Los estudios sobre fiscalidad en la época moderna

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LOS ESTUDIOS SOBRE FISCALIDAD EN LA ÉPOCA
MODERNA
Ofelia Rey Castelao
Para abordar el encargo que se me ha hecho sin generalizar debo apelar a dos únicas
opciones, mi experiencia investigadora en fiscalidad eclesiástica y aquella otra que he
adquirido y es más permanente en mí de historiadora de la historiografía. Como a todas luces
la primera vía me resulta útil pero insuficiente, voy a incidir en la segunda porque me parece
más sugerente y provechosa, aunque es verdad que podría remitirles sin más al balance
historiográfico que sobre la misma materia fue publicado por B. Hernández en 19981 porque,
en líneas generales, comparto su planteamiento y sus observaciones; no obstante, difiero,
como es lógico, en algunos puntos de no pequeño relieve, por lo que paso a hacer un balance
de lo que en apariencia constituye en sí mismo un fenómeno que es comentado de forma
general sin que haya sido medido.
Me refiero a que la comentadísima proliferación de estudios sobre fiscalidad es, en la
práctica, más aparente que real, porque si bien es verdad que hay un considerable aumento de
los estudios al respecto, dista de alcanzar las dimensiones de otros campos, por su aridez
misma, que lo hace tema poco atractivo a los historiadores más jóvenes –interesados, sí, en
historia política pero en otras facetas más vistosas– y porque sus fuentes son enrevesadas,
laboriosas y difícilmente inteligibles. Y también es poco atractivo al mundo editorial de
mercado, de modo que, en ausencia de éste, nos encontramos con numerosas publicaciones
institucionales vinculadas al poder central –el Instituto de Estudios Fiscales,2 primordial en las
publicaciones de los años setenta, las Cortes y el Instituto de Estudios Constitucionales, el
Banco de España, e incluso Tabacalera y la administración de Loterías–, y supeditadas a
determinadas celebraciones –centenarios de las Cortes en 1989, del Banco de San Carlos en
1982, de la creación de la Lotería Nacional en 1963– y sobre todo a oleadas de interés
surgidas de la actualidad concreta de determinadas reformas fiscales, como la implantación
del IRPF. Claro está, en las últimas dos décadas, son los poderes autonómicos los que apoyan
muchas de las publicaciones, hecho que ha incidido no poco en la pretensión de recalcar la
“pluralidad de los reinos dentro de la monarquía, que se reflejaría en la determinación de
ámbitos económicos y fiscales diferenciados, separados por barreras aduaneras”, así como en
el estudio de los parlamentos de cada reino;3 más recientemente aún, el patrocinio
corresponde a los pujantes poderes municipales. Comparto la idea de Carretero Zamora de
que el actual ambiente ideológico poco favorable al papel y límites de la acción del Estado y
la prevención contra éste y contra la fiscalidad pueden condicionar negativamente la
investigación, y eso se deja notar en las publicaciones.
No es en ningún modo banal esto que digo porque, exagerando un tanto, el estudio de la
fiscalidad y de la Hacienda pública pasó de manos de los historiadores económicos y de la
observación en términos del efecto de la fiscalidad sobre el desarrollo económico global
–cuestiones como el atraso industrial, la falta de unidad del mercado interno–, publicados en
revistas como Hacienda Pública Española o Moneda y Crédito,4 vinculadas con instituciones
centrales como las ya mencionadas –o con la banca privada–, o en congresos y libros
financiados por éstas, preocupadas más en la época contemporánea y por lo tanto, atentas
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sobre todo al siglo XVIII, a estarlo en manos de historiadores modernistas y a veces
historiadores del Derecho –aunque en el País Vasco y Navarra subsiste el peso decisivo de los
económicos–, ocupados en estudiar la fiscalidad y la hacienda en términos políticos,
interesados sobre todo en los siglos XVI y XVII y en el desarrollo de la relación rey-reino, que
publican en revistas más propiamente históricas aunque más generalistas5, en congresos
vinculados a las asociaciones propias –Asociación, luego Fundación, Española de Historia
Moderna (AEHM)–, o a los poderes autonómicos y a numerosos ayuntamientos, en libros
financiados por estos, y también beneficiados, si se puede decir así, por la celebración de
centenarios, como el de las Cortes en 1988 o los de los cambios dinásticos.
Los números que he manejado para este balance son reveladores de este cambio
historiográfico. Sobre un total de 400 publicaciones que he podido controlar, está claro que
antes de 1982 son escasas en número –menos del 15%–, aunque entre ellas se ocultan ya las
aportaciones de Carande, Domínguez Ortiz, F. Ruiz o M. Ulloa e incluso la de I. A. A.
Tompson sobre Felipe II; el crecimiento es espectacular desde 1982 a 1991, período en el que
se concentra el 36%, pero es sobre todo en los diez últimos años en los que, sin contar la
floración de estudios municipales que incluyen algún capítulo al respecto, se produce el 50%.
Los números también demuestran el cambio de orientación ya que antes de 1992 la
preferencia por el siglo XVIII es clara: hasta 1982 acapara el 52% de las publicaciones, entre
1982 y 1991 el 42% y en los últimos años sólo el 21%, aún mediando los centenarios de
Felipe V, Carlos III y Carlos IV; aún más, es el siglo XVII el que protagoniza el cambio, sobre
todo en su primera mitad: antes de 1991 sólo se le dedica el 16% de los textos –el 24% al
período de los Austrias– y en los diez últimos años abarca el 31%, en tanto que el XVI sólo ha
pasado del 17% al 25% aún contando con los centenarios de Carlos V y Felipe II.
Tanto en la primera fase como en la segunda, en su inmensa mayoría la producción se debe
a autores españoles, aunque los hispanistas anglosajones como I. A. A. Thompson y C. J. Jago
o H. Kamen, son de cita inexcusable, y algún hispanista francés –J. P. Dedieu, G. Lemeunier,
B. Vincent, D. Ozanam6–, así como también a algunos italianos ocupados en los asentistas, o
a historiadores procedentes del ámbito germánico, como Renata Pieper.
Pero antes decía que no se puede hablar de crecimiento numérico más que de forma
matizada, ya que muchos estudios no se refieren con propiedad a la fiscalidad sino a la
hacienda o a cuestiones paralelas como el poder municipal, y la valoración del número, en
tanto que revela interés, no tiene por qué ser positiva desde otros puntos de vista. Tomando
1982 como fecha de inicio porque con motivo del centenario del Banco de San Carlos en ese
año se publican, entre otras financiadas por el Banco de España, la obra dirigida por
M. Artola, La economía española al final del Antiguo Régimen (Madrid, 1982) y la suya
propia, La Hacienda del Antiguo Régimen, trataré precisamente de plantear varias cuestiones
al respecto.
La primera es que la producción historiográfica anterior a esa fecha estuvo supeditada a las
obras de referencia sobre los distintos reinados de los Austrias –Carande, Domínguez Ortiz,
Ruiz Martín, M. Ulloa7–, que aportaron sugerencias clave con respecto a esos períodos y que
profundizaron en los planteamientos institucionales y en los entresijos crediticios como base
de un esquema explicativo centrado en los expedientes de una monarquía que ingresaba
menos de lo que gastaba. Pero también estaba lastrada por el peso de esas obras, lo que
derivó, además de lo dicho, en que los historiadores se ciñesen al XVIII por largo tiempo, pero
una vez superado la reverencia a los grandes –y en esto fue determinante la incursión de los
mencionados hispanistas, sobre todo I. A. A. Thopmson y Ch. Jago–, cabe preguntarse si
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quienes abordaron los siglos XVI y XVII han aportado verdaderas novedades sobre aquellas
obras o sobre el período de los Reyes Católicos, en el que la influencia de Ladero Quesada no
es rebatible.
La segunda matización es que ciertas lagunas y deficiencias señaladas por M. Artola en
1982 no se han cubierto o lo han sido de modo deficiente. Se advierte en esto escasa
originalidad en los objetivos, ya que se siguen las sugerencias de aquellas obras de referencia
y las de la abundante historiografía existente sobre la fiscalidad en Europa. Por eso mismo
existen vacíos en la investigación y temas en los que se da una pasmosa concentración de
investigadores y se ha llegado a un cierto embotamiento, pero aún así, la producción reciente,
salvo espléndidas excepciones, es esencialmente endogámica y la conexión con las líneas de
investigación sobre Europa, declarada de forma unánime en textos introductorios, no rebasa el
nivel de las citas bibliográficas. Naturalmente, esto se acompaña de una escasez de estudios
comparativos.8
La tercera es que si podemos afirmar que buena parte de la dificultad del estudio de la
fiscalidad radica en la complejidad y falta de precisión y en lo farragoso y reiterativo de la
documentación, lo cierto es que son escasos los estudios monográficos sobre las fuentes9 y
deficiente la crítica de éstas, en especial en las investigaciones de carácter cuantitativo. Si
W. Kula nos recordó que “las fuentes para el análisis histórico estadístico no están pensadas
para científicos y son el producto secundario de la actividad de la administración”, lo cierto es
que el esfuerzo de crítica no está a la altura de otros ámbitos temáticos, por la complejidad
misma de la base documental. Durante largo tiempo, los textos legislativos fueron la clave y
su lectura al pie de la letra generó no pocos problemas; siguen utilizándose pero sin resolver
con decisión cuestiones como la terminología, por más que desde los años setenta se
advirtiese (G. Anes) que “es preciso a veces hasta reconstruir el vocabulario, perdidas como
están las voces en la documentación inédita. Hay que extraerlo de los viejos textos y de los
escritos que los plasmaron, en los legajos conservados en los archivos, hasta darle su
verdadero sentido, tanto en lo que se legisló como en la aplicación de las Ordenes y Reales
Cédulas”.10 La heterogeneidad de las figuras impositivas, las formas y modos de percepción y
su distinta denominación o los términos aplicados a los procedimientos administrativos,11
contienen una notable dificultad conceptual, polisemia y trampas del lenguaje –por ejemplo el
término “foral” no vale para Castilla porque se rige por ordenamientos, ni para Cataluña, que
lo hace por constitucions, capitols...12–, que rara vez se plantean en la historiografía reciente.
Sustituida o completada la documentación normativa por los datos seriables procedentes de
las contabilidades oficiales, aunque resultase que por confusión doctrinal y matemática no
todas las cifras se pudieran seriar, podemos decir que hoy disponemos de una verdadera sopa
de números que deriva:
a) de la preferencia por el estudio por reinados –en gran medida se hereda de la concepción
de las obras clásicas sobre el tema– de modo que los períodos de análisis no son largos ni
siempre se pueden enlazar: en el total de la producción que he analizado, sólo un 13% abarca
la Edad Moderna en su conjunto, un 8% el período completo de los Austrias y sólo el 2% los
siglos XVII-XVIII.
b) de la abundancia de estudios de los distintos ramos de la hacienda, hechos con criterios
no homologables, a veces por aplicación a todas luces incorrecta de criterios actuales.
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c) de la opción cada vez más habitual por territorios y localidades concretos cuyas fuentes
suelen presentar diferencias terminológicas y sobre todo fuertes disimetrías temporales.
d) de que en unos casos los investigadores utilizan valores brutos y en otros valores
líquidos, como puso de relieve el experimento de comparación de los datos de distintos
autores hecho por R. Pieper, en su obra sobre la Hacienda bajo Fernando VI y Carlos III
(1992)13 y que con frecuencia derivan del desconocimiento de los criterios contables. En este
sentido, conviene tener muy en cuenta los cada vez más numerosos estudios sobre historia de
la contabilidad y del análisis formal de la documentación contable, que si bien no son nuevos
y pudieran parecer superficiales, son muy útiles para comprender los entresijos de numerosas
operaciones financieras y fiscales14 y resolver problemas como la “contabilidad creativa”
(J. A. Marino).15 Hay que mencionar al respecto los trabajos de la órbita de Hernández Esteve
o los de R. Donoso Anes sobre las prácticas contables de la Casa de Contratación.16
e) Finalmente, deriva de que la mayor parte de las fuentes cuantitativas, tras su aparente
frialdad, ocultan defectos que cuestiona su aceptación porque son el producto de cálculos,
intereses y razonamientos –contables, administrativos, políticos– que obstaculizan su
reconstrucción; a todo lo cual hay que añadir la escasa práctica –aunque cada vez más normal,
a fuerza de que las críticas incidieran especialmente en ello–, de la deflactación de series, de
modo que los valores nominales de una renta o de un conjunto de rentas se dan como
referencia del aumento o disminución de la fiscalidad sin operar la debida corrección de los
valores absolutos con los precios o con otra referencia que permita acceder al valor real. La
expresión cifrada y en moneda de los ingresos fiscales está supeditada a las manipulaciones
monetarias, que no sólo alteran la materialidad de los valores sino que en sí mismos ocultan
un componente fiscal, lo que en cierto modo debe vincularse con la contabilidad. Puesto de
relieve por E. J. Hamilton17 y por A. Domínguez Ortiz en su momento, no se tomó
suficientemente en serio, pero en la actualidad, si no nos referimos a los abundantes estudios
sobre la moneda en general, hay que destacar los trabajos de E. M. García Guerra sobre las
manipulaciones monetarias del XVII18 o los más generales de C. López González,19 o los
existentes sobre las implicaciones fiscales de la devaluación de 1680;20 para el XVIII esto
adquiere un nuevo matiz, porque la creación y sucesivas emisiones de vales reales pueden
calificarse a medio camino entre la manipulación monetaria y el expediente fiscal.21 En fin, las
series existentes, base argumental ineludible, no son comparables en el tiempo, ni en el
espacio ni en sus componentes.
LA EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS: FASES Y RANGOS TEMÁTICOS
Los logros han sido, sin embargo, muy interesantes y abundantes y se ha operado un
extraordinario cambio en dos fases que tienen su divisoria en la reunión de la AEHM de 1992
y como inicio la obra de M. Artola, La Hacienda del Antiguo Régimen, publicada en 1982,
tanto porque se le atribuyó el mérito de ser un primer intento de análisis global y de síntesis
de la historia financiera española desde una perspectiva institucional, anunciando la
importancia de las haciendas forales y proponiendo la política fiscal de las Cortes como una
de las claves de la revisión de los límites de la hacienda castellana, como porque no fueron
pocas las críticas que se le hicieron al respecto de las fuentes empleadas –en gran parte
legislativas y no siempre sometidas a control– y del planteamiento mismo; se trataba
seguramente de un intento prematuro, como puede deducirse de la bibliografía citada por
Artola,22 y que a mí me vale sobre todo porque señala las graves deficiencias del estudio de la
fiscalidad del período moderno existentes por entonces y porque sugiere líneas de estudio que
convendría observar si se siguieron después, pero también me sirve para señalar la escasa
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atención a determinados aspectos que por entonces estaban estudiados o en trance de
estudiarse y el olvido total hacia otras vías posibles de análisis.
Con anterioridad a 1982, salvados los clásicos mencionados, la producción no era
abundante pero en los setenta se habían marcado ya nuevas tendencias y en años inmediatos
se publicaron cosas importantes. Esencialmente, lo que se conocía era, por un lado, la
fiscalidad y hacienda de Carlos V, Felipe II, Felipe IV y Carlos II, respondiendo a una
concepción personalista como lo era la historia política de entonces y que tiene su
justificación en que el gasto –bélico sobre todo– mediatizaba la política fiscal, pero en esos
años se desarrolla sobre todo el estudio del siglo XVIII y el de las reformas de la hacienda
–G. Anes–, con atención preferente hacia la Única Contribución –J. Hernández Andreu,
J. Nadal Ferreras, J. Fontana, A. Otazu etc.– y las desamortizaciones y sus precedentes
–F. Tomás y Valiente y R. Herr, M. I. López Díaz, etc.–, o los arbitristas y de las teorías
económicas –J. L. Sureda, Bytar Letaif, J. Reeder, J. A. Maravall, J. Vilar–,23 etc. Es la época
en la que los historiadores económicos desarrollaron más ampliamente sus planteamientos, en
especial en la revista Hacienda Pública Española, o en el coloquio de historia económica que
originó la obra colectiva Dinero y crédito (siglos XVI al XIX) (1977),24 si bien es verdad que de
entre 27 trabajos sólo cuatro se pueden considerar dedicados directamente a fiscalidad. Se
perseguía sobre todo conocer las cuentas globales de la Hacienda Pública, en sus ingresos y
gastos y ponerlas en relación con las magnitudes económicas de la época estudiada, para
hacer una interpretación en términos de desarrollo económico comparable con Europa, pero
no hay que olvidar que de un modo menos llamativo se desarrollaba otra vía de análisis de la
fiscalidad en los estudios de historia rural –E. Fernández de Pinedo y P. Fernández Albaladejo
sobre el País Vasco, de B. Barreiro Mallón y J. M. Pérez García sobre Galicia, de A. García
Sanz sobre Castilla la Vieja, etc.25– que medían el efecto de las cargas fiscales sobre la
producción agraria y sobre las explotaciones campesinas, o que el empleo de la
documentación generada por el Catastro de La Ensenada, clave de buena parte de la historia
económica, social y demográfica de los años setenta obligó a un estudio sistemático de esta
fuente en la fiabilidad de las declaraciones de los contribuyentes.
A la altura de 1982 eran evidentes determinadas lagunas:
1. El estudio de los conceptos fiscales era descriptivo por lo general, incluso en Carande,
Domínguez Ortiz o M. Ulloa –que a su vez lo heredan de la literatura tradicional de los siglos
XIX y XX–,26 “confundiendo el estudio de la Hacienda con la descripción de las contribuciones
y de su rendimiento renunciando a conocer la política fiscal y la realidad económica”.
2. La historia de la hacienda se había limitado a estudiar Castilla, descuidando la hacienda
americana y sobre todo las haciendas forales, de las que se conocía algo sobre Valencia a
través de H. Romeu Llorach27 y de Navarra a través de Artola.28
3. Nadie había planteado el volumen del negocio generado por operaciones hacendísticas
como el arrendamiento de las alcabalas, que podía ser igual o mayor que los asientos y que
atraía a grandes financieros.
4. Eran escasos los estudios sobre las contribuciones y la fiscalidad eclesiástica, a pesar de
que la Iglesia había hecho partícipe al rey de sus impuestos –tercias, excusado, noveno– y
patrimonio y de que, a su vez la Corona había cedido a particulares –nobles– el disfrute de las
tercias. Si se conocían las enajenaciones, sobre todo del XVII, para salvar las dificultades de la
Hacienda.
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5. Aún después de haberse estudiado que en 1560 el encabezamiento de alcabalas se había
hecho por 15 años y aumentado en un 37%, las condiciones que se establecieron no lo habían
sido cuando todo indicaba que el impuesto universal sobre el tráfico se había transformado en
una tributación directa; esto es, no se atendió a que las condiciones revelan cómo la naturaleza
del impuesto era muy diferente de la definición legal, tanto por su incidencia económica como
por su percepción.
6. La reforma que generó y el análisis de las causas que convirtieron a la Única
Contribución en un asunto de la máxima trascendencia y urgencia y de que previamente a
realizarla hubiese sido necesario elaborar un catastro, fue una cuestión historiográfica que no
se resolvió.29 La necesidad de revisar el Catastro catalán radicaba para Artola en el error de
interpretación de los textos cometido por sus estudiosos anteriores –Mercader Riba, P. Vilar y
J. Nadal– al entender que era un impuesto de cuota cuando era de cupo, en que se ignoraba
cómo se hacía el ajuste entre el producto del Catastro y el cupo de cada lugar y en que era
preciso revisar los precedentes teóricos de la reforma de La Ensenada, poniendo en entredicho
los habituales –sobre todo posibles sugerencias por parte de los arbitristas, cuando el modelo
era el Catastro de Patiño en Cataluña– y que fuese un impuesto fisiocrático, porque no
gravaba sólo la renta agraria.
7. Era necesario estudiar la legislación arancelaria del XVIII haciéndolo a partir de un
análisis sistemático de los aranceles vigentes en cada momento, revisados sucesivamente
manteniendo las diferentes líneas de frontera, ya que los Borbones no consiguieron la
uniformidad de derechos en los puertos hasta 1782.
8. Eran escasos los estudios sobre las rentas estancadas, ya que sólo existían algunos sobre
la del tabaco30 y total la ausencia de estudios sobre el Giro Real –que no se resolvería hasta la
obra de Pulido Bueno (1994)– y aunque existían importantes trabajos sobre los juros –los
estudios clásicos de A. Castillo de 1963–,31 la ausencia también era total sobre los juros en el
XVIII, etc.
Sin embargo, al final de la primera etapa que consideramos, estaba claro que el estudio de
la fiscalidad había alcanzado un gran interés. Se conocían más o menos las desigualdades
territoriales y empezaban a conocerse los aspectos analíticos de una fiscalidad articulada, en
lo fundamental, a través de una tupida red de tributos teóricamente indirectos que incidían
sobre el consumo de numerosos productos, muchos de ellos de primera necesidad. La
observación actualista de la función fiscal como algo propio de la administración central había
provocado que los historiadores diesen preferencia a la Hacienda real; la mayoría de los
estudios minimizaba esto al omitir el peso de las distintas haciendas señoriales que incluían
tributos tan considerables como el diezmo, las alcabalas y tercias percibidas por los señores,
pero se iba imponiendo la evidencia de que distaba de ser la única de las operantes en el
mismo espacio físico y social.32
Por otro lado, A. García Sanz y otros hacían hincapié en la necesidad de comparar la
presión fiscal con los indicadores de la actividad económica y sobre todo con el PIB
–identificando este con la renta agraria–.33 En efecto, antes de valorar los efectos de la
fiscalidad hay que medirla y aún predominando los conocimientos impresionistas, en los
ochenta proliferaron lo que L. M. Bilbao calificó como “desmanes en las explicaciones
históricas fiscalistas”, en especial para los siglos XVI y XVII, esto es, para aquellos siglos en
que había menos datos cuantitativos. La opinión historiográfica vigente en torno a 1987 era la
de un crecimiento impositivo en la segunda mitad del siglo XVI que se basaba en el aumento
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provocado por el tercer encabezamiento de las alcabalas y la aparición de los millones, pero
esa opinión carecía de contrastes y se restringía a esas dos figuras fiscales, de modo que,
estaba por ver si, reconstruyendo todos los componentes de la carga tributaria y su evolución
en el tiempo largo, se podía seguir sosteniendo. Sin embargo, establecer la presión fiscal
como porcentaje de la carga tributaria sobre la renta o el producto nacional exigía
evaluaciones coetáneas o actuales de estos agregados macroeconómicos y ante la dificultad de
esto, quienes lo intentaron, como A. García Sanz y L. M. Bilbao, se conformaban sólo con
evaluaciones indirectas y renunciaban a medir la pluralidad fiscal al tener que dejar fuera de
análisis la fiscalidad de iglesia, nobleza o concejos, las remesas de Indias –porque no
afectaban a la economía de los contribuyentes castellanos– y los ingresos patrimoniales y los
maestrazgos de las Órdenes militares, y otros por no tener un carácter impositivo, sin tener en
cuenta que el aumento de todos estos pudiera traducirse en alivio de la carga fiscal.
No era la única renuncia. Atendiendo sólo a la fiscalidad real, sería preciso observar la
eficacia del aparato administrativo de la hacienda real ya que el monto total de lo ingresado
por esta –lo que refleja la documentación contable–, no se correspondía con la capacidad
tributaria porque una parte de lo aportado por el contribuyente se escapaba en los
procedimientos de recaudación y gestión, lo que limitaba el cálculo, aún concediendo, como
se hacía en los análisis existentes por entonces, que los beneficios de los arrendatarios se
mantuviesen estables con relación a lo tributado, presunción indemostrable, desde mi punto
de vista. Esto era el resultado de que durante décadas, la historiografía fiscal confió en exceso
en la progresiva codificación legisladora como elemento único para interpretar la gestión y la
administración. Los estudios que pretendían presentar la lucha por el aumento de los ingresos
fiscales del Estado con el progreso de las naciones –lugar común en la historiografía en el que
se identificaban los intereses del estado y los de la nación– ignoraba el funcionamiento real de
la hacienda considerando que estaba estructurada de acuerdo con lo que decían las leyes y
reglamentos, cuando estaba mediatizada por arrendadores y “esto convierte en ilusorio a la
mayor parte de los intentos de calcular el reparto de la carga fiscal y su incidencia en la
economía”.34
En ese doble debate se celebró en 1992 la II Reunión Científica de la AEHM una de cuyas
secciones se ocupó de Política y Hacienda en el Antiguo Régimen.35 Organizado en torno a
siete ponencias, reunió un enorme número de comunicaciones –41 se publicaron–, que, como
J. I. Fortea afirma en su prólogo, era un revelador exponente del interés que los temas
hacendísticos y fiscales estaban alcanzando entre los historiadores de cuño reciente. Pero más
reveladoras eran las líneas temáticas abordadas, en especial una “poderosa corriente de
historia regional y local, perceptible en otros ámbitos historiográficos”, destacando en aquel
momento los referidos a la Corona de Aragón, Navarra o las Provincias Vascas, donde por lo
general el nivel de conocimientos había sido menor hasta entonces; en segundo lugar, las
haciendas municipales en su composición interna o en su relación con la hacienda de la
monarquía, cuestión de capital importancia que entonces no se logró esclarecer; en menor
medida, trabajos sobre fiscalidad señorial, la administración de ramos fiscales, el papel de las
Cortes, etc. Sin embargo, en nuestra opinión, se mantuvo el predominio numérico de la
Corona de Castilla y escasearon los trabajos de índole general,36 en el ámbito local/municipal
prevalecieron los estudios sobre concejos concretos dispersando el análisis y sólo cuatro
trabajos se arriesgaron con un arco cronológico global, dedicándose la mayoría a los siglos
XVII y XVIII.
Pero sobre todo, esta reunión puso a la luz que, una vez que las cuestiones de la hacienda
habían pasado por la historia económica para desembocar en la política y aun en la social
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–estudio del impacto social diferencial de la fiscalidad frente a la rapacidad del estado–, se
pasaba a atender el cuadro general del absolutismo y, en su interior, el estudio de un
instrumento tan estratégico como lo era la hacienda real. Por entonces estaba claro que el
dominio temático había pasado a manos de los historiadores modernistas y, en menor medida,
de los historiadores del derecho.
Y sobre todo puso a la luz que la proliferación de estudios debía mucho al debate sobre la
revisión del papel de las Cortes. Si Artola, quizá siguiendo a I. A. A. Thompson,37 planteaba
la revisión de los límites fiscales de la hacienda castellana a partir del análisis de la política
fiscal de las Cortes de Castilla, lo cierto es que el estudio del funcionamiento de éstas y el de
los presupuestos políticos de la fiscalidad castellana corrieron en paralelo en los ochenta y
tuvieron su mejor expresión en las obras de J. M. Carretero Zamora para el tránsito del XV al
XVI,38 y sobre todo de J. I. Fortea Pérez para el período de Felipe II,39 y probablemente su
momento esencial en el Congreso sobre las Cortes con ocasión de la celebración de su
centenario (1188-1988);40 la intervención de los hispanistas anglosajones fue clave en esta
cuestión, en especial I. A. A. Thompson41 y Ch. Jago,42 hasta el punto de que F. Ruiz Martín
se atrevió a decir que las oligarquías representadas en las Cortes constituían un grupo de
presión que los historiadores españoles no habían tenido en cuenta a pesar de tenerlo delante y
de que las actas de las Cortes recogían su protesta sistemática.43 Las primeras revisiones
afirmaron la importancia de las Cortes sobre todo porque estas jugaron un papel esencial en la
contención de las demandas fiscales de la Corona y el debate se centró sobre el problema
fiscal –Jago, Thompson, Fernández Albaladejo–,44 su competencia, ya que por ley los reyes
sólo podían establecer impuestos con su consentimiento, pero Fortea consideraba que, sin que
pudiera sostenerse el sometimiento de las cortes al rey, ese planteamiento desenfocaba el
problema: las cortes votan impuestos pero nunca discutieron el principio de auxilio al rey y a
sus necesidades.
La explosión de las publicaciones a partir de entonces, sin abandonar esos interesantes
cambios, tuvo su gran línea de fuerza en el estudio de las haciendas forales. En 1984 el
desconocimiento al respecto era puesto de relieve por muchos historiadores, pero en la obra
colectiva De Ensenada a Mon ya hay varios estudios, aunque enfocados en los efectos de
las reformas borbónicas en esas haciendas –el catastro catalán, el equivalente valenciano–;
L. M. Bilbao llamaba la atención sobre la necesidad de estudiarlas para observar la
importancia de las aportaciones de estas a la hacienda central y la relación que guardan con la
reorganización del sistema fiscal, y esa fue la clave del extraordinario desarrollo de los
estudios al respecto y de que se constituyese en el tema de referencia en el homenaje a F. Ruiz
y M. Artola.45
En este ámbito destacan sobre todo las aportaciones de fines de los ochenta y principios de
los noventa de E. Fernández de Pinedo46 o dirigidas por él, y las de L. M. Bilbao,47 quien en
1990 publicó una severa crítica con respecto a las deficiencias y retraso comparativo en el
estudio de las haciendas forales vascas, a pesar de haberse convertido la cuestión fiscal, en los
clásicos de los siglos XVI y XVII en causa política y en cuestión historiográfica y en el
armazón de un “sistema” doctrinal foralista en el XVIII, perpetuado en el XIX, sin que su
trascendencia cuajase en investigación quizá porque las peculiaridades fiscales del País Vasco
“no permiten transponer fácilmente los esquemas analíticos probados con mayor o menor
éxito en otras latitudes” y porque exigen la superación de los lugares comunes –”cuando no
inciertos”–: a) el inmemorialismo de las exenciones tributarias, tópico que “ha acabado de
deshistoriar el problema” y se ha convertido en un “invariante transhistórico”, cuando en
realidad la investigación evidencia que tuvo un origen no muy remoto y que sufrió
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variaciones de cierto relieve a lo largo del tiempo, sobre todo en el XVII, cuando las
contribuciones fijadas por fuero se vieron desbordadas de hecho por otras como los donativos
–aforales– en tanto que monopolios o millones fueron contestadas por antiforales, de modo
que la exención tributaria “fue una conquista histórica progresivamente adquirida, tenazmente
defendida y constantemente renovada”; b) el igualitarismo entre las provincias, desmentido
por el hecho de que el Señorío de Vizcaya –no pagaba alcabalas– era el más eximido y Álava
la menos –sí las pagaba, soportando sus incrementos en los encabezamientos del XVI, además
de los servicios, como Guipúzcoa, cuyas alcabalas se congelaron en un encabezamiento
perpetuo en 1509–, porque había diferencias internas y porque la trayectoria de cada una de
las provincias fue diferente; c) el carácter relativamente autónomo de las provincias vascas no
supuso una traducción en materia fiscal y de hacienda, ya que su aportación a la monarquía
reunía un conjunto circunstancial y extraordinario –servicios públicos como los caminos que
la Corona necesitaba o el aporte militar– y otro corriente y ordinario, que nunca dejaron de
hacer. Y sobre todo, exigía planteamientos metodológicos distintos:48 reconstrucción
cuantitativa del material; cuantificación de la exención relativa de las provincias vascas por
comparación y contraste; estudio de la deuda y de la política financiera para desvelar si el
aumento del gasto público fue correlativo al de la presión fiscal o al de la carga tributaria. En
fin, se trataba de encuadrar a la hacienda y la fiscalidad vascas en la polémica sobre los
exentos y a través de investigaciones exhaustivas la imagen de territorios con una dinámica
diferenciada fue diluyéndose: reconociendo las peculiaridades del régimen administrativo,
se reubica el problema de la exención al revelar la falta de homogeneidad dentro del
territorio y, contrastando las provincias exentas con las contribuyentes, provincias con
trayectorias históricas diferentes pero complementarias por estar circunscritas política
y administrativamente a la Corona de Castilla –I. Mugartegui compara Guipúzcoa con
Segovia–, se ponen de relieve las disimetrías de comportamiento.
En otros territorios, arrastrado en parte de los ochenta, el desarrollo de los estudios en los
años noventa ha sido enorme: en Navarra –Solbes Ferri, M. García Zúñiga–,49 Valencia –
Correa Ballester, C. Corona, P. Gandoulphe, J. M. Castillo del Carpio50–, Cataluña –donde el
debate sobre la capacidad financiera de la Generalitat y del aporte del Principado a la
hacienda real, ha mediatizado la investigación51– y en Aragón,52 en donde D. Bernabé
señalaba en 199253 que la ausencia de un estudio de conjunto sobre el sistema fiscal se
acompañaba de que las apreciaciones sobre el tema habían tendido a presentarse como
trasunto del debate acerca de las aportaciones de los diversos reinos al coste del
mantenimiento de la monarquía. El enfoque estatalista y el desenfoque provocado por una
cierta confusión entre hacienda y fiscalidad, provocaron por largo tiempo frecuentes
exprapolaciones que distorsionan el verdadero alcance y significado del hecho fiscal a causa
de deducir la presión fiscal a partir de una simple estimación de su traducción en ingresos
contables de la Hacienda real y de hacer derivar aquella de los gastos realizados en servicios
monetarios o militares. La visión más correcta sería no atender tanto a los rendimientos
líquidos de las distintas haciendas, ni a los gastos que éstas soportaban, sino a las exenciones
fiscales, que pesaron sobre el contribuyente, y los mecanismos que posibilitaban una
determinada configuración del sistema fiscal. El problema está, desde mi punto de vista, en la
falta de estudios comparativos.
¿Y cómo han progresado todas las cuestiones pendientes antes enunciadas y otras que se
dieron quizá prematuramente por zanjadas? Desde luego, se ha desarrollado ampliamente el
estudio territorial de las diferentes figuras y ramos fiscales y de su efecto diferenciado y de las
figuras fiscales propias o con denominación diversa –B. Vincent, I. Pulido Bueno,
G. Lemeunier, E. Martínez Ruiz y otros–.54 Por lo general, este ámbito se plantea el contraste
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Los estudios sobre la fiscalidad en la época moderna
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entre las disposiciones fiscales y/o los acuerdos entre Corona y Cortes, y su aplicación en la
práctica, mediatizada por los poderes locales y las oligarquías urbanas, los recaudadores o los
oficiales de la administración, todo lo cual colabora en la compresión del hecho fiscal global;
en este ámbito creo que debe destacarse a J. I. Fortea desde que publicara en 1986 su estudio
de las alcabalas de Córdoba.55
En 1991 G. Anes afirmaba que “queda ya lejos en el tiempo el procedimiento de querer
explicar la Hacienda mediante la descripción de cada impuesto, por medio de lo legislado
sobre el mismo. Los procedimientos de recaudación según zonas, y según casos, variaron
tanto en el tiempo, que modificaron hasta la naturaleza del tributo, haciéndolo irreconocible al
comparar la realidad con la pretendida definición”. Por eso, en las investigaciones posteriores
se ha pretendido estudiar el proceso completo: “desde las disposiciones legales hasta su
aplicación práctica, interesado como estaba en conocer el efecto que la carga tributaria podía
tener en las economías familiares”.56 Pero esto ha afectado de modo muy desigual a los
distintos ramos.
El estudio de los millones es el que ha atraído a más investigadores57 desde que se hubiese
llamado la atención sobre las posibilidades políticas de las condiciones que se firmaban en
cada acuerdo, aunque los trabajos de J. I. Andrés Ucendo tienden más a la visión clásica a
partir de parámetros económicos.58 En el de las alcabalas es esencial el de P. Zabala Aguirre,
para el XVI59; las rentas provinciales tienen buenos estudios en Zafra Oteyza o en
P. Saavedra,60 pero el decreciente interés por el XVIII ha dejado fuera de juego la contribución
de frutos civiles, en la que poco se ha incidido desde los trabajos de G. Anes y J. Fontana en
los setenta,61 y sin resolver la cuestión del Catastro62 ya que la obra de C. Camarero no pasa de
ser una síntesis, ya que no un análisis, de las normas contenidas al respecto en la Novísima
Recopilación.63
No es el único caso de falta de atención. Apenas la han generado los donativos, sistema
irregular, circunstancial y sin continuidad que dificultó el aumento de la deuda a largo plazo y
limitó mucho el gasto de la Corona, pero que fue una de las principales vías para aumentar los
ingresos de la hacienda castellana, por lo que habría que estudiar mejor sus mecanismos de
distribución y aplicación, su cuantía y el modo cómo se recaudaron. Sobre el origen, sentido y
caracteres de los donativos escribió A. Domínguez Ortiz a comienzos de los años cincuenta,64
J. I. Fortea Pérez se ha ocupado de la cuestión para el período de 1625-37,65 de su efecto sobre
la aristocracia en tiempos de Carlos II lo hizo J. A. Sánchez Belén,66 y de sus efectos locales,
J. I. Martínez Ruiz, entre otros.67
Tampoco se ha estudiado el comportamiento de las rentas enajenadas, que cuentan con el
estudio clásico de S. Moxó68 y otros de carácter específico,69 además de las aportaciones
estupendas de A. Marcos,70 y se han ido abandonando las desamortizaciones. La de bienes de
las Órdenes Militares en el período de Carlos I disponen de una buena base historiográfica,
desde que R. Carande llamase la atención sobre la necesidad de evaluar correctamente el
proceso de expansión y aumento de los señoríos laicos, y en ese sentido se desarrollaron las
investigaciones, en lo que han influido la calidad y homogeneidad interna de la
documentación, y es, por lo tanto, un tema bien conocido –la visión más general fue aportada
por J. Cepeda Adán–,71 si bien se necesitarían estudios específicos; las desmembraciones
eclesiásticas de Felipe II recuperaron vitalidad con ocasión del centenario. Pero poco o nada
ha evolucionado la expropiación de las temporalidades de los jesuitas.72 Para el estudio del
ambiente y los factores en los que se gestaron las primeras medidas desamortizadoras en
tiempos de Godoy es preciso acudir a dos textos publicados en 1971 por F. Tomás y Valiente
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XV Coloquio de Historia Canario-Americana
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y R. Herr;73 este último dedicó a este proceso la obra más importante de las existentes,74 pero
lo cierto es que antes y después, sobre todo en los ochenta, han proliferado las investigaciones
territoriales –Valencia (J. Azagra, J. Pardo Tomás), Cantabria (M. A. Sánchez González),
Castilla la Vieja (A. Marcos), Salamanca (J. Infante Miguel-Motta), Burgos (M. Cuartas),
Vizcaya (A. M. Ormaechea), etc.–, impulsadas sobre todo por el congreso dedicado a
Desamortización y Hacienda Pública, que las convirtió en un tema recurrente en el aspecto
referido a la ejecución local de lo que se considera un experimento de laboratorio.75
Apenas se ha progresado en el estudio de las regalías –aunque la lotería tiene también un
estudio clásico de J. Altabella,76 realizado con ocasión del centenario de su creación– o sobre
formas de deuda pública como los juros, que a nuestros efectos interesa porque se situaron
sobre todas las rentas que disfrutaban los Austrias y porque el cese de su emisión con Felipe
IV no evitó seguir pagando el situado, de modo que desde 1700 la historia de los juros es la de
los intentos de anularlos, en especial desde 1748 con la llegada de La Ensenada al poder y el
final de la guerra con Austria.77
Ha sido muy llamativo el retraso con el que se abordado el estudio de la renta de la lana,
que si no era de las más importantes sí era de las seguras, pero se le presta gran atención
últimamente, como en el libro de T. García-Cuenca Ariati78 –que, después de una introducción
dedicada al sistema de exportación, aporta la cuantía de los distintos derechos sobre esta
durante los reinados de Fernando VI y Carlos III– o en las más recientes investigaciones, como
las recogidas en el colectivo dirigido por A. González Enciso sobre el negocio lanero.79 Y lo
mismo ha sucedido con los estancos, ya que en los últimos años asistimos a una verdadera
proliferación de estudios sobre del tabaco.80 Y con las aduanas81 y su problema añadido, el
contrabando;82 en la historiografía vasca, la cuestión aduanera ha sido tema recurrente por su
relevancia en la definición de las relaciones entre los órganos provinciales del territorio y la
Corona de Castilla, al potenciar la singularidad del territorio y por su capacidad de influir en
la evolución socio-económica del XVIII y XIX,83 pero en general es llamativo el escaso interés
por el sistema aduanero y sus componentes frente al valor que se le concede a partir de
interpretación emanada del discurso político-institucional establecido entre las provincias y la
Corona.
¿Y qué se ha desarrollado fuera de los ramos fiscales? En primer lugar, el paso de la
Historia institucional de la hacienda a la historia del poder financiero, un avance indiscutible.
El Consejo de Hacienda fue inicialmente estudiado como parte de las grandes obras sobre
la hacienda castellana –Carande, Ulloa, Domínguez Ortiz– y su formación lo fue
por E. Hernández Esteve (1983), 84 si bien los trabajos de J. C. de Carlos Morales y
J. E. Gelabert,85 han cuestionado la existencia de un consejo organizado durante la mayor
parte del siglo XVI y planteado que no adquiere carta de naturaleza hasta las Ordenanzas de
1593; de esa etapa y de su trayectoria hasta el siglo XIX se ocupó T. García-Cuenca basándose
en textos legislativos86 y de su jurisdicción, J. L. de las Heras,87 pero la urgencia de
recomponer la evolución del organismo más importante de la fiscalidad castellana, ha sido
resuelta por J. C. de Carlos Morales,88 que compatibiliza el estudio de las motivaciones de
fondo de la creación del Consejo, su oportunidad, sus bases legales y normativas y sus
funciones, con el análisis social de sus integrantes, en línea con la historia de las elites,89 en la
que siguen siendo adecuados los estudios biográficos y en términos de análisis de redes
clientelares y de grupos de poder.90 Dicho de otro modo, el estudio del Consejo, como el de
otros órganos –figuras nuevas como el Superintendente de Hacienda, u organismos
territoriales–,91 es una parte del estudio del proceso de toma de decisiones hacendísticas y de
la gestión de éstas y de las relaciones de poder que enmarcan la determinación de la política
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Los estudios sobre la fiscalidad en la época moderna
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financiera y las tareas institucionales. A mediados de los noventa aún eran escasos los
enfoques de este tipo. La propuesta metodológica de quienes lo abordaron era indagar el
funcionamiento y organización de los mecanismos del gobierno y las finanzas reales
integrándolos con los fundamentos económicos, la composición social y la cultura política, a
partir del análisis de la acción, pautas y relaciones de los personajes que individualmente o en
grupo asumían las actividades gubernamentales y administrativas y de la ubicación de la
institución estudiada en relación con los fundamentos del sistema fiscal. Vinculado con esto,
la historia social de la administración ha superado el núcleo central del poder y abordado la
influencia y poder de las oligarquías, su adaptabilidad y su perpetuación, aspecto este que
tiene un amplio desarrollo de estudios locales y regionales.
En segundo lugar, los hombres y familias de negocios implicados en los préstamos. Dado
que la mayoría de los estudios clásicos –Carande, Domínguez Ortiz, Ulloa–, se centraron en
las relaciones entre los banqueros del rey y la organización fiscal de la monarquía, otra línea
en la que aparecen Braudel y Hamilton y el propio Carande y que tuvo su desarrollo sobre
todo con H. Lapeyre en su estudio sobre los asientos de Felipe II,92 pone su atención en el
enorme problema de carecer de una banca de estado que permitiera hacer efectivo el dinero
allí donde había que gastarlo. En esta vía, C. Álvarez Nogal93 estudió el papel de los metales
preciosos americanos en las relaciones entre los banqueros y la monarquía de Felipe IV
sumida en la debilidad del sistema impositivo; cuantifica los metales llegados, los distintos
tipos de fondos y los mecanismos para distribuirlos, la evolución del sistema de flotas, las
bancarrotas y el deterioro que causaban en las relaciones entre Corona y banqueros, y el papel
de los genoveses en las negociaciones. Así se pone de relieve la resolución de uno de los más
graves problemas de la hacienda real, el aflujo regular de capitales a donde se gastaban, sujeto
a la capacidad e iniciativa de los responsables financieros de la Corona, carente de personal
especializado en esto, de modo que los banqueros aportaban dinero pero también cualificación
como agentes de pago internacionales,94 incluso cuando la Hacienda tenía fondos suficientes.
Con respecto a los prestamistas extranjeros, A. Tenenti, E. Otte, R. Canosa,95 etc. estudiaron a
los genoveses, que fueron muy importantes en el XVI, en 1621-1626 mantienen el control y
volvieron a la palestra desde 1661, quebrando en la crisis financiera de Carlos II. Los
portugueses, que se hicieron con el control entre 1627 y 1639, y se retiran en 1648-1655
cuando se produce la separación de España lo han sido por Boyajian, Broens, Schaub, etc.96
C. Sanz Ayán, en línea con la historia social de la hacienda, elaboró (1989) el estudio más
completo sobre los banqueros de Carlos II.97 Y el más completo estudio para el XVIII, el de
M. Zylbergberg sobre los franceses, nos recuerda que entre los españoles, los vascos fueron
los sustitutos de los financieros extranjeros en el XVIII, fundamentalmente cuando en torno a
1798 estos hubieran sido barridos;98 los Borbones se sirvieron de financieros franceses, sin
embargo, Felipe V impidió a los extranjeros el acceso a los asientos y a los arrendamientos de
ingresos públicos –aunque tanto aquellos como los italianos o irlandeses siguieran haciéndolo
mediante testaferros–, pero fue Fernando VI, por iniciativa de La Ensenada, quien fundó el
Real Giro con la intención precisamente de disponer de un servicio financiero exterior y fue la
falta de liquidez de la Hacienda lo que motivó los cambios posteriores, como la fundación del
Banco de San Carlos.99 En definitiva, se incide en el aprovechamiento de la administración
delegada de rentas, operaciones crediticias y contratos de suministro que no siempre con
períodos de penuria económica de la Corona y no siempre con negociantes extranjeros ni sólo
relacionados con la Corte.
En tercer lugar, la Real Hacienda y los concejos. Por razones de interés en sí mismo pero
también por el actual desarrollo de las administraciones locales, se puede hablar de un ámbito
de atención preferente. Sugerida por F. Ruiz Martín en 1978 la importancia de los
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XV Coloquio de Historia Canario-Americana
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procedimientos locales de recaudación para entender la eficacia fiscal de la Corona,100 fue un
tema desarrollado ampliamente en los ochenta,101 erigido en faceta relevante en los congresos
de historia local, como el celebrado en Palma en 1988,102 y en el grupo mayoritario de
aportaciones en congresos de orden general, como el de Estado y fiscalidad en el Antiguo
Régimen (Murcia, 1988),103 en el que todos los trabajos sobre la fiscalidad tienen un fuerte
carácter local y restringido en el tiempo. Pero fue en la ya mencionada reunión de la AEHM
de 1992 donde se convirtió en punto clave; en 1994, la reunión en torno a “monarquía,
imperio y pueblos”, apenas atrajo aportaciones sobre fiscalidad, pero tres de las cinco
presentadas al respecto –de 63– eran de ámbito municipal;104 y la administración municipal
fue tema monográfico en la reunión de1998,105 si bien es verdad que de 57 comunicaciones
sólo nueve se dedican a las cuestiones hacendísticas. La razón básica es que, como ha dicho
J. M. de Bernardo, quien encabeza un grupo bien definido,106 “los concejos castellanos fueron
la más segura de las plataformas financiero-fiscales de la monarquía hispánica. La política
interior y exterior de esta no se podría entender prescindiendo de la trascendencia de las tres
haciendas municipales, la de propios, la del pósito y la de arbitrios”.107 La aspiración de los
innumerables trabajos al respecto es servir como casos representativos o como indicadores de
problemas globales de la Hacienda –así se manifiesta A. Domínguez Ortiz con ocasión de su
estudio de las alcabalas sevillanas–,108 pero en una buena parte hay una fuerte propensión a las
interpretaciones introspectivas y endogámicas, sin que se puedan integrar los resultados en un
análisis global o que se establezca la relación entre las haciendas locales y la real –con
salvedades–.109 Al igual que en los estudios de los distintos territorios y reinos de la
monarquía, se ha desarrollado en paralelo el análisis social de las oligarquías locales
–encuadrable en el desarrollo de la historia urbana– y de su capacidad de intervención en un
ámbito que mantenían bajo su control y en el que manejaban la carga fiscal a su
conveniencia,110 en especial porque los Austrias delegaron la administración y gestión de la
fiscalidad en los poderes locales. En las dos últimas décadas las haciendas municipales han
pasado de ser desconocidas en nuestra historia financiera a ser uno de los ámbitos histórico-político
más concurrido; la clave radica en el creciente recurso al crédito a largo plazo y el
endeudamiento de las haciendas municipales por presiones originadas por el permanente
desajuste entre ingresos y gastos en la hacienda pública hacia la cual se produjo un trasvase de
recursos financieros: tanto este hecho como el grado de dependencia entre la hacienda de la
ciudad y la del Estado centran los estudios para saber si hubo aportaciones de las haciendas
municipales al gasto del estado y en qué medida y si la gestión y administración de esta
hacienda se hizo con independencia y libertad por parte de los municipios o estando estos
sometidos a vigilancia y control.
En cuarto lugar, el fraude fiscal. Denunciado por la literatura fiscal del XVII el perjuicio
que causaban el fraude al erario y al reino en la medida en que reducía los ingresos y obligaba
a empeñar las rentas reales, crear nuevos impuestos y/o manipular la moneda,111 y
entendiendo por tal la corrupción derivada de las oportunidades que ofrece el ejercicio del
poder y, por lo tanto, del uso particular y privado de aquello que era público, se ha
desarrollado en los años noventa una línea de investigación que contempla también los
intentos de lucha contra el fraude y la corrupción –como la creación de la Junta de Fraudes
bajo Carlos II–, si bien es verdad que se ha primado el período de los Austrias.112
En inferior grado de investigación, las resistencias y la conflictividad. Es preciso tener en
cuenta que la gestión financiera de los estados ha de ser analizada como un aspecto de la
extracción y redistribución de recursos, y que la premisa clave de las estrategias hacendísticas
era procurar el mayor flujo de ingresos sin alterar el orden social y respetando ciertos inercias
sectoriales particulares. Según B. González Alonso, haciendo una contraposición entre el
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Los estudios sobre la fiscalidad en la época moderna
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texto de la sentencia arbitral de 1465 y el del programa comunero de 1520 recogido por Fray
Prudencio de Sandoval, en las Comunidades no se aborda la regulación de la Hacienda Real,
ni se pretende abolir ningún tributo anterior de los que componían las rentas ordinarias; sin
embargo, mientras los nobles aceptaban la posibilidad de que hubiera rentas extraordinarias,
no así los comuneros, que no intentaban compensar esa desaparición ni propugnaban un
reparto más equitativo de la carga fiscal, sino que se limitaron a urgir la preservación e
inmovilización de los supuestos sociales y económicos que sustentaban el panorama social
vigente: su atención estaría en la reducción del gasto.113
P. Lorenzo Cadarso, plantea en su libro sobre los conflictos populares en la Castilla de los
Autrias que fue raro que la fiscalidad por sí misma los generase –salvo ante prácticas
recaudatorias violentas, muy excepcionales–114 de modo que presenta una visión de los dos
ciclos de conflicto, en las Comunidades y en los años 40/60 del XVII, desde la perspectiva del
Estado como primer factor de distorsión del equilibrio político local, en especial cuando se
producían cambios en los sistemas de gobierno –ventas o consumos de oficios, enajenaciones
del realengo, modificaciones del sistema electoral– o, como factor secundario, cuando se
aumentaba la presión fiscal, ya que obligaba al grupo dirigente a practicar políticas duras e
impopulares; la hostilidad surgía en estos casos menos de la angustia económica provocada
por los impuestos, que de la duda sobre la honradez y la eficacia de las oligarquías, a las
que se atribuía el aumento de la presión exculpando al rey. Así pues, la fiscalidad sería un
factor indirecto en los conflictos.115 La obra más atractiva en este campo sin duda la de
J. E. Gelabert, La Castilla convulsa, sobre el movimiento contra las modificaciones de la
gabela de la sal.116
La carga fiscal recaía de un modo sistemáticamente desigual entre los posibles
contribuyentes, hecho que otorga al fenómeno fiscal una dimensión económica y social en la
que los impuestos son un elemento de redistribución y la política fiscal un factor de
remodelación de las estructuras sociales. Pero tanto en ese caso como en otras facetas
tributarias, la atención a los contribuyentes y a su relación con la monarquía es todavía muy
desequilibrada:
A) Esta dimensión plantea cuestiones tan atractivas como la universalización tributaria
provocada por la imposición de los millones, aunque al dejar un hueco por el que los
privilegiados podía eximirse, ese proceso tuviese un significado más simbólico que real. El
ámbito de la tributación de los privilegiados está poco asistido y ha planteado debates largos
aunque no especialmente fructíferos; por ejemplo, F. Ruiz Martín o Ch. Jago, abordaron la
cuestión del efecto fiscal sobre las aristocracias117 y B. Yun sugirió que hay un alto grado de
confusión en lo referente a las relaciones Estado/aristocracia, su efecto en las economías
señoriales o la interpretación de la “crisis de la aristocracia”, partiendo de que si Carande
señaló la poca colaboración de la aristocracia con Carlos V y su éxito a la hora de eludir sus
exigencias fiscales, I. Atienza atribuyó a estas la crisis de las aristocracias desde 1560,
llegando B. Yun a la conclusión de que tal divergencia derivaba sólo de planteamientos de
método.118 Menos desarrollada esta vía de lo que debería estarlo,119 habría que contar también
en este capítulo los trabajos en que se mide el rendimiento fiscal de los territorios de las
Ordenes militares castellanas a la Corona.120
B) La fiscalidad sobre el clero ha sido abordada de modo desigual121 –por ejemplo, en la
reunión de la AEHM celebrada en Las Palmas en 1994 hubo una sección dedicada al clero en
la que sólo aparecen dos comunicaciones sobre cuestiones fiscales de entre 52
comunicaciones–122 y de un modo indirecto –por parte de Ch. Hermann o de M. Barrio Gozalo
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que estudian las pensiones sobre las mitras “que no son más que una modalidad particular de
las pensiones sobre los beneficios definitivamente instauradas por el papado en el siglo
XV”.123 El papa instauró las pensiones sobre las mitras españolas pero la Corona recibe en
1523 el derecho anejo al patronato de imponerlas en beneficio de personas de su elección;
dicho de otro modo, estas pensiones –desiguales en su efecto dependiendo de la riqueza de
cada diócesis, pero proporcionales a esa riqueza en aquellas que las sostuvieron– constituyen
una para-fiscalidad propia del Patronato Real, separada de la administración fiscal ordinaria
de la Real Hacienda. Sobre la Cruzada, existe el tradicional de J. Goñi Gaztambide de 1958 y
aportaciones innovadoras de A. Marcos.124 Desde mediados del XVI el clero estaba como
grupo entre los contribuyentes habituales de la hacienda real a través del subsidio y excusado,
que cuentan con algún estudio,125 pero sus protestas acabaron en concertación a tanto alzado,
fosilizado durante largo tiempo y si a fines del XVI aportaban el 5% de los ingresos de la
Corona, descendió en números relativos gracias a la estabilidad nominal y a la devaluación de
la moneda. Los eclesiásticos eran contribuyentes individuales con una posición especial que
perdieron parte de sus privilegios, pero fueron respetados en alguna de sus exenciones:126 con
los millones quedan integrados en los sectores contribuyentes pero eran un sector inestable y
sobre todo con una gran capacidad de convocatoria social. En efecto, hay que observar la
inserción fiscal de los eclesiásticos desde la perspectiva de su influencia y de su participación
en la estructura de poder ya que las concesiones papales para que el clero pagase los millones
y otras cargas se produjeron por vía de concesión quedando reducidas a un problema de
concierto entre jurisdicciones: el privilegio e inmunidad quedaban latentes porque los
términos de su aportación fijaban que se establecían que se hacía por un acto de
“generosidad” que comprometía al rey con el clero y el poder jurisdiccional autónomo hacía
factibles la desobediencia y la exención, además, claro está, de que pagaban en todo lo que
compraban y vendían pero estaban exentos en algunos aspectos –el vino– y esto daba lugar a
fraudes.
C) Pero tampoco hay investigaciones específicas sobre los sectores burgueses como
contribuyentes, de modo que de este aspecto no se ocupó ninguna de las ponencias o
comunicaciones presentadas en el congreso sobre la burguesía española en la Edad Moderna y
apenas las hubo en la sesión que sobre el comercio se desarrolló, en la reunión de la AEHM
de 1994.127 ¿Y los sectores urbanos menos acomodados? Y la fiscalidad sobre el mundo rural:
¿realmente hemos avanzado en los últimos años?: la crisis de la historia rural de base
territorial tiene buena parte de responsabilidad en este descuido, con excepciones, claro
está.128
Entendemos que para investigar los planteamientos fiscales y hacendísticos del período
moderno es preciso conocer las ideas que los fundamentaban, pretendían corregirlos o se
oponían a ellos,129 pero obviamente, si bien de un modo u otro, todo el pensamiento
económico estaría implicado y eso nos llevaría a una inmensa y renovada historiografía, lo
que nos interesa es aquél que afecta a la fiscalidad y a las finanzas públicas,130 cuestión clave
para comprender “la construcción y generación de las haciendas estatales”, que pasó “por los
condicionantes del marco teórico, que emblematizaba los postulados de legitimación moral o
de auto-representación del poder monárquico y que inciden sobre la adecuación de la
actuación estatal a una economía moral pública”,131 aunque también como expresión de
críticas a la política fiscal;132 desde la Escuela de Salamanca y sus implicaciones, la
producción de los arbitristas ha centrado buena parte de los estudios, desde J. Sureda (1949) y
J. Vilar (1973) y desde los trabajos de J. Reeder y L. Perdices de Blas y sobre el
mercantilismo y su superación lenta en el XVIII,133 hasta los debates en torno a la
modernización fiscal y el diseño de la Única Contribución o los primeros efectos de las
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Los estudios sobre la fiscalidad en la época moderna
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doctrinas liberales,134 esto es, cuando gente como Cabarrús incidía en que el sistema tributario
era malo no por su peso sino por su mala distribución: es abominable cargar la mano en los
impuestos sobre el consumo –habría que eliminar los consumos, alcabalas, derechos
señoriales, municipales– y que la medida tributaria ha de ser la propiedad porque la finalidad
del impuesto es redistribuir las rentas.
Finalmente, conviene no olvidar que no ha muerto el planteamiento clásico de la hacienda
y la fiscalidad por reinados, al que respondían los estudios pioneros sobre hacienda y
fiscalidad. R. Carande sobre el período de Carlos V, de M. Ulloa y F. Ruiz Martín sobre
Felipe II o este último y Domínguez Ortiz sobre Felipe IV135 y otros posteriores de calidad
inferior, obedecen a ese modelo, que se basa esencialmente en la asociación del poder
monárquico con la personalidad de quienes lo ostentaban y en que sus decisiones –o
necesidades– en política internacional, supeditaban las que se adoptaban en materia fiscal.
El efecto de la celebración de centenarios ha sido escaso porque el tema hacendístico-fiscal
quedaba deslucido entre los estudios de la imagen del poder. Incluso a sabiendas de que para
las finanzas de Carlos V no hay un trabajo completo,136 en 2001, en el congreso de Barcelona
no hubo aportaciones,137 en el de Madrid138 fueron muy escasas y vinieron de la mano de
especialistas en cada período cuyos resultados eran ya conocidos; en uno de ellos C. J. de
Carlos, al hablar de las relaciones entre los prestamistas y Carlos V en 1529-1533, nos
permite ver las razones, esto es, que desde la obra de Carande los investigadores apenas se
habían atrevido a introducirse en este ámbito y que el ingente volumen de documentación
poco o nada conocida y a los múltiples y complicados interrogantes que sugiere, que generaba
un cierto respeto.139 En el celebrado en torno al lema Europeísmo y Universalidad,140 sólo hay
cuatro contribuciones que, sin embargo, reconocían la existencia de lagunas sobre cuestiones
importantes, como las incautaciones de las remesas de dinero americanas destinadas a
particulares, tema no desconocido pero sí “desarrollado con cierta premura, con ocasionalidad
coyuntural en obras destinadas a otros objetivos” ya que por la autoridad de quienes lo habían
estudiado –Haring, Carande o Céspedes– se consideraba zanjado cuando distaba de estarlo;
así, A. García-Baquero plantea reconstruir el mecanismo burocrático del secuestro, esto es, el
procedimiento, y observar las reacciones y fórmulas de defensa adoptadas por los afectados y
“alguna nota sobre la realidad cuantitativa de las sumas incautadas”,141 dentro del contexto de
la falta de liquidez y de los agobios financieros de Carlos V.
Felipe II concentró en su hacienda y fiscalidad la investigación más voluminosa y
sugestiva, de entre la que destacan las obras de I. A. A. Thompsom y J. I. Fortea,142 pero el
centenario de la muerte del rey se saldó con resultados desiguales, con reuniones en las que el
tema fiscal se ignoró143 y otras en que aparece en secciones donde no se esperaría su
desarrollo;144 no entramos a evaluar la producción contenida en las obras de nivel territorial
que se publicaron con ocasión de ese centenario, por imposible, claro está.145 Felipe III se ha
beneficiado en los últimos años, no tanto de que apareciese el estudio monográfico sobre su
hacienda elaborado por I. Pulido Bueno,146 como del atractivo que para los historiadores tuvo
el desarrollo de las primeras fases de la imposición de los millones, por lo que nos remitimos
a páginas anteriores. Felipe IV, protagonista a su vez de una numerosa y rica bibliografía
sigue centrando la atención por esa misma razón, de modo que con su predecesor, reúne hoy
la atención preferente, sin duda momentáneamente eclipsada por el tránsito del siglo XVII al
XVIII y la conmemoración del paso de los Austrias a los Borbones. No obstante, debe tenerse
en cuenta que no pocos investigadores han optado por la primera mitad del siglo XVII,
uniendo el reinado de Felipe III con la primera parte del período de Felipe IV, esto es, hasta el
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punto clave de la crisis: A. García Sanz, E. Fernández de Pinedo, J. I. Fortea o J. E. Gelabert,
son buena muestra de esto.147
Con respecto al reinado de Carlos II, cuya hacienda fue estudiada en 1980 por Garzón
Pareja según una visión erudita,148 ha habido una persistente intención de calificarlo como de
mala situación hacendística, pero todo indica en la historiografía más reciente que el peso de
la fiscalidad parece haber descendido hasta 1695 y que más bien fueron las medidas
administrativas y de gobierno adoptadas al respecto como la creación de Juntas (de Alivios,
de Fraudes, de Encabezamiento, de Resguardo), la reforma del sistema (intendentes y
superintendente) y la relativa austeridad en la administración y los esfuerzos por aminorar la
deuda pública los que habrían intensificado la percepción negativa entre los distintos grupos
sociales de la época; en esta revisión es esencial la obra de J. A. Sánchez Belén (1996) a la
que acompañan las de Sanz Ayán y E. Cárceles de Gea.149 Este ha sido sin duda el “centenario
olvidado”, sin celebraciones oficiales, aunque se haya advertido un aumento de las
publicaciones vinculadas por la idea de que “la decadencia y la pérdida de la hegemonía
internacional convivieron con importantes iniciativas y realizaciones políticas”.150
El cambio de dinastía y la puesta en marcha de un nuevo proyecto de gobierno, fueron
objeto de estudio preferente en los setenta, desde la obra de H. Kamen sobre la Guerra de
Sucesión,151 que aportó cifras de lo recaudado durante la guerra y corroboró la tesis de las
permanencias del viejo sistema recaudatorio, pero, como antes decíamos, ni siquiera el
centenario del reinado de Felipe V y los congresos, menos llamativos, celebrados en torno a
él, han provocado el mismo grado de atención. Lo mismo cabría decir del período de
Fernando VI, que cuenta con los numerosos trabajos sobre la Única y sobre todo con la obra
de R. Pieper, que abarca también el reinado de Carlos III. Éste se vio premiado con sonados
festejos de celebración en su centenario, pero no está claro que colmasen una evidente
laguna,152 ya que, por ejemplo, en la bibliografía del reinado elaborada por F. Aguilar Piñal,
en un total de 8.176 entradas, sólo aparecen 122 relacionadas con la fiscalidad,153 y en los
congresos celebrados sólo aparecen algunas aportaciones sobre aspectos concretos, como la
renta del tabaco o la política arancelaria.
Finalmente, la época de Carlos IV. El centenario del comienzo del reinado, dio origen a
algún congreso, como la primera reunión de la AEHM, organizada por P. Molas, que no
motivó una especial dedicación a este tema.154 Sin embargo, no es un período desasistido
porque en él se conjugaron buena parte de los estudios de los años setenta –Merino Navarro o
J. Cuenca Esteban–155 y los numerosos sobre las desamortizaciones. En esencia, se parte de
que Carlos III dejó unas finanzas saneadas y un Estado poco endeudado, y fue la ambición de
mantener el rango de potencia lo que llevó a la crisis al tener que cubrir el déficit con
expedientes extraordinarios como la deuda pública y las primeras desamortizaciones.
EPÍLOGO
Sin la menor intención de agotar las citas bibliográficas, pero también sin ánimo de dejar
de mencionar los trabajos más relevantes, he tratado de esbozar, desde fuera, dado que esta no
es mi especialidad, lo que considero un balance crítico pero, al mismo tiempo, optimista. Las
fases de evolución de las investigaciones que he marcado creo que son fáciles de definir
porque son bien distintas entre sí, con enfoques diferentes y cada vez más enriquecedores,
pero también con un cierto riesgo de pulverización de los análisis y de observación
introspectiva, problemas que derivan de la dispersión territorial de la investigación y de una
tendencia –propiciada muchas veces por las fuentes documentales– a los estudios de períodos
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Los estudios sobre la fiscalidad en la época moderna
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cortos, lo que, claro está, dificulta la comparación. Nada que no pueda subsanarse con un
esfuerzo de corrección que sin duda vendrá de los investigadores más jóvenes.
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XV Coloquio de Historia Canario-Americana
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NOTAS
1 Hernández Hernández, “Finanzas y hacienda en los territorios de la monarquía hispánica. Revista de una
década historiográfica”, Cuadernos de Historia Moderna (en adelante, CHM), 1998, 21, p. 267. –Lo reitera
en Fiscalidad de Reinos y deuda pública en la monarquía hispánica del s. XVI, Córdoba, 2001, p. 3.– El
autor estructura su balance en torno a tres cuestiones que suscribimos plenamente: a) si la producción
reciente es la más original y conectada con las líneas de investigación sobre Europa; b) si aporta novedades
sobre las obras de referencia de los distintos reinados –Carande, Domínguez Ortiz, Ruiz Martín, Ulloa,
Garzón Pareja–; c) si existen vacíos en la investigación y cuáles son aquellos niveles que pueden
considerarse llenos. Pero se atiene a los siglos XVI/XVII cuando entiendo que debe hacerse la
comparación con el XVIII y toma como punto de partida 1989 y como referencia del cambio que él
considera la obra de C. Sanz Ayán sobre los banqueros de Carlos II, que no nos parece del todo
significativa.
2 Publicó las obras de M. Artola, G. Anes y de los investigadores de su entorno, la de M. Garzón Pareja, la
revista Hacienda Pública Española, y las actas de diversos congresos.
3 El ejemplo más conseguido es el de las Actas de las Xuntas del Reino de Galicia, edición financiada por la
Xunta de Galicia y dirigida por A. Eiras Roel, en cuyos estudios introductorios, que no citamos por
cuestión de espacio, se da una extraordinaria importancia a la fiscalidad.
4 Fue clave la revista Hacienda Pública Española (en adelante, HPE), que desde 1974 se dedica sólo a
historia económica y financiera de España apoyada por el Instituto de Estudios Fiscales. Lo cierto es que
desde fines de los ochenta se ocupa sólo del período contemporáneo, pero antes vivió una etapa muy activa
en la que aparecen artículos clave en ciertos momentos y diversos números monográficos al respecto, como
el titulado Historia de la hacienda en España, ss. XVI-XX, que constituyó el homenaje a F. Ruiz Martín
(1991); es significativo que en 1981, por ejemplo, de 16 artículos, uno es de fiscalidad y otros cinco sobre
la Hacienda en el período moderno y de éstos, uno no se refiere a España; o que se dedique un número
monográfico a R. Carande en el que sólo 3 de 26 artículos se refieren a cuestiones fiscales del Antiguo
Régimen –y sólo dos referidos a España– aunque contiene también uno de Ladero sobre la Edad Media y
otros varios sobre la primera mitad del XIX –Homenaje a D. Ramón Carande, 108-109, 1987–. O que
hubiera números monográficos como el dedicado al fraude en 1994. El otro instrumento de difusión de las
investigaciones sobre fiscalidad ha sido Moneda y Crédito (en adelante, MC), que a comienzos de los
setenta publica artículos de R. Herr sobre las desamortizaciones desde la de Godoy (1971 y 1974) o de J.
Hernández Andreu sobre la Única Contribución (1971), pero en general su atención al período moderno es
ocasional y con prioridad al siglo XVIII. En total, de 1971 a hoy, 12 artículos de entre certa de 400, con
una relación más o menos directa con lo que nos ocupa –desmembraciones eclesiásticas, cuestiones
contables de la Hacienda, ramos específicos de la fiscalidad y su efecto, algo de teoría...–, de los que quizá
el más significativo es el de P. Fernández Albaladejo sobre el decreto de suspensión de pagos de 1739 (“El
decreto de suspensión de pagos de 1739: análisis e implicaciones”, 142, 1977, p. 51). La Revista de
Economía Política también fue cauce para la publicación de trabajos de R. Calle Sainz sobre la literatura
financiera que citaremos luego o los de J. Hernández Andreu (“Evolución histórica de la contribución
directa en España desde 1700 a 1814”, 1972, p. 31).
5 De modo habitual pero no llamativo, como constatamos en algunos ejemplos. En la revista Investigaciones
históricas de la Universidad de Valladolid en el período de 1979 a 2001 sólo aparecen dos artículos
relacionados con el tema (C. Rodríguez González y R.M. González Martínez, “Hacia la estabilidad de los
impuestos sobre el tráfico en España (1745-1844)”, 1985, p. 55 y M.A. Sánchez González, “La
Desamortización de Godoy en Cantrabria”, ib., 1993, p. 173); Cuadernos de Historia Moderna de la
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Los estudios sobre la fiscalidad en la época moderna
1419
Universidad Complutense está desprovista de artículos sobre tema fiscal, pero en 1998 le dedica un número
monográfico; con el título “Tirar con la pólvora del rey” o el dinero de todos (Estudios de hacienda y
fiscalidad en la España moderna) con introducción de J. M. Carretero Zamora. La Revista de Historia
Moderna de la Universidad de Alicante sólo contiene un artículo sobre el tema (R. Franch Benavent,
“Fiscalidad y manufacturas en la Valencia de Felipe V”, p. 421). En Studia Historica (en adelante, SH), en
su etapa vinculada con la AEHM el número de artículos sobre fiscalidad es muy bajo; en el informe
dedicado a Felipe II, el ocaso del reinado (1589-1598), 1997, 17, sólo uno de I. A. A. Thompson
(“Oposición política y juicio del gobierno en las Cortes de 1592-1598”, p. 37) y otro de J. I. Fortea –que
citaremos en su lugar– se dedican a esta cuestión.
6 Este último esporádicamente: “Notas para un estudio de los presupuestos de la Monarquía española a
mediados del siglo XVIII”, Dinero y Crédito (siglos XVI al XIX), Madrid, 1977, p. 49 y ss.
7 Nos resistimos a incluir a M. Garzón Pareja cuya obra –La Hacienda de Carlos II, Madrid, 1980–, no está
a la altura de las mencionadas. Por lo mismo no tomamos como divisoria su Historia de la Hacienda de
España, Madrid, 1984, un estudio erudito y descriptivo con base en leyes y normas, muy institucional, que
no cumple el objetivo que el autor se marca de estudiar “el devenir de los hechos impositivos en sí como
cargas de la sociedad que los soporta, mirando al uso o abuso que en cada momento se haya producido y no
a su más o menos perfecta juricidad” (p. 11).
8 Además de las obras de J. I. Fortea que se basan en la comparación, alguno hay como el de J. M. Carretero
Zamora, “Asambleas representativas y fiscalidad en época de Felipe II: Castilla, Franco Condado y
Hainaut (una aproximación comparada)”, p. 433, en E. Martínez Ruiz, Madrid, Felipe II y las ciudades de
la monarquía, Madrid, 2000, 1º.
9 Son de destacar los de J. Zafra Oteyza, “Algunas fuentes para el estudio de la fiscalidad en la segunda
mitad del siglo XVIII”, Estudios de Hacienda: De Ensenada a Mon, Madrid, 1984, p. 547 y “La
documentación histórica de carácter tributario y la historia económica”, HPE, 1991, p. 75. También E.
Hernández Esteve, Contribución al estudio de las ordenanzas de los RRCC sobre la Contaduría Mayor de
Hacienda y sus oficios, Madrid, 1988, etc.
10 G. Anes, “Prólogo” a la obra de J. Zafra, p. 13.
11 Casos hay: J. A. Sánchez Belén, “Absolutismo y fiscalidad en Castilla a fines del siglo XVII: el
encabezamiento general del Reino (1682-1685)”, Espacio, Tiempo y Forma, 2, 1989, p. 175; M. Villegas
Ruiz, El encabezamiento, nueva modalidad de recaudación de rentas en la época de Carlos I, Córdoba,
1995.
12 M. Peset, Derecho foral valenciano, Valencia, 1995, hace un atractivo llamamiento al respecto.
13 R. Pieper, La Real Hacienda bajo Fernando VI y Carlos III (1753-1788). Repercusiones económica y
sociales, Madrid, 1992 (1987). Véanse también los durísimos comentarios sobre quienes trabajaron las
series de la renta del tabaco hechos por J. M. Rodríguez Gordillo, “Las estadísticas de la renta del tabaco
en el s. XVIII”, en S. de Luxán y otros, El mercado del tabaco en España durante el siglo XVIII, Las
Palmas, 2000, p. 53.
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XV Coloquio de Historia Canario-Americana
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14 R. Pérez Bustamante, “Un intento de reforma contable en la Hacienda española durante el Reino de Felipe
II: el Libro de Caja”, MC, 148, 1979, p. 89, referido a 1592, y “Del sistema de contadurías al Consejo de
Hacienda, 1433-1525”, Historia de la Hacienda española, Madrid, 1982. J.P. Dedieu, “Le droit des
chiffres ou du bon usage des comptes du receveur”, Perfiles jurídicos de la Inquisición española, Madrid,
1992, p. 701 y “El arca de rentas reales de Villa Nueva de los Infantes a finales del s. XVIII. La cuenta de
Tomás Marco Ortega (1685-1690)”, CHM, 1998, p. 103.
15 J.A. Marino, “Creative accounting in the age of Philip II? Determining the ‘just’ rate of interes”, Historical
Journal¸ 1993, 4, p. 761.
16 E. Hernández Esteve, Contribución al estudio de la historiografía contable, Madrid, 1981; Establecimiento
de la partida doble en las cuentas centrales de la Real Hacienda de Castilla, Madrid, 1986; “La
contabilidad como instrumento de registro. Información y control de las finanzas reales españolas (ss. XVI-XVII)”,
en A. M. Bernal (edt.), Dinero, moneda y crédito en la monarquía hispánica, Madrid, 2000, p.
815. R. Donoso Anes, Una contribución a la historia de la contabilidad: análisis de las prácticas
contables desarrolladas por la tesorería de la Casa de la Contratación de las Indias de Sevilla (1503-
1717), Sevilla, 1996. D. Alonso García, “La configuración de lo ordinario en el sistema fiscal de la
monarquía (1505-1536). Una o dos ideas”, S.H., 21, 1999, p. 117. M. Calvo Cruz, La contabilidad de
espolios y vacantes: Diócesis de Canarias (1753-1851), Las Palmas, 2000.
17 E. J. Hamilton, El tesoro americano y la revolución de los precios en España, 1501-1650. Barcelona, 1975.
18 E. M. García Guerra, “La moneda de vellón: un instrumento al servicio de la fiscalidad del Estado moderno
castellano: las Cortes”, CHM, 1998, p. 59.
19 C. López González, “Desde las reformas monetarias de los Reyes Católicos hasta fines del s. XVII”, en
J. Hernández Andreu (edt.), Historia monetaria y financiera de España, Madrid, 1996, p. 13.
20 J. A. Sánchez Belén, “Arbitrismo y reforma monetaria en tiempos de Carlos II”, Espacio, Tiempo y Forma,
V, 1992, p. 135. J. Bravo, “La devaluación de 1680. Propuestas de análisis”, Hispania, 1993, 183, 115.
21 R. Herr, “El expediente de los vales reales (1780/1808)”, Dinero y Crédito, p. 115. E. J. Hamilton, War
and prices in Spain, 1651-1800, Cambridge, 1947 y “El Banco Nacional de San Carlos (1782-1800)”, en
El Banco de España. Una historia económica. Madrid, 1970.
22 En realidad se basa en textos del XIX y primer tercio del XX ya que de la bibliografía posterior sólo
menciona a R. Carande y F. Ruiz Martín, elogiosamente, M. Ulloa, displicentemente, y a A. Domínguez
Ortiz, entre el respeto y la crítica y no tuvo en cuenta los análisis rurales y urbanos en los que se había
medido el impacto de las distintas fiscalidades, salvo porque cita a García Sanz.
23 J. L. Sureda, La Hacienda castellana y los economistas del siglo XVII. Madrid, 1949. M. Bytar Letayf,
Economistas españoles del siglo XVIII, Madrid, 1968; J. Reeder, “Uztariz y Colbert”, M.C., 121, 1972, p.
105; J. Vilar, Literatura y economía. La figura satírica del arbitrista en el Siglo de Oro, Madrid, 1973;
también, P. Vilar, Crecimiento y desarrollo, Barcelona, 1976.
24 A. Otazu, “Dinero y Crédito (siglos XVI al XIX)”. Actas del 1º Coloquio Internacional de Historia
Económica, Madrid, Ed. Moneda y Crédito, 1977.
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25 B. Barreiro Mallón, La Jurisdicción de Xallas en el s. XVIII, Santiago, 1973; E. Fernández de Pinedo,
Crecimiento económico y transformaciones sociales en el País Vasco. 1100-1850. Madrid, 1974.
P. Fernández Albaladejo, La crisis del Antiguo Régimen en Guipúzcoa (1766-1833), Madrid, 1975.
A. García Sanz, Desarrollo y crisis del Antiguo Régimen en Castilla la Vieja. Economía y sociedad en
tierras de Segovia, 1500-1814. Madrid, 1977; J. M. Pérez García, Un modelo de sociedad rural de A.R. en
la Galicia costera, Santiago, 1978, etc.
26 Véase R. Calle Sainz, “La Hacienda Pública en España. Un análisis de la literatura financiera de la década
de 1830 hasta la actualidad”, Revista de Economía Política, 1974, 68, p. 5. También, J. Lasarte y otros, La
Hacienda en la Bibliografía de 1700 a 1845, Madrid, 1980.
27 H. Romeu Llorach, “Notas para el estudio del equivalente y otras contribuciones del País Valenciano en el
siglo XVIII”, Estudis d’Historia Contemporània del Pais Valenciá, 1, 1978, p. 49 y El sistema fiscal
valenciano, 1715-1823, Vinaroz, 1981. Del mismo, más tarde, “El nuevo régimen fiscal valenciano del
absolutismo borbónico”, De Ensenada a Mon, p. 467. También, C. Corona Marzol, “La política fiscal
reformista a mediados del s. XVIII: la revisión de las rentas de la Generalidad valenciana”, Millars, 1982,
8, p. 49.
28 M. Artola, “La Hacienda Real de Navarra en el Antiguo Régimen”, HPE, 55, 1978, p. 131.
29 J. Nadal Ferreras, La introducción del Catastro en Gerona. Contribución al estudio del régimen fiscal en
Cataluña en tiempos de Felipe V. Barcelona, 1971. J. Hernández Andreu, “La Unica Contribución del
Marqués de La Ensenada y el impuesto único de la Escuela fisiocrática”, MC, 117, 1971, p. 67. J. Fontana,
“La supervivencia del mito de la Única contribución”, HPE, 17, 1972, p. 111. A. Otazu, La reforma fiscal
de 1749-79 en Extremadura, Madrid, 1978. B. García Martín, “Gastos ocasionados para confeccionar el
Catastro del marqués de La Ensenada”, Geographica, 19-20, 1977-78, p. 89. E. Escartín, “El Catastro
catalán. Teoría y realidad”, Pedralbes, 1, 1981, 260. D. Mateos Dorado, “La Única contribución y el
Catastro de Ensenada (1749-1759)”, La Época de Fernando VI, Oviedo, 1981, p. 227. S. Villas Tinoco,
“Aproximación al estudio del Catastro de Ensenada”, Estudios de Economía e Historia, Málaga, 1981, p. 9.
30 M. Garzón Pareja “Uso y tributación del tabaco”, Anuario de Hª Económica y Social, 1970, p. 465. J. M.
Rodríguez Gordillo, “Una aportación al estudio de la renta del tabaco en el siglo XVIII”, Historia,
Instituciones y Documentos, 5, 1978, p. 1, etc.
31 “Los juros de Castilla. Apogeo y fin de un instrumento de crédito”, Hispania, 1963, p. 43, y “Dette flotante
et dette consolidée en Espagne, 1557 a 1600”, Annales ESC, 1963, p. 745.
32 B. Clavero, “Señorío y Hacienda a finales del Antiguo Régimen en Castilla”, MC, 135, 1975, p. 11.
33 A. García Sanz, “Repercusiones de la fiscalidad sobre la economía castellana en los ss. XVI y XVII”,
Historia de la hacienda en España, ss. XVI-XX, Madrid, 1991, p. 16. L. M. “Ensayo de reconstrucción
histórica de la presión fiscal en Castilla durante el siglo XVI”, Haciendas forales y hacienda real, Bilbao,
1990, p. 37. S. Madrazo, “Portazgos y tráfico en la España de finales del Antiguo Régimen”, MC, 160,
1982, p. 39.
34 J. Fontana, La Hacienda en la Historia de España, 1700-1931, Madrid, 1980, div. pp.
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35 J. I. Fortea y C. M. Cremades, Política y Hacienda en el Antiguo Régimen, Murcia, 1994.
36 Corona de Castilla: 18 comunicaciones; Corona de Aragón: 11; Provincias Exentas: 4; Italia: 1; Portugal:
1; general: 4.
37 I. I. A. Thompson había publicado ya cosas como, “Crown and Cortes in Castile 1590-1665”, Parliaments,
States and Representation, 1982, p. 29.
38 J. M. Carretero Zamora, Cortes, monarquía, ciudades. Las Cortes de Castilla a comienzos de la etapa
moderna: 1476-1515. Madrid, 1988; “Los servicios de Cortes y las necesidades financieras de la
monarquía castellana”, CHM y Contemporánea, 8, 1987, p. 215; “Los servicios de las Cortes de Castilla en
el reinado de Carlos V (1519-1554): volumen, evolución, distribución”, Las Cortes de Castilla y León
(1188-1988), Valladolid, 1990, 1º, p. 417.
39 J. I. Fortea, Monarquía y Cortes en la Corona de Castilla. Las ciudades ante la política fiscal de Felipe II,
Salamanca, 1990.
40 J. I. Fortea, “Trayectoria de la Diputación de las Cortes”, Las Cortes de Castilla y León en la Edad
Moderna, Valladolid, 1989, p. 33; M. Artola, “Atribuciones de las Cortes en materias fiscales”, ib., p. 137;
I. A. A. Thompson, “Cortes y ciudades: tipología de los procuradores (extracción social,
representatividad)”, p. 191; Ch. Jago, “Crisis sociales y oposición política: cortes y monarquía durante el
reinado de Felipe II”, p. 315; P. Fernández Alabaladejo, “Cortes y poder real”, p. 477; cuatro de las
ponencias (F. de Arvizu, L. González Antón, E. Salvador y R. García Cárcel, se dedican a las cortes de los
distintos reinos).
41 I. A. A. Thompson, Crown and Cortes: government, institutions and representation in early modern
Castile. Hampsphire, 1993.
42 Ch. Jago, “Fiscalidad y cambio constitucional en Castilla, 1601-1621”, Política y Hacienda, p.117; “Philip
II and the Cortes of Castile. The Case of the Cortes of 1576”, Past & Present, 109, p. 24, y otros que se
citan en este estudio.
43 F. Ruiz Martín, “La hacienda y los grupos de presión en el siglo XVII”, en B. Bennassar y otros, Estado,
Hacienda y Sociedad en la Historia de España. Valladolid, 1989, p. 95.
44 De este último conviene tener muy en cuenta su libro Fragmentos de Monarquía. Madrid, 1992; también
P. Fernández Albaladejo y J. A. Pardos, “Castilla, territorio sin Cortes, s. XV-XVII”, Revista de las Cortes
Generales, 1, p. 11.
45 Varios: Haciendas forales y Hacienda real. (Homenaje a M. Artola y F. Ruiz), Bilbao, 1990.
46 E. Fernández de Pinedo, “Haciendas forales y revolución burguesa: las haciendas forales vascas”, HPE, pp.
108-109, 1987; “Gasto público y reformas fiscales. Las Haciendas forales vascas”, ib., 1991, pp. 93-100;
“Los ingresos de la Hacienda Real en Cataluña (1717-1779)”, De Ensenada a Mon, p. 193. “Ingresos y
gastos de la hacienda catalana en el s. XVII”, Haciendas forales..., p. 207; más tarde, “La participación
catalana en la Monarquía hispánica (1599-1640)”, Manuscrits, 1997, 15, p. 65.
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Los estudios sobre la fiscalidad en la época moderna
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47 L. M. Bilbao Bilbao, “Prólogo” a I. Mugartegui Eguia, Hacienda y fiscalidad en Guipúzcoa durante el
Antiguo Régimen (1700-1814), Bilbao, 1990, p. 7. Debe tenerse en cuenta que él mismo demostró su
conocimiento del tema en: “La fiscalidad en las provincias exentas de Vizcaya y Guizpúzcoa durante el
Antiguo régimen”, De Ensenada a Mon, cit., y “Relaciones fiscales entre la provincia de Alava y la
Corona. La Alcabala en los ss. XVI y XVII”, Congreso de Estudios Históricos. La Formación de Álava,
Vitoria, 1985.
48 Ensayados, entre otros, en la tesis de I. Mugartegui citada ya. De la misma, “La exención fiscal de los
territorios forales vascos: el caso guipuzcoano en los ss. XVII y XVIII”, Haciendas forales, p. 175.
49 S. Solbes Ferri, “Los servicios de las Cortes de Navarra en el s. XVIII”, Política y hacienda, p. 569, y
Rentas reales de Navarra: proyectos reformistas y evolución económica, 1701-1765, Pamplona, 1999. M.
García Zúñiga, “Los ingresos de la Hacienda Real en Navarra (ss. XVI-XVII)”, Haciendas forales, p. 195;
“Orígenes, evolución y crisis de una Hacienda foral: Navarra, 1642-1820”, Boletín del Instituto Gerónimo
de Uztariz, 6, 1992, p. 5; “Haciendas forales y reformas borbónicas, Navarra 1700-1808”, Revista de
Historia Económica, 2, 1993, pp. 30-336; “Gasto y deuda pública en Navarra durante el feudalismo
desarrollado”, Política y hacienda, p. 271; Hacienda, Población y Precios (ss. XVI-XVIII), Pamplona,
1996. J. de la Torre y M. García-Zúñiga, “Revolución burguesa y privilegios fiscales: la hacienda foral de
Navarra, 1780/1860”, en J. M. Donézar, y M. Pérez Ledesma (edts.), Antiguo Régimen y Liberalismo. 2.
Economía y sociedad, Madrid, 1995, p. 81. J. M. Delgado Ribas, “Presión fiscal y asignación de recursos
en la monarquía borbónica”, Manuscrits, 4-5, 1987, p. 25, etc.
50 J. Correa Ballester, La hacienda foral valenciana. El Real patrimonio en el siglo XVII, Valencia, 1995 y,
antes, El impuesto del equivalente y la ciudad de Valencia (1707-1740), Valencia, 1986. P. Gandoulphe,
“Les finances de la Bailia General de Valence (1555-1624): moyens et reflets d’une politique”, Mélanges
de la Casa de Velázquez, 1993, 2, p. 7. J. M. Castillo del Carpio, “El sistema tributario del reino de
Valencia durante el siglo XVI”, Estudis, 1993, p. 103 y “La hacienda foral valenciana a comienzos del s.
XVI. Cortes y Diputació”, Política y Hacienda, p. 203. C. Corona Marzol, “Un centro de experimentación
castellano en Valencia: la superintendencia general de Rentas Reales (1707-1713)”, Estudis, 1988, 13, p.
171. L. Fernández Santana, “Unas precisiones sobre el Equivalente de Valencia”, De Ensenada a Mon, p.
217. C. García Monerris, “Monarquía absoluta y haciendas forales: desmembración y reorganización del
Patrimonio Real valenciano en el s. XVIII”, ib., p. 271.
51 B. Hernández, art. cit. p. 320. Del mismo, “Un assaig de reforma del sistema fisco-financer de la
monarquia a Catalunya: l’impost del quint sobre les imposicions locals, 1580-1640”, Manuscrits, 1996, p.
297; “La fiscalidad en Cataluña en la segunda mitad del siglo XVI”, E. Belenguer (Coord.): Congreso
Internacional Felipe II y el Mediterráneo, Barcelona, 1999, p. 529; “La receptoría de la Bailía General de
Cataluña durante el siglo XVI”, Pedralbes. Actas III Congreso de Historia de Cataluña, 1993, II, p. 25.
“Política fiscal de Felipe II sobre Cataluña a fines del siglo XVI”, Felipe II (1598-1998). Europa dividida:
la monarquía católica de Felipe II, Madrid, 1998. Véanse también: P. Molas Ribalta, “La administración
de Hacienda en Cataluña en la Edad Moderna”, en C. M. Cremades, Estado y fiscalidad en el Antiguo
Régimen, Murcia, 1989, p. 55. A. Jordá Fernández, “Els ingressos fiscals de la Generalitat de Catalunya a
la segona meitat del segle XVII”, Estudis Histórics y Documents dels Arxius de Protocols, Barcelona, X,
1982. No debe desdeñarse el peso que en este territorio tuvo la obra de J. H. ELLIOTT, La rebelión de los
catalanes, 1598-1640. Madrid, 1977.
52 Cabe destacar los trabajos de G. Colas y J. A. Salas, “Las Cortes aragonesas de 1626: el voto del servicio y
su pago”, Estudios, Zaragoza, 1975, p. 87. P. Sanz Camañes, “El Patrimonio Real en Aragón: organización
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XV Coloquio de Historia Canario-Americana
1424
administrativa, rentas y balance (1664-1670)”, Revista de Historia Jerónimo Zurita, 61-62, 1990, p. 107;
“La Hacienda real en Aragón. Ingresos y gastos en la contabilidad de 1673”, Política y Hacienda, p. 335;
“Municipio, fiscalidad y empresa militar. Zaragoza y su contribución a la Corona durante el gobierno de
los Austrias”, en Monarquía, imperio y pueblos en la España Moderna, Alicante, 1998, p. 493 y Política,
hacienda y milicia en el Aragón de los últimos Austrias (1640-1680). Zaragoza, 1997. J. A. Salas Ausens,
“La hacienda real aragonesa en la segunda mitad del s. XVII”, Política y hacienda, p. 491. E. Solano
Camón y P. Sanz Camañes, “La contribución de Aragón en las empresas militares al servicio de los
Austrias”, SH, 18, 1998, p. 237; E. Solano Camón, Poder monárquico y estado pactista (1626-1652): los
aragoneses ante la Unión de Armas. Zaragoza, 1987, etc.
53 D. Bernabé Gil, “La fiscalidad en los territorios peninsulares de la Corona de Aragón durante la Epoca de
los Austrias”, Política y Hacienda, p. 15.
54 B. Vincent, “Las rentas particulares del Reino de Granada en el siglo XVI: fardas, habices, hagüela”,
Dinero y Crédito, p. 245. G. Colas y J. A. Salas, “Repercusiones económicas y sociales en Zaragoza del
pago de la sisa de 1626”, Estudios, 78, 1979, p. 151. G. Lemeunier, “La sal, el fisco y la vida cotidiana en
el Reino de Murcia a finales del s. XVI”, Areas, 1981, p. 29. I. Pulido Bueno, Almojarifazgo. Comercio
exterior en Andalucía en la época mercantilista, 1526-1740, Huelva, 1993. M. Rodríguez Cancho y J. L.
Pereira, “El impuesto sobre el volumen general de ventas en la Extremadura del Quinientos”, Política y
hacienda, p. 453. E. Martínez Ruiz, “El arriendo de las sisas de millones de Granada, 1601-95”, Chronica
Nova¸1993-94, 21. pp. 357. P. Corella Suárez, “Aspectos fiscales de la renta de la nieve en la Corona de
Castilla durante los siglos XVII y XVIII”, MC, 1988, p. 47.
55 J. I. Fortea Pérez, Fiscalidad en Córdoba. Fisco, economía y sociedad: alcabalas y encabezamientos en
Tierras de Córdoba (1513-1619), Córdoba, 1986; “Los encabezamientos de alcabalas andaluces en la
hacienda real de Castilla (1557-1595)”, en J. A. Salas y otros, Poder político e instituciones en la España
Moderna, Alicante, 1992, p. 142.
56 G. Anes, “Prólogo” a J. Zafra Oteyza, Fiscalidad y Antiguo Régimen. Las Rentas Provinciales del Reino de
Granada (1746-1780), Madrid, 1991, p. 13.
57 J. I. Ruiz Rodríguez, “Estructura y recaudación del servicio de millones (1590-1691)”, Hispania, 1992,
182, p. 1073; “La recaudación territorial del servicio de millones (Toledo y el distrito de Villanueva de los
Infantes)”, Política y hacienda, p. 481. I. Pulido Bueno, Consumo y fiscalidad en el Reino de Sevilla: el
servicio de Millones en el s. XVII. Sevilla, 1984. U. Gómez Alvarez, Revisión histórica de la presión fiscal
castellana, ss. XVI-XVIII. Análisis tributario del caso de la provincia de León, sus partidos y concejos en
el s. XVII, Oviedo, 1996. J. Guillamón y J. J. Ruiz Ibáñez, “De la oposición al consenso: los erarios de
1622 y los millones de 1625”, Monarquía, imperio y pueblos, p. 711. F. Marín, “Fiscalidad y Mesta: las
repercusiones del servicio de los ocho millones de ducados”, en J. Martínez Millán (coord.), Europa y la
Monarquía católica, Madrid, 1998, p. 553. J. C. Carlos Morales, “Los medios de control contable de las
finanzas reales en tiempos de Felipe II: los servicios de millones en Castilla durante el s. XVII”, J.
Martínez Millán (coord.), ib., p. 165; J. I. Fortea, “Reino y Cortes: el servicio de millones y la
reestructuración del espacio fiscal en la Corona de Castilla (1601-21)”, Política y hacienda, p. 53.
58 J. L. Andrés Ucendo, “El servicio de millones durante el siglo XVII”, HPE, 1995, 134, p. 33; “Una
herencia de Felipe II: los servicios de millones en Castilla”, Europa y la monarquía católica, p. 53;
“Resistencia al sistema hacendístico de la Corona. Los millones y la Provincia de Alava”, en R. Porres
Marijuan (ed.), Poder, resistencia y conflicto en las Provincias Vascas (ss. XV-XVIII), Bilbao, 2001,
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Los estudios sobre la fiscalidad en la época moderna
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p. 141; y sobre todo su libro, La fiscalidad en Castilla en el s. XVII. Los servicios de Millones, 1601-1700.
Bilbao, 1999.
59 P. Zabala Aguirre, Las alcabalas y la Hacienda Real en Castilla, siglo XVI. Santander, 2000.
60 J. Zafra Oteyza, Fiscalidad y Antiguo Régimen. Las Rentas Provinciales del Reino de Granada (1746-
1780), Madrid, 1991; P. Saavedra, A Facenda Real na Galicia do Antigo Réxime, Santiago, 1993. Véase
también, como precedente, J. García Lombardero, “Algunos problemas de la administración y cobranza de
las Rentas Provinciales en la primera mitad del siglo XVIII”, Dinero y Crédito, p. 63.
61 J. Fontana “El Censo de Manufacturas de 1799: un análisis crítico”, MC, 101, junio, 1967, y La quiebra de
la Monarquía absoluta, 1814-1820, Barcelona, 1978, p. 169. G. Anes Alvarez, “La contribución de frutos
civiles entre los proyectos de Reforma tributaria en la España del s. XVII”, HPE, 1974, 27.
62 J. M. Donézar Díaz de Ulzurrum, “La Unica Contribución. Las Comprobaciones del Catastro en 1760 y el
intento de 1770”, MC, 187, 1988, p. 83; “Frente a la Unica Contribución, el triunfo de la contribución
indirecta”, Antiguo Régimen y Liberalismo, 2, p. 123. J. Pro Ruiz, Estado, geometría y propiedad. Los
orígenes del Catastro en España, 1715-1941. Madrid, 1992. Peiro Antonio, V. “La Única Contribución”,
El Catastro en España, Madrid, 1988, I. C. Forcadell, “El sistema fiscal aragonés: de la Única
Contribución a los desajustes y agravios tributarios tras la Guerra de Independencia”, De Ensenada a Mon,
p. 231, etc.
63 C. Camarero, El debate de la Única Contribución. Catastrar las Castillas. Madrid, 1993, sobre todo pp. 56
y ss.; “El libro de mayor hacendado ¿Una denominación equívoca?”, Estudios Geográficos, 1987, 188,
p. 333. C. Camarero y J. Campos, El Catastro del M. de La Ensenada, 1749-1757. Madrid, 1991.
64 “La desigualdad contributiva en Castilla en el siglo XVII”, publicado en 1951 y reeditado en
A. Domínguez Ortiz, Instituciones y sociedad en la España de los Austrias. Barcelona, 1985, p. 119;
Política y Hacienda de Felipe IV, Madrid, 1980 (2ª ed.), p. 297 y ss.; Política fiscal y cambio social, p. 92.
65 J. I. Fortea Pérez, “Los donativos en la política fiscal de los Austrias (1625-1637)”, en L.A. Ribot y L. Da
Rosa, Pensamiento y política económica en la Epoca Moderna, Madrid, 2000.
66 La política fiscal..., pp. 257 y ss.
67 J. I. Martínez Ruiz, “Donativos y empréstitos sevillanos a la hacienda real (ss. XVI-XVII)”, Revista de
Historia Económica, 1984, p. 233; Martínez Ruiz, E., “El donativo de 1592 en la Vega de Granada”,
Chronica Nova, 16, 1988, p. 117; A. Rodríguez Grajera, “El donativo de 1625 en el mundo rural
extremeño. Una primera aproximación”, Política y hacienda..., p. 469.
68 S. De Moxó, “Los orígenes de la percepción de alcabalas por particulares”, Hispania, XXI, 1961, p. 303 y
ss. y La alcabala. Sobre sus orígenes, concepto y naturaleza, Madrid, 1963.
69 A. Carrasco Martínez, “Alcabala y renta señorial en Castilla: los ingresos fiscales de la casa del Infantado”,
CHM, 12, 1991, pp. 111. A. Herrera García, “Una aportación de datos sobre la venta de alcabalas (siglos
XVI y XVII)”, II Congreso de profesores-investigadores, Sevilla, 1983. G. Lemeunier, “Hacienda real y
poderes locales en la Castilla del Antiguo Régimen: las enajenaciones de la Corona”, Estado y fiscalidad...,
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1426
p. 305. H. Nader, Liberty in absolutist Spain. The Habsburg sale of towns, 1516-1700, Baltimore, 1990. C.
Fernández Cortizo, “Las alcabalas enajenadas en la P. de Santiago. Los reguengos de la mitra
compostelana, ss. XV-XIX”, Política y hacienda, p. 257. C. Sanz Ayán, “La recuperación de rentas reales
enajenadas en el reinado de Carlos III”, Coloquio Inter. Carlos III y su siglo, Madrid, 1988, p. 871.
70 A. Marcos Martín, “Enajenaciones por precio de patrimonio regio en los ss. XVI y XVII. Balance
historiográfico y perspectivas de análisis”, VI Coloquio de Metodología Histórica Aplicada. Balance de la
historiografía modernista, 1973-2001, Santiago, 2001, en prensa.
71 Nos ocupamos de esto en O. Rey Castelao, “Las Ordenes militares en tiempos de Carlos V”, Carlos V.
Europeísmo y Universalidad, Madrid, 2001, IV, p. 567 y ss., donde hacemos un repaso bibliográfico.
72 B. Yun Casalilla, “La venta de bienes de temporalidades de la Compañía de Jesús, una visión general y el
caso de Valladolid (1767-1808)”, Desamortización y hacienda pública, Madrid, 1986, p. 293.
73 F. Tomás y Valiente, El marco político de la Desamortización en España, Barcelona, 1971; R. Herr,
“Hacia el derrumbe del Antiguo Régimen: crisis fiscal y desamortización bajo Carlos IV”, MC, 1971, 118,
p. 37, y “El significado de la desamortización en España”, ib., 131, p. 55.
74 R. Herr, Rural change and Royal Finances in Spain at the end of the Old Regimen. Berkeley, 1989.
75 M. A. Sánchez Gómez, “La desamortización de Godoy. Una reinterpretación”, Antiguo Régimen y
Liberalismo, 2, p. 397; M. Gómez Oliver y M. Gómez de Molina, “Crisis fiscal y mercado de tierras. A
propósito de la Desamortización de Godoy en Andalucía”, ib., p. 199.
76 J. Altabella, La lotería nacional en España, 1763-1963, Madrid, 1962.
77 P. Toboso Sánchez, La deuda pública castellana durante el Antiguo Régimen (juros) y su liquidación en el
s. XIX. Madrid, 1987, div. pp. Trabajo poco analítico pero con buenos datos. A. Domínguez Ortiz, “Juros y
censos en Castilla del seiscientos: una sociedad de rentistas”, Dinero, moneda y crédito, p. 789;
E. Fernández de Pinedo, “La deuda pública y los juristas laicos (1550-1650)”, ib., p. 807.
78 T. García-Cuenca Ariati, Cifras y práctica de la administración y cobranza de la renta de lanas (1749-
1789), Cuenca, 1995.
79 El negocio de la lana en España (1650-1830), Pamplona, 2001: S. Aquerreta, “Reforma fiscal y
continuidad en el sistema de arrendamiento: la renta de lanas en el reinado de Felipe V”, p. 109. Bilbao
Bilbao, L. M., “Exportación de lanas y finanzas públicas. La política arancelaria en el comercio lanero
español, 1750-1827”, p. 347. González Enciso, A., “La renta de lanas, 1730-1807”, p. 387. Sanz Ayán, C.,
“Las redes financieras franco-holandesas y la lana en el tránsito del siglo XVII al XVIII”, p. 77.
80 Además de los citados del mismo autor, J. M. Rodríguez Gordillo, “El fraude en el estanco del tabaco (ss.
XVII-XVIII)”, HPE, 1, 1994, p. 61. F. Melián Pacheco, Aproximación a la renta del Tabaco en Canarias
(1636-1730), Sta. Cruz de Tenerife, 1986. V. García Miguel, “El sistema fiscal navarro durante el reinado
de Carlos II: el estanco del tabaco”, 2º Congreso General de Historia de Navarra, Príncipe de Viana, 15,
1993, p. 127. S. de Luxán y otros (edts.), El mercado de tabaco en España durante el siglo XVIII.
Fiscalidad y consumo. Las Palmas, 2001: E. Torres Santana, “La renta del tabaco en Lanzarote durante el
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Los estudios sobre la fiscalidad en la época moderna
1427
siglo XVII”, p. 231; A. González Enciso, “Los usos financieros del tabaco; o bien para qué servían los
dineros obtenidos con la renta del tabaco”, p. 25. A. González Enciso y R. Torres Sánchez, (edts.): Tabaco
y economía en el siglo XVIII, Navarra, 1999, en el que destacan los siguientes artículos: A. Angulo,
“Estanco y contrabando de tabaco en el País Vasco, 1684-1876”, p. 195; C. Hernández Escayola, “Los
últimos arrendatarios del estanco del tabaco en Navarra (1700-1717)”, ib., p. 353; S. Lizana Fernández,
“Administración y administradores del tabaco en la segunda mitad del siglo XVII en Castilla”, ib., p. 289;
S. de Luxán, “La administración del estanco del tabaco en Canarias durante el siglo XVIII”, ib., p. 139; S.
Solbes Ferri, “El arriendo de la renta del tabaco en Navarra a través de la Real Hacienda: una eficaz
fórmula de intervencionismo regio en Navarra, 1717-1749”, ib., p. 319. A. González Enciso,
“Organización y valores de la renta del tabaco en la primera mitad del siglo XVIII”, Estado y fiscalidad, p.
200; “En torno al contrabando de tabaco en el siglo XVIII”, Estudios de Historia Moderna y
Contemporánea, Madrid, 1991, p. 199; “Aspectos de la renta del tabaco en el reinado de Carlos III”,
Congreso Int. Carlos III y la Ilustración, II, p. 315.
81 J. Muñoz Pérez, “Mapa aduanero del XVIII español”, Estudios Geográficos, 1955, 61, p. 747. T. García-
Cuenca Ariati, “Las Rentas Generales o de aduanas de 1740 a 1774”, en G. Anes, Historia económica y
pensamiento social, Madrid, 1983, pp. 237; “Los ingresos procedentes de las Rentas Generales de
Aduanas, 1740-1774”, De Ensenada a Mon, p. 249.
82 M. A. Melón Jiménez, Hacienda, comercio y contrabando en la frontera de Portugal, ss. XV-XVIII.
Cáceres, 1999. J. Carrasco, “Contrabando, moneda y espionaje (el negocio del vellón, 1606-1620)”,
Hispania, 1997, LVII, 3, p. 1081. Se refiere al contrabando a gran escala realizado por los judíos
portugueses.
83 A. Angulo Morales, Los puertos de la vida y la muerte. La administración aduanera de las provincias
vascas, 1690-1780. Bilbao, 1995.
84 E. Hernández Esteve, Creación del Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-25. Madrid, 1983. Cuartas
Rivero, M., “El Consejo de Hacienda: su primera época”, HPE, 1982, 74.
85 J. C. Carlos Morales, “El Consejo de Hacienda de Castilla en el reinado de Carlos V (1523-1556)”,
Anuario de Hª del Derecho Español, 59, 1989, p. 49. J. E. Gelabert, “Sobre la fundación del Consejo de
Hacienda”, Política y Hacienda, p. 83.
86 T. García-Cuenca, “El Consejo de Hacienda (1476-1893)”, M. Artola, La economía española al final del
Antiguo Régimen, IV: Instituciones, Madrid, 1982, p. 405.
87 J. L. de las Heras, “La jurisdicción del Consejo de Hacienda en tiempos de los Austrias”, Estado y
fiscalidad, p. 117.
88 J. C. de Carlos Morales: El Consejo de Hacienda de Castilla, 1523-1602. Patronazgo y clientelismo en el
gobierno de las finanzas reales durante el siglo XVI, Valladolid, 1996.
89 J. C. de Carlos Morales, “Grupos de poder en el Consejo de Hacienda de Castilla: 1551-1556”, en J.
Martínez Millán, Instituciones y élites de poder en la Monarquía hispana durante el siglo XVI, Madrid,
1992, p. 107. Parcialmente lo hizo C. Sanz Ayán en Los banqueros de Carlos II, Valladolid, 1989. En el
informe de Studia Historica (15, 1996), sobre “Historia de la administración en la España Moderna”,
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XV Coloquio de Historia Canario-Americana
1428
apenas hay referencias a esta cuestión en lo relativo a Hacienda; véanse los comentarios de P. Molas
Ribalta, “Consejos y Audiencias”, p. 12.
90 J. C. Carlos Morales, Carlos V y el crédito de Castilla. El tesorero general Francisco de Vargas y la
Hacienda real entre 1516-1524. Madrid, 2000, y “Finanzas y relaciones clientelares en la corte de Felipe
II: Juan Fernández de Espinosa, banquero y ministro del rey”, en P. Fernández Albaladejo y otros, Política,
religión e Inquisición en la España Moderna, Madrid, 1996, p. 221. El libro de J. M. de Francisco Olmos,
Los miembros del Consejo de Hacienda en el siglo XVII. Madrid, 1999, no pasa de ser un listado hecho a
partir de los “Libros de plazas de la Cámara de Castilla”.
91 Figuras nuevas como el Superintendente de Hacienda y los superintendentes provinciales de Hacienda
estudiados por J. A. Sánchez Belén (La Política fiscal..., pp. 34 y ss.). J. P. Dedieu y J. I. Ruiz Rodríguez
(“Tres momentos en la Real Hacienda (1640-1780)”, CHM, 1994, p. 77) han reconstruido los diagramas de
organismos, cajas, departamentos y estudiado su complejo funcionamiento, junto con las argucias de los
tesoreros territoriales, que minaban el producto de las rentas reales y limitaron acciones de reforma que en
cierta historiografía se consideraron trascendentales. Pelorson, J. M., “Para una reinterpretación de la Junta
de Desempeño General, 1603-1606 a la luz de la visita de Alonso Ramírez de Prado y de D. Pedro
Franqueza”, IV Simposium de Historia de la Administración, 1, 3, p. 613, etc.
92 H. Lapeyre, Simon Ruiz et les Asientos de Philippe II, París, 1953.
93 C. Álvarez Nogal, Los banqueros de Felipe IV y los metales preciosos americanos (1621-1665). Madrid,
1997, sobre todo, pp. 21 y ss., y El crédito de la monarquía hispana en el reinado de Felipe IV. Ávila,
1997; “La estrategia de la real Hacienda en la negociación del crédito de los Austrias”, Dinero, moneda y
crédito, p. 439.
94 J. C. de Carlos Morales, “Ambiciones y comportamiento de los hombres de negocios. El asentista Melchor
de Herrera”, en J. Martínez Millán (dir.), La Corte de Felipe II, Madrid, 1995, p. 379.
95 A. Tenenti, “Las rentas de los genoveses en España a comienzos del siglo XVII”, Dinero y Crédito, p. 207;
G. Felloni, “Asientos, juros y ferias de cambio desde el observatorio genovés”, ib. p. 335. E. Otte, “Il ruolo
dei genovesi, nella Spagna del XV e XVI secolo”, A. de Maddalena y H. Kellenbenz (eds.), La repubblica
internazionale del denaro tra XV e XVII secolo, Bolonia, 1986, p. 19. E. Neri, Uomini d'affaire e di
goberno tra Genova e Madrid (secoli XVI-XVII). Milán, 1989; R. Canosa, Banchieri genovesi e sovrani
spagnoli: tra cinquecento e seicento, Roma, 1998. P. Rauscher, “La casa de Austria y sus banqueros
alemanes”, Europeísmo y Universalidad, III, p. 411, 2001.
96 J. C. Boyajian, Portuguese bankers at the Court of Spain, 1626-1650, New Brunswick, 1983. N. Broens,
Monarquía y capital mercantil. Felipe IV y las redes comerciales portuguesas (1627-1635), Madrid, 1989.
M. Ebben, “Un triángulo imposible: la corona española, el Sto. Oficio y los banqueros portugueses, 1627-
1655”, Hispania, 1993, LIII, 2, pp. 541. C. Sanz Ayán, “Las finanzas de la monarquía y los banqueros
judeoconversos. Una aproximación a los sistemas ordinarios de financiación de la Corona en el reinado de
Felipe IV”, C. Barros (edt.), Xudeos e conversos na historia, Santiago, 1994, 2º, p. 185; B. López
Belinchón, Honra, libertad y hacienda. Hombres de negocios y judíos sefardíes, Alcalá, 2001. M.
Schreiber, Marranen in Madrid, 1600-1670. Stuttgart, 1994; J. F. Schaub, Les juifs du roi d’Espagne, París,
1999, etc.
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Los estudios sobre la fiscalidad en la época moderna
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97 C. Sanz Ayán, Los banqueros de Carlos II. Valladolid, 1989. Señala que la formación de capitales
dependió en el XVII más que de la actividad comercial, de la participación de los hombres de negocios en
la gestión y arrendamiento de las rentas reales, siguiendo un camino que los conducía de la actividad
mercantil al arrendamiento y de este a ser asentistas. Muchas grandes firmas del capitalismo cosmopolita
abandonaron su relación con la hacienda, pero a fines del reinado, gracias a las medidas reformistas y la
disminución de los gastos, se había reducido mucho la necesidad de asientos y anticipos de hombres de
negocios.
98 Une douce domination. Les milieux d’affaires français et l’Espagne vers 1780-1868. París, 1993. Antes,
“Un centre financier periphérique: Madrid dans la seconde moitié du XVIIIe. Siècle”, Revue Historique,
1983, p. 265.
99 P. Tedde de Lorca, “Crisis del Estado y deuda pública a comienzos del s. XIX”, HPE, pp. 108-109, 1987 y
“El Banco de San Carlos y la Real Hacienda, 1794-1828”, De Ensenada a Mon, p. 509. I. Pulido Bueno, El
Real Giro de España. Primer proyecto de Banco Nacional, Huelva, 1994, sobre todo, p. 229.
100 F. Ruiz Martín, “Procedimientos crediticios para la recaudación de tributos fiscales en las ciudades
castellanas durante los siglos XVI al XVII”, Dinero y Crédito, p. 37.
101 P. Fernández Albaladejo, “Monarquía ilustrada y haciendas locales en la segunda mitad del s. XVIII”, De
Ensenada a Mon, p. 157, o M. J. Alvarez Pantoja, “Funcionalidad de las haciendas locales: las reformas de
los propios y arbitrios sevillanos (1750-1780)”, ib., p. 1.
102 Fiscalitat estatal i hisenda local. Funcionament y repercusions socials, Palma, 1988. Como ejemplo, R.
Domínguez, “Crecimiento económico, crisis del Antiguo Régimen y haciendas locales. La hacienda
municipal de Santander, 1754-1808”, p. 271.
103 C. M. Cremades, Estado y fiscalidad en el Antiguo Régimen, Actas del 1º Symposium Int., Murcia, 1989.
104 Las de M. T. Pérez Picazo sobre Alicante, P. Sanz Camañes sobre Zaragoza, J. A. Mateos Royo sobre
Daroca (P. Fernández Albaladejo (edt.), Monarquía, imperio y pueblos en la España Moderna, Alicante,
1997).
105 J. M. de Bernardo y J. M. González Beltrán (edts.): La administración municipal en la Edad Moderna.
Cádiz, 1999; véase la ponencia del segundo, “Haciendas municipales en la Edad Moderna. Funciones y
usos”, y la “presentación” del primero, p. 40.
106 J. M. de Bernardo, “Presión fiscal y bienes de propios a principios del siglo XVII”, Axarquía, 2, 1981, p.
129; Corrupción política y centralización administrativa. La Hacienda de Propios en la Córdoba de
Carlos II. Córdoba, 1993; El poder municipal y la organización política de la sociedad. Algunas lecciones
del pasado, Córdoda, 1998. J. M. de Bernardo y E. Martínez Ruiz (edts.): El municipio en la España
Moderna, Córdoba, 1996.
107 J. M. de Bernardo Ares, “El régimen municipal en la Corona de Castilla”, en SH, 15, 1996, p. 23.
108 A. Domínguez Ortiz, “Sevilla y la Hacienda de los Austrias: el encabezamiento de alcabalas”, HPE, 1981,
69, p. 67. Estudia de fines del XVI a fines del XVII como caso representativo por la cuantía de las rentas
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XV Coloquio de Historia Canario-Americana
1430
sevillanas y porque el ayuntamiento de Sevilla tuvo durante largos períodos la administración de las de
mayor rendimiento fiscal, como la alcabala y los problemas causados por la percepción de las crecidas
cantidades del encabezamiento sevillano y de las irregularidades en su administración.
109 J. J. Ruiz Ibáñez, Las dos caras de Jano. Monarquía, ciudad e individuo. Murcia, 1588-1648, Murcia,
1995. L. Pozas Poveda, Ciudades castellanas y monarquía hispánica: la aportación municipal al gasto del
Estado, Córdoba, 2001. J. Martínez Ruiz, Finanzas municipales y crédito público en la España Moderna.
La hacienda de la ciudad de Sevilla, 1528-1768, Sevilla, 1991; “Crédito público y deudas municipales en
España (ss. XV-XVIII)”, p. 863. C. Morales García, El pacto de Sevilla con el Imperio. Presión fiscal,
deuda pública y administración en el siglo XVI, Sevilla, 1997. J. P. Dedieu, “Real Hacienda y haciendas
municipales. Siglo XVIII”, El municipio en la España Moderna, p. 173. A. Macias y otros, “Aportación al
estudio de las haciendas locales: los presupuestos del Ayuntamiento de La Laguna (1772-1822)”, Revista
de Historia de Canarias, 1983, 37, p. 11; J. A. Salas, “Las haciendas concejiles aragonesas en los ss. XVI y
XVII, de la euforia a la quiebra”, en J. A. Salas y otros, Poder político e instituciones en la España
Moderna, Alicante, 1992, p. 11; R. Ferrero Mico, La hacienda municipal de Valencia durante el reinado
de Carlos V. Valencia, 1987; M. J. Fuente, Finanzas y ciudades. El tránsito del siglo XV al XVI, Madrid,
1992. J. I. Gutiérrez Nieto, “Ciudades y monarquía: las finanzas de los municipios castellanos en los ss.
XVI y XVII”, en L. A. Ribot y L. Da Rosa, Ciudad y mundo urbano en la Época Moderna, Madrid, 1997,
p. 187. A. de Felipo, El centralismo de nuevo cuño y la política de Olivares en el País Valenciano. Control
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110 F. Guillamón y otros, “Oligarquía y fiscalidad en Castilla en el siglo XVII: propuestas fiscales y respuestas
oligárquicas en Murcia (1620-1640)”, Política y Hacienda, p. 97. B. Yun, “Aristocracia y oligarquías
urbanas ante el problema fiscal en Castilla. Reflexiones para una visión en el largo plazo, 1450-1600”,
Historia de la Hacienda en España (Siglos XVI-XX), 1991, 1º, p. 25; U. Gómez Alvarez, “Los
recaudadores de impuestos en la Ciudad de Oviedo y su concejo (1760-1771)”, Estado y fiscalidad, p. 339.
J. M. de Bernardo, Corrupción política... J. M. Carretero Zamora, “Las oligarquías locales y los
mecanismos de exención del servicio de cortes en la época de Carlos V”, Espacio, Tiempo y Forma, 1998,
IV, p. 11. E. Jarque, “El precio de la fiscalidad real: poder monárquico y oligarquía municipal en Zaragoza
/1628-1650)”, Política y hacienda, p. 333. Véase la sección dedicada a oligarquías urbanas en L. M. Enciso
Recio (coord.), La burguesía española en la Edad Moderna, Valladolid, 1996, vol. III, p. 1437 y ss.
111 J. Sánchez Belén, “La represión del fraude...”, p. 519.
112 B. Yun Casalilla, “Corrupción, fraude, eficacia hacendística y economía en la España del siglo XVII”,
HPE. El fraude fiscal en la Historia de España, 1, 1994, p. 47 y ss. J. A. Sánchez Belén, “La represión del
fraude fiscal a finales del siglo XVII: la Junta de fraudes, 1682-1687”, Política y Hacienda, p. 519. Son
especialmente densos los trabajos de B. Cárceles de Gea, “Del juez de Comisión al Comisario Real (1632-
1643). El fraude fiscal como agente de Gobierno económico”, S.H., 1995, XIII, p. 155; Fraude y
administración fiscal en Castilla: la Comisión de Millones (1632-1658). Poder fiscal y privilegio jurídico-político,
Madrid, 1994; Reforma y fraude fiscal en el reinado de Carlos II. La Sala de millones (1658-
1700), Madrid, 1995; Fraude y desobediencia fiscal en la Corona de Castilla, 1621-1700, Castilla-León,
2000.
113 B. González Alonso, Sobre el Estado y la administración de la Corona de Castilla en el Antiguo Régimen.
Madrid, 1981. También, J. M. Carretero Zamora, “Las Cortes en el programa comunero”, Congreso Int.
Poder, conflicto y revuelta en la España de Carlos I, Toledo, 2000.
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Los estudios sobre la fiscalidad en la época moderna
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114 P. L. Lorenzo Cadarso, Los conflictos populares en Castilla (siglos XVI-XVII), Madrid, 1996, sobre todo
pp. 89 y 84.
115 J. A. Maravall, Las Comunidades. Una primera revolución moderna. Madrid, 1979; J. Pérez, La
Revolución de las Comunidades de Castilla (1520-21). Madrid, 1977. E. Giménez, “Oposición fiscal y
reivindicaciones políticas. La revuelta de Peñíscola de 1715”, en Gobernar con una misma ley. Sobre la
Nueva Planta Borbónica en Valencia, Alicante, 1999, p. 111.
116 J. E. Gelabert, Castilla convulsa (1631-1652), Madrid, 2001. Sobre esta cuestión: R. Barahona, “A
seventeenth century Vizcayan sociopolitical movement: the salt-tax Revolt (1631-1634)”, II Congreso
Mundial Vasco, San Sebastián, 1988, p. 317. J. F. Schaub, “L’état du quotidien: entre arbitrisme et révolte.
La gabelle au temps du Comte-Duc d’Olivares”, J. F. Schaub (edt.), Recherche sur l’histoire de l’Etat
dans le monde ibérique, París, 1993, p. 21.
117 F. Ruiz Martín, “La Hacienda y los grupos de presión...”, p. 95; Ch. Jago, “The influence of debt on the
relations between Crown and Aristocracy in Seventeenth-Century Castile”, Economic History Review, 26,
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118 B. Yun Casalilla, “Carlos V y la aristocracia. Poder, crédito y economía en Castilla”, HPE, 1987, p. 81 y
La gestión del poder. Corona y economías aristocráticas en Castilla (siglos XVI-XVIII), Madrid, 2002.
119 Algunos hay en E. Sarasa y E. Serrano (edts.), Señorío y feudalismo en la Península Ibérica, Zaragoza,
1993. A. Carrasco, “Alcabalas y renta señorial en Castilla: los ingresos fiscales de la Casa del Infantado”,
CHM, 1991, p. 11. J. Catalá Sanz, “Repercusiones fiscales de los decretos de Nueva Planta en la nobleza
valenciana”, Saitabi, 1993, p. 243.
120 J. I. Ruiz Rodríguez, Organización política y económica de la Orden de Santiago en el siglo XVII, Ciudad
Real, 1993; “Las órdenes militares castellanas (ss. XVI y XVII). Dinámica política, estancamiento
económico y freno social”, Hispania, 1994, LIV, 3, p. 897. C. López González, La hacienda de las
Órdenes Militares castellanas durante el reinado de Felipe IV, Madrid, 1990. H. Kellenbenz, “Los Fugger
en España en la época de Felipe II, ¿fue un buen negocio el arrendamiento de maestrazgos después de
1562?”, Dinero y crédito, p. 19. Véase el colectivo Las Órdenes Militares en la Península Ibérica, (R.
Izquierdo y F. Ruiz Gómez, edts.), Cuenca, 2000.
121 L. Carpintero, “Iglesia y corte castellana en el siglo XVI: contribuciones y tributos”, Hispania Sacra, 1989,
41, p. 547 y “Las décimas eclesiásticas en el siglo XVII: un subsidio extraordinario”, Monarquía, imperio
y pueblos. A. Rodríguez Sánchez, “Quod non capit Christus rapit fiscus”, Política y Hacienda, p. 133,
sobre el diezmo.
122 F. M. Burgos Esteban, “El poder de la fe y la autoridad de la palabra. Iglesia y fiscalidad en la época del
Conde Duque de Olivares”, en E. Martínez Ruiz y V. Suárez Grimón, Iglesia y sociedad en el Antiguo
Régimen, Las Palmas, 1994, p. 429 y B. Cárceles de Gea, “La contribución eclesiástica en el servicio de
millones”, id., p. 439.
123 Lo hicieron para calcular los ingresos de los obispos de las distintas diócesis castellanas: Ch. Hermann,
“Les revenus des éveques espagnols et les pensions sur mitres sous le Patronage Royal (1520-1835)”, en
Histoire, Economie et société, 1985, 1º, p. 43 ; “La fiscalité monarchique sur l’Eglise d’Espagne”, en Les
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Madrid, 1988. M. Barrio Gozalo, Los obispos de Castilla y León durante el Antiguo Régimen, 1556-1834,
Valladolid, 2000.
124 J. Goñi Gaztambide, Historia de la Bula de Cruzada en España, Vitoria, 1958. A. Marcos Martín, “Tráfico
de influencias, guerra contra infieles y finanzas ragias. La Bula de Cruzada durante la primera mitad del s.
XVII”, en M. Rodríguez Cancho (coord.), Historia y perspectivas de investigación, Badajoz, 2002, p. 227.
125 A. Iturroz Magaña, Estudio del subsidio y Excusado (1561-1808), Logroño, 1987, p. 13, 31. J. A. Álvarez
Vázquez, “La contribución de subsidio y excusado en Zamora, 1500-1800”, y M. D. Muñoz Dueñas,
“Diezmos de la Hacienda Real. La administración de exentos de Córdoba (1796-1820)”, De Ensenada a
Mon, p. 421.
126 E. Catalán Martínez, “El fin de un privilegio: la contribución eclesiástica a la Hacienda Real (1519-1794)”,
SH, 1997, 16, p. 177. J. M. Donézar, “La Unica contribución y los eclesiásticos”, CHM, 1998, p. 219.
127 L. M. Enciso Recio (coord.), La burguesía española en la Edad Moderna, Valladolid, 1996. En la reunión
de Las Palmas, S. Solbes Ferri, “El fracasado intento de integración del mercado español en 1718-1722. El
caso de Navarra”, M. Lobo y V. Suárez Grimón (edts.), El comercio en el Antiguo Régimen, Las Palmas,
1994, p. 277. Hay algunos ejemplos fuera de esa ocasión: Anes, G., “Exenciones y franquicias en los
reinados de Carlos III y Carlos IV”, HPE, 108-109, 1987, p. 101; A. González Enciso, “Comerciantes y
hacienda en Valladolid a fines del siglo XVIII”, Homenaje a A. de Béthencourt Massieu, Las Palmas,
1995, II; A. Guimerá, “Burocracia fiscal y sociedad comerciante: el visitador Pedro Alvarez en Canarias
(1752-1755), VI Coloquio Canario-Americano, Las Palmas, 1987, 1º, p. 426.
128 P. Saavedra, “Un fisco urbano en un país rural: la hacienda de Felipe II en Galicia”, J. Martínez Millán
(coord.), Europa y la Monarquía católica, Madrid, 1998, p. 671; C. Fernández Cortizo, “La fiscalidad real
en una jurisdicción señorial: La Tierra de Montes, ss. XVI-XVII”, Obradoiro de Historia Moderna, 1992,
p. 123. J. J. Bravo Caro, “Fiscalidad y repoblación en el Antiguo Régimen”, Política y hacienda, p. 177.
129 J. Lasarte, Economía y Hacienda al final del Antiguo Régimen, Madrid, 1976, p. 7, por ejemplo, sostiene
que para entender el paso de la Hacienda tradicional a la del Estado contemporáneo hay que empezar por
analizar la recepción de las ideas económicas liberales porque incluían un programa para la Hacienda.
130 J. I. Fortea Pérez, “Doctrinas y prácticas fiscales en la Castilla Moderna”, VI Coloquio de Metodología
Histórica Aplicada. Balance de la historiografía modernista, 1973-2001, Santiago, 2001, en prensa.
131 B. Hernández, art. cit. p. 303.
132 V. Edo, “La propuesta tributaria de un impuesto único de Sancho de Moncada”, Revista de Historia
Económica, 1989, 2, p. 29. Ch. Jago, “Taxation and political culture in Castile, 1590-1640”, en R. L.
Kagan y G. Parker (edts.), Spain, Europe and Atlantic World, Cambridge, 1995, p. 48 y “Política fiscal y
populismo en la Andalucía de mediados del s. XVII: los discursos de F. Martínez de Mata”, en J. M. de
Bernardo (coord.), Hacia un nuevo humanismo, C