La participación de la mujer en la lucha por el agua en Gran Canaria en el Antiguo Régimen

              MUJERES E HISTORIA
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LA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER EN LA LUCHA
POR EL AGUA EN GRAN CANARIA EN EL
ANTIGUO RÉGIMEN
Vicente J. Suárez Grimón
El presente estudio tiene por objeto poner de relieve el papel jugado por la mujer
avecindada en algunos pueblos y pagos de las medianías y cumbres de la isla de Gran
Canaria en defensa del disfrute del agua que, naciendo en sus tierras, debían dejar correr
en dirección hacia las tierras de costa, a las que fueron asignadas en los repartimientos
efectuados a raíz de la conquista. Previo a la consideración del papel desempeñado por
la mujer hemos considerado conveniente plantear una visión general sobre la
conflictividad “ruidosa” en el conjunto de las islas, considerando posteriormente los
conflictos que tienen como motivo el agua, la actuación de la mujer en cada uno de ellos
y terminar, por ultimo, con las conclusiones.
LA CONFLICTIVIDAD RUIDOSA EN CANARIAS
Las Islas Canarias conocieron durante la época moderna una importante
conflictividad “sorda”1 (la desarrollada casi de forma cotidiana a través de los distintos
litigios que se dirimen en los tribunales de justicia por cuestiones que afectan a
colectivos más o menos numerosos) y “ruidosa”2 (la desarrollada de forma esporádica a
través de motines, tumultos o revueltas en muchos casos debido al fracaso de la vía
judicial o conflictividad “sorda”), cuya motivación esencial estuvo en la tierra y el agua
pero también en los aprovechamiento comunales del monte, en la reacción contra las
contribuciones, los empleos públicos, etc.
El presente trabajo sólo tiene por objeto estudiar la conflictividad “ruidosa”, cuya
cuantía, de acuerdo a las investigaciones en curso, supera el centenar. Desde 1648,
fecha del motín protagonizado por los vecinos de La Orotava (Tenerife) contra las
usurpaciones realizadas en las tierras de la dehesa concejil de la Caleta, hasta el año
1851, fecha del motín ocurrido en pleno ataque de la epidemia de cólera en la ciudad de
Las Palmas contra el embarque de papas para fuera de la isla, se contabilizan 109
conflictos. La cifra podría ser muy superior toda vez que los diez levantamientos que
tienen lugar en Tejeda y Artenara en 1817 y 1819 con el agua como motivo se han
reducido a dos no sólo por tener la misma causa, el mismo escenario y los mismos
protagonistas, sino también porque el primer tumulto se reaviva en tres ocasiones en
1817 y en cinco en 1819; igualmente el conflicto que tiene lugar en Gáldar el 27 de julio
de 1780 por las aguas de Barranco Hondo se reaviva el 25 de octubre; el de la Vega de
31 de mayo de 1797 por el aprovechamiento de las aguas de la Fuente de la Higuera
(San Mateo) se reaviva el 19 y 30 de junio. Lo mismo podemos decir de otros conflictos
que no tienen como motivo el agua, caso del que se produce en la villa de Agüimes a
fines de 1718 por las tierras de Sardina, que se reaviva en la ciudad de Las Palmas a
comienzos del año siguiente; o del que tiene lugar en Arrecife a principios de junio de
1810 contra el nombramiento como coronel de don Lorenzo Bartolomé Guerra, que se
reaviva el 24 de junio en la villa de Teguise, etc.
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Cualitativamente hablando, la documentación disponible no se caracteriza por su
uniformidad pues, junto a los tumultos que cuentan con información suficiente,
aparecen otros sobre los que sólo se dispone de una simple referencia documental. Si la
uniformidad no es lo que caracteriza el relato de los hechos, causas o antecedentes y
apaciguamiento o represión, lo mismo podemos decir acerca de la terminología usada
para designar todos estos conflictos: motín, tumulto, asonada, alboroto, sublevación,
revuelta, rebelión, levantamiento o conmoción popular. Sin entrar en las diferencias de
significado de los vocablos o en el sentido teórico y práctico de cada uno de ellos,
hemos de considerar estos conflictos en sus distintas denominaciones como
movimientos de protesta protagonizados por uno o varios grupos sociales de un pueblo
o conjunto de pueblos en defensa de los usos comunales, en contra de la acumulación de
tierras por los poderosos o, simplemente, contra la arbitrariedad de determinados cargos
públicos, etc. La intensidad y duración, la violencia y el éxito de la protesta, va a
depender del motivo y grado de organización, apoyos y carácter de la represión, y no
tanto de la denominación que a la misma se dé en las diligencias formadas.
La distribución por siglos, aunque no muy representativa ya que para el XVII y XIX
sólo se contabilizan 50 años, asigna al siglo XVIII el mayor porcentaje, 55% del total.
No obstante, es evidente que la intensificación de los conflictos coincide con la
aparición hacia la década de 1670 de las primeras dificultades del modelo de producción
para la exportación y autoconsumo debido a la crisis del vino, sobre todo en la isla de
Tenerife. La crisis que afecta al largo siglo XVIII canario, combinada tanto con factores
locales (la actuación de algún cargo público, clérigo o hacendado) como coyunturales
(crisis de subsistencias, abolición de la tasa de granos en 1765, carestía y extracción de
granos, etc.) o estructurales (concentración espacial y en pocas manos de la tierra y el
agua, la asignación que de la misma se hizo a raíz de la conquista, etc.), justifican la
proliferación de conflictos registrada desde principios de dicho siglo hasta los
comienzos de la tercera década del siglo XIX.
Por islas, el mayor número se registra en Gran Canaria con el 61’5% del total y le
sigue en orden de importancia Tenerife con 20’2%. Con porcentajes inferiores figuran
Lanzarote (8’3%), Fuerteventura (4’6%) y Gomera (3’6%), figurando con un único caso
La Palma y el Hierro. El ejemplo de la isla de La Palma invalida la posible relación
entre bajos porcentajes e islas de señorío. No obstante, puede suceder, como ha señalado
Bethencourt Massieu, que la falta de una tradición o la motivación política
administrativa, que despojaba a la tensión de un carácter ético-económico, unido al
escarmiento de alguna experiencia reciente, justifiquen el escaso índice registrado en las
islas de señorío.3 A ello debemos añadir, a diferencia de lo que sucede en las islas de
realengo, que en general los conflictos que allí se producen afectan al conjunto de la isla
y en muy pocas ocasiones a un determinado núcleo de población.
Si atendemos a su tipicación, y pese a su diverso signo, el mayor porcentaje, 43’1%,
corresponde a los relacionados con la propiedad de la tierra-usos comunales y el agua.4
Le siguen en orden de importancia los relacionados con los empleos públicos y crisis de
subsistencias que conjuntamente representan el 29'3%. Junto a los anteriores adquieren
cierta importancia los de carácter religioso o político, por motivos fiscales o de
actuación de la Justicia, etc. La motivación de alguno de ellos se entremezcla y es muy
posible que su naturaleza básica sea la misma o que se trate de alborotos provocados por
una crisis de subsistencia o por el hambre de tierras.5 La mayoría de los conflictos
registrados pueden ser considerados como “tensiones o conflictos de tipo vertical”,
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iniciados por la masa de vecinos de un lugar contra un elemento “foráneo” política o
económicamente más fuerte: un corregidor o alcalde mayor, un intendente, almojarife o
alcalde de la ciudad capital, un hacendado, etc. Los “conflictos o tensiones de tipo
horizontal” llevadas a cabo entre los habitantes de diferentes lugares entre sí son escasos
y se localizan en la isla de Gran Canaria.6
Los caracteres generales de la conflictividad “ruidosa” en Canarias aparecen
recogidos en la descripción del tumulto ocurrido en Guía en la madrugada del 5 de julio
de 1751: En esa noche hubo “tumulto de mucha gente que a el son de caracoles y
asonada se havía entrado en dicha villa, que era gente de la jurisdizión que bajaron (de
los Altos o campos), que se havían ído a la casa del alférez don Joseph Suárez y a la del
alférez don Antonio Merino a pedirles las cajas de guerra, que no lograron por haverlas
ocultado; y que dicha gente entraron armados con garrotes, emmonterados las más de
ellas, tocando a las puertas y en algunas de ellas tan recio que astillaron las de la casa de
Antonio de Silba, alguacil de la iglesia, dando muchas bueltas por las calles de la villa
tocando las bocinas y dando ahijados”.7 En general son conflictos de carácter local y
rural, no surgen de manera irracional y espontánea dado que el estallido viene precedido
casi siempre de un conflicto previo; su convocatoria puede hacerse por el toque de
bocina, caracoles, campanas, tambores y cajas de las Compañías de Milicias, o bien
mediante la fijación de pasquines; la noche se convierte en el escenario ideal para su
desarrollo (salvo los que tienen el agua como motivo); el armamento utilizado se
caracteriza por su rusticidad y variedad terminológica (palos largos y chuzos, garrotes,
rozaderas, hoces, hachas, cuchillos o puñales, barras, piedras o peñores..., escopetas y
fusiles, sobre todo cuando en el tumulto participan milicianos) lo que explica que la
violencia física sea escasa, blanca y no roja, al menos si se tiene en cuenta el número de
conflictos, viéndose muchos coronados por el éxito desde el momento que desaparecen
las diligencias que se formaron y muy pocos fueron reprimidos.
La documentación no siempre proporciona información suficiente sobre el número
de participantes, la composición socio-profesional y la personalidad o indentificación de
los mismos. En cuanto al número de participantes nos podemos encontrar con cifras
precisas de participantes o bien con expresiones genéricas o estimaciones de carácter
cualitativo como se “tumultuó el pueblo”, hubo “tumulto de mucha gente” o se levantó
“un gran pelotón de gente embozada y las hablas mudadas”. Conocer la composición
socio-profesional y la personalidad de los participantes no resulta fácil debido a los
silencios de la documentación y a la forma en que suelen desarrollarse los conflictos (de
noche, con disfraz y rostros embozados), pero sobre todo a que los testigos que declaran
en la sumaria no suelen dar, cuando los dan, más de dos o tres nombres
correspondientes, casi siempre, a los principales instigadores de los tumultos. Esta
concepción moral isleña de considerar la causa justa y no conocer a nadie por estar
distante, ser de noche, tener los rostros tapados y las hablas mudadas, tuvo un gran
arraigo y el ejemplo que mejor lo define sea la muerte del marqués de Fuente las Palmas
en Tenerife en 1840.
Dado el carácter rural de una buena parte de los conflictos, los participantes eran casi
siempre “gente del campo”, hombres y mujeres. La presencia o participación de estas
últimas es la que queremos considerar en este trabajo. Si se excluye el tumulto que en
Las Palmas llevaron a cabo unas 483 nodrizas mercenarias en 1817 amenazando con el
abandono de los niños que criaban sino se les pagaban los salarios del medio año que se
les adeudaba desde la muerte del obispo Verdugo, la participación de la mujer destacó
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sobremanera en aquellos conflictos que tienen como motivo el agua. No obstante, los
testimonios documentales nos permiten constatar también su presencia en otros
tumultos. Citemos tan sólo el motín que causó la muerte del intendente Ceballos
(Tenerife, 1720), en el que participan tanto hombres como mujeres y muchachos, o el
ocurrido en Gáldar en 1751 contra el pueblo de Guía, “por la antigua oposición que
ambos pueblos entre sí se tienen”, para defender al corregidor Núñez de Arce en la
visita que estaba haciendo a esta última villa, y en el que “las mugeres, armadas en
cresidas tropas, se presentaban diciendo venir a morir por defender la justicia y buen
gobierno”. Devueltos a su pueblo por el corregidor a eso de las dos de la noche, se
señala, iba “acompañado de más de quinientos hombres, crecido número de mugeres y
niños”.8
EL AGUA COMO MOTIVO DE LA CONFLICTIVIDAD RUIDOSA EN GRAN CANARIA
Por el momento, el número de conflictos que tienen como motivo el agua se cifra en
14 y, salvo que tiene lugar en Guía de Isora (Tenerife) en 1805,9 los restantes se
producen en Gran Canaria y son éstos los que aquí se estudiarán. Su razón de ser se
encuentra en los repartimientos que a raíz de la Conquista de la Isla se llevaron a cabo
entre los que participaron económicamente o con sus personas en la empresa, y en los
que el agua que nacía en medianías y cumbres se asignó al riego de las tierras de costa.
Conforme avanza el proceso de roturación desde la costa hacia e interior isleño, los
dueños de las tierras de medianías y cumbres de la isla comienzan a aprovechar, más
bien a usurpar, el agua que, naciendo en sus tierras, debían dejar correr hacía la costa.
Ese aprovechamiento, unido al descenso de los caudales como consecuencia del
retroceso de la superficie forestal y la extensión del riego en las tierras de la costa en
cantidad superior a la fijada en el momento de los repartimientos o en la reformación
posterior del licenciado Ortiz de Zárate (1506-1507), van a originar una lucha secular
por el uso y aprovechamiento del agua entre los diversos heredamientos que entonces se
formaron y los dueños de terrenos de medianías y cumbres. Esta lucha origina, de una
parte, una importante conflictividad sorda puesta de manifiesto a través de los distintos
litigios que se dirimen en los tribunales de justicia, y, de otra, una conflictividad
“ruidosa”, en muchos casos fruto del fracaso de la vía administrativa, que se manifiesta
a través del motín, la revuelta o el tumulto. Como ya se ha indicado, aquí y ahora sólo
nos ocuparemos de la conflictividad “ruidosa” que tiene como motivo el agua, en la que
la mujer tuvo un protagonismo destacado aunque para ello en alguna ocasión se tuviese
que vestir de hombre (Tejeda y Artenara, 1817 y 1819) o el hombre de mujer (La Vega,
1797).
En los 13 conflictos que tienen como motivo el agua, las fuentes no siempre permiten
constatar la presencia y, aun menos, el protagonismo o papel relevante de la mujer. Es el
caso de los tumultos ocurridos en Tirajana en 1719, por “exceso y extorsiones”
cometidos por Fernando Quevedo, alcalde de agua; en Teror en 1721, por “usurpación
de las aguas a los herederos de Tenoya”, en 1734, entre los propios vecinos debido a las
disputas que sostenían entre sí para aprovechar el agua que “usurpaban” a Tenoya, y en
1750, al oponerse los vecinos de Teror a que los alcaldes de agua del heredamiento de
Tenoya quebrasen las acequias siguiendo órdenes de la Audiencia;10 o en Santa Lucía
de Tirajana en 1818 por usurpación del agua de la acequia real del Ingenio por los
vecinos del pago de Risco Blanco. En los ocho restantes, ocurridos en Guía en 1751 y
1797, en Gáldar en 1780, La Vega en 1797, Valsequillo en 1817, Tejeda y Artenara en
1817, Tejeda en 1819 y 1847, las fuentes se muestran mucho más generosas a la hora de
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recoger la presencia y participación de la mujer, aunque las desigualdades entre unos
casos y otros son bastante evidentes. Por razones obvias, en el relato de estos conflictos
la problemática que los origina queda relegada a un segundo plano en beneficio de la
consideración del protagonismo que tuvo en ellos la mujer. Al objeto de resaltar ese
protagonismo y actuación, hemos optado por hacer una exposición cronológica e
individualizada de cada uno de los conflictos, rematada por unas conclusiones finales.
EL PAPEL DE LA MUJER EN LOS CONFLICTOS POR EL AGUA
Guía, 1751
El “alboroto que hicieron algunas mujeres de los campos de Guía contra los alcaldes
de agua” del heredamiento de la Vega Mayor de Gáldar a principios de junio de 1751
cuando acudieron al pago de los Altos a registrar las acequias, es el primero de los
conflictos en el que la documetación recoge con claridad la presencia o protagonismo de
la mujer.11 Sucedió que en la visita de las acequias realizada por los alcaldes en el mes
de febrero de dicho año hallaron que en el molino de la Hoya de Pineda, propiedad de
don José Betancourt y al cuidado de Francisco García, bien por descuido o porque “por
el ruedo de la piedra del molino hauían los ratones hecho un abuxero”, se había ído por
la abuja porción de “gofio de millo que se estaba moliendo”. Parado el molino para
reconocer el abujero, llegaron los alcaldes de agua, Juan Vizcaino, Manuel Luján y don
Gregorio de Quintana, quienes, “viendo estar el agua rebuelta con el gofio que hauía
caído, sin escrivir ni practicar más diligencia”, pidieron al molinero Francisco García
por sus costas cincuenta reales. El molinero se limitó a contestar ser dichos alcaldes el
cuchillo y él la carne, con lo que unos continuaron con la visita de las aguas y el otro se
fue al lugar de Guía a hablar con don Agustín del Castillo, teniente coronel del
Regimiento de Guía, para que tratara de componer la dependencia con los alcaldes. Don
Agustín del Castillo, dueño de otro molino en Hoya de Pineda al cargo de Francisco
Merino, salió en defensa del molinero García y “compuso (con los alcaldes) la
dependencia en quince reales”, los que entregó Francisco García al alcalde Manuel
Luján.
Unos meses más tarde, por mayo o principios de junio, volvieron los alcaldes a
reconocer el barranco de la Hoya de Pineda y encontraron unos cerdos pertenecientes a
Roque Santiago revolcándose en el agua, procediendo a su embargo. Cuando los
alguaciles acudieron a dicho pago en busca de los cerdos, María Moreno, la mujer de
Roque Santiago, acudió a Guía a hablar y buscar la protección del citado don Agustín
del Castillo, manifestándole éste que, “si dichos alcaldes boluiesen, se juntasen las
mugeres de aquellos paraxes y no permitiesen les llebasen serdos ni otra cosa alguna”.
Siguiendo el consejo de don Agustín del Castillo las mujeres de Hoya de Pineda se
prepararon para “echar para abajo” a los alcaldes, animadas por lo que les contó había
sucedido en Granada con el corregidor don Juan de Molina que, estando visitando las
tiendas, se armaron contra él las mujeres y le echaron del lugar, “y que ocurriendo a el
rey el correxidor lo despreció y que premió el rey a las referidas mugeres diciendo que
por valientes hacía aquello”, debiendo hacer ellas lo mismo con los alcaldes de agua.
Así, pues, pensando que serían premiadas y no castigadas, las mujeres se prepararon
para “echar a palos” a los alcaldes si aparecían por aquellos parajes.
Con la consigna de “echarlos para abajo con palos” y con la noticia dada por los
alguaciles de no haberles querido entregar los cerdos embargados, los alcaldes de agua
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volvieron en el mes de junio, juntamente con el escribano Juan Ruiz de Miranda, el
repartidor Fernando Pérez y el testigo Juan Cabral, a subir por el barranco de Hoya de
Pineda al objeto de reconocer y limpiar las aguas. Tras reconocer sin novedad alguna el
molino de Francisco García, continuaron su camino hasta sobrepasar el cortijo del
Alguacilejo, en cuyo paraje se les presentó Luis González diciéndoles no continuasen
porque había formado un tumulto de mujeres y hombres y que se exponían a que les
matasen respecto a que tanto unas como otros estaban armados. No obstante,
continuaron la marcha hasta que, llegados al paraje donde se juntan los tres barrancos y
noticiadas las mujeres de su subida, “se juntaron en tropa hasta unas quarenta o
cinquenta mugeres (María Moreno con todas las vezinas de aquellos sitios), con sus
garrotes y otras con cañas, estando los hombres a la vista de escolta en distintos
parajes”.12 En su vista, se detuvieron los alcaldes con lo que, “poniéndose en pie las
mujeres, empezaron a llamarlos que las esperasen que ya iban, con lo que dichos
alcaldes y esscribano dieron a huir, gritándoles y diciéndoles que aguardasen que irían
auajo sin capas y sin ropón, echándoles a pedradas”.13 Con tales amenazas, los alcaldes
no se atrevieron a continuar y practicar las diligencias que debían en razón de su oficio
y huyeron dejando atrás, incluso, sus caballerías al cuidado del repartidor y no se
detuvieron hata tomar respiro en otro de los molinos de Hoya de Pineda perteneciente a
don José Botello (o doña Agustina Botello) y al cuidado de Andrés García, hermano de
Francisco García.14
En la sumaria formada por el corregidor Núñez de Arce se tuvo a don Agustín del
Castillo por “fomentador y amotinador de la tropelía que executaron con los dichos
alcaldes de agua” (algún testigo también implicó a don Juan Acedo) y, a su interés por
ocultar estos hechos y que se castigara a los participantes en los alborotos contra los
alcaldes de agua, se atribuye no sólo el levantamiento ocurrido en Guía la madrugada
del 5 de julio del mismo año tratando de evitar que se produjera la visita al lugar del
citado corregidor sino también el intento de organizar un segundo levantamiento el 8 de
julio.15 Don Agustín del Castillo, sin embargo, se defendió de esta acusación alegando
que en todos los tiempos y lugares siempre había procurado la quietud,16 atribuyendo la
actitud del corregidor al desafecto que profesa a su Casa, en especial, a su hermano don
Fernando.17
Pero el protagonismo de las mujeres no queda en esto pues, tras abandonar Guía en
previsión de que se reprodujeran nuevos incidentes, el corregidor Núñez de Arce mandó
llevar llevar a Las Palmas a María Moreno, la mujer de Roque Santiago, como
incitadora de la sublevación del resto de las mujeres. El traslado se llevó a cabo en la
tarde del 25 de julio de 1851, pero al llegar a la Cuesta de Silva “un pelotó de mugeres y
hombres” tapados con “monteras de reboso” detuvo la comitiva y “le arrebataron del
caballo (al alguacil) a la dicha”. La conducta del corregidor fue criticada por la
Audiencia pues, en lugar de mirar a la pacificación como lo había hecho el tribunal
cuando le dieron cuenta del alboroto contra los alcaldes de agua “teniendo para ello en
consideración que son estos hombres odiados que no hasen más que estafar, resultó que
el corregidor hizo todo lo contrario pues, por embiar a llamar a la muger de Roque
Santhiago quando estauan aun viuas las senisas del tumulto, haciéndolo con estrépito
judicial, dio causa al desacato que hicieron aquellos vecinos de salir al camino y tomarla
arreuatadamente de las manos de la justicia, impidiendo el uso de ella”. La Audiencia,
pues, seguía fiel a su principio de que primero era la pacificación y después todo lo
demás, y menos mal que el alguacil no resistió el que le arrebataran a María Moreno.18
En cualquier caso, el tumulto contra los alcaldes de agua quedó en un segundo plano
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respecto al protagonizado contra la visita del corregidor, en el que también pudo tener
una participación activa la mujer pero que las fuentes no dejan entrever.
Gáldar, 1780
Activa fue también la participación de la mujer en el tumulto ocurrido en 1780 en
Gáldar cuando los vecinos del pago de Barranco Hondo se negaron a pagar los censos
impuestos a principios del siglo XVIII a favor del capitán don Cristóbal Olivares del
Castillo sobre las aguas que debían correr hacía el valle y hacienda de Agaete, alegando
que los que de verdad aprovechaban las aguas eran los que tenían sus tierras cerca de su
nacimiento y, sin embargo, no pagaban nada por ello.19 Seguido el pleito
correspondiente y decretado el embargo de bienes, el tumulto se inicia cuando se
procedió a comunicar, el 26 de junio de 1780, a los depositarios de los bienes
embargados diesen cuenta de sus rendimientos. Al día siguiente 27 de junio, al tratar el
alguacil real Manuel de Quintana de cumplir con su cometido, “oyó una grande algazara
de caracoles y griterías tumultuosas en subido número de personas de ambos sexos”,
provocando su huida a sabiendas de que venían a por él.20
En octubre de 1780, se encargó el mismo cometido a los alguaciles de Telde, Mateo
y Juan Gaspar, pero no lo pudieron llevar a cabo en el pago de Barranco Hondo y lugar
de Artenara “a causa de hauerse alborotado (el 26 de octubre) porción de mugeres de
aquellos pagos tocando caracoles”. Desde el día anterior, en todas las casas que tocaban
para notificar a los depositarios las mujeres les decían que iba a producirse el
levantamiento y que no saldrían con vida de la cumbre y, en efecto, al mediodía del día
26 “oyeron porción de toque de caracoles, ahigidos y gritos” y, cuando trataron de ver
lo que era asomándose a un lomo que llaman del Puerto, “hallaron muchissima porción
de mugeres juntas que formaban aquel aboroto” en el Lomo de la Cruz o las Cruces,
“que eran los que tocaban el caracol”. A la vista de lo sucedido, los alguaciles solicitan
la protección del alcalde de Artenara y del sargento Juan Martín Saldaña sin que
hicieran nada por contener a las mujeres pues éstas “siguieron su alboroto hasta ponerse
sobre la Cueba del Lomo, viniendo siempre en seguimiento de los susodichos (de los
alguaciles), llegando hasta el Lomo de Cuchara, a cuio tiempo salió el alcalde y el
sargento Saldaña con algunos hombres que juntaron y se pucieron a la vista donde
estaban las mugeres y, vistos por éstas, se desaparecieron”. Los alguaciles, como nadie
les auxiliaba, no tuvieron más remedio que retirarse a Las Palmas.21
El alcalde mayor de la isla continuó las diligencias judiciales y, en noviembre de
1780, decretó la prisión y embargo de bienes de ocho vecinos de Barranco Hondo, cinco
mujeres y tres hombres.22 Asimismo, se pidió al gobernador militar tomase providencias
necesarias para el castigo de otros cinco reos, tres hombres y dos mujeres, que
disfrutaban del fuero militar en el regimiento de Guía. La ejecución de la prisión y
embargo de bienes se encargó al sargento Saldaña, pero éste no pudo hacerlo por “ser
nescesario bastantes acompañados para la precaución de lo que se puede ofrecer y éstos
no haverlos en este lugar (Artenara) como tengo experimentado”. En abril de 1781, el
alcalde mayor encomendó dicha comisión a don José Victorino Henríquez, vecino de
Artenara, quien, acompañado del alguacil Sebastián González, el cabo Domingo Rivero
y de otros milicianos, partió desde Teror el 1 de mayo rumbo a Artenara para en la
madrugada del día siguiente dirigirse “al pago de Barranco Ondo, territorio de Gáldar,...
que será distante (Gáldar) de Artenara más de una legua de mui mal camino”, a efectuar
la detención de los reos. El trabajo no resultó fácil porque algunos no se hallaban en sus
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casas, otros estaban escondidos y en los más se vieron obstaculizados por el continuo
seguimiento de “una porsión de bosinos y gente gritando asta el día” que, a cada paso,
les iban poniendo alambres en el camino hasta que, llegando al Portichuelo de Fuente
Bruma, “bimos una porción de gente que, juntos con otros que por otros parajes uenían,
nos seguían amenasando y blasfemando, pero no por eso se dejó de proseguir con
dichos presos”. Su objetivo era otro que liberar los presos, lo que intentó a la altura de
los Pinos de Gáldar una gran “porción de hombres y mujeres”, en su mayoría
disfrutaban de fuero militar, que desafiaba las amenazas del capitán Victorino diciendo
no importarles en absoluto la Justicia. Pese a este nuevo tumulto, el capitán José
Victorino acabó llevando los presos a la cárcel.23 No obstante, desconocemos la
resolución que se adoptó tanto con ellos como con los milicianos de Barranco Hondo
que resistieron el traslado de los presos.
La Vega, 1797
La participación de la mujer también fue decisiva en el tumulto que tiene lugar en la
Vega a fines del siglo XVIII cuando los vecinos de San Mateo detuvieron las aguas de la
Fuente de la Higuera impidiendo que los alcaldes las quebraran. Allí, la tradicional
disputa entre los vecinos de San Mateo y Madroñal y los herederos de las aguas de
Satautejo sobre el uso y aprovechamiento de las que nacen en el rincón de la Fuente de
la Higuera continuaba dirimiéndose en los tribunales en un último pleito que duraba ya
algo más de siete años. Vecinos y herederos pactaron el disfrute de las aguas en régimen
de arrendamiento hasta la resolución del pleito, sin embargo, en 1797 los herederos de
Satautejo, “en odio del dicho litigio”, exigieron a los vecinos de San Mateo las dejasen
libres. La petición, después de un año (1796) de hambre,24 fue considerada perjudicial
para los intereses de los vecinos de San Mateo por cuyo motivo decidieron retener las
aguas con la idea de que si la Audiencia no fallaba a su favor pagarían las rentas. En tres
ocasiones, 31 de mayo, 19 y 30 de junio, los hombres y mujeres trataron de impedir que
el agua corriese desde el naciente de la fuente hasta la alcantarilla de su repartimiento.
Con la retención de las aguas buscaban aligerar el pleito pendiente y que los pobres
tuviesen con que contribuir a su financiación.25 En esa tarea las mujeres no sólo se
encargaron de acumular piedras en la fuente para hacer una pared rústica y en otras
partes de los caminos (en el primer cerro del camino de la Luchucilla) para tirarlas a los
alcaldes de aguas, sino también de poner espías a guardar la fuente y perseguir a dichos
alcaldes.
El motín había comenzado a prepararse desde que en 1796, un día antes de la misa y
en vísperas del día que se había de quebrar el agua, don Gregorio de Medina, capellán
de la ermita de San Mateo y heredero de Satautejo, anunció al vecindario reunido en la
Plaza (más de cien) que, de las tres cuartas de agua arrendadas de la Fuente de la
Higuera, el Heredamiento les quitaría una para llevarla a Satautejo por haber arreglado
la acequia e impedido con ello los derrames al barranco. La tensión se incrementó
cuando los herederos de Satautejo pasan de la amenaza a la acción procediendo, por un
lado, a subir el precio de los arrendamientos de las horas de agua pues de darlas por año
a diez pesos querían hacerlo por dulas cada una a los mismos diez pesos, y, por otro, a
deshauciar varias aguas arrendadas (entre los deshauciados figuraban Francisco
Romero, José Marrero, Antonio Rodríguez, Francisco Gil del Castillo) para venderlas
después con más utilidad. La declación de Medina y la actuación de los herederos
“escamó” al vecindario y desde ese momento comenzó a susurrarse en el pueblo “el
pensamiento de detener las aguas de la fuente enteramente con el fin de avivar así el
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XV Coloquio de Historia Canario-Americana
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pleito que sobre la pertenencia de dicha agua siguen con dicho heredamiento en la Real
Audiencia”,26 y lo que en 1796 se desvaneció acabó ocurriendo en 1797. Para el
acusado Juan Magas, quien había esparcido las voces de la retención eran los cinco
vecinos que más seguían el pleito con el heredamiento de Satautejo.27
La retención de las aguas y el tumulto acabó produciéndose el día 31 de mayo de
1797 cuando los alcaldes de aguas de Satautejo fueron a la Fuente de la Higuera a
quebrar o echar, como era costumbre, el agua por la torna que baja a la acequia principal
a fin de ponerla en dula o empezar a regar al día siguiente 1 de junio.28 Ese día se
encontraban en la Fuente los vecinos de San Mateo y Madroñal, entre los que figuraban
algunas mujeres, limpiando o “aliñando” la acequia que se derramaba por los
“almatriches”,29 por lo que al llegar a ella los alcaldes sobre el mediodía encontraron
“un gran tumulto de jente, todos alborotados y dando a conocer en sus rostros
macilentos el gran tumulto que intentaban y cuando el repartidor se acercó a la torna
para quebrar el agua lebantaron el grito diciendo que de ninguna manera la dejaban
quebrar, ni ahora ni en tiempo alguno, ni menos hirían presos, ha que lo intentaran”.30
Los alcaldes, viendo que los convocados eran más de cien personas, entre hombres y
mugeres, armados “unos con asadas y otros con garrotes, y también las mugeres con
peñores”, desistieron para evitar una desgracia del intento de “tumbar” las aguas por
estar “los hombres puestos en la torna, de una vanda y otra, con mucho revollicio entre
ellos, y, principalmente Agustín Gutiérrez, mirando a una y a otra vanda con ciertos
modales y ademanes de querer hacer algún atentado”.31 Sin que se les persiguiera, los
alcaldes se retiraron a hacer diligencias, continuando las aguas corriendo en beneficio
de los vecinos de San Mateo y sin bajar al heredamiento de Satautejo. A partir de ese
momento, las mujeres de San Mateo y Madroñal acudieron “todas sin distinción” a la
fuente a guardar el agua, tanto de día como de noche, haciendo pared de piedra seca
para impedir que el agua corriera, tirando alguna piedra a quien por allí se acercase32 y
tocando caracoles.
Formadas las correspondientes diligencias por los alcaldes de aguas y remitidas a la
Audiencia, ésta ordenó el 16 de junio que, sin perjuicio de lo que en vista de la
exposición del fiscal se resuelva, los vecinos del pago de San Mateo no impidan a los
alcaldes de Satautejo que quiebren las aguas en la forma acostumbrada, pena de 50
ducados y de tomar las más severas providencias contra el que se opusiere. De este auto
fueron notificados los vecinos por el escribano receptor Fernando Francisco de
Quintana el 18 de junio, antes y después de la salida de misa, al igual que los dos
alcaldes de aguas del heredamiento de Satautejo.
A la mañana del día siguiente 19 de junio, Francisco Falcón, uno de los alcaldes de
aguas, procedió en compañía del repartidor y de tres testigos a ejecutar el mandato de la
Audiencia. Mientras caminaban por el paraje que llaman los “Pasitos de Muñoz” les
salió al encuentro Juan Monzón,33 vecino de San Mateo, pidiendo le dejarán ir delante
para impedir que las gentes de dicho pago hiciesen alguna “gestión” contra lo mandado
por la Audiencia. En el camino se encontró con José Marrero y ambos marcharon hasta
el naciente de las aguas, donde encontraron “más de doscientas mujeres” a las que
comunicaron lo dispuesto por la Audiencia y lo conveniente que resultaba dejasen libres
las aguas para que los alcaldes las cortasen, logrando que momentáneamente unas
treinta o cuarenta se separaran del resto y marchasen a sus casas porque “a pocos pasos
se fueron quedando atrás y se unieron con las otras”. No obstante, Romero y Monzón
acompañaron a los comisionados hasta el naciente del agua, “en cuio sitio se hallavan
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La participación de la mujer en la lucha por el agua…
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como cinquenta mugeres”,34 las que estaban en la misma torna, hallándose en la parte
superior de los riscos “más de cien personas entre hombres, mugeres y muchachos”.
José Marrero trató por segunda vez convencer a los concentrados que dejasen quebrar
las aguas conforme a lo mandado por la Audiencia, pero las mujeres contestaron en
altas voces que “no se tumbavan aguas ningunas ni hora ni nunca, haunque lo mandasen
la Audiencia o el rey en persona”. De nada sirvió que José Marrero insistiera en su
petición “porque sino eran todos perdidos”, pues las mujeres “unas lloravan, otras
gritavan y otras clamaban de que quedarían perdidas porque bajando las aguas no
permitirían los de Satautejo que se vendiese a los de San Matheo y Madroñal y esto
sería su perdición y aun digeron a el Marrero en su cara que por venir pechado él y
juntamente el Monzón, por eso quería reducirlas a ellas.”
En previsión de que se pudiera producir algún lance, el alcalde de aguas decidió
retirarse pero como pretendiese escribir en el mismo sitio relación de lo sucedido le
“harrojaron desde lo alto del risco tres piedras dando con una ha Joseph Marrero”,
viéndose obligados a retirarse precipitadamente a la Plaza de San Mateo. Según el
acusado Juan Martel, vecino de San Mateo, después de este incidente las mujeres se
retiraron de la fuente permaneciendo en ella las “mujerzuelas y los dos caracoleros”.35
En la medida que los hombres se mostraban dispuestos a obedecer los mandatos de la
Audiencia, señala Martel, las mujeres se fueron a guardar el agua e impidieron el
“volcarla”, añadiendo que entre ellas, al principio, se encontraron hasta “las
principales”, caso de su mujer y sus dos hijas que fueron un solo día inclusas en el
concurso donde iban la mujer de Juan Monzón, la de Francisco Romero, la de Antonio
Rodríguez, la de Cristóbal Gil, la de Francisco Granado y todas las del pago e
inmediaciones, “bien que todas éstas referidas se vinieron el día que las llamó Juan
Monzón y los que con él hivan..., y no bolvieron más a la fuente”.36
Ya en la Plaza, el alcalde de aguas pretendió que Juan Monzón y José Marrero
declarasen quiénes eran las mujeres que levantaron la voz, negándose a ello porque “en
una plaza pública, sin pretender de ellos juramento y por donde pasava continuamente la
gente y que estaban indispuestos con las espresadas mugeres, no se determinaban a
declarar”. Como persistiesen en su negativa, el alcalde les ordenó que le acompañasen
sin que les aclarara si iban o no presos “para soltar el garrote”. Cuando caminaban por
“el plan que llaman de la Beg(u)eta”, atraídos por los gritos de José Marrero para que
dijeran a su mujer que lo llevaban preso, se congregó tras ellos un crecido “golpe de
gente de hombre y mujeres”, al decir del alcalde de aguas, o una “grande porción de
mujeres”, en opinión de los “presos”, que les gritaban “grandísimos pícaros, corran, qué
a pedazos no hemos de tocar”. Con la liberación de los “presos” cesó el tumulto y la
persecución, no obstante cuando los comisionados caminaban por los “Pasitos de
Muñoz” (Miñol) les salieron al paso Juan y Francisco Marrero, la mujer de José Pérez el
indiano, la de Juan Marrero y otros hombres y mujeres no conocidos que, aunque
armados con “garrotes y aguijadas”, no hicieron demostración alguna de “acometer”.37
El 28 de junio, oído el dictamen del fiscal,38 la Audiencia mandó se hiciese saber a
los vecinos de San Mateo que las gentes de uno y otro sexo que hasta aquí, en asonada y
bullicio han resistido a los alcaldes de aguas del heredamiento de Satautejo y
desobedecido a la Real Audiencia, se separen “incontinenti” del bullicio, obedezcan y
dejen quebrar las aguas como está mandado, bajo las penas establecidas por las leyes,
“en cuyo caso serán tratados como reos y autores de la co(n)moción todos los que se
encuentren unidos en número de seis personas tanto hombres como mugeres”. En caso
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XV Coloquio de Historia Canario-Americana
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de obedecimiento, serían indultados y perdonados del delito hasta aquí cometido,
excepto los autores de la conmoción popular.39
La Audiencia, temerosa de no lograr el sosiego deseado y de que fuera necesario
contar con la fuerza militar, puso en conocimiento del gobernador de las Armas de la
isla, don Juan del Castillo, los sucesos ocurridos en San Mateo haciéndole ver que las
dos jurisdicciones debían concurrir al sosiego o al castigo, pero siempre por los medios
más prudentes y, principalmente, por los prescritos por el rey en su pragmática de 17 de
abril de 1774, conforme a la que fue dictado el auto anterior.40 El gobernador desde el
24 de junio ya había comenzado a formar causa contra los milicianos comprendidos en
los bullicios y, en aras de la tranquilidad, se muestra favorable a prestar el auxilio
militar con las escasas fuerzas que dispone o bien con los que se reclutasen siempre que
la Audiencia o el Ayuntamiento diesen las órdenes competentes a sueldo y ración.
La notificación de la providencia de la Audiencia a los vecinos de San Mateo por el
escribano receptor no se vio libre de tensión y todo indicaba que las cosas iban a
continuar igual. A su llegada a San Mateo en la mañana del día 29 de junio lo primero
que hizo fue notificar a las mujeres que se hallaban en la iglesia y a los hombres que
estaban en la sacristía de la iglesia y en los corrillos formados en la Plaza en espera de la
misa el cometido que le traía hasta el lugar, “en cuio acto observé que se alvorotaron
riiéndose”.41 En el sermón de la misa, el capellán don Gregorio de Medina, exhortó
larga y extensivamente a los concurrentes a cumplir los mandatos de la Audiencia
dejando quebrar las aguas, en cuyo acto “se armó bullicio y que una muger decía que no
hivan las aguas para avajo, que predicaba en vano”. Al finalizar la misa el receptor
volvió a requerir a los presentes no se marchasen para poder notificar el contenido del
auto que portaba, sin embargo cuando salió vio cómo “porción de mugeres, levantadas
sus enaguas, corrían”, sin hacer caso a sus gritos para que no se marchasen tal vez
porque, como dijeron algunos hombres, “no heran de aquel pago y si de la Lechucilla y
Texeda”. Cuando apenas había leído el primer párrafo del bando a las mujeres que
salían de la iglesia y a los hombres se observó “que algunas más mugeres se hecharon a
correr”. No obstante, el receptor continuó con su lectura y a su término lo fijó en la
puerta principal de la iglesia, haciendo lo propio en la ermita del Madroñal y en la
iglesia de la Vega.42
De la vigilancia del cumplimiento del mandato de la Audiencia y cese del bullicio
quedó encargado el alcalde de la Vega, don Esteban Bautista Monzón y Urquía, pero las
noticias que dio al tribunal el 30 de junio no pudieron ser peores: “el pueblo de San
Matheo, pago de la Higuera, Chorrillo y demás interesados en (el) riego de la Vega de
harriva, están amotinados, así hombres como mugeres, tocando mucho vullicio de
caracoles y otros desórdenes, como son írse de noche las mugeres ha custodiar la fuente
y, por voz pública corre, que van tanvién hombres vestidos de mugeres ha
acompañarlas,43 quedándose sin misa los días de fiesta la maior parte de las mugeres por
guardar dicha fuente, y que tanvién an acometido a los alcaldes de agua haciéndolos
huir a pedradas y siguiéndolos hasta la plaza del Madroñal”.44 En efecto, ese mismo día
30 de junio, cuando los alcaldes de aguas pasaron a San Mateo a reconocer si sus
vecinos habían obedecido el mandato de la Audiencia y cesado el bullicio, apenas
iniciado el camino hacia la Fuente de la Higuera, se formó “un gran tumulto de gente de
uno y otro sexo”45 que, tocando caracoles, armados con sus garrotes y dando gritos y
ahijidos, les obligarona a huir y caminaron tras ellos por el camino de la Vegueta abajo
hasta dicha plaza del Madroñal46 gritándoles “¡ha fuera hijos del diablo!”,47 “¡Viva
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La participación de la mujer en la lucha por el agua…
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España y muera el mal gobierno!, ¡Muera la gente de la Vega de abajo!, ¡Venga toda la
justicia que no derribaremos el agua ni iremos presos!”.48 Con todo, según el alcalde
Esteban Urquía, esto no era lo peor sino que los vecinos de todos los barrios
inmediatos49 estaban avisados y conformes en “ayudarles y no dejarlos prender cuando
llegue el caso”; y lo mismo sucedía con el pago de Valsequillo, jurisdicción de Telde, y
el lugar de Tejeda, “y así se verifica tener algunas mugeres de una y otra parte en su
aiuda y custodia de la fuente”.50
De lo sucedido formaron diligencias el alcalde de la Vega y los alcaldes de aguas de
Satautejo, las que remitidas a la Audiencia también lo fueron al comandante general. En
este momento el conflicto toma un rumbo diferente al mostrarse resueltos los vecinos de
San Mateo a obedecer los mandatos de la Audiencia, decidiendo, pese a “ver llorar las
gentes de aquellos pagos hasta las criaturas pequeñas discurriendo que ya les faltaba el
pan”, dejar correr las aguas a incorporarse con las de Satautejo desde la tarde del jueves
6 de julio, aunque no “por donde era costumbre su desahogo y sí por la desangradera
que está mucho más abajo” por impedirlo la pared que se había construido en dicha
fuente y que fue derribada el día 8. En la adopción de esta decisión resultó determinante
la intervención de algún sacerdote o persona particular desplazada al lugar, caso del
canónigo don Fernando Zumbado, el racionero Navarro, el lector Hernández de Santo
Domingo, don Juan Alvarado o el procurador Martel,51 quienes advirtieron al vecindario
que la Audiencia no admitiría representación alguna de dicho pago mientras no se
quebraran las aguas. También pudo influir el hecho de que se pensaba en la ciudad “ir a
aprehender formalmente y ponerles grillos”.52 En este estado, los vecinos que habían
acudido a la ciudad a prestar obediencia a la Audiencia, “sin atreverse a dejar corrientes
las aguas por el miedo de las mujeres”,53 acordaron enviar a Ignacio Pérez, Sebastián
Socorro y Francisco Vizcaino a ver si las mujeres se habían retirado y podían quebrarla,
lo que hicieron por no haber allí “más mujeres que unas pocas a los lejos que no podían
impedirlo”.54 Si por este medio no lo conseguían, estaban resueltos a pedir auxilio a la
Sala y al gobernador de las Armas para hacer retirar a las mujeres y quebrar las aguas.
Obedecidos los mandatos de la Audiencia y “desecho el bullicio y quieto el pago”,
restaba obtener el perdón. Para ello deciden presentarse varios vecinos de forma
individual en la ciudad presentando un escrito en el tribunal en el que tratan de justificar
que su proceder se debió tanto a la esterilidad del año y “ser hombres de campo e
ignorantes en las leyes” como a que “por personas savias se pasó a darles consejo e
instruirles de los que les convenía”, desengañándose después de su equívoco modo de
proceder. Al tiempo, el procurador que les representaba ponía en conocimiento de la
Audiencia que las aguas sobraban y eran muy necesarias para regar las tierras de San
Mateo, debiéndose autorizar el riego y que se corten de raíz las dilaciones o retrasos del
pleito.
Tras la presentación del escrito de perdón, la Audiencia mandó el 10 de julio que
permaneciesen en la ciudad y sus arrabales en calidad de detenidos, formándose la
correspondiente sumaria por el juez semanero (Francisco Gutiérrez Vigil) en
averiguación de los delitos y de sus autores y promovedores. Los presentados fueron
sólo nueve porque, según declaró Ignacio Pérez, los señores de la Audiencia “no
gustaban de que se presentase mucho vecindario a un tiempo, pero que de los militares
se presentan muchos más que cree pasarán de veinte”.55 La Audiencia, en atención a la
consideraciones expuestas por el fiscal en su censura de 11 de abril de 1804 y a la
sumisión, reconocimiento y obediencia confesada por los reos en su escrito de 20 de
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junio de 1797, desde cuyo tiempo habían observado constante y regular conducta en el
respeto debido a las leyes y potestades públicas, acordó sobreseer en la causa,
apercibiendo a los 22 implicados, en especial a Francisco Díaz y Agustín Gutiérrez, que
en lo sucesivo “se abstengan de incurrir en los exesos y delitos de insubordinación que
se les nota en ella, pues, a la menor contravención, serán castigados con las graves
penas que por las leyes se hayan impuestas a los que cometen tan atroses delitos”. Y,
usando de equidad, se les condena únicamente en las costas mancomundamente y
mandaron se archive, como lo compone también el fiscal.56
Guía, 1797
Si el hambre y la carestía de frutos obligaron a los vecinos de San Mateo y Madroñal
a impedir tumultuariamente la quiebra de las aguas en 1797, igual ocurrió en Guía
donde por la misma fecha los vecinos de los “Altos” obligaron a retirarse a los alcaldes
de agua que habían acudido hasta allí a inspeccionar los terrenos que se habían regado
con aguas usurpadas al heredamiento de la Vega Mayor de Gáldar. Las usurpaciones,
denunciadas por uno de los alcaldes de agua, el capitán don Juan del Saz, vecino de
Guía, quien por tener otra ocupación no acudiría a dichos “Altos” a efectuar el
reconocimiento, encontraron su justificación en el hecho de que las aguas de los
manantiales aprovechados nacían y se consumían en las propias tierras de los
usurpadores sin llegar al cauce de las aguas del Heredamiento. Para tratar de acabar con
las usurpaciones, se dispuso la visita de los alcaldes de agua a los “Altos” de Guía y, en
su presencia, se suscitó el motín.
El episodio tuvo lugar en los pagos del Saucillo y las Rosas, “que entre otros
componen los que se llaman Altos de Guía, a cuia jurisdicción pertenecen”, el 13 de
junio de 1797 cuando los otros dos alcaldes de agua, don Isidro Tovar y don Diego
Quintana, vecinos de Gáldar, en compañía del escribano Diego Antonio Fernández y del
alguacil Felipe Candelaria, ambos vecinos de Guía, trataron de indagar quiénes eran los
dueños de los terrenos donde se había estado regando sin poder obtener información
alguna por negarla los vecinos57 y porque, cuando ya habían decidido la retirada, oyeron
ruido de caracoles y vieron que “un pelotón de mugeres los havían desafiado, atoriado y
dado muestras de perseguirlos a toque de caracol”58 desde la cordillera o lomo del
Saucillo, por el que corrieron con piedras en la mano para coger la delantera a los
alcaldes de agua y salirles al encuentro a la Degollada de Tegueste.59 En vista de lo
ocurrido, desistieron hacer cualquier otra diligencia por temor a que el tumulto fuese a
más pues, como señala el escribano, “se reconoció tener el efugio de sombra de los
hombres que, ya en siegas y ya dispersos, estaban por los contornos”. Lo sucedido y el
libertinaje con el que regaban las aguas lleva al escribano Diego Antonio Fernández, a
decir a la Audiencia que “son gentes enteramente desobedientes a la justicia y que sólo
con fuerza es como se les podrá hacer rendir respeto y sumisión a la justicia”.60
Y en efecto, para poder cumplir con el reconocimiento y detención de Antonio
Mercedes Díaz y Cayetano de Silva por el desacato y poco respecto que tuvieron con
los alcaldes de agua, fue necesario requirir el auxilio militar del regimiento de Guía,
prestado el 27 de julio por los capitanes don Miguel de Mújica y don Luis Acedo con
sus dos compañías, “habiendo también concurrido bastante número de painage de las
dos jurisdicciones de estas villas” (Guía y Gáldar). Los machos, madres y zanjas, al
igual que las charcas y albercones, se pudieron cerrar por los herederos de las aguas, sin
que se pudiera ejecutar la prisión de Antonio Mercedes ni Cayetano de Silva por no ser
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La participación de la mujer en la lucha por el agua…
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hallados, embargándoseles sus bienes y los de otros usurpadores. Seguidos los autos de
oficio sobre las usurpaciones de las aguas del heredamiento de la Vega Mayor de
Gáldar, el 7 de agosto se procedió a la detención de siete mujeres, los hombres no
fueron encontrados, a saber Francisca Pérez (mujer de Cayetano de Silva), María
Melchora (mujer de Blas de Sosa), Melchora Delgado (viuda de Matías Bosa), Rosalía
Guzmán (mujer de Cayetano de Silva el menor), vecinas del Saucillo, y Catalina
Micaela Díaz (mujer de Juan Santiago), Antonia Betancor (mujer de Tadeo Díaz),
Josefa Betancor (viuda de Ignacio Manuel), vecinas de las Rosas. Una vez conducidas a
Gáldar y dada su pobreza, enfermedad y estar criando niños, los alcaldes de agua
decidieron decretar su libertad bajo fianza el mismo día. También fueron consideradas
reas Juana Rivero, mujer de José Betancort, ausente en Indias, Catalina Betancor, viuda
de Diego Manuel, y María Betancor, mujer de Francisco Bolaños, vecinas del Barranco
de las Rosas, las dos priemras por la usurpación de aguas y la última por acudir al
tumulto. De sus declaraciones no sólo se deduce su concurrencia al tumulto pero sin
saber el motivo y desconociendo era delito por ignorancia o porque, como dijo Josefa
Betancor, “es una bruta”, manifestando que fueron inducidas por Antonio Mercedes
Díaz y por Cayetano Silva (dicen que éste no sabía tocar el caracol y sí el Mercedes),
sino la condición socio-profesional de las mismas pues en su mayoría se dedican al
oficio de la rueca (hilar y tejer) como mujeres de jornaleros, la labranza y coger yerbas
para vender. Finalmente, en el mes de septiembre fueron detenidos y puestos en la
cárcel real los prófugos Antonio Mercedes y Cayetano Silva.
Sustanciados los autos, la Audiencia el 4 de diciembre de 1797 condena a Antonio
Mercedes y Cayetano Silva en dos años de destierro a la isla de la Gomera y cuatro de
presidio si lo quebrantaban. Asimismo, se condenó al primero con 40 ducados de multa,
en 10 al segundo y en 150 a diez mujeres y seis hombres, todos apercibidos que en lo
sucesivo se abstengan de usurpar las aguas del heredamiento y de cometer los demás
excesos que constan de los autos, pena de ser castigados severamente.61
Valsequillo, 1817
La participación de la mujer en el motín de Valsequillo de 1817 se deduce de la
prisión decretada contra algunas de ellas en la cárcel real de Las Palmas. En Telde, al
igual que en otras partes de la isla, las aguas nacidas en las tierras de las medianías y
cumbres quedaron asignadas al riego de los terrenos repartidos en la costa, dando lugar
al heredamiento de la Vega Mayor de Telde. La posesión “pacífica” de las aguas por el
heredamiento de la Vega Mayor de Telde fue respetada por los primeros pobladores de
los pagos de Valsequillo, Tenteniguada, Cruz de Sardina, Casillas y otros, dejando bajar
siempre las aguas hacia las tierras de la costa. Pero aumentada la población de dichos
pagos, sobre todo de Valsequillo que desde 1802 se convirtió en lugar con alcalde
propio, “se empesó a experimentar que, con el anhelo de mejor cultivar aquellos
terrenos, que son y recivieron la calidad de secano, se han exforsado en retener las
mismas aguas, ya furtiva y clandestinamente y ya a viva fuerza”.62 La retención y
usurpación “clandestina” del agua dio lugar a “lances bien pesados” que, hasta las
primeras décadas del siglo XIX, se fueron cortando en unos casos con la prudencia de
los alcaldes de aguas y en otros con las providencias judiciales.
Desde la independencia de Valsequillo de Telde arreciaron las usurpaciones por parte
de sus vecinos estimulados no sólo por la condición de “fueristas” que disfrutaban
muchos de los usurpadores sino también por su convencimiento de que tenían derecho
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al riego de las aguas que, naciendo en sus tierras, no llegaban al cauce del barranco que
formaba la “gruesa” del Heredamiento. Ello originará un largo conflicto que se
desarrollará tanto en los tribunales de justicia como en los cauces de las acequias
mediante la revuelta violenta. Ambas formas de lucha no fueron excluyentes siendo el
fracaso ante los tribunales el origen del motín o la revuelta. Y ésta tuvo lugar durante
los días 17 de septiembre y 2 de octubre de 1817 al amotinarse en la Cruz de Sardina los
vecinos de Valsequillo, en particular los de la Huerta de Sardina y Tenteniguada, contra
el alcalde de aguas del heredamiento de la Vega Mayor cuando pasó a visitar a la
jurisdicción de dicho lugar las acequias y reclamar las aguas detenidas por dichos
vecinos.
Por la complicidad en estas conmociones, en las que fue apedreado el alcalde de
aguas, resultaron detenidos a los pocos días varios hombres, entre los que figuraba el
propio alcalde don Salvador Martel, y algunas mujeres de Valsequillo. Los hombres que
disfrutaban fuero militar fueron apresados en el cuartel de los Reyes63 y los que no lo
tenían en la cárcel real de la ciudad de Las Palmas,64 a donde fueron conducidas
también las mujeres detenidas. Entre ellas figura Micaela Alvarez, viuda de Juan
Hernández, Ana Montesdeoca y María Sánchez, mujer de Francisco Sánchez. Esta
última ingresó en prisión embarazada y el 9 de enero de 1818 se pidió su traslado a la
Casa de Misericordia para que diese a luz. Y en dicho cuartel y cárcel real
permanecieron hasta que, seguida la causa de oficio formada contra ellos por los dueños
e interesados en las aguas del heredamiento de la Vega Mayor, la Audiencia decretó su
libertad el 21 de julio de 1819.
Artenara y Tejeda, 1817 y 1819
Bastante activa fue también la participación de la mujer en los conflictos que se
suscitaron en Tejeda y Artenara en 1817 con ocasión de la quiebra de las acequias para
evitar la usurpación de las aguas por los vecinos de Tejeda y Artenara y dejarlas correr
hacía la Aldea de acuerdo con la sentencia dictada por la Audiencia el 26 de septiembre
de 1816 amparando en su posesión al marqués de Villanueva del Prado, propietario de
las tierras de la Aldea. En el primer tumulto, suscitado en la primavera de 1817 para
evitar que un comisionado de la Audiencia, el licenciado don Agustín Campos,
procediera a quebrar las acequias en Artenara en cumplimiento de dicha sentencia, se
detuvo, junto a dos hombres,65 a una mujer desconocida que les acompañó en el
espionaje, si bien en la sumaria practicada en septiembre se logró identificar a otras seis
mujeres y catorce hombres (13 de Artenara y 6 de Tejeda). Cuando a eso de las dos de
la tarde del 18 de julio de 1817, el alcalde de Artenara pretendía trasladar los presos/as a
la cárcel real de Las Palmas llegó hasta sus casas “un tumulto grande de mugeres y
hombres con caracoles, que parte de ellas se arrojaron sobre el alcalde y le quitaron el
fucil con que se procuraba imponerles miedo; que otras juntamente con los hombres
arrebataron los presos, les quitaron los grillos que desxaron en la casa y se los
llevaron”,66 identificándose en la sumaria practicada en septiembre unas 10 mujeres y
nueve hombres, todos vecinos de Artenara (sobre todo de Acusa). En el nuevo tumulto
que se formó cuando el alguacil real, Juan Díaz, fue a embargar los bienes de los dos
presos que fueron liberados,67 también debieron participar las mujeres pues en la
sumaria se identificó a una mujer junto a cuatro hombres. Lo mismo debió ocurrir
cuando el 26 de agosto de 1817 se intentó de nuevo quebrar las aguas, si bien entonces
no se logró identificar a ninguna persona.
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La participación de la mujer en la lucha por el agua…
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El conflicto en las alturas de Artenara y Tejeda no se pacifica y en tanto se ponen en
práctica las medidas judiciales y se habilita el auxilio militar –comandante general
presta su apoyo– para hacer cumplir los mandatos del tribunal (dejar correr agua hacia
la Aldea), el motín vuelve a reproducirse el 27 de mayo de 1819 produciéndose, entre
otros hechos, “una sublevación de mugeres para impedir a los medianeros del marqués
que alistasen las aguas”. La Audiencia reacciona ordenando a los alcaldes de Tejeda y
Artenara que cumplan con la comisión de quebrar las acequias y la detención y embargo
de bienes de los participantes en los nuevos incidentes. Las gestiones sólo dieron
resultados en Artenara –en Tejeda todos fueron unánimes en que no conocieron persona
alguna del tumulto–, donde el alcalde pudo identificar a 10 reos, si bien sólo remitió tres
a prisión porque dos huyeron y el resto eran mujeres que no fueron apresadas por ser
fueristas unas, por estar enfermas otras y las restantes por estar sus maridos en prisión e
ignorar el alcalde si debían quedar las casas cerradas. Sin embargo, la quiebra de las
acequias no se pudo practicar por impedirlo los vecinos amotinados y cuando el 23 de
junio de 1819, en horas del mediodía, el alcalde de Tejeda practicaba la sumaria del
tumulto anterior “se encontró con su casa cercada de mugeres en número de quarenta,
las quales pretendieron les entregase las diligencias que estaba practicando, a lo que se
resistió, y que habiéndose valido de la tropa que le franqueó el Comandante Militar para
la prisión de las mugeres que componían el tumulto no pudo verificar sino la de cinco
de ellas porque la tropa de auxilio eran los maridos de parte de las mismas”. Al igual
que había ocurrido con el motín de Agüimes de 1718, se había comprobado que las
Milicias canarias no podían actuar como ejército represivo y sí sólo con carácter
defensivo frente a un enemigo exterior. Ahora bien, el apresamiento de las cinco
mujeres hizo que se “volvieran a amotinar las mugeres, en crecido número, vestidas de
hombres y se dirigieron donde estaban presas las otras cinco, queriendo romper las
puertas si no se les entregaba las llaves, y que abriendo, en efecto, dichas puertas para
soltarlas, alzó el garrote Salvador Guriete, de aquel vecindario, y descargó un fuerte
palo a el alcalde hiriéndole en la cabeza”. Por averiguaciones del alcalde se pudo
comprobar la identidad de los participantes en este último tumulto, unos 50, de los que
31 eran mujeres. Como respuesta, hombres, mujeres y niños se dirigieron a la casa del
alcalde “le apedrearon, hirieron a dos de los hombres que le acompañaban, diciéndole
que le habían de dar fuego a dicha casa y amenazándole de muerte si practicaba alguna
diligencia”.
El clima de tensión reinante en Tejeda y Artenara provoca la alarma de la Audiencia,
quien encomienda al maltrecho alcalde de Tejeda la tarea de recibir información contra
las personas que le agredieron, la detención y envío a Las Palmas de los culpables
previo embargo de sus bienes valiéndose de la fuerza militar de otra jurisdicción. Como
el propio alcalde de Tejeda había comunicado a la Audiencia el 15 de julio de 1819, él
no era la persona apropiada para hacer la sumaria información y remitir a prisión a los
culpables pues, el 30 de junio y el 2 de julio, “se volvieron a levantar los hombres y
mugeres de aquel pueblo para hacer salir de él a Tereza de Niz, vecina de Teror, y
Manuela de Medina, que lo es de la Aldea”.
Para lograr la pacificación, la Audiencia no ve otra salida que la represión militar.
Por el Gobernador militar se contestó estarían dispuestos 180 hombres armados con los
correspondientes oficiales a fin de acompañar a Tejeda al comisionado que se nombrara.
El único inconveniente radicaba en la carencia de fondos para socorrer la tropa mientras
estuviese en armas. No obstante, las fuentes documentales consultadas no nos permiten
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XV Coloquio de Historia Canario-Americana
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comprobar si la operación se llevó a cabo o si la tranquilidad volvió a reinar por sí sola
en estos pueblos por la permanencia en prisión, al menos hasta 1823, de los detenidos.68
Tejeda, 1847
La pacificación de los lugares de Tejeda y Artenara tras los conflictos de 1817 y
1819 no supuso la desaparición de la causa que los había generado porque los vecinos y
dueños de las tierras de las zonas de cumbre no cesaron en su empeño de continuar
regándolas, aunque con ello se contravinieran los mandatos judiciales. Ello significaba
que el conflicto podía surgir en cualquier momento. Y así sucedió en 1847 cuando, “con
motivo de la restitución de las aguas del tercer remaniente llamado Piedra de Molino”,
que judicialmente se había hecho a favor del marqués de Villanueva del Prado, se
produjeron nuevos tumultos o asonadas en Tejeda desde el 20 de julio hasta el 13 de
octubre de 184769 por negarse los vecinos a dejar bajar o correr las aguas en dirección a
la Aldea y en los que la participación de la mujer vuelve a ser destacada. Cada intento
del Juzgado de Guía y de su juez don Manuel Maza por quebrar las acequias era
rechazado por los vecinos de Tejeda, y la reiterada oposición al cumplimiento de los
mandatos judiciales le obligó no sólo a seguir causa criminal contra los que resultaron
reos en estos sucesos sino también a solicitar el auxilio militar (15 de septiembre) para
poder poner en ejecución la quiebra de las aguas.
Respecto al auxilio militar, el capitán general accedió a ello ordenando (5 de octubre)
al gobernador militar de Las Palmas disponga el envío al lugar de Tejeda de unos 300
hombres del Batallón de Guía al mando de su comandante Francisco María de León
para que, poniéndose a disposición del citado juez de primera instancia del partido de
Guía, pudiese ejecutar sus providencias.70 A las siete de la mañana del martes 12 de
octubre salió la tropa desde Guía llegando a Tejeda a las doce del mediodía sin que se
produjera ninguna novedad en la marcha. La tropa fue acuartelada por compañías en
seis casas abandonadas por no considerarse conveniente hacerlo en casas de particulares
y allí permaneció hasta las seis de la mañana del día siguiente en que, por orden del
juez, pasó al paraje del Rincón donde debían cortarse las aguas. Se emprendió la marcha
tras haber dispuesto que las Compañías de tiradores al mando de su capitán Nicolás de
Aguilar y el teniente don José Jaquez “cubriera las alturas por donde debiamos
transitar”.71 No se registró novedad alguna hasta que llegaron a las inmediaciones del
paraje donde debía verificarse el corte de las aguas “que está dominado de unas
montañas muy altas y escabrosas, en las que se descubrían varios grupos de mugeres y
algunos hombres, que al parecer trataban de impedir el que se efectuase la operación”.
Siguiendo órdenes del juez de primera instancia se procedió al desalojo de aquellos
puntos, disponiendo don Francisco María de León la salida en distintas direcciones de
varias partidas de guerrilla al mando de los capitanes don José Bravo y don José María
Valdés y de los tenientes don Sebatsián de las Cuevas, don Manuel Díaz, don Antonio
Valdés y don Antonio Gabino González., previniéndoles que obrasen con el mayor “tino
y prudencia” a fin de que la tropa no pudiese ser ofendida ni tampoco causasen daño a
las personas.72 Con rapidez quedaron despejadas dichas alturas “sin que fuera preciso
disparar un fusil, sin que haya ocurrido la más pequeña desgracia, efecto sin duda del
acierto y moderación con que se condugeron dichos comandantes de las partidas, así
como de la subordinación y disiplina que en esta ocación han acreditado todas las clases
que componen esta columna”. En esta persecusión de los grupos de gentes que se
hallaban en las escabrosas montañas de dicho paraje, la tropa prendió y entregó al juez
diez mujeres, las que quedaron presas, y “que fueron las más obstinadas a pesar de que
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La participación de la mujer en la lucha por el agua…
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el capitán don José Bravo de Laguna, dejando atrás la partida de su mando, se adelantó
solo a prevenirles y aconsejarles se retiraran de aquellos puntos, como lo había hecho el
juez de 1ª instancia gritándoles de la parte de frente del mismo”. Una vez desalojado el
paraje, el Juzgado bajó al barranco y mandó practicar la operación del corte de las
aguas, “que se ejecutó sin el menor inconveniente”.73 Por disposición del juez y
mientras se realizaban las obras necesarias para asegurar dicha agua, permanecieron en
el Rincón de Tejeda dos partidas de tropa durante el día, retirándose el resto de la fuerza
a sus respectivos cuarteles a las doce del mismo día 13 de octubre.
Concluida la quiebra de las aguas, y a petición del juez, la tropa debió permanecer en
Tejeda durante unos días más para dar tiempo a concluir las causas criminales que
estaba formando con la aprehensión y embargo de bienes de los que resultaren reos.74
Además de las diez mujeres apresadas en la mañana del día 13, un grupo de la tropa
compuesto por un sargento, un cabo y 30 soldados detuvo durante la noche de ese día
quince reos, entre hombres y mujeres, repitiéndose la misma operación la noche del día
17 en que resultaron detenidas cinco mujeres.75 Ese mismo día, el juez había recibido
órdenes del capitán general para preparar el regreso de la tropa a Guía, fijándose la
partida para la madrugada del día 20,76 para lo que el comandante León debía tener
“dispuesta suficiente tropa a quien entregar bajo su responsabilidad los cincuenta o más
presos que se hallan detenidos y en formal prisión”.77 A la nueve y cuarto de la mañana
del citado día 20 abandonó Tejeda el juez Maza y con él la columna auxiliar al mando
del comandante Francisco María de León custodiando 43 presos de ambos sexos. A las
cuatro y media de la tarde llegaron a Guía sin que se verificase durante la marcha
novedad alguna.78
Para sustanciar la causa criminal en el Juzgado de Guía aún fue necesario proceder a
la captura de unos 23 reos que no pudieron ser hallados mientras la tropa permaneció
Tejeda y que fueron declarados prófugos.79 En total fueron juzgados 68 vecinos de
Tejeda y los herederos de otros cinco responsables civilmente. Por auto de 7 de
noviembre de 1849, confirmado por la Audiencia el 14 de marzo de 1850, se les
condenó al pago de las costas y con el embargo de los bienes.80
CONCLUSIONES
El origen de los conflictos que tienen el agua como motivo se encuentra en la
usurpación y aprovechamiento de la misma, adjudicada tras la conquista de Gran
Canaria a las tierras de costa, en las zonas de medianías y cumbres por los vecinos y
dueños de las tierras altas convencidos de que su causa era justa. El acto de la quiebra
de las acequias por parte de los alcaldes de agua o comisionados de la Audiencia para
permitir que el agua descienda hasta la costa desencadena el conflicto. Éste se mantiene
activo como consecuencia de la formación de diligencias para conocer los instigadores o
porque se insista en la pretensión de quebrar las acequias.
Se trata de conflictos de tipo vertical iniciados por la masa de vecinos de un lugar
contra un elemento foráneo, política o económicamente más fuerte: un alcalde de aguas,
un comisionado de la Audiencia, un propietario, etc. Tienen un carácter local y rural.
Carecen de una acción común y por tratarse de acciones aisladas que nunca sobrepasan
el marco local no llegan a constituir un movimiento generalizado de carácter agrario. El
número de amotinados no suele ser muy alto como tampoco lo era la población de los
lugares y pagos donde se desarrollaba el tumulto.
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XV Coloquio de Historia Canario-Americana
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Se convocan mediante el toque de caracoles. El armamento utilizado es bastante
rústico: garrotes, aguijadas, azadas, cañas, piedras o peñones, etc. Al igual que el
caracol para las convocatorias, el garrote se convirtió en el santo y seña de los
amotinados y de los isleños, en general, porque como representa al rey el corregidor de
Gran Canaria (Ayerbe y Aragón) en agosto de 1770, oponiéndose a la extensión del
fuero al conjunto de las Milicias canarias porque éstas no tienen “exercicio de las armas
ni tiran sueldo alguno, ya que desde la conquista no han usado los canarios de otra arma
que la del garrote, que manejan con conocida utilidad y así han defendido sus casas y
haciendas, haciendo retroceder a enemigos en las ocasiones presentadas”. Con ello no
hacía sino corroborar lo que en 1752 había señalado la Audiencia sobre lo innecesario
que resultaba el envío de tropas a las islas para su defensa porque debido a que buena
parte del territorio insular se compone de “elevadas e ina(c)cesibles rocas resulta que
son muchícimos los parajes en que quatro hombres armados solo con sus garrotes son
capazes de detener el orgullo de dos o más compañías de soldados, sin que se atreua a
pasar alguno que no quede a sus manos muerto o despeñado”.81 La rusticidad del
armamento utilizado explica el que la violencia sea escasa: sólo algún herido en Teror
en 1734, que se tradujo en muerte por la mala curación de sus heridas, o en Tejeda en
1819.
Pero quizás su mejor arma era la algarabía que formaban, por ejemplo en la
persecución de los alcaldes de agua. En Guía (1751) las mujeres les gritaban
“aguardasen que irían auajo (al pueblo de Guía) sin caps y sin ropón”; en la Vega
(1797), las mujeres de San Mateo les persiguieron hasta la Plaza del Madroñal gritando
“¡ha fuera hijos del diablo!, ¡Viva España y muera el mal gobierno!, ¡Muera la gente de
la Vega de abajo!, ¡Venga toda la justicia que no derribaremos el agua ni iremos
presos!, etc”.
A diferencia de otros tumultos que tienen como escenario la noche, los aquí
considerados se producen durante el día y también a fines de la primavera y en el
verano, es decir, cuando el agua empieza a escasear y era más necesaria no sólo para el
riego sino también para beber. El terreno agreste y escarpado en el que se desarrollan,
unido a que la acción que los motiva, la quiebra de las acequias, se lleva a cabo durante
el día, explica su carácter diurno.
Es este carácter el que, en nuestra opinión, explica la participación de la mujer en
estos tumultos, aunque los hombres se mantengan a la vista de escolta, lo que no
resultaba extraño puesto que en ocasiones eran ellos mismos los que las convocaban
tocando los caracoles. Además, el desarrollo del tumulto en las inmediaciones de sus
casas, a diferencia de otros en los que hay que recorrer largas distancias para llegar al
centro del pueblo, facilitaba su concurrencia, sobre todo cuando la visita de los alcaldes
a las acequias se producía por sorpresa y los hombres se encontraban ocupados en tareas
agrícolas lejos de sus hogares. El poderse situar en parajes altos para desde allí
entorpecer la labor de los alcaldes con piedras o gritos también facilitaba su presencia
porque las distancia les daba cierta protección no tanto para evitar ser agredidas cuanto
para tratar de no ser reconocidas sin que los testigos que participan en la sumaria, si se
hace, puedan dar sus nombres. En ocasiones, casos de Artenara y Tejeda en 1817, 1819
y 1847, su participación viene determinada por el hecho de que sus maridos estén en
prisión o estén movilizados como milicianos, bien tratando de detener a los
participantes o alejados del lugar para evitar que les presten apoyo. Cuando el alcalde de
Tejeda practicaba el 20 de junio de 1819 la sumaria de un tumulto ocurrido con
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La participación de la mujer en la lucha por el agua…
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anterioridad y las mujeres le exigieron la entrega de las diligencias, tan sólo pudo
detener a cinco mujeres porque la tropa de auxilio eran los maridos de parte de las
mismas. En 1847, en cambio, la compañía de Milicias de Tejeda fue acantonada en
Guía durante los días que duró la diligencia de quiebra de las acequias para impedir el
apoyo a los amotinados.
Pero la principal razón de la movilización de la mujer reside en el valor social del
agua. La necesidad de usar el agua para regar pequeños huertos en los que poder realizar
algunos cultivos que les permitiesen satisfacer sus necesidades alimenticias, aparece
como razón última de la movilización de viudas, ancianas y mujeres cuya actividad
principal está en el telar y en las tareas agrícolas.
Precisar, por último, si en la movilización de las mujeres existió una
instrumentalización por parte de los hombres, no es fácil. En el supuesto de que así
fuere, esa instrumentalización no excede de la que sufrieron otros hombres incultos y
agobiados por la necesidad y el hambre. En cualquier caso, la lucha no fue infructuosa;
a partir de las primeras décadas del siglo XIX los dueños de las tierras donde nacían
algunos manantiales de agua comenzaron a obtener sentencias favorables para
invertirlas en ellas (Valequillo) o bien lograron adquirir la propiedad de las aguas
diurnas que tenían arrendadas (Teror, 1867).
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XV Coloquio de Historia Canario-Americana
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NOTAS
1 IGLESIAS ESTEPA. R.: “La conflictividad sorda. Un estudio sobre la criminalidad a finales del
Antiguo Régimen”, en Obradoiro de Historia Moderna, n° 10, 2001, Universidad de Santiago de
Compostela, p.247.
2 Entre la bibliografía que se ocupa de este tipo de conflictos tenemos: ALVAREZ RIXO, J.: Cuadro
histórico de las Islas Canarias de 1808 a 1812. Las Palmas de Gran Canaria, 1955. ARBELO
GARCÍA, A.: “Contribución al estudio de la conflictividad social en Tenerife: El motín de Güímar
de 1810”, en VII Coloquio de Historia Canario-Americana. Tomo I, Las Palmas, 1990,
pp. 559-596. “Agua y conflictividad social en Tenerife a fines del Antiguo Régimen: el motín de
Guía de Isora en 1805”, en Homenaje a Antonio Bethencourt Massieu, Tomo I, pp. 119-138.
BETHENCOURT MASSIEU, A.: El motín de Agüimes. Agüimes, 1989. “La asonada de la
“pobrera” de Lanzarote en 1789. Reflexiones socio-políticas”, en AEA, nº 34. Madrid-Las Palmas,
1988, pp. 445-476. DARIAS PADRON, D.V.: Noticias generales históricas sobre la isla del
Hierro. Una de las Canarias. Sta. Cruz de Tenerife, 1980. DE LEÓN, F.M.: Historia de las Islas
Canarias. 1776-1868. Madrid, 1977. HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M. y ARBELO GARCÍA, A.:
Revolución liberal y conflictos sociales en el Valle de la Orotava, 1808-1823. Puerto de la Cruz,
1984. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, G.: “La aportación de la isla de la Gomera al poblamiento de
La Luisiana, 1777-78”, en IV Coloquio de Historia Canario-Americana. Tomo II, Salamanca,
1982, pp. 226-248. MACÍAS HERNÁNDEZ, A.: “El motín de 1777 en Gran Canaria”, en AEA, nº
23, Madrid-Las Palmas, 1977, pp. 263-345. MILLARES CANTERO, A.: “Motines de agua
grancanarios durante el Antiguo Régimen. Bosquejo de una conflictividad indígena”, en Serta
Gratulatoria In Honorem Juan Régulo. Vol. III, Salamanca, 1988, pp. 581-603. NÚÑEZ
PESTANO, J.R.: “La propiedad concejil en Tenerife durante el Antiguo Régimen. El papel de una
institución económica en los procesos de cambio social”. Tesis inédita. Universidad de La Laguna,
noviembre 1989. ROSA OLIVERA, L. de la: “Un chaznero corregidor en Venezuela”. El siglo de
la Conquista, Sta. Cruz de Tenerife, 1978. “La pequeña historia”. Homenaje a don Elías Serra
Rafols. La Laguna, 1970, Tomo II, pp. 321-344. La Orotava hasta 1650. Sta. Cruz de Tenerife,
1977. SANTANA GODOY, J. R.: “Crisis económica y conflictos sociales en Canarias
(1660-1740)”, en Historia General de las Islas Canarias. Las Palmas de Gran Canaria, Tomo IV,
1967, pp. 194-200. “1720: Motines en Lanzarote y Fuerteventura”, en I Jornadas de Historia de
Fuerteventura y Lanzarote. Sta. Cruz de Tenerife, Tomo I, 1987, pp. 91-120. SUÁREZ GRIMÓN,
V.: La propiedad pública, vinculada y eclesiástica en Gran Canaria en la crisis del Antiguo
Régimen. Tomo I, Madrid, 1987. “La Montaña de Doramas y la conflictividad social en Gran
Canaria en el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen”, en VII Coloquio de Historia
Canario-Americana. Tomo I, Las Palmas, 1990, pp. 536-558. “El agua como motivo de la
conflictividad social en Gran Canaria, siglos XVIII-XIX”, en VIII Coloquio de Historia
Canario-Americana (1988). Las Palmas. SUÁREZ MORENO, F.: El pleito de la Aldea: 300 años de
lucha por la propiedad de la tierra. Sta. Cruz de Tenerife, 1989. VIERA Y CLAVIJO, J.: Noticias de
la Historia General de las Islas Canarias. Tomos I y II. Sta. Cruz de Tenerife, 1971.
3 BETHENCOURT MASSIEU, A.: “La asonada de “pobrera” de Lanzarote en 1789...
4 El fiscal de la Audiencia de Canarias señalaba para una época tardía como 1819, en relación a la
disputa entre Valsequillo y la la heredad de la Vega Mayor de Telde, que el robo mayor que se
puede hacer en esta isla (Gran Canaria) es el de las aguas, como que son un tesoro para ella y
como que sin dichas aguas es presiso que se desamparen y queden desiertos los principales pueblos
de la isla. AHPLP Sala de la Real Audiencia. Documento signatura: 7.010, año 1824.
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La participación de la mujer en la lucha por el agua…
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5 Es lo que ocurre en Güimar (Tenerife) en 1810 donde el conflicto en torno al aprovechamiento de
las tierras y aguas del Heredamiento de dicho pueblo acaba estallando como consecuencia de las
anomalías habidas en las elecciones de empleos públicos correspondientes a ese año. El mismo año
ocurre algo parecido en La Orotava donde la lucha contra la apropiación por parte de los poderosos
de las dehesas concejiles se entremezcla con un sentimiento antifrancés. ARBELO GARCÍA, A.:
“Contribución al estudio de la conflictividad social en Tenerife...”
6 Como tales pueden ser considerados los que tienen lugar en Gáldar en 1751 o en Guía en 1820 por
un problema de jurisdicción fruto del enfrentamiento histórico entre ambos pueblos, así como los que
en 1814, 1822 y 1823 protagonizan los pueblos de Teror, Arucas y Firgas contra los de Guía y
Moya por los repartos y roturaciones que se estaban realizando en la Montaña de Doramas.
SUÁREZ GRIMÓN, V.: La propiedad pública, vinculada y eclesiástica en Gran Canaria... Tomo
I, pp. 461-529.
7 AHN Consejos, leg. 296, exp. 9, año 1751.
8 AHN Consejos, leg. 296, exp. 9, año 1751.
9 Estudiado por ARBELO GARCÍA, A: Agua y conflictividad social en Tenerife...
10 En este último, las fuentes nos han dejado constancia que, cuando los alcaldes de aguas procedían a
quebrar las acequias en Teror el 3 de agosto de 1750, un cabo de escuadra avisó y convocó en el
espacio de una hora más de cien hombres y cuando se les expulsa de lugar el número de amotinados se
había elevado a quinientos sin hacer distinción de género.
11 AHN Consejos, leg. 296, exp. 9, año 1751, f. 24 r.
12 El corregidor Núñez de Arce confirma que el tumulto lo habían causado “diferentes mugeres del
pago de la Hoya de Pineda, no permitiendo éstas, con la proctesión de sus maridos y de otras
personas de aquellos parages, que los dichos alcaldes justificasen los exsesos que contra el común
de las aguas auían cometido”. Ibídem, f. 3 r.-v.
13 Ibídem, f. 3 r.-v, 33 r.-v. y 37 r.-39 v.
14 Ibídem, f. 69 v. En ese tiempo parece eran cinco los molinos existentes.
15 El levantamiento del 5 de julio se intentó reproducir por segunda vez el 8 de julio pues, según los
testigos de la sumaria, entre las nueve y las diez de la noche salió de su casa Francisco García,
mulato y molinero, con su mujer “cada uno con un caracol a consitar y sublebar segunda vez la
gente del campo”. La noticia de este segundo levantamiento suscitó el que la villa de Gáldar se
sublevara en defensa del corregidor Núñez de Arce. Sin embargo, tanto Isabel Moreno como su
marido Francisco García, alegarán que esa fue la respuesta que dio su hijo, mientras ellos dormían,
cuando Juan de Armas fue a buscarles al molino para que se convocase a la gente del campo para ir
a Guía a expulsar al corregidor. Tanto uno como otro sí que fueron a Guía la noche del tumulto del
5 de julio después que en los Lomos de Vergara se tocara un coracol poco después de las Ánimas y
que a media noche oyeran que desde los Riscos de Terior le gritaran: “a so Francisco García, abajo,
abajo” (a Guía).
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16 Cita lo sucedido en Tejeda en 1743, siendo él quien pasó a reducir a los sublevados, trajo preso al
motor “que fue cabeza de aquella inquietud” y que la Audiencia les diese el castigo correspondiente.
Ibídem, f. 69 r.
17 Por carta de don Fernando, su hermano tuvo conocimiento de que Núñez de Arce le estaba
imputando, y también a Alonso Mújica, Juan Acedo y al alcalde de Guía don Isidro de Aguilar, el
ser los motores de todo lo ocurrido en Guía. Tal imputación, según declara don Cristóbal
Montesdeoca, se vio como un influjo de los de Gáldar y de la “familia” que acompañaba al
corregidor. Ibídem, f. 80 r.
18 Ibídem, f. 33 r.-v.
19 MILLARES CANTERO, A.: Op. cit., p. 597.
20 AHPLP Sala de la Real Audiencia. Documento signatura: I-476, año 1780. A resultas de estos
sucesos,el alcalde mayor de la isla decretó la prisión de Marcos Ramos el mozo y Andrés de Armas,
vecinos del Hornillo, si bien solo el último fue llevado a la cárcel de Las Palmas para ser liberado
bajo fianza a los pocos días por razones de salud.
21 El alcalde de Artenara no permitió que lo hiciera la tropa perteneciente a la partida de la Habana y
lo mismo hizo el sargento Saldaña, en cuya puerta y sobre una cueva de vivienda, según declaración
de los alguaciles, “se hallaua el referido tumulto de mugeres”.
22 Éstos eran José Rodríguez y su mujer Josefa de Medina Alemán, Catalina de las Mercedes, Juana de
Medina Melián, José Rodríguez y su mujer Juana de Medina, Fulana Suárez y Marcos Ramos. Los
que gozaban fuero militar eran Juan Nicolás García y su mujer María Perera, Antonio Díaz Melián,
Matías de Medina y su mujer Catalina del Toro.
23 Ibídem.
24 El acusado Bernardo Peñate declaró que todas se confabularon diciendo que el año les havían
quitado el agua a sus maridos y havían padecido hambre y no havían de ser así este año. Ibídem, f.
33 v.
25 El acusado Juan Magas declaró que en los últimos días de mayo “se formaron conversaciones sobre
sugetar el agua con el fin de sequestrar o depositar el producto de ella hasta ver si les salía el pleito,
como lo havían hecho en Tirajana y Teror, con buen éxito, sin ánimo de defraudar a los dueños de
su dinero”. Ibídem, f. 26 v.
26 Declaración del acusado Francisco Vizcaino, vecino de San Mateo. AHN Consejos, leg. 2.159, exp.
20, año 1797, f. 20 r.
27 Francisco Romero, Cristóbal Monzón, Juan Monzón, José Marrero y Francisco Gil, yerno de José
Marrero el de la Palma. A estos nombres añade los de Juan de Ojeda, Francisco Ojeda, Bernardo
Peñate, Juan Hermenegildo, Pedro Batista, José de Quintana (del Chorrillo), Cristóbal Magas (de
Las Palmas), Antonio el del Hoyo y Antonio Rodríguez. Ibídem, fs. 25 r. y 27 r.
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La participación de la mujer en la lucha por el agua…
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28 Ibídem, f. 1 v. Los alcaldes de aguas José Rodríguez y Francisco Falcón acudieron a hacer su
trabajo con el repartidor Pedro Peñate, cuatro testigos (Mateo Ramírez, Agustín Pérez, José
González y no sabían firmar), y el fiel de fechos de la Vega Antonio José Peñate.
29 El acusado Ignacio Pérez declaró que, aunque el “aliñamiento” de la acequia se realizaba todos los
años, no se hacía precisamente en el día que se quebraban las aguas ni con tanta gente como la que
congregó en esta ocasión; otros acusados como Francisco Gil Navarro dijo que en otras ocasiones
no acudía nadie y que los alcaldes tenían que recurrir a algunos vecinos inmediatos que les sirvieran
de testigo a la hora de quebrar las aguas. Ibídem, f. 28 r. y 29 v.
30 Según los testigos, los primeros que levantaron el grito fueron Francisco Romero y Agustín
Gutiérrez, siguiéndoles Cristóbal y Juan Monzón, Juan Martel, José Ojeda el menor, Pedro Ojeda,
Cristóbal y Francisco Gil, José Ojeda Palomo, José Pérez el indiano, José Marrero, Antonio del
Hoyo, José Almeida, don Francisco Navarro, Bernardo Peñate. El repartidor añadió los nombres de
don Pedro Ayala e Ignacio Pérez. Según los acusados el grito lo dieron estando todos con los
sombreros en la mano.
31 El testigo Agustín Pérez declaró que cuando el repartidor quiso quebrar las aguas “le vio modo a el
Agustín Gutiérrez con la hazada terciada para darle a el repartidor si prosigue segunda voz a quebrar
las aguas, ha que se contubieron porque no se ofreciera una desgracia”. José González dice que el
temor a la desgracia “se vio en los modales y ademanes que vio en la gente porque tenían la color
transparente”. El repartidor Pedro Peñate declaró que Agustín Gutiérrez estaba en la torna al tiempo
que iba a quebrar el agua y que, si hubiera proseguido, “allí le huviera dejado por muerto porque
estaban dando a conocer el atentado que querían ejecutar”. El acusado Bernardo Peñate calificó a
A. Gutiérrez “como hombre pobre, sin saber quien lo mantenía”. Ibídem, f 2 v.-3 r. y 33 v. Los
acusados, sin embargo, insisten en que los congregados, después de terminar de aliñar la acequia
hacia la parte del pueblo, quedando aún pediente la parte hacía el naciente de la fuente, tiraron
azadas y palos al suelo y esperaron sentados la llegada de los alcaldes, recibiéndoles de pie y con “el
sombrero en la mano”.
32 El acusado Juan Martel Magas, vecino de San Mateo, declaró que el oficial de molino Francisco
Díaz “atalayaba” desde un cerro o alto situado debajo de la iglesia de San Mateo y cuando subía
alguien extraño desde la ciudad tocaba un caracol, lo mismo que Agustín Gutiérrez desde el sitio
denominado la Madre de la Higuera. Ibídem, f. 25 v. En general, los acusados declaran que fueron
las mujeres las que por dos veces impidieron a los alcaldes quebrar las aguas y también a los
propios vecinos pues, habiendo ído de Las Palmas los que seguían el pleito (Juan y Cristóbal
Monzón, Francisco Romero, Antonio Rodríguez y Francisco y Cristóbal Gil) diciendo que llevaban
orden de apaciguar las mujeres para que los alcaldes pudiesen quebrar las aguas, “fueron
perseguidos por ellas, tanto que Antonio Rodríguez sacó un cuchillo amenazándolas si seguían, con
lo qual se contuvieron” (declaración de Ignacio Pérez). Ibídem, f. 28 v.
33 Después de la notificación del escribano receptor se había traslado a Las Palmas junto con Francisco
Romero para interceder ante la Audiencia acerca de las pretensiones de San Mateo, pero el tribunal
decretó se ejecutase lo mandado. Ante esta resolución, Juan Monzón se fue tras los alcaldes de agua
y Francisco Romero permaneció en la ciudad “por no tener bestia tan ligera”. Ibídem, f. 36 r.
34 Sólo reconocieron a la mujer de José Ojeda el menor, la de Miguel Cabrera, la de Domingo Reyes,
la de José Marrero y Agustina Ojeda la de Juan Marrero.
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35 Martel declaró que, en esta ocasión, se habría logrado quebrar las aguas de no haber sido por “las
mugercillas de la vaja pleve que no tenían que perder ni tampoco maridos, las quales se armaron
contra ellos y los persiguieron”. En este planteamiento insiste Francisco Gil Navarro al señalar que
con las mujeres de los que seguían el pleito se vinieron “todas las principales, quedando allí
solamente las de la pleve que no tienen que perder” como Manuela Navarro, soltera, Agustina
Mortera, mujer de Simón Marrero, Josefa Pastrana, casada con un ausente en Indias, María
Pastrana, viuda de Antonio Ramírez, vecina de Telde en la Huerta de Sardina, y otras que, “juntas
con la manada de hijas que tienen”, impidieron que se quebrase el agua y se quedaron dominando la
fuente. Ibídem, f. 25 v. y 30 r.
36 El acusado Bernardo Peñate declaró que, además de algunas de las citadas, también acudió su
mujer, las de Francisco Gil, Francisco Navarro de la Palma, Francisco Gil del Castillo, la de José
Díaz y una hija de don Gregorio Marrero. Pedro Pérez dijo que su mujer fue por allí en dos
ocasiones “acaso llevada de la curiosidad”. Ibídem, f. 27 v., 33 r. y 34 v.
37 Ibídem, f. 5 v.-8 r.
38 En su dictamen 26 de junio de 1797 el fiscal dijo en relación al pleito que, tal como se había
mandado por real orden de 10 de noviembre de 1788 para el pleito del marqués de Villanueva del
Prado y los vecinos de la Aldea, que se le diese vista de los autos que siguen sobre aguas los vecinos
de San Mateo contra los herederos del heredamiento de Satautejo. En cuanto a la criminalidad del
tumulto expuso que no hubo ni más motín “ni más tumulto ni más nada, sólo se han juntado
aquellos vecinos en las ocasiones en que se ha tratado de que los herederos de Satautejo continúen
en aprovecharse de las aguas”. No obstante, como se ha desobedecido una providencia de la
Audiencia se debía multar y apercibir a los que impidieron llevarla a cabo sin tomar en
consideración episodios tales como estar el labrador Gutiérrez con la azada en la mano cuando los
alcaldes fueron a quebrar las aguas, la curiosidad de asomarse a los “Pasitos de Muñoz” algunas
mujeres y varios hombres del campo con garrotes en la mano como es costumbre a ver la causa de
“la multitud de gentes” que iba tras los alcaldes de aguas que llevaban consigo a Marrero y a
Monzón, ni la negativa de éstos a declarar en la Plaza de San Mateo y sin preceder juramento o, por
último, el que alguna rústica mujer en la multitud dijese que ni aunque lo mandase el rey en persona
dejarían bajar las aguas. Sobre el estado en que deben quedar las aguas litigiosas, el fiscal, siguiendo
el paralelismo de lo ocurrido en el tumulto de la Aldea de 1777 por sus vecinos y los de Tejeda y
Artenara, fue del sentir que por ahora se pongan en secuestro, como litigiosas entre particulares,
hasta la decisión del pleito. Ibídem, fs. 8 r.-9 v.
39 La providencia recogía que, sin descubrir su personalidad, cualquier vecino podía denunciar ante el
tribunal y sus ministros a los autores y promovedores de la conmoción. Ibídem, fs. 9 v.-10 r.
40 Junto a la petición de auxilios, la Audiencia demanda del gobernador clarifique a partir de la
relación de nombres que le daba el escribano de Cámara Juan Reyes Cabrera cuántos de los
culpados eran “militares”. Los nombres facilitados por el comandante de la Vega eran: Francisco
Navarro, Francisco Gil, Cristóbal Gil, José Ojeda, Francisco Gil, José Marrero, Juan Monzón, Pedro
Melián, Cristóbal Monzón, Cristóbal Magas, Juan Ojeda, Francisco Ojeda, Antonio Herrera,
Francisco Ojeda el obispo, Ambrosio Barrera, Francisco Socorro, Fernando Batista, José Pantaleón
de Vega, Cristóbal Muñoz, Sebastián Rodríguez y Antonio Rodríguez. Ibídem, fs. 10 r.-12 v.
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41 El escribano receptor había partido de Las Palmas el 28 de junio a las seis menos cuarto de la tarde
y llegó a la vega y casa del alcalde Esteban Urquía a las ocho y media de la noche. Tras hacer
mansión en casa del alcalde, partió para San Mateo a las siete de la mañana del día siguiente y llegó
a dicho pago a las nueve. Ibídem, f. 11 r.
42 El primer bando, según se tenía por voz pública, lo quitaron y rompieron al volver la espalda el
receptor y el segundo no amaneció puesto. Ibídem, fs. 11 r.-12 r. y 13 r.
43 En la sumaria hecha por el alcalde de la Vega, el testigo Bartolomé de Vega negó que los hombres
se vistieran de mujeres. Ibídem, f. 13 v.
44 Ibídem, fs. 12 v.-13 r.
45 Según Mateo Ramos, testigo que acompañó a los alcaldes, “fue tanta la multitud de gente de uno y
otro sexo que no tienen número, de forma que les costó hacer fuga, de forma que no se beía el
camino de tanta gente como venían siguiéndonos hasta el Madroñal”. Ibídem, f, 15 r.
46 Según los alcaldes de aguas, del Lugarejo salió “otra multina de jente para seguir los alcaldes, que
poco más o menos de aquel barriecillo saldrían como quarenta personas entre mugeres y hombres”.
Ibídem, f. 14 v.
47 Declaración del testigo Manuel del Toro. Ibídem, f. 14 r.
48 Declaración de los testigos que acompañaron a los alcaldes Mateo Ramos y Antonio Alfonso.
Ibídem, fs. 14 v.-15 v.
49 Utiaca, Lagunetas, Cueva Grande, Camaretas, Lechucilla, Chorros y Lechuza.
50 El testigo Manuel del Toro declaró haber oído decir que “vinieron algunas cien mugeres de
Balsequillo para ayudarles hacer más tumulto”. Y José de Medina declaró haber hablado con tres
hombres de Tirajana que participaron en el tumulto y haber oído a los del tumulto que “si salen con
el agua seguirán con la de Texeda que viene a la ciudad y la de Tenteniguada que vaja ha Telde”. El
repartidor de las aguas, Pedro Peña, declaró haber oído decir a Cristóbal Magas que tenían en su
defensa más de cien mugeres de Balsequillo. Los acusados, sin embargo, negarán los contactos con
vecinos de otros pueblos y, como señala José Pérez, “si alguien se asomó a aquellos lomos tocando
caracoles, fueorn partocillos y que no pensaron en resistirse ni armarse”. Ibídem, f. 13 v.-14 r., 16 r.
y 32 r.
51 Francisco Vizcaino hace alusión a ello cuando, preguntado acerca de quien le movió a presentarse
en el tribunal arrepentido de lo que había ejecutado, declara que “no oyó a ninguno de los
sacerdotes que fueron arriva, se movió por sí, por temor de Dios y amor a la justicia, a hir a quebrar
las aguas acompañado de Ignacio Pérez y Sebastián Socorro, lo que executaron sin que nadie se lo
estorbase”. Lo mismo dice José Almeida o José Martel (hermano del procurador Martel). José Pérez
rebaja el número de milicianos a 15. Ibídem, 20 v. y 24 r.
52 Declaración de Bernardo Peñate, vecino de San Mateo.
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53 El acusado Juan Martel declaró que desde la primera vez que fue el escribano receptor a San Mateo
se habrían quebrado las aguas “si hubiera consistido en los hombres y no en las mugeres”. Ibídem, f.
26 r.
54 Declaración de José Almeida, vecino de San Mateo. La elección de estos tres vecinos se debió a que
el primero tenía que llevar su yegua, el segundo por no haber traído qué comer y al tercero le
precisaba dar una vuelta a su casa y sus hijas, además de ser el primero y tercero personas de
“representación”. Ibídem, f. 24 r.-v. Ignacio Pérez declaró que lo hicieron después de convencer a
las “pocas mujeres pobres” que allí estaban que era preciso hacerlo para no perderse. Ibídem, f. 29 r.
55 Los que se presentaron y fueron detenidos eran Francisco Monzón Granado, Ignacio Pérez,
Francisco Gil Navarro, José Pérez, Pedro Ojeda (Bodeguilla), Juan Martel, Francisco Romero,
Francisco Vizcaino y José Almeida y Montesdeoca, vecinos de San Mateo y Madroñal. En sus
testificaciones dijeron que sólo se presentaron nueve porque “a la sazón no se hallaban en la ciudad
en mayor número de los que no son militares, pues de éstos hai otros que se han presentado al
Gobierno de las Armas, y han ido bajando uno ahora otro luego y los demás están en sus
recolecciones, prontos a vajar”. El día 11 se presentó Bernardo Peñate que no lo hizo el día anterior
“por cierta desazón que sufrí”. Ibídem, f. 37 r.
56 AHPLP Sala de la Real Audiencia. Libro de Decretos n° 9, año 1804, f. 277. Los apercibidos,
además de los dos citados, eran Francisco Romero, Agustín Gutiérrez, Cristóbal Monzón, Juan
Monzón, Juan Martel, José Ojeda el menor, Pedro Ojeda, Cristóbal y Francisco Gil, José Ojeda
Palomo, José Pérez el indiano, José Marrero, Antonio del Hoyo, José Ojeda, don Francisco Navarro,
Bernardo Peñate, don Pedro Ayala, Ignacio Pérez, Francisco monzón Granado y Francisco
Vizcaino.
57 Estando en el Saucillo, preguntaron a Antonio Mercedes y Cayetano de Silva el menor por los
dueños de aquellos plantados de millo y obtuvieron por respuesta que “no se admirasen de aquello
porque allí, y otros parages, todos regaban respecto a que les bendían el millo caro, y que ellos
también querían coger alguna piña. Por más que insistían, no obtenían más respuesta que eran
muchos”. AHN Consejos, leg. 2.159, exp. 20, pieza 5.
58 Juan Antonio Armas, testigo de la sumaria, declaró que los alcaldes, escribano y alguacil estaban en
ese momento en el Barranquillo del Saucillo comiendo pan y rapaduras. Unos testigos declararán
que no había mujeres, otros dirán que fueron convocadas por Cayetano Silva (mandó a buscar con
su hija un caracol a casa de José Felipe en el Alamillo) y Antoniol Silva, y otros que fueron las del
pago de las Rosas y éstos que acudieron a la llamada de Francisca Pérez, mujer de Cayetano de
Silva, creyendo había sucedido lo mismo de dían anteriores de incediarse “el panasco del lomo
inmediato”.
59 El objetivo era perseguirlos hasta el Lomo del Poleo. La rea María Melchora declaró que, a
instancias de Antonio Mercedes, comenzaron a gritar y tratar a los alcaldes de “pendejos de mierda,
que fuera sombreros de picos y fuera tres guebos... y que si querían el agua puciesen el millo
barato”. Ibídem, f. 19 r.
60 Ibídem.
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61 Las mujeres fueron las mismas que resultados apresadas, y después liberadas, así como las otras tres
que resultaron reas. Los hombres multados fueron Pablo Díaz, Cayetano de Santa María, Juan
Santiago, José Aguiar, Andrés Díaz y Francisco Díaz. Ibídem, f. 35 v.
62 AHPLP Sala de la Real Audiencia. Documento signatura: I-12.564, año 1809, f. 20 v.
63 El alcalde Salvador Martel se encontraba el 24 de diciembre de 1817 en el cuartel de Matas, en cuyo
día salió como fiador Miguel Jiménez, vecino de Valsequillo.
64 Además del alcalde Salvador Martel fueron apresados Feliciano Hernández Mateo, Antonio Mayor,
José Ramírez, Salvador Sánchez, Francisco Sánchez Montesdeoca, Juan y Cristóbal Montesdeoca,
hermanos, a los que por gozar fuero militar se les detuvo en el cuartel de los Reyes.
65 José Jorge y Juan A. Rodríguez.
66 AHPLP Sala de la Real Audiencia. Documento signatura 16.425, año 1818, s. f. Los
entrecomillados siguientes corresponden a la misma signatura.
67 El embargo no pudo llevarse a cabo “por impedírselo el tumulto que formaron aquellos vecinos y,
entre ellos, Manuel Benítez, que estropearon al alguacil e hicieron que se retirase sin efectuar el
embargo”.
68 AHPLP Protocolos notariales. Escribano. Oramas, leg. 2.90, año 1823, f. 289 v.
69 Estas son las fechas que da el propio juez Manuel Maza cuando el 21 de octubre de 1847comunica
al sargento mayor del Batallón de Guía haber recibido al reo Juan Bernardo de León consecuente
con la causa que está instruyendo sobre “averiguación de las asonadas que han tenido lugar en el
pueblo de Tegeda desde el veinte de julio último al trece del corriente”. Los tumultos parece
tuvieron lugar los días 20 de julio, 1 de agosto y 13 de octube de 1847.
70 La Compañía de Tejeda también sería movilizada, si bien mientras durase la operación
permanecería acantonada en Guía haciendo operación por la mañana y por la tarde a las órdenes del
sargento mayor hasta el regreso de los 300 hombres. Se trataba de evitar que ningún individuo de la
compañía se ocupara en las operaciones de auxilio para que apoyasen a sus convecinos. Para los
sueldos de la tropa y oficiales que debían movilizarse se giraron al sargento mayor 8.000 reales por
el intendente y habilitado de los cuerpos provinciales.
71 Para esta operación, el juez había requerido la presencia y acompañamiento de “el todo de la fuerza
auxiliar, enviándose previamente una banguardia de cien hombres que coronen las imponentes y
altas eminencias que dominan el tráncito de Tegeda al Rincón donde ha de tener efecto el referido
corte”.
72 Interrogado el juez por don Francisco María de León acerca de cómo de debía actuar si se
presentaban grupos a impedir la diligencia y tras hacer fuego al aire intimidatorio, contestó que el
objetivo del juzgado era evitar cualquier exceso que tumultuariamente pudieran verificar los
habitantes de Tejeda, recomendando para ello "que lleven el sello de la más esquicita prudencia y de
la más tolerada unanimidad en caso de ser embarazado en la aplicación del procedimiento y a la
práctica del corte de las aguas y demás operaciones que hoy se van a verificar”. A lo que añadió que
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creía que la ilustración de Francisco M. de León para hacer uso de la fuerza “se atemperará a los
tiempos y a las circunstancias, a no ser que frenético en su furor este pueblo los lleve a una
oposición en que la jurisdicción real se vea atacada y maltratada la tropa que le auxilia”. En suma, el
juez recomienda a León que, antes que todo y por los medios a su alcance, evite “el rompimiento
del fuego adoptando las dispociciones necesarias ya para prender a los que hagan recistencia ora de
los que intenten la livertad de los aprendidos”.
73 Así lo manifiesta don Francisco María de León al capitán general y al gobernador de la isla en
cartas del mismo día 13 de octubre, insistiendo en que la ni la tropa ni las personas del pueblo que
se hallaban en las alturas habían sufrido el más ligero daño.
74 El embargo se efectuó el 17 de octubre por el alguacil del Juzgado en compañía de cuatro soldados
y un cabo.
75 La tropa franca de servicio tuvo, en el tiempo que permaneció en Tejeda, dos horas de ejercicio por
la mañana y otras dos por la tarde, notándose, en palabras de su comandante, considerables
adelantos en su instrucción.
76 El motivo del regreso no era otro que los cuantiosos costes que suponía tener la tropa en Tejeda
dado que se estaba dando a los soldados en concepto de prest, incluso el aumento de la sexta parte, 2
reales vellón y 2 maravedíes diarios, lo que no alcanzaba por la carestía de los artículos de primera
necesidad y no poderse proporcionar los ranchos por falta de calderos, estando muchos endeudados
con sus oficiales. A todo ello se une el destrozo de ropa y zapatos por los penosos servicios
prestados en los ásperos terrenos volcánicos, dormir en el suelo y sin abrigo, y por no ser prudente,
ni aun posible, alojarles en casas particulares se hallaban acuartelados por compañías en seis casas
desocupadas y desprovistas de toda clase de muebles. El comandante León pidió (15 de octubre)
que debían gozar el plus de reglamento, que no juzgó oportuno percibir del comisionado del
marqués, que parece estaba dispuesto a suministrarlo como en otras ocasiones, sin consultarlo antes
por no saber si debían ser de cuenta de la Hacienda o del marqués, siendo poco lo de un real de
vellón.
77 El comandante León manifestó al juez tener 150 hombres preparados para el traslado de los presos.
78 Para economizar gastos a la Tesorería y persuadido de que la tropa deseaba llegar pronto a sus
casas, el comandante Francisco María de León dispuso a aquella hora pasar la revista de comisario y
que se retirasen a sus respectivos destinos. La tropa había estado en armas durante 10 días, sin que
produjera ningún acto de indisciplina y bajo el mando de 11 oficiales, haciéndoseles como única
prevención que al llegar a Tejeda no tocasen nada de las casas y propiedades, llevando buena
armonía con los vecinos. Tampoco se registró desgracia alguna. Al llegar a Guía también revistó la
Compañía de Tejeda que había quedado en la villa recibiendo la instrucción que les diera el
sargento mayor. Habiendo observado, asimismo, “muchos adelantos tanto en el manejo del arma
como en las marchas”.
79 El juez Maza, al objeto de averiguar si en la Compañía de Tejeda acantonada en Guía se encontraba
alguno de ellos, envió al sargento mayor (20 de octubre de 1847) una lista de los prófugos de la
causa integrada por Manuel del Rosario, Francisco Melián, Vicente Navarro, Juan de Sosa, Jose
Sebastián García, Juan Bernardo de León, José Nieves, Juan Mayor, Juan de Almeida, Blas
Trenzado, Juan Marrero Domínguez, Matías Melián, Lucas Lorenzo, Francisco Hernández,
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Francisco Nicolás Suárez, Juan Salvador de Sosa, Juan Domíngez Marrero, Antonio María Marrero,
Agustín Melián, don José Antonio Hernández, Antonio de Sosa, Antonio de Sosa, hijo, y Juan José
Melián. Según comunicación del juez de Guía (21 de octubre) al sargento mayor del Batallón sólo
se localizó y recibió en el Juzgado al reo Juan Bernardo de León.
80 AHPLP Protocolos notariales. Escribano: José Hernández González, leg. 3.235, año 1857, f. 115.
81 AHN Consejos, leg. 5.408, exp. 21 y leg. 296, exp. 9.
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