Asesinatos impunes durante la transición democrática = Unpunished murders during the Spanish transition to Democracy

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ASESINATOS IMPUNES DURANTE LA TRANSICIÓN
DEMOCRÁTICA
UNPUNISHED MURDERS DURING THE SPANISH TRANSITION TO
DEMOCRACY
Domingo Garí 
RESUMEN
Los acontecimientos más silenciados del proceso de
transición a la democracia tienen que ver con los
asesinatos de ciudadanos. Con el afán de adornar el
proceso político se han ocultado las secuencias más
trágicas. Los relatos fabricados a la sombra del poder
no han puesto el punto de mira sobre la represión con
causa de muerte. En este trabajo presentamos un relato
detallado de asesinatos de ciudadanos, que tuvieron
lugar en la isla de Tenerife entre 1975 y 1977.
PALABRAS CLAVE: dictadura, democracia,
represión, biopolítica, Tenerife, Canarias.
ABSTRACT
The events silenced the process of transition to
democracy have to do with the murders of citizens. In
an effort to decorate the political process have hidden
most tragic sequences. The stories made in the shadow
of power have not put the spotlight on the cause of
death repression. We present a detailed account of
killings of citizens, which took place on the island of
Tenerife between 1975 and 1977.
KEYWORDS: Dictatorship, democracy, repression,
biopolitics, Tenerife, Canary Islands.
INTRODUCCIÓN
Los acontecimientos más silenciados del proceso de transición a la democracia tienen que ver con
los asesinatos de ciudadanos. Con el afán de adornar el proceso político se han ocultado las secuencias
más trágicas. Los relatos fabricados a la sombra del poder no han puesto el punto de mira sobre la
represión con causa de muerte. En este trabajo presentamos un relato de los asesinatos de dos
ciudadanos, que tuvieron lugar en la isla de Tenerife entre 1975 y 1977.1 Las diferentes razones que
llevan a uno y otro nos sirven para analizar la ejecutoria del poder y su naturaleza totalitaria. Los
sujetos asesinados pertenecen en ambos casos a familias de clases subalternas, una de asentamiento
rural y la otra urbano. El primero es un obrero y el segundo un estudiante de Magisterio. Ninguno tuvo
militancia política señalada ni su martirio estuvo motivado en razón de ello. Más bien, analizamos los
mecanismo arbitrarios del poder, dentro de una lógica represiva extrema en un momento de debilidad
del aparato político estatal. Estos dos sucesos están situados en extremos opuestos en cuanto al eco
social que despertaron, y de ahí también que nos interese señalar esa circunstancia como paradigmas
del asesinato clandestino y del público. El primero de ellos como resultado del despliegue de la
tanatopolítica en la fase final de la dictadura, y el segundo inducido por la represión como maquinaria
de control social en el inicio del ciclo de luchas operado tras la muerte del dictador.
EL ASESINATO DE ANTONIO PADILLA CORONA
El goteo de muertes violentas por acción de la policía, la Guardia Civil, o los parapoliciales durante
el franquismo, no cesó nunca. Se ha escrito recurrentemente que en su fase final la dictadura redobló
su pulsión asesina. De esta manera, a los asesinatos por tiroteos en manifestaciones o en protestas
obreras, se sumaron las ejecuciones que el estado llevó a cabo en marzo de 1974 y en septiembre de
1975. En las primeras fueron ejecutados por medio de garrote vil dos personas. La primera, el
militante anarquista catalán Salvador Puig Antich y la segunda, un supuesto delincuente común que
pasó con el nombre de Heinz Chez, aunque su verdadero nombre era el de Georg Michael Welzel, y
Departamento de Historia. Universidad de La Laguna. Campus de Guajara, s/n. 38071. La Laguna. Tenerife. España;
Teléfono: +34922317799; Correo electrónico: domingogari@ull.es
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no era polaco como dijeron las autoridades españolas, sino ciudadano de la República Democrática
Alemana. El ministro franquista de Planificación y Desarrollo en 1974, muerto en febrero de 2009, dio
algunas explicaciones referidas a estas dos condenas de muerte. Dijo, Joaquín Gutiérrez Cano. “Este
tipo (Heinz Ches), como Puig Antich, eran los enemigos del sistema y el sistema tenía que
defenderse”.2
Previo a ello, el 27 de septiembre de 1975, llegaron las ejecuciones de los militantes del FRAP y de
ETA, amparadas por una legislación retocada justamente para la aplicación in extenso de la pena
capital.
El activismo armado se había incrementado notablemente contra la dictadura, también el activismo
no armado, que emergía en cada rincón y en cada protesta obrera o social. El régimen se veía acosado
entre las acciones de unos y de otros y para contraatacar aprobó el Decreto Ley 10/1975, conocido
como “ley antiterrorista”, con el que pretendía frenar por la vía represiva, incluida la pena de muerte,
el ascenso de las luchas en todo el estado. El decreto se aprobó el día 26 de agosto y el 27 ya se puso
en marcha con el cierre y multa de algunos medios de comunicación. El preámbulo justificaba la ley
con un ejercicio de cinismo de derecho comparado, arguyendo que en otros países también existen
leyes especiales para “hacer frente a la violenta ola de terrorismo que vienen padeciendo”. Argumenta
modelos comparativos de derecho penal con las democracias más antiguas del continente. La
legitimación de origen y el propio desarrollo posterior de los sistemas demoliberales y el fascismo
español, resultan ser a ojos del régimen sólidos “estados de derecho”. El aparato franquista, incluso,
dice tener que refrenar las demandas de mano dura que la sociedad, comprensiblemente, puede pedir y
evitar vaciar así de contenido ese imaginario estado de derecho: “La justa irritación que los atentados
terroristas provocan en la comunidad puede incitar a la propia sociedad a apetecer normativas legales
y actitudes de gobierno que impliquen un freno al natural desarrollo político del Estado de Derecho”.
La diatriba no va dirigida solo a los grupos armados que operan contra la dictadura, sino contra
todos los grupos de oposición que permanecen ilegalizados y en la clandestinidad: “Se reitera la
declaración de ilegalidad de los grupos y organizaciones que ya están definidas como ilegales en
disposiciones anteriores de no derogada vigencia”. Y otras posteriores que recogen y ratifican la
ilegalidad de todos los partidos políticos y las ideologías excepto la propia del régimen. La vuelta a los
principios fundadores no solo desdecía el pretendido estado de derecho en que se encontraba el país,
sino que desempolvaba y daba lustre a los principios fascistas del mismo, poniendo en solfa la teoría
del aperturismo lideraba por Fraga desde su nombramiento como ministro de Información y Turismo
en 1962. Volver a la ley de 9 de febrero de 1939, llamada de Responsabilidades Políticas era volver a
comenzar la historia lúgubre del fascismo español. Se mantiene la persecución contra todos los
enemigos de 1936, más los nuevos surgidos bajo la dictadura. Así lo señala explícitamente la ley de
1975 en su artículo cuarto: “Declarados fuera de la ley los grupos u organizaciones comunistas,
anarquistas, separatistas y aquéllos otros que preconicen o empleen violencia como instrumento de
acción política o social, los que organizaran o dirigieren estos grupos, los meros afiliados y los que,
mediante sus aportaciones en dinero, medios materiales o de cualquier otra manera auxiliasen al grupo
u organización, (...) A quienes, por cualquier medio, realizaren propaganda de los anteriores grupos u
organizaciones”.
El acoso a la oposición pasaba también por reducir “derechos” a los ciudadanos sin responsabilidad
política de ningún tipo. “Ningún ciudadano honrado y patriota va a sentirse afectado por la
circunstancial disminución de sus garantías constitucionales que los preceptos del presente decreto
implican”. La aplicación de aquel decreto-ley generó un estado de guerra latente, en la que cualquier
persona podía ser víctima mortal de la misma. Asesinatos judiciales y extrajudiciales cometidos contra
personas comprometidas política o sindicalmente, pero también sobre personas que no tenían ese tipo
de compromiso y que tuvieron la mala suerte de encontrarse por el camino.
El asesinato extrajudicial, más tarde convenientemente remozado de articulado y paripé jurídico,
fue un recurso represivo relativamente común durante la dictadura. El asesinato extrajudicial es un
mecanismo usado, de forma preferente por las dictaduras, aunque no solo por ellas (caso GAL) para
eliminar a individuos desviados y de conductas consideradas como impropias o peligrosas. Este tipo
de muerte produce menos ruido social que la ejecución legal, y pueden ser castigados con la misma
tanto perseguidos políticos como pequeños delincuentes, homosexuales, pordioseros, prostitutas y, en
general, un amplio abanico de candidatos que se encuentran a merced de la impunidad y la brutalidad
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policial. Si en el estado liberal la biopolítica es sobre todo reguladora y planificadora de la vida, en el
estado totalitario la biopolítica se transforma en tanatopolítica.3
Michel Foucault había reflexionado en torno al nazismo y a cómo el estado nazi había generalizado
de modo absoluto el poder de muerte y de vida: “El Estado nazi hizo absolutamente coextensivos el
campo de una vida que él organiza, protege, garantiza, cultiva biológicamente, y el derecho soberano
de matar a cualquiera. Cualquiera quiere decir: no solo los otros, sino también los propios
ciudadanos”.4
El Estado franquista que en estos momentos volvía a su fascismo fundante va a usar esas
prerrogativas descritas para administrar la vida, el pensamiento, la conciencia y administrar la muerte,
bien por la vía del procedimiento judicial, bien por la del procedimiento extrajudicial.
El clima de terror generado en los últimos meses de la vida del dictador, crearon el ambiente
propicio para que la Guardia Civil asesinase a Antonio Padilla Corona, y el acto pudiese ser escondido
bajo el secreto sumarial de un juicio sumarísimo por un tribunal militar, negando asistencia letrada
civil y dándole largas a la familia, la cual nunca recibió indemnización alguna por tal suceso. El caso
analizado aquí trata de un obrero que fue asesinado por la guardia civil tras dispararle a quema ropa y
por la espalda. Antonio Padilla Corona era cabuquero en galerías de agua, y había cogido unos
cartuchos de dinamita para ir a pescar (una práctica bastante común en aquellos tiempos), cuando tuvo
la mala fortuna de encontrarse con una pareja de la benemérita en el municipio de Adeje en el sur de la
isla de Tenerife, lugar al que se había desplazado desde su localidad habitual en La Mantanza de
Acentejo, para tirar unos cartuchos al mar al objeto de recolectar los peces emergidos tras la explosión.
El abogado que la familia contrató para combatir el desamparo y en un intento por reclamar justicia
por la muerte de su allegado, fue Ramón González de Mesa, conocido letrado de la ciudad de La
Laguna, de honorable familia de la derecha insular, y por eso se suponía que con mayor posibilidad de
ayudar a la víctima. Pero el letrado no pudo asistir a la familia porque según el código de justicia
militar la acusación particular no podía personarse, solo la defensa del imputado podía hacerlo, es
decir, la defensa del guardia civil, aunque sí podía ir como testigo el letrado de la acusación. El juez
togado militar le informó al abogado González de Mesa que el caso iba a ser sobreseído, porque la
muerte sería considerada producto de un accidente, “que fue para asustar, un tiro al aire”. El abogado
cuenta que el juez togado estaba muy apenado “casi llorando” y que iría a hablar personalmente con el
capitán general “para que por lo menos se indemnice a los herederos de la víctima, porque el juicio no
se va a celebrar, porque el fiscal ha pedido el sobreseimiento de la causa por tratarse de una acción
accidental de la Guardia Civil”.5 Tras ello el abogado dice que se hicieron todos los trámites para que
la familia fuese indemnizada, aunque ésta niega haber recibido dinero alguno, y recordó la frase que le
dijo el juez militar “a ver si hay fondos para poder acallar en lo posible este asunto”. Pero por los
resultados obtenidos se ve que no había fondos para este asunto, o quizá valoraron que como el caso
no había despertado ningún interés ni en la prensa ni en la sociedad, y que la familia no tenía recursos
para cambiar la marcha de las cosas, decidieron ahorrarse los gastos innecesarios. Así quedó el asunto.
La prensa insular había insuflado ánimo a los partidarios de las (des)medidas represivas, jaleando
al dictador y a la nueva normativa represiva, convocando actos de exaltación patriótica y masivas
marchas de filiación fascista. En la portada de El Día el miércoles primero de octubre de 1975 se
cerraban prietas las filas en defensa del régimen: “Ahora quizá sea la hora exacta en que más sentido
de la unidad y de la unión tenemos que sentir y demostrar ante nosotros mismos y ante quienes, por
todos los medios, buscan la división entre todos los españoles”.
Con ello se refería, lógico está, a la oposición interna al régimen, pero también a la protesta que
todos los países del entorno hicieron por la ejecución de los cincos activistas del FRAP y de ETA en el
mes de septiembre. La defensa cerrada de la dictadura, a la que se sumaron los medios de
comunicación insular, incluyó la convocatoria de una manifestación en la plaza Weyler, emulando la
de la plaza de Oriente en Madrid, organizada, según la prensa, de “forma espontánea y solidaria”, lo
cual tenemos que ponerlo en duda si nos atenemos a la misma información en la que se narra como a
iniciativa del Consejo Provincial de los Trabajadores y la Delegación Provincial del Trabajo, junto con
el Consejo Provincial de Empresarios daban permiso para que los trabajadores pudiesen asistir a dicha
concentración, a la que además se sumaban los ayuntamientos, la Jefatura Provincial del Movimiento,
el Gobierno Civil y la Capitanía General. Curiosa forma de protesta espontánea esta en la que la propia
delegación de trabajo emitía un comunicado que hacia llegar a todas las empresas, que decía: “Estando
prevista la celebración de una manifestación patriótica para las trece horas de hoy día 1 de octubre,
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que tendrá lugar en la Plaza Weyler ante la Capitanía General de Canarias, esta Delegación autoriza a
todas las Empresas en general, para conceder permiso desde las 12 horas a los trabajadores a su
servicio, con objeto de que los mismos puedan asistir a dicho patriótico acto”.
En la concentración hubo dos intervenciones, primero la del gobernador civil y jefe provincial del
Movimiento, Modesto Fraile Poujade, y tras él lo hizo el capitán general de Canarias, Ramón Cuadra
Medina. Ambos, desde el balcón de la Capitanía General dirigiéndose a la multitud, que por su parte,
alardeaba de españolismo y apoyo al dictador con pancartas y vítores. Los eslóganes escritos sobre tela
blanca decían; “No a la intromisión extranjera. Arriba España”; “Voluntarios del 18 de julio”.
En la intervención del gobernador civil se repitieron todos los tópicos al uso que el franquismo
utilizaba en momentos de aislamiento internacional, y siempre redundando en la vuelta a los orígenes
de la guerra civil, vislumbraban al enemigo eterno de España asechando tras las protestas del mundo
entero: “Son estos enemigos derrotados, quienes no nos perdonaron nuestra paz, nuestro decidido
impulso de marcha. Quisieran ver otra vez a España desintegrada, inerte, sin espíritu, para así
convertirla en propicia víctima de sus ambiciones”.
La obsesión por los espíritus es un fenómeno redundante en la mentalidad de los golpistas del 18 de
julio. Sobre cada acontecimiento que han protagonizado siempre han descubierto un espíritu que lo
guía y lo ilumina. El espíritu del 18 de julio, el espíritu del 12 de febrero, el espíritu de la transición.
Lo llamativo del discurso del gobernador civil, además de su espíritu, es cómo vuelve de manera
natural a los principios fundadores del régimen y a la justificación de su cruzada nacional.
En días posteriores la campaña continúo, contra el franquismo en Europa y contra la oposición en
España. Tras un atentado de ETA en el que mueren tres guardias civiles, “tres héroes del orden”,6 se
intensifica la campaña mediática y de las instituciones estatales “para el exterminio y la erradicación
del terror”,7 lo que en su vocabulario significaba la exterminación de toda la oposición al régimen.
Bravucones desde siempre, criticaron a Olof Palme, dirigente socialdemócrata y primer ministro de
Suecia, porque este pedía entre sus ciudadanos recoger apoyo económico para la oposición en España
“según palabras propias del ministro-payaso” rezaba la prensa fascista insular. Le reprocharon que con
su ayuda económica la oposición pudiera matar a los guardias civiles. La estrategia consistía en
criminalizar al conjunto de la oposición para inmovilizarla. En la época, sin embargo, no se
condenaban los atentados, porque en general se entendía que un pueblo víctima del fascismo tenía
derecho a usar la violencia como forma de lucha política. Fue de hecho con violencia como se derrotó
al fascismo en Europa.
El clima de terror generado desde el gobierno y los aparatos del estado arrancó la vida a Antonio
Padilla Corona. Este, y sus dos acompañantes, se habían encontrado previamente en un bar de playa de
San Juan, al sur de la isla, con quienes iban momentos más tarde a tirotearlos. Al coincidir con los
guardias civiles, decidieron abandonar el bar, porque llevaban la dinamita dentro de un bolso. Salieron
caminando por la carretera hasta llegar a un hotel llamado Mar Azul. Allí vieron cómo se acercaba el
vehículo de la benemérita y “como mi hermano era una persona que todo le deba miedo, pues vio la
guardia civil y cogió y tiró el paquete de dinamita, a una engullera que había por debajo de Mar
Azul”.8 La Guardia Civil se percató de que Antonio Padilla había tirado algo a la cuneta y dieron la
vuelta en su coche y se pararon al lado de los caminantes:
—¿Qué tiraste? —Y mi hermano se zafó y entonces jaló por la pistola y le dio el tiro y lo
mató. Después, los otros dos que venían con él corrieron. Echaron a correr para unas
plataneras que hay, y ellos se liaron a tiros con ellos, los tiros eran como una película del
oeste, vaya. ¡Fíjese usted y escaparon! No le dieron porque había platanera y le daban a los
plantones, porque si no los hubieran matado también a los otros dos.9
La hermana del asesinado y nuestro testigo en este caso, opina, que el hecho de que la Guardia
Civil actuara de esa manera, que disparase a bocajarro a su hermano y que intentase matar a los otros
dos acompañantes, se debió al clima político que se vivía en esas fechas. “Porque no sé si usted
recuerda, que en el 75, había terrorismo, y entonces… Franco dio carta blanca para disparar a matar,
¿me entiendes? Por eso ellos, dispararon a matar. Tenían autorización”.10 El asesinato fue
consecuencia del clima represivo creado, y tuvo un componente clasista notable. Aunque Antonio
Padilla Corona no fuese activista político pagó como si lo fuese, el fascismo ciego igualó el destino de
dos obreros: “Lo que hicieron con mi hermano fue un asesinato como hicieron con este señor, con el
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otro Antonio que mataron dos días después que mi hermano. Yo fui a Santa Lastenia (cementerio
municipal de Santa Cruz) a ver a la familia y les dije lo que había pasado con mi hermano también”.11
Tras el asesinato de Antonio, la Guardia Civil se personó en la casa familiar en La Matanza de
Acentejo, preguntándole a la hermana si sabía en dónde se encontrada su hermano, a lo que esta
interpeló sobre cuál era el motivo de que estuviesen buscándolo si “nunca se ha metido en problemas
de ninguna clase”. La Guardia Civil le contestó que era un asunto de rutina y que no debería de
preocuparse de nada. “¡Fíjese usted! Mi hermano estaba ya muerto. Ni siquiera dijeron, miren su
hermano (…) ¡Para que usted vea! Dice, ¿a qué hora viene él? Le digo: a las 4 de la tarde más o
menos. Dice: bueno cuando venga le dice que pase por el cuartel”.12 Ese mismo día, un poco más
tarde, la Guardia Civil llama a la cuñada de Antonio y le da la noticia de que el hombre había muerto
cuando se disponía a tirar unos cartuchos al mar. Le relata que de manera desafortunada la dinamita
había explotado antes de tiempo llevándose por delante la vida de su familiar. Ese mismo día por la
tarde testigos del suceso le comentaron la verdad a la familia y le narraron el caso tal como había
sucedido. Toda la familia se desplazó al cementerio de Adeje, en el que descansaba el cuerpo tiroteado
de Antonio:
Cuando llegó mi hermano, él se tiró, porque ellos eran carne y uña, mire eso era carne y uña,
él se tiró a la tierra del cementerio. Habían más de 40 guardias civiles, en el cementerio de
Adeje. Y cuando eso era Franco, pues mi hermano los llamó hijos de puta y de todo, les dijo,
menos bonito. Ellos no abrieron la boca, no abrieron la boca, mi hermano se botó a la tierra y
así: “mataron a mi hermano hijos de la gran puta, verdugos”, y ellos no abrieron la boca.13
Los otros dos acompañantes de Antonio se presentaron al día siguiente en el cuartelillo de la
Guardia Civil y tras pasar dos días en la cárcel fueron dejados en libertad. No hubo indemnización ni
de la empresa ni del Estado. Todo quedó sepultado bajo el silencio del consejo de guerra. Cuando en
las semanas sucesivas la familia intentó seguir con el proceso obtuvo como respuesta la negativa
absoluta. No tenían derecho a nada. El guardia civil que asesinó a Antonio fue traslado a la península y
la capitanía general dio carpetazo al asunto.
EL ASESINATO DE BARTOLOMÉ GARCÍA LORENZO
A lo largo de 1976 la situación social y política en Tenerife estaba muy tensa merced al ciclo álgido
de luchas iniciadas por el movimiento obrero, a las reivindicaciones políticas de matriz radical
(socialismo, autodeterminación, independencia) a la creciente suma a la militancia antifascista de
amplios sectores populares que se habían mantenido hasta entonces alejados de la política, a la
emergencia de un movimiento vecinal (polígono del Rosario) y ciudadano (manifestación contra la
carestía de la vida), a las protestas estudiantiles en la Universidad de La Laguna contra la subida de las
tasas académicas, todo lo cual puso en alerta y a la defensiva a grupos de pistoleros en el seno del
aparato policial, del militar, y de los sectores ultraderechistas de la sociedad civil, con la anuencia de
la oligarquía local.
El clima creado en la ciudad de Santa Cruz y en el resto de la isla entre las jornadas del 23 al 29 de
septiembre es lo más parecido a una explosión popular que ha habido nunca en Tenerife. “El momento
más grave de la situación provincial llegó a raíz de la muerte del joven Bartolomé García Lorenzo,
ocurrida durante una intervención policial”.14 El asesinato actuó como espoleta para que una situación
de crisis general abrasara la isla.15
El gobernador civil de Tenerife, Rafael Mombiedro de la Torre, señala que: “la anunciada jornada
de lucha de mañana, lunes, no es consecuencia de tan luctuoso suceso. No tiene nada que ver con él.
Obedece a una programada acción de determinados grupos subversivos (…) con fines políticos (…) se
pretende aprovechar la muerte de Bartolomé para esos fines”.16
Ciertamente el gobernador atribuía poderes e influencia a los grupos “subversivos” mayores que
los que realmente estos tenían. La contestación popular que quiso ser orientada y dirigida por algunos
grupos de la vanguardia de la extrema izquierda, desbordó la capacidad de acción e influencia de estos
mismos grupos y se convirtió en expresión de una ira popular en cierta forma desorientada
políticamente. Las razones históricas para que esto fuera así eran bastante claras. Tras 40 años de
fascismo las organizaciones políticas de carácter rupturista, y también las reformistas, eran débiles, y
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su capacidad de organización interna y de influencia hacia fuera estaba limitada a escenarios mucho
más reducidos.
El joven de 21 años Bartolomé García Lorenzo fue ametrallado estando en su casa en el barrio
obrero de Somosierra. La excusa policial fue que lo habían confundido con el Rubio, persona
perseguida por el secuestro del empresario grancanario del tabaco Eufemiano Fuentes. La versión
policial no contentó a nadie y hasta la fecha no se ha dado una explicación más completa y sensata del
ametrallamiento (más de treinta casquillos de bala se encontraron en el lugar) cometido aquel 22 de
septiembre de 1976. Los policías fueron condenados a dos años de prisión con supresión de todo cargo
público, profesión u oficio, según recogía El País el 5 de junio de 1987. Pero lo cierto es que todos los
policías implicados en el asesinato ascendieron regularmente en sus puestos siguiendo el escalafón
correspondiente, como si nunca hubiesen sido condenados y perdido por ello las posibilidades de
ascenso. Uno de los policías implicados además de ser ascendido fue escolta del ministro socialista de
Sanidad Ernest Lluch en el primer gobierno de Felipe González.17
Bartolomé García Lorenzo no murió de manera inmediata, sino que lo hizo el día 24 de septiembre
después de ser trasladado a las dependencias hospitalarias. Desde que el rumor de su fallecimiento se
extendió por la ciudad, la gente de manera espontánea se fue agrupando en la plaza del barrio de
Somosierra al objeto de solidarizarse con los familiares y para manifestar y dejar constatación de la
indignación y rabia que el hecho provocó. El primer grupo que se congregó en Somosierra decidió
bajar a la ciudad en manifestación para hacer visible su cólera. Se calculó que eran alrededor de
trescientas personas cuando salieron del barrio y mil cuando llegaron al centro. Los manifestantes
fueron interceptados por la policía en el entorno de la rambla de Pulido. Allí decidieron sentarse en el
suelo y permanecer por tiempo indefinido, si la policía no les dejaba continuar la marcha que pretendía
llegar al Gobierno civil. La policía no se decide a intervenir ni los manifestantes a marcharse. Tras
varias horas en esa situación, una nueva manifestación parte de Somosierra. La segunda era más
numerosa y se calculó su número sobre las cuatro mil personas. Cuando llegaron a confluir con la
sentada de la primera, la policía comenzó la descarga de pelotas de goma y de intervención
generalizada. El enfrentamiento se desbordó por todo el centro de la ciudad. Decenas de vehículos
antidisturbios y centenares de agentes bien pertrechados mantienen una dura batalla con los miles de
manifestantes. Eran aproximadamente las doce de la noche. Los manifestantes dispersados y
reagrupados en conjuntos más pequeños de entre doscientos y trescientos, atacan sedes institucionales
apedreándolas. Entre los edificios embestidos estuvieron la Casa Sindical, la Delegación de Trabajo y
algunas oficinas bancarias. “En la Casa sindical destrozaron todos los cristales de la planta baja y
algunos de los pisos superiores”.18 Otro tipo de mobiliario urbano, como cabinas telefónicas y señales
de tráfico fueron destruidos. En distinto lugar de la ciudad (la plaza de la Paz) se forman barricadas y
se mantiene a la policía a la defensiva con lanzamiento masivo de piedras.
El día 25, veinticinco mil personas se congregan en el cementerio de la capital. El cortejo es
impresionante. La sociedad civil de Santa Cruz y de La Laguna se ha solidarizado con la familia del
joven asesinado. Condolencias de organizaciones civiles de toda índole son enviadas a la prensa
provincial. Organizaciones de trabajadores autónomos mandan telegramas expresando su dolor e
indignación y exigiendo responsabilidades jurídicas a los implicados en el asesinato y a sus
responsables políticos. Los obreros y trabajadores de la Refinería, de los astilleros Nuvasa y de Cesea
se suman a esta exigencia. Los colegios profesionales y las asambleas de maestros de EGB, de
profesores de instituto y de universidad se suman al duelo. Las asociaciones de montañeros, el Ateneo
de La Laguna y las incipientes organizaciones feministas condenan sin paliativos la violencia fascista
desatada por la policía.
Cuando se está celebrando el sepelio en la iglesia de San Fernando y las masas ven salir al alcalde
de la ciudad, Leoncio Oramas, y al presidente del cabildo Rafael Clavijo, intentan agredirlos
abalanzándose sobre el grupo que los protege y los insultan y abuchean pidiéndoles la dimisión. El
inmenso cortejo que arropa el féretro hasta el cementerio se convierte en una impresionante
manifestación de duelo. Una vez terminadas las honras fúnebres, varios miles de asistentes bajan de
nuevo a la ciudad en manifestación. Siete mil personas según informó la prensa provincial fueron
interceptadas por la policía a la altura de la piscina municipal: “Se produjo el primer enfrentamiento
con fuerzas de la policía armada dotada con equipo antidisturbios. La policía disparó balas de goma y
botes de humo produciendo algunas contusiones entre los manifestantes, que respondieron arrojando
una verdadera nube de piedras sobre las fuerzas del orden, que se vieron obligadas a retroceder. En
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una nueva carga la policía logró rechazar al grueso de los manifestantes hacia el interior de la barriada
José Antonio en la confluencia entre Azorín y la avenida de Benito Pérez Armas. Desde esta calle y
desde la vecina Valle Inclán, grupos de personas arrojaban piedras, latas y trozos de hierros a los
policías que en dos ocasiones intentaron entrar, teniendo que retroceder”.19
Tras la aparición de la Guardia Civil y horas de intensos choques, los manifestantes se dispersan y
quedan convocados en la plaza del barrio de Somosierra esa misma tarde para planificar nuevos actos
de lucha. Tras celebrarse la asamblea los asistentes acuerdan convocar una huelga general para el
lunes 27 de septiembre, además de exigir la dimisión del gobernador civil, la disolución de los cuerpos
represivos, la libertad inmediata y total para todos los detenidos (seis hasta ese momento) y la
extensión de la convocatoria de huelga mediante piquetes. Tras repartirse la ciudad y el área
metropolitana en secciones, comandos informativos dedican toda la noche a caldear la jornada del día
siguiente.
Los llamamientos a la calma hechos por las autoridades en los días precedentes no tuvieron el
menor eco. Y la gente no se tomó en serio el aviso de la autoridad gubernativa en el sentido de que
todo iba a ser investigado y de que los responsables terminarían siendo castigados. Cuando el
gobernador civil intervino ante las cámaras de TVE el día 28 y anunció que: “Ahora está en manos de
los jueces, que con la independencia que los caracteriza, vienen realizando una profunda investigación
para esclarecer todos los hechos reconstruyendo rigurosamente las circunstancias que determinaron la
muerte de Bartolomé”.20 Todo el mundo sabía que no existía esa mentada independencia judicial, que
la judicatura era un aparato más de la dictadura, igual que la policía que había asesinado a Bartolomé
García Lorenzo. De tal modo que “la independencia que los caracteriza” podía ser leída también en
sentido contrario a lo que quiso manifestar el gobernador civil, y así efectivamente es como leyó la
frase un importante sector del pueblo. La “independencia que los caracteriza” es justamente su falta de
independencia. El ministro de la Gobernación, dos semanas más tarde, volvía a repetir la misma
sentencia y a asegurar que se estaba investigando lo sucedido (vimos más arriba en qué concluyeron
estas investigaciones) pero que se iba a poner también a investigar quienes eran los responsables de los
desordenes públicos acaecidos en la fecha del asesinato, porque según dicho ministro la justicia
demanda que se aclare la realidad de “los graves desórdenes públicos que subsiguieron y los autores y
organizaciones que los provocaron (…) porque es necesario deslindar la manipulación subversiva del
lógico dolor ciudadano”.21 De esta forma el gobierno comenzaba a desviar la atención del problema
central que no era otra que la localización y juicio de los policías culpables de asesinato. Con la
progresiva desvirtuación del proceso se logró en la práctica la exculpación de los responsables
materiales y de los responsables políticos, sobre todo del gobernador civil.
El domingo 26 las reuniones se sucedieron entre las diferentes organizaciones políticas y sindicales
para convocar la huelga general del lunes 27. Pero no todos están de acuerdo en que el lunes deba
haber dicha huelga. El PCE y el PSOE no están muy conformes con esa decisión y así lo hacen saber
en la reunión que mantiene la Coordinadora de Fuerzas Democráticas de Canarias. PCE y PSOE no
dan credibilidad ni autoridad a la asamblea del día anterior celebrada en la plaza de Somosierra, pero a
pesar de sus esfuerzos por bajar la tensión y hacer que la huelga no sea convocada, esta se mantiene en
los términos aprobados en al asamblea popular. Su propuesta fue llamar a un día de luto y a la
“abstención laboral” en vez de a la huelga general. En el comunicado que hicieron público el día 26
dejaron claro cual era su postura: “luto y silencio en todo el barrio”. En ningún caso hicieron
llamamiento de lucha ni huelga ni participaron en las mismas, y repitiendo el mantra sobre los “deseos
pacíficos de nuestro pueblo” condenaron a las “personas aisladas sin ningún enraizamiento en el
barrio…utilizaron los sentimientos, el dolor de las gentes para conducirles a acciones de resultado
incierto…ello nos hace sospechar que hayan actuado provocadores”.22 Es tan grande el parecido del
contenido con la nota del Gobierno civil y con el fax enviado por el ministro de la Gobernación, que
puede dar toda la sensación de que ya existían avanzadas conversaciones entre el franquismo
reformista y el PSOE/PCE para llevar a cabo el pacto, aunque estos todavía no fueran fuerzas
legalizadas.23 La nota termina haciendo el llamamiento que antes indicamos de jornada de luto y
abstención del trabajo el día 27. Una vez hecho público el escrito, partidos y organizaciones que
también componían la CFDC denunciaron el contenido del mismo (PUCC, ORT, PTE, CC.OO y
USO). En la explicación remitida a la prensa estas organizaciones remarcaron que no se reconocían en
el citado documento y aseveraron que eran falsas las afirmaciones vertidas en él cuando
responsabilizaban a minorías incontroladas de algunos de los actos celebrados en los días sucesivos al
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asesinato. “Parece echarse a la actuación de grupos minoritarios toda aquellas iniciativas no nacidas de
la asociación de vecinos, cuando la realidad es que la mayoría de las mismas surgieron de asambleas
abiertas de ciudadanos, que responsablemente organizaron su protesta”.24 La AA.VV. había quedado
completamente desbordada por los acontecimientos, además de no representar una instancia
democrática en aquellas fechas, como el PCE y el PSOE pretendían hacer ver. La AA.VV. el PCE y el
PSOE, sin duda eran los quinta columnistas en este escenario de franca y abierta lucha contra la
dictadura en la isla. Las organizaciones de la CFDC que denunciaron esa manipulación hecha del
organismo unitario, siguieron no obstante participando del mismo en la búsqueda de la unidad de la
oposición democrática. Luis Fajardo, en representación del PSOE, insistió en darle validez unitaria al
comunicado que habían emitido el CFDC, repitiendo los mismos argumentos como miembro del
Comité Insular del PSOE, y congratulándose de la masiva participación en la “jornada de luto y
abstención laboral”, y manteniendo la condena a los “grupos incontrolados” ajenos a la oposición
democrática.25
La huelga se llevó a cabo y la ciudad y parte de la isla la secundó. En todos los barrios de la capital
la tensión hizo acto de presencia. Los accesos por carretera a Santa Cruz fueron cortados y bloqueados
por barricadas y la capital estaba literalmente tomada por la policía. En la vecina ciudad de La Laguna
la situación era parecida. Todos los comercios del centro cerrados e incluso los bares que abrían de
madrugada a las nueve de la mañana ya habían cerrado de nuevo sus puertas. Ni guaguas ni puertos
(estos solo a partir del mediodía) se sumaron a la huelga muy en consonancia con la actitud que los
dirigentes de estos sectores manifestaban de no “contaminar a sus obreros” relacionándolos con los de
otros sectores en donde la HOAC no tuviese control. Los trabajadores de banca y del resto de
servicios, hospital psiquiátrico, así como los profesores en los diferentes niveles, los obreros de la
construcción y de la refinería y en general, la mayoría de los sectores laborales sí secundaron la
huelga. El informe del Gobierno civil habla de “paralización absoluta de la vida ciudadana el día
27”.26
El barrio de Somosierra fue sitiado por la Guardia Civil y batido en razzias por la policía armada,
que reprimía con dureza a los grupos de personas congregadas. El ruido de sus sirenas creaba un clima
de terror entre los vecinos del barrio. La Guardia Civil “provista del armamento reglamentario,
impedía el acceso a los vehículos así como la circulación por la carretera del Rosario desde sus
comienzos hasta las barriadas de Ofra”.27 Durante toda la tarde y parte de la noche los enfrentamientos
se generalizaron por distintos puntos de la ciudad, no solo en los barrios obreros, sino también en las
zonas centrales. En Méndez Núñez, plaza de la Candelaria, plaza Weyler y plaza de la Paz las
barricadas eran colocadas y desmontadas de manera persistente por el pueblo y la policía,
respectivamente. Incluso en la ciudad turística del norte de la isla, Puerto de La Cruz, los
enfrentamientos hicieron acto de presencia y la huelga tuvo resonado eco con el cierre de muchos
establecimientos comerciales, bares y cafeterías. En otros pueblos y localidades la protesta repercutió
de forma parcial y con menor virulencia.
Tras la intensa jornada de huelga y de lucha callejera, todas las organizaciones políticas de la
oposición hacen pública sus felicitaciones al pueblo por la jornada transcurrida, incluidos el PCE y el
PSOE, que se oponían a que ella se llevase a cabo.
CONCLUSIÓN
Los asesinatos políticos habidos en la isla de Tenerife durante el proceso de transición a la
democracia, tuvieron distintas motivaciones, pero todos ellos son reflejo de un poder arrogante y
antidemocrático, nutrido de unos aparatos de estado que en conjunto seguían estando impregnados de
ideología fascista.
Los asesinatos no tuvieron la misma resonancia ni respuesta social. El de Antonio Padilla Corona
cometido aún con el dictador vivo apenas si fue conocido por la ciudadanía. El de Bartolomé García
Lorenzo alcanzó altísimos grados de respuesta popular. Esto fue debido a tres factores fundamentales.
El primero, motivado por haber sido una operación policial de incursión en un barrio popular en un
momento en que no existe conflicto aparente que lo justifique. El asesinato a sangre fría de un vecino
movilizó inmediatamente a las miles de personas que conforman el entorno barrial. El segundo, tiene
que ver con lo inesperado de la contestación popular, y la falta de respuesta previsora por parte del
estado, que en ningún caso esperaba que el asunto pudiese derivar en un ejercicio continuado de
Asesinatos impunes durante la transición...
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protesta popular. El tercero y último, es producto de un cierto vacío de poder generado en los primeros
instantes del segundo gobierno de la monarquía.
Las personas asesinadas lo fueron con el ánimo de contener las protestas ciudadanas, o para
administrar el miedo y difundirlo al conjunto de la población. Aunque los asesinatos se presentaron
oficialmente como fortuitos o accidentales, en realidad, formaban parte de un siniestro plan
consistente en impedir que las protestas populares y la democracia real avanzase más de lo que los
planificadores de la transición tenían previsto. O simplemente como ejecutoria disciplinar del estado
totalitario.
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BIBLIOGRAFÍA
Canarias libre y socialista, órgano de expresión del Partido Comunista Canario (provisional)
CLAUDÍN, F. (1983). Santiago Carrillo. Crónica de un secretario general. Madrid: Planeta.
DOLÇ, J. (2004). La muerte de Nadie. El enigma de Heinz Ches. [Documental]. España.
El Día.
El Pais.
FOUCAULT, M. (1996). Genealogía del racismo. La Plata: Altamira.
GARÍ, D. (2010). Tenerife en rojo. Valencia: La Nave.
Memoria anual del Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife, 1976.
VÁZQUEZ GARCÍA, F. (2009). La invención del racismo. Nacimiento de la biopolítica en España, 1640-1940. Madrid:
Akal.
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NOTAS
1 Para ver en detalle los cuatro asesinatos habidos, Garí (2010).
2 Dolç (2004).
3 Vázquez García (2009).
4 Foucault (1996).
5 Entrevista con Ramón González de Mesa 26-3-2009.
6 El Día, (1975, 7 de octubre).
7 El Día, (1975, 7 de octubre).
8 Entrevista con Candelaria Padilla Corona 27-3-2009.
9 Entrevista con Candelaria Padilla Corona 27-3-2009.
10 Entrevista con Candelaria Padilla Corona 27-3-2009.
11 Entrevista con Candelaria Padilla Corona 27-3-2009. Antonio González Ramos fue torturado y asesinado en las
dependencias del gobierno civil esa misma semana. Este sí era activista de la oposición al franquismo y fue asesinado
en calidad de tal. Su historia es más conocida y sobre él se han escrito algunas páginas. Garí (2010).
12 Garí (2010).
13 Garí (2010).
14 Memoria anual del Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife, 1976.
15 Canarias libre y socialista… agosto-septiembre de 1976.
16 El Día, (28 de septiembre). Nota de prensa del gobernador civil.
17 El País, (1987, 5 de junio).
18 El Día, (1976, 25 de septiembre).
19 Narrado en El Día, (1976, 26 de septiembre).
20 Discurso reproducido por los medios de información provinciales el 28-9-1976.
21 AHSC. Telegrama enviado por el ministro de la Gobernación y recogido en actas municipal de Santa Cruz de Tenerife
el 13 de octubre de 1976.
22 El comunicado de la Coordinadora de Fuerzas Democráticas se puede consultar en la prensa provincial del 28 de
septiembre de 1976.
23 Memoria anual del Gobierno Civil en 1976. Claudín (1983).
24 Documento de la CFDC emitido a la prensa el día 28.
25 Comunicado del PSOE el 27 de septiembre de 1976.
26 Memoria anual del Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife, 1976.
27 El Día, (1976, 28 de septiembre).