La depuración franquista del profesorado de los institutos de segunda enseñanza de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (1936-1943)

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LA DEPURACIÓN FRANQUISTA DEL PROFESORADO
DE LOS INSTITUTOS DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE
LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ DE TENERIFE
(1936-1943)
Olegario Negrín Fajardo
INTRODUCCIÓN
Todavía quedan muchos temas por investigar relacionados con la guerra civil española de
1936-39 y sus consecuencias en nuestra región en el ámbito de estudio de la Historia de la
Educación, a pesar de que han aparecido algunos meritorios trabajos.1 Entre las lagunas de
investigación existentes se encuentra la de la depuración del profesorado2 en sus distintos
niveles durante la guerra civil y la primera etapa del franquismo en ambas provincias canarias.
En esta ocasión, para avanzar en la investigación por realizar, la ponencia que presentamos al
XV Coloquio de Historia Canario-Americana, “La depuración franquista del profesorado de
los Institutos de Segunda Enseñanza de Tenerife (1936-1944)”, se ocupa de un tema inédito
en el ámbito de las enseñanzas medias.3
Para revisar el estado de la cuestión se han consultado las fuentes bibliográficas asequibles
en la Biblioteca Nacional de Madrid y en la Biblioteca de la Residencia de Estudiantes del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. De igual manera, ha sido preciso acudir a la
Hemeroteca Nacional en Madrid y a la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife, para
consultar los boletines oficiales del Estado y los propios de la provincia citada. Pero el apoyo
documental fundamental para este estudio, al tener carácter de inédito, se encuentra en los
archivos. El grueso de la documentación está depositado en el Archivo General de la
Administración de Alcalá de Henares, que contiene al Archivo Central del Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes. Son también importantes el Archivo Histórico Provincial de
Tenerife y los archivos de los Institutos de Enseñanza Secundaria de la provincia tinerfeña .4
Sin embargo, a pesar de haber realizado una exhaustiva búsqueda de documentación tanto
en los archivos nacionales como regionales no ha sido posible encontrar los expedientes de
depuración de algunos profesores significativos, como es el caso de Constantino Aznar
Acevedo. Además, los plazos administrativos establecidos para la consulta de documentación
nos ha privado de momento de estudiar y valorar el expediente completo de algunos
encausados. Esto ocurre especialmente en el caso de aquellos docentes que recurrían las
sanciones y cuya resolución se alargó mucho en el tiempo.
En alguna ocasión que se pierde el rastro de un profesor depurado, en su expediente figura
que no se le localizó en su momento, aunque su proceso siguió igualmente adelante y fue
sancionado, en estos casos siempre con inhabilitación. Es posible que tales profesores optaran
por el exilio o quizás murieran en el campo de batalla, pero para el investigador siguen siendo
problemas no resueltos. Algunas de estas incógnitas hemos podido despejarlas a través de
archivos especiales como el de Pensiones Públicas del Ministerio de Hacienda, que se ocupa
de las jubilaciones del profesorado.
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XV Coloquio de Historia Canario-Americana
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Se han consultado los archivos de los institutos de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife y
las bibliotecas y los archivos provinciales con la intención de comprobar la documentación
que sobre el tema poseían y poder contrastar y, en algunos casos, completar, la información
que ya teníamos del Archivo General de la Administración (AGA). Hay que decir que la
situación de los fondos documentales no siempre es la más adecuada; en algunas instituciones
simplemente no existe documentación y se ignora dónde podría estar; en otras, o no existe
documentación o ésta es escasa y dispersa; en general, suele ser un fondo documental que no
está ordenado ni clasificado y que no siempre está al alcance del investigador.
En algunos casos hemos podido constatar que la depuración franquista, a pesar del tiempo
transcurrido, sigue siendo un tema polémico y delicado, que puede herir la sensibilidad tanto
de los verdugos como de las víctimas. Hay testigos directos de los hechos y familiares que
están dispuestos a hablar de aquellos acontecimientos e incluso a aportar documentos y
vivencias, pero otros, en cambio, se niegan de forma rotunda. Da la impresión que es una
situación que aún está lejos de superarse para algún sector de la población que estuvo muy
implicado en ella.
El hecho de que no haya estudios previos históricos serios acerca de las instituciones de
enseñanza secundaria tinerfeñas para poder apoyarse en ellos, ha dificultado enormemente el
avance del trabajo. Así, por ejemplo, como no existen historias elaboradas de las instituciones
que investigamos, no nos es posible saber de antemano quiénes eran los profesores de los
institutos en torno a 1935 y 1936. Y sin conocer este dato no se pueden investigar sus
expedientes de depuración en el AGA, que aparecen por orden alfabético. De ahí que
tuviéramos que empezar por construir los cuadros de profesores de cada Instituto a partir de
los fondos, normalmente desordenados, que se conservan de aquellas fechas en sus archivos.
La hipótesis de trabajo que nos ha servido de base y referencia, después de haber analizado
la bibliografía aparecida en los últimos años y la documentación existente en los archivos, es
la siguiente:
La depuración franquista del profesorado de los Institutos de Segunda Enseñanza de
la provincia de Santa Cruz de Tenerife persiguió los mismos objetivos que para el
conjunto de España de combatir la renovación pedagógica, la Escuela Nueva y la
Institución Libre de Enseñanza, y se propuso implantar los valores del nacional-catolicismo
y el autoritarismo franquista. Los efectos, tanto cuantitativos como
cualitativos, de la política depuradora aplicada al profesorado de segunda enseñanza
se dejaron sentir en el ámbito personal, familiar y social de los docentes
represaliados y, para toda la población, en la precariedad de la educación durante un
significativo período en el que desapareció la libertad de enseñanza y de
pensamiento, así como se impidió la divulgación de cualquier idea ajena al ideario
imperante. Prohibidos los partidos políticos, los sindicatos y asociaciones de
enseñantes y los medios de información profesional pluralista, los profesores de
institutos quedaron sometidos a la “política correcta” que el nuevo régimen imponía
de manera autocrática y centralizada para todo el país”.
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LA DEPURACIÓN DEL PROFESORADO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA5
La estructura educativa del nuevo régimen
En la Junta Técnica del Estado, heredera de la Junta de Defensa Nacional, la educación
quedó dentro de la comisión de Cultura y Enseñanza, presidida por José María Pemán. El
vicepresidente y hombre fuerte de la comisión fue el catedrático de medicina Enrique Suñer,
de quien se ha dicho que fue una “personalidad de extrema derecha sin afiliación precisa y
verdadero obseso de la persecución contra la Institución Libre de Enseñanza”,6 los vocales
fueron: Eugenio Vegas Latapie (miembro fundamental de Acción Española), Mariano
Puigdollers Oliver, del ámbito tradicionalista, y dos falangistas monárquicos: Eugenio Montes
y Alfonso García Valdecasas. De la segunda enseñanza era responsable Eugenio Montes, con
el apoyo de García Diego.
El 30 de enero de 1938 Franco nombra a su primer gobierno y en él figura Pedro Sainz
Rodríguez como ministro de Educación Nacional. Todos los nuevos cargos del Ministerio
estaban en la línea de la política educativa nacional-católica propugnada por el nuevo
Régimen; de entre todos ellos, por su radicalidad y la influencia que tendrían en los procesos
de depuración de enseñanza secundaria habría que destacar a José Pemartín, autor de un
conocido libro,7 en el que pedía “una cuidadosa y concienzuda depuración –sin venganzas,
pero sin flaquezas–, del Magisterio y del profesorado de las Normales”.
El 9 de agosto de 1939 se formó el segundo gobierno de Franco y en él ocupó la cartera de
Educación el miembro de Unión Patriótica José Ibáñez Martín. En su largo período
ministerial de doce años, 1939-1951, siguió la política educativa trazada por su predecesor en
el cargo y de hecho mantuvo a dos de los hombres fuertes del Ministerio, Romualdo de
Toledo y José Pemartín. El nuevo ministro desarrollará y culminará la depuración del
profesorado de la que, en un discurso de 1943, afirmará: “Como en un organismo vivo
tiranizado por el mal, España tuvo que diseccionar zonas excepcionales de su masa vital. Al
Magisterio afectó quizás con inusitada fuerza esta tarea de purificación. Pero un supremo
interés religioso y un soberano interés nacional lo exigían así”.8
Las distintas fases de la depuración franquista y la elaboración de la normativa represora
Entre agosto y noviembre de 1936 tuvo lugar la primera depuración en la zona nacional
llevada a cabo con bastante desorden y sin criterios claros de actuación. Se dieron poderes
especiales a los rectores de las universidades para que efectuasen la depuración con la
intención de empezar el nuevo curso sólo con profesores de confianza, para demostrar la
normalidad que la Junta de Defensa quería transmitir.
Con la creación de la Comisión de Cultura y Enseñanza se avanza mucho en la
organización y clarificación de la depuración del profesorado. Los civiles toman el relevo de
los militares en la dirección de la política educativa y se crean las comisiones de depuración
con carácter provincial. Las nuevas comisiones retomaron todo el proceso depurador y las
sanciones primeras de los rectores quedaron como provisionales, abriéndose de nuevo todos
los expedientes siguiendo los nuevos criterios fijados.
¿Qué criterios se utilizaron para sancionar al profesorado? En la circular de 10 de
noviembre de 1936,9 ya se anuncian los principales criterios sancionadores: se confirmarían
en sus empleos a los que pudieran demostrar su inocencia o no tuvieran cargos, y que además
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fueran profesional y moralmente intachables, tuviesen ideas nacionalistas y no hubiesen
participado ni directa ni indirectamente en la “subversión comunista”, se separarían del
servicio a los que hubieran sido militantes de partidos del Frente Popular o de organizaciones
secretas o a quienes hubieran orientado su labor profesional en un sentido anticatólico.
Una de las disposiciones legales realmente novedosa fue la de 11 de marzo de 1938,10 por
la que se creaba una Oficina Técnico-Administrativa encargada de acelerar las depuraciones y
centralizar las resoluciones. Esta Oficina se encargaría de recibir los expedientes enviados por
las comisiones provinciales de depuración y de pasarlos a la Comisión calificadora para que
emitiese una resolución razonada y, finalmente, de los trámites para que las resoluciones
aparecieran en los boletines oficiales provinciales correspondientes. Pero, sin duda, la
novedad más importante de esta orden era la posibilidad de recurrir que se le otorgaba al
afectado.
La otra disposición legal de importancia de la época fue la orden de 18 de marzo de 193911
que venía a sistematizar todo el proceso de depuración y contenía las normas que se aplicarían
mientras durase la depuración. Por la misma orden se creaba una Comisión Superior
Dictaminadora que vaciaba de contenidos a la Oficina citada anteriormente y que tenía la
responsabilidad de examinar y dar resolución a todos los expedientes incoados por las
comisiones provinciales de depuración.
Las comisiones de depuración para el profesorado de Segunda Enseñanza
La Comisión de depuración de los profesores de secundaria, o Comisión C, tuvo carácter
provincial y estaba constituida por cinco miembros; el presidente lo era el gobernador civil de
turno; los vocales, uno de ellos actuaba de secretario, solían ser tres catedráticos de enseñanza
media, uno de la Escuela de Comercio, otro de uno de los Institutos y otro de la Escuela
Normal, y un vocal más por los vecinos o padres de familia. Con posterioridad la formarían
seis miembros al añadirse un representante de la Falange.12
La depuración de la enseñanza secundaria, como de la del resto de los niveles educativos,
se inició con la disposición legal que, poco después de julio de 1936, separó del servicio a
todos los profesores, al tiempo que dio un plazo de quince días para que quienes lo desearan
solicitasen el reingreso ante las autoridades educativas. Se debía presentar una instancia en la
que se manifestara el deseo de ser readmitido en el servicio y el cargo que se hubiera
desempeñado hasta entonces. Además, se acompañaba una declaración jurada en modelo
oficial que, en realidad, era un interrogatorio en toda regla para averiguar la conducta
profesional y privada de cada profesor, así como su postura ante el Movimiento Nacional.
Uno de los apartados más delicados era el dedicado a pedir información sobre la actitud y
actividades de otros compañeros en el ámbito de la enseñanza durante la República.
Hemos observado que la mayor parte de las declaraciones juradas fueron contestadas con
brevedad, casi con monosílabos, aunque muchos aprovechan cualquier oportunidad para hacer
alabanzas del régimen y declarar su adhesión. En el caso de que reconocieran haber
pertenecido a alguna organización social o política lo explicaban por haber sido obligados por
las circunstancias y para evitar un mal personal mayor y, a veces, por razones profesionales.
El apartado final que, en realidad, era una llamada a la delación de compañeros que hubieran
tenido una actividad política o sindical específica, lo dejaban con cierta frecuencia en blanco o
respondían de forma muy general, sin dar nombres concretos. Aunque hay excepciones y
algunos declarantes aprovechan la ocasión para denunciar a otros profesores.
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Los informes
Una vez incoado el expediente venía la fase de recabar toda la información posible sobre
los profesores que, normalmente, se realizaba a través del alcalde, la Guardia Civil, el párroco
y una persona de “solvencia ideológica”, todas ellas de la población donde ejercía el profesor
de que se tratara. No obstante, siempre se podían pedir otros informes que se consideraran
necesarios a otras personas o instituciones y, al tiempo, se recibían informes y denuncias más
o menos espontáneas de particulares o asociaciones diversas.13
Los informes emitidos eran muy variopintos; iban desde los prolijos a los muy escuetos
que se limitaban a afirmar que desconocían el comportamiento del profesor o los hechos sobre
los que debían informar. Algunos informes resultan, sin embargo, demoledores para los
intereses de los expedientados y muchas de las afirmaciones que se hacen proceden de
terceras personas o de rumores. En algunos casos se deduce que el informante no quiere hacer
daño y sólo menciona lo que realmente conoce pero en otros, especialmente los procedentes
de los párrocos y asociaciones como Falange, resultan a veces incluso crueles y no parecen
estar suficientemente apoyados por pruebas. En algunas ocasiones los diferentes informes
coinciden exactamente lo que revela que la fuente de información era la misma.
Los miembros de la Comisión depuradora sabían que muchos informes eran producto de la
animadversión personal o fruto de razones inconfesables, pero en esta primera instancia solían
ser considerados como fiables. Era en la instancia superior del Ministerio en la que se solían
destacar las contradicciones que, a veces, se producían entre los propios informantes o
aquellos informes más llenos de pasión que de objetividad.
La formulación del pliego de cargos
Si en un expediente se encontraban hechos que pudieran dar lugar a sanción se abría el
correspondiente pliego de cargos, que consistía en un resumen de las acusaciones de las que
debía defenderse el expedientado dando razones suficientes y convincentes. El escrito de
cargos se le enviaba al interesado a través de una carta lacrada a su dirección particular o, si se
desconocía su domicilio, a través del Ayuntamiento de la localidad en la que residía el
Instituto.14 El plazo que se les daba para contestar era de diez días, tiempo con frecuencia
insuficiente si se piensa que debían recabar avales e informes que probasen las afirmaciones
que hacían en su defensa. A ello se unía en algunos casos la vaguedad o generalidad de la
acusación que obligaba al expedientado a intentar defenderse de un cargo que ni siquiera tenía
claro; en otras ocasiones, aunque la acusación era genérica, la Comisión tenía las pruebas de
las acusaciones, pero no las reseñaba en el escrito de cargos, así que de poco servía que el
encausado se limitase a desmentirlas.
Los cargos que podían formular las comisiones depuradoras eran muy diversos porque,
además de los que preveía la legislación depuradora, que eran las conductas que se mostraban
incompatibles con el Nuevo Estado y en especial la militancia y las simpatías políticas hacia
las organizaciones del Frente Popular, las actuaciones contrarias a la llamada Causa Nacional
y la actividad disolvente en las instituciones escolares, muchas comisiones depuradoras
ampliaron los cargos a las conductas religiosas y morales, al comportamiento profesional de
los docentes e, incluso, a su vida cotidiana.
Un cargo en el que las comisiones hacían mucho hincapié era el referido a motivos
religiosos y morales. Se le daba mucha importancia tanto a los comportamientos en las
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instituciones escolares como incluso en la vida privada. Se puede decir, en resumen, que el
grueso de la depuración se apoyó en cargos de tipo político y de tipo religioso, siendo los
demás cargos secundarios aunque en ocasiones podían resultar suficiente para sancionar con
dureza al depurado.
Los escritos de descargo
Todos los escritos de descargo suelen coincidir en demostrar sorpresa e indignación ante
las acusaciones que se formulan. El profesor depurado defendía su inocencia e informaba a la
Comisión que tales cargos sólo podía provenir de la animadversión de los informadores, de
envidias o intereses ocultos. El grave problema era que las comisiones de depuración no
valoraban la simple negativa a los cargos ni la muestra de sorpresa e indignación. Es lo que se
ha denominado “la justicia al revés” ya que quienes se habían levantado contra la legalidad se
constituían en acusadores de los que la habían respetado y además le trasladaban la “carga de
la prueba” de tal manera que las comisiones depuradoras no debían probar los cargos que
imputaban, sino que eran los propios acusados los que tenían que intentar demostrar la
improcedencia y falsedad de los cargos.
También la mayoría de escritos comenzaban y finalizaban utilizando frases de adhesión al
Movimiento Nacional o a su Caudillo. Da la impresión de que se trata más de fórmulas
inevitables del momento y que, al menos en algunos casos, no podían ser realmente sentidas,
si se tiene en cuenta la trayectoria de los acusados.
La tendencia que se observa en los documentos que hemos analizado es negarlo todo; no
obstante, cuando el interesado era consciente de que podía haber pruebas irrefutables contra él
procuraba restarle importancia a los hechos de los que se le acusaba o dar una explicación
bastante diferente que le resultara favorable. En algunas ocasiones se aceptaba el cargo,
reconociendo que había sido un error y manifestando el deseo ferviente de enmendarse en el
futuro.
La propuesta de resolución provincial
El último paso dado por la Comisión depuradora provincial era, una vez estudiado el
escrito de descargo del acusado, decidir la propuesta de resolución a elevar a las autoridades
centrales. Hasta la orden de 18 de marzo de 1939, que refundió toda la normativa depuradora,
no existieron criterios claros, así que cada Comisión actuó según sus propias consideraciones
en muchos aspectos no regulados por las autoridades ministeriales. En todo caso, da la
impresión que las comisiones provinciales actúan con algunos criterios no escritos pero que
luego aplican en la práctica.15
En esta etapa del proceso se presumía que la Comisión iba a valorar todo el expediente
desde el principio, teniendo en cuenta sobre todo la documentación y los avales16 utilizados
por los acusados en su defensa. En algunos casos se puede observar que los comisionados
tenían más en cuenta los informes negativos y no parecían reaccionar frente a otros informes y
avales positivos que refutaban los cargos. Lo que sí parece demostrado es que si el encausado
sólo presentaba su escrito de descargo, sin avales ni documentación probatoria, la comisión
entendía que los cargos quedaban probados porque nadie de confianza política respaldaba al
interesado. En líneas generales se observa que las comisiones de depuración no actúan
siempre con el mismo criterio y que iguales cargos no siempre tienen iguales sanciones.
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Las resoluciones del Ministerio de Educación Nacional
La Oficina Técnico-Administrativa, primero, y luego la Comisión Superior Dictaminadora
actuaban al tiempo como instancia máxima de resolución y como instancia de revisión de
causas juzgadas. Una vez analizados, los expedientes pasaban al jefe nacional del Servicio de
Segunda Enseñanza quien finalmente decidía la resolución a pasar a la firma del ministro de
turno.
Cuando se analizan las decisiones tomadas en el Ministerio se observa que las sanciones
más graves se toman contra aquellos profesores que fueron acusados de colaborar activamente
con partidos o sindicatos del Frente Popular. Además del Partido Socialista, Izquierda
Republicana y el Partido Comunista, la organización considerada más perniciosa fue la FETE,
no así la CNT, porque se consideraba que en ésta entraba mucha gente de “orden” para
autoprotegerse.
Una animadversión especial se observa contra la masonería. El cargo de masón era
sinónimo de sanción grave segura y, con frecuencia, de separación del servicio. Cualquier
profesor que era declarado masón, además de que luego tendría que depurar las consecuencias
penales de su pertenencia probada a la masonería, era duramente sancionado
administrativamente con la baja en el escalafón casi siempre. Con bastante dureza también se
castigaba a los acusados de haber incurrido en irreligiosidad y ateísmo.
Otro apartado de cargos aparentemente menor pero que sin embargo fue castigado con
enorme severidad por las comisiones de depuración fueron los de tipo moral. Hay que tener
en cuenta que las sanciones de este apartado de cargos fueron, a veces, más númerosas y
superiores que las habidas por cargos políticos y religiosos. Así, el haber contraído
matrimonio civil durante la República, los temas relacionados con el sexo y otros temas de la
vida privada, como alcoholismo o frecuentar las tabernas o ambientes “poco apropiados” eran
castigados con severidad porque se entendía que había que fijar con claridad la conducta y el
comportamiento de los profesores que necesitaba el sistema político que se estaba
instaurando.
No sólo se castigaba a un acusado por desafecto al régimen también se podía sancionar a
un depurado por entender que no apoyaba con la fuerza suficiente la instauración del nuevo
Régimen. Por el contrario, había algunos factores que servían para atenuar las penas, como
haber sido excombatiente o haber ayudado a huir o a esconderse a elementos derechistas o
religiosos durante la guerra.17
Las revisiones de los expedientes de depuración
La posibilidad de recurrir y plantear la revisión de las sanciones recaídas en los
expedientes de depuración no fue posible hasta 1939 con la creación de la Oficina Técnico-
Administrativa. La revisión podía decidirse de oficio o a instancia de la parte afectada. Lo
más habitual es que fuera el interesado el que solicitara por escrito la revisión de su
expediente. La Comisión de depuración provincial informaba de la procedencia o no de la
revisión y decidía finalmente la Comisión Superior. Hemos encontrado distintos casos en los
que se decidía que no había razones suficientes, nuevos elementos de juicio, para la reapertura
del expediente y no se aceptaba la revisión. Si la respuesta era positiva, el interesado aportaba
toda la documentación que hubiera podido recoger.
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Aunque se puede asegurar que la revisión de expedientes de depuración se caracterizó por
suavizar los resultados iniciales de la depuración y que sólo en un número bajo de casos
significó el aumento de las penas, en realidad solía llegar tarde, cuando ya habían pasado
varios años de la sanción inicial y se había cumplido en parte la misma, así que, aunque
fueran recibidas con agrado, ya el daño estaba hecho tanto desde el punto de vista social como
personal y profesional.
La razón fundamental para que con el tiempo aumentara el número de los expedientes
revisados no era, como a los hombres del régimen les gustaba decir, por la “indulgencia y
magnanimidad del Caudillo” sino obligado por la escasez de profesorado y el cambio de
coyuntura internacional, sobre todo a partir de 1942, que trajo consigo la Ley de Reforma de
las Responsabilidades Políticas y la revisión de la Ley de Seguridad del Estado.
En resumen, se puede decir que el proceso de depuración siguió el siguiente
procedimiento:
1º Se separaba del servicio a la totalidad del profesorado.
2º El reingreso se solicitaba mediante instancia y declaración jurada en la que se
contestaba a un cuestionario sobre sus actividades profesionales y políticas en el pasado.
3º Se abría expediente a cada profesor y se solicitaban los informes preceptivos a la
Guardia Civil, alcalde, párroco y presidente de la asociación de padres.
4º Se examinaba el expediente por si había elementos sancionables; de no ser así, se
cerraba el expediente y se autorizaba a ocupar de nuevo el cargo.
5º De haber elementos sancionables se enviaba al interesado un pliego de cargos.
6º El acusado disponía de diez días para responder a los cargos que se le hacían y
presentar la documentación que considerara oportuna.
7º La comisión volvía a examinar todo el expediente y si no aparecían nuevos cargos, o
decidía ampliar sus informaciones, proponía una resolución para el mismo y la enviaba a la
Oficina Técnico-Administrativa, más tarde a la Comisión Superior Dictaminadora.
8º Dicha Comisión del Ministerio volvía a examinar todo el expediente y proponía una
resolución razonada que era elevada a la superioridad, la dirección general de Segunda
Enseñanza, que a su vez volvía a informar el expediente antes de enviarlo al ministro para
la decisión final.
9º Se agrupaban las resoluciones y se enviaban a la comisión depuradora provincial para
que se publicaran en los boletines provinciales correspondientes.
LA DEPURACIÓN DEL PROFESORADO DE LOS INSTITUTOS DE SEGUNDA ENSEÑANZA DE SANTA
CRUZ DE TENERIFE
Las Islas Canarias fueron, desde el principio del golpe militar, “zona nacional”; a pesar de
algunos episodios aislados de resistencia de cierta entidad, las Islas fueron controladas con
bastante facilidad. No hay que olvidar que el comandante militar de Canarias, Francisco
Franco, era precisamente uno de los jefes máximos de la conspiración y que se produjo en
Tenerife el comienzo de la sublevación contra la legalidad republicana. Por lo que se refiere a
la provincia de Santa Cruz de Tenerife, existe ya bibliografía18 suficiente como para conocer
todos los detalles de la represión posterior al golpe de estado del 18 de julio de 1936. Por este
motivo, al igual que ocurriría en otros lugares del territorio español, la depuración en todas las
áreas de actividad empezó muy pronto. De hecho, se puede decir que ya en el curso 1936-
1937 se produjeron las primeras medidas radicales de depuración del profesorado de todos los
niveles educativos.
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En contra de lo que a veces se ha dicho, la represión en Canarias fue bastante dura y
alcanzó a un número muy importante de personas. Las actuales investigaciones hablan ya de
más de dos mil muertos y muchos otros miles afectados de una manera más o menos grave
por las depuraciones y persecuciones que se desataron a partir de julio de 1936. La represión
fue ejecutada por el Ejército, la Guardia Civil, la Falange y Acción Ciudadana, que contaron
con el apoyo de las organizaciones sindicales y políticas de derechas, como la CEDA y el
Partido Republicano; aunque se produjeron actos represivos propios de la venganza y los
excesos individuales, los estudios que se van publicando en torno a esa época demuestran que
se trataba de una represión sistemática y organizada contra el movimiento obrero y la
oposición republicana.
La Comisión depuradora del profesorado de los Institutos de Tenerife fue nombrada por el
decreto nº 66, de 8 de noviembre de 1936, y estaba constituida por los siguientes miembros:
Presidente: Vicente Sergio Orbaneja, gobernador civil
Vocales: Ricardo Hodgson Balestrino, catedrático Escuela de Comercio
Luis Gogorza Aspiazu, catedrático Instituto Nacional de Enseñanza Media
Isidra Ruiz Ochoa, catedrática Escuela Normal del Magisterio primario
Miguel Estarriol Truhillé, vocal por los vecinos
Juan Amigó Lara se incorporó más tarde como representante de Falange Española y de la
JONS. Todos los vocales permanecieron en la Comisión durante todo su período de actividad
salvo en el caso del presidente que, al estar relacionado con el cargo de gobernador civil,
cambiaba cuando era nombrado un nuevo responsable provincial.
Hay que recordar que todos los profesores tuvieron que solicitar su reingreso en el cargo
que estuvieran ostentando en julio de 1936 y, además, contestaron a una breve encuesta en
torno a sus actividades profesionales y personales. Cuando la Comisión recibía la solicitud y
el cuestionario cumplimentado, según la información que tuviera sobre cada profesor, decidía
abrir un expediente de depuración y enviar el pliego de cargos correspondiente o bien, por el
contrario, se limitaba a confirmar en su cargo al solicitante. En esta primera fase, la
información la recibía la Comisión de las autoridades académicas, la delegación de orden
público, juzgado militar de causas masónicas, comandancia de la Guardia Civil y alcaldía de
la vecindad.
Los datos, que para cada profesor confirmado en el cargo aparecen a continuación, siguen
el orden siguiente:
1º Nombre completo del profesor.
2º Categoría académica.
3º Propuesta de la Comisión Provincial.
4º Confirmación en el cargo por parte de las autoridades ministeriales.
Si había datos confirmados, o incluso sólo sospechas, por parte de la Comisión de que el
profesor que solicitaba el reingreso no era adicto a la causa franquista, se abría expediente de
depuración de responsabilidades, y entonces el proceso constaba de más fases y muchos más
contenidos que se pueden resumir en los siguientes:
1º Nombre completo del profesor.
2º Categoría académica.
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3º Pliego de cargos planteado por al comisión de depuración.
4º Escrito de defensa, o descargo, que hace el profesor acusado.
5º Propuesta de sanción que realiza la Comisión Provincial.
6º Resolución sancionadora por las instancias ministeriales.
7º Petición de revisión, en algunos casos.
8º Resolución de la revisión solicitada.
A continuación aparecen las listas de los profesores de los institutos de segunda enseñanza
de la provincia de Santa Cruz de Tenerife que fueron depurados, con un pequeño resumen del
proceso que siguieron, fueran o no confirmados en sus cargos.
Instituto de La Laguna
El cuadro de profesores del Instituto de La Laguna ha sido elaborado a partir de los libros
de actas y de diversa documentación de la época, ya que no existe ninguna publicación sobre
el Instituto que contenga información en torno al profesorado que se encontraba
desempeñando sus funciones en torno a 1936. Por eso no descartamos que hubiera algunos
más que por razones de traslado u otras no figure en las citadas fuentes. Además, como
durante los cursos 1938-39 y 1939-40 se clausuró el Instituto de La Laguna y todo su personal
y material se incorporó al de Santa Cruz de Tenerife y, luego, al principio del curso 1940-41,
se reabrió el Instituto de La Laguna, con el carácter de femenino, no es fácil determinar la
composición exacta de los correspondientes claustros en cada momento.
Catedráticos propietarios:
Agustín Cabrera Díaz
Basilio Francés Rodríguez
Fulgencio Egea Abelenda
Luis Gogorza Aspiazu
Luis Gómez Arenas
Ángela Clara Roda Aguirre
José María Montero Araco
Luis Medina Jurado
Profesores interinos y ayudantes:
Benjamín Artiles Pérez
Buenaventura Bonnet Reverón
Tomás Bravo de Laguna y López
Mariano Cossío Martín Fortún
Manuel González de Aledo y Rodríguez de la Sierra
Tomás Quintero Guerra
Pablo Perera Marrero
Ramón Trujillo Torres
Ángel Toledo García
Baudilio Llorente García
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Resumen del contenido de sus expedientes de depuración:19
-Benjamín Artiles Pérez
Ayudante del Instituto y bibliotecario provincial
Propuesta: Confirmado en el cargo con la fórmula habitual: “Y la información practicada,
mediante consulta a la Autoridad Académica, Delegación de Orden Público, Juzgado militar
de causas masónicas, Comandancia de la Guardia Civil y Alcaldía de su vecindad, la cual le
ha sido favorable, estimamos procedente la confirmación de su cargo que ha venido
desempeñando sin interrupción de clase alguna desde el 18 de julio de 1936, por estimársele
adicto al Movimiento Nacional”. 19 febrero de 1940
Confirmación del Ministerio en el cargo: 12 de marzo de 1940. Legajo 18462
-Buenaventura Bonnet Reverón
Auxiliar del Instituto
Confirmación en el cargo: 1 febrero 1940. Legajo 18464
-Tomás Bravo de Laguna y López
Ayudante interino del Instituto
Cargos: afiliado a izquierda republicana, tenía también otro expediente de depuración en
Zaragoza que no figura en su expediente.
Propuesta: inhabilitación perpetua para cargos directivos y de confianza y cese en el cargo.
26 de junio de 1937.
Confirmación de Madrid, 7 diciembre de 1937. Legajo 18464
-Agustín Cabrera Díaz
Catedrático de Instituto
Propuesta: confirmar en el cargo; 9 de diciembre de 1939.
Confirmado, 6 de febrero de 1940. Legajo 18465
-Mariano Cossío Martín Fortún
Profesor especial del Instituto
Propuesta: Confirmado en el cargo; 1 de febrero de 1940.
Confirmación del Ministerio: 12 de marzo 1940. Legajo 18467
-Fulgencio Egea Abelenda
Catedrático de Instituto
Cargos: Haber pertenecido al socorro rojo internacional, ideas socialistas.
Propuesta: separación definitiva del servicio, 24 de junio de 1937.
Resolución: separación definitiva e inhabilitación para cargos directivos y de confianza, 24
de septiembre de 1937.
Revisión de expediente: 3 de abril de 1940.
Propuesta Comisión Provincial: traslado forzoso fuera de las dos provincias, suspensión de
empleo y sueldo durante dos años, pérdida de los haberes no percibidos, pérdida del tiempo
no servido, inhabilitación cargos directivos. 14 de diciembre de 1940.
Resolución: Traslado forzoso fuera de las provincias canarias e inhabilitación para el
ejercicio de cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza. 1 de
mayo de 1941.
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XV Coloquio de Historia Canario-Americana
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-Basilio Francés Rodríguez
Catedrático de Instituto
Confirmado, 9 de diciembre de 1939. Legajo 18471
-Luis Gogorza Aspiazu
Catedrático de Instituto y miembro comisión depuradora C
Propuesta favorable: 1 de febrero de 1940.
Conforme de Madrid: 6 de febrero de 1940. Legajo 18474
-Luis Gómez Arenas
Catedrático del Instituto
Propuesta: confirmación en el cargo, 9 diciembre de 1939.
Conforme de Madrid: 6 de febrero de 1940, orden de 13 de marzo de 40. Legajo 18474
-Manuel González de Aledo y Rodríguez de la Sierra
Ayudante interino de Instituto
Cargos: Simpatía con ideas republicanas.
Propuesta: inhabilitación para el desempeño de cargos directivos y de confianza,
24 de junio de 1937.
Confirmación en el cargo: 27 de diciembre de 1937, Legajo 18473
-Baudilio Llorente García
Profesor de Instituto
Propuesta: Confirmar en el cargo, 19 de febrero de 1940.
Confirmación en el cargo: 12 de marzo de 1940. Legajo 18479
-Luis Medina Jurado
Catedrático de Instituto
Propuesta: 9 de diciembre de 1939.
Confirmación: 6 de febrero de 1940. Legajo 18481
-José María Montero Araco
Catedrático de Instituto
Cargos: Activo propagandista de ideas marxistas, fundó la Casa del Pueblo y la
Universidad Proletaria y perteneció al Socorro Rojo Internacional.
No hay escrito de defensa o pliego de descargo.
Resolución: se decide la separación definitiva del servicio y la inhabilitación para el
desempeño de cargos directivos y de confianza, 18 octubre 1937. Legajo 18481
-Pablo Perera Marrero
Ayudante interino de Instituto
Propuesta: confirmación en el cargo, 1 de febrero de 1940.
Confirmación de Madrid: 6 de febrero de 1940. Legajo 18524
-Tomás Quintero Guerra
Ayudante de Instituto encargado de cátedra del de La Laguna, venía del de Alcázar de San
Juan. Fue también auxiliar de ciencias en la Universidad de La Laguna.
Cargos: Se le acusa de ser de izquierdas y pertenecer a partido del Frente Popular.
Está en ignorado paradero el 30 de abril de 1937. Se le cita a través del B.O. de la
provincia de 7 de junio 1937, junto a Egea, Montero, Aznar, Gil, Quintero.
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La depuración franquista del profesorado de los institutos…
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Propuesta: suspensión de empleo y sueldo, 3 de marzo de 1937.
Resolución: Burgos decreta su cese e inhabilitación para cargos directivos, 5 de diciembre
de 1937. Legajo 18525
-Ángela Clara Roda Aguirre
Catedrática de Instituto
Propuesta: confirmación en su cargo, 10 de noviembre de 1937.
Confirmación de Madrid: 22 de diciembre de 1937. Legajo 18526
-Ángel Toledo García
Auxiliar de Ciencias, Licenciado en ciencias químicas y teniente coronel de infantería
retirado.
Estaba en Madrid en 1936.
Propuesta: confirmación en el cargo.
Confirmado: 3 de diciembre de 1942. Legajo 18529
-Ramón Trujillo Torres
Ayudante del Instituto
Propuesta: confirmación en el cargo.
Confirmado: 1 de febrero de 1940. Legajo 18529
Valoración de resultados
De los dieciocho profesores que hemos encontrado en la plantilla del Instituto de La
Laguna en torno a 1936 sólo uno de ellos era del sexo femenino, la catedrática Ángela Clara
Roda Aguirre. Es decir, como veremos ocurre en el resto de los centros de secundaria
estudiados en esta investigación, el número de mujeres que accedía a la enseñanza secundaria,
al contrario de lo que ocurría ya en el nivel primario de la enseñanza, era muy pequeño, casi
testimonial.
La mayoría de los profesores fueron confirmados en sus cargos después de haber
presentado sus instancias solicitando reincorporarse a sus puestos de trabajo. En el caso del
Instituto lagunero, once profesores y una profesora, en total doce solicitantes, fueron
confirmados en sus puestos. Cuatro profesores resultaron sancionados con inhabilitación
perpetua y cese en el cargo, uno fue separado del servicio, el profesor José María Montero, y
otro, el profesor Egea Abelenda, trasladado fuera de las provincias canarias y sancionado con
penas de inhabilitación para cargos directivos y de confianza y suspensión de empleo y sueldo
durante un tiempo.
En porcentajes, no siempre convincentes con tan escaso número de casos analizados, el
61,1% de los profesores fue confirmado; en torno al 22% fue sancionado con inhabilitación
perpetua para desempeñar cargos académicos; y alrededor del cinco por ciento fue separado
del servicio y a otro porcentaje igual le fue aplicada la pena de ser trasladado de las islas. En
estos dos últimos casos, el porcentaje corresponde a sólo un profesor en cada categoría como
hemos comentado en el párrafo anterior.
Hacemos ahora una reflexión que queremos sirva para el resto de los balances que
hagamos para cada centro académico. Aunque la mayoría de los profesores sean confirmados,
no hay que perder de vista la gravedad de la medida para el conjunto del profesorado que debe
pasar por un filtro ideológico, político y profesional y, especialmente, para los docentes
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XV Coloquio de Historia Canario-Americana
1080
finalmente sancionados que se ven privados de sus derechos, de sus actividades laborales
seguramente conseguidas con esfuerzos que, finalmente, resultan baldíos por la decisión
arbitraria de unas comisiones nombradas con la finalidad de sancionar a un colectivo que no
resulta grato al nuevo régimen político impuesto por un golpe militar contra la legalidad
republicana. Fueron vidas destrozadas que tuvieron que empezar de nuevo a buscarse una
salida profesional ejerciendo cualquier actividad al margen de la que habían elegido en su
momento; señalados por los vencedores de la contienda civil, marginados por el conjunto de
la sociedad que temía caer en la trama de terror impuesta por el nacional catolicismo.
Instituto de Santa Cruz de Tenerife
Las únicas listas de profesores que hemos podido encontrar en el archivo del Instituto de
Santa Cruz de Tenerife son las correspondientes al curso 1934-1935. Luego se van
produciendo diversas incorporaciones, que tenemos registradas, especialmente a partir de
1936, pero se trata ya de adictos a la nueva situación política a los que no se les abrió
expediente de depuración.
Profesores del curso 1934/35:
Basilio Francés Rodríguez, secretario, catedrático de Agricultura y Técnica agrícola
industrial.
Rogelio Suárez Cabrera-Pinto, secretario en 1935(en realidad era el jefe de negociado del
Instituto de La Laguna y el encargado de organizar la secretaría del Instituto de Santa Cruz de
Tenerife).
Agustín Espinosa García, director hasta su traslado a Las Palmas. Su expediente figura
abierto en el instituto Pérez Galdós de Las Palmas de Gran Canaria.
Arturo Rodríguez Suárez, encargado de curso interino de Matemáticas, 9 de octubre de
1935.
Álvaro Fariña Álvarez, profesor de dibujo, 23 octubre de 1935.
Vicente Bonnet Martínez, interino encargado de curso de Lengua francesa, 24 de octubre
de 1935.
Antonio Naranjo Blanco, Física y ciencias sociales, cesó el 30 de septiembre de 1937.
Baudilio Llorente García, Física y química, 26 de octubre.
María Teresa Herrera Hernández, interina, encargada de curso, Ciencias naturales.
María Guadalupe de Lorenzo Cáceres, interina, Lengua latina, 26 de octubre de 1935.
Agustín Martínez Fernández, encargado de curso de Geografía e Historia, 1 de noviembre
de 1935.
Miguel Gómez Pérez, profesor interino de Matemáticas, 13 de diciembre de 1935, cesó el
30 de septiembre de 1937.
Resumen del contenido de los expedientes de depuración:
-Odón Apraiz Buesa
Catedrático de Instituto
Cargo: de ideas izquierdistas y tendencia separatista vasca.
Propuesta: Inhabilitación para desempeñar cargos de confianza en la enseñanza pública y
en instituciones culturales y la suspensión de seis meses de empleo y sueldo y traslado de su
actual destino.
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La depuración franquista del profesorado de los institutos…
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Resolución ministerial: Traslado fuera de la provincia e inhabilitación para el ejercicio de
cargos directivos y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza. 18 de enero de
1940.
Petición de revisión aceptada y resuelta confirmando la sanción, 2 de febrero de 1943.
Legajo 18462
-Vicente Bonnet Martínez
Profesor interino
Cargo: Masón de la logia Añaza.
Resolución: inhabilitación perpetua para toda clase de cargos docentes. 18 de abril de
1939. Legajo 18464
-Álvaro Fariña Álvarez
Encargado de curso
Propuesta: confirmación en el cargo, 14 de diciembre de 1940.
Resolución: confirmación de 21 de marzo de 1941.
-Miguel Gómez Pérez
Profesor de instituto
Propuesta: Informe favorable de 9 de diciembre de 1939.
Resolución: confirmación de la CSD: 1 de febrero de 1940; resuelto, 12 de marzo de 1940.
Legajo 18473
-María Teresa Herrera Hernández
Profesora de Instituto
Propuesta: confirmación en el cargo, 9 de diciembre de 1939.
Resolución: confirmación de 1 de febrero de 1940; resuelto: 12 de marzo de 1940. Legajo
18476
-Antonio Naranjo Blanco
Profesor de instituto
Propuesta: confirmación en el cargo, 9 de diciembre de 1939.
Resolución: confirmación de 1 de febrero de 1940. Legajo 18522
Valoración de resultados
En realidad, los llamados a presentar la instancia de reincorporación a la enseñanza eran
los que desempeñaban los cargos de profesores en el momento del golpe de Estado. Esta es la
explicación por la que pasaron la depuración en el instituto de Santa Cruz de Tenerife sólo 6
profesores. Cuatro de ellos, tres hombres y una mujer, fueron confirmados en sus cargos; uno
fue sancionado con traslado fuera de las islas e inhabilitación temporal y otro fue condenado a
inhabilitación perpetua por haber pertenecido a la masonería. En porcentajes, el 66% fue
confirmado en sus puestos y el resto, en realidad dos personas, fue sancionado con penas
importantes.
Instituto de La Palma
Conocemos la plantilla de profesores que tenía el Instituto de La Palma en torno a enero de
1934, pero, al igual que ocurre con las otras instituciones de enseñanza secundaria, no existen
datos para los cursos siguientes, así que hemos utilizado como referencia básica dicha lista de
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XV Coloquio de Historia Canario-Americana
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profesores que, presuponemos que en su mayoría, si no todos, continuaban siendo profesores
en el instituto palmero en julio de 1936
Catedráticos de instituto:
Juan Álvarez Delgado
Luis Cobos Camargo
Antonio Gómez Pascual
Encargados de curso:
José Santos Rodríguez
Constantino Aznar Acevedo
José María Gil Vázquez
César Martínez Barreda
Eduardo Rodríguez Hernández
Manuel Sosvilla Martínez
Pedro Arce Rueda
Álvaro Fernández y Fernández
Vicente Capote Herrera
Teodosio Martín y Martín
Santiago Megido Suárez
José C. de la Paz Morales
Francisco Rosson Rubio
Luis Vandewalle Carballo
Contratos especiales:
Luis Cobiella Zaera
Resumen del contenido de sus expedientes de depuración:
-Juan Álvarez Delgado
Catedrático de latín y director del instituto de La Palma
Propuesta: confirmación en el cargo, 1 de febrero de 1940.
Resolución: confirmación el 13 de marzo de 1940. Legajo 18461
-Pedro Arce Rueda
Encargado de curso
Propuesta: Confirmación en el cargo, 1 de febrero de 1940.
Resolución: confirmación el 12 de marzo de 1940. Legajo 18462
-Constantino Aznar Acevedo
Encargado de curso
Fue depurado pero no está el expediente en este legajo; remite al 15044, pero tampoco allí
se encuentra la documentación. Legajo 18462
-Vicente Capote Herrera,
Ayudante interino de instituto
Propuesta: confirmación en el cargo, 9 de diciembre de 1939.
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La depuración franquista del profesorado de los institutos…
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Resolución: confirmación el 1 de febrero de 1940. Legajo 18465
-Luis Cobiella Zaera
Ayudante interino
Propuesta: confirmación en el cargo, 1 de febrero 1940.
Resolución: confirmación el 12 de marzo de 1940.
-Luis Cobos Camargo
Catedrático
Propuesta: confirmación en el cargo, 1 de febrero 1940.
Resolución: confirmación el 12 de marzo de 1940.
-Álvaro Fernández y Fernández
Encargado de curso
Presento su instancia para reincorporarse al cargo pero se rechazó la depuración por no ser
funcionario.
-José María Gil Vázquez
Encargado de curso
El expediente de depuración no se encuentra.
Como fue apercibido a través del B. O. provincial, 7 de junio de 1937, para que se pudiera
realizar la preceptiva entrega de los cargos es probable que finalmente fuera sancionado
con la inhabilitación permanente, que sería confirmada por el Ministerio.
-Teodosio Martín y Martín
Ayudante interino de matemáticas de instituto
Cargo: masón, miembro de la FUE y persona adicta a la República.
Defensa: demuestra que no era masón y que había sido propuesto para un cargo pero no
había sido nombrado.
Propuesta: inhabilitación perpetua para cargos docentes y cese en el puesto.
Resolución: La CSD decide confirmarle en su cargo, 18 de abril de 1939. Legajo 18479
-Santiago Megido Suárez
Encargado de curso de instituto
Propuesta: Confirmar en el cargo, 9 de diciembre de 1939.
Resolución: CSD de 1 de febrero de 1940. Legajo 18481
-José C. de la Paz Morales
Ayudante interino instituto
Propuesta: confirmación en el cargo, 12 de marzo de 1940.
Resolución de Madrid, 6 de febrero de 1940. Legajo 18524
-Eduardo Rodríguez Hernández
Profesor auxiliar de instituto
Propuesta: confirmación en el cargo, 9 de diciembre de 1939.
Resolución: confirmación de 12 de marzo de 1940. Legajo 18526
-Francisco Rosson Rubio
Ayudante interino de francés
Propuesta: confirmación en el cargo.
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XV Coloquio de Historia Canario-Americana
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Resolución: confirmación de 18 de abril de1939. Legajo 18527
-José Santos Rodríguez
Ayudante interino instituto
Cargo: masón, aprendiz de la logia Abora.
Propuesta y resolución: cese en el cargo e inhabilitación perpetua en toda clase de cargos
docentes, 18 de abril de 1939. Legajo 18528
-Manuel Sosvilla Martínez
Encargado de curso de instituto
Sin datos. Legajo 18528
-Luis Vandewalle Carballo
Ayudante interino
Propuesta: Confirmar en el cargo, 1 de febrero de 1940. Legajo 18530
Valoración de los resultados
Es muy posible que la tradición palmera de carácter liberal, la implantación de la
masonería, el predominio de izquierdas en las elecciones del 36 y la activa aunque efímera
oposición al golpe de Estado influyera en la represión desatada en La Palma y que afectó
también al profesorado, en este caso de enseñanza secundaria. No obstante, diez profesores
sobre dieciséis, que eran el conjunto del claustro, todos hombres, fueron confirmados en sus
cargos, uno de ellos, Teodosio Martín, a pesar de tener cargos muy serios lo que habla de una
cierta arbitrariedad de la comisión correspondiente en este caso positiva porque beneficia al
acusado; cuatro fueron inhabilitados a perpetuidad y en otros tres casos los expedientes de los
encausados no ofrecen datos precisos sobre si sufrieron sanción o fueron confirmados en sus
cargos. En términos relativos, fueron confirmados el 62,5% de los profesores y sancionados
con la pena de inhabilitación permanente el resto, el 25%, en total cuatro profesores.
CONCLUSIONES
La actual organización de los archivos, en especial el Archivo Central del Ministerio de
Educación y el Archivo General de la Administración de Alcalá de Henares, dificulta en parte
la investigación porque exigen una investigación previa de los cuadros de profesores de cada
Instituto, ya que figuran archivados sólo por el nombre, no siempre exacto del profesor
correspondiente, y no por instituto y provincia. Aunque pueda parecer extraño, no son muchos
los institutos de segunda enseñanza que tengan sus archivos a disposición de la investigación
y, además, muchos de ellos, carecen de buena parte de la documentación que ha ido
desapareciendo por causas diferentes al paso de los años.
La primera conclusión a la que llegamos después de realizar esta investigación, en sus
fases de redacción de objetivos, elaboración del plan de trabajo o estructura sistémica,
selección y búsqueda de documentos por diferentes archivos y análisis y valoración de los
mismos, es que existen suficientes elementos de juicio para afirmar que la represión
ideológica y política del profesorado perseguía la puesta en marcha de la política educativa
del nacional catolicismo y la erradicación del ideario liberal burgués del que fue un prototipo
la Institución Libre de Enseñanza y la Escuela Nueva como movimiento internacional con
profundas raíces en España.
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La depuración franquista del profesorado de los institutos…
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Si bien la aplicación del proceso de depuración fue bastante amplia alcanzando a todo el
profesorado de enseñanza secundaria, la mayoría de los profesores se limitó a presentar la
correspondiente instancia solicitando la depuración pero saliendo sin cargos de la prueba y
continuando en el desempeño de su puesto de trabajo. La depuración, al menos en el ámbito
de la enseñanza secundaria, fue un mecanismo represor para atemorizar y meter en cintura al
profesorado, además de un elemento de represión ideológica y educacional. Como mecanismo
amedrentador llegó a todos los profesores, especialmente a los que tenían un pensamiento
moderno y liberal; la dimensión represiva en sentido estricto afectó a un porcentaje menor de
profesores, pero causó un daño irreversible a las personas a las que se aplicó y a la enseñanza
secundaria en líneas generales.
Los casos más graves fueron los que, además de la sanción administrativa, fueron juzgados
por tribunales militares por pertenecer a la masonería o a los partidos del Frente Popular,
especialmente al Partido Comunista. Las sanciones en estos casos consistían en bastantes años
de cárcel, una sanción económica importante y la separación del servicio, normalmente, de
forma permanente. Algunos profesores, bastantes de ellos auxiliares en su primera fase de
enseñanza, optaron por abandonar la función docente y cambiar de dedicación, para evitar las
sanciones y para alejarse de cuerpos tan mediatizados por las instituciones oficiales y la
Iglesia Católica.
En la provincia de Santa Cruz de Tenerife, pasaron el proceso de depuración 40
profesores, de ellos sólo dos eran mujeres, el 5% aproximadamente, y quedaron confirmados
en sus cargos 26, lo que representa alrededor de 65%. Las sanciones más graves fueron dos
separaciones del servicio con baja en el escalafón y nueve inhabilitaciones permanentes para
ejercer la docencia, varios profesores más sufrieron traslado de provincia siendo alejados de
los lugares en los que venían desempeñando su trabajo profesional.
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XV Coloquio de Historia Canario-Americana
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NOTAS
1 ORIHUELA SUÁREZ, A. y otros: “Fuentes y metodología para el estudio de la represión en la provincia
de Las Palmas (1936-1939)”, en Encuentro en Castilla y León y Memoria de la Guerra Civil. Salamanca,
1986, inédito. ORIHUELA SUÁREZ, A. y otros: De la República a la Guerra Civil en Las Palmas. Las
Palmas, Universidad de Las Palmas, 1992. ALCARAZ, J.: “La aplicación de la ley de responsabilidades
políticas en la provincia de Las Palmas”, en IX Coloquio de Historia Canario-Americana. Las Palmas,
Cabildo Insular de Gran Canaria, 1992. CABRERA ACOSTA, M. A.: La represión franquista en el Hierro
(1936-1944). Santa Cruz de Tenerife, Tagoror de Ediciones, 1985. CABRERA ACOSTA, M. A. (ed.): La
guerra civil en Canarias. La Laguna, Francisco Lemus Editor, 2000. MILLARES CANTERO, A. y otros:
“Movimiento obrero, resistencia y represión en Las Palmas”, en Estudios de Historia Social, nº 48-49,
1989, Madrid, pp. 221-335.
2 No obstante, ya se han publicado estudios de diversas características, entre ellos: ANAYA HERNÁNDEZ,
L. A. y otros: “La represión franquista en la enseñanza en la provincia de Las Palmas”, en Guiniguada,
nº 3, 1987, pp. 203-217. HERNÁNDEZ, J. M.: “La represión franquista sobre los maestros en la provincia
de Santa Cruz de Tenerife”, en Periferia, nº 4, 1989, pp. 93-105. AZNAR DE ACEVEDO, C.: Empieza a
amanecer. Santa Cruz de Tenerife, 1977. NEGRÍN FAJARDO, O.: “El maestro lanzaroteño Doreste
Betancor, la Escuela Nueva y la Junta para la Ampliación de Estudios”, en IX Jornadas de Estudios sobre
Fuerteventura y Lanzarote. Puerto del Rosario, Cabildo Insular de Fuerteventura y Lanzarote, 2001.
NEGRÍN FAJARDO, O: “Federico Doreste Betancor, un maestro lanzaroteño del movimiento
internacional de Escuela Nueva”, Lección inaugural del curso 1999/2000 en el Centro de la UNED de
Lanzarote, en prensa.
3 Los contenidos de esta aportación forman parte de un trabajo más amplio realizado en colaboración con la
profesora C. Álvarez, de la Universidad de Oviedo, y financiado por la UNED, que se encuentra en proceso
de publicación: “La depuración del profesorado en los Institutos de Segunda Enseñanza de Tenerife y
Asturias”.
4 Además de los citados, se han consultado los archivos y bibliotecas siguientes: Archivo Histórico de la
Dirección General de Costes de Personal y Pensiones Públicas, del Ministerio de Hacienda; Archivo de la
Subdelegación del Gobierno de Santa Cruz de Tenerife; Biblioteca de la Universidad de La Laguna;
Hemeroteca Municipal de Madrid.
5 Los principios, las técnicas y los procedimientos aplicados a los profesores depurados, que ejercían su
profesión en los distintos niveles educativos, fueron similares. El proceso depurador está bien analizado en
el libro de F. MORENTE: La depuración del magisterio nacional (1936-1943). Valladolid, Ámbito
Ediciones, 1997.
6 Vid. TUSELL, J.: Franco en la guerra civil. Barcelona, Tusquets Editores, 1992, p. 60. En realidad no sólo
Suñer sino todos y cada uno de los miembros de la Comisión eran personas adictas al Movimiento nacional
con todas las connotaciones propias de la situación bélica. Se trataba de reconocidos derechistas,
conservadores, monárquicos y católicos que estaban elegidos cuidadosamente para aplicar la política
represiva del franquismo en el campo de la educación en todos sus niveles.
7 PEMARTÍN, J.: Que es lo “nuevo”. Consideraciones sobre el momento español presente. Madrid, Espasa
Calpe, 1937.
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La depuración franquista del profesorado de los institutos…
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8 IBÁÑEZ MARTÍN, J.: La escuela bajo el signo de Franco. Discurso de clausura del Primer Congreso
Nacional del SEM. Madrid, Imprenta Samarán, 1943, p. 8
9 Boletín Oficial del Estado de 27 de noviembre de 1936. Existe también otra circular posterior, de 17-II-
1937, que amplia la norma citada.
10 Citada por MORENTE, op. cit., p. 215.
11 Ibídem.
12 Pero su composición fue variando con el tiempo, de hecho la representación de Falange sólo aparece en
torno a 1939; las instituciones citadas podían estar representadas por sus máximas autoridades o por otros
profesores en los que delegasen.
13 Los informes constituían la base documental fundamental para el desarrollo del proceso de depuración.
Normalmente se preguntaba por dos o tres aspectos del expedientado en un impreso normalizado, pero
otras veces era una petición cursada a través de oficio en el que se preguntaba en general por la conducta
profesional, particular y política de los profesores de que se tratara.
14 De no ser localizado por estos procedimientos, se hacía un requerimiento a través del boletín oficial
provincial. Si tampoco se le localizaba de esta manera se seguía con el expediente de depuración sin que el
profesor fuese oído, entendiendo que el silencio de la persona expedientada equivalía a una prueba de
conformidad con las acusaciones.
15 Así, por ejemplo, si todos los informes preceptivos coincidían en sus cargos contra un acusado se puede
decir que aquél estaba condenado de antemano porque, dijera lo que dijera, no iba a ser tenido en cuenta.
16 Normalmente, para que un aval tuviera valor, tenía que proceder de personas de relevancia social y adictas
a la nueva situación política; no valía cualquier avalista y, de hecho, más de uno de éstos se vio a su vez
investigado por las comisiones depuradoras para probar su lealtad al nuevo Régimen.
17 Existieron también presiones de diferentes instancias para conseguir hacer variar una sanción. Hemos
encontrado entre los expedientes estudiados más de una carta de recomendación, algunas dirigidas al
ministro, en otras ocasiones a funcionarios de alto rango del Ministerio, pidiendo atenuar castigos,
suspender traslados o acelerar el estudio de expedientes para acusados que llevaban tiempo esperando la
sanción correspondiente. En algunos de ellos se recuerda la pertenencia a “buenas familias” o la heroicidad
en el campo de batalla de algún familiar directo del acusado.
18 La publicación más reciente es el libro colectivo La guerra civil en Canarias. La Laguna, Francisco Lemus
Editor, 2000, coordinado por el profesor Miguel Ángel Cabrera Acosta.
19 Para no crear un número excesivo de notas a pie de página, hemos preferido colocar a continuación de cada
profesor expedientado el número del legajo en el que figura su expediente en el Archivo General de la
Administración de Alcalá de Henares. Valga esta aclaración para el resto de apartados dedicados a los
institutos de segunda enseñanza de Santa Cruz de Tenerife en el período estudiado.
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