El Cabildo Insular de Tenerife en la primera mitad del siglo XX. Una institución al servicio del poder Económico dominante = The Cabildo Insular of Tenerife in the first half of the 20th Century. An institution in service of the leading economic power

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EL CABILDO INSULAR DE TENERIFE EN LA PRIMERA MITAD DEL
SIGLO XX. UNA INSTITUCIÓN AL SERVICIO DEL PODER
ECONÓMICO DOMINANTE
THE CABILDO INSULAR OF TENERIFE IN THE FIRST HALF OF THE
20TH CENTURY. AN INSTITUTION IN SERVICE OF THE LEADING
ECONOMIC POWER
Carlos David Aguiar García
RESUMEN
El presente artículo pone de relieve el control que los
poderes económicos dominantes en Tenerife
(principalmente la gran terratenencia agrícola) ejercen
durante la primera mitad del siglo XX sobre la vida
isleña, estableciendo una compleja trabazón de redes
clientelares, marcadas en gran medida por lazos
familiares, que les permiten controlar las tres
estructuras administrativas existentes en la provincia
(en la base de la pirámide se sitúan los ayuntamientos
municipales, en lugar intermedio los Cabildos
Insulares y el Gobierno civil, y en la cúspide los
diputados en Cortes). Resaltamos la gran capacidad de
adaptación que tiene este bloque tradicionalmente
dominante a los cambios de regímenes políticos que se
van sucediendo en España, durante la primera mitad
del siglo XX, para mantener de manera, más o menos
inalterada, su dominio sobre una inmensa mayoría de
población que sobrevive analfabeta, miserable y
sojuzgada en estas islas alejadas física y mentalmente
del resto del país en las aguas del Atlántico.
PALABRAS CLAVE: Cabildo de Tenerife, siglo XX,
clientelismo, caciquismo.
ABSTRACT
This article highlights the control that the dominant
economic powers in Tenerife (mainly the large
agricultural land tenure) exercised during the first half
of the twentieth century on island life, establishing a
complex interlocking of patronage networks, marked
largely by family ties, which allow them to control the
three existing administrative structures in the province
(at the base of the pyramid are located municipal
councils, rather intermediate the Island Councils and
the Government civil, and at the top of Deputies in
Parliament). We emphasize the great adaptability that
this block has traditionally dominant political regime
changes that are happening in Spain, during the first
half of the twentieth century, to keep so, more or less
unchanged, its dominion over a vast majority of
surviving population illiterate, miserable and subdued
in these remote islands physically and mentally from
the rest of the country on the Atlantic.
KEYWORDS: Tenerife´s Cabildo, twentieth century,
clientelism, despotism.
El presente artículo de investigación supone un resumen y valoración de varios capítulos de mi
tesis doctoral, donde se trata de la estructura política existente en Tenerife en la primera mitad del
siglo XX y se valoran diversas conclusiones expuestas y defendidas en la misma. La tesis doctoral
llevó por título: La provincia de Santa Cruz de Tenerife entre dos dictaduras, 1923-1945. Hambre y
orden.
A principios de la década de 1920 el régimen político imperante en España sufre una profunda
crisis que hunde sus raíces en diversos factores: en primer lugar, el país se halla sumido en un
tremendo atraso económico, teniendo como soporte elemental y, casi exclusivo, una agricultura
extensiva en la que prácticamente no se ha introducido ningún avance tecnológico. Otro factor, que
entronca y, en cierto modo, condiciona al primero que acabamos de remarcar, es el asentamiento de
todo el entramado político sobre una red de complejas relaciones personales y políticas. El tercer
factor, que podríamos catalogar como coyuntural, es el Desastre del 98; es decir, la finiquitación del
imperio ultramarino español con la pérdida de las últimas colonias (Cuba, Puerto Rico y Filipinas). Si
observamos estos acontecimientos como el último hito de todo un proceso iniciado en 1814, más
 Investigador. Universidad de La Laguna. Santa Cruz de Tenerife. España; Teléfono: +34637144969; Correo electrónico:
cdaguiar11@gmail.com
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concretamente en 1808, con la insurrección, y posterior independencia, de las colonias continentales
españolas en América comprendemos que el Desastre del 98 supuso un aldabonazo monumental que
arrancaba de manera definitiva a España su categoría de potencia colonial (mantenida durante lo
últimos casi cinco siglos) y la subsumía en su realidad de potencia regional, situada en los márgenes
geográficos de Europa, en una posición de franca decadencia.
El periodo que se abre en España con la celebración de las tumultuosas elecciones locales del 12 de
abril de 1931 y la ulterior proclamación de la Segunda República dos días más tarde (tras los titubeos
y definitiva marcha de Alfonso XIII a Francia sin dejar clara su posición sobre la legalidad oficial
imperante en el país) supone un breve pero intenso paréntesis democrático que altera los pilares
sociales, políticos, e incluso económicos y religiosos sobre los que se asienta el nuevo Estado español.
Analizar la naturaleza y el grado de profundidad de las ambiciosas transformaciones y reformas
que se llevan, o se pretenden llevar, a cabo durante la Segunda República, relacionándolo con las
dictaduras militares antecesora y predecesora que lo limitan y delimitan, es fundamental para
contextualizar, comprender y poner de relieve lo que supuso la Segunda República en las islas
Canarias.
Acudamos a los antecedentes. Durante la Restauración borbónica (1875-1923) el nuevo bloque de
poder político dominante esta conformado por las clases sociales privilegiadas, provenientes del
Antiguo Régimen, junto a la alta burguesía surgida al calor del desarrollo de los dos puertos
capitalinos (santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria) a mediados del siglo XIX. Quedan
fuera, por tanto, al margen del nuevo sistema político los grupos y sectores sociales que puedan
ponerlo en peligro, principalmente los trabajadores y trabajadoras junto a la baja y media burguesía,
mayoritariamente de orientación republicana.1 En palabras de Teresa Noreña la Restauración supuso:
la vuelta a la oligarquía constitucional, al sufragio restringido, a una política pactada entre
los sectores oligárquicos, entre los grupos económicamente más fuertes de la sociedad.2
El sistema político restauracionista tenía como objetivo fundamental mantener el orden para, de ese
modo, intentar homologarse a los sistemas políticos existentes en la Europa occidental del momento,
se trata de trasmitir la imagen oficial de un funcionamiento democrático mientras que en la realidad
seguían operando las antiguas sinergias que mantenían al país sumido en el atraso económico y en una
profunda y peligrosa confrontación social. Así explica Ángel Duarte la situación:
La estabilidad del régimen de la Restauración se basó, en gran medida, en la eficacia de los
mecanismos que aseguraban la lealtad forzada de extensos colectivos sociales... El
caciquismo, los partidos liberal y conservador, la monarquía y el Ejército, fueron los
principales elementos que la hicieron posible.3
El control del sufragio es otro de los elementos que otorgan estabilidad al sistema y se convierte en
una práctica habitual y extendida desde las elecciones a nivel local hasta a nivel nacional. Las
prácticas eran diversas e iban desde las técnicas pacíficas (presión sobre los electores por parte de los
caciques, cambio de papeletas, introducir en las urnas votos de personas que habían muerto muchos
años antes) hasta la utilización de la violencia cuando era necesaria para que se produjeran los
resultados programados de antemano por los dos partidos oficiales desde Madrid, o en su
representación local (destrucción de urnas, cierre forzoso de colegios electorales donde se pensaba que
no iba a triunfar la candidatura oficial, utilización de la Guardia Civil para disolver mítines y
reuniones que se suponían sospechosas de debilitar el sistema bipartidista, entre otros). Cito aquí un
ejemplo, recogido en la prensa local tinerfeña, de cuales eran las prácticas pacíficas que ponían en
juego los caciques para forzar el voto:
No pudiendo, como ellos dicen, meter en cintura a nuestros honrados ciudadanos que no
pueden, porque sus conciencias se los impiden, apoyar los actos del cacique, apelan a medios
tan reprobados que han causado indignación general en este pueblo [Icod de los Vinos].
Tratan nada menos que de cerrar las tiendas y establecimientos de los pequeños industriales
y comerciantes que no se doblegan... y con demasiada frecuencia se repiten los casos del
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vecino Julio Riera, a quien se le cerrará uno de estos días su tienda de hojalatero,
impidiéndole que honradamente pueda ganar el sustento de él y de su numerosa familia.4
Dos elementos aseguran el buen funcionamiento del sistema electoral corrupto: unas tasas de
analfabetismo abrumadoras a finales del siglo XIX y principios del XX
5 y una tremenda dependencia
económica de los campesinos (medianeros, jornaleros y aparceros) frente a los terratenientes, que les
obligaban a votar según los intereses de los segundos en cada momento. La resistencia de un
medianero a votar por la candidatura que le decía el propietario de las tierras que trabajaba podía
acarrear consecuencias funestas para él y sus familiares.6
La tensión entre la burguesía tinerfeña y gran canaria comienza una escalada, que no tiene marcha
atrás, desde inicios de siglo XX. Ambas provincias pondrán en funcionamiento todas sus influencias en
Madrid para lograr sus objetivos: Tenerife mantener la unidad y Gran Canaria lograr la división
provincial del archipiélago. Dos hitos importantes articulan la lucha en el periodo: la Ley de Cabildos7
mantiene la unidad provincial y crea un Cabildo en cada una de las siete islas. Se reorganiza las
circunscripciones electorales, mediante la cual las islas periféricas (que son las grandes favorecidas de
la ley) tendrán la capacidad de elegir representantes propios en las Cortes.8 A continuación, el real
decreto de 21 de septiembre de 1929, con Primo de Rivera en el Gobierno central, divide a las islas
Canarias en dos provincias, saliendo victoriosa del dilatado enfrentamiento la burguesía gran canaria y
suponía el fin del pleito insular que había definido el modo de actuación de los políticos canarios
desde principios del siglo XIX. El profesor Galván Fernández, en su ya clásico trabajo Burgueses y
obreros en Canarias (del siglo XIX al siglo XX),9 explica de manera amplia y certera el crecimiento de
las burguesías de las dos islas capitalinas y el recrudecimiento del enfrentamiento entre ambas que a la
postre supondrá una división administrativa del archipiélago, hito que se erige en uno de los más
importantes de la historia de Canarias en el siglo XX.
El caciquismo según avanza el siglo XX se muestra cada vez más inadecuado como elemento de
control social y político porque van surgiendo diversos cambios que poco a poco irán resquebrajando
su autoridad: se observa un fenómeno paulatino de urbanización (es decir, se produce una nutrida
migración del campo a la ciudad que tiene dos vectores de movimiento fundamentales, se migra de las
islas periféricas a Tenerife, y dentro de la isla capitalina la población se desplaza de los pueblos
agrícolas a Santa Cruz, buscando empleo en una ciudad que crece y se desarrolla al calor del puerto)10
y una reorientación de la economía canaria del modelo agro exportador (de plátanos, principalmente)
hacia el sector servicios, en las ciudades de Santa Cruz y La Laguna, aquí en control personal es
mucho menos asfixiante que en los pueblos agrícolas del interior donde las familias terratenientes
ejercen un control tremendo sobre la vida de las personas.
La llegada de Primo de Rivera al Gobierno central supone un proyecto de cambio, que se quedó
más en una imagen que en una actuación real orientada hacia un cambio profundo de las estructuras
sociopolíticas canarias, y españolas en gran medida. Destituirá a las autoridades locales acusándolas
de corrupción y tiranía situando al frente de las mismas a los máximos contribuyentes de cada
municipio (es decir, al bloque de poder formado por la terratenencia y la gran burguesía que venían
desempeñando el poder en las islas desde siglos atrás). Resumiendo, se anuncia un gran cambio y
realmente no se produce ninguno, al menos a escala municipal no se alteran las relaciones sociales
existentes, es más, el nuevo régimen asienta su poder sobre estas. Podemos afirmar que los nuevos
dirigentes pertenecen al antiguo bloque oligárquico.
Las elecciones municipales de 12 de abril de 1931 supondrán la proclamación de la Segunda
República y se extendera por todo el país un clima de euforia fruto de un periodo que, se pretendía,
venía a poner fin a un régimen anquilosado y obsoleto que mantenía al país sumido en el atraso
económico y la opresión social.
El apoyo al nuevo régimen fue generalizado en todos los sectores de la sociedad isleña. Son
escasísimas las voces que se alzan en su contra y escasa también es la repercusión política de
las mismas. La clase obrera organizada le otorga jubilosa y multitudinaria acogida
erigiéndose de inmediato en su más firme defensora y lo mismo puede decirse de la pequeña
burguesía representada por las organizaciones políticas ahora gubernamentales.11
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Pero el espíritu democratizador que desprendía la proclamación de la Segunda República puede
considerarse ampliamente dudoso, por no decir abiertamente desacertado, en el archipiélago si
tomamos como referencia las elecciones municipales del 12 de abril de 1931. En Canarias no hubo
elecciones en 54 de los 89 municipios existentes12 y se procedió a nombrar directamente a los
candidatos presentados ya que eran inferiores en número a la cantidad de cargos elegibles.13 Los
caciques impusieron de este modo a sus candidatos al frente de gran parte de los ayuntamientos
insular, mediante la aplicación del artículo 29 de la ley electoral de 1907.14 Solo en el Puerto de la
Cruz se conforma un ayuntamiento socialista, presidido por Florencio Sosa Acevedo que ya había sido
alcalde en 1920. En el resto de las islas de la provincia de Santa Cruz de Tenerife la mayoría de los
monárquicos es sencillamente abrumadora.15
Durante los primeros meses de la Segunda República la conjunción republicano-socialista, como en
prácticamente todo el resto del país, domina todas las instituciones políticas insulares. Sin embargo,
según afirma Miguel A. Cabrera este consenso
será efímero, pues a medida que el Estado republicano muestra su verdadero carácter de
clase, el movimiento obrero se va distanciando de él, con lo que, simultáneamente, la II
República y su gobierno republicano-socialista aparecen, ante los ojos de la burguesía, cada
vez más incapaces de ejecutar la tarea que se les ha encomendado.16
En estos primeros momentos se aúpan a los principales cargos políticos en la provincia personas
integradas dentro del Partido Republicano tinerfeño, con el que se identificará el movimiento obrero
tinerfeño fruto de las esperanzas que suscita la flamante República. Así, por citar solo un ejemplo,
accederá a la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife Andrés Orozco Batista (que ya había sido alcalde
durante la Restauración y fue cesado por el régimen primorriverista en su intento de cambiar las caras
sin alterar el sistema dominante, es decir, se trata de un político monárquico acostumbrado a
desenvolverse con las prácticas sociopolíticas propias de la Restauración).
A lo largo de 1932 y 1933 se nutren y consolidan las organizaciones obreras de la provincia, al
tiempo que comenzaban un irreconciliable distanciamiento de los partidos burgueses que
desempeñaban los cargos políticos desde la escala local hasta la nacional (principalmente el Partido
Republicano tinerfeño). La CNT será dominante en Santa Cruz de Tenerife y La Laguna, la UGT en el
Valle de La Orotava (donde jugará un peso trascendental el Sindicato Agrícola del Norte de Tenerife
de filiación socialista) y el Partido Comunista en la isla de La Palma, a través del destacado grupo
Espartaco encabezado por José Miguel Pérez.17
El segundo bienio republicano, delimitado por las elecciones a cortes de noviembre de 1933 y las
de febrero de 1936, esta marcado por la llegada al Gobierno central de los partidos de derechas
(Partido Republicano Radical, de Alejandro Lerroux y la Confederación Española de Derechas
Autónomas, CEDA, de José María Gil Robles, más tarde) que ponen freno a las reformas llevadas a
cabo en el primer bienio republicano-socialista. En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se agrava
aún más la conflictividad de los obreros y obreras del sector tabaquero y comienza la escisión y
radicalización de posturas tanto de las organizaciones de derechas como de izquierdas.
Los resultados en las elecciones de noviembre de 1933 provocan una reacción defensiva de la clase
obrera y de sus organizaciones tendentes a contrarrestar el giro derechista impreso por la clase
dirigente al régimen republicano y la oleada represiva que se ha desatado a lo largo de 1932 y 1933.
Dicha reacción se plasma en una tendencia a la unificación de fuerzas como medio de hacer frente a la
nueva táctica desplegada por la burguesía isleña, tendencia de la que son protagonistas los socialistas y
los comunistas, pero que alcanza también al anarcosindicalismo, víctima más castigada de la represión
estatal.
Dentro del Frente Popular se agrupan asociaciones interclasistas, que van desde los partidos de
trabajadores o proletarios hasta los republicanos de izquierda, de origen burgués, con el objetivo de
alcanzar una amplia coalición obrera-republicana con vistas a unas futuras elecciones,18 que
terminarían celebrándose en febrero de 1936. La táctica ahora será alterada, ya no consiste en impulsar
la revolución para derrocar el régimen republicano y conjurar el peligro fascista (como defendían
socialistas y comunistas) sino en rescatar la República de la mano de la derecha reaccionaria.
Resumiendo, las organizaciones obreras y la pequeña burguesía estrechan sus lazos en el Frente
Popular, en cuyo seno homogenizan sus criterios políticos.
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La movilización humana y de medios materiales que promueven las elecciones de febrero de 1936
supera ampliamente todo cuanto se había contemplado en el archipiélago en anteriores campañas
electorales. Auditorios multitudinarios, decenas de mítines diarios e incursión de los actos de
propaganda en los más alejados rincones del territorio provincial. Todo ello envuelto en un clima de
crispación política igualmente superior al de cualquier contienda electoral previa.
Los resultados electorales muestran una clara victoria del Frente Popular, obteniendo cuatro
diputados, frente a los dos alcanzados por la unión de centro derecha. El descalabro del Partido
Republicano Tinerfeño es evidente y no consigue alcanzar representación en el Congreso de los
Diputados. Los cuatro diputados frentepopulistas serán: Luis Rodríguez Figueroa19 (por Izquierda
Republicana, con 38.533 votos, será asesinado, o desaparecerá, en octubre de 1936), Emiliano Díaz
Castro (por el Partido Socialista Obrero Español, con 36.387 votos), Elfidio Alonso Rodríguez (por
Unión Republicana, con 35.339 votos) y Florencio Sosa Acevedo (por el Partido Comunista, con
33.950 votos). Por el centro derecha obtendrán actas de diputado: José Víctor López de Vergara (por
la Confederación Española de Derechas Autónomas, con 39.455 votos) y Félix Benítez de Lugo20
(candidato portelista, con 33.643 votos).
De febrero a junio de 1936 el movimiento obrero, representado por el Frente Popular, trata de
recuperar las conquistas sociales perdidas en el último bienio derechista y ampliar las logradas durante
el bienio republicano-socialista. De este modo, se agudizarán las huelgas y se recrudecerán los
enfrentamientos sociales.21 Todo esto lleva hacía una fascistización de la derecha que se inclina hacia
posiciones de fuerza para frenar el impulso que estaba tomando el movimiento obrero provincial, y
nacional.
Con la sublevación militar del 18 de julio de 1936 se reestructura nuevamente la relación de fuerzas
existente entre la clase dominante y el movimiento obrero de la provincia.22 Se desatará una violencia
inusitada en las islas dirigida a cortar de manera drástica el desarrollo que habían tomado las
organizaciones obreras y el poder que habían alcanzado durante la República, o al menos, en algunos
periodos de ella. Los dos bandos enfrentados serán, por un lado, todo el bloque de poder
tradicionalmente dominante formado por las agrupaciones de derecha: Partido Republicano Tinerfeño,
Acción Popular Agraria, Derecha Regional Tinerfeña, Falange Española, Asociación General de
Agricultores, agrarios, tradicionalistas, Renovación Española, etc. Por otro lado, el movimiento obrero
y los republicanos de izquierda, formados por: Partido Socialista Obrero Español y Partido Comunista,
Izquierda Republicana, Unión Republicana y todas las agrupaciones anarcosindicalistas
(principalmente encuadradas bajo la bandera de la Confederación Nacional de Trabajo).
La resistencia al golpe de estado en la provincia fue sumamente débil y no supuso ningún obstáculo
serio para que lo militares sublevados tomasen las instituciones representativas con éxito.23 Solo hay
dos acontecimientos que se oponen abiertamente al golpe de estado: la denominada Semana roja24
(durante la cuál la isla de La Palma se encuentra bajo dominio del Frente Popular) y los sucesos
conocidos como El fogueo,25 en Vallehermoso, isla de La Gomera (la Federación Obrera municipal,
apoyada por la Guardia Civil, mantiene una leve resistencia armada a los militares sublevados). En la
isla de El Hierro, se organiza un grupo de huidos que mantendrán oposición política al régimen varios
años.26
La represión desatada por la clase dominante de la provincia, después del 18 de julio, tiene como
blanco fundamental a la clase obrera. También la pequeña burguesía republicana, en cuanto que
persiste en su oposición al régimen militar sublevado. Dirigente y militantes anarcosindicalistas,
comunistas, socialistas y republicanos de izquierda serán víctimas de los encarcelamientos, los
fusilamientos y las desapariciones. Sus familiares sufrirán también la represión, mediante el escarnio
público, la confiscación de bienes, la prisión o el exilio. Una Falange muy poco nutrida antes del 18 de
julio,27 excepto en la isla de La Palma, se convertirá en el brazo ejecutor (en el dedo que aprieta el
gatillo o en las manos que empujan al mar, pero no en el cerebro que decide quien debe ser asesinado,
esto corre a cargo de la clase dominante provincial) del régimen impuesto por la sublevación militar
del 18 de julio y que instaurará una dictadura militar que va a mantenerse casi cuarenta años en el
poder.
La que podríamos denominar con el controvertido término de alta burguesía canaria (agrupadas en
torno a las federaciones patronales, las Cámaras de Comercio, las Heredades de aguas, etc.) que
conformaban el bloque de poder dominante antes de la proclamación de la Segunda República, se
apresura a apoyar el golpe de estado desde el primero momento, junto a los militares de alta
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graduación ocuparán los cargos de la administración, tanto municipal como insular y provincial,
durante los primeros años de la dictadura franquista.28 Atendamos a una reflexión de Javier Tussell a
nivel nacional
Cualquier estudio de carácter local prueba que un buen número de militantes de lo que era la
derecha moderada de la época (partidos republicanos cuyos dirigentes estuvieron por
completo alejados de la conspiración) no sólo prestó apoyo a la sublevación sino que ocupó
puestos relevantes en la administración municipal o provincial.29
Podemos diferenciar, a grandes rasgos, dos periodos en lo que al acceso de los cargos públicos se
refiere: por un lado el periodo que abarca de 1936 a 1945 marcado por el gobierno que ejercen los
capitanes generales y, en menor medida, los gobernadores civiles sobre las islas y, un segundo
periodo, que se extiende de 1945 a 1960 en que se produce un pacto entre la burguesía insular y el
poder central, sus representantes en Madrid, para repartirse los cargos en la provincia de Santa Cruz de
Tenerife, sacudiéndose de ese modo el gobierno de las islas por parte de los militares. Esta realidad
coincide con la teoría defendida a nivel nacional por Giuliana di Febo
El ejército fue la burocracia dominante en los años siguientes [a la Guerra Civil] y nunca
redujo su función a la de mero instrumento de una dominación de clase...30
La autarquía de las primeras décadas de la dictadura tiene unas consecuencias terribles para la
economía canaria, y de todo el estado español. Una de las sombras de este sistema de organización de
la economía es el surgimiento del mercado negro y el estraperlo.31 Posibilitando que un grupo
reducido de personas (muy cercanas a las autoridades franquistas que permitían su desarrollo de
manera solapada, es decir, ni les perseguían ni sancionaban) se enriqueciera negociando, de manera
lógicamente excesiva, con el hambre y las necesidades básicas de la mayoría de la población isleña.
Analizando la vida política de los municipios a lo largo del periodo (sin entrar a detallar casos
concretos, aspecto que, por razón de espacio y pertinente afán de síntesis, no compete a estas páginas)
podemos extraer dos conclusiones: primero, la vinculación del poder político con el potencial
económico (principalmente, la propiedad de tierras destinada al cultivo y exportación del plátano), y ,
segundo, el control del poder político (que tiene un claro carácter de monopolio familiar, o al menos
ese es el objetivo que persigue, ampliando la red mediante un clientelismo muy extendido en el
archipiélago) de los municipios, y las islas, está por encima de los cambios políticos que se producen
en el Gobierno central de Madrid, y en la mayoría de los casos estos impulsos democratizadores no
permean hasta los ayuntamientos canarios porque los bloques de poder tradicionalmente dominantes
ponen en funcionamiento todos los mecanismos a su alcance, incluida la violencia, para que así sea.
Un dato aplastante al respecto: el 77,8% de los concejales de Santa Cruz de Tenerife que se suceden a
lo largo de la Guerra Civil (1936-1939) ya habían desempañado dicho cargo durante la dictadura de
Primo de Rivera, hay que resaltar que todos ellos desaparecieron de la vida política capitalina durante
la Segunda República. Y la alcaldía estará ocupada (los cinco primeros meses, tras la sublevación
militar del 18 de julio, por el militar Juan Vara Terán) por el gran propietario agrícola y comerciante
Francisco La-Roche Aguilar (quien también detentará la presidencia del Cabildo Insular de Tenerife
en dos ocasiones: de diciembre de 1927 hasta abril de 1930 y desde mayo de 1939 hasta enero de
1945).
Nos encontramos ante tres modelos de evolución diferenciados: primero, los grandes focos
económicos de la isla (Puerto de la cruz, Santa Cruz, La Laguna y La Orotava) donde la antigua
oligarquía es muy potente y consigue hacerse con la alcaldía antes, durante y después de la Segunda
República (los casos del Puerto de la Cruz y La Laguna son paradigmáticos porque Isidoro Luz
Cárpenter, en el primero, y Arturo Vergara Rodríguez, en la ciudad de los Adelantados, serán alcaldes
en los tres regímenes) pero se enfrenta a un movimiento obrero también poderoso y bien organizado
capaz de arrebatarle la alcaldía en momentos puntuales de la Segunda República. Aquí la represión
será más fuerte que en el resto de municipios.
Segundo, municipios de escaso poderío económico donde la oligarquía agraria más potente de la
isla (La Laguna y La Orotava) ejerce el poder político municipal de manera inalterada durante todo el
periodo estudiado, ya sea ocupando la alcaldía directamente (El Sauzal, Tegueste y El Rosario, en
El Cabildo Insular de Tenerife…
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todos ellos tiene un peso importantísimo la terratenencia aristocrática lagunera, factor que lleva a
gestar dicha realidad) o cediéndola a medianeros supeditados a sus intereses, modelo muy extendido
(Fasnia, Arico, Granadilla, San Miguel, Arona, Los Silos y El Tanque, principalmente).
Tercero, municipios donde surge un grupo de medianos propietarios desde principios del siglo XX,
capaces de hacerle una seria oposición a la gran terratenencia isleña, y ellos controlan la alcaldía a lo
largo de todo el periodo (Tacoronte, La Victoria, La Matanza, Garachico, Icod de los Vinos, Güímar,
Arafo y Candelaria, principalmente).
Por su parte, tanto el Cabildo Insular de Tenerife como los diputados en Cortes, que representan a
toda la provincia en el Gobierno central de Madrid, son una especie de asamblea de notables locales.
En el Cabildo se reunirán los mayores propietarios agrícolas del norte y el sur de la isla junto a los
mayores comerciantes de Santa Cruz y La Laguna. La presidencia del Cabildo se convertirá en la
culminación de un cursus honorum para muchos alcaldes, en agradecimiento a los servicios prestados
al bloque de poder tradicionalmente dominante (tales son los casos, por citar solo dos ejemplos, de: el
portuense Isidoro Luz Cárpenter y el santacrucero Francisco La-Roche Aguilar.
Los diputados en Cortes, que acceden directamente a las más altas esferas de gobierno del país, son
grandes propietarios agrícolas, exportadores de frutos, grandes comerciantes o sus familiares directos,
a estos niveles no accede ninguna persona que no esté integrada en el bloque de poder dominante,
salvo en las elecciones del Frente Popular (donde consiguen acta dos portuenses: Luis Rodríguez
Figueroa, por Izquierda Republicana, que es asesinado, o desaparecido, en octubre de 1936, su casa en
La Laguna saqueada y quemada, viéndose su familia abocada a un exilio forzoso en Estados Unidos
aunque su hijo Guetón también es asesinado, o desaparecido, días antes que el padre, y Florencio Sosa
Acevedo, por el Partido Comunista, que tras la sublevación militar del 18 de julio logrará huir hasta
Alicante, donde pasará desapercibido hasta su muerte, su familia toma el camino del exilio forzoso en
Venezuela).
Citaré tres ejemplos para ganar contundencia en la explicación, a riesgo de romper el esfuerzo de
síntesis hasta ahora realizado, para poner de relieve cómo varias familias de la terratenencia tinerfeña
extienden sus tentáculos por las diferentes estructuras de poder existentes en el archipiélago.
Primero, la familia Alfonso Gorrín. Antonio y Gerardo Alfonso Gorrín se colocan entre los
mayores terratenientes del sur de Tenerife a mediados del siglo XIX, al adquirir considerables
cantidades de tierras desamortizadas, ambos serán consejeros del Cabildo Insular de Tenerife durante
la Restauración y la dictadura de Primo de Rivera. El cuñado de ambos fue Carlos Calzadilla y Sayer32
quien detentó la alcaldía de Santa Cruz de Tenerife (de 1907 a 1908). Otro cuñado de ambos era el
terrateniente de Arona Eugenio Domínguez Alfonso (casado con Guadalupe Alfonso Gorrín), hermano
del gran cacique sureño Antonio Domínguez Alfonso que fue diputado a Cortes en numerosas
ocasiones y bajo gobiernos de diferente signo (accederá a un acta en 1879, 1886, 1891, 1905 y
1910).33 Así, extiende su influencia la familia Alfonso desde los municipios sureños de Tenerife hasta
Madrid.
Segundo, la familia González de Mesa. Esta familia es una de las más importantes de la nómina de
la gran terratenencia de La Laguna desde fines del siglo XIX. Amaro Francisco González de Mesa y
González (hijo de Amaro González de Mesa y Lacerada, mayor contribuyente por rústica de La
Laguna en 1876)34 fue diputado provincial durante el Sexenio Revolucionario. Su cuñado, Juan
Ascanio y Nieves35 fue alcalde de La Laguna (de 1907 a 1909)36 y diputado provincial (de 1911 a
1915). Su yerno, Juan Reyes Vega37 fue alcalde de La Laguna (de 1895 a 1897 y, posteriormente, de
1906 a 1907).38 Su otro yerno, Benito Pérez Armas39 fue uno de los grandes caciques liberales de La
Laguna durante la Restauración borbónica, ejerció como secretario personal de Canalejas, quien fuera
presidente del gobierno. Su también yerno, Antonio José Melo y Novo,40 fue presidente del Cabildo
Insular de Tenerife de 1916 a 1917.41 Su nieto, el conservador Emilio Ramón González de Mesa y
Suárez42 fue elegido diputado a Cortes durante el Frente Popular (rompiendo la mayoría de la unión de
izquierdas junto a José Víctor López de Vergara y Larraondo).43
Tercero, la familia González de Chaves. Pertenecen a la gran terratenencia del valle de La Orotava
y controlaron la vida política del ayuntamiento del Puerto de la Cruz desde finales del siglo XIX y
durante buena parte del periodo que cubre nuestro presente estudio, a través de las concejalías y de la
alcaldía. Así fueron alcaldes: Luis González de Chaves Fernández (de 1890 a 1891 y, posteriormente,
de 1895 a 1899),44 José Arroyo y González de Chaves45 (de 1910 a 1915) y Antonio González de
Chaves y Rojas46 (de 1924 a 1925).47 Andrés Arroyo González de Chaves48 fue diputado en Cortes en
XX Coloquio de Historia Canario-Americana
770
varias ocasiones (en 1920, 1923 y 1931).49 Un cuñado suyo Arturo Sansón Pons50 será consejero del
Cabildo Insular de Tenerife durante la dictadura de Primo de Rivera y un hermano de este último, Eloy
Sansón Pons, fue concejal en el ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife también durante la dictadura
de Primo de Rivera.
A modo de conclusión, podemos afirmar que la clase tradicionalmente dominante de la provincia,
mediante su red de clientelas, domina todas las estructuras de representación política existente en
Tenerife (a nivel municipal, insular, provincial y nacional) antes de la Segunda República, consigue
mantenerse en el citado control durante la misma o frena fuertemente las reformas sociales en los
lugares donde pierde el poder, y secunda, cuando no participa abiertamente en la gestación, del golpe
de estado del 18 de julio, reinstaurándose de nuevo en los sillones, en los lugares donde llegó a
perderlos, que rigen la vida pública.
El Cabildo Insular de Tenerife…
771
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XX Coloquio de Historia Canario-Americana
772
NOTAS
1 BETHENCOURT MASSIEU (1995), p. 500.
2 NOREÑA SALTO (1977), p. 234.
3 DUARTE (1997), p. 83.
4 La Opinión, nº. 3199, 11 de abril de 1903. “Coacciones electorales en Icod”.
5 NOREÑA SALTO (1977), p. 239.
6 Al respecto, es bastante ilustrativa y representativa de esta realidad social la siguiente novela: RODRÍGUEZ
FIGUEROA (1901).
7 La Ley de Cabildos fue aprobada y promulgada el 11 de julio de 1912.
8 BETHENCOURT MASSIEU (1995), pp. 504-505.
9 GALVÁN FERNÁNDEZ (1986).
10 Esta dinámica poblacional marca toda la realidad de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX, lo que nos arroja
un panorama de centros urbanos cuya población supera, ampliamente, los recursos y las infraestructuras existentes,
cayendo en el hacinamiento, mientras que amplias zonas de la isla quedan prácticamente despobladas.
11 CABRERA ACOSTA (1991), pp. 97-98.
12 60,7% del total. Es decir, en estos municipios se impusieron los candidatos presentados, designados o aceptados por los
caciques locales, sin tener que mediar siquiera el trámite electoral.
13 BETHENCOURT MASSIEU (1995), pp. 510 -511.
14 Mediante el cuál los candidatos eran automáticamente designados para el cargo si se presentaban en número inferior a
las vacantes existentes.
15 BETHENCOURT MASSIEU (1995), p. 511.
16 CABRERA ACOSTA (1991), p. 97.
17 BETHENCOURT MASSIEU (1995), pp. 513-514.
18 CABRERA ACOSTA (1991), p. 549.
19 Una biografía y análisis de textos políticos del diputado del Puerto de la Cruz la encontramos en: AGUIAR GARCÍA
(2008).
20 Una biografía del diputado provincial la encontramos en: GUIMERÁ PERAZA (2000).
21 BETHENCOURT MASSIEU (1995), p. 519.
22 Para comprender el desarrollo de la Guerra Civil en el archipiélago, véase: CABRERA ACOSTA (2000).
23 Para comprender el grado de resistencia al golpe de estado en la provincia léase: CABRERA ACOSTA (1990); RIVAS
(1999); CABRERA ACOSTA (2000).
24 Para analizar la profundidad de la resistencia al golpe de estado en la isla de La Palma, léase: GONZÁLEZ VÁZQUEZ
(2004).
25 Al respecto: GARCÍA LUIS y TORRES VERA (1986).
26 Para conocer este fenómeno en la isla del meridiano véase: CABRERA ACOSTA (1985).
27 Para conocer la evolución de Falange en la primera década franquista véase: GUERRA PALMERO (2007).
28 BETHENCOURT MASSIEU (1995), pp. 520-521.
29 TUSSELL (1998), p. 238.
30 DI FEBO y JULIÁ (2005), p. 31.
31 Estos fenómenos han sido investigados en GUERRA PALMERO (2006).
32 Carlos Calzadilla y Sayer, abogado, se casó con la gran terrateniente sureña Rosario Alfonso Gorrín, hija de Miguel
Alfonso Feo y de Clara Gorrín González (en FERNÁNDEZ BETHENCOURT (1954), Tomo IV, p. 272) por lo que
pasa a forman parte de los grandes propietarios isleños y a defender los intereses de éstos a través de la alcaldía
capitalina.
33 AGUIAR GARCÍA (2012), pp. 528-533.
34 RODRÍGUEZ ACEVEDO (2009), p. 729.
35 Juan Ascanio y Nieves, era un abogado procedente de Icod, se casó con María Guadalupe González de Mesa y
González, hija de del gran terrateniente lagunero Amaro González de Mesa y Lacerada y Saturnina González de Mesa
Ramírez (en FERNÁNDEZ BETHENCOURT (1954), Tomo II, pp. 633-634).Tenían amillaradas en El Rosario tres
fincas que sumaban un total de 61,67 hectáreas, que hacían de Juan Ascanio y Nieves el tercer mayor contribuyente por
rústica del mencionado municipio.
36 AGUIAR GARCÍA (2012), p. 474.
37 Juan Reyes Vega era hijo del abogado y juez Juan Reyes Padilla y de Guadalupe Vega y Díaz. Se casó con Delfina
González de Mesa y Pérez, hija del gran terrateniente lagunero de la vieja aristocracia Amaro Francisco González de
Mesa y González y de Delfina Pérez Chávez y Carta (en FERNÁNDEZ BETHENCOURT (1954), Tomo IV, pp. 690-
691). Juan Reyes Vega era primo de Lucas Vega Padrón, que también fue alcalde de La Laguna (1899-1900 y 1913-
1915), y de Marcos Peraza Vega, que lo fue de Santa Cruz de Tenerife (1912-1913). Su prima Isabel Peraza Vega casó
con Santiago Batista Pérez, miembro de una de las principales familias caciquiles de Arafo (en RODRÍGUEZ
ACEVEDO (2009), p. 949).
38 AGUIAR GARCÍA (2012), pp. 472-473.
39 Benito Pérez Armas fue uno de los líderes más destacados del Partido Liberal en Tenerife durante la Restauración.
Secretario personal de Canalejas durante su gobierno (1910-1914). Entronca con la gran terratenencia lagunera al
casarse con Elena González de Mesa y Pérez, hija de Amaro Francisco González de Mesa. Biografías del político
tinerfeño en: CABRERA DÉNIZ (2004) y GUIMERÁ PERAZA (1987).
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40 Antonio José Melo y Novo, abogado y propietario nacido en Cuba, era hijo de uno de los mayores contribuyentes del
Realejo Alto, Pedro Melo y Hernández. Se casó con la terrateniente lagunera Laura González de Mesa Fernández
—hija de los aristócratas Francisco Amaro González de Mesa y González de Mesa y de María Marta Fernández
Casanova— (en FERNÁNDEZ BETHENCOURT (1954), Tomo IV, pp. 690-691) Tenía amillaradas en La Laguna, en
representación de su esposa, una hacienda en Las Montañas de 52,48 hectáreas (en RODRÍGUEZ ACEVEDO (2009),
p. 771).
41 AGUIAR GARCÍA (2012), p. 493.
42 Emilio Ramón González de Mesa y Suárez, abogado, pertenece a la gran terratenencia de La Laguna. Su abuelo, Amaro
Francisco González de Mesa y González de Mesa, fue Diputado provincial durante el Sexenio revolucionario. Era hijo
de Amaro Felipe González de Mesa y Pérez y de María del Carmen Suárez Madan (en FERNÁNDEZ
BETHENCOURT (1954), Tomo IV, pp. 691-692). Contrajo matrimonio con Elena Machado y Benítez de Lugo (en
FERNÁNDEZ BETHENCOURT (1954), Tomo III, p. 408).
43 José Víctor López de Vergara y Larraondo representaba los intereses de la terratenencia del valle de Güímar. A parte de
las propiedades que tenía su familia, su hermano, Antonio López de Vergara y Larraondo se casó con Isabel Batista
Peraza (La Información, 7-7-1917), que era hija del gran propietario y cacique del citado Valle Santiago Batista Pérez,
fue el máximo contribuyente por rústica de Candelaria en 1911, y nieta del gran propietario Juan Pedro Batista Torres,
fue el máximo contribuyente por rústica de Arafo en 1911 y 1921. José Víctor López de Vergara y Larraondo fue
Diputado a Cortes con las elecciones del Frente Popular por la CEDA.
44 José Víctor López de Vergara y Larraondo representaba los intereses de la terratenencia del valle de Güímar. A parte de
las propiedades que tenía su familia, su hermano, Antonio López de Vergara y Larraondo se casó con Isabel Batista
Peraza (La Información, 7-7-1917), que era hija del gran propietario y cacique del citado Valle Santiago Batista Pérez,
fue el máximo contribuyente por rústica de Candelaria en 1911, y nieta del gran propietario Juan Pedro Batista Torres,
fue el máximo contribuyente por rústica de Arafo en 1911 y 1921. José Víctor López de Vergara y Larraondo fue
Diputado a Cortes con las elecciones del Frente Popular por la CEDA.
45 La familia González de Chaves eran grandes propietarios agrícolas (sus propiedades se concentran en el Realejo y en el
Puerto de la cruz, donde comienzan a invertir a inicios del siglo XX para dedicar dichas fincas al cultivo de plátanos de
exportación) que adquieren un importante relieve político en el Valle de La Orotava desde finales del siglo XIX y
durante todo el periodo que en esta investigación nos ocupa, auque otras familias de la antigua aristocracia poseían
mayor cantidad de tierras que ellos.
46 Antonio González de Chaves y Rojas era hijo del también alcalde portuense Luis González de Chaves Fernández.
47 AGUIAR GARCÍA (2012), p. 442.
48 Andrés Arroyo y González de Chaves, gran propietario agrícola del Puerto de la Cruz, era hijo de José de Arroyo y Soto
(poseedor del mayorazgo de la Casa Arroyo y alcalde del Puerto de la cruz) y de Gabriela González de Chaves y
Fernández Montañés —hija de Andrés González de Chaves y Hernández Pérez de Sanabria y Romero y María del
Carmen Fernández Montañés— (en FERNÁNDEZ BETHENCOURT (1954), Tomo II, p. 188). Fue Diputado en
Cortes en 1920, 1923 y 1931, defendiendo en Madrid los intereses de la oligarquía exportadora de frutos del Valle de
La Orotava.
49 AGUIAR GARCÍA (2012), pp. 536-538.
50 Arturo Sansón Pons estaba casado con Carmen Arroyo y González de Chaves, en RODRÍGUEZ ACEVEDO (2009),
p. 969.