Fuentes y metodología para el estudio de la Represión franquista en Tenerife = Sources and methodology for the study of the profranco repression in Tenerife

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FUENTES Y METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE LA
REPRESIÓN FRANQUISTA EN TENERIFE
SOURCES AND METHODOLOGY FOR THE STUDY OF THE PRO-FRANCO
REPRESSION IN TENERIFE
Victorio Heredero Gascueña
Aarón León Álvarez
RESUMEN
Las desapariciones durante la guerra civil suponen uno
de los aspectos más difíciles de investigar para un
historiador, atendiendo a la naturaleza del fenómeno y
la pérdida de documentación. Para afrontar este tipo de
investigaciones, en el presente texto hacemos un breve
repaso de las fuentes documentales, los archivos y la
metodología fundamental que nuestro equipo de
investigación ha utilizado durante los últimos años
para abordar un fenómeno tan oscuro de nuestra
historia reciente.
PALABRAS CLAVE: represión, desaparecidos,
Tenerife, metodología, archivos.
ABSTRACT
The disappearance of people during the Spanish Civil
War is one of the most difficult issues to research for a
historian, due to the nature of the phenomenon and the
loss of documents. In order to deal with this type of
research, in this article we revise the document
sources, archives, and the underlying methodology that
our research team has used in recent years to do a
research into a dark phenomenon in our recent history.
KEYWORDS: repression, missing people, Tenerife,
methodology, archives.
INTRODUCCIÓN
El objetivo de este trabajo es definir de manera general las fuentes documentales y la metodología
que se han empleado en la investigación sobre la represión franquista en Tenerife y, más
concretamente, en el caso de las desapariciones producidas durante la guerra civil.1 La investigación
de estos casos constituye uno de los temas de estudio más complejos de afrontar, debido
fundamentalmente a la ausencia de fuentes directas que permitan analizar este fenómeno globalmente,
así como a la fragmentación de aquellas otras que ayuden a tratar de reconstruir los casos particulares
de los desaparecidos.
Este texto se inicia con un breve contexto que ofrece una visión general de lo sucedido y algunas
referencias a los estudios realizados sobre dicho tema. A partir de ahí, en la segunda parte, centramos
nuestra atención en la descripción de las fuentes utilizadas a la par que en la metodología con la que
hemos trabajado este tema tanto en los archivos municipales, insulares como estatales.
BREVE BALANCE SOBRE EL ESTUDIO DE LA REPRESIÓN EN TENERIFE
La utilización de la violencia fue una de las bases sobre las que se sustentó la dictadura de Franco y
sus efectos físicos y morales resultaron fundamentales para entender la implantación de la dictadura y
su consolidación posterior. En el caso particular de Canarias, lejos de ver reducida sus efectos por la
ausencia de combates bélicos, la intensidad de la misma alcanzó cotas similares a las de la península.
La represión de los sublevados se sustentó sobre una actuación planificada y decidida a eliminar
toda oposición política. Una vez tomado el poder en las Islas, los militares ocuparon las instituciones
civiles del archipiélago y desde el mismo 18 de julio comenzaron las detenciones de personas
vinculadas a los partidos de izquierda y republicanos así como a los sindicatos. La existencia de listas
de personas a detener estaban ya preparadas con anterioridad al golpe, como en ocasiones se evidencia
,Historiadores de la Universidad de La Laguna y de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de
Tenerife; Correos electrónicos: vheredero@gmail.com; aaronleoalv@gmail.com
Fuentes y metodología para el estudio…
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en la documentación. Aparte de eso, en ese marco de generalización de la violencia cabe resaltar el
papel de los falangistas, Acción Ciudadana y las Brigadas del Amanecer, que actuaron con total
impunidad y que llevaron a cabo acciones que se materializaron en muertes, pero también en la
cotidianeidad de las acciones violentas sobre los detenidos y sus familias. El objetivo que se perseguía
con ese uso permanente de la violencia, como plantea el historiador Javier Rodrigo, no fue un fin en sí
mismo para eliminar únicamente a los identificados con el régimen republicano, “sino que mantuvo
por finalidad tanto la venganza colectiva por la experiencia republicana como el sometimiento de ese
grupo a la nueva autoridad”.2
En relación con este tema, las investigaciones sobre la represión en las islas Canarias han ido
avanzando progresivamente a lo largo de los últimos años, hasta el punto de que podemos conocer, en
buena medida, una visión global sobre la misma.3 El estudio de los principales centros de detención y
de un importante número de sus reclusos —incluidas sus memorias o textos inéditos—, los fusilados,
así como otros aspectos que componen esa realidad han sido publicados en estos años. Se puede decir
ya, sin lugar a dudas, que se perseguía terminar con la movilización y organización política existente
durante la II República, demostrar cuáles podrían ser las consecuencias de intentar oponerse al nuevo
régimen e implementar el poder de las nuevas autoridades insulares.4 A los depósitos municipales en
los que se ingresa a los detenidos, siendo los de mayor número los de La Laguna, Santa Cruz y La
Orotava, hay que unir los conocidos como barcos-prisión, fondeados en el puerto de Santa Cruz, y
algunas instalaciones militares como el castillo de Paso Alto, el cuartel de Caballería en Santa Cruz o
el de Artillería en La Laguna, que también sirvieron de centros de detención ante la gran cantidad de
presos políticos. Junto a ellos, los salones de la empaquetadora de plátanos, Fyffes, se convirtieron en
un campo de concentración a partir de septiembre de 1936. Tanto las memorias y biografías
publicadas posteriormente por sus protagonistas como los estudios históricos realizados hasta el
momento, resaltan las malas condiciones higiénicas y de salubridad y el hacinamiento de los presos,5
así como existencia de sacas de presos por las noches, fundamentalmente de Fyffes entre octubre de
1936 y febrero de 1937. Su destino probable fueron distintos puntos de la costa, ubicados
especialmente en zonas de la capital como Anaga o San Andrés, u otros que se repiten con insistencia
en los testimonios orales, especialmente en Las Cañadas del Teide. Precisamente en este lugar, se
presupone la existencia de una fosa común en la que podrían haber sido enterradas destacadas figuras
políticas republicanas tinerfeñas, caso del diputado Luis Rodríguez de la Sierra Figueroa o del alcalde
de Santa Cruz, José Carlos Schwartz. No obstante, no solo hubo sacas de Fyffes, Paso Alto o del
“archipiélago fantasma” como se conocía a los mencionados barcos-prisión. Hay que tener en cuenta
también lo sucedido en los depósitos municipales en el norte y sur de Tenerife —algo sobre lo que se
tiene escaso conocimiento— así como en general en las zonas rurales de esos municipios y que
pudieron servir de lugar perfecto para ejecutar esas acciones. Además, tampoco podemos olvidar la
utilización de pozos en algunas fincas privadas, determinados puntos de los barrancos insulares o las
mencionadas zonas costeras para lograr hacer desaparecer los cuerpos.
La gran mayoría de las desapariciones respondió a cuestiones eminentemente políticas, pero no
debemos dejar a un lado las venganzas personales, las complejas relaciones que existieron en los
pueblos más pequeños y que significaron la ruptura de la convivencia entre ellos. Esto implicaría un
elemento más, unido al político, a tener en cuenta a la hora de actuar contra quienes defendían unas
ideas que venían a significar el fin del control político, social y económico de los grupos
tradicionalmente poderosos de la isla. La planificación de la represión y un origen eminentemente
político no puede evitar que dejemos de tener en cuenta ese problema de las luchas familiares y
vecinales.
Por tanto, y teniendo en cuenta esta realidad, hay que ser plenamente conscientes de las dificultades
existentes para afrontar su investigación. Prácticamente no existe ningún rastro documental al
respecto, pues por ejemplo hemos constatado que de aquellos que fueron desaparecidos de Fyffes no
se conservó el expediente que se abría sobre su estancia en la cárcel y que permitiría identificar
posibles traslados a otras prisiones. Igualmente, no disponemos de los listados de seguimiento que
probablemente se elaboraban en aquellas, ni de los que se elaboraban de las personas a desaparecer, ni
los nombres que pudieran recoger por escrito los propios presos durante su estancia en alguna de
ellas.6
De ahí que tratar de fijar un número preciso de personas desaparecidas se haya convertido en una
arriesgada estimación que para la historiografía canaria podría situarse en cifras próximas a los miles
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de desaparecidos. Así, en concreto para la isla de Tenerife, Ricardo García Luis considera que “fueron
desaparecidos miles de canarios: sólo para Tenerife la cifra se estima en 1600”;7 por su parte, Ramiro
Rivas dice que la cifra ascendería “a más de 1000 en febrero de 1937”;8 mientras que en el año 1980,
Oswaldo Brito decía que “los datos sobre la represión en la provincia tinerfeña arrojan un dato que
podemos situar entre los 2800 y 3000 entre muertos y desaparecidos”.9 En el mismo sentido, José
Francisco López Felipe ha publicado que en Tenerife se desaparecieron a 1650 personas,10 con el
añadido de que este investigador aporta una detallada lista con sus nombres y apellidos. No obstante,
estas estimaciones chocan con las cifras aportadas por las asociaciones de la recuperación de la
memoria histórica11 y que son mucho más modestas, nunca cercanas a las mencionadas anteriormente.
Así, actualmente se habla de cifras que estarían en torno a las siguientes: “Gran Canaria, 420;
Tenerife, en torno a 400; La Palma, 74; La Gomera, 20”.12 A pesar de esta estimación aproximada de
400 personas desaparecidas, de momento, con la ejecución de los trabajos realizados en toda la Isla de
Tenerife nuestro grupo de investigación ha identificado a 182 víctimas mortales por la represión
franquista, divididas en 60 casos de desaparecidos, 35 de otras víctimas mortales (por ejemplo,
fallecidos en prisión), 63 fusilados y 24 casos de personas que murieron fuera de la isla.
A este respecto, debe tenerse en cuenta que en la documentación —al menos conservada—
prácticamente no se refleja nada al respecto y los testimonios orales, aunque nos aportan valiosos
datos sobre posibles desapariciones y las situaciones que las conllevaron, tampoco permiten establecer
un número total. Lo cierto es que, más allá de cualquier estimación y teniendo en cuenta muchos de
los factores esbozados con anterioridad, el número de desaparecidos podría superar notablemente las
cifras con las que han venido trabajando hasta ahora las asociaciones de la memoria, aunque igual es
un poco arriesgado llegar hasta los miles de desaparecidos que se hablan solo para la isla de Tenerife
por parte de los investigadores anteriormente citados.
PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO
Con esta situación de partida, estimamos que para afrontar una investigación de tal envergadura es
necesario establecer una planificación previa e identificar los ejes del trabajo y las fuentes de las que
disponemos. Se trata pues, de estructurar ese trabajo, de coordinar el esfuerzo de seguir el rastro, casi
detectivesco, de miles de represaliados, sin conocer previamente, en muchos de los casos, si pudieron
desaparecer violentamente, haber emigrado clandestinamente al continente americano o simplemente
reincorporarse a la vida civil insular y no existir constatación documental de esa situación.
La dinámica de trabajo del equipo de investigación en el que hemos participado durante los años
2011 y 2012 se ha fundamentado en su multidisciplinariedad. En este sentido, mientras un equipo
formado por investigadores de archivo iba construyendo una base de datos a partir de la
documentación escrita, tal información se cruzaba y actualizaba periódicamente con testimonios orales
recabados por un segundo equipo de historia oral. Estos últimos permiten consolidar o confirmar
algunas de las pistas obtenidas en los archivos sobre posibles desapariciones, al tiempo que desechar
otros casos. Además, en la medida que el equipo oral obtenía testimonios sobre posibles ubicaciones
de fosas, dicha información era compartida con un tercer equipo de trabajo formado por arqueólogos.
Su trabajo durante 2011 se centró en la realización de prospecciones arqueológicas en el conjunto de la
Isla, aunque centradas principalmente en la zona del Parque Nacional de Las Cañadas del Teide. El
objetivo último era configurar un mapa de fosas que sirva de base para futuras excavaciones
arqueológicas.
En las páginas siguientes expondremos la tipología de documentos que hemos manejado en ambos
proyectos, contextualizando históricamente su génesis documental y valorando las posibilidades y
dificultades que a la postre suponen estas fuentes primarias para el investigador. Una problemática
que, en este tema de investigación en concreto, a menudo trasciende nuestras posibilidades y nos
recuerda la excepcionalidad de la documentación que aún existe en archivos como el Archivo
Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (AHPSCT) o en algunos ubicados en la península,
como pueden ser el Centro Documental de la Memoria Histórica (CDMH) o el Archivo General
Militar de Guadalajara (AGMG). Y es que, por lo general, la mayoría de los documentos que podrían
arrojar luz sobre este fenómeno histórico fueron destruidos y reciclados durante los años de la
dictadura —ante la escasez de papel— o durante los años de la transición democrática, por temor a
que contribuyesen a identificar a los represores y a probar su participación en acciones delictivas. De
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igual manera, a pesar de una mejoría reseñable en los últimos años, no podemos obviar las precarias
condiciones de conservación y catalogación existentes en muchos de los archivos municipales, en su
mayoría condenados a ocupar partes bajas o sótanos de los edificios públicos (expuestos al desgaste,
los incendios, las inundaciones, etc.), y sin una dotación mínima de archiveros. Mención aparte
merece la falta de unos criterios únicos relativos al acceso a la documentación, dadas las diferentes
interpretaciones que aporta la normativa estatal y regional, sin olvidar tampoco las limitaciones
derivadas de la protección de datos o la consideración de cierta documentación como secreta o
reservada.
Con todo, a continuación valoraremos la importancia y posibilidades de una tipología documental
que, debidamente sistematizada, analizada y cotejada con la información oral, nos permita seguir la
pista de las personas que fueron perseguidas, detenidas, encarceladas y/o desaparecidas durante la
guerra civil y en momentos posteriores. Una investigación que, por supuesto, es heredera de los
trabajos realizados en estas últimas décadas.
Identificación y caracterización de las víctimas
Teniendo en cuenta que la inmensa mayoría de los hombres y mujeres que padecieron la represión
franquista permanecen en el anonimato para la gran mayoría de la sociedad canaria, incluyendo a los
investigadores, un estudio histórico sobre dicho fenómeno no puede aspirar únicamente a su mera
identificación y cuantificación estadística. Por el contrario, para contextualizar el fenómeno en toda su
dimensión es necesario reconstruir en lo posible la trayectoria vital de estas personas, tanto en lo que
atañe a su militancia política o sindical durante el período republicano, como a otros datos sobre sus
circunstancias personales y familiares, que nos permitan identificar a sus parientes y, además, valorar
el enorme impacto de la represión en las familias canarias.
En relación a su caracterización pública, resulta imprescindible la consulta de la prensa tinerfeña
durante los años previos a la guerra, siendo común la participación de estas personas en un gran
repertorio de actos políticos, sindicales o incluso culturales.13 Además, en los casos que sea posible,
parece conveniente consultar las actas o sesiones de las diversas instituciones públicas o sociedades en
las que muchos de ellos participaron.14 Paradójicamente, esta documentación interna de sociedades e
instituciones fue la que contribuyó, tras una rápida y planificada incautación en los días posteriores al
18 de julio de 1936, a la identificación e inculpación por parte de las nuevas autoridades militares de
buena parte de los miembros de los sindicatos, agrupaciones, partidos políticos o sociedades
masónicas.15
Junto a este tipo de información cualitativa, tratándose de un proceso que afectó a miles de
personas es necesario proceder con cierta cautela al manejar tantas identidades, pues resulta
relativamente común la existencia de varias personas con el mismo nombre o errores en las fuentes al
transcribir ciertos apellidos. Al igual que en la investigación genealógica, el recurso a las partidas de
nacimiento y (en caso de existir) de defunción, la consulta de los padrones municipales y sus
rectificaciones (que citan su ingreso en prisión), la variada documentación sobre quintas y revistas
militares, etc., suelen detallar identidades, domicilios y filiaciones, permitiendo así clarificar muchos
de los problemas mencionados. Además, por supuesto, de permitirnos hacer una reconstrucción del
alcance de los diversos tipos de violencia sobre padres, madres e hijos de una misma familia, casos
bastante comunes en muchas familias tinerfeñas.
Delaciones y detenciones
A partir del golpe de Estado, al igual que en buena parte del territorio nacional, se inicia en
Tenerife un proceso represivo planificado por las autoridades militares y apoyado por diversos
sectores de la sociedad insular que habían visto en el auge del movimiento obrero, y la nueva victoria
electoral del Frente Popular en febrero de 1936, una amenaza contra sus intereses tradicionales y su
visión de Estado. Desde ese momento, se inició un vasto proceso de control político y de investigación
de los antecedentes político-sociales de toda persona (desde funcionarios a jornaleros) que pudiera ser
susceptible de apoyar la causa republicana o simplemente de haber simpatizado con cualquier
tendencia izquierdista en el pasado. Consecuentemente, el uso de la maquinaria institucional al
servicio de la violencia política generó un gran volumen de documentación, que si bien en buena
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medida se ha perdido o ha sido destruida, en la actualidad se revela como un tipo de fuente de primer
orden. Podríamos dividirla, enmarcándola en la primera oleada represiva, en dos tipos de categorías
relacionadas.
a) En primer lugar, nos encontramos con fuentes que podríamos denominar como informativas,
pues su génesis está relacionada con los procesos de investigación y valoración de los potenciales
represaliados. Nos referimos, por ejemplo, a los informes de conducta emitidos por parte de los
Ayuntamientos, los párrocos, la Falange o la Guardia Civil. Esto es, por poderes locales que conocían
de primera mano las ideologías y actividades de los republicanos en su entorno. Dichos informes
podían ser solicitados en momentos previos a la detención de los izquierdistas sospechosos, o bien a
posteriori, en el curso de los procesos judiciales a los que eran sometidos. El valor de este tipo de
información, a pesar de su enorme subjetividad, radica en que nos permite conocer la filiación política
o sindical de los detenidos, pues los informes de conducta detallan en algunos casos su militancia o
ideología.16 Además, aporta una perspectiva sobre la articulación de la represión a escala local, y
muestra la influencia de estas “autoridades” (el párroco, el falangista o el guardia municipal) a la hora
de enviar a prisión o a la muerte a individuos con los que tenían una relación normalmente directa y
personal.
Igualmente, en relación a la articulación de la represión ideológica y planificada desde “arriba” en
contextos locales, en los que operan además otro tipo de condicionamientos de tipo familiar o vecinal,
podemos citar otro repertorio de fuentes como son las delaciones o “chivatazos”. Aún tratándose de un
fenómeno muy común durante la guerra civil y posteriormente, su naturaleza oral y confidencial nos
impide conservar en la actualidad un gran repertorio documental sobre las mismas. Por citar algunos
casos destacados, en el Archivo Intermedio Militar de Canarias se conservan algunas delaciones
escritas, en las que es posible apreciar la celosa colaboración de personas anónimas a la hora de
denunciar a fugitivos escondidos, la celebración reuniones y actividades izquierdistas, o simplemente
al recordar las militancias pasadas de sus vecinos ante la Guardia Civil o los militares golpistas,
quienes a su vez canalizaban y fomentaban este tipo de comportamientos.17
Estas fuentes informativas se completan con otros tipos de escritos, abundantes en los archivos
municipales, como los documentos de adhesión al régimen que debían elaborar todos los docentes y
funcionarios, quienes debían explicitar tanto sus actividades e ideologías en el pasado, como declarar
su fidelidad a los postulados y estructura del nuevo estado dictatorial, en un momento en que muchos
de sus compañeros, más significados políticamente, ya habían sido suspendidos de empleo y sueldo
y/o procesados judicialmente. Los informes de conducta, las denuncias anónimas o las declaraciones
personales eran completadas con informes periódicos y detallados sobre la situación político-social,
realizados por la Guardia Civil y enviados a la Comandancia Militar. Unos documentos que se
conservan en su mayoría en los Archivos militares o incluso en los escasos ficheros de la Guardia
Civil sitos en el Archivo General de la Administración (AGA). En este tipo de documentación se hacía
una valoración más general tanto de las tareas represivas realizadas (incautaciones, clausuras de
asociaciones, detenciones, labores de vigilancia, fenómeno de los evadidos y desertores, etc.) como de
los problemas sociales (paro obrero, falta de vivienda, abusos caciquiles, etc.) que podían trastocar el
ánimo de la población y hacer peligrar el éxito de la sublevación militar.
b) En segundo lugar, además de las fuentes de tipo informativo, se conservan algunos documentos
de naturaleza penal, que abarcan desde las detenciones hasta el ingreso y estancia en prisión de los
miles de canarios que padecerieron reclusión y torturas en las mismas, siendo cientos de ellos
asesinados y desaparecidos. A pesar de que la mayor parte de la información de que disponemos sobre
dichos presidios deriva de testimonios orales de supervivientes o familiares, también existe un valioso
repertorio de documentos escritos. Para empezar, las detenciones de republicanos y obreristas puede
rastrearse en algunos archivos municipales o en los fondos del Gobierno Civil, depositados en el
AHPSCT, pues existen partes de detención de la Guardia Civil u oficios de los guardias municipales
dando cuenta de tales tareas, con alusión a fechas, identidades y destino de los detenidos. Una vez en
prisión, la tarea de investigación se vuelve más compleja debido a las diferencias entre presos
gubernativos y encausados. Los primeros no dejaron apenas rastro documental, pues su estancia en
prisión dependía, tras el golpe de estado, de la voluntad de la Comandancia Militar, permaneciendo
años en prisión sin cargos, sin juicio y, por ende, sin defensa legal. No obstante, existen algunos
escritos en los que aparecen traslados de presos gubernativos de unas cárceles a otras, figura su
estancia en prisión en las rectificaciones de algunos padrones municipales, o se justifica su ausencia en
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las revistas militares de años sucesivos por dicha situación. Fueron precisamente este tipo de presos
los que padecieron las sacas nocturnas de las diversas prisiones, fundamentalmente de Fyffes, siendo
arrojados al mar o asesinados en las cumbres de la isla de Tenerife. Investigadores como Ricardo
García Luis o José Francisco López Felipe hacen referencia a la existencia de listas negras con los
nombres de los presos a desaparecer, elaboradas por militares, guardias civiles, grandes propietarios y
miembros de la Iglesia tinerfeña.18 Sin embargo, ante la destrucción de este tipo de informaciones
comprometedoras, las fuentes orales y los testimonios de los familiares se revelan, de nuevo, como el
recurso indispensable para confirmar las identidades de los desaparecidos tinerfeños.
Por su parte, para los presos con procesos judiciales tenemos una mayor cantidad de información
disponible, pues se conservan unos tres mil de sus expedientes penitenciarios, muchos de ellos
transferidos por Instituciones Penitenciarias al AHPSCT. En estos expedientes se detallan tanto los
datos personales de los presos (incluyendo sus características físicas, elementos de interés en caso de
una posterior identificación forense) como las causas por las que fueron condenados, el período que
permanecieron en prisión y el momento de su excarcelación. Además, adjuntos a sus expedientes,
figuran relaciones de presos, en ocasiones gubernativos, que eran trasladados junto los expedientados
de unas prisiones a otras, permitiendo así, en definitiva, continuar identificando y localizando a
personas en aquellas penosas circunstancias. Mención aparte merecen los expedientes carcelarios de
los presos de Paso Alto conservados en el AGMG. Un conjunto de documentos que si bien se centran
en los prisioneros políticos detenidos mientras se encontraban bajo tutela militar (militares opositores
al golpe, desertores, recultas izquierdistas, etc.), también incluyen a muchos “paisanos” que pasaron
por esas dependencias por otras causas, siendo muchos de ellos presos gubernativos.
Documentación judicial
Entramos en este apartado en la documentación generada por los tribunales que juzgaron y
condenaron en diversos momentos a los republicanos y militantes obreros. Probablemente, el tipo de
información documental más completo cuantitativa y cualitativamente, que nos permite además
acceder a los testimonios de los inculpados y conocer así su posición en aquellos procesos judiciales.
Junto a la violencia cotidiana, las torturas y las desapariciones, las nuevas autoridades trataron de
canalizar la represión de los miembros más destacados del movimiento obrero y el republicanismo
tinerfeño a través de los Consejos de Guerra, con los que fueron condenados varios miles de tinerfeños
y a través de los cuales más de medio centenar terminaron siendo fusilados en la Batería del Barranco
del Hierro. El análisis de sus Causas, abiertas por auxilio a la rebelión, sedición, robo, etc., depositadas
y accesibles en el Tribunal Militar Territorial Nº 5, supone una fuente valiosísima, en tanto que detalla
en muchos casos la militancia de los encausados, los cargos de los que se les acusa, sus informes de
conducta o, en caso de figurar desaparecidos en esa documentación, aporta algunos datos sobre su
ausencia o incomparecencia. Además, tal y como ha destacado Pedro Medina Sanabria, evidencian la
indefensión de los penados ante las tremendas irregularidades cometidas por los tribunales militares a
la hora de ejercer la Justicia y dictar sentencias.19
Si bien las acciones más inmediatas de enjuiciamiento durante la guerra civil se articularon a través
de dichos Consejos de Guerra, en una segunda oleada se desarrollaron diversos tipos de intervenciones
judiciales que generaron una valiosa información. Dos nuevos tribunales legitimados con la
aprobación en la zona nacional de la Ley de Responsabilidades Políticas (el 9 de febrero de 1939) y,
tras la finalización del conflicto bélico, de la Ley para la Represión de la Masoneria y el Comunismo
(aprobada el 1 de marzo de 1940).20 Para nuestro objeto de estudio, los documentos del Tribunal de
Responsabilidades Políticas visibiliza ante el investigador las desapariciones de los encausados, pues
al ser estos requeridos por los tribunales, los responsables policiales o las autoridades locales se ven en
la necesidad de dar una explicación sobre su paradero. Esta “contradicción” entre los distintos
mecanismos represivos se expresa en las fuentes con términos difusos pero muy significativos, tales
como “ignorado paradero”, “desconocido”, “huido”, o incluso el propio término de “desaparecido”.
Además, aún de manera sectorial, podemos encontrar una interesante información sobre el proceso
represivo de un colectivo especialmente castigado como son los maestros nacionales. En el AGA se
conservan la mayoría de los expedientes de maestros tinerfeños represaliados, y algunos de ellos
desaparecidos, generados por la Comisión Depuradora del Magisterio de la provincia de Santa Cruz de
Tenerife.
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Por último, otro tipo de fuente judicial interesante la generó la Comisión Provincial de Incautación
de Bienes, dependiente de la “Comisión Central administrativa de bienes incautados por el Estado”,
instituida el 11 de enero de 1937. Su objetivo era la incautación de propiedades, tanto a personas
físicas “desafectas al Movimiento” como a sociedades, sindicatos o partidos políticos declarados fuera
de la ley. Un potencial económico que a la postre enriquecería tanto las arcas de las nuevas
instituciones franquistas, como a numerosos particulares afines al Movimiento.
El principal problema de esta información judicial no militar radica en su dispersión, pues se
encuentra repartida, y en algunas ocasiones duplicada, entre el AHPLPGC, donde está la gran mayoría
de los expedientes de Responsabilidades Políticas, el AHPSCTF, el AGA en Alcalá de Henares y el
CDMH en Salamanca. Además, en los citados archivos provinciales también se conserva la
documentación judicial generada por los juzgados municipales y la Audiencia Provincial, que si bien
se ocupaban de delitos de ámbito local o regional, durante la guerra civil supusieron el primer paso en
la represión de republicanos y militantes obreros, y actuaron como juzgados de instrucción para delitos
políticos.
Otros tipos de fuentes
Con díficil acomodo en las tres categorizaciones previas, pero no por ello menos importantes para
la investigación, podríamos citar otros tipos de documentación que resulta muy útil a la hora de seguir
la pista de personas desaparecidas. Nos referimos, en primer lugar, al Boletín Oficial de la Provincia,
en el que es posible encontrar reseñas de las sentencias de los tribunales citados, cuantificar los
grandes procesos de depuración de maestros y funcionarios o detectar requisitorias de individuos
huidos o en “ignorado paradero”. Además, es un registro fiable a la hora de conocer y recopilar la
normativa, los bandos y la legislación que iba implantando el régimen franquista en nuestra provincia.
En segundo lugar, una fuente tan importante como compleja es la documentación relativa al padrón
municipal, el alistamiento militar y la revista anual. A medida que avanzaba la guerra, las autoridades
militares fueron intensificando las llamadas a filas y ampliando las edades de los reemplazos que
debían incorporarse al ejército sublevado. Aún existiendo diversos cauces para ello, fueron los
ayuntamientos los que asumieron buena parte de la responsabilidad de organizar el alistamiento
basándose en los padrones municipales de 1935, notificando a los vecinos sus obligaciones militares y
elaborando listados de prófugos, detallando las identidades y domicilios de los ausentes en los actos de
revisión y calificación de las quintas. Si bien es verdad que la inmensa mayoría de los prófugos
responden a situaciones ajenas a las desapariciones que estamos estudiando (pues se deben a cambios
de domicilio, emigraciones clandestinas, fallecimientos, estancias en prisión o reclutamientos en otras
unidades militares sin notificar, etc.), el análisis sistemático de esta documentación permite “detectar”
algunos casos en los que estas ausencias se deben a una desaparición. Circunstancia similar a la que
consta en los padrones y en sus rectificaciones.
Un tercer tipo de fuentes de interés para el estudio de la represión lo suponen los registros civiles.
Si bien las desapariciones no fueron mayoritariamente registradas en los mismos, existen casos como
el de Los Realejos en los que, sorprendentemente, se registraron las defunciones de sus desaparecidos.
Siendo por tanto conveniente su consulta, el principal problema para profundizar en esta fuente lo
constituyen las trabas burocráticas de los registros más importantes, que no permiten un acceso abierto
a los investigadores.
CONCLUSIÓN
Las desapariciones durante la guerra civil suponen uno de los aspectos más difíciles de investigar
para un historiador, especialmente cuando han transcurrido tantos años desde que se produjeron. La
pérdida de documentación —intencionada o no—, la desaparición de los testigos directos y el silencio
de sus descendientes, son solo algunos de los inconvenientes que tenemos que afrontar a la hora de
comenzar un trabajo de este tipo. Por eso, y como hemos querido resaltar a lo largo de las páginas
anteriores, es necesario planificar y sistematizar previamente la investigación, identificando las fuentes
y los archivos que puedan resultarnos más útiles para lograr los objetivos planteados. Si bien resulta
complicado que una desaparición se recoja y conserve documentalmente, en cambio un oficio, un
informe o un telegrama pueden aportarnos datos indirectos que nos pongan sobre la pista de una
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desaparición. La clave para afrontar este trabajo con garantías radica tanto en el rigor metodológico y
crítico del investigador documental, la permanente confrontación con los testimonios orales, y la
elaboración mediante estos dos tipos de fuentes de una base de datos flexible y bien organizada, que
permita gestionar grandes cantidades de información. Todo ello sin perder de vista el principal
objetivo de este tipo de investigación, que no es otro que reconstruir las vidas de cientos de tinerfeños
que fueron detenidos y llevados a las cárceles y campos de concentración de las nuevas autoridades
militares. Y arrojar algo más de luz sobre aquellos que fueron asesinados y desaparecidos simplemente
por tener una manera distinta de entender el mundo que los golpistas.
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Fuentes y metodología para el estudio…
1159
NOTAS
1 Los autores de este texto han participado, junto a otros historiadores, arqueólogos y antropólogos de la Universidad de
La Laguna, en dos proyectos de estudio promovidos por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica
de Tenerife (ARMHT) y financiados por el Ministerio de Presidencia al amparo de las subvenciones previstas en la
Ley 52/2007, de 26 de diciembre, conocida popularmente como la “Ley de la Memoria Histórica”. Los proyectos en
cuestión fueron, “Indagación histórica y localización arqueológica de los desaparecidos en Tenerife: el caso de las
Cañadas del Teide” (2011) e “Indagación histórica sobre los desaparecidos y represaliados por el franquismo en
Tenerife 1936-1945” (2012). A estas investigaciones habría que unir el proyecto de investigación financiado por la
ULL, y con la colaboración del Ayuntamiento de La Laguna y la ARMHT, centrado en la investigación arqueológica e
histórica sobre los once desaparecidos del cementerio de San Juan Bautista, en La Laguna. De esta investigación
hemos publicado recientemente una obra colectiva: STUDER VILLAZÁN, L., HEREDERO GASCUEÑA, V. y
LEÓN ÁLVAREZ, A., et al. (2012).
2 RODRIGO, J. (2008), p. 65.
3 Véase, GUERRA PALMERO, R. (2010).
4 Debemos contextualizar estas prácticas entendiendo que el ejercicio del “terror”, como lo denomina el mencionado
Javier Rodrigo, significaba la eliminación física y la paralización del enemigo mediante el mismo, algo que “de
entrada, ayuda a explicar que los índices de violencia política fueran enormes allá donde triunfó la sublevación o donde
se ocupó rápidamente territorio legalista, así como el modo en que la misma se ejerció, mediante asesinatos
extrajudiciales, sacas de cárceles, paseos de dirigentes políticos y sociales, y fusilamientos in situ de prisioneros de
guerra. En esos meses España se colmó de fosas comunes, de muertos abandonados, de civiles y militares asesinados
extrajudicialmente al socaire de los bandos de guerra”. RODRIGO, J. (2005), p. 2.
5 Sobre estas cuestiones, véase, GONZÁLEZ VÁZQUEZ, S. y MILLARES CANTERO, S. (2003). pp. 173-195.
6 A este respecto, generalmente los investigadores suelen afirmar que estos documentos fueron destruidos, que se
conservan pero no se puede acceder a ellos, etc. En relación con esto, se debe tener en cuenta que para la isla de Gran
Canaria se cuenta con el Libro de Novedades diarias y de Altas y Bajas del Campo de Concentración de la Isleta
(1936-1937), pero no con el original, pues se trata de una “fotocopia realizada de la documentación de la Prisión
Provincial de Las Palmas antes de su destrucción”. (Ibidem, p. 177). Este documento demuestra al menos que la
elaboración de listados de este tipo es algo más que una simple conjetura imposible de demostrar o una referencia
mítica de los historiadores para estudiar la represión.
7 GARCÍA LUIS (1994), p. 10.
8 RIVAS GARCÍA (2000), p. 70.
9 BRITO GONZÁLEZ (1980), p. 315.
10 La Gaceta de Canarias, (1999, 31 de octubre).
11 Véase el listado de personas desaparecidas elaborado por la Asociación de Arucas:
http://medias.laopinion.es/documentos/2010-12-31_DOC_2009-10-17_20_34_45_desaparecidos.pdf.
Además, cabe destacar el elaborado por Pedro Medina Sanabria y que puede consultarse en el siguiente enlace:
http://pedromedinasanabria.wordpress.com/2008/10/27/desaparecidos-de-la-provincia-de-santa-cruz-de-tenerife/
12 MILLARES CANTERO (2012), p. 479.
13 En relación con esto, los referentes más importantes para nuestro trabajo han sido el catálogo de la Universidad de La
Laguna accesible desde http://veda.bbtk.ull.es/pandora; Archivo de Prensa Digital de la Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria (JABLE), que se puede consultar desde http://jable.ulpgc.es/jable/ y, finalmente, la Biblioteca Virtual de
Prensa Histórica, cuya dirección electrónica es
http://prensahistorica.mcu.es/es/estaticos/contenido.cmd?pagina=estaticos/presentacion
14 Podemos citar las actas de las sesiones de los ayuntamientos y cabildos, muchos de cuyos alcaldes, concejales o demás
representantes fueron duramente reprimidos. En lo que atañe a sociedades privadas, aún siendo cierto que sus registros
internos fueron incautados y posteriormente destruidos, existen registros indirectos de las afiliaciones de sus miembros,
derivados precisamente del control represivo al que fueron sometidos.
15 Por citar un caso significativo, en los momentos siguientes al golpe de estado se produjo el asalto a la Logia masónica
Añaza de Santa Cruz de Tenerife, siendo incautada dicha documentación por parte de José de Arroyo y Perdigón y el
Coronel José del Campo Tabernilla. Un amplísimo repertorio documental de las sesiones y afiliaciones de la Logia
que, tras un exhaustivo análisis, serían enviadas por el antiguo diputado conservador a Cortes Andrés de Arroyo y
González de Chavez a la “Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos”, que dirigía Marcelino Ulibarri
en Salamanca y que formaría el grueso de la información utilizada por el Tribunal para la Represión de la Masonería y
el Comunismo para condenar a los masones canarios. Véase HEREDERO GASCUEÑA (2006). En el Fondo Arroyo y
Clavijo, donado por dicha familia al AHPSCT, es posible profundizar en esta cuestión y apreciar paradigmáticamente
el uso de este tipo de documentación con fines represivos.
16 Por citar solo uno de los cientos de ejemplos disponibles, el 11 de septiembre de 1937 el Comandante Juez de
Instrucción Salvador Iglesias solicitó al ayuntamiento de La Laguna antecedentes e informes de conducta de los
vecinos laguneros Cristino de Armas Fernández (concejal socialista) y Vicente Hormiga Mederos (fundador del
Sindicato de Inquilinos de La Laguna). El jefe de la guardia municipal lagunera, Joaquín Cañibano, emitía su informe
al día siguiente en los siguientes términos; “[…] no existen antecedentes respecto a estos individuos, pero se distinguen
por sus ideas extremistas y pueden considerarse como elementos peligrosos” (Archivo Municipal de La Laguna, 3404,
oficios, año 1936). Finalmente, Cristino pasó una larga temporada en Fyffes pero tanto su hermano Honorio Cecilio,
afiliado a la C.N.T., como el mencionado Vicente Hormiga, fueron desaparecidos.
XX Coloquio de Historia Canario-Americana
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17 Por ejemplo, la Comandancia Militar de Santa Cruz de Tenerife recibió un informe “confidencial” y sin fechar, firmado
por el “fabricante Sr. Rojas”. En dicho escrito no sólo denunciaba a dos anarcosindicalistas vecinos de la capital
tinerfeña, sino que daba consejos a los militares para su detención: “Baum: maquinista de la Tripolitana y Julio
Goldberg, de Relojería Trujillo, es polaco y vive en casa de Ángel Núñez (Marina). Conviene detenerlos por la noche y
hacer un registro en sus domicilios. La detención conviene hacerla simultáneamente. Son individuos que escriben en el
periódico En Marcha y en otros periódicos de Las Palmas y otros sitios, es decir en periódicos extremistas”. Archivo
Intermedio Militar de Canarias, caja 1751, carpeta 22.
18 Uno de los pocos casos de los que tenemos constancia documental es la saca de trece presos gubernativos de Fyffes, con
fecha 27 enero de 1937. Véase, GARCÍA LUIS, R. (2003). Por su parte, López Felipe ha estudiado la organización de
este sistema de represión extrajudicial, cuya plasmación última eran las Brigadas del Amanecer. LÓPEZ FELIPE
(2002), pp. 43-62.
19 MEDINA SANABRIA está realizando una destacada tarea de investigación demostrando la naturaleza falseada de estos
procesos, al tiempo que una labor de difusión de los contenidos de los mismos, gracias al uso de las nuevas
tecnologías. Su blog de Historia y Memoria Histórica de Canarias se puede consultar en
http://pedromedinasanabria.wordpress.com
20 La ley de Responsabilidades Políticas tenía como objetivo juzgar a “quienes habían contribuido con actos u omisiones
graves a forjar la subversión roja”. Es decir, ilegalizó con carácter retroactivo cualquier afiliación izquierdista o
republicana, añadiendo además que “ni el fallecimiento, ni la ausencia, ni la incomparecencia del presunto responsable
detendrá la tramitación y fallo del expediente”. BAHAMONDE, Á. y MARTÍNEZ, J. A. (1999), p. 32.