Arqueología, política y pleito insular en Canarias: el estudio del primitivo poblamiento como paradigma (1904-1969)

              ARQUEOLOGÍA
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ARQUEOLOGÍA, POLÍTICA Y PLEITO INSULAR EN
CANARIAS: EL ESTUDIO DEL PRIMITIVO
POBLAMIENTO COMO PARADIGMA
(1904­1969)
José Farrujia de la Rosa
Mª del C. del Arco Aguilar
INTRODUCCIÓN
Quiénes arribaron y colonizaron las Islas Canarias, cuándo y cómo lo hicieron, y desde
dónde vinieron son los cuatro grandes interrogantes que, en relación con el tema del primitivo
poblamiento humano de Canarias, se han intentado resolver a lo largo de seis largos siglos de
investigación, desde el redescubrimiento del archipiélago canario en el siglo XIV hasta la
actualidad. Ello ha supuesto, por qué no decirlo, el desarrollo de innumerables hipótesis de
poblamiento que, en el fondo, han contribuido, en muy buena medida, a enredar el tan
controvertido tema de la primera colonización insular. Y lo verdaderamente significativo es
que la gran mayoría de los juicios emitidos sobre este particular en la tradición historiográfica
precedente se efectuaron a partir de discursos y criterios ideográficos, simbólicos y
politizados que, por tanto, fueron fruto de la construcción social antes que de las propias
evidencias arqueológicas o empíricas (Farrujia, 2004). Sólo así podemos entender por qué los
indígenas canarios pasaron de ser los descendientes de Noé, a convertirse en los
supervivientes de la Atlántida, para luego ser emparentados con los egipcios, celtas, iberos,
vándalos, armenios, cananeos, fenicios, libios, romanos y un largo etcétera de posibilidades,
hasta llegar a transformarse, durante el régimen franquista, en los representantes insulares de
las culturas norteafricanas Ibero­mauritana
e Ibero­sahariana.
En función de esta realidad aquí descrita, al aproximarnos al estudio de la producción
historiográfica precedente resulta imprescindible hacer historia de la arqueología, pues sólo
así parece posible indagar y explicar la génesis de las distintas hipótesis poblacionales.
Baste señalar, en este sentido, que ya en otros ámbitos de la ciencia se ha demostrado
suficientemente la importancia de conocer el pasado de la propia disciplina y el contexto
histórico y político en que surgieron y se desarrollaron las diversas teorías para comprender el
estado actual de la investigación, pues la ciencia no es algo objetivo y aséptico, ni su práctica
inocente. Es más, tal y como ya han señalado Almudena Hernando (1987­88,
p. 41), Díaz­Andreu
y Mora (1997, p. 9) o Gran­Aymerich
(2001, p. 26), habría que destacar una nueva
comprensión de la arqueología como disciplina integrada en un marco histórico global, y por
tanto, inseparable de los estudios político­culturales
de cada época. Por esto, la historia de la
arqueología no se entiende fuera del contexto general de las formas sociales y las ideas de
cada momento. Y por supuesto, no perdamos de vista, tal y como ya ha apuntado Gran­Aymerich
(2001, p. 18), que no por ser del campo de la historiografía, la historia de la
arqueología deja de pertenecer a la epistemología. Esto implica, por lo tanto, que se puede
abordar desde una diversidad de ángulos.
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Conscientes de esta dimensión de la historia de la arqueología, en el presente trabajo
abordaremos cómo repercutió el denominado pleito insular canario en la teorización sobre el
primitivo poblamiento de las Islas. Desde el punto de vista cronológico, hemos abordado un
marco temporal comprendido entre 1904 y 1969. La fecha que marca el inicio del período
objeto de estudio se corresponde con el año en que se publica el primer tomo de la obra El
Regionalismo en las Islas Canarias, de Manuel de Ossuna y Van den Heede, un texto de
carácter histórico­arqueológico
en donde el autor aboga por la unión del archipiélago canario
en una sola provincia. Por su parte, la fecha que marca el límite superior del período objeto de
estudio (1969) se corresponde con el año en que se funda en la Universidad de La Laguna el
Departamento de Arqueología, Prehistoria y Etnología, con las consecuencias que de ello se
derivarán para la arqueología canaria y para el estudio del poblamiento en particular. Las
directrices seguidas a partir de entonces por el referido departamento permiten establecer un
punto de inflexión dentro de la arqueología desarrollada durante el período franquista
(Farrujia, 2004), de ahí que hayamos establecido el año de 1969 como el límite final de
nuestra investigación.
Desde el punto de vista temático, nuestro trabajo se va a estructurar en tres grandes
bloques. En primer lugar, analizaremos las aportaciones de autores como Manuel de Ossuna y
Van den Heede, Juan Bethencourt Alfonso, Gregorio Chil y Naranjo y Agustín Millares
Torres para ejemplificar la incidencia que tuvo el Pleito insular –desatado a principios del
siglo XX por la división provincial– sobre los estudios acerca de la primitiva colonización
insular. En segundo lugar, analizaremos los trabajos arqueológicos desarrollados durante el
franquismo por autores como Juan Álvarez Delgado, Sebastián Jiménez Sánchez o Luis Diego
Cuscoy, entre otros, para ejemplificar cómo afectó la División provincial al desarrollo de la
arqueología canaria y, en particular, al estudio del primitivo poblamiento. Y en tercer y último
lugar, reflejaremos cuáles fueron las premisas teóricas que dieron sentido a los trabajos de los
autores regionalistas, y cuáles las que sirvieron de base a los autores franquistas. Vistos estos
aspectos, pasamos a centrarnos a continuación en la génesis y repercusión del pleito insular en
la arqueología decimonónica canaria.
REGIONALISMO VERSUS DIVISIÓN PROVINCIAL
Los orígenes del pleito insular canario se retrotraen a 1812, año en que nace la Provincia
de Canarias con la constitución de Cádiz, surgiendo casi de inmediato el enfrentamiento entre
Tenerife y Gran Canaria por la capitalidad de la misma. No obstante, no sería hasta el 27 de
enero de 1822 cuando se establecería la capitalidad, por Real Decreto, en Santa Cruz
de Tenerife. Ello no fue óbice, sin embargo, para que la lucha por la capitalidad se prolongase
a lo largo del siglo XIX, hasta el punto de que aún a principios del siglo XX se seguía
asistiendo a una nueva pugna por la división provincial. Ya entre 1880 y 1900 se había abierto
un duro conflicto entre los liberales tinerfeños y los grancanarios por esta cuestión, pues la
capital provincial, ubicada en Santa Cruz de Tenerife, era la que concentraba los enclaves
administrativos e institucionales del nuevo sistema político (Diputación provincial, Gobierno
civil y militar, Delegaciones ministeriales, oficinas administrativas, etc.); es decir, los
centros neurálgicos de poder, que garantizaban la conexión directa con el poder central y el
desarrollo burocrático que conllevaba (influencias, trámites, clientelismo, etc.). Esta situación
obviamente no beneficiaba a los intereses políticos y económicos de Gran Canaria, pues la
residencia de la capitalidad implicaba un desarrollo inducido en diferentes ámbitos: desarrollo
urbanístico, atracción de la actividad económica, participación decisiva en los presupuestos,
centralización de los tráficos comerciales… En definitiva, podía actuar como un polo de
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crecimiento económico, factor que explica, sobremanera, la intensidad del pleito por la
división provincial de finales del siglo XIX y primer tercio del XX.
Ante esta disyuntiva, mientras que Tenerife era partidaria de la unidad regional, con
descentralización por Cabildos, Gran Canaria pedía, ante todo, la división de la provincia,
con la formación de dos grupos de islas, orientales (Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote)
y occidentales (Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro), sin perjuicio de la creación de
los Cabildos en cada una de esas islas (Guimerá, 1979 y 1987, p. 308; Brito, 1989, p. 96).
Frente a esta realidad, el pleito insular se agravaría aún más, si cabe, durante 1903, es decir,
tan sólo un año antes de la publicación del primer tomo de El Regionalismo en las Islas
Canarias. El 31 de mayo de ese año se creaba en Las Palmas el Partido Local canario,
que llevaba en su programa la división de la provincia; y escasas semanas después, el 19 de
junio, se daba a conocer un proyecto de reformas del ministro de la guerra, General Linares,
que suprimía la Capitanía General de Canarias, con sede en Santa Cruz de Tenerife, y creaba
dos gobiernos militares exentos. Naturalmente, la noticia cayó muy mal en Tenerife, pero no
en el seno del Partido Local canario, que apoyó el referido proyecto.
La argumentación arqueológica de los liberales tinerfeños
Insertos en esta coyuntura aquí descrita, Manuel de Ossuna y Van den Heede y Juan
Bethencourt Alfonso, miembros del Partido Liberal tinerfeño, concebirían sus respectivas
hipótesis acerca de la primitiva colonización de Canarias. Ambos autores, contrarios a la
política de León y Castillo y valedores de Tenerife y de sus intereses políticos, defenderían
la primigenia unidad étnica del archipiélago y la presencia de una civilización atlántica en las
islas, de marcado carácter ibero­celta
(Ossuna, 1904, pp. 10­27
y Bethencourt, 1999 [1912]:
pp. 70­71
y 97­98).
Lo verdaderamente importante era demostrar que a pesar de la diversidad
de aportes culturales (fenicios, celtas, iberos, romanos...) que según ellos habían recalado por
el archipiélago, las Islas formaban un ente cultural unitario. Ossuna y Bethencourt, en este
sentido, no hablarían entonces de culturas insulares sino que por el contrario, considerarían al
archipiélago poblado por una civilización atlántica, en sentido genérico. De esta manera, la
prehistoria canaria fue concebida como un unicum cultural en el que por encima de todo
predominaba la unidad étnica. Y por consiguiente, si en los tiempos pretéritos las siete islas
habían mantenido la unidad cultural y étnica, entonces la división provincial era contraria por
naturaleza. Por eso ambos autores sostuvieron que a pesar de la influencia de tan distintos
elementos climáticos y medioambientales, las tribus emigradas a las Islas pudieron constituir
una nación (según Ossuna) o pueblo (según Bethencourt) definida por la raza, la lengua, las
creencias, las prácticas religiosas, las artes, las costumbres y las leyes. El aislamiento a que
habrían estado sometidas las Islas hasta el siglo XIV habría permitido la configuración de esta
realidad cultural extensible a todo el archipiélago, y sería a su vez el responsable de la
regresión cultural de la civilización guanche.
Desde el punto de vista arqueológico, los argumentos empleados por ambos autores para
vincular la realidad guanche con el mundo ibero­celta
fueron, por ejemplo, los grabados de
El Julan, emparentados con la escritura ibera. Desde el punto de vista filológico, ambos
autores propondrían un origen celta para algunas palabras guanches. Tal y como señalaría
Bethencourt a Ossuna por carta,
[...] Por inducción se llega a la creencia de que algún tiempo antes de la era cristiana,
un cuerpo de fugitivos del N. O. de Africa, parte céltico, parte ibérico, descubrió y
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habitó las Islas Canarias, siendo el elemento celta el mayor, pero el ibérico el
dominante y el literario. 1
En relación con la hipótesis de poblamiento ibero­celta
no perdamos de vista que según la
mayoría de los investigadores históricos de la época, los primeros habitantes conocidos que
habían poblado la Península Ibérica fueron los iberos, procedentes de Asia occidental, y los
celtas, quienes parece que se establecieron en el noroeste y oeste, corriéndose hacia el centro
de la Península, donde se mezclaron con los primeros, resultando el pueblo celtíbero
(Monreal, 1890, pp. 18­19).
De este modo, tanto guanches como peninsulares habían
compartido, bajo la óptica de los dos autores liberales tinerfeños, un mismo bagaje cultural y
racial en tiempos pretéritos. Y no perdamos de vista que el pueblo ibero­celta
fue
precisamente el empleado por el nacionalismo castellano en su política centralista (Tuñón et
alii, 1994, p. 134). En este mismo sentido, otros autores españoles contemporáneos como
Sanpere y Miquel o José Amador de los Ríos habían defendido que la personalidad del pueblo
ibérico, auténtico sustrato étnico y cultural de toda la Península Ibérica, se encontraba
definida desde la Prehistoria. En el caso concreto de Amador de los Ríos, la tesis de toda su
obra, literaria y arqueológica era precisamente la existencia de un gran ingenio ibérico que, a
través del tiempo y de los sucesivos avatares históricos, perduró en toda la Península. Y esta
mentalidad debe enmarcarse dentro del movimiento paniberista y uniformador, en boga en
España durante la segunda mitad del siglo XIX (Ayarzagüena, 1992, p. 81), que entronca
directamente con la hipótesis celtíbera asimilista defendida por Ossuna y Bethencourt.
El poblamiento de las Islas por un pueblo netamente “español” implicaba que el Gobierno
central debía de identificarse con los intereses regionalistas (los esgrimidos por el Partido
Liberal tinerfeño) y no con los divisionistas, pues en todas las Islas subyacía una unidad
étnica y cultural idéntica a la que supuestamente se registraba en la totalidad del territorio
español. Téngase en cuenta, además, que el Gobierno central había actuado como árbitro en el
debate entre Tenerife y Gran Canaria, puesto que ambos contendientes consideraban como
factor básico el apoyo gubernamental para el triunfo de sus respectivos puntos de vista
(Noreña, 1977, pp. 73­74).
Y en esta tesitura, el argumento “ibero­celta”
perseguía decantar la
balanza a favor de las aspiraciones tinerfeñas. De esta manera, detrás de ese españolismo o
“concepción europeista” a ultranza se encuentra, como han señalado Pérez Voituriez y Brito
González (1984, p. 15), una clara defensa de intereses económicos, de poder y control social,
de firme convicción justificadora de la vinculación incuestionable a esa concepción de la
patria española.
En conexión con esta realidad tampoco perdamos de vista que durante esta época, las
relaciones de Canarias con los poderes del Estado español eran ambiguas y frustrantes, pues la
soberanía jurídica era incapaz de incorporar al archipiélago a los mecanismos de la política
social, sin llegar a ofrecer ningún proyecto político específico, más allá de una valoración del
propio archipiélago en función de su valor estratégico en la perspectiva de una política
colonial africana. Coincidiendo con la expansión africana de España, Canarias era vista desde
el Gobierno central como un territorio ultramarino con una clara finalidad de enlace con el
proyecto hispano colonial en África. Y ello explica, en última instancia, la vinculación que
Ossuna y Bethencourt establecieron entre los primeros pobladores de Canarias y las grandes
culturas europeas (iberos y celtas), desechando el aporte africano (bereber). Tras esta
hipótesis de poblamiento se escondía, obviamente, una clara lectura vindicativa de la realidad
canaria. En definitiva, y parafraseando a Ian Banks (1996, p. 10), la ahistórica unidad étnica
esbozada por Ossuna y Bethencourt persiguió una clara finalidad política, es decir, el
argumento étnico se convirtió en una idea empleada con una clara finalidad socio­política
y
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económica. La investigación arqueológica, de esta manera, fue utilizada como una
construcción ideológica destinada a servir a los intereses del grupo político regionalista
tinerfeño. La representación del pasado, consiguientemente, se convirtió en un artefacto
ideotécnico.
El posicionamiento de los autores grancanarios
Frente a la realidad observada en las obras de Ossuna y Bethencourt, en el caso de Gran
Canaria, autores como Gregorio Chil y Naranjo o Agustín Millares Torres abordarían el tema
del primitivo poblamiento a partir de una óptica más positivista y menos condicionada por la
realidad política. En este sentido, y contrariamente a lo que cabría esperar, tanto Chil como
Millares defenderían en todo momento la comunidad de origen de los indígenas canarios, idea
que en cierto sentido era contraria a las aspiraciones divisionistas de la burguesía grancanaria.
De esta manera, y a pesar de la coyuntura política, Chil insistiría reiteradamente en la unidad
racial del pueblo guanche, primeramente en 1876 (pp. 167 y 556­557)
y luego en 1880,
cuando afirmó:
Yo sustento la opinión de la unidad de la raza en el Archipiélago, que es la raza
peculiar Guanche, que, pudo ser la de Cro­Magnon,
la raza del Dolmen; por eso al
hablar de los aborígenes de estas islas, he hecho aplicación de la palabra genérica
Guanche; pero siempre con el cuidado de expresar la isla, cuando les he nombrado
con referencia a determinado territorio, evitando así la confusión que forzosamente
resultaría al llamar puramente Canarios a los de la isla de Gran Canaria; pues los no
muy versados en la historia ni en esa clasificación, los podrían confundir con los
habitantes de las demás islas, llamados también Canarios, como naturales de las islas
de Canaria o del Archipiélago Canario [Chil, 1880, p. 294].
Agustín Millares, por su parte, siguiendo a Chil, defendió la presencia de una sola raza
en Canarias, lo que implicaba la comunidad de costumbres, creencias, ritos y lengua en todo
el archipiélago (Millares, 1977 [1893], pp. 181, 227 y 261). Este posicionamiento no le
impediría sostener, en cualquier caso, la posterior arribada de un tipo líbico­bereber,
proveniente de Egipto, que se fusionaría con el sustrato Cro­magnon.
Tras el posicionamiento de ambos autores, que acaso podría ser interpretado como
contrario a sus propios intereses de clase, 2 creemos que subyacen argumentos de suficiente
peso como para demostrar lo contrario. En primer lugar, el mayor racionalismo y positivismo
de Chil y Naranjo o Millares Torres, así como del propio círculo de El Museo Canario (frente
a autores tinerfeños como Manuel de Ossuna o Juan Bethencourt), les llevaría a desarrollar
una postura ceñida estrictamente a las conclusiones de los estudios antropológicos de los
autores franceses (Berthelot, 1980 [1879] o Verneau, 1996 [1878]), quienes a su vez habían
defendido el poblamiento de toda Canarias por la raza de Cro­Magnon.
En este sentido, ya
Fernando Estévez ha señalado (2001, p. 332) que Chil, como buen científico positivista,
rechazó para él mismo y para otros cualquier mal uso de sus trabajos con fines ideológicos o
políticos. Por otro lado, tampoco debemos perder de vista el mayor peso y protagonismo
político que desempeñó la propia burguesía grancanaria frente a la burguesía regionalista
tinerfeña. El partido liberal canario funcionaba como único partido que detentaba el poder en
las Canarias Orientales, desde antes de 1880, y como el único que tuvo verdadero peso
específico en el marco de la política local. El propio partido conservador era ficticio y se
había formado enteramente de acuerdo en su actuación con el liberal; y ambos contaban
además con el mismo apoyo social. Asimismo, Fernando León y Castillo había logrado
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dominar los resortes del poder en Canarias, monopolizando la gestión política, situación que
era perjudicial para Tenerife porque impedía el engrandecimiento regional, marginaba a los
liberales tinerfeños en su capacidad de maniobra política en Madrid, y favorecía
exclusivamente a Gran Canaria (Noreña, 1977, pp 82­153;
Pérez Garzón, 1978, pp. 231­233
y
Brito, 1989, p. 106). Junto a esta realidad debemos tener en cuenta, igualmente, otro hecho,
pues frente a la activa participación en política de los autores burgueses tinerfeños (Ossuna o
Bethencourt), Chil y Millares intervinieron escasamente en estos terrenos al considerar
contrapuestas la labor científica y la dedicación política. 3
En consecuencia, mientras que los autores tinerfeños recurrieron al tema del primitivo
poblamiento para argumentar sus aspiraciones regionalistas y defender así sus privilegios
económicos, Chil y Millares pudieron funcionar al margen de este debate político al ocuparse
del tema del poblamiento de Canarias. El partido, cuyos intereses apoyaban, monopolizaba el
poder político real y, por lo tanto, las bases de la economía canaria. La unidad poblacional
defendida por Chil o Millares, consiguientemente, no mermaba las aspiraciones del Partido
Liberal canario con el cual se identificaban. Tras su actitud podía subyacer una contradicción
dialéctica, pero lo cierto es que esta contradicción no llegó a repercutir en la praxis política.
Y no perdamos de vista, en este sentido, que ya Antonio Bethencourt (2001, p. 87) o
Fernando Estévez (2001, p. 332) han señalado cómo llaman poderosamente la atención las
contradicciones en que cayó el doctor Chil entre teoría, política, teoría científica y realidad.
EL FRANQUISMO Y LA DIVISIÓN PROVINCIAL
Durante el franquismo, el estudio de la primitiva colonización insular de las Islas estaría
directamente condicionado por las directrices teóricas, prácticas e ideológicas que por
entonces daban sentido a la prehistoria peninsular. En este sentido, la aportación de los
distintos autores vinculados con las Comisarías Provinciales de Excavaciones Arqueológicas
de Canarias daría pie al desarrollo de una lectura nacionalista de la prehistoria canaria
(Farrujia y Arco, 2004) en la que, en cualquier caso, siguió subyaciendo el pleito insular.
Guanches versus Canarios
En el ámbito de la arqueología, una de las consecuencias de la política franquista en
materia administrativa fue la centralización burocrática, siendo consecuencias directas de
esta reorganización la creación en 1939 del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, o
la creación, por Orden Ministerial del 9 de marzo de ese mismo año, de la Comisaría
General de Excavaciones Arqueológicas, diseñada con el objetivo de garantizar el cuidado
administrativo, la vigilancia técnica y la elaboración científica de cuantas excavaciones
arqueológicas se llevasen a cabo en un futuro (Díaz­Andreu
y Ramírez, 2001). En el ámbito
canario, esta política administrativa centralista se haría efectiva con la implantación de las
Comisarías Provinciales de Excavaciones Arqueológicas, creadas por el Ministerio de
Educación Nacional a través de la Dirección General de Bellas Artes, según Orden Ministerial
del 30 de abril de 1941, y dependientes de la Comisaría General. En la provincia de Las
Palmas (integrada por Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura), el cargo de Comisario
Provincial recaería en Sebastián Jiménez Sánchez. Por su parte, la Comisaría Provincial de
Santa Cruz de Tenerife (con competencias en la provincia occidental, integrada por Tenerife,
La Palma, La Gomera y El Hierro), recaería en manos de Dacio V. Darias Padrón, quien en
diciembre de 1942 renunció a su cargo, sustituyéndole Juan Álvarez Delgado, quien renuncia
en julio de 1951, pasando a ocupar la vacante su colaborador Luis Diego Cuscoy. 4
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La propia realidad política canaria y la existencia de este entramado administrativo aquí
descrito serían algunos de los factores que llevaron a los autores franquistas a legitimar una
parcela de la política insular como fue la división provincial, finalmente instaurada en 1927,
como comentaremos a continuación. En este sentido, Jiménez Sánchez sostendría, al definir
las diferentes oleadas poblacionales que supuestamente habían afectado a las Islas, que “al
iniciarse en el siglo XV la conquista de las Islas Canarias, existían, según unos, dos elementos
étnicos perfectamente definidos: los ‘guanches’, que poblaban el grupo occidental, y los
‘canarios’ el oriental” (1949, p. 20). Es decir, Jiménez Sánchez venía a justificar con esta
hipótesis la recién inaugurada división provincial de Canarias, pues, en última instancia, eran
dos grupos étnicos diferenciados los que habrían poblado cada una de las provincias canarias:
los guanches, la occidental y los canarios, la oriental. Baste recordar al respecto que en 1927,
durante la dictadura de Primo de Rivera, Las Palmas de Gran Canaria había obtenido el Real
Decreto­Ley
de 21 de septiembre, por el cual se dividió la provincia de Canarias en dos: la
occidental, integrada por Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro, con el nombre de Santa
Cruz de Tenerife y capitalidad en dicha ciudad; y la oriental, compuesta por Gran Canaria,
Lanzarote y Fuerteventura, con el nombre de Las Palmas y capitalidad en Las Palmas de Gran
Canaria (Guimerá 1979, pp. 43­44;
Pérez y Álamo 2002, p. 1222). Asimismo, y tal y como ya
hemos indicado, en 1941 habían comenzado a funcionar en Canarias las Comisarías
Provinciales de Excavaciones Arqueológicas, estableciéndose una en cada provincia. De esta
manera, Jiménez Sánchez venía a respaldar, con su hipótesis de poblamiento, una decisión
política adoptada por otra dictadura anterior a la franquista, pero igualmente fascista, al
mismo tiempo que daba sentido al recién inaugurado sistema de las comisarías, pues cada una
de ellas debería velar, a priori, por el estudio arqueológico de sus primitivos habitantes: la
comisaría de Las Palmas por el estudio de los canarios y la de Santa Cruz de Tenerife por el
de los guanches. Esta división implicaba a su vez, obviamente, la legitimación del reparto de
poder entre los respectivos comisarios provinciales, la delimitación de sus respectivas áreas
de influencia.
Pero este posicionamiento divisionista, sin embargo, no implicaba, en ningún momento, la
defensa de una hipótesis de poblamiento “disidente” con respecto a los ideales nacionalistas
del régimen franquista, pues Jiménez Sánchez insistió en la existencia de dos elementos
étnicos diferenciados (guanches y canarios) que, en última instancia, pertenecían a una misma
raza. 5 La existencia de una sola raza primitiva en Canarias, según Jiménez Sánchez,
implicaba, igualmente, la necesidad de contar con un término que permitiera definir al
conjunto de la población y de la cultura canaria primitiva en su totalidad, de ahí que se
adoptara otro término, el de prehispánico, con tal fin. Según refirió el autor canario, “Julio
Martínez Santa Olalla es el primer investigador nacional que, hablando de los problemas
apasionantes que plantea la prehistoria canaria, emplea el término prehispánico como voz y
grafía unificadora, denominación que seguimos nosotros, por estimarla acertada” (Jiménez,
1957, p. 8). El término, acuñado por un autor falangista afín al régimen, llevaba implícito toda
una carga ideológica, pues con él se reforzaba la vinculación de Canarias con la identidad y
nación hispana (como hemos señalado, por estas fechas se defendía una raigambre ibero­mauritana
e ibero­sahariana
para los indígenas canarios), al tiempo que la identidad cultural
precedente se anulaba, cobrando ésta sentido sólo en función del aporte hispano. Es decir,
la cultura indígena existente antes de la conquista y colonización de las Islas era
simplemente prehispánica, anterior al aporte civilizador español, aspecto éste que implicaba la
infravaloración del propio bagaje cultural canario y, por ende, del bagaje norteafricano de los
primitivos isleños, el cual encontraba sentido a partir de un marco de referencia español. La
denominación, por tanto, obedecía a un criterio seudo­historicista
y no a una realidad objetiva
per se.
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En sintonía con la hipótesis de Jiménez Sánchez, el filólogo Juan Álvarez Delgado
defendería la existencia de un fuerte y claro contraste entre Tenerife (poblada por cromañones
con un habla abundante en prepaladiales) y Gran Canaria (poblada por camitas con un habla
marcada por las velares), contraste éste que no sólo afectaba a la raza y a la lingüística sino
también a las manifestaciones culturales desarrolladas en cada isla. Paralelamente, todas las
islas de la provincia oriental (Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura) fueron englobadas por
Álvarez Delgado dentro del denominado grupo camita, frente a islas del grupo occidental
como Tenerife y La Gomera, que fueron insertadas en otros grupos ajenos al camita (Álvarez,
1941, p. 44). Es decir, Álvarez Delgado, al igual que Jiménez Sánchez, legitimó
subrepticiamente con esta visión la recién inaugurada división provincial de Canarias (1927),
así como el recién instaurado sistema de las Comisarías Provinciales de Excavaciones
Arqueológicas (1941), pues al fin y al cabo, los primitivos pobladores de las provincias
de Santa Cruz de Tenerife (guanches) y Las Palmas de Gran Canaria (canarios), volvían a
formar parte de realidades culturales y raciales enfrentadas. Asimismo, las islas cabecera de
cada provincia (Tenerife y Gran Canaria) fueron concebidas como dos realidades con un
desarrollo históricamente opuesto.
Frente a las hipótesis divisionistas de Jiménez Sánchez y Álvarez Delgado, Diego Cuscoy
insistiría en la existencia de un sustrato común o pancanario al referirse a la prehistoria del
archipiélago. Esta hipótesis regionalista o unificadora desarrollada por Cuscoy era, en
principio, contraria por naturaleza a la división provincial, pues con ella se abogaba por la
unidad cultural, étnica y racial del Archipiélago. Es decir, la presunción de la existencia de un
sustrato cultural genérico anulaba la preexistencia de cualquier división étnica, racial o
cultural primigenia. Sin embargo, frente a esta realidad, y según Cuscoy, la posterior arribada
de otras oleadas poblacionales (atlántica y mediterránea) a algunas islas, y la superposición de
estas oleadas sobre la Cultura de sustrato, acabaría configurando dos grupos de islas
enfrentadas culturalmente. Es decir, según la opinión del por entonces Comisario Provincial
de las Canarias Occidentales, cada isla tenía sus particularidades arqueológicas, prueba de su
relativo aislamiento, dentro de una unidad general indudable. Sin embargo, dentro de esta
unidad se podían apreciar dos grandes grupos, el occidental, integrado por Tenerife, El Hierro,
La Palma y La Gomera; y el oriental, formado por Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote
(Diego, 1951 y 1963, pp. 20­24).
En definitiva, la prehistoria canaria, en su evolución, habría
pasado de la uniformidad cultural, racial y étnica, a la configuración de una realidad dualista,
integrada por dos grupos de islas claramente diferenciados (orientales versus occidentales).
En conexión con esta realidad política y con el pleito insular, el propio Cuscoy llegaría a
señalarle por carta al Comisario General, Santa­Olalla,
que
Usted no ignora el agudo problema interprovincial, de vieja raíz, que fue divisionista
hasta que se formaron dos provincias, y que actualmente se halla planteado en torno
a la importancia de los puertos y aeródromos y hasta alrededor de la Universidad,
pues pretenden a toda costa la escisión universitaria y Facultades en Las Palmas. Es
decir, la lucha interprovincial tiene siempre una elevada temperatura, unas veces por
fas y otras por nefas. 6
Por lo que respecta a la difusión científica de esta concepción divisionista del poblamiento
desarrollada por Jiménez Sánchez, Álvarez Delgado y Diego Cuscoy, cabe señalar que Julio
Martínez Santa­Olalla
respaldaría igualmente la división administrativa y el sistema de las
Comisarías Provinciales al hablar de un Neolítico de las Canarias Orientales y, por tanto,
enfrentado o contrapuesto al de las occidentales (Martínez Santa­Olalla,
1947, p. 9). Luis
Pericot García, por su parte, secundaría igualmente esta hipótesis apoyándose en el propio
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Arqueología, política y pleito insular en Canarias
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Cuscoy y llegando a explicitar, además, que tal esquema se correspondía con la actual
división provincial (Pericot, 1955, p. 585).
Con posterioridad a estos trabajos, a partir de 1969, tras la labor encabezada por Manuel
Pellicer Catalán al frente del recién creado Departamento de Arqueología, Prehistoria y
Etnología de la Universidad de La Laguna, no podemos hablar de una ruptura en relación
con la arqueología precedente, pero sí de un punto de inflexión (Farrujia, 2004). En este
sentido, la primera empresa trazada por el Departamento pasaría por la confección de la
Carta Arqueológica del archipiélago canario, primer paso para poder estudiar la realidad
arqueológica de las Islas. Paralelamente, se proyectó la excavación de un número suficiente
de yacimientos con estratigrafía en cada isla para un estudio de estratigrafía comparada. Por
su parte, en relación con la dimensión política de la arqueología canaria, Pellicer cuestionaría
una de sus bases, pues según afirmó en relación con la división de la prehistoria canaria,
Los arqueólogos han distinguido en el Archipiélago dos grupos de islas,
correspondientes cada grupo a cada una de las provincias, pero la arqueología y la
antropología demuestran unas relaciones entre El Hierro y Gran Canaria que no
existen con Tenerife, fenómeno que también se observa, más atenuado, con La Palma
[Pellicer, 1968­69,
p. 299].
La labor del Catedrático Agregado de Arqueología y Prehistoria venía a cuestionar, pues,
la legitimación de la división provincial a partir del pasado indígena de las Islas. Y esta misma
labor arqueológica, coincidiendo con el mayor aperturismo del régimen franquista, permitiría
rebajar las fechas barajadas para el primer poblamiento de las Islas, remontándose ahora la
primera colonización insular hasta mediados del primer milenio a.n.e. (Pellicer, 1971­72,
pp.
48 y 72). Ello supondría la ruptura de los vínculos entre Canarias y las culturas ibero­mauritana
e ibero­sahariana.
7 No obstante, esta nueva fecha barajada para el primer
poblamiento se obtendría a partir del estudio de los elementos culturales canarios y no a partir
de dataciones absolutas. Habrá que esperar a la obtención de las dataciones por C­14
procedentes de la Cueva de la Arena para contar con una fecha en torno a la mitad del primer
siglo después de la era (550 a.n.e.), fecha que no sería aceptada por la totalidad de la
comunidad científica canaria al proceder de un estrato cuya ocupación humana se puso en
duda.
EL MARCO TEÓRICO: EVOLUCIONISMO VERSUS HISTORICISMO CULTURAL
Desde el punto de vista teórico se observa una clara contraposición entre los trabajos de
los autores regionalistas y los de los franquistas. Ossuna y Bethencourt, a partir del
evolucionismo, del difusionismo y de la raciología, básicamente, defendieron la unidad étnica
–y no racial– del pueblo guanche y su filiación ibero­celta
para argumentar la opción
regionalista y, consiguientemente, los intereses de la burguesía tinerfeña de la cual formaban
parte. 8 Los autores franquistas, por su parte, se apoyaron en el historicismo cultural, en el
difusionismo y en la raciología para defender la existencia de una realidad ultranacionalista en
España desde tiempos pretéritos (articulada a partir de la unidad racial y cultural, y
representada por las culturas Ibero­mauritana
e Ibero­sahariana)
así como para argumentar la
división provincial. No obstante, a pesar de esta realidad teórica contrapuesta, no puede
hablarse de una renovación propiciada por la arqueología franquista (evolucionismo versus
difusionismo), pues lo cierto es que los autores franquistas siguieron recurriendo,
sobremanera, a las tesis difusionistas ya empleadas con anterioridad. Asimismo, el
historicismo cultural ya había sido introducido en la arqueología canaria por Earnest Albert
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XVI Coloquio de Historia Canario­Americana
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Hooton (1925) con anterioridad al franquismo. Sí que es cierto, en cualquier caso, que con el
franquismo, las tesis evolucionistas pasaron a ocupar un tercer y distante plano, cuando no
desaparecieron, al tiempo que el enfoque histórico cultural se vio reforzado. En las
argumentaciones de los autores franquistas, sencillamente, no cabía la convergencia cultural
de los evolucionistas, la práctica totalidad de los autores rechazaron las teorías evolucionistas.
Por su parte, el arraigo del historicismo cultural estuvo directamente vinculado con el auge del
nacionalismo, de manera que la doctrina de los ‘círculos culturales’ formó parte de las ideas
que durante la posguerra legitimaron científicamente la idea de la unidad nacional y los
valores del catolicismo oficial.
Pero frente a la continuidad teórica existente entre la arqueología canaria de antes y de
después de la Guerra Civil, no puede decirse lo mismo en cuanto a la práctica, pues si para
Ossuna y Bethencourt Alfonso el difusionismo permitió articular el discurso arqueológico en
torno al mundo celtíbero, posteriormente, con el nuevo régimen político, el difusionismo
permitió entroncar a los primeros pobladores de las Islas con el mundo ibero­mauritano
e
ibero­sahariano.
Las culturas barajadas por los autores regionalistas canarios, por tanto,
fueron desechadas por los autores franquistas de posguerra. Y ello implicó, obviamente, que
se acabara revalidando la raigambre africana de la cultura indígena canaria, en detrimento de
la pretendida raigambre europea. Pero a pesar de las diferencias constatadas entre el discurso
regionalista y el franquista, cabe destacar que ambos, en última instancia, insistirían en
una concepción “españolista” del poblamiento insular. Los autores regionalistas por la vía
ibero­celta,
y los franquistas por la vía ibero­mauritana
e ibero­sahariana,
por las razones
anteriormente aducidas.
CONCLUSIONES
En función de los datos hasta aquí barajados, podemos afirmar que existieron diferencias
teóricas y prácticas entre los discursos esbozados por los autores regionalistas y franquistas.
En el caso de los autores regionalistas, y a pesar de las diferencias que mostraron con respecto
a los liberales grancanarios (Chil y Millares) lo cierto es que tanto Ossuna y Bethencourt,
como Chil y Millares –todos ellos burgueses liberales–, acabarían defendiendo un discurso
bien similar. Todos ellos renegaron de los orígenes africanos y adoptaron una actitud
marcadamente etnocentrista. Ossuna y Bethencourt abogaron por un poblamiento ibero­celta,
mientras que Chil y Millares insistieron en un poblamiento protagonizado por la raza de Cro­Magnon,
de procedencia europea. Por consiguiente, posiciones sociales similares generaron
formas de identidades similares, y ello explica que los eruditos canarios acabaran
desarrollando una identidad de clase, 9 fruto de su propia subjetividad clasista y de haber
compartido una misma cultura (Kocka, 2002, p. 113) que cristalizó en un posicionamiento
etnocentrista y elitista.
Por su parte, los autores franquistas ligaron a los indígenas canarios, a partir básicamente
de postulados difusionistas y del historicismo cultural, con las culturas Ibero­mauritana
e
Ibero­sahariana,
insistiendo en la existencia de una prehistoria fraccionada en dos realidades
étnicas contrapuestas: guanches versus canarios. En suma, posiciones sociales afines
(burguesas) generaron una forma de identidad común, integrada y definida por unos mismos
elementos. Y de esta forma, no se dudó del papel de Heimat (patria) atribuido al Sahara
español en relación con Canarias y, por ende, tampoco se cuestionó la unidad nacional, como
tampoco se puso en duda la división provincial de Canarias. Ello viene a reflejar, en
definitiva, la existencia de un control ejercido sobre el discurso.
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NOTAS
1 Carta manuscrita de Juan Bethencourt Alfonso a Ossuna, fechada el 13 de mayo de 1902 (Fondo Ossuna.
Correspondencia de Don Manuel de Ossuna y Van den Heede. Caja 17, carpeta 2.220, s/n [4 hojas]).
El contenido de esta carta aparecería publicado íntegramente en una nota a pie de página en la obra El
Regionalismo en las Islas Canarias (Ossuna, 1904, pp. 13­14).
2 Téngase en cuenta que desde el punto de vista político, por ejemplo, durante la época comprendida entre
1860 y 1920, la burguesía grancanaria –de la cual formaban parte Chil y Millares–, se había consolidado
como grupo dominante, organizándose en torno a Fernando León y Castillo y constituyendo el principal
soporte social del partido liberal de Gran Canaria, cuya máxima política fue la división provincial
(Noreña, 1977, pp. 47­66).
Paralelamente, tampoco debieran perderse de vista los estrechos vínculos de
Chil y Naranjo con los miembros de este partido político, especialmente con Juan León y Castillo,
vicepresidente primero de El Museo Canario y hermano de Fernando León y Castillo (Alzola, 1980: 28);
o con el propio Fernando León y Castillo, quien, valiéndose de su destacada posición política, conseguiría
del Estado, en reiteradas ocasiones, la ayuda necesaria para paliar la estrechez de recursos de El Museo
Canario (Chil, 1899, p. 275).
3 En el caso de Chil, éste tan sólo fue nombrado en una ocasión, concretamente en septiembre de 1887,
Diputado provincial por la isla de Lanzarote (Bosch, 1971, p. 56).
4 Para ahondar en el conocimiento del entramado administrativo de la arqueología canaria durante el
franquismo, remitimos a las siguientes referencias: Farrujia, 2004 y Farrujia y Arco, 2004 (ver
bibliografía).
5 Durante el franquismo, los indígenas canarios fueron relacionados arqueológicamente con las culturas
Ibero­mauritana
e Ibero­sahariana
(relacionadas a su vez con la raza de Cro­Magnon,
tipos Mechta­el­Arbi
y Afalu­bu­Rhummel),
hipótesis ésta que permitió legitimar, subrepticiamente, la idea de una unidad
nacional desde tiempos pretéritos, así como las propias aspiraciones africanistas del régimen, pues las
posesiones españolas en África acabaron convirtiéndose, acomodaticiamente, en el área de procedencia
de los primeros pobladores de Canarias (Farrujia, 2004 y Farrujia y Arco, 2004).
6 Carta mecanografiada de Luis Diego Cuscoy a Julio Martínez Santa­Olalla,
fechada el 19 de julio de
1952 (Fondo Documental Luis Diego Cuscoy, carpeta 12 (Correspondencia, 1952), documento 41 [1
hoja]).
7 Tampoco perdamos de vista, además del mayor aperturismo del régimen franquista, otra realidad bien
concreta que acabaría incidiendo directamente en la configuración de nuevas hipótesis poblacionales a
partir de 1969. Nos referimos a la crisis de la vocación africanista del régimen franquista, plasmada con la
pérdida en 1968 de Guinea Ecuatorial. El Sahara Español, hoy Sahara Occidental, sería ocupado en 1975
por las potencias africanas. Esta nueva realidad geopolítica, no obstante, no supuso la erradicación de la
relación arqueológica entre Canarias y África, por razones obvias. Y de hecho, Manuel Pellicer
mantendría la necesidad de estudiar el ámbito africano con vistas a ahondar en el conocimiento de la
realidad arqueológica canaria, sólo que a partir de un marco crono­cultural
inserto en el primer milenio
antes de la era.
8 Los autores grancanarios, caso de Chil y Millares, también desarrollarían posturas difusionistas y
evolucionistas en sus trabajos, estando igualmente imbuidos por la raciología.
9 Empleamos aquí el término “identidad de clase” en el sentido de pertenencia a una clase social, lo que
viene a significar, en última instancia, que esa pertenencia acaba por condicionar el discurso y, por ende,
la construcción significativa de la identidad de los indígenas canarios (etnocentrista y elitista).
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009