El desarrollo azucarero en Tucumán (Argentina) y Canarias, 1880-1914. Aproximación a un enfoque comparado

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EL DESARROLLO AZUCARERO EN TUCUMÁN
(ARGENTINA) Y CANARIAS, 1880-1914.
APROXIMACIÓN A UN ENFOQUE COMPARADO
Daniel Campi
José Antonio Sánchez Román
Los beneficios de contrastar estructuras, procesos y políticas económicas en historia están
fuera de discusión. En efecto, tanto la vinculación a tendencias de carácter general como los
aspectos y fenómenos singulares sólo pueden ser debidamente apreciados analizando
diferentes casos a partir de las mismas preguntas. En lo relativo a la evolución de las
economías especializadas en la producción azucarera este tipo de enfoque no se ha
desarrollado lo suficiente, aunque en la historiografía latinoamericana se han llevado a cabo
algunas contribuciones desde esta perspectiva.1
En este trabajo se ensayará una aproximación comparativa del desarrollo de la
agroindustria de la caña de azúcar que tuvo lugar en la provincia de Tucumán (Argentina) y
en el archipiélago Canario entre 1880 y 1914. Se trata de una primera aproximación en el
marco de un proyecto más amplio sobre la producción, el consumo y las políticas públicas
sobre el dulce en ambos países, el que contempla –entre otras cuestiones– una problemática
de candente actualidad en ambas historiografías, la del proteccionismo y los efectos de la
intervención estatal en la economía.2
La pertinencia de esta comparación está sugerida por varios elementos. En primer lugar
una coincidencia temporal: las dos últimas décadas del siglo XIX constituyeron un período de
reconversión productiva y auge de la elaboración de azúcar de caña en ambos casos. En
segundo término, tanto Canarias como Tucumán eran espacios periféricos con relación a los
centros de decisión política y de mayor peso económico en España y Argentina. Por otra
parte, estos procesos tuvieron lugar en un contexto internacional desfavorable en virtud de
una persistente y abrupta caída de precios a lo largo de toda la segunda mitad del siglo XIX
(sólo un 30% en 1884) por la aguda competencia entre los antiguos productores coloniales y
la producción remolachera europea,3 a lo que debe añadirse el carácter marginal en cuanto a
rindes culturales y sacarinos de la producción cañera en ambas regiones con relaciones a los
productores de áreas tropicales. En consecuencia, la expansión del cultivo e industrialización
de la caña dulce requirió de la aplicación de tarifas arancelarias que permitieron a la
producción local competir con éxito en los respectivos mercados domésticos con los azúcares
extranjeros (en 1885 se comenzó a aplicar por primera vez una tarifa específica para proteger
a la producción azucarera argentina; en 1886 el azúcar de Canarias se benefició con el libre
acceso al mercado español y, a partir de 1892, con los aranceles proteccionistas que pusieron
fin a la etapa de librecambio que se había iniciado en 1869).4 A su vez, y en términos
generales, tanto en Argentina como en España, la experiencia agroindustrial azucarera
sustituyó muy rápidamente y de manera casi simultánea los azúcares foráneos (tradicionales
proveedores del mercado doméstico) por los nacionales, se presentaron problemas de
superproducción y se ensayaron experimentos reguladores para enfrentar las consecuencias
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del exceso de oferta (las “leyes machete” de 1902/03 en Tucumán; la ley de agosto de 1907 en
España).5
Sin embargo, estas similitudes no implicaron un resultado semejante en la evolución de las
experiencias azucareras canaria y tucumana. Mientras que para la provincia argentina el
“despegue” azucarero constituyó el inicio de un período que lleva más de un siglo en el que el
cultivo y procesamiento de la caña es la principal actividad económica, en el archipiélago el
ensayo tuvo una existencia relativamente breve. ¿Cuáles fueron las razones que explican un
desempeño tan disímil? Este trabajo formulará una primera respuesta a esta pregunta.
A primera vista son evidentes algunas diferencias tanto en los contextos nacionales como
en los propios epicentros productivos. Un elemento que habría tenido gravitación decisiva en
la suerte diversa de la agroindustria cañera en los casos tucumano y canario fue la existencia
de una fuerte competencia del azúcar de remolacha en España, cuya producción se implantó
con éxito en la vega de Granada y en la comarca del Duero a partir de la década de 1880. Ello
no ocurrió en el caso rioplatense. Al fracasar en la Argentina todos los intentos de producir el
sacárido a partir de la remolacha, la defensa de la producción azucarera nacional (por un
sólido bloque en el que se fusionaban los intereses de agricultores, industriales, casas
comercializadoras, financistas, importadores de maquinaria y políticos) fue la del azúcar de
caña. Como elemento adicional de la menor fortaleza de los intereses azucareros canarios con
relación a los tucumanos, puede agregarse que mientras hacia 1900 la producción tucumana
representaba el 85% de la producción nacional, los azúcares canarios no llegaron a superar el
15% del total del azúcar de caña español, el que a su vez no sobrepasó en el año citado el 36%
de la producción azucarera del país.6
Por otra parte, el peso político de los defensores de la producción azucarera tucumana se
manifestó con mucho vigor a nivel nacional. Ello se explica en parte por el importante peso
relativo –en cuanto a capitales involucrados en la empresa– de la agroindustria en el contexto
argentino; también porque la mediterraneidad tucumana facilitaba la cohesión de todas las
clases propietarias de la provincia tras la bandera del proteccionismo agroindustrial (en tanto
que la insularidad canaria ponía serios límites a esta posibilidad). Pero, sobre todo, por la
circunstancia de que contemporáneamente al “despegue” azucarero argentino de fines del XIX
se estuviera dirimiendo el problema de la constitución del Estado nacional, lo que otorgaba a
las elites del interior una oportunidad excepcional para intercambiar apoyo político por
concesiones económicas. En otras palabras, para las elites del litoral y para todos los sectores
interesados en la consolidación del Estado central el costo de garantizar la gobernabilidad
(para lo cual era imprescindible involucrar en la empresa a las más importantes élites
regionales) fue apoyar el desarrollo agroindustrial en las provincias norteñas (Tucumán, Salta
y Jujuy) y cuyanas (Mendoza y San Juan). Por el contrario, en España la consolidación del
sistema político inaugurado con la restauración no requería del concurso semejante de las
elites canarias. En este caso, fueron las burguesías vasca y catalana las privilegiadas por los
acuerdos políticos-económicos con el poder central. Una buena muestra de ello es que
mientras en Argentina los debates sobre el proteccionismo tenían a la cuestión azucarera
como referencia clave, en España ese papel le correspondía a los textiles, a la siderurgia y a
los cereales.7
Un elemento adicional que, asimismo, marca diferencias en el contexto en el que se
desarrollaban la producción azucarera en los dos países es la desigual evolución del consumo
nacional del dulce. Mientras en Argentina el consumo per cápita evolucionó de 22 kg en 1895
a 27 en 1914 (una cifra comparable al consumo francés), en España este último año el
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consumo por habitante no superaba los 6,4 kg.8 Como es obvio, el acelerado crecimiento
económico y demográfico argentino y su manifestación en las pautas de consumo, explican el
comportamiento de este indicador.9
En cuanto a las características intrínsecas de las dos regiones productoras, la agroindustria
tucumana presentaba unas escalas productivas y de inversión de capitales notablemente
superiores a la canaria. En efecto, en Tucumán se instalaron entre 1880 y 1900 unas 40
fábricas de moderna tecnología (de origen inglés, francés y alemán), cuya producción en
conjunto ascendió en 1889 a 40.843 toneladas de azúcar y en 1900 a 100.267. El siguiente
cuadro muestra con elocuencia tales diferencias de escala.
Años Canarias Tucumán
1889 1.421 40.843
1890 41.000
1891 1.972 41.000
1892 2.379 53.475
1893 2.412 50.000
1894 75.083
1895 2.470 109.362
1896 2.860 135.605
1897 2.240 90.785
1898 2.245 66.697
1899 1.732 76.680
1900 100.267
Producción azucarera en Tucumán y Canarias, 1889-1900 (en Toneladas)
Fuentes: Elaboración propia a partir de Luxán Meléndez, Santiago y Bergasa Perdomo, Oscar, “La
participación de Canarias en los flujos internacionales del azúcar: 1875-1920”,..., p. 11; Schleh, Emilio, La
industria azucarera en su primer centenario, 1821-1921, Buenos Aires, Ferrari, 1921, p. 281
De acuerdo con las fuentes, en 1889 –por ejemplo– trece de los 33 ingenios tucumanos que
realizaron la zafra alcanzaron cifras superiores a toda la producción del archipiélago canario
del mismo año (dos de ellos, el “Concepción” y el “Lastenia”, superaron entonces las 2.400
toneladas de azúcar cada uno).10 Obviamente, en lo relativo al número de trabajadores
contratados y hectáreas bajo cultivo las diferencias serían de una magnitud aproximada a las
que se advierten en el cuadro presentado arriba.
LA INDUSTRIA AZUCARERA TUCUMANA, 1880-1914
En sólo dos décadas, entre 1876 y 1896, la producción azucarera se convirtió en la
principal agroindustria argentina. El trazado de ferrocarriles, la constitución de un moderno
sistema financiero, la consolidación de un marco institucional y político que dio seguridad a
las inversiones y una decidida protección aduanera fueron algunas de las condiciones que
hicieron ello posible. Obviamente, el papel del Estado (tanto nacional como provincial) fue
central en todo el proceso. Sin embargo, agudas tensiones lo caracterizaron, pues fue
necesario conciliar intereses políticos y económicos a veces difícilmente coincidentes.
Básicamente, los del Estado provincial con los del Estado central; los de las elites de las
norteñas provincias productoras del dulce (Tucumán, Salta, Jujuy y –por unos años– Santiago
del Estero) con las de la región pampeana.
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En el primer caso, la principal fuente de ingresos del Estado central eran las rentas
aduaneras, situación que perduró hasta la década de 1930. Aunque la respuesta ensayada a
mediados de la década de 1870 para enfrentar una crisis en la balanza de pagos (elevación de
las tarifas aduaneras a un 25% ad valoren) permitió al azúcar de Tucumán (sin discusión la
primera productora del país) competir con los azúcares extranjeros que tradicionalmente
abastecían el mercado de Buenos Aires y de la mayoría de las provincias argentinas, las
demandas por elevar los niveles de protección chocaban con el límite de hierro de las
necesidades fiscales. Es decir, un arancel excesivamente alto a las importaciones habría
afectado la recaudación aduanera. Tal situación se hizo evidente a partir de la implementación
de aranceles específicos (en 1885 y 1888), que permitieron reducir abruptamente el ingreso de
azúcares foráneos, totalmente desalojados del mercado doméstico hacia 1895. La
compensación a la merma en la recaudación aduanera fue la puesta en vigencia a mediados de
esa década del primer impuesto federal que gravó la actividad, el aplicado a la producción de
alcohol.11
Como se ha señalado, la otra gran tensión era la que se presentaba entre la elite azucarera
(que controló la situación política en todas las provincias norteñas hasta mediados de la
década de 1910) con las de la región pampeana, particularmente con las de la ciudad y la
provincia de Buenos Aires. Para la primera, fue un objetivo permanente garantizar el
usufructo monopólico del mercado doméstico a través de una adecuada protección aduanera,
toda vez que los altos costos de producción locales (con relación a los productores tropicales)
y el sostenido descenso de los precios del azúcar en el mercado internacional de la segunda
mitad del siglo XIX bloqueaban las posibilidades de un destino exportador para el azúcar
nacional. Para los intereses del área pampeana argentina las demandas de protección podrían
generar represalias en países importadores de cereales y carnes argentinos, aunque –como
contrapartida– la expansión azucarera norteña brindaba excelentes oportunidades para realizar
inversiones tanto en forma directa en la producción y refinación como en los circuitos de
comercialización. Por tales razones, los debates en torno a los beneficios de la protección al
azúcar (y sobre sus niveles) alcanzaron con frecuencia un tono muy virulento y las salidas
negociadas se basaban en la necesidad de aplicar una solución intermedia que se intentaba
sintetizar con un criterio denominado “proteccionismo racional”.12
Planteadas ambas tensiones, es necesario advertir que las mismas no pueden entenderse sin
tener en cuenta, por lo menos, tres elementos. En primer lugar, la política fiscal y, en general,
las políticas económicas del período adquieren significado en el marco del gran reto que
afrontaban entonces las elites argentinas: la construcción del Estado bajo la forma federal, a
través del cual la nación surgida de las guerras de la independencia tomaría forma definitiva.
Al respecto no está de más señalar que hasta 1880 no estaba claro sobre qué territorio
ejercería soberanía efectiva el Estado argentino, no existía una moneda nacional y las fuerzas
militares de las provincias no respondían al poder central, sino a los gobernadores. Menos aún
estaba definido el peso específico (en lo político y lo económico) que tendrían las diferentes
provincias y regiones. Por lo tanto, para asegurar la gobernabilidad, es decir la consolidación
de la paz interior y la aceptación de las prerrogativas del poder central en todo el espacio
“nacional”, era necesario lograr que los gobiernos provinciales comenzaran a obrar como
delegados del poder central, por lo que las políticas de aquél debían expresar de algún modo
una serie de intereses e integrar los mismos en un nuevo bloque de poder. Esta consolidación
del Estado central, que tuvo como año clave a 1880 (federalización de la ciudad de Buenos
Aires y derrota definitiva de las tendencias autonomistas en la provincia del mismo nombre),
coincidió con una serie de sucesos que favorecieron de manera notable el desarrollo del norte
azucarero: conexión ferroviaria con el litoral (1876), unificación monetaria (1881),
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construcción de un sistema financiero moderno de base estatal y las medidas arancelarias
específicas para el azúcar ya mencionadas.
En segundo lugar, las profundas transformaciones económicas y demográficas que
acompañaron a escala nacional la consolidación de la producción azucarera habrían de alterar
rápidamente el peso político específico de las diferentes regiones, lo que se manifestó en
modificaciones profundas en el bloque de poder. Las ciudades y áreas pampeanas (Capital
Federal y provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) fueron las más
beneficiadas por el flujo inmigratorio que caracterizó la expansión agroexportadora. En este
espacio se desarrolló una incipiente industria y un importante sector de servicios con la
emergencia de nuevos sectores sociales (trabajadores y clases medias) que no tardaron en
reclamar participación política. En un contexto de creciente apertura del sistema electoral, fue
natural la irrupción de otro principio en los debates sobre políticas económicas, que se
conoció como “defensa del consumidor”. Ello habría de poner en cuestión la protección
azucarera y efectivamente la limitó a ciertos niveles, compatibles con el principio aludido.
Expresión de esta nueva ecuación de fuerzas fue la llamada ley “Saavedra Lamas”, que
preveía la reducción progresiva de la tasa arancelaria y autorizaba importaciones a arancel
cero en caso de escasez y exagerada subida de precios.
Por último, las políticas fiscales y la protección aduanera tuvieron que readaptarse
periódicamente bajo el impacto de diversas crisis, de superproducción o de desabastecimiento,
frente a las que el Estado y los empresarios no plantearon siempre las mismas respuestas. Fue
en el marco de una de ellas que la provincia de Tucumán ensayó (en 1902 y 1903) las
primeras experiencias de regulación de la producción en la historia económica argentina,
treinta años antes de que las mismas se generalizaran en el marco del conjunto de medidas
con las que se enfrentó los efectos de la Gran Depresión. Se trataba de reducir el área de
cultivo de la caña para descomprimir la sobreoferta, para la cual se establecía un esquema de
indemnización a los agricultores, a la vez que se fijaba un sistema de cuotas de producción
acompañado con premios a la exportación de los excedentes. Aunque la ley fue resistida por
un grupo de fabricantes tucumanos y declarada inconstitucional por la Suprema Corte de
Justicia en 1904, durante el tiempo de su aplicación se obtuvieron los resultados que se
esperaban de ella.13
De todos modos, las crisis de sobreproducción que afectaron a la industria azucarera
argentina entre 1895 y 1903 dejaron una secuela de quebrantos. Fueron siete los ingenios
tucumanos que cerraron definitivamente entre esos años. Otras empresas cambiaron de manos
y otras tuvieron que aceptar nuevos aportes de capital y recomposiciones societarias, todo en
el marco de una tendencia a la reorganización bajo la forma de la sociedad anónima.14 Los
altos niveles de producción de mediados de la década de 1890 recién serán alcanzados (y
superados) en las zafras de 1912 y 1913.
LA INDUSTRIA AZUCARERA EN CANARIAS, 1880-1914
El llamado “segundo ciclo” del azúcar en Canarias tuvo su origen en la crisis de la
producción de cochinilla a partir de la década de 1870. La nueva plantación de cañaverales y
la instalación de maquinaria para el procesamiento de la caña a partir de 1880 buscaba una
alternativa económica al vacío dejado por el producto tintóreo. Sin embargo, y al contrario de
lo sucedido en Tucumán, el experimento azucarero canario tuvo un corto alcance y no se
convirtió en la actividad económica dinámica de largo plazo que buscaba el archipiélago. Los
primeros años de implantación de la producción azucarera fueron muy dinámicos gracias a
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varios factores políticos que contribuyeron al desarrollo de la actividad. El primero fue la Real
Orden de 31 de julio de 1886 que garantizaba la libre entrada del dulce canario al mercado
peninsular.15 Hay que mencionar que desde 1852 las islas estaban bajo un régimen fiscal
especial, el de Puertos Francos, que implicaba que las Canarias no se veían afectadas por los
gravámenes aduaneros. Eso hacía del archipiélago un espacio muy atractivo para el comercio
internacional, una de las bases de la economía insular. Sin embargo, la especial condición de
puerto franco chocaba con la libre entrada de productos canarios en la península, ya que
suponía una suerte de privilegio fiscal. Esta contradicción va a estar en juego durante el breve
auge del azúcar hasta 1900.
La otra circunstancia que favorecía la expansión del cultivo de la caña en las islas era la
situación en las colonias españolas del Caribe. La guerra de Cuba y la posterior pérdida del
último vestigio del imperio llevarían a una reformulación de la política de Madrid con
respecto al dulce. Ya en 1892 –en el marco de un retorno general a las políticas
proteccionistas– se otorgó el primer arancel favorable al azúcar nacional, y junto a la Ley de
Presupuestos de ese año se redefinieron las relaciones entre la industria peninsular y la
colonial. A partir de ese momento, los azúcares españoles gozarían de una protección no sólo
sobre los similares extranjeros sino también sobre los procedentes de Cuba y demás dominios
coloniales.16 Como fácilmente puede deducirse, con el libre acceso del azúcar canario a los
mercados peninsulares éste también obtenía beneficios del manto protector que brindaba el
arancel citado. No obstante, parece que tras su aprobación las autoridades pretendieron
modificar el privilegio otorgado a las islas, por temor de que los azúcares extranjeros entrasen
en Canarias libres de tasación y aprovechasen la legislación de 1886 para llegar a la
península. Los ayuntamientos canarios realizaron una presión conjunta y lograron un acuerdo
con Madrid: los azúcares extranjeros fueron exceptuados de la franquicia de 1852 y, por tanto,
gravados por el Tesoro.
A pesar de esta situación de privilegio hay que señalar que había una circunstancia de
índole estrictamente económica que habría de pesar negativamente sobre el futuro desarrollo
de la agroindustria en el archipiélago. Es que las oportunidades de crecimiento del azúcar
nacional lanzadas por el arancel de 1892 y por la pérdida de las colonias serían también
aprovechadas por los productores de azúcar de remolacha. A partir de 1899, estas
circunstancias favorables se incrementaron gracias a un nuevo arancel que volvía
prácticamente imposible la importación del dulce. Así, el crecimiento de la producción
nacional fue impresionante entre 1899 y 1903 y los precios en el cerrado mercado nacional se
incrementaron en un 30%. En 1903 habían desaparecido las importaciones, mientras la
capacidad productiva nacional se había incrementado en un 50%, presentando ya problemas
de sobredimensión.17 A pesar de que las nuevas condiciones resultaban muy favorables para
el desarrollo de la producción de azúcar de caña, fueron los productores remolacheros los que
pudieron obtener de la coyuntura mayores ventajas. En un régimen de igualdad jurídica entre
ambos tipos de elaboración del dulce, el azúcar de remolacha tenía la ventaja de sus costes
menores, por razones climáticas y ecológicas. Como señala Martín Rodríguez, “(...) la
producción de azúcar de caña en la península resultaba más costosa que la producción de
azúcar de remolacha.”18 Aunque esta afirmación no hace referencia al azúcar canario, no hay
indicios de que la producción del azúcar de caña en las islas haya contado con ventajas
comparativas con relación al producido en la costa mediterránea andaluza.
Si la caña de azúcar canaria en su momento de auge, hacia 1900, tenía un tenor sacarino
típico de las regiones ecológicamente marginales para su producción, como Tucumán y
Lousiana (de 100 kg de caña podían obtenerse 8,3 kg de azúcar),19 ¿por qué razón, entonces,
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la producción azucarera canaria no perduró y siguió su expansión, como lo hizo la tucumana?
La respuesta ya fue anticipada. Habrían sido las diferencias de escalas y la competencia en el
caso español de la producción remolachera lo que provocó una estructura de costes relativos
diferentes, poniendo límites infranqueables al desarrollo de la agroindustria cañera en España.
El inicio de la decadencia del segundo ciclo canario del azúcar se vincula a la legislación
de 1900 que puso fin al acceso libre al mercado peninsular del producto del archipiélago. La
medida de 1900 era en parte el resultado del arancel de 1899 y de los intereses de la Hacienda
en una actividad que estaba dando pingües beneficios. Los azúcares nacionales, de la
península y de las Baleares, así como los productos derivados como glucosa, mieles, melaza,
etc., se vieron sometidos desde 1900 a un impuesto nacional que trataba de participar de la
renta concedida a los industriales azucareros.20 Los azúcares canarios quedaron excluidos de
esa tasación al retornar el dulce al régimen anterior a 1886. Es decir, volvía a funcionar el
sistema de puertos francos para el dulce y la producción canaria debía pagar tasa si quería
colocarse en el mercado peninsular.
Esta pérdida del acceso al mercado nacional contrasta con el éxito tucumano en su
monopolización del mercado argentino. Valdría la pena preguntarse por la distinta estructura
productiva en ambas provincias. Es decir, en Tucumán la arquitectura social, política y
económica diseñada en torno de la producción azucarera convirtió a la actividad en una
producción con un costo de oportunidad muy bajo. La inversión de más capital en el azúcar
no sufría penalización económica, lo que desalentaba la búsqueda de alternativas y contribuía
al predominio del dulce en todos los aspectos de la vida social tucumana. Esa
hiperespecialización económica explicaba el abroquelamiento de las élites tucumanas en torno
a la defensa de la producción azucarera. Por su parte, la introducción del azúcar en Canarias
coincidió con la introducción de otros productos, como el plátano, el tomate y la patata, que se
presentaban también como alternativas a la decadencia de la cochinilla. Además sería
conveniente indagar si las elites canarias realizaron un cálculo costes-beneficios entre lo que
obtenían del régimen fiscal especial de Puertos Francos y lo que obtenían de la introducción
de azúcar en la península.
Hay un último factor que merece la pena considerar. En 1907, la actividad de la Sociedad
General Azucarera, la empresa que agrupaba a las mayores empresas del sector en toda
España, reclamó y logró la intervención estatal para regular la producción, de manera similar
a como la presión de algunos industriales azucareros había conducido a la intervención –a
través de las “leyes machete”– en el caso tucumano. En España, la ley de 1907 prohibía el
establecimiento de más fábricas durante los siguientes tres años e impedía que se levantaran
otras en un radio de 80 kilómetros de las ya establecidas, también por el mismo período.21 De
ese modo, en el caso español, la intervención estatal, la protección y la estructura de costes
(superior a los costes internacionales) condujeron a la constitución de un fuerte monopolio
azucarero que aún persiste y que volvía más difícil para el azúcar canario su reincorporación
al mercado peninsular.
REFLEXIONES FINALES
En las páginas precedentes se ha planteado el interrogante central que orienta esta
comunicación: las razones que explican por qué la provincia de Tucumán, en Argentina,
inició una experiencia azucarera relativamente exitosa y perdurable en el último cuarto del
siglo XIX, y por qué el ensayo azucarero canario fue –en comparación– tan efímero. A la vez,
se han expuesto algunos elementos que podrían orientar en la búsqueda de una respuesta
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convincente, en particular referidos al funcionamiento general de la economía azucarera en
ambos países. Frente a una coyuntura políticamente muy favorable que promovía la
integración de regiones periféricas en aras de la consolidación de un proyecto de nación
compartido por todas las élites argentinas, la agroindustria del azúcar de caña gozó de las
ventajas de un marco institucional promovido por los empresarios del sector y los poderes
políticos de la región. La circunstancia de que el azúcar de caña no tuviera competidores que
no fueran los azúcares foráneos simplificó la ecuación político-económica diseñada a su
alrededor.
Por el contrario, el desarrollo azucarero canario se enfrentaba con una serie de obstáculos
casi insalvables, tanto de orden político como de naturaleza estrictamente económica. Se han
mencionado la menor incidencia de los intereses canarios en el sistema de poder de la
restauración en relación, por ejemplo, a los de la industria vasca y catalana; y sus mayores
costes frente a los de la producción de azúcar de remolacha de la península. Asimismo, debe
añadirse que el especial régimen fiscal que gozaban las islas desde 1852 (de Puertos Francos)
y que significaba un sistema de librecambio para el archipiélago, era difícil de conciliar con la
participación en el mercado azucarero nacional protegido. Ello explica que a partir de 1900 el
azúcar de Canarias se considere en la península como producto extranjero.
Sin embargo, quedan numerosos aspectos de gran incidencia en el proceso productivo a
contrastar. Sin pretender agotar una futura agenda de investigación, la comparación de la
naturaleza y envergadura de los sectores empresarios que se involucraron en la producción, de
las conexiones entre los mismos y los actores políticos, la relación entre la producción de la
materia prima y su procesamiento industrial, las características y coste de la mano de obra, la
estructura de tenencia de la tierra, la tecnología agraria e industrial, entre otros, tendrán
especial importancia para enriquecer esta aproximación.
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NOTAS
1 Barret, Ward J. y Schwartz, Stuart T., “Comparación entre dos economías azucareras coloniales: Morelos,
México, y Bahía, Brasil”, en Enrique Florescano (coord.), Haciendas, latifundios y plantaciones en
América Latina, México, Siglo XXI, 1975; Pucci, Roberto, “Modelos de unidad productiva en el proceso
de modernización azucarera: el `central´ cubano, el ingenio moderno en Argentina, usinas y `engenhos` en
el Brasil (ca. 1870-1930)”, CD Rom de las XVII Jornadas de la Asociación Argentina de Historia
Económica, Universidad Nacional de Tucumán, 2000.
2 Sobre estos temas cf. Hora, Roy, “Terratenientes, empresarios industriales y crecimiento industrial en la
Argentina: los estancieros y el debate sobre el proteccionismo (1890-1914)”, Desarrollo Económico, Nº
159, Buenos Aires, 2000; Sánchez Román, José Antonio, “La industria azucarera argentina y la conquista
del mercado nacional, 1880-1914”, comunicación presentada en el Seminario Internacional Rotas e
Mercados do Açúcar, Funchal, Portugal, abril de 2002; García Delgado, José Luis, “Nacionalismo
económico e intervención estatal, 1900-1930”, en Nicolás Sánchez Albornoz, La modernización de España
(1830-1930), Madrid, Alianza, 1985; Pardos Martínez, Eva, La incidencia de la protección arancelaria en
los mercados españoles (1870-1913), Madrid, Banco de España, 1998; Tena Junguito, Antonio, “Un nuevo
perfil del proteccionismo español durante la restauración, 1875-1930”, Revista de Historia Económica,
Año XVII, Nº 3, 1999.
3 Albert, Bill y Graves, Adrian, Crisis and Change in the International Sugar Economy, 1860-1914,
Norwich-Edinburg, 1984, p. 1.
4 Cf. Guy, Donna, Política azucarera argentina. Tucumán y la generación del 80, Tucumán, Fundación
Banco Comercial del Norte, 1981; Martín Rodríguez, Manuel, “La industria azucarera española, 1914-
1936”, Revista de Historia Económica, Año V, Nº 2, 1987.
5 Cf., Bravo, María Celia, “Las leyes machete y la ruptura del frente azucarero tucumano”, en Daniel Campi,
Estudios sobre la historia de la industria azucarera argentina, Vol., I, S. S. de Jujuy, UNJu-UNT, 1991;
Martín Rodríguez, op. cit., p. 304.
6 Cf. Campi, Daniel, “Economía y sociedad en las provincias del norte”, en Mirta Lobato, El progreso, la
modernización y sus límites, 1880-1916, Buenos Aires, Sudamericana, 2000; Martín Rodríguez, op. cit.,
p. 314; Luxán Meléndez, Santiago y Bergasa Perdomo, Oscar, “La participación de Canarias en los flujos
internacionales del azúcar: 1875-1920”, comunicación presentada en el Seminario Internacional Rotas e
Mercados do Açúcar, Funchal, Portugal, abril de 2002, p. 12.
7 Sánchez Román, José Antonio, “La industria azucarera argentina y la conquista del mercado nacional,
1880-1914”, comunicación presentada en el Seminario Internacional Rotas y Mercados do Acucar,
Funchal, Madeira, abril de 2002; Fraile Balbín, Pedro, Industrialización y grupos de presión. La economía
política de la protección en España, 1900-1950, Madrid, Alianza, 1991; Tortella, Gabriel, El desarrollo de
la España contemporánea. Historia económica de los siglos XIX y XX, Madrid, Alianza, 1994.
8 Bravo, María Celia, Introducción al estudio de la estructura ocupacional en Tucumán, 1869-1914, tesina
de licenciatura en historia inédita, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Tucumán,
1991, p. 8; Ministerio de Comercio e Industria-Instituto de Investigaciones Económicas, Problema
azucarero argentino, Buenos Aires, 1956, p. 7; Deerr, Noel, The History of Sugar, Vol. I, Londres,
Chapman & Hall, 1949; Martín Rodríguez, op. cit., p. 316.
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
XV Coloquio de Historia Canario-Americana
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9 Rocchi, Fernando, “El péndulo de la riqueza: la economía argentina en el período 1880-1916”, en Mirta
Lobato, El progreso, la modernización y sus límites, 1880-1916, Buenos Aires, Sudamericana, 2000.
10 Rodríguez Marquina, Paulino, Memoria descriptiva de Tucumán. La industria azucarera. Su presente,
pasado y porvenir, Tucumán, 1890, p. 193, inédito.
11 Sobre todas estos tópicos, cf. Guy, Donna, op. cit.; Sánchez Román, José Antonio, La dulce crisis.
Finanzas, Estado e industria azucarera en Tucumán, Argentina (1853-1914). Tesis doctoral inédita,
Instituto Universitario Ortega y Gasset-Universidad Complutense de Madrid, 2001; Campi, Daniel, Azúcar
y trabajo. Coacción y mercado laboral en Tucumán, Argentina, 1856-1896. Tesis doctoral inédita,
Universidad Complutense de Madrid, 2002.
12 Bravo, María Celia, Sánchez Román, José Antonio y Campi, Daniel, “El proteccionismo azucarero
cuestionado: estrategias empresariales en la Argentina, 1895-1914”, CD Rom de las XVI Jornadas de la
Asociación Argentina de Historia Económica, Universidad Nacional de Quilmes, 1998.
13 Bravo, María Celia, “Las leyes machete y la ruptura del frente azucarero tucumano”, en Daniel Campi
(Comp.), Estudios sobre la historia de la industria azucarera argentina, Vol. I, S. S. De Jujuy, UNJu-
UNT, 1991.
14 Girbal, Noemí, “Estado, modernización azucarera y comportamiento empresario en la Argentina, 1876-
1914”, en Daniel Campi (Comp.), Estudios sobre la historia de la industria azucarera argentina..., op. cit.
15 Luxán Meléndez, Santiago y Bergasa Perdomo, Oscar, op. cit., p. 5.
16 Martín Rodríguez, Manuel; op. cit, p. 301.
17 Cf. Baraja, Eugenio, op. cit., pp. 44 y ss.
18 Martín Rodríguez, op. cit., p. 303.
19 Martín Rodríguez, Manuel, op. cit., pp. 319-320 y Luxán Meléndez, Santiago y Bergasa Perdomo, Oscar,
op. cit., p. 8.
20 Baraja, Eugenio, op. cit., p. 45.
21 Martín Rodríguez, Manuel, op. cit., p. 304.
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009