos los terrenos
y por todos los medios y la llamaron Liga defensora de la integridad nacional, dándose la
particularidad de que las cuestiones que trataran podían tener una tendencia política, mien-tras
que los Centros estaban desprovistos de matiz político en sus estatutos. Ello había
permitido la entrada en sus filas de militantes de todos los partidos, que ahora unidos en un
único grupo estaban decididos hasta la rebelión para evitar las reformas y ya con un matiz
político nuevo, el que podía tener la Liga defensora, que potencialmente podía ser el gru-po
más vibrante y crudo de la oposición al gobierno.66
El día 5 de enero de l873, en el local del Centro gaditano -Candelaria, nº1- se
reunieron algunos miembros de éste, con varias comisiones de los partidos políticos y
directores de periódicos para acordar la formación de la Liga Nacional en defensa de la
integridad del territorio en Cádiz. El presidente gaditano expuso la forma de como en
Madrid se había constituido la Liga Nacional y el presidente Manzanedo incitaba al centro
de Cádiz a secundar esta iniciativa. Aprobada la propuesta, se formó una comisión para
que se entendiera con la de Madrid. La formaron Vicente Cagigas, González de Mota,
Morales Borrero por el Centro Hispano-Ultramarino, Eduardo J. de Montalvo por el par-tido
moderado, Ignacio Sequeira por el Comite Constitucional y Eduardo J. Genovés por
la Unión Liberal; todos ellos eran gaditanos; además estaban invitados los directores de El
Comercio, Fernando García de Arboleya;67 de La Palma, Eduardo Vassallo y O’Lawlor;68
de El Diario de Cádiz, Guillermo Pego;69 y los de La Monarquía Nacional y de La Lega-lidad.
Terminada la reunión, el Sr. Cagigas dio las gracias a todos por su cooperación y el
Sr. Arboleya propuso un voto de gracia para la referida sociedad por su patriotismo. Inme-diatamente
se cursaron telegramas al presidente de la Liga Nacional, marqués de
Manzanedo, al presidente del Casino Español de la Habana y al Sr. marqués de la Esperan-za
en Puerto Rico. Se terminó el acto, no sin haber prometido antes, todos los asistentes,
cooperar con sus esfuerzos en el terreno legal, para evitar que las reformas se llevaran a
cabo de una forma violenta.
El representante de el Diario de Cádiz que no pudo asistir a la reunión, se consi-deró
unido a los acuerdos que se tomaron, con la condición de que la Liga Nacional en
Cádiz no obedeciera a ningún interés partidista, aclarando que no era antireformista, ni
partidario de la esclavitud, porque admitía las reformas, siempre que se realizaran de for-ma
gradual y cuando la situación las admitiera.70
En enero de l873 la situación política nacional estaba revuelta; el Diario de Cádiz
hablaba de crisis ministerial, de la posible subida al poder del partido conservador, de la
posible sublevación republicana y de que hubiera radicales que se aprestaban a la realiza-ción
de este plan. También criticaba el que habiéndose formado la Liga Nacional para
combatir las reformas, los alfonsinos habían apresurado a prestarle su apoyo y formar en
sus filas, comprendiendo que así podían sacar partido, con el fin de realizar una contrarre-volución
en España. Pero Topete71 dejó claro que él no entendía así la Liga Nacional, ni
518
coadyuvaría a una restauración y que por combatir los proyectos del gobierno para Puerto
Rico, no debía entenderse que defendía la esclavitud, sino que quería acabar con ella, pero
por otros procedimientos.72
Ya estamos viendo como dentro de la misma Liga, que iba a ser la oposición al
gobierno, surgen diferentes opiniones. Era difícil que funcionara, cuando todos sus com-ponentes
eran españoles y unos tenían que ceder ante las ideas de los otros.
Es también el Diario de Cádiz, el que en fecha tan cercana a la fundación de esta
institución, como el 15 de enero, publica que la junta directiva de la Liga Nacional eviden-cia
los gérmenes de disidencia en su seno, en el que luchan dos tendencias. Por un lado el
periódico La Época que era alfonsino y por otro los Sres. Topete y Balaguer, que eran
representantes del partido conservador constitucional. Y añade
mucho se ha trabajado por los alfonsinos para que la Liga tomase el carácter de
verdadera coalición de los partidos políticos, han querido que dicha Liga se con-virtiese
entre sus manos en un arma política con que poder herir a la situación, y
hoy la negativa de los Sres. Topete, Balaguer, García Ruiz y Alvarez ha venido a
probarles que todo lo que sea querer apartar la Liga Nacional de su verdadero
objeto no producirá más resultado que debilitar sus fuerzas...73
Inmediatamente se expone al pueblo gaditano que el Manifiesto que ha hecho la
Liga Nacional no ha sido firmado por todos los partidos políticos que en un primer mo-mento
aceptaron su pensamiento, porque en él se refleja la pasión política, además de no
precisar cuando se harán las reformas. El periódico encuentra culpable al gobierno, al que
hace distintas acusaciones. Además alega que no debía ser un Manifiesto de la Nación,
sino haberlo dirigido a las Cortes con millares de firmas. Así se hubieran condicionado las
reformas que se proponía realizar el gobierno.74
Ante estos conflictos y enfrentamientos, reaccionó la Liga Nacional organizada
en Cádiz por el Centro Hispano-Ultramarino. Volvía a declararse contraría a las reformas
propuestas, pero no se declaraba antirreformista, sobre todo en el tema de la esclavitud.
Decía acoger en su seno a monárquicos, republicanos, carlistas, alfonsinos, radicales y
conservadores y pedía la cooperación de todos para perpetuar la unidad e integridad espa-ñola.
75 Está claro que la Liga de Cádiz se sentía alarmada, y no era para menos. El Centro
Hispano-Ultramarino y después la Liga Nacional perdieron toda su fuerza al querer abar-car
mucho, sin tener una base sólida y coherente, le faltaba una única escala de valores, y
es que cada integrante tenía una meta distinta, inmediata y real, aunque todos confesaran
que buscaban la unidad nacional.
La actividad del Centro Hispano-Ultramarino de Cádiz desaparece de toda la
documentación consultada a partir de estas fechas, si bien aparece sólo una vez en el
periódico que tanto informó sobre él, el Diario de Cádiz. En el ejemplar del 25 de octubre
de l873 hay una exposición del Centro, junto a otras del pueblo de Cádiz, del clero, del
Obispado, del cabildo de la catedral, de la Liga de Contribuyentes y de la Sociedad Econó-mica
Gaditana de Amigos de País, dirigida al presidente del Poder Ejecutivo, suplicando
que se anule la posible pena de muerte, a que en ese momento puede estar condenado por
519
Consejo de Guerra celebrado en Cádiz, el teniente-coronel D. Manuel Solar, por causa de
la reciente insurrección cantonal de la ciudad y parte de la provincia. Al día siguiente hay
otras exposiciones con igual sentido. Por un asunto de tal calibre, es razonable que los
miembros del Centro Hispano-Ultramarino ya disuelto, volvieran a reunirse y firmar una
exposición suplicatoria.
La Liga defensora de la integridad nacional a penas si dio lugar a más noticias o
comentarios en el periódico, sin embargo aparecen muchos editoriales que trataban temas
cubanos, con el título Isla de Cuba. La abolición para Puerto Rico fue aprobada por una-nimidad
el 22 de marzo de l873;76 la de Cuba sería posterior, el 13 de febrero de l880.77
NOTAS
1 CÉSPEDES DEL CASTILLO, Guillermo: “Los Reinos de Indias: economía”, en Enciclopedia de Histo-ria
de España, dirigida por Miguel Artola. Alianza Editorial. Madrid l988. Vol. II: Instituciones políticas.
Imperio.
2 Se pensó que una posible vía de solución sería convertir el Consejo de Ultramar fundado en l851, en
Ministerio de Ultramar. Así se hizo por Real Decreto publicado en Aranjuez el 25 de mayo de l863.
Archivo General de Indias. Cuba. leg. 986A.
3 CÉSPEDES DEL CASTILLO.
4 GUERRERO CANO, Mª Magdalena: Santo Domingo (l795-l865). Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de Cádiz. Cádiz. l987.
5 MORENO FRAGINALS, Manuel: El ingenio. El complejo económico social cubano del azúcar
(l790-l860). La Habana. l964.
6 SAGRA, Ramón de la: Historia física, política y natural de la isla de Cuba. París. l824.
7 GELPÍ Y FERRO, Gil: Situación de España y de sus posesiones de Ultramar. Madrid. l971.
8 CUETO PÉREZ MORIS, José Y GONZÁLEZ QUIJANO, Luis: Historia de la insurrección de Lares.
San Juan-Río Piedras. l975. FIGUEROA, Lidia: Breve Historia de Puerto Rico. Editorial Edil. Río
Piedras. l970. vol. II, p.53.
9 Uno de los motivos del fracaso del golpe fue que el presidente Buenaventura Báez de Santo Domingo no
permitió la salida de los 1000 expedicionarios que estaban preparados para trasladarse a Puerto Rico, y
que el barco que tenía que transporlarlos, El Telégrafo, había sido confiscado en Stº Tomás. El mismo
barco, pero con el nombre Redbird fue comprado por el dominicano Luperón y utilizado como medio de
transporte para atacar al presidente Báez. SUMMER WELLES: Naboth’s Vineyard. Payson-Clake Ltd.
New York. l928. pp. 363-364.
10 NAVARRO GARCÍA, Luis: Las guerras de España en Cuba. Ediciones Encuentro. Madrid. l998.
11 MORENO FRAGINALS, Manuel: “La Historia como arma”. En Diez años de la Revista Casa de las
Américas (l960-1970). La Habana. l970, pp. 60-66.
12 “Manifiesto dado el 26 de octubre de l868”. FERNÁNDEZ ALMAGRO, Melchor: Historia política de la
España Contemporánea. Ediciones Pegaso. Madrid. l956. p. 471.
13 CRUZ MONCLOVA, Lidio: Historia de Puerto Rico. Editorial Universitaria. Puerto Rico, l952.
pp. 15-16.
520
14 Al gobierno de 67 días de Ruiz Zorrilla con Tomás Mosquera en Ultramar, le sucedió el gabinete Malcampo
con Víctor Balaguer en este ministerio. Después Práxedes Mateo Sagasta fue presidente del gobierno con
Juan B. Topete en Ultramar, seguido por Martín de Herrero. El 13 de junio de l872 caía el ministerio
Sagasta, seguido por el general Serrano con López de Ayala en Ultramar. Le seguiría Ruiz Zorrilla con
Eduardo Gasset Artime, sustituido a finales de l872 en el ministerio por Mosquera. El 4 de febrero de
l873 abdicó Amadeo I y se proclamó la Primera República, con los gobiernos de Figueras que tendría
como ministro de Ultramar a José Cristóbal Sorni Gatell, el de Pí y Margall a Francisco Suñer Capdevilla,
el de Salmerón a Eduardo Palanca y el de Castelar a Santiago Soler Pla. FERNÁNDEZ ALMAGRO. pp.
105-123, 141-157, 158-176 y 199-214.
15 El Debate. Madrid. 14-IX-l871
16 MALUGUER DE MOTES, Jordi: “La burguesía catalana i l’esclavitud colonial: Modes de producció i
práctica politica”. En Recerques. Nº 3. Editorial Ariel. Barcelona. l973. pp.83-136.
17 GONZÁLEZ ORONA, A: “Vinculación antillana de Betances y Luperón”, en Puerto Rico Ilustrado. 10
de diciembre de l949. LUPERÓN, Gregorio: Notas autobiográficas y apuntes históricos. Santiago de los
Caballeros, R.D. l939. RODRÍGUEZ OBJÍO, Manuel: Historia de la Restauración. Santiago de los
Caballeros, R.D. l939.
18 GÁNDARA, José de la: Anexión y guerra de Santo Domingo. Madrid. l884. Vol. II. p.386.
19 RAMOS, Demetrio: “El Antillanismo extremista: Betances y los “velos” que cubrieron la muerte de
Cánovas”, en RAMOS, Demetrio y DIEGO, Emilio de: Cuba, Puerto Rico y Filipinas en la perspectiva
del 98. Editorial Complutense, Madrid. l997. pp. 73-110.
20 CUETO PÉREZ MORIS, José Y GONZÁLEZ QUIJANO, Luis: Historia de la insurrección de Lares.
p. 297.
21 SUÁREZ DÍAS, Eda: “Betances en Nueva York y Haití”, en Revista del Instituto de Cultura Puertorri-queña
(San Juan), núm.43.p. 32 (l969). “Betances, Lares y la conciencia antillana”, en Claridad (San
Juan), núm. del 19 de septiembre de l971. El Antillano, biografía del Dr. Ramón Emeterio Betances
(1827-l898). Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. San Juan. l988.
22 RAMOS, Demetrio: El Antillanismo... pp.86-87.
23 BONAFOUX, Luis: Betances. Instituto de Cultura Puertorriqueña. San Juan. l970. p. 106.
24 MORENO GARCÍA, Julia: “El abolicionismo en la política internacional del siglo XIX: la actitud de
España”, en Estudios sobre la abolición de la esclavitud. C.S.I.C. Centro de Estudios Históricos. Madrid.
1986. pp. 147-166. MARTÍNEZ CARRERAS, José Urbano: “España y la abolición de la esclavitud
durante el siglo XIX”, en Ibídem. pp. 167-180.
25 MALUQUER DE MOTES BERNET, Joege: “El problema de la esclavitud y la revolución de l868”. En
Hispania. Nº 117. C.S.I.C. Madrid. l97l. pp. 55-75.
26 ALLENDESALAZAR, Manuel: Apuntes sobre la relación diplomática hispano-norteamericana.
1763-1895. Madrid. l996.
27 ESPADAS BURGOS, Manuel: Alfonso XII y los orígenes de la Restauración. C.S.I.C. Madrid. l975.
pp. 279-291.
28 El banquero Juan Manuel de Manzanedo fue el pesidente del Centro Hispano-Ultramarino de Madrid. Se
le otorgó el título de marqués en l864 y murió en l883. Empleó parte de su cuantiosa fortuna en obras
benéficas, entre ellas la Asociación Nacional para la fundación de hospitales de niños. Gracias a dicha
asociación se crearon algunos asilos en los que los niños enfermos podían recibir asistencia gratuita.
Poseía además el título de duque de Santoña, que con grandeza de España se creó en l875.
29 REGLAMENTO DEL CENTRO HISPANO-ULTRAMARINO DE CÁDIZ. Imprenta de la Revista
Médica. Cádiz. l872. p.6.
30 JÚSTIZ Y DEL VALLE, Tomás de : Los Centros Hispano-Ultramarinos. Academia de la Historia de
Cuba. Imprenta “El siglo XX”. La Habana. l943. pp. 28-30.
31 Ibídem. p. 24.
521
32 El Centro Hispano-Ultramarino de Madrid estaba formado por: como presidente el marqués de Manzanedo,
como vocales actuaban Francisco Durán y Cuervo, Francisco de Paula Jiménez, Eduardo Álvarez Mijares,
Celedonio del Valle, Francisco Pedro, Tomás García Calamante, Braulio de Larravide y como secretario,
Antonio García Llorente. El Porvenir. Sevilla. 10-VII-l872. 2ª época, nº 7.095.
33 Para estos años, también Cataluña mantenía estrechos contactos con Cuba debido a que los catalanes
intervenían en el sector de la economía del azúcar y a las frecuentes y productivas relaciones comerciales.
MALUQUER: “La burguesía...” p. 104.
34 La Legalidad. Cádiz. 3-I-72, Año II, nº 68.
35 Padrón de Cádiz de l872. Archivo Histórico Municipal de Cádiz. Padrón de vecinos, profesión y riqueza.
Abril, 1973. Ibídem.
36 La mayor parte de estos gaditanos, aunque ejercieran y declararán ser de otra profesión, eran comercian-tes
que realizaban negocios en Cuba y en muchos casos estaban relacionados comercial y familiarmente
con grupos de comerciantes catalanes, que allí son conocidos como “indianos”. MALUQUER: “La bur-guesía...”
37 REGLAMENTO DEL CENTRO HISPANO-ULTRAMARINO DE CÁDIZ. Imprenta de la Revista Mé-dica.
Cádiz. l872.
38 La junta interina estaba formada por Miguel Martínez de Pinillos, Manuel de Amusátegui, Vicente Cagigas,
Demetrio López, José Mª Uceda, José Morales Borrero, Viuda de Isorna, Federico Rudolh, Carlos Barrie,
Eduardo de Guernica, Joaquín Payán de Tejada, Rafael del Valle, Benito Picardo, Ricardo de Sobrino,
Andrés de Monasterio, Manuel Marzán, Santiago Mendaro, José Santiago Mendaro y Federico Fedriani.
ROSETTY, José: Guía de Cádiz, el Puerto de Santa María, San Fernando y el Departamento. 1872. Año
XIX. Imprenta y Litografía de la Revista médica. Cádiz. l973. p. 41.
39 Hemos encontrado una carta del 23 de noviembre de l875, del marqués de Comillas, presidente de la
Compañía Trasatlántica, tratando de la familia Campruby y dirigida a su representante en Cádiz, Carlos
Barrie. Podemos comprobar que se trata de la misma persona o de un familiar allegado, que habiendo
hispanizado el apellido, ocupa el mismo cargo. VARELA GILABERT, Juan Ignacio: De la curiosa histo-ria
de una reclamación excesiva. Serie Fuentes Documentales, nº 4. Ediciones de la Caja de Ahorros de
Cádiz.
40 Diario de Cádiz, 1-XII-1871. Año V, nº 1244. En el mismo número de este periódico, aparece una carta
de La Habana, proponiendo soluciones para que se acaben los problemas en la isla: 1) Dictadura del
capitán general; 2) envío de 30.000 soldados; 3) ayuda a la inmigración de españoles; 4) venta de los
bienes expropiados a los insurrectos.
41 La Legalidad. Cádiz. 7-I-l871. Año I, nº 66.
42 Ver nota 28.
43 Diario de Cádiz. 5-I-l872. Año V. nº 1249.
44 La Legalidad. Cádiz. 7-I-1872. Año II, nº 72.
45 Diario de Cádiz. 11-I-1872, Año VI. nº 1255.
46 La legalidad. Cádiz. 11-I-l872. Año II, nº 75.
47 Ver nota 30. Diario de Cádiz. 21-II-l872. Año II, nº 1301.
48 ROSETTY; p. 58.
49 Ibídem. p. 61. El Diario de Cádiz. 9-III-1872. Año VI, nº 1318; y La Legalidad. 8-III-l872. Año II, nº124.
50 El Diario de Cádiz. 20-IV-1872. Año VI, nº 1360.
51 La Legalidad. Cádiz. 30-IV-l872. Año II, nº 168.
52 Ibídem. 30-VI-l872. Año II, nº 222.
53 Ibídem. 22-VIII-1872. Año II, nº 268.
54 Diario de Cádiz. 17-XI-1872. Año VI, nº 1473.
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55 No podemos olvidar que casi todos los miembros del Centro gaditano eran comerciantes, incluso desem-peñaban
algún puesto en la Transmediterránea, como era el caso de Carlos Barrie, que era el representan-te
de la compañía en Cádiz, y por eso era el que ofrecía el último brindis a los soldados cuando partían.
56 Diario de Cádiz. 17-XI-l872. Año VI, nº 1473.
57 DÍAZ SOLER, Luis M.: Historia de la esclavitud negra en Puerto Rico. San Juan-Río Piedras. l965.
58 MEMORIA LEÍDA POR EL PRESIDENTE DE LA LIGA DE CONTRIBUYENTES DE CÁDIZ, EN
LA JUNTA GENERAL ORDINARIA CELEBRADA EL 12 DE ENERO DE 1873. Imprenta de la Revis-ta
Médica. Cádiz, l872, pp. 13-14.
59 Diario de Cádiz. 3-XII-l872, Año VI, nº 1849.
60 MEMORIA... p. 14.
61 Archivo Municipal de Cádiz. (En adelante A.M.C.) Cabildo del 8-XII-l872.
62 Era miembro del Centro Hispano-Ultramarino de Cádiz.
63 A.M.C. Cabildo del 19-XII-l872.
64 MEMORIA... p.14.
65 Diario de Cádiz. 17-XII-l872. Año VI, nº l88.
66 Ibídem. 19-XII-l872. Año VI, nº 1190
67 ROSETTY. p. 42
68 Ibídem.
69 Ibídem.
70 Diario de Cádiz. 6-I-l873. Año VII, nº 1208.
71 El general Topete formó parte del gobierno provisional que se instauró tras la caída de Isabel II, y que
presidía Serrano, tomando parte repetidamente en la política.
72 Diario de Cádiz. 9-I-l873. Año VII. nº 1211.
73 Ibídem. 15-I-l873. Año VII, nº 1217.
74 Ibídem. 16-I-l873. Año VII, nº 1218.
75 Ibídem. 22-I-l873. Año VII, nº 1224.
76 CABRERO FERNÁNDEZ, Leoncio: “La abolición de la esclavitud en Puerto Rico”, en Estudios sobre
la abolición... pp. 181-216
77 NAVARRO AZCUA, Concepción: “La esclavitud en Cuba, antes y después de las leyes abolicionistas”,
en Estudios sobre la abolición... pp. 217-240.