La administración de las vacantes mayores eclesiásticas en las indias occidentales

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LA ADMINISTRACIÓN DE LAS VACANTES MAYORES
ECLESIÁSTICAS EN LAS INDIAS OCCIDENTALES
Mercedes Calvo Cruz
Candelaria Castro Pérez
Sonia Granado Suárez
INTRODUCCIÓN
Los descubrimientos y conquistas en el Atlántico desde el siglo XIV dieron lugar a
intervenciones papales concediendo a la Corona la soberanía sobre los nuevos territorios que
se incorporaban al mundo occidental cristiano. Las concesiones pontificias otorgadas a los
Reyes Católicos, en materia eclesiástica o gobierno espiritual de las Indias, se plasmaron a
través de diversas bulas desde 1493. En estas bulas, afirma Céspedes del Castillo (1983,
p. 226), “el papa concedió en perpetuidad a los reyes de Castilla la autoridad para establecer y
organizar la Iglesia en Ultramar, el derecho de presentar o proponer candidatos para todas las
sedes episcopales y para muchos beneficios eclesiásticos, y el privilegio de recaudar y gastar
los diezmos eclesiásticos”.
En este sentido, a lo largo de los siglos XVI y XVII, la Corona española ejerció un poderoso
control sobre la organización financiera, institucional y judicial de la Iglesia en América
amparándose en el Real Patronato. 1 El origen de este derecho se encuentra en la bula 2
Ortodoxae fidei de 1486 dada por Inocencio VIII, por la cual otorgaba a los Reyes Católicos
el derecho de presentación de aquellos eclesiásticos que los monarcas quisieran colocar en los
obispados hispanos. Posteriormente los monarcas obtuvieron el Patronato Universal sobre los
territorios de Granada y Canarias a través de la bula Eximie devotionis sinceritas de 1501,
gracia que se extendió a las Indias Occidentales en 1508 con la bula Universales ecclesia
regiminis, incluyéndose todas las dignidades y beneficios 3 mayores y menores. Estas
concesiones se vieron ampliadas en 1511 con una nueva bula Romanus Pontifex que le
otorgaba derechos decimales americanos a la Real Hacienda.
No obstante, a pesar del aumento de las regalías 4 que los monarcas españoles fueron
adquiriendo, en el reinado de Felipe IV existían notables desavenencias con la Nunciatura, lo
que dio origen a la llamada Concordia Fachenetti , con el objetivo de restablecer la
normalidad de las relaciones entre la Santa Sede y España mediante la regulación de las
atribuciones y la actividad del nuncio en España, que hasta entonces se habían considerado
excesivas.
Sin embargo, hubo que esperar hasta el siglo XVIII para que se vieran cumplidas por
completo las aspiraciones monárquicas, dado que los Borbones consideraban el Patronato
Regio como un derecho inherente a la soberanía regia más que como una gracia pontificia. En
este sentido, desde Felipe V hasta Fernando VI se abre un período de negociaciones con la
Santa Sede para conseguir tal derecho, celebrándose varios concordatos entre los que destaca
el de 1753 al reconocer el Patronato Universal sobre toda la Iglesia de España. Entre las
múltiples cuestiones tratadas en el citado Concordato de 1753, señalamos aquella que nos
interesa de forma especial en este trabajo, y que consistió en el reconocimiento del derecho
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que los Reyes venían ejerciendo, como el de presentar candidatos para todos los obispados de
los dominios españoles, como también para los beneficios menores 5 de los dominios de
Granada e Indias (Moutón y otros, 1910, p. 21).
Si nos situamos en la Iglesia indiana, los privilegios obtenidos por los reyes españoles,
emanados de las concesiones pontificias, les permitió dirigir la misma, pudiendo, además,
percibir diezmos y fijar los límites de las diócesis, entre otros. Asimismo, la Corona tenía la
obligación de financiar todos los gastos del clero, facilitar el cumplimiento de la misión
evangelizadora y edificar las iglesias, catedrales, hospitales y centros de beneficencia. Al
objeto de ejercer un mayor control en la organización y administración del Nuevo Mundo, se
aplicaron las leyes existentes en Castilla y la legislación indiana.
Como es sabido, son numerosos los trabajos en torno a la América Española Colonial
desde diversas perspectivas como: la historia en general; la Iglesia a través de la labor
misionera, 6 el papel que jugó en la civilización de América 7 y la Inquisición, 8 entre otros
temas; las relaciones entre la Iglesia y el Estado constituye una de las cuestiones más tratadas
y analizadas, como el regalismo indiano, 9 el gobierno espiritual de las Indias también llamado
derecho eclesiástico del Estado, 10 el Real Patronato de Indias; 11 la economía; la organización
social; las instituciones creadas para el gobierno y administración de los nuevos territorios, 12
entre otros, fuentes secundarias que sin duda contribuirán en la realización de este trabajo.
También hemos de señalar que desde el campo de investigación de la Historia de la
Contabilidad, en el que se enmarca este trabajo, existen algunos estudios en torno a la
América Hispánica. Se podrían distinguir tanto por la temática que abarcan como por el
período analizado; en este sentido, sobresalen los estudios de Hernández Esteve (1985, 1986,
1991), en torno al método contable aplicado o los intentos de establecer el método de la
partida doble en la contabilidad pública de la Real Hacienda de Castilla, centrados en el siglo
XVI; este mismo tema es tratado por el profesor A. Donoso (1997 y 1999), con especial
referencia a la contabilidad pública de la Real Hacienda en Indias, no obstante sus trabajos se
sitúan en el siglo XVIII, donde se encuentran importantes referencias a diversas instrucciones
sobre cómo deben aplicarse los métodos contables dadas por Ortiz (1766 y 1767) y Machado
(1780 y 1784).
Otros trabajos analizan y ponen de manifiesto las prácticas contables desarrolladas por
diversas instituciones públicas creadas en las Indias, a la vez que exponen y ponen de
manifiesto su organización, administración y las reformas acaecidas, como son las obras del
profesor R. Donoso (1992 y 1996) sobre el mercado de oro y plata de Sevilla en la segunda
mitad del siglo XVI a través de los libros de cuentas de la Casa de la Contratación y el análisis
de las prácticas contables desarrolladas por la Tesorería de la Casa de la Contratación de las
Indias en Sevilla, respectivamente, y el proyecto de Tesis de la profesora Domínguez
(2003). 13 Asimismo, otros autores han realizado un acercamiento hacia la contabilidad
virreinal, de forma general o particularizando a determinados virreinatos, entre los que
podemos citar: Rodríguez (1966), Ramos (1992), Núñez (1998) y Domínguez (2005), trabajos
que también tratan el siglo XVIII. Finalmente, quisiéramos mencionar de forma especial el
trabajo de A. Donoso (1996) sobre aspectos contables recogidos en las Leyes de Indias hasta
1596 aplicados a la administración pública, pues tiene puntos de contacto con el objetivo que
aquí perseguimos, con la diferencia de que nuestro trabajo se centrará en las Leyes de Indias
que Felipe II ordenó recopilar en 1596 y de ellas solamente analizaremos las referidas al
estamento eclesiástico y, más concretamente, a las vacantes mayores, en sus aspectos de
administración, económico­contable,
y el control de las mismas.
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Por tanto, nuestro objetivo en este trabajo es realizar un estudio y análisis de las
disposiciones legales que surgen por voluntad de los monarcas españoles o por las autoridades
legítimamente constituidas en América, como delegación de los reyes, y que tuvieron como
propósito fijar y regular las relaciones políticas, económicas y administrativas con el clero y,
concretamente, con los obispados y arzobispados cuando su sede se encontraba vacante. Para
tal fin, centraremos nuestra investigación en la normativa relacionada con la administración y
los registros contables, a través de la cual pondremos de manifiesto la importancia de las
rentas procedentes de las vacantes mayores eclesiásticas, 14 como también lo fueron en la
Península y Canarias para la Real Hacienda y las controversias que suscitaron a lo largo del
tiempo entre ambos poderes, real y eclesiástico. Las fuentes primarias que nos permitirán
conseguir nuestro propósito son, principalmente, la normativa emanada de las Leyes de Indias
y del Concilio de Trento.
Por otra parte y para finalizar, hemos de señalar que desde el campo de investigación de la
Historia de la Contabilidad observamos que el tema de las vacantes mayores eclesiásticas en
Indias no había sido tratado, circunstancia que nos llamó la atención después de conocer el
trabajo de Calvo (2000) relativo a la contabilidad de los espolios y las vacantes durante el
período 1753­1851,
donde se hacía referencia a la obra de Álvarez (1769) sobre el tema de las
vacantes en las Indias Occidentales, y esta circunstancia originó nuestro interés por el objetivo
que planteamos en este trabajo.
IGLESIA Y ESTADO: LAS VACANTES MAYORES EN LA AMÉRICA ESPAÑOLA COLONIAL
En este apartado quisiéramos hacer una síntesis sobre la regalía que supuso la concesión de
las vacantes mayores, privilegio pontificio asociado al Patronato Universal; posteriormente
expondremos el significado de vacante y los problemas que plantearon en el Nuevo Mundo,
para finalizar con una breve referencia a las vacantes en los reinos peninsulares y Canarias.
En primer lugar hemos de considerar que las vacantes eclesiásticas se encuentran
estrechamente ligadas a las regalías referidas a la Concesión de los diezmos y al Patronato
Universal. Como ya señalamos anteriormente, en 1501 por la bula Eximie devotionis
sinceritas, el Pontífice Alejandro VI concede en perpetuidad los diezmos de las Indias y por la
bula Universales Ecclesiae regiminis es el Papa Julio II quien concedió a los Reyes de España
el patronato universal de todas las Iglesias de las Indias. 15 No constituye nuestro objetivo
desarrollar aquí lo que significaron estas regalías, dado que existen cuantiosas obras dedicadas
a ello, como ya hemos referido, pero sí es necesario partir del conocimiento de las mismas
para entender más adelante el análisis que se va a realizar sobre las Leyes de Indias.
En cuanto al término de vacante, unido siempre al de espolio, ambos han adquirido
diversas definiciones a lo largo de varios siglos, tomando un significado relevante entre
mediados del siglo XVIII y el siglo XIX, tanto en el contexto eclesiástico como en el civil, 16
como consecuencia de los Concordatos de 1753 y 1851. Si tomamos en consideración las
diferentes definiciones podemos concluir que los espolios eran los muebles, dinero, alhajas,
créditos y bienes muebles y semovientes que los obispos dejaban a su muerte, adquiridos de
las rentas de la mitra, como los procedentes de los diezmos, obvenciones y demás réditos de
igual naturaleza. Por su parte, las vacantes eran esas mismas rentas generadas desde el
fallecimiento o traslado del prelado hasta que se preconiza otro que ostente dicho cargo.
Tanto los espolios como las vacantes han sido objeto de disputa desde los primeros
tiempos, perseguida la titularidad de esas rentas por la Iglesia y la Corona. Por ello, son
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numerosas las leyes, concordatos y pragmáticas que se dictaron intentando regularlos, con el
objetivo principal de determinar a quiénes correspondía su propiedad.
Un repaso a la historia de estas dos instituciones nos permite observar que en algunas
épocas estuvieron en manos de la Iglesia, mientras que en otras fueron administradas por la
Corona. No obstante, a pesar de la fuerte regulación que siempre han sufrido, no dejaron de
causar problemas y discusiones, hasta su abolición en 1851. 17 Las complicaciones de estas
rentas, y concretamente, de las vacantes, no solo se produjeron en los reinos peninsulares y
Canarias, como queda demostrado en el trabajo de la profesora Calvo (2000), sino que
trascendieron al Nuevo Mundo, constituyendo la mayor dificultad el determinar a quién
pertenecían las rentas procedentes de las vacantes de obispados y arzobispados.
En este sentido, es de mención el Capítulo VI, El Gobierno Económico: La Regalía sobre
las Rentas Vacantes que De la Hera (1963, pp. 161­229)
dedica en su obra, donde plantea que
a principios del siglo XVIII quedaba algo por aclarar en este terreno (Ibídem, p. 197), y para
exponer el problema, aludido anteriormente, acude a la definición de vacante dada por
Álvarez (1769, p. 140): “con nombre de vacantes entendemos en este Discurso únicamente
aquellos frutos, especies, o rentas que por razón solamente del derecho decimal, concedido a
los Señores Reyes Católicos, se adeudan y causan en la Metrópoli, o Diócesis Vacante,
durante su orfandad: los mismos que en Sede plena habían de percibir y gozar el Prelado
Metropolitano, o Diocesano, y las Dignidades, Prebendados y demás Ministros de las Iglesias
de Indias, por razón de estipendio, o congrua sustentación, en virtud de las erecciones y
estatutos de las tales Iglesias, y órdenes de su Majestad […]”.
La obra de Álvarez (Ibídem, p. 1) nos da una idea del conflicto planteado por las vacantes
en Indias cuando este jurista canario es nombrado en 1714 Alcalde visitador de la Veeduría y
Conservaduría General de los Derechos Reales del Comercio entre Castilla y las Indias, en
la provincia de Caracas. Así nos comenta en su obra “como lo que se concluía en las
conferencias de aquel Supremo Tribunal, ni se conformaba con las noticias que yo observaba
en estos Manuscritos, arregladas a las autoridades y preeminencias que V. Majestad goza en
muchas Iglesias de Italia, que me parecían totalmente uniformes con las de Indias, ni con las
que otros Príncipes practicaban, sin mejores títulos en sus dominios sobre las Vacantes;
estimulado de una materia de tan importantes consecuencias hacia el honor y autoridad de
esta Corona, y bien universal del Estado, vino a ser mi principal estudio desde entonces,
alentándome la ocasión y el tiempo, el examen e investigación de esta tan excelente Regalía”.
El texto citado nos confirma las contradicciones con las que Álvarez se encuentra, entre los
manuscritos y los acuerdos que en aquellas tierras se estaban tomando respecto a las vacantes,
e incluso hace referencia al tratamiento diferenciado que se tiene en otras iglesias. En la
segunda parte de su obra, Álvarez (Ibídem, p. 164) concluye que las vacantes de las iglesias
de las Indias pertenecen a la Corona, con las siguientes palabras: “Pruebase a priori pertenecer
a esta Corona con real y verdadero dominio las Vacantes de las Iglesias de las Indias: y
previamente se hacen algunas reflexivas consideraciones sobre la distribución que hasta ahora
han tenido estos caudales”. Al respecto, De La Hera (2004, p. 878) afirma que “la aceptación
oficial de la tesis de Álvarez de Abreu supuso el ingreso en la Real Hacienda de unas sumas
ingentes de libre disposición, tanto que se afirmó que Abreu había descubierto unas nuevas
Indias para la Corona, y se le premió con el curioso título de Marqués de la Regalía, pues de
ninguna otra regalía había obtenido la Corona tantos beneficios como de la propiedad libre de
las rentas eclesiásticas provenientes de las vacantes de Indias”. 18
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De acuerdo con todo lo expuesto, se confirma que el Concordato de 1753 no resolvió los
problemas ya señalados, al menos en las Indias Occidentales, como nos hace observar
Martínez (2004, p. 910) “para las Indias no se firmó nunca un concordato; el primero de la
historia de España procede de 1753, se refiere a la Metrópoli y precisamente invoca el
Derecho canónico indiano como un argumento a favor del universal Patronato, dotado de
importantes regalías, que concede a la Corona sobre sus reinos”, y asevera la citada autora que
“si no se firmó un concordato fue porque no era ni se estimó necesario; en su lugar, opera en
Indias la amplia delegación pontificia que entendemos como Derecho de Patronato”.
Por su parte, y coincidiendo con Martínez (Ibídem), Bleiberg (1986, p. 930) apunta que el
principal problema debatido en el Concordato de 1753 “había sido, desde luego, el del
Patronato Real, y en este punto se daba amplia satisfacción a los regalistas. Se reconoce a los
reyes españoles la facultad de nombrar arzobispos, obispos, monasterios y beneficios
consistoriales en España e Indias, reservándose el Papa la provisión de 52 beneficios y los de
patronato particular. Otras importantes ventajas conseguía la corona, especialmente la
atribución de los espolios y vacantes hasta entonces reservados al Papa”.
Llegados a este punto, es notorio el conflicto que plantearon las vacantes en las Indias,
agudizándose incluso a medida que transcurría el tiempo, sobre todo a partir del siglo XVIII,
como señalan los autores que han tratado el tema. En el siguiente apartado trataremos de
exponer los inicios de una normativa específica para las vacantes mayores eclesiásticas,
contenida en las Leyes de Indias.
NORMATIVA ECONÓMICO­CONTABLE
DE LAS VACANTES MAYORES EN LAS LEYES DE INDIAS
El Derecho Indiano o Derecho de Indias, de acuerdo con Díaz (1989) consistió en “el
conjunto de normas jurídicas o disposiciones legales que surgen por voluntad de los monarcas
españoles o por las autoridades legítimamente constituidas en América, como delegación de
los reyes, y que tuvieron como objetivo fijar y regular las relaciones políticas, administrativas,
penales, civiles, económicas y sociales entre los pobladores de las Indias Occidentales”.
Para acometer nuestro trabajo tomaremos como base, fuente primaria, las disposiciones
que la Corona había dado para los dominios coloniales y que Felipe II ordenó recopilar,
circunstancia que se consiguió en 1596, donde se insertó solamente lo concerniente al
Consejo de Indias 19 y sus ordenanzas. En 1628 se publicaron los fundamentos de los
Sumarios de la Recopilación General de las Leyes. No obstante, la obra no llegó a publicarse
hasta 1680, durante el reinado de Carlos II, conocida como Recopilación de Leyes de Indias. 20
Esta Recopilación impresa en el reinado de Carlos IV contiene 9 libros y 218 títulos con más
de seis mil leyes. De los 9 libros, el primero se refiere a asuntos religiosos y consta de 24
títulos, 21 y es el documento que nos concierne analizar para desarrollar el presente trabajo.
Al objeto de dilucidar y exponer la normativa relacionada con las vacantes mayores,
comenzamos analizando cada uno de los títulos del libro I, donde se observa que el título
segundo De las Iglesias Catedrales, y Parroquiales y de sus erecciones y fundaciones, nos
aporta las primeras normas reguladoras sobre el procedimiento a seguir en las Indias en las
vacantes mayores, es decir, las referidas a las Iglesias Catedrales.
En primer lugar existía una obligación por parte de los Virreyes, Presidentes y
Gobernadores de “informar sobre las Iglesias fundadas en Indias y de las que conviniere
fundar para la doctrina y conversión de los naturales” (RLI, Ley I, tít. II). Se advierte aquí una
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de las concesiones pontificias a la Corona, que esta delegó en los diferentes cargos creados
para llevar a cabo la administración colonial. Asimismo, se encargó a los Obispos y
Arzobispos de todas las iglesias que se erigieren “sacar dos copias auténticas de las erecciones
de sus Iglesias, con los Breves y Bulas Apostólicas en cuya virtud se hubieren hecho o
hicieren, y asimismo de la división y términos de sus Diócesis y declaraciones q. hasta
entonces huviere hechas […], y todo nos lo envíen por dos vías al nuestro Consejo de Indias
[…] que conviene y es necesaria al buen gobierno de las Indias” (RLI, Ley VIII, tít. II). Y
además, la citada ley mandaba que los Virreyes y Audiencias cuidaran de la ejecución de la
misma, hecho que nos delata un constante seguimiento de las labores administrativas. En este
sentido, se entendía la erección de una iglesia desde el momento en que se comenzaba la
división de los distritos y diócesis de arzobispados y obispados (RLI; Ley X, tít. II), lo que fue
otra concesión pontificia. 22 Pero la Corona fue más allá de la construcción de las Iglesias
Catedrales, puesto que ordenó a los obispos y arzobispos, así como a los Cabildos y Sedes
Vacantes que guardaran las escrituras de dichas erecciones, que se informara de cualquier
modificación y de su finalización al Consejo de Indias (RLI, Leyes XIII, XIV y XV, tít. II).
En definitiva, la Corona ejercía un estricto control en la construcción de las catedrales.
Encontramos por primera vez establecido el destino de las rentas procedentes de las
vacantes junto con los novenos en la Ley XVII, que ordena se gasten y distribuyan tales
cantidades “en cosas que pertenezcan al servicio y culto divino” y en las necesidades de las
iglesias, con el previo libramiento del Virrey o Presidente y se les dé cuenta puntual de lo
gastado. Esta Ley no solo especifica el destino sino que de la misma se deduce también un
control económico de la cuantía y aplicación de las rentas de las vacantes.
Otra cuestión tratada en la Recopilación de las Leyes de Indias es el problema que
planteaban las sedes vacantes mayores por su larga duración, por ello, se establece que “Su
Majestad en virtud del Patronazgo está en posesión de que se despache su Cédula Real,
dirigida a las Iglesias Catedrales Sede vacantes, para que entre tanto que llegan las Bulas de
Su Santidad y los presentados a las Prelacías, son consagrados, les den poder para governar
los Arzobispados y Obispados de las Indias, y así se ejecuta” (tít. VI). Esta normativa se debe
a que el procedimiento para cubrirlas era muy lento y se agravaba por las distancias y la
enorme lentitud de las comunicaciones. De La Hera (2004, p. 884) nos comenta que “desde
que un obispo moría hasta que la noticia de la muerte llegaba de su sede a la capital del
virreinato, de allí a la metrópoli, y en esta se ponía en marcha el mecanismo de la selección
del candidato y su presentación al Papa, a lo que había de seguir el nombramiento papal, la
expedición de la bula del nombramiento, su comunicación al interesado, el viaje del nuevo
prelado a su sede en Indias, su consagración y su toma de posesión, pasaban años”. Durante el
período vacante correspondía el gobierno al Cabildo catedralicio, que lo ejercía a través de un
vicariato capitular elegido por aquel (Ibídem). Mediante el despacho de esa Cédula Real,
denominada “de ruego y encargo”, los Reyes proveían al candidato para que el Cabildo
aceptase que la elección del vicario capitular recayese en esa persona. Es evidente que el
Cabildo no se iba a negar y así la Corona tenía controlada la diócesis; encontramos, una vez
más, un ejemplo de la facultad patronal de los monarcas.
Esta circunstancia, la excesiva duración de las vacantes, también se produjo en la Diócesis
de Canarias provocando numerosos problemas y un enorme retraso en la presentación de las
cuentas que debían dar los administradores, con el consiguiente perjuicio para la Corona que
se veía privada de aquellas rentas que le pertenecían. 23
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Por otra parte, cuando una persona era elegida para el cargo de arzobispo u obispo de
Indias debían hacer “juramento solemne por ante Escribano publico y testigos de no
contravenir en tiempo alguno, ni por ninguna manera a nuestro Patronazgo Real” (RLI; Ley I,
tít. VII). Esta ley proponía un compromiso y a la vez el sometimiento de los prelados con la
Corona, poder que era ejercido por las concesiones pontificias, al cual ya nos hemos referido.
No cabe duda que la excesiva duración de las vacantes, ya señalado, ocasionó conflictos
entre el Cabildo Catedral y las autoridades indianas, de ahí que se dictara la ley X del título XI
De las Dignidades y Prebendados de las Iglesias Metropolitanas y Catedrales de las Indias,
con el siguiente encabezamiento: “Que se procuren ejecutar los daños que resultan de las
Sedevacantes”. Para resolver los daños se dictó a los “Virreyes, Presidentes y Gobernadores,
que en sus distritos procuren se ejecuten los daños que resultan, y se ofrecen en tiempo de
Sedevacantes, asi de dividirse en vandos y parcialidades, los Cabildos de las Iglesias, como de
dar ordenes en perjuicio del bien comun, y de los Indios, y de tomarse toda la autoridad en las
cosas de justicia […] interponiendo para ello nuestros Ministros su autoridad”. Se puede
percibir en esta ley que no solo se trataba de los posibles daños que pudiera causar el Cabildo,
sino de interferencias en cuestiones de competencias entre ambos poderes, eclesiástico y civil.
En cuanto a la administración, tanto de las vacantes como de los espolios, encontramos un
exhaustivo detalle de la misma, y se aprecia un riguroso control, delegando la responsabilidad
en los virreyes y ordenando estos a los oficiales reales el cobro y la administración de esas
rentas, como viene expresado en el encabezamiento de la ley XXXVII: 24 “Que los Virreyes
ordenen a los Oficiales Reales, que cobren y administren las vacantes y expolios, y ellos lo
ejecuten, y se ponga cobro en los bienes de los Prelados”. Las rentas de espolios y vacantes
procedían de los diezmos asignados a los arzobispados y obispados, pertenecientes a la Real
Hacienda por concesiones apostólicas y que esta dotaba a los mismos por pertenecer al
Patronazgo Real y “estar debajo de la inmediata protección nuestra, atendiendo a lo que
conviene, que lo que montaren las vacantes y expolios de los Arzobispados y Obispados, esté
siempre de manifiesto para quien lo huviere de haber, conforme a derecho”.
El cargo de virrey en la organización político­administrativa
de las Indias era desempeñado
en la Administración Provincial que constaba de los virreinatos, las audiencias y las
gobernaciones, todos situados por debajo del rey y del Consejo de Indias. Los virreinatos eran
los representantes del poder central en América y estaban encabezados por un virrey y, por
tanto, era el representante directo de la Corona en las Indias. 25 Los Oficiales Reales, además
de encargarse del cobro de las vacantes y espolios, debían tenerlos “en su poder por cuenta a
parte, para distribuirlo según nuestras ordenes, y los dichos Oficiales Reales lo cumplan y
ejecuten precisa y puntualmente. Y asimismo hagan tomar cuentas de las vacantes y espolios,
que hasta ahora se han causado a las personas en cuyo poder huvieren parado, y nos avisen en
todas las ocasiones de Armadas, del estado que tienen estos efectos, y con qué ordenes se han
distribuido, para que visto en nuestro Consejo Real de las Indias, provea lo que convenga”
(Ley XXXVII). Se observa en esta ley cómo otras funciones de los oficiales reales era llevar
las cuentas de estos ramos, y en nuestro caso particular, el de las vacantes. Y si se daba el
caso de que esas rentas estuvieran en manos de otras personas, igualmente debían hacerse con
las cuentas para informar del estado en que se encontraban y cómo se habían distribuido.
Finalmente la citada ley XXXVII hace referencia al caso que pudiera darse del
fallecimiento de los prelados para que los Virreyes, Presidentes, Audiencias Reales y
Gobernadores de las Indias “pongan luego cobro en los bienes que dejaren, en conformidad de
las provisiones y cartas acordadas, que en semejantes casos se despachan en nuestro Consejo
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Real de Castilla”. Y en este asunto vuelve a ordenar que “aya buena cuenta y razon, que es
justo, sin dar lugar a ocultaciones, ni que se defraude nada de lo que fuere devido a la Iglesia,
y a los que pretendieren tener derecho a los dichos bienes, y envíen a nuestro Consejo de
Indias copia de los inventarios”. Se hace necesario advertir, nuevamente, la alusión de llevar
la cuenta y razón de los bienes que dejase el prelado y también la obligación de hacer
inventarios y llevar una copia al Consejo de Indias, máximo organismo encargado de los
asuntos del Nuevo Mundo. Cuando la ley nos menciona los inventarios de los prelados,
hemos de entender que se trata de bienes adquiridos durante el citado cargo, como queda
aclarado en la siguiente ley XXXVIII: “Que los bienes inventariados por los Prelados, quando
van a servir sus iglesias, no se incluyan en los expolios”.
Una vez que se conocía la cuantía de las vacantes mayores, de arzobispados y obispados,
debía remitirse cada año la tercera parte a la Metrópoli, de acuerdo con la ley XXXXI: 26 “Que
se remita cada año la tercera parte de lo procedido de vacantes de Arzobispados y Obispados
a España, como se acostumbra”. Este mandato encuentra su justificación en la concesión
pontificia de los diezmos en 1501, cuestión ya tratada anteriormente, y que expone la propia
ley: “Los Señores Reyes nuestros Progenitores, y a Nos, pertenecen los diezmos Eclesiasticos
de nuestras Indias Occidentales por concesion Apostólica, mediante la qual se incorporaron en
nuestra Real Corona como bienes libres y temporales, con cargo de dar congrua sustentación
y alimentar a los Prelados y Ministros Eclesiasticos, y lo hemos hecho, y mandamos hazer
larga y copiosamente”. Pero en el caso de fallecimiento de los prelados, como ya
mencionamos, las vacantes pasaban a pertenecer a la Corona, también indicado en esta ley,
que transcribimos a continuación: “Y porque desde el tiempo que mueren los Arzobispos y
Obispos, hasta que los sucesores, presentados por Nos, tienen el fiat de su Santidad, vacan
estas rentas asignadas para sus alimentos, durante sus vidas, y deven acabarse con ellas, y
quedar por hazienda nuestra incorpora en nuestro Real Patrimonio”.
También nos ilustra y desarrolla la ley XXXXI el procedimiento a seguir en la aplicación
de la tercera parte de las vacantes; en primer lugar se enviarán esos caudales a España al
Tesorero general del Consejo de Indias, y en segundo lugar puntualiza que el destino de los
mismos serán las obras pías, como puede observarse, todo ello, en la transcripción: “y está
mandado, que todo lo que procediese de las tercias partes de vacantes de Arzobispados y
Obispados, que hemos reservado para repartir en obras pias, se remita a estos Reynos a poder
del Tesorero general de nuestro Consejo Real de las Indias, como se acostumbra, y fuere
cayendo, y conviene que asi se ejecute. Mandamos a los Oficiales de nuestra Real hacienda de
todas las Indias, que remitan a poder del dicho Tesorero general lo que huviere procedido y
procediere de las tercias partes de vacantes de Arzobispados y Obispados, con toda
puntualidad, sin reservar, ni detener ninguna cantidad; estando advertidos, que si asi no lo
hizieren, mandaremos proveer del remedio conveniente”.
Se percibe en esta última ley 27 un seguimiento administrativo de las vacantes mayores de
Indias en el caso concreto de fallecimiento del prelado, donde entra en juego un determinado
oficial real como es el Tesorero general del Consejo de Indias, dado que estos caudales se
enviaban a la Metrópoli cuyo destino sería las obras pías. El cargo de Tesorero general es
tratado en la Recopilación de las Leyes de Indias en el título VII Del Tesorero general
receptor de el Consejo Real de las Indias, del Libro II dedicado a la estructura del gobierno
indiano con especial referencia a las funciones y competencia del Consejo de Indias y las
audiencias. Entendemos que este cargo representaba una de las figuras relevantes en la
administración de los territorios indianos, y con una connotación especial en el campo de la
contabilidad, toda vez que, ya en la ley I 28 se especifican sus funciones y se enuncia que debe
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llevar la cuenta de todo lo que hiciere para así dar la misma a la Contaduría de Indias: 29 “hará
las diligencias necesarias en la cobranza de lo que fuere a su cargo cobrar, o que pagará de su
hacienda lo que por su culpa, o negligencia se dejare de cobrar, y que tendrá pronto lo que
cobrare, y de ello dará cuenta con pago, y pagará el alcance de las cuentas, que se le tomaren,
y de las fianzas y abonos que diere hay traslado en los libros de nuestra Contaduría de las
Indias por cabeza de la cuenta, que con el dicho Tesorero General ha de tener”.
La trascendencia de las rentas procedentes de los espolios y de las vacantes mayores fue tal
que ya en las Leyes de Indias queda constancia de la persecución de las mismas por la
Corona 30 , en el título IX De las Bulas, y Breves Apostólicos, su ley IV presentaba el siguiente
encabezamiento: “Que hallandose Breves para cobrar espolios, o Sede vacantes se suplique de
ellos, y se envíen al Consejo”. Es decir, que el reclamo de estos caudales ocasionó la
existencia de bulas y poderes que facilitaban el cobro de dichos beneficios pero que no habían
sido expedidos por la Cancillería Apostólica papal y, por tanto, no eran válidos. Además, esas
bulas infringían los acuerdos ya establecidos entre la Corona y la Santa Sede, por el que las
vacantes y espolios pertenecían a la Real Hacienda. Circunstancia por la cual se dispuso que
“nuestras Audiencias Reales, Governadores y otras Justicias de las Indias, que informados si
en algunas partes ay personas que tengan poderes y Bulas Apostolicas para cobrar los
expolios de los Arzobispos y Obispos, que murieren en aquellas Provincias, o las
sedevacantes, y sabido quien las tiene, las hagan traer ante si […] y no consientan ni den lugar
que usen de los dichos poderes, ni Bulas en manera alguna, ni se cobren los expolios, ni
Sedevacantes […]”, y finaliza advirtiendo que “se distribuya, conforme a lo dispuesto, y se
revoquen los poderes y Bulas, que para su cobranza se huvieren dado”.
CONSIDERACIONES FINALES
Las concesiones pontificias otorgadas a los Reyes Católicos, en materia eclesiástica o
gobierno espiritual de las Indias, se plasmaron a través de diversas bulas desde 1493, las
denominadas Bulas alejandrinas; estas bulas, unidas a la concesión de los diezmos, el
Patronato Universal y la delimitación de las diócesis, establecieron alguno de los pilares sobre
los que se fue desarrollando toda una legislación para el gobierno del Nuevo Mundo. Fue
Felipe II quien ordenó recopilar el conjunto de leyes que no llegaron a publicarse hasta 1680,
denominadas Recopilación de las Leyes de Indias.
Partiendo del objetivo que nos marcamos al inicio de este trabajo, como ha sido analizar
las disposiciones legales contenidas en la citada Recopilación, referidas a las vacantes
mayores eclesiásticas, para poner de manifiesto su administración económica y contable, bajo
la hipótesis de la singularidad de estas rentas, y teniendo en cuenta los conflictos que
plantearon entre el poder eclesiástico y civil, expondremos las consideraciones finales.
El recorrido realizado, principalmente por el Libro I de la Recopilación de las Leyes de
Indias, dedicado a los asuntos religiosos, nos ha permitido desvelar la normativa que regulaba
las vacantes mayores y confirmar la hipótesis de partida, de poner de manifiesto la
importancia de las rentas procedentes de las vacantes mayores eclesiásticas y las controversias
que suscitaron a lo largo del tiempo entre los poderes real y eclesiástico.
En primer lugar, comienza la normativa con la concesión pontificia a la Corona de la
fundación de las iglesias en las Indias, a través de los diferentes cargos creados para la
administración colonial, como fueron los Virreyes, Presidentes y Gobernadores. Estos cargos,
a su vez, debían velar para que los Arzobispos y Obispos remitieran las bulas apostólicas y
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breves mediante dos copias y hacerlas llegar al Consejo de Indias a través de dos vías
diferentes. Se inicia así un exhaustivo control por parte de la Metrópoli de las actuaciones de
la Iglesia en Indias, y concretamente de los cargos superiores en la construcción de las
catedrales.
La intervención administrativa y económica se observa a través de diferentes leyes, que a
continuación sintetizamos. La administración de las vacantes mayores correspondía a los
virreyes quienes, a su vez, encomendaban esta misión a los oficiales reales, que debían
realizar el cobro y administración de esos caudales, llevando una cuenta aparte. Se observa en
este punto las primeras figuras que desempeñarán tareas contables, tomando las anotaciones
necesarias para dar, posteriormente, razón de esas rentas, con los datos de las personas a
quienes se refiere la citada vacante. Si se diera el caso de encontrarse esos caudales en manos
de personas ajenas a los mismos, también debían encargarse de recaudarlos y siempre dar a
conocer los hechos acaecidos a la Real Hacienda a través de su Consejo de Indias.
Nuevamente se advierte la inspección del poder civil en caudales eclesiásticos, pero que en
este caso le correspondían a la Corona.
Otra cuestión significativa era la obligación, encomendada a los Virreyes, Presidentes y
Gobernadores, de hacer inventario de los bienes que dejaba el prelado, pertenecientes a la
mitra, con la debida cuenta y razón de todo ello, así como la obligación de enviar una copia al
Consejo de Indias. Este compromiso entendemos que sería delegado en los Oficiales Reales.
Asimismo, el destino de las vacantes se indicaba de forma expresa, debía destinarse al
servicio y culto divino, en definitiva a las necesidades de las iglesias pero siempre con el
consentimiento de la autoridad civil, Virrey o Presidente, a la par que se debían dar las
correspondientes cuentas, circunstancia que nos confirma no solo una intervención económica
sino que había un registro contable de los caudales de las vacantes mayores, de entradas y
salidas, con el detalle de su aplicación. Un caso particular del destino de las vacantes mayores
eclesiásticas era la tercera parte del total de las mismas que debía remitirse a España. Esta
función también la llevarían a cabo los oficiales reales, quienes enviarían las cuentas
oportunas al Tesorero general del Consejo de Indias. Al igual que en el caso anterior, se
dedicarían estas rentas a obras pías. Hemos de destacar, desde nuestra perspectiva contable, la
aparición del cargo relevante del Tesorero general, toda vez que en las Leyes de Indias se
especifican sus funciones, como fueron: cobros y pagos que le correspondiesen y llevar la
cuenta de todo lo encomendado que debía rendir ante la Contaduría de Indias.
Finalmente, las rentas procedentes de las vacantes mayores eclesiásticas en Indias
ocasionaron algunos conflictos cuyo origen se encontraba principalmente en la larga duración
de las vacantes, circunstancia que se debía a la lejanía de los territorios indianos de la
Metrópoli. Como consecuencia de este hecho, y para evitar posibles controversias con el
Cabildo Catedral que ostentaba el poder en el período vacante, la Corona emitía una Cédula
Real denominada “de ruego y encargo” mediante la cual proveían un candidato para vicario
capitular, quien ejercería las funciones de prelado, hasta que llegaran las correspondientes
bulas eclesiásticas. El Cabildo en cierta manera se veía obligado a aceptar la propuesta y con
ello la Corona mantenía el control de la diócesis y evitaba las posibles interferencias en
cuestión de competencias entre ambos poderes, civil y eclesiástico.
Por último, una cuestión más que nos justifica la trascendencia de las vacantes mayores en
Indias para la Corona y de ahí su constante persecución y control, fue la existencia de bulas y
poderes que facilitaban el cobro de las mismas pero que no habían sido expedidos por la
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Cancillería Apostólica y por tanto no eran válidos, infringiendo los acuerdos entre la Corona y
la Santa Sede, por los que las vacantes mayores eclesiásticas pertenecían a la Real Hacienda.
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NOTAS
1 Regalía concedida por la Santa Sede a los reyes españoles, consistente en el derecho de nombramiento o
presentación de dignidades eclesiásticas.
2 Documento pontificio expedido por la Cancillería Apostólica papal sobre determinados asuntos de
importancia dentro de la administración clerical e incluso civil (Martínez Ruiz, 1998, p. 40).
3 Entidad jurídica compuesta de un oficio espiritual y perpetuo creado por la Iglesia y de un derecho a percibir
una serie de bienes y rentas eclesiásticas que están unidos indisolublemente a ese oficio (Ibídem, p. 35).
4 Privilegio que concede el papa a los monarcas en alguna cuestión relativa al gobierno y administración de la
Iglesia (Martínez Ruiz, 1998, p. 232).
5 Por el rango jerárquico se distingue entre beneficios menores y mayores, siendo los primeros todos aquellos
cargos eclesiásticos salvo los siguientes: pontífice, cardenal, patriarca, primado, arzobispo, obispo y abad
(Martínez Ruiz, 1998, p. 35).
6 Se pueden consultar las obras de Ricard (1947), De Armas (1953), Gómez Canedo (1977), entre otras,
citadas por Sánchez (1991, p. 15).
7 Resumida extraordinariamente por Borges (1987), como señala Sánchez (Ibídem).
8 Existe una abundante bibliografía sobre la Inquisición en la América española, al objeto puede consultarse el
trabajo del profesor Sánchez (Ibídem, pp. 15­16),
donde cita de forma exhaustiva numerosos trabajos.
9 Destacan los trabajos de Álvarez (1769) y De La Hera (1963).
10 Pueden consultarse, entre otras, las investigaciones de García Gallo (1959), Gómez Hoyos (1961), Bruno
(1967), García Añoveros (1990 y 2004), Sánchez (1991 y 1995), De La Hera (1992a, 1992b y 2004) y el
trabajo de Martínez (2004). Esta última autora analiza en la obra citada la bibliografía existente hasta el
momento para “valorar su interés, calibrar sus aportaciones, determinar el punto hasta el que ha llegado por
el momento esta temática, y preguntarnos por sus posibilidades de desarrollo”.
11 Son de mención los trabajos del autor De La Era (1958 y 1992c).
12 Algunas referencias se pueden localizar en la obra coordinada por Barrios (2004).
13 “La Contaduría del Consejo de Indias y sus reformas de la segunda mitad del siglo XVIII”, proyecto
presentado en el IV Encuentro de Historia de la contabilidad, Historia de la Contabilidad Bancaria ,
celebrado en Carmona, Sevilla.
14 Se entiende por vacantes mayores eclesiásticas las referidas a: pontífice, cardenal, patriarca, primado,
arzobispo, obispo y abad; y vacantes menores las referidas a las parroquias y otros beneficios.
15 Para una mayor información puede consultarse la obra de Sánchez (1991, pp. 15­23).
16 La obra de Calvo (2000, pp. 73­75)
recoge un análisis de las definiciones más relevantes.
17 En el trabajo de Calvo (Ibídem, pp. 75­98)
se acomete una síntesis de la evolución de los espolios y las
vacantes frente a los cambios del entorno.
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18 Un estudio detallado sobre la obra de Álvarez (1769) se encuentra en las obras de De La Hera (1979 y
1992a).
19 Máximo organismo encargado de los asuntos del Nuevo Mundo.
20 A partir de este momento utilizaremos las abreviaturas RLI para indicar la Recopilación de Leyes de Indias,
información que se ha tomado de www.congreso.gob.pe/ntley/libroIndia.asp?wLibro=Primero
21 Datos tomados de www.members.tripod.com/~Panamahistoria/leyes.htm
22 Sobre la delimitación de las diócesis ver Sánchez (1991, pp. 23­25).
23 La obra de Calvo (2000) ofrece un estudio detallado del tema, tanto de los espolios como de las vacantes.
24 (RLI; tít. VII).
25 Sobre los virreinatos existen numerosos trabajos, algunos de ellos son: Domínguez (2004), Bermúdez
(2004), Belenguer (2004) y Latasa (2004).
26 (RLI; tít. VII).
27 (RLI; ley XXXXI, tít. VII).
28 (RLI; tít. VII, Libro II).
29 La Contaduría General del Consejo de Indias se creó como consecuencia de la necesidad de la Corona por
controlar no solo los recursos enviados al Nuevo Mundo, sino también aquellos que se obtenían en los
nuevos territorios. Las funciones de la Contaduría fueron muy variadas, entre otros asuntos se encargó de
las cuentas del Consejo de Indias y de la revisión de las cuentas de la Casa de la Contratación. Además,
debía revisar las cuentas enviadas por los distintos Oficiales Reales de las Cajas Reales situadas en Indias
(Domínguez, 2004).
30 Posteriormente también se evidencia este hecho en el Concordato de 1753.
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