Agitación social en Gran Canaria entre noviembre de 1933 y octubre de 1934

              AGITACION SOCIAL EN GRAN CANARIA ENTRE
NOVIEMBRE DE 1933 Y OCTUBRE DE 1934
MANUEL FERRER MUÑoZ
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
La nueva andadura política comenzada por la mayoría triun­fante
en noviembre de 1933 iba a tropezar con serias dificultades
procedentes, por un lado, de los riesgos que implicaba la incorpora­ción
de la CEDA al Gobierno y, por otro, de la radicalización de las
izquierdas: no pasaría mucho sin que la CNT empezara a ser emu­lada
en sus actividades revolucionarias por el hasta entonces mode­rado
sindicato socialista.
Antes de trazar el itinerario de las organizaciones obreras gran­canarias
desde las elecciones legislativas de noviembre de 1933
hasta la revolución de octubre de 1934, es obligada una visión de
ámbito nacional a la que referir aquellas peculiaridades. En particu­lar,
resulta muy conveniente conocer el debate interno del movi­miento
socialista.
El PSOE se había encontrado rerpresentado en el Gobierno,
por primera vez en su historia, después de la caída de la Monarquía:
esta presencia en las esferas gubernamentales, sostenida en contra
del parecer de Besteiro y apoyada por Prieto y Largo Caballero,
atraería al movimiento sindical socialista a muchos nuevos miem­bros
que veían en la afiliación a la UGT una esperanza de conseguir
o asegurar el puesto de trabajo, aunque no se sintieran identificados
ideológicamente con el programa del sindicato socialista. Además,
en los últimos meses del régimen que encarnara Alfonso XIII se
había producido la incorporación al Partido Socialista de muchos
elementos de las clases medias, que llegaron a ocupar posiciones
preferentes en su prensa y organización. La historia del socialismo a
partir de 1931 estaría, pues, marcada por estos importantes factores
de discontinuidad con respecto a la anterior trayectoria del movi­mien,
to, aunque no deba olvidarse que las tensiones a que dio lugar
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la vinculación del PSOE al Gobierno republicano aparecieron ya
incoadas durante la Dictadura primorriverista, cuando significados
socialistas aceptaron importantes responsabilidades en organis­mos
estatales.
La contradictoria valoración del régimen republicano y, consi­guientemente,
la alternativa «colaboración-marginación» enfrenta­ban
a Largo y a Besteiro ya desde los preparativos revolucionarios
para derribar la Monarquía. Después de la sesión conjunta del par­tido
y del sindicato, en febrero de 1931, que acabó con la dimisión
de Besteiro de sus cargos de presidente del PSOE y de la UGT, los
Congresos de 1932 parecieron imponer la conciliación, al menos de
momento, al aprobarse los comportamientos de Largo y Besteiro en
aquellas fechas; y, con la conciliación, se produjo un reparto de
áreas de influencia: Largo pasó a controlar el Comité Ejecutivo del
partido, mientras Besteiro obtuvo la presidencia de la central
sindical.
Cabe suponer que de haberse producido un efectivo reforza­miento
de los partidos republicanos, que permitiera a los socialistas
retirarse de las tareas de gobierno (yen este deseo coincidían Largo,
Prieto y Besteiro), habría sido evitable el enfrentámiento entre
ambas corrientes. Pero esa circunstancia no se produjo. Antes bien,
el desgaste originado por la prolongada presencia socialista en el
poder y la inutilidad de los esfuerzos dirigidos a rebajar el índice de
desempleo condujeron a un desencanto de la masa trabajadora, que
se manifestó en un apreciable descenso de la afiliación al
sindicato.
La recuperación del predicamento entre los obreros pasaba, en
la mente de algunos dirigentes socialistas, por una radicalización
que permitiera volver a capitalizar la dirección de los trabajadores
que, en parte, habían virado hacia la CNT. ¿Cómo se llevó a cabo
este giro a la izquierda, quiénes fueron sus promotores y cuáles las
actitudes de los principales líderes socialistas? El espacio temporal
en el que se fragua la nueva orientación coincide exactamente con
los límites cronológicos de esta comunicación: entre noviembre de
1933 -victoria de las derechas en las elecciones de diputados a
Cortes-y octubre de 1934, cuando se produjo el intento revolucio­nario
ante la incorporación de cedistas al Gobierno.
Besteiro, que iba a ser eliminado de la Ejecutiva de la UGT en
enero de 1934 precisam~nte por su presunta pasividad ante la obra
rectificadora del Gobietito lerrouxista, mantenía el criterio de que
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las iniciativas violentas estaban condenadas al fracaso si previa­mente
no eran fortalecidas las organizaciones que permitieran sus­tentarlas.
Opinaba Besteiro que era preciso que la «revolución
burguesa» llegara a su término antes de pretender la implantación de
un régimen socialista.
Prieto adoptó una actitud ambivalente: de un lado reclamaba la
toma del poder por los socialistas y la adopción de medidas radicales
(socialización de la tierra, disolución de las órdenes religiosas, del
Ejército, de la Guardia Civil)! y, por otra parte, excluía el sector
industrial de esas nacionalizaciones, perseveraba en su respeto al
juego democrático y mantenía su tradicional estrategia de alianza
con los republicanos.
La posición de Largo en este período era bastante semejante a
la de Prieto. Ciertamente denunció reiteradas veces la política repre­siva
del Gobierno -sus repetidas declaraciones del estado de alarma
y la suspensión de las garantías constitucionales-, pero al mismo
tiempo desautorizó la huelga de campesinos convocada en junio de
1934 por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra, y
siguió reconociendo la vigencia del marco constitucional, como lo
evidencian sus ofrecimientos para formar Gobierno en las sucesivas
crisis del Ejecutivo. Si formalmente apoyó las Alianzas Obreras2,
que pretendían asegurar la unión de las fuerias proletarias contra la
república burguesa, cabe objetar la tibieza con que secundó esta ini­ciativa
que, por otra parte, estaba llamada a una modesta andadura
(sólo triunfaría en aquellas regiones, como Asturias, donde las fuer­zas
de las centrales sindicales estuvieran equilibradas). Lo que más
le separaba de Prieto era su progresivo distanciamiento con respecto
a los partidos republicanos -no tardaría en declarar rotos los com­promisos
contraídos- y su confianza en la capacidad del socialismo
para «realizar la revolución con sus propias organizaciones y gober­nar
luego en solitario»3
•
¿De dónde, pues, provenía la apertura a la izquierda que pare­ció
prevalecer contra la opinión de los dirigentes más prestigiosos y
que acabaría implicando al propio Largo Caballero? Existían, indu­dablemente,
instancias partidarias del viraje a la izquierda: algunos
intelectuales, los jóvenes4 , la mayoría de los militantes del partido, la
casi totalidad de los ugetistas. Juliá, sin embargo, se resiste a conce­bir
a estos grupos como un bloque homogéneo que obrara en per­fecta
sintonía, y advierte que incluso los intelectuales -el grupo
menos representativo numéricamente- estaban divididos: con el
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tes o contra establecimientos que no habían atendido las consignas
huelgísticas. El 22 de diciembre,Avance responsablizaba a las dere­chas
y al mismo Gobernador Civil de la exacerbación de los ánimos,
por considerarlos culpables de muchos despidos arbitrarios y de los
continuos recortes salariales11.
No es extraño, a la vista de los precedentes del movimiento
anarquista de.diciembre de 1933 y de la derivación de los socialistas
hacia posiciones revolucionarias, que desde el Ministerio de Gober­nación
se cursaran a los Gobiernos Civiles frecuentes instrucciones
encaminadas a la prevención de intentos desestabiliz adores. Ya
antes de las elecciones generales de noviembre de 1933 se había
encargado a los Gobernadores la confección de listas de personas
caracterizadas por sus actitudes extremistas, por la derecha o por la
izquierda: la relación que preparó el Gobernador Civil de Las Pal­mas
de Gran Canaria incluía a dieciocho anarquistas y a veintidós
comunistas (entre éstos, los cuatro candidatos que presentaba el
PCE a las elecciones legislativas, de los cuales tres desempeñaban
tareas directivas en la Federación Obrera 10cal)12.
En febrero de 1934 se recomendó desde Madrid la adopción de
algunas medidas que permitieran hacer frente a una declaración de
huelga general: incautación de las emisoras de radio, formación de
comités encargados de asegurar el abastecimiento de luz, agua y
electricidad y el mantenimiento de las comunicaciones. Al mismo
tiempo se señalaban los límites de las atribuciones que podían con­fiarse
a esos grupos de civiles: «no se trata de formar ninguna milicia
ciudadana ni de encuadrar paisanos en formaciones de tipo
militar» 13.
En esa misma línea previsora, los ayuntamientos grancanarios
fueron requeridos por el Gobernador Civil para que comunicaran las
dotaciones de personal -técnico, administrativo y subalterno- de
las empresas que tenían contratada la explotación de servicios públi··
cos; y el Ingeniero Jefe de Obras Públicas de la provincia hubo de
facilitar un detallado informe de los servicios públicos relacionados
con el transporte de viajeros: número de vehículos, estaciones de
salida y de llegada, itinerarios, horas de salida, etc. 14
•
La relativa tranquilidad de que se disfrutó en el primer semestre
de 1934, interrumpida sólo por conflictos menores -como los paros
de tabaqueras y de tipógrafos, en enero, o el de obreros de carga
blanca, en mayo-, no se vio alterada por la huelga que a principios
de junio convocó la Federación Nacional de Trabajadores de la Tie-
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rra, de acuerdo con la CNT, en protesta por la derogación de la ley
de Términos Municipalesl5 •
Los campesinos grancanarios, al igual que los de casi toda
España, se inhibieron: aparte la inoportunidad de la declaración de
huelga, reconocida por el mismo Largo Caballero, faltaba tradición
reivindicativa entre los campesinos de la isla redonda, quizá por las
peculiares estructuras de la propiedad agraria y por la irrelevancia
de un proletariado industrial -mucho más sensible de ordinario a la
propaganda societaria-, que hubiera podido arrastrar a los jornale­ros
del campo hacia posturas de fuerza. Por tanto, a pesar de queLa
Voz Obrera recogiera en su número del 26 de mayo la convocatoria
de huelga hecha por el Comité Nacional de la FNTT, las medidas
adoptadas por el Gobernador Civil fueron más que suficientes para
disuadir a los escasos partidarios de secundar el movimiento
huelguístico 16 •
No obstante, iban acumulándose problemas en otros ámbitos
laborales. Para hacer frente a esa conflictividad en ciernes, la autori­dad
gubernativa acomodo su actuación a una estrategia compleja."
que pasaba por el control de los medios de comunicación, las san­ciones
a las sociedades obreras y, con menor decisión, por el arbi­traje
entre patronos y obreros.
Como en territorio peninsular, la censura de prensa fue práctica
habitual durante el bienio radical-cedista. Periódicos de ideología
tan dispar como Avance, Hoy, El Defensor de Canarias y El Tri­buno
experimentaron las limitaciones impuestas a la libertad de
expresión: el director de Avance, Juan Hernández Muñoz, distin­guido
miembro de la Agrupación Socialista local, fue procesado y
condenado a carcel enjulio de 1934; un articulo de Hoy se remitió al
Fiscal en septiembre, y Avance sufrió un registro en el mismo mes;
en octubre, El Defensor tuvo que pagar una multa por no haber
suprimido unos párrafos tachados por la censura; pocos días antes
de esta sanción al diario católico, inmediatamente después de la
huelga revolucionaria del 6 de octubre, Avance fue clausurado y su
director detenido junto a otros miembros de la AgrupacIón Socia­lista
que tenía su sede en la misma redacción del periódico: aunque
enseguida fueron puestos en libertad, la publicación del diario socia­lista
quedó suspendida. En fin, un artículo de Sinfoniano Armas,
aparecido enEI Tribuno el 14 de noviembre, acarreó serias preocu­paciones
a su autor, incurso en un proceso judicial que terminaría
con su absolución en marzo de 193517 •
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tiempo acabarían por perfilarse al menos dos tendencias: la primera,
personificada por Alvarez del Vayo, muy próximo a los comunistas;
y otra, más poderosa, que tenía a Araquistain como principal figura,
que perseguiría como objetivo prioritario la liquidación política de
Prieto y la sistemática tesistencia a cualquier compromiso con el
Gobierno republican05 •
El movimiento juvenil, mejor coordinado, apostó decidida­mente
por el giro a la izquierda: por eso los fervores bolchevizantes
de la Escuela de Verano de Torrelodones, en 1933, donde Largo
empezó a recibir de las Juventudes el título de «Lenin español»; por
eso también las denuncias de los focos reformistas del partido en la
primavera de 1934, y la tendencia a la radicalización que se impuso
en el V Congreso de las Juventudes que se celebró en abril. Así se
explican los nombramientos para la Comisión Ejecutiva en favor de
caracterizados izquierdistas como Hernández y Carrillo, con lo que
quedaba desplazado el sector besteirista hasta entonces represen­tado
por José Castro, Mariano Rojo y Felipe García. La nueva Eje­cutiva
emprendería enseguida el camino hacia el frente único con las
fuerzas obreras afines: comunistas, trotskistas, bloquistas. Como es
sabido, sólo se conseguiría la unificación con las Juventudes Comu­nistas,
y esto dos años más tarde. Las Milicias Socialistas tuvieron
su origen en este mismo congreso.
Si el pequeño grupo de intelectuales radicalizados pudo influir
en Largo, y las Juventudes Socialistas alimentar sus sueños de diri­gente
carismático, fueron sin duda los trabajadores afiliados al sindi­cato
quienes acabarían inclinándolo hacia planteamientos extre­mistas,
dada su especial sensibilidad para captar los estados de opi­nión
de la masa que, desde el último trimestre de 1933, empezaba a
clamar por soluciones a corto plazo.
Marta Bizcarrondo que, como otros autores, rechaza las expli­caciones
psicologistas de la mutación revolucionaria experimentada
por el «posibilismo socialista» de Largo Caballero, interpreta ese
giro hacia el radicalismolcomo resultado del rechazo de los proyec­tos
reformistas republicapos por parte de las clases dominantes -la
intolerancia patronal ant,e la reformas se intensificará desde princi­pios
de 1933, cuando aparentemente el gran capital y la propiedad
agraria habían sido excluidos del poder político de un modo
definitivo- y de los grupos anarcosindicalistas y comunistas
enfrentados al régimen Qesde fechas muy tempranas. A esa doble
presión se añadiría, en opinión de Bizcarrondo, «el reconocimiento
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de la limitación de las reformas conseguidas en el primer bienio y, en
todo caso, de la imposibilidad de alcanzar mediante ellas un régimen
socialista» 6.
La agitación social había presidido el último tramo del año
1933 en Gran Canaria. Aunque el movimiento revolucionario pro­movido
por la CNT en algunas regiones del territorio peninsular no
encontró ningún eco en la isla redonda, el mes de diciembre no se
vio exento de luchas sociales: en primer término, la huelga decidida
por el Sindicato de Camareros, Cocineros y Similares, de larga
duración pese al intento de arbitraje del Gobernador Civil y a las
maniobras de la patronal, que alentó el nacimiento de un sindicato
amarillo, la Unión de Camareros, con la finalidad de restar fuerzas
a la sección correspondiente de la Federación Obrera?
Este paro contribuyó a deteriorar las ya tensas relaciones entre
la Federación y el Gobernador Civil: Joaquín Masmano, en nombre
de aquélla, se lamentó desde las páginas de La Voz Obrera de las
medidas gubernativas -la «toma por asalto» del domicilio de la
sociedad-, que habían afectado también al Sindicato de Industrias
Marítimas y acarreado la detención de uno de los dirigentes
obreros8
•
También con ocasión de la huelga de camareros se produjo en
Las Palmas la primera intervención del Tribunal de Urgencia, cons­tituido
a raíz de la proclamación del estado de alarma: el primer
caso que resolvió este tribunal fue una causa contra dos camareros
que, en el curso de aquellas jornadas, agredieron a otros compañeros
de profesión disconformes con el par09 •
El cénit de las movilizaciones de diciembre se alcanzó el lunes,
día 18: los sindicatos agrupados en la Federación provincial, des­pués
de una reunión en el Teatro Circo del Puerto, llamaron a la
huelga para protestar por la pasividad de las autoridades ante los
conflictos sociales pendientes de solución. A pesar del carácter ile­gal
del paro y de que los obreros de algunos sindicatos acudieron al
trabajo -«porque no se les dio orden de paro», según Pérez
Pedraza-, las consignas de la Federación fueron secundadas por
casi todos los trabajadores, y la huelga discurrió sin apenas violen­cias.
La coordinación del paro corrió a cargo de un Comité secreto
designado por el Pleno de la Federación: el mismo que había inter­venido
en el anterior conflicto de la BancalO •
Entretanto se sucedían las acciones terroristas, muchas veces
dirigidas contra las propiedades inmobiliarias de personas influyen-
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También las comunicaciones telegráficas -incluso las de
particulares- se vieron entorpecidas por la previa censura guberna­tiva
a partir de septiembre de 193418 •
Las medidas de fu1rza -registros y sanciones a las organiza­ciones
obreras- se u ilizaron de modo sistemático desde el
comienzo del otoño de 934. Con anterioridad ya se habían acor­dado
disposiciones pers~cutorias con respecto a los líderes obreros.
Algunas de ellas han sido mencionadas cuando nos ocupábamos de
las luchas sociales desarrolladas en diciembre de 1933. A fines de
junio del año siguiente volvieron a ingresar en dependencias policia­les
varios directivos de la Federación provincial, como medida de
precaución adoptada por el Gobernador Civil ante el difuso rumor
de que se iba a decretar un paro general en solidaridad con los pre­sos
de Hermigual9 • Las explosiones que en la noche del 1 de sep­tiembre
sobresaltaron a los vecinos de Arucas determinaron la
detención de casi treinta personas, entre las cuales varios dirigentes
y destacados miembros de la Federación Obrera local, a los que se
creyó implicados en los sabotajes que se habían ido sucediendo en
el pueblo desde mayo. Después de un arresto de varios días, se les
trasladó a la cárcel pr~vincial y, enseguida, la autoridad judicial
ordenó su puesta en libertad. Los locales de la Federación Obrera,
de laSocíedad de Trabajadores de la Tierra e incluso de la conser­vadora
Unión Agraria fueron clausurados durante varias
semanas20 •
En la segunda quincena de septiembre fueron practicados regis­tros
en la Casa del Pueblo y centros socialistas de Las Palmas: la
Agrupación Socialista, la Juventud Socialista y el Sindicato de
Industrias Marftimas. Estas pesquisas, que obedecían a órdenes
dictadas desde Madrid, no permitieron encontrar depósitos de armas
ni explosivos: sí aparecieron al mes siguiente en varios lugares pró­ximos
a la capitaFI. La inmediata respuesta del Gobernador Civil a
la proclamación de huelga general el 6 de octubre fue la clausura de
todas las sociedades obreras domiciliadas en la capital y la deten­ción
de sus principales dirigentes22 • Empezaba para aquellas organi­zaciones
una etapa erizada de dificultades por los cierres, el ingreso
en la cárcel de la cúpula sindical, la supresión de las garantías cons­titucionales
y la privación de sus órganos de prensa. Y, sin embargo,
no faltaron movilizaciones en estos últimos meses del año: huelgas
de la banca y de la notaría, el 8 de octubre; del Sindicato de Artes
Grdjicas, ellO de octubre; de la banca, el 29 del mismo mes; de
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tabaqueros, ellO de noviembre; y, ya en diciembre, de camareros el
día 9 y huelga general el 2123 •
En cambio, para nada afectaron aquellas disposiciones guber­nativas
al Circulo Católico de Obreros -quizá por su carácter
mutual y, desde luego, por su talante moderado-: el 12 de noviem­bre
se reunía su Junta Directiva sin más requisitos que el permiso
previo solicitado al Comandante Militar de la Plaza y la condición
de que se hallara presente un agente de vigilancia (que no compare­ció,
quizá por inadvertencia, pese a lo cual se celebró la sesión)24.
El rigor gubernativo se extremó, como veremos, en las jornadas
siguientes al 6 de octubre. Las comunicaciones con la Península se
vieron casi interrumpidas, y el Gobernador Civil recibió instruccio­nes
del Director General de Seguridad «para impedir la salida (...)
de toda clase de personas aunque posean pasaporte salvo que vayan
provistas de un permiso especial de esta Dirección25 •
Hasta muy avanzado diciembre no hubo ninguna sentencia
judicial que impusiera la suspensión o la disolución de asociaciones
profesionales26 • El 19 de aquel mes se dictaba un auto contra los res­ponsables
de la Federación Provincial de Sindicatos Obreros de Las
Palmas, implicados en un delito de auxilio a rebelión militar. La sen­tencia
se fundaba en las declaraciones antimilitaristas contenidas en
el reglamento de la sociedad: en consecuencia, se acordaba la sus­pensión
judicial de la Federación27 • El proceso siguió su curso con
lertlitud, y a mediados de enero seguía aún pendiente el Consejo de
Guerra ante el que debían comparecer los principales líderes
sindicales28
•
El Tribuno del 12 de enero informaba de que era éste el único
juicio de carácter social todavía no resuelto, y trazaba el itinerario
legal hasta entonces recorrido: los directivos de la Federación
habían sido procesados en un principio por reuniÓn clandestina y,
posteriormente, se les acusó de sedición. Instruido el correspon­diente
expediente por el Juez especial, fue elevado a la Auditoría de
Guerra, a la que competía juzgar los hechos. Por fm, el 22 de enero
de 1935 fueron puestos en libertad, con la única excepción de
Máximo Oviedo, que tuvo que hacer frente a otro proceso, por false­dad
y uso indebido del pasaporte: el 14 de marzo fue condenado a
seis meses de arresto mayor y a una multa de 300 ptas29 •
Más grave fue la determinación de otorgar autorizaciones pro­visionales
de tenencia de armas a miembros de formaciones políti-
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.cas con representación en el Gobierno de la nación, con objeto de
que pudieran realizar servicios de vigilancia en el interior de iglesias,
conventos, monumentos artísticos y cuantos fuesen señalados por el
Gobernador. Se exigía el aval de diputados en Cortes o de represen­tantes
de los partidos gubernamentales, y el compromiso de devol­ver
las armas cuando les fueran requeridas. El uso que las
autoridades militares de Gran Canaria hicieron de esa facultad fue
muy restrictivo: solamente se expidieron seis licencias, entre los días
9 y 10 de octubre3o .
Las pesquisas en busca de armas, a las que volveremos a refe­rirnos,
se extendieron por toda la provincia y se centraron preferen­temente
en los locales de las sociedades obreras y en los domicilios
de sus afiliados más caracterizados. Una comunicación del Primer
Jefe de la Guardia Civil de las Palmas al Gobernador, fechada el 11
de octubre, informaba de registros efectuados en las Federaciones
Obreras de Agaete, Guía, Gáldar y Telde yen el Pago de Magues
de Haría; otros diez en Arucas (dos en los locales no clausurados de
organizaciones obreras -Unión Agraria y Trabajadores de la
Tierrra-, uno en la sociedad de recreoLa Goleta y siete en casas
particulares); uno en un domicilio privado de Firgas; otro en la
Federación Nacional del Trabajo de Puerto de Cabras, y dos en
Arrecife (Federación Nacional del Trabajo y Casa del Pueblo
socialista). No se buscó en los demás pueblos, que no disponían de
centros obreros ni alojaban a sospechosos31 •
Las circunstancias excepcionales perduraron todavía hasta
muy entrado el mes de enero de 1935. El día 20, en una conferencia
que pronunció en el Teatro Pérez Galdós, el ex-ministro radical
Rafael Guerra del Río rogó al Gobernador Civil la desaparición del
estado de guerra y la autorización para que volvieran a funcionar las
asociaciones obreras32 • Y cinco días después, el 25 de enero, anun­ciaba
la prensa el levantamiento del estado de guerra y la próxima
supresión de la censura. Al cabo de tres meses y medio parecía reco­brarse
la tranquilidad: no quedaban ya para entonces presos pendien-·
tes de proceso y, sobre todo, habían vuelto a abrir sus puertas los
centros obreros, en virtud de una orden del Gobernador Civil que
publicó la prensa el 30 de enero. Subsistían, en cambio, el estado de
alarma y las consiguientes limitaciones en el ejercicio del derecho de
reunión33 •
Las restricciones para la convocatoria de actos públicos se pro­longarían
todavía mucho tiempo: una circular del Ministro de
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Gobernación del 5 de abril prescribía la asistencia de un delegado
gubernativo, con atribuciones para suspender cualquier mitin «en el
instante mismo en que se cometa algún esceso que pueda dar lugar a
alteración del orden público». A las alturas de junio, la posibilidad
de organizar actos políticos seguía restringida a los partidos afectos
al régimen y condicionada a su celebración en locales ce­rrados34
•
Diametralmente opuesto al punto de vista gubernamental era el
enfoque con que las organizaciones sindicales analizaban el
momento social. Por eso, después de haber estudiado la valoración
que de esa coyuntura hacía la primera autoridad provincial y los
medios que para resolver los graves problemas que se barajaban,
fueron utilizados por esa misma autoridad, convendrá acercarse a la
perspectiva de las asociaciones óbreras.
Oswaldo Brito y Suárez Bosa han recogido algunas cifras de
interés que permiten estimar la fuerza de que disponía la Federación
provinciaP5: según Suárez, que se vale de los datos presentados al
III Congreso de la Federación por su secretario, Sans Iraola, los
miembros de la Federación en 1933 eran 17.527: más del doble de
los representados en el Congreso Extraordinario de julio de 1932 y
casi el triple de los afiliados a la Federación en agosto de
1931.
La Federación era controlada por los socialistas, aunque exis­tía
también un núcleo comunista que iría adquiriendo una importan­cia
creciente. La presencia anarcosindicalista en Gran Canaria era,
en cambio, irrelevante. En líneas generales reinó la armonía entre
los movimientos obreros de izquierda, salvo incidentes de poco
relieve, como las acusaciones contra socialistas y anarquistas apare­cidas
en el semanario comunista El Soviet en julio de 193436 •
La aspiración a un Frente Unico proletario unió a socialistas y
comunistas. No obstante esa sintonía, fue muy modesta la andadura
de las Alianzas Obreras y Campesinas: a través del Libro de regis­tro
de Asociaciones del Gobierno Civil sólo se ha podido constatar
la existencia de una, en Las Palmas, promovida en fecha tan tardía
como abril de 193637 •
Obviamente no faltaron ocasionales enfrentamientos en el seno
de algunas secciones de la Federación, como las que dieron origen a
la destitución de la Junta Directiva de la Asociación de Chóferes y
Aspirantes, enjulio de 1934. Algunas expulsiones de esa sociedad y
del Sindicato de Coppa obedecieron a roces entre comunistas y
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socialistas y al incumplimiento de las condiciones estipuladas por
los sindicatos para los contratos de trabaj0 38.
En particular, los anhelos de acción unitaria fueron patrimonio
de los jóvenes socialistas que, una y otra vez, clamaron por la supe­ración
de desconfianzas entre las fuerzas obreras y políticas «pro­gresistas
»: incluso, algunas veces, en oposición al criterio de la
Agrupación Socialista local. La «Hoja Juvenil» que solía aparecer
enAvance reproduce reiteradas propuestas en favor de la unión con
las Juventudes Comunistas, las Alianzas Obreras y, en general, de
cuanto significara un acercamiento de posiciones del proletariado de
izquierdas39. No faltan tampoco testimonios que acreditan la proxi­midad
entre la Juventud Socialista y las Federaciones Obreras, o
sus llamamientos a obreros y campesinos jóvenes para que ingresa­ran
en el movimiento socialista abandonando los partidos republica­nos
burgueses4o .
El ambiente laboral se resentía tanto de la adversa coyuntura
económica como de la viva hostilidad entre organizaciones patrona­les
y obreras. Brito ha reseñado los conflictos huelguísticos que esta­llaron
en el intervalo de estos meses41 , y Suárez muestra el contraste
entre la agitación social urbana y la desmovilización del campo
hasta febrero de 1936. El mismo autor aporta noticias sueltas, pero
significativas de la extensión del paro obrero: según una estadística
estatal, en 1933 eran 3.103 los trabajadores sin empleo en la provin­cia
de Las Palmas; y, de acuerdo con los informes de la Oficina
Insular de Colocación Obrera, ascendía a 931 el total de parados
en la capital de la provincia en 193442 .
La apurada situación de las clases populares alentó la puesta en
marcha de una iniciativa, que cuajó a principios de junio de 1934.
nació entonces el Socorro Obrero Español de Las Palmas, susci­tado
por la Federación provincial para facilitar ayudas a los obreros
y a sus familias43 .
Ese verano se acumularon los problemas y se creó un clímax
prerrevolucionario: no sólo fueron las cuestiones laborales plantea­das
en la Coppa; hubo en Las Palmas manifestaciones de campesi­nos
de San Mateo y de Arucas que trataban de atraer la atención
sobre el extendido desempleo rural44; se produjeron robos en algunas
plataneras de Bañaderos, por parte de jornaleros que «se encontra­ban
en estado miserable a causa del paro prolongado que sufrían»45;
y la Federación decidió impulsar una campaña de mítines, que
empezó con una conferencia de Jiménez Asúa: este destacado líder
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socialista llegó a Las Palmas en compañía de Simeón Vidarte, pro­cedentes
ambos de Tenerife, donde habían participado como aboga­dos
defensores en los procesos abiertos a los implicados en los
sucesos de Hermigua46 •
A la intranquilidad en el campo, constatada por las menciones
que se han hecho de los sucesos de Arucas, contribuyeron también
los incidentes de Santa Lucía de Tirajana: unas quinientas personas,
acompañadas por el sacerdote de Sardina y por un antiguo teniente
de alcalde, protestaron violentamente contra la construcción de unas
galerías que habían sido excavadas para la explotación de hierro y
de azufre. Las reclamaciones no fueron sólo verbales, y las obras
quedaron destrozadas47
•
Pero, sin lugar a dudas, la conflictividad máxima se registró en
el Puerto de la Luz con motivo de los reajustes de plantilla de la
Compañía Metropolitana de Obras (Coppa)48. Se ha aludido antes
al mayoritario protagonismo de los socialistas en la Federación
Obrera, lo que no excluía la presencia de trabajadores que simpati­zaban
con el anarcosindicalismo, ni la existencia de militantes
comunistas: esto último explicaría que la constitución de 10sAmigos
de la Unión Soviética, proyectada para e115 de diciembre de 1933,
se efectuara sobre la base de afiliados y simpatizantes de la
Federación49 •
Esa penetración comunista fue particularmente notoria en el
Sindicato de la Coppa que, prácticamente, estaba bajo su controlSo:
quizás esto ayude a comprender la crudeza de las luchas que sostu­vieron
obreros y patronos de la Metropolitana.
El primer día de julio de 1934 informó la prensa de la huelga
con que los obreros de la Coppa replicaron a la decisión de la
empresa de no respetar el pacto de turnos acordado por los propios
trabajadores, que querían evitar así ciento ochenta y siete despidos
previstos por la dirección de la empresa tras la terminación de las
obras del espigón. Las primeras movilizaciones ante la previsión de
un lock-out por parte de la patronal alertaron a las autoridades, y se
detuvo al presidente del Sindicato de la Coppa, Félix González, que
enseguida quedó en libertad, después de comparecer ante el juez de
instrucción5
!. El 7 de julio, Avance había denunciado la maniobra
que, según el órgano socialista, perseguía la Coppa: «se trata única­mente
de prolongar la estancia de la Empresa en la Isla, a fin de
estar en mejores condiciones que ninguna otra Empresa para acudir
a las subastas de las nuevas obras que en Canarias se van a reali-
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
I
996 jManuel Ferrer Muñoz
zam52 . Otro golpe de fecto, también desvelado por Avance, tuvo
lugar el 6 de julio, un dia después de que expirara el plazo fijado por
el Gobernador para el reintegro al trabajo, tras la interrup­ción
provocada por la falta de entendimiento entre empresa y planti­lla
laboral: en aquella fecha, cuando se incorporaron al trabajo los
obreros, comprobaron que el personal sindicado había sido despe­dido
y, en su lugar, contratada mano de obra temporaP3. Enseguida
llegó la réplica de Joaquín Masmano, del Secretariado del Comité
de Acción y Propaganda, que insistía en las acusaciones de Avance
del día anterior: «ante el anuncio de la construcción del muelle de
Santa Catalina (...) la 'Coppa' quiere asegurarse reclutando un per­sonal
sumiso para que el número de sus beneficios sea, natural­mente,
más saneado»54. Aquella operación -insistía Avance el 11
de julio- formaba parte de los planes diseñados por la Coppa para
hacerse con las obras del muelle de Santa Catalina. El procedi­miento
para presentars~ al concurso en las mejores condiciones de
oferta se le mostraba obvio al diario socialista: bastaba disponer de
«un personal amarillo que le permite hacer una buena reducción en
los jornales y con ello ganar posiciones en el pliego de oferta55 .
El nombramiento de Pedro de León como delegado gubernativo
no contribuyó a aliviar 'las tensiones, principalmente por su escaso
talante negociador y su decisión de despedir a veinte empleados que
se habían negado a realizar tareas que no eran de su
incumbencia56
•
En un desafío al Gobernador Civil, los dirigentes sindicales
requirieron su respuesta a un cuestionario que apareció en Avance
el 17 de julio. Las tres preguntas de que constaba resumían los
aspectos que el sindicato consideraba centrales: « 1- ¿V.E. da su
conformidad al ingreso de personal ajeno a la anterior plantilla de
trabajadores de la Compañía Metropolitana? 2- ¿V.E. se solidariza
con la actitud del delegado gubernativo don Pedro de León en sus
intervenciones hasta la fecha? 3- Con delegado gubernativo o sin él,
¿V.E. está dispuesto a hacer cumplir su laudo del 11 en todas
sus partes?»57.
La intransigencia de la empresa y la impaciencia de los trabaja­dores
condujeron las discusiones por vías poco transitables, y las
tensiones se agudizaron. El 18 de julio fue apedreado un tranvía en
que viajaban obreros contratados por la Coppa con carácter inte­rino,
y el día 22 las Juntas Directivas de la Federación -reunidas
en asamblea- adoptaban dos importantes acuerdos: 1) las organi-
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Agitación social en Gran Canaria entre noviembre de 1933... 997
zaciones obreras federadas se compromeHan a sostener a sus expen­sas
a los compañeros de la Coppa; 2) cualquier provocación de las
fuerzas reaccionarias desencadenaría la inmediata proclamación de
una huelga general indefinida: «el cierre de las obras de la Metropo­litana
puede ser sin duda el clarín de guerra que nos llame a la
Batalla»58.
Concluyó el mes con un mitin de la Federación en el Campo de
Deportes, en el que se habló extensamente de la marcha del con­flicto
de la Copa y se trazaron las líneas que debían enmarcar las
posiciones del proletariado canari059 .
Siguió un compás de espera, que se prolongó varias semanas,
con las obras paralizadas por suspensión gubernativa en tanto no se
llegara a una solución que resultara satisfactoria para las dos partes.
Con todo, los ambientes obreros próximos a la Federación continua­ban
recelando del fallo que pudiera provenir del arbitraje de las
autoridades provinciales: se hablaba del inminente cese de la sus­pensión
de las obras y de la previsible concesión del derecho de libre
contratación a la empresa; y seguía atribuyéndose la responsabili­dad
del conflicto a la Coppa, en complicidad con las autoridades
gubernativa y del Trabaj060.
El delegado especial de Trabajo, Juan Echevarría, propuso una
fórmula de solución: las obras continuarían interrumpidas hasta la
readmisión de los trabajadores de la plantilla de la Coppa que
habían quedado en el paro; la empresa podía realizar una selección
de personal sin tener que ajustarse a un criterio exclusivo de anti­guedad;
finalmente, los excluidos podrían recurrir ante el jurado
Mixto de Obras Públicas. Este laudo no obtuvo el visto bueno de la
patronal y tampoco agradó al sindicato, por lo que las negociaciones
tornaron a estancarse61 •
Ya en septiembre, ante la imposibilidad de que se llegara a un
acuerdo, el Gobernador Civil interino -el Delegado de Hacienda,
Pérez Cuevillas- decidió intervenir para garantizar la libertad de
trabajo: levantó entonces la suspensión gubernativa y permitió que
se reanudaran las obras con personal ajeno a la plantilla, al que se
proporcionó la protección de la fuerza pública. Más adelante, el día
18, dispuso que se aplicara la propuesta de Echevarría, previamente
rechazada: esto implicaba el despido de unos ciento ochenta
empleados de las obras del ensanche, contratados para suplir a los
afiliados del Sindicato de la Coppa que habían sido des­pedidos62
•
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
998
I
Manuel Ferrer Muñoz
Esta solución provocó el descontento de todos los sectores
obreros: de los federados, que discrepaban de algunos aspectos de la
fórmula de readmisión, >' del personal contratado con carácter inte­rino
por la empresa, qu~ veía amenazado el precario empleo conse­guido.
Menudearon las discordias entre los mismos trabajadores,
pues los eventuales eran conceptuados como traidores por los de
plantilla; y, al amparo de los pretendidos derechos del personal con­tratado
temporalmente, nació un sindicato, la Agremiación Profe­sional
de Trabajadores, que recibió el aliento de las fuerzas
políticas encuadradas en Acción Popular.
DesdeAvance se acusó a los responsables de la Coppa de sabo­tear
la fórmula de entendimiento que, como decíamos más arriba, no
agradaba a la empresa: para boicotearla -sostenía el periódico-,
incitaron a una comisión de trabajadores a que protestaran del fallo
y les recomendaron tramitar sus reclamaciones a través de laAgre­miación
Profesional 63 •
El 22 de septiembre era clausurada la sede del nuevo sindicato,
después de que la policía hubiera irrumpido en sus locales y dete­nido
a los que se hallaban congregados sin previa autorización
gubernativa. La intervención policial se justificó por la reiterada
celebración de reunion~s clandestinas, alguna de las cuales había
degenerado en manifestaciones callejeras. El mismo día eran some­tidos
a registro la Casas del Pueblo y el Sindicato de
Industrias Marftimas 64.
Al empezar octubre, en vísperas ya del movimiento revolucio­nario
que iba a alterar las normas de convivencia entre Gobierno y
oposición, se levantó la clausura de los locales de la Agremiación65 ,
pero persistía el desasosiego por la tardanza en la reanudación de las
obras en la Coppa, a pesar de lo decidido en este sentido por el
Gobernador Civil66 •
Uegamos así a las jornadas revolucionarias de octubre que, en
Las Palmas -como en la mayoría de las provincias españolas-, se
limitaron prácticamente a una huelga general que paralizó la capital.
Las primeras informaciones que el Gobernador Civil hizo llegar al
Ministro el día 6 revelaban cierto optimismo, por cuanto sólo algu­nos
colectivos obreros habían secundado el paro: era el caso de los
tranviarios y de los cargadores del puerto; los demás servicios fun­cionaban
con normalidad. Enseguida fueron adoptadas medidas
para obviar esos inconvenientes en la vida ciudadana: equipos mili­tares
aseguraron la circulación de coches, y se arbitraron los medios
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Agitación social en Gran Canaria entre noviembre de 1933... 999
para intentar garantizar la libertad de trabajo en los muelles. Ade­más,
como medida de previsión, determinó el Gobernador la clau­sura
de los centros obreros y la detención de sus principales
dirigentes, que se efectuó en un ambiente de mucha tensión, que cul­minó
en el lanzamiento de piedras contra los agentes que llevaron a
cabo la operación67 • Se cursaron instrucciones al alcalde para evitar
que quedara desatendido el servicio de limpieza, bajo amenaza de
despido a los huelguistas.
No obstante aquellas impresiones primerizas, el paro fue total
en el muelle, las guagas hubieron de ser protegidas por la fuerza
pública -apesar de 10 cual una fue detenida y vo1cada-, se ejercie­ron
algunas violencias sobre los esquiroles68¡;'y un tranvía fue hecho
descarrilar. A las doce de la noche era proclamado el estado
de guerra.
Los incidentes más notables del domingo, día 7, fueron el corte
de comunicaciones telegráficas y telefónicas entre Las Palmas y
Telde y el hallazgo, en Jinámar, de un paquete con propaganda
revolucionaria69 • La situación tendió a normalizarse a partir del
lunes: bastantes obreros de artes gráficas tornaron al trabp.jo, circula­ron
tranvías y guaguas, y se reanudaron las obras en la Coppa gra­cias
a la incorporación de voluntarios. En cambio, los muelles del
puerto permanecieron casi inactivos. La quiebra de la solidaridad en
el paro ha de ponerse en relación con la publicación de un bando por
la autoridad militar en el que se conminaba al cese de la huelga y se
facultaba a los patronos a romper los contratos laborales de quienes
dejaran de acudir al trabajo.
A las presiones patronales se respondió con coacciones, atenta­dos
y sabotajes: unos desconocidos pretendieron incendiar la fábrica
de conserva de pescados Santa Ana y el almacén de víveres Santa
Catalina, y empleados de una panadería destrozaron la camioneta
para el acarreo de harinas e impidieron el reparto de pan. También
se intentó prender fuego a una guagua, y estalló un artefacto explo­sivo
delante de las puertas de la Compañía Escandinava.
La policía descubrió en el domicilio de un obrero un depósito
con material de propaganda clandestina (folletos y hojas con consig­nas
revolucionarias, libros divulgativos, camisas y corbatas rojas), y
practicó un elevado número de detenciones, por 10 que pronto la cár­cel
resultó insuficiente para acoger a los presos: más de treinta fue­ron
trasladados a un castillo y los restantes a un barco -España
n.O 5-, que hubo de ser habilitado para aquel uso. A los detenidos en
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
1000 Manuel Ferrer Muñoz
Las Palmas se añadieron unos sesenta de Arucas -entre ellos los
dirigentes de organizaciones obreras de izquierdas-, implicados en
las investigaciones policiales sobre una explosión en un transforma­dor
del fluido eléctrico.
Los únicos incidentes del día 9 fueron algunas cargas de la
Guardia de Asalto en los alrededores del muelle de Santa Catalina,
para impedir la formación de grupos. Los trabajos portuarios siguie­ron
a cargo de personal no perteneciente a la plantilla, y el trans­porte,
sometido a vigilancia del Ejército, quedó definitivamente
normalizado. De acuerdo con el balance que trazabaDíarío de Las
Palmas en su edición del 11 de octubre, la huelga había sido ya;
prácticamente liquidada, y despedido el personal no reintegrado a
sus funciones: caso de tipógrafos y tranviarios.
Los requerimientos del Ministro de Gobernación en favor de la
movilización de voluntarios encontraron excelente acogida, y las lis­tas
de los inscritos resultaron más que satisfactorias.
A propósito de los despidos y de la contratación de petcsonal
nuevo, la Comandancia Militar impartió unas instrucciones en las
que se explicitaba que en la estipulación de contratos laborales no se
alteraran las bases generales, y se recomendaba la ,conservación de
los puestos de trabajo de las anteriores plantillas.
Que esas advertencias no eran ociosas se comprueba por un
aviso de Acción Popular a los afiliados del partido con obreros a su
cargo: no era tolerable que se aprovecharan las circunstancias para
causar a los trabajadores perjuicios tales como rebajas salariales,
disminución de las plantillas o el incumplimiento de las Bases de
Trabajo. AP condenaba esa forma de proceder y amenazaba con
sanciones que podrían llegar hasta la expulsión70•
Hasta final de año continuaron las detenciones y la depuración
de responsabilidades, y se empezaron a instruir los correspondientes
procesos judiciales. El 23 de octubre se informó al Gobernador
Civil de la puesta en libertad de catorce de los detenidos gubernati­vos
del España n. o 5: sólo quedaban tres, considerados como más
exaltados71
• En Viarío de Las Palmas de los días 13, 14 Y 15 de
noviembre se recogían noticias sobre el desarrollo de consejos de
guerra en causas de sedición y desobediencia.
Entre las detenciones de mayor importancia destacaban la del
presidente de la Juventud Socialista de Las Palmas, descubierto en
Santa Cruz de Tenerife el 18 de noviembre después de haber perma­necido
oculto ~urante varias semanas; la del secretario de la Federa-
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Agitación social en Gran Canaria entre noviembre de 1933... 1001
ción Obrera de Las Palmas, Sans Iraola, a quien se apresó en Cádiz
a principios de diciembre, y la del delegado de la CNT en Las Pal­mas
-nombrado por el Comité de Tenerife-, Félix Luján García,
aprehendido también en eÍ mes de diciembre72 •
Aunque en ningún momento pareció que el control de la situa­ción
en la provincia pudiera escapar a las fuerzas de orden, un tele­grama
del Gobernador Civil al Director General de Seguridad,
fechado el 6 de octubre, revelaba cierta inquietud y solicitaba el
inmediato regreso de las tropas de Asalto destacadas días atrás a
Tenerife, «siendo (...) absolutamente necesarias aquí por extenso
perímetro población y ser escasísimas fuerzas dispongo». Esas tro­pas,
que habían sido desplazadas a la isla picuda con ocasión de la
huelga en La Orotava, estaban de vuelta en Las Palmas a las pocas
horas de que se cursara aquel telegrama y, con las venidas de Lanza­rote
y Fuerteventura, proporcionaroIUl11a cobertura suficiente a las
autoridades gubernativas73 .
La difusión de unas hojas subversivas en Telde intranquilizó al
alcalde, preocupado también por la interrupción de las comunicacio­nes
cablegráficas con Las Palmas: por eso, en previsión de contin­gencias
futuras, consideraba imprescindible el envío de guardias
civiles, porque «la Guardia municipal (...) no es suficiente»74.
Estallidos d~tardos y descubrimientos de material explosivo
se sucedieron 1ffi los días inmediatamente posteriores a la huelga
general. En Arucas hubo varias explosiones, se encontraron cartu­chos
de dinamita, y se desactivó una bomba instalada en un estan­que75
; en las proximidades de Las Palmas y en el puerto aparecieron
depósitos de explosivos de una cierta entidad (a principios de
noviembre se había requisado un total de setenta kilos de dinami­ta)?
6.
El último aspecto que queda por tratar es el de la incidencia de
los sucesos de octubre en los cambios efectuados por las autoridades
gubernativas en varios ayuntamientos grancanarios.
Ya a mediados de mayo se habían transmitido instrucciones a
los Gobernadores Civiles acerca de la conveniencia de modificar la
composición de algunos ayuntamientos. La oportunidad de esos rea­justes
debía decidirse desPllés de una detenida inspección que, de
acuerdo con el deseo del Ministro, no podía convertirse en arma
política. Para el caso de las sustituciones, las indicaciones eran muy
precisas: «los Gobernadores harán los nombramientos teniendo en
cuenta la repres~ntación política de los partidos, procurando dar
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
1002 Manuel Ferrer Muñoz
puestos con equitativa proporcionalidad a cada uno de los que están
dentro del régimen republicano, y si para ello encuentran dificulta­des
consultarán a este Ministerio antes de adoptar la oportuna
resolución» 77 •
A lo largo del mes de junio -yen represalia por las huelgas en
el campo-, fueron destituidos casi doscientos ayuntamientos en
toda España, todos ellos controlados por socialistas o republicanos
de izquierdas. Pero estas suspensiones no afectaron a Gran
Canaria.
En cambio, las agitaciones de octubre -aunque muy restringi­das
en la isla en cuanto a su alcance revolucionario- se tradujeron
en la remoción de varios de los más importantes ayuntamientos,
incluido el de la capital provinciaF8: la destitución de su alcalde,
Luis Fajardo Ferrer, y de varios de sus ediles (nueve tenientes de
alcalde y siete concejales) fue hecha pública por la prensa el 12 de
octubre. Permanecían en sus puestos quince concejales: seis federa­les,
dos radicales, dos independientes y cinco socialistas.
Las reacciones de las fuerzas políticas ante la intervención
gubernativa no se hizo esperar. Según la versión oficial, para susti­tuir
a los concejales destituidos, el Gobernador Civil mantuvo con­versaciones
con el Partido Agrario, Acción Popular y los agrarios de
Mesa y López: el primero de esos partidos declinó la oferta fundado
en su reciente establecimiento en el país, y los otros dos tampoco
aceptaron, por lo que se concedieron al Partido Republicano Radi­cal
las concejalías vacantes. Esta interpretación, recogida por los
periódicos locales el 12 de octubre, y explicitada por el Gobernador
en entrevista aparecida en La Provincia el día 14, enseguida fue
desmentida por Mesa y López, en una réplica que publicóHoy el 13
de ese mes: básicamente venía a decir que no le había sido requerido
concurso alguno por el Gobernador. En parecidos términos se
expresó tres días después Juan Fontán, presidente de AP: admitió
que, efectivamente, Acción Popular hubiera preferido obtener su
primera representación en la vida pública local mediante el sufragio,
pero «en ningún modo se nos requirió invocando que debíamos pres­tar
nuestro sostén y apoyo al Gobierno de la nación, apoyo que
desde el primer día de los pasados sucesos ofrecí personalmente al
señor gobernador»79 •
La minoría socialista restante decidió abandonar sus tareas
municipales, en abierto contraste con el criterio de los federales, que
no quisieron ausentarse del ayuntamiento. La elección del nuevo
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Agitación social en Gran Canaria entre noviembre de 1933... 1003
alcalde -resultó nombrado el radical Jacinto Artiles- se hizo con
la participación de sólo dos concejales de designación popular: un
independiente y un radica180 .
La polémica continuó por parte de los ediles que habían sido
removidos de sus cargos. En una instancia que elevaron al Ministro
de Gobernación el 19 de octubre, solicitaron que se les informara
del expediente de suspensión o del pliego de cargos que se les hacía,
para que pudieran formular el correspondiente recurso. Este texto
fue trasladado el 7 de noviembre al Gobernador Civil por el Direc­tor
General de Administración, «para que con devolución del refe­rido
escrito se sirva V.E. informar a esta Dirección General sobre el
particular»; y el 19 de noviembre se remitía otra carta al Goberna­dor
desde la misma Dirección General: se le notificaba que el Minis­tro
de Gobernación aprobada la suspensión y se rogaba a la
autoridad provincial que instruyera los expedientes oportunos para
que, si fuera el caso, pudieran ser trasladados a los Tri-bunales81
. .
La negativa del Gobernador a divulgar por medio de la prensa
las razones de esas sustituciones provocó una nota del Comité del
Partido Republicano Democrático Federal, que firmaron también el
alcalde cesante y los ex-concejales federales, que rechazaban los
supuestos motivos de delicadeza esgrimidos por el Gobernador para
justificar su silencio: «la delicadeza que verdaderamente agradece­mos
es la máxima publicidad de nuestros actos y conducta». Interro­gado
el Gobernador al día siguiente sobre el juicio que le merecía la
nota de los federales, insistió en dejar a salvo la honorabilidad de las
personaS: «en atención al cargo y por razones inherentes al cargo es
por lo que han sido suspendidos»82.
Los otros ayuntamientos remodelados parcialmente fueron los
de Telde, Moya, Gáldar, San Mateo, Santa Brígida y Tejeda, y
sumaban ciento treinta y una concejalías: 17 vacantes anteriores,
que seguían sin cubrir, 56 relevos y 58 de elección popular que per­manecían
en sus escaños. En todas esas corporaciones según quiso
destacar el Gobernador Civil en unas declaraciones83 , se habían
reservado puestos a las minorías. El caso del ayuntamiento de Santa
Lucía era peculiar, porque en él sólo se habían cubierto las
vacantes.
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
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NOTAS
Manuel Ferrer Muñoz
1. Tales eran algunos de los puntos del programa formulado por Prieto en las
reuniones que celebraron las Ejecutivas del PSOE y de la UGTpara unificar posicio­nes
en el caso de un posible movimiento revolucionario contra el Gobierno Lerroux
(cfr. LARGO CABALLERO, F. (1954): Mis recuerdos. Edics. Alianza. México,
pp. 134-135.
2. Sobre el poco entusiasmo de Largo por las Alianzas puede consultarse BIZ­CARRONDO,
M.: «De las Alianzas Obreras al Frente Popular», en Estudios de
Historia Social, 16-17 (1981), pp. 83-117 (en particular, p. 84).
3. JULIA DIAZ, S.: «República, revolución y luchas internas», en El socia­lismo
en España. Desde la fundación del PSOE hasta 1975, coord. por S. Juliá
(1986). Ed. Pablo Iglesias. Vol. I. Madrid, p. 241.
4. «Largo Caballero arrastraba -si no era arrastrado por ella- a la mayoría
del movimiento socialista. Estimulado por la juventud socialista, ya ganada por el
ideario comunista, y sacado de la realidad por un grupo de intelectuales de su tenden­cia,
se proponía depurar el partido socialista de elementos 'centristas' y 'derechistas'»
(RAMOS OLIVEIRA. A. (1952): Historia de España. Compañía General de Edi­ciones.
Vol. llI. México, pp. 247-248).
5. Cfr. JULIA DIAZ, S. (1977):La izquierda del PSOE (1935-1936). Siglo
XXI. Madrid, p. 47.
6. BIZCARRONDO, M. (1975): Araquistain y la crisis socialista en.la II
República: Leviatán (1934-1936). Siglo XXI. Madrid, pp. 143 Y 142-148.
7. Cfr. Avance y La Voz Obrera (LVO) 6-XII-1933 y LVO 16-XII-1933.
8. Cfr. LVO 12-XII-1933.
9. Cfr. La Provincia 14-XII-1933.
10. Cfr. LVO 20-XII y Avance 24-XII-1933.
11. Cfr. Avance 22-XII-1933.
12. Cfr. carta del Ministro de Gobernación al Gobernador Civil, 16-XI-1933,
en Archiv.o Histórico Provincial, Sección Gobierno Civil, Expte. Sociedades (en ade­lante,
AHP, SGC, S) lego 1.
13. Carta del Ministro de Gobernación al Gobernador Civil, 17-11-1934 (ARP,
SGC, S, lego 1).
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Agitación social en Gran Canaria entre noviembre de 1933... 1005
14. En el ya mencionado 1eg. 1 de AHP, SGC, S, se contienen varias comunica­ciones
-fechadas todas en agosto de 1934- acerca de estas cuestiones.
15. En relación con las motivaciones de la huelga y la ruptura de las negociacio­nes
que sostenían el Gobierno y la FNlT, vid. AVIV, A. e l. (1986): «Las clases tra­bajadoras
y la Segunda República», en Historia General de España y América. La
Segunda República y la Guerra. Rialp. Vol. XVII. Madrid, pp. 109-140.
16. De acuerdo con las órdenes recibidas desde el Ministerio de Gobernación,
fueron impedidas las «reuniones perturbadoras» y se dispusieron los medios necesa­rios
para vigilar las cosechas y asegurar su transporte: cfr. AHP,SGC, S, lego 1, car:
tas entre el Ministro y el Gobernador correspondientes a los días 25, 26 Y
28-V-1934.
17. Cfr. Avance 26 y 27-VII, 8-VIIIy 21-IX;Hoy 21 y 23-IXy 7-X;Diario de
Las Palmas (DLP) 12-X-1934, y Libro de Sentencias de la Audiencia (LSA)
(1935), S. 42, 2-I1I-1935.
18. Cfr. carta del Gobernador Civil al Jefe del Centro de Telégrafos de Las Pal­mas,
6-IX y 7-X-1934 (en AHP, SGC, S. lego 1); y DLP 14-XI-1934.
19. Cfr. LVO 30-VI-1934.
20. Cfr. Avance 6-IX y 2-X; Hoy 7 y 8-IX.;EI Radical 7-IX, yEl Defensor de
Canarias 1O-IX-1934.
21. Cfr. carta del Ministro al Gobernador, 19-IX, y del Comisario Jefe de Las
Palmas al Gobernador, 21-IX-1934, en AHP, SGC, S., lego l;Avance yHoy 21-IX­1934.
22. Cfr. carta del Gobernador al Comisario Jefe de Vigilancia, 6-X; y del
Comandante Jefe Militar de la Plaza al Gobernador, 9-XI-1934, en AHP...
23. Cfr. BRITO, O. (1980): Historia del Movimiento Obrero Canario. edito­rial
Popular. Madrid, pp. 286-288.
24. Cfr. Libro de Actas del Círculo Católico de Obreros, 12-XI-1934.
25. Telegrama del Director General de Seguridad al Gobernador, 7-X-1934, en
AHP... Cfr. también DLP 9-X-1934.
26. Cfr. carta del Delegado de Trabajo accidental al Gobernador, 2-XI-1934,
en AHP...
27. Cfr. DLP 22-XlI-1934.
28. Cfr. DLP 12-1-1935.
29. Cfr. El Tribuno 23-1-1935 y LSA (1935), S. 53, 14-I1I-1935.
30. Cfr. cartas del Ministro al Gobernador, 9-X-1934, 19-Vly 20-VI-1935; del
Comandante Militar al Gobernador, 21-VI-1935, y del Gobernador al Ministro, 22­VI-
1935, en AHP...
31. Cfr. carta del Primer Jefe de la Guardia Civil de Las Palmas al Gobernador,
11-X-1934, en AHP...
32. Cfr. El Radical y DLP 21-1-1935.
33. Cfr. DLP 25, 26, 29 Y 30-1 Y 5-11-1935.
34. Cfr. cartas entre el Ministro y el Gobernador correspondientes a los días 4,
5 Y 7-VI-1935, en AHP...
35. Cfr. BRITO, O. (1980), pp. 260-261, YSUAREZ BOSA, M.: «Huelgas
campesinas y ocupaciones de tierras en Gran Canaria durante el Frente Popular», en
V Coloquio de Historia Canario-Americana (1982) (1986), Ediciones del Cabildo
Insular de Gran Canaria. Vol. 11. Las Palmas, pp. 381-402 y, más concretamente, p.
395, nota 19.- También puede ser útil la consulta de LVO 26-VII-1933, donde apa-
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1006 Manuel Ferrer Muñoz
rece el detalle de las secciones representadas en el Congreso celebrado por la Federa­ción
a finales de ese mes.
36. Cfr. Avance 5-VII-1934.
37. Cfr. LVO 8-IX-1934 y ARP, SGC, Libro de registro de Sociedades.
38. Cfr. Avance 6, 14 Y 19-VlI-1934.
39. Véase, por ejemplo, Avance 10 y 19-VlII-1934.
40. Cfr. Avance 8 y 23-IX-1934.
41. Cfr. BRITO, O. (1980), pp. 286-288.
42. Cfr. SUAREZ BOSA, M., «Huelgas», pp. 383 Y 388-391.
43. Cfr. LVO 9-VI-1934.
44. Cfr. LVO, Avance y El Radical ll-VlI, y El Radical 7-VIII-1934.
45. LSA (1935), s. 77, 27-IV-1935.
46. Cfr. Avance lO-VII, 11 Y 14-IX-1934.
48. Una detallada exposición del conflicto puede leerse en un largo «Manifiesto
a la opinión pública» que publicó Avance 20-VlI-1934.
49. Cfr. LVO 2-XII-1933.
50. Cfr. BRITO, O. (1980), p. 262.
51. Cfr. Avance 1 y 5-VlI Y LVO 4-VII-1934.
52. Cfr. Avance 7-VII-1934.
53. Cfr. Avance 8-VII-1934.
54. Avance 8-VII-1934.
55. Avance ll-VlI-1934.
56. Cfr. Avance 14 y 15-VlI-1934.
57. El laudo preveía la readmisión de los obreros despedidos por la empresa:
ésta acató el laudo, pero entendió que no estaba obligada a su cumplimiento, por lo
que no reasumió al personal despedido y se reservó el derecho de suspender las obras
cuando conviniera a sus intereses.
58. Avance 24-VlI-1934.
59. Cfr. Avance 31-VlI y 1-VIII-1934.
60. Cfr. Avance 30-VIII y 1-IX-1934.
61. Cfr. Hoy 19-IX-1934.
62. Cfr. Hoy 19 y 23-IX-1934.
63. Cfr. Avance 21-IX-1934.
64. Cfr. Hoy 22-IX-1934.
65. Cfr. Hoy 3-X-1934.
'66. Cfr. LVO 3-X-1934.
67. Cfr. carta del Gobernador al Ministro, 6-X-1934, en AHP... , y DLP 8-X­1934.
68. Así, en LSA (1934), s. 198, 25-X-1934, se recoge la causa seguida con este
motivo contra un obrero que agredió a otro, no solidarizado con la huelga, en un
barco atracado en el Puerto de la Luz, en las primeras horas de la noche.
69. Cfr. LSA (1935), s. 39, 28-11-1935.
70. Cfr. DLP 11 Y 18-X-1934.
71. Cfr. carta del Coronel Comandante Militar accidental al Gobernador, 23­X-
1934, en AHP...
72. Cfr. DLP 19-XI, 5 y ll-XII-1934.
dirigentes de la Federación, véase la p. 10 de esta misma comunicación.
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Agitación social en Gran Canaria entre noviembre de 1933... 1007
73. Cfr. telegrama del Gobernador al Director General de Seguridad, 6-X­1934,
en AHP..., y DLP 9-X-1934.
74. Cfr. comunicaciones entre el alcalde de Telde, el Gobernador Civil y el
Gobernador Militar, fechadas todas ellas el 7-X-1934: AHP...
75. Cfr. DLP 9, 10 Y 13-X, y El Defensor de Canarias 13-X-1934.
76. Cfr. DLP 10, 11 Y 12-X, 5 y 8-XI-1934.
77. Cfr. carta del Ministro al Gobernador, 16-V-1934, en AHP...
78. Esa medida se aplicó «en cumplimiento de instrucciones recibidas por las
excepcionales circunstancias por que atraviesa la Patria», y se fundó en la hostilidad
al Gobierno de algunos concejales y en el abandono y desasistencia de algunos servi­cios
públicos durante las jornadas de huelga (cfr. DLP 12-X-1934).
79. Hoy 16-X-1934.
80. Cfr. DLP 13--X-1934.
81. Todos estos escritos pueden consultarse en AHP...
82. Cfr. DLP 21 Y 22-1-1935. El Tribuno que, por razones obvias, concedió
una atención preferente a las destituciones, publicó el 23 de enero un larguísimo
escrito que los concejales suspendidos dirigíeron al Gobernador Civil.
83. Cfr. DLP 19-1-1935.
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