Identidades locales y globalización

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IDENTIDADES LOCALES Y GLOBALIZACIÓN
Domingo Garí Hayek
Los tres niveles de poder institucional básicos que conviven en el modelo de integración
europeo son: las instituciones de la Unión, los aparatos institucionales de los Estados
miembros y, finalmente, las instituciones subestatales de cada uno de ellos, que en algunos
casos son definidos como naciones sin estado y en otras como regiones o simples
demarcaciones administrativas de menor escala. Además, existen en todos, los niveles
municipales o provinciales dentro de las escalas institucionales.
Ahora bien, aquí sólo vamos a hablar de las tres primeras instancias, teniendo en cuenta,
asimismo, que de la última hablaremos sólo en tanto nacionalidad sin estado, obviando de esta
forma los problemas relacionados con lo que comúnmente se denomina regiones, aunque en
la práctica puedan encontrarse con los mismos problemas que las naciones sin estado. Pero
como el discurso que aquí se plantea no está interesado en los aspectos administrativos de los
problemas de integración, sino en las alternativas de poder emanadas o enfrentadas a ella, sólo
nos limitaremos a tener en cuenta los casos que plantean una revisión “soberanista” de las
escalas de poder con argumentos democratizadores y alternativos, o, en su caso, que se
oponen a la estructuración de un macro-estado por arriba, en detrimento de la participación
democrática por abajo.
Con relativa facilidad y creo que de forma errónea se han postulado los argumentos
siguientes: 1- La concentración de poder en instancias supraestatales exige una revisión de las
competencias políticas de los Estados-nación y de las nacionalidades que los conforman, en la
línea de disminuir al Estado y fortalecer a las nacionalidades como instituciones de soberanía
compartida con las emanadas del nivel de la Unión Europea. En síntesis, el proceso de Unión
Europea tiende a debilitar a los Estados y a fortalecer a las nacionalidades, convirtiendo a
aquél en un intermediario molesto entre éstas y la Unión. 2- Todo ello, además, garantiza más
democracia.
Estos dos argumentos son los que vamos a tratar en este capítulo, y por lo tanto las
cuestiones sobre las que giraremos serán: 1- ¿En qué medida debilita, si es que lo hace, el
proceso de integración a los Estados que componen la Unión? 2- ¿El auge de las
nacionalidades refuerza las tendencias democráticas, o por contra se limitan a copiar los
niveles de verticalidad del poder de los Estados liberales? ¿En el caso de que esto último
fuese así, habría posibilidades de que no lo fuese? ¿Es más fácil democratizar en el ámbito de
la nacionalidad que en el del Estado? Estas dos últimas preguntas son epígonos retóricos de la
anterior, que es en realidad la que acapara el meollo de la cuestión.
LA RELACIÓN ESTADO-NACIÓN UNIÓN EUROPEA
Soy consciente de los problemas que plantea una cuestión de este calado, sobre todo
teniendo en cuenta que el rompecabezas de la globalización no está sólo determinado por las
transferencias institucionales en las escalas de poder, en este caso de la Unión Europea, sino
que además habría que incorporar al análisis la cuestión de la centralidad del capital
transnacional y de la economía informacional en el proceso de la globalización. Pero como
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con esta ruta navegaríamos por otros mares, aquí nos vamos a centrar en describir las
relaciones de poder establecidas entre los marcos institucionales de la Unión y el de los
Estados-nación, sin olvidar, por supuesto, que muchas de las políticas económicas, militares o
de otra índole ejecutadas por la Unión están a su vez sobredeterminadas por el capital
multinacional informatizado.
La Comunidad Europea comenzó siendo un acuerdo interaduanero para determinados
productos después de la Segunda Guerra Mundial. La rapidez con la que se recomponen las
relaciones entre los Estados en Europa occidental, después de estar enfrascados en una
cruenta guerra de cinco años sólo es explicable por la imperiosa necesidad que observa el eje
angloamericano, pero sobre todo Estados Unidos, de construir un dique en el Oeste de Europa
que haga posible llevar a término los acuerdos del tratado de Yalta. El Plan Marshall, la
presencia de los tropas norteamericanas en Europa occidental y la creación de la OTAN son
tres elementos muy importantes para que pueda llevarse adelante el proceso de “construcción
europeo”.
El cinismo de los estrategas norteamericanos no conoce límites a este respecto y, por eso
mismo, podemos encontrar en sus trabajos de análisis la claridad expositiva que la sumisión
de los estrategas europeos es incapaz de alcanzar.
La Alianza Atlántica, encarnada institucionalmente en la OTAN, vincula a América
a los Estados más influyentes de Europa, haciendo de los Estados Unidos
un participante clave incluso en los asuntos intraeuropeos... La supremacía
estadounidense ha producido, por lo tanto, un nuevo orden internacional que no sólo
duplica sino que también institucionaliza en el exterior muchas de las características
del propio sistema estadounidense (OTAN, TLC, FMI, OMC...), procedimientos que
hacen hincapié en la toma de decisiones por consenso, aunque dominada por los
Estados Unidos... La mayor parte de este sistema surgió durante la guerra fría como
consecuencia de los esfuerzos estadounidenses para contener a su rival global, la
Unión Soviética.1
Los imperativos estratégicos de la política norteamericana dominan la escena mundial
desde 1945, y en esa línea “el mantenimiento de la primacía internacional de los Estados
Unidos es esencial para el bienestar y la seguridad de los estadounidenses y para el futuro de
la libertad, la democracia, las economías abiertas y el orden internacional en el mundo”.2 En
este gran tablero mundial en que se ha convertido la política global, los estrategas
norteamericanos contemplan a Euroasia como la principal pieza a conquistar. Se dice: quien
gobierne Europa Central dominará el heartland; quien gobierne el heartland dominará la isla
mundial; quien gobierne la isla mundial dominará el mundo. Todo ello requiere el
establecimiento de alianzas (OTAN, UE, OCSE, etc.) controladas y dirigidas por la potencia
hegemónica con el objetivo de someter “al corazón de la tierra”. “Para usar una terminología
propia de la era más brutal de los antiguos imperios, los tres grandes imperativos de la
geoestrategia imperial son los de impedir choques entre los vasallos y mantener su
dependencia en términos de seguridad, mantener a los tributarios obedientes y protegidos e
impedir la unión de los bárbaros”.3 Sólo los “disidentes” se han atrevido a señalar estos
pareceres sobre el papel de los EE.UU. después de 1945.
La conformación institucional de la UE ha desembocado en una estructura calcada de la de
los Estados liberales, pero con menor legitimación democrática, si cabe, dado el carácter no
electivo de casi todas las instancias fundamentales. Veámoslas brevemente:
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1- El ámbito político decisivo lo componen tres organismos: El Parlamento Europeo, el
Consejo de la Unión Europea y la Comisión Europea. De ellos sólo el Parlamento está sujeto
a las normas de la democracia formal, es decir, sus componentes se eligen por sufragio
universal. Los otros dos organismos, no. No están sujetos, por tanto, a ninguna regla de
comportamiento de la democracia representativa. Y no vale el argumento de decir que su
carácter democrático está garantizado porque a su seno asisten los gobernantes elegidos
democráticamente en sus respectivos países, porque estaríamos obviando entonces lo que se
reconoce de forma natural en los ámbitos electivos estatales y que es que las gentes suelen
votar en función del tipo de elección que se le oferta. En otras palabras, las mismas personas
votan a partidos diferentes si se trata del ámbito municipal, del regional, del nacional o del
europeo.
El Consejo de la Unión Europea –en donde se reúnen los ministros de los países
miembros–, junto con la Comisión y el Consejo Europeo –compuesto por los jefes de Estado
de los países miembros–, son los órganos decisivos de poder de la Unión. En ellos se legisla
para la Unión. Se establecen los objetivos políticos, se coordinan las políticas nacionales y se
resuelven las diferencias existentes entre ellos y con otras instituciones. Se regula la vida
política y el desarrollo de la UE.4
2- El ámbito de las instituciones económicas está compuesto por el Tribunal de Cuentas
Europeo, encargado de supervisar los usos de los dineros presupuestados, el Banco Europeo
de Inversiones y el Banco Central Europeo, que son las principales instituciones financieras
de la UE.
3- La tercera instancia básica es el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas.
Organismo con creciente poder y cuyos dictámenes, en muchas ocasiones, se superponen
jerárquicamente a los emitidos por los Estados miembros.
4- Por último, el resto de aparatos son de menor importancia y establecen sólo
recomendaciones en los marcos en los que están inscritos. Ellos son: el Comité Económico y
Social, el Comité de las Regiones y el Defensor del Pueblo.
De todos estos mecanismos de poder comunitario que hemos señalado en los puntos 1, 2, 3
y 4 sólo el Parlamento obedece a los criterios de la democracia representativa; todos los
demás son instancias básicamente antidemocráticas, en las que sin embargo, por lo menos en
algunas de ellas se deciden cuestiones de primerísima importancia para el desenvolvimiento
de la vida cotidiana de más de trescientos millones de personas. Por ejemplo, legislación
medioambiental, prioridades inversoras, fortaleza de la(s) divisa(s), políticas de empleo,
modelos de desarrollo económico, tendencias informativas, y “controles” de los medios de
comunicación de masas, fusiones financieras o mediáticas de alcance mundial, etc.
Ha existido, y todavía perdura, una lectura del proceso de la Unión Europea en el que se
contemplaba a éste como un contrapunto, como el fin del recorrido de los Estados nacionales.
Y es verdad que existen múltiples transformaciones, reacoplamientos y deslocalizaciones del
poder estatal. Pero que el poder no resida ahora en las instituciones que históricamente se
crearon para su residencia no es argumento suficiente para colegir de él el debilitamiento del
poder estatal.
Si estudiamos el concepto de hegemonía desarrollado por Gramsci, vemos como en él se
advierte de los desplazamientos del núcleo central del poder en función de las coyunturas
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históricas. El Estado es “sociedad política más sociedad civil, vale decir, hegemonía revestida
de coerción”.5 Los desplazamientos se van produciendo de manera paulatina a las conquistas
democráticas de la clase obrera. Cuando las mayorías tienen acceso directo al núcleo del
poder, éste se desplaza hacia instancias nuevas, permitiendo la ocupación de los viejos
aparatos porque desde ese momento están vaciados de contenido. En ello juega un papel
central una construcción simbólica mitificada del propio funcionamiento de la democracia.
El fenómeno se puede rastrear históricamente si seguimos las secuencias que nos llevan del
Estado Absolutista al Estado Moderno. “El estado continuó existiendo en su dimensión
histórica; sobre el plano institucional cambió muy poco con el pasaje del antiguo al nuevo
régimen; por el contrario, los rasgos esenciales del e.m. fueron ulteriormente perfeccionados y
reforzados, en correspondencia con el progresivo carácter técnico asumido por el gobierno y
por la administración, en la que se había venido reduciendo toda la carga de neutralidad que
desde el inicio había caracterizado la experiencia estatal como monopolio de lo político”.6 Lo
verdaderamente específico del Estado moderno es su condición de “universal”. La revolución
de 1789 tiene un carácter básicamente político y se consuma a partir de ella la separación de
la sociedad civil de la sociedad política. Se inaugura entonces con la Revolución Francesa el
“universal” que podríamos llamar propiamente de “Estado político”, el cual “no se presenta
como la simple ratificación por la fuerza de los intereses económico-sociales, en el sentido
estricto del término, de las clases o fracciones de clase dominantes. En sus relaciones con las
estructuras objetivas del Estado, estos intereses no están transpuestos bajo su forma
‘inmediata’ de intereses privados sino que deben revestir una forma mediatizada
verdaderamente política y presentarse como encarnando el interés general de toda la
sociedad... El propio Estado se presenta como la garantía del interés general”.7 Ahora bien,
este Estado político universal nacido de la Revolución de 1789 sólo puede presentarse como
portador del interés general mediante una proyección ideológica completamente mitificada. El
mecanismo que se pone en práctica se nutre del “empleo de medios siempre más refinados de
autoorganización y de control del orden constituido”.8 Son las nuevas técnicas científicas al
servicio de la voluntad de poder. Nada nuevo en el esquema originario con respecto a lo que
sucede ahora ante nuestros ojos, en los que los avances en el terreno de la técnica, la
psicología social y la sociología hacen posible la construcción de un discurso virtual que
desplaza como falsas las observaciones no filtradas por la propia virtualidad.
Esta idea está recogida en el sorprendente libro de Guy Debord La sociedad del
espectáculo, cuando se afirma que: “Las imágenes que se han desprendido de cada aspecto de
la vida se fusionan en un curso común, donde la unidad de esta vida ya no puede ser
restablecida. La realidad considerada parcialmente se despliega en su propia unidad general
en tanto que seudo-mundo aparte, objeto de mera contemplación. La especialización de las
imágenes del mundo se encuentra, consumada, en el mundo de la imagen hecha autónoma,
donde el mentiroso se miente a sí mismo. El espectáculo en general, como inversión concreta
de la vida, es el movimiento autónomo de lo no-viviente.”9 A la sociedad del espectáculo no
la definen las imágenes en sí sino la relación que se establece entre las personas mediatizadas
por las imágenes. No es, por tanto, el espectáculo “el abuso de un mundo visual, el producto
de las técnicas de difusión masiva de imágenes... Es una visión del mundo que se ha
objetivizado... No es un suplemento al mundo real, su decoración añadida. Es el corazón del
irrealismo de la sociedad real”.
En esta estructuración de la mentira como discurso unilineal nos limitamos a discutir sobre
las distintas mentiras que el espectáculo nos oferta como una mercancía más, y de la que se
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extraen los porcentajes calculados de plusvalía monetaria o ideológica, en la que el Estado
vuelve a descubrir, una vez más, su relación concomitante con el capital.
El espectáculo es el discurso ininterrumpido que el orden presente mantiene consigo
mismo, su monólogo elogioso. Es el autorretrato del poder en la época de su gestión
totalitaria de las condiciones de existencia. La apariencia fetichista de pura
objetividad en las relaciones espectaculares esconde su índole de relación entre
hombres y entre clases: una segunda naturaleza parece dominar nuestro entorno con
sus leyes fatales. Pero el espectáculo no es ese producto necesario del desarrollo
técnico considerado como desarrollo natural. La sociedad del espectáculo es por el
contrario la forma que elige su propio contenido técnico. Aunque el espectáculo,
tomado bajo su aspecto restringido de “medios de comunicación de masa”, que son
su manifestación superficial más abrumadora, parece invadir la sociedad como
simple instrumentación, ésta no es nada neutra en realidad, sino la misma que
conviene a su automovimiento total. Si las necesidades sociales de la época donde se
desarrollan tales técnicas no pueden ser satisfechas sino por su mediación, si la
administración de esta sociedad y todo contacto entre los hombres ya no pueden
ejercerse si no es por intermedio de este poder de comunicación instantánea, es
porque esta “comunicación” es esencialmente unilateral; de forma que su
concentración vuelve a acumular en las manos de la administración del sistema
existente los medios que le permiten continuar esta administración determinada. La
escisión generalizada del espectáculo es inseparable del Estado moderno, es decir, de
la forma general de la escisión en la sociedad, producto de la división del trabajo
social y órgano de la dominación de clase.
La vocación mundial del capital fue estudiada por Marx hace un siglo. Y a lo que ahora
llamamos globalización no es más que a su corolario lógico. El puerto de llegada de adonde se
presuponía que iba este barco. La forma concreta de realización de ese programa, en el caso
de la Unión Europea, es fruto de las tensiones geopolíticas del mundo de la Guerra Fría, pero
la conquista de un mercado mundial centralizado antecede a la coyuntura política y se lleva a
cabo, si es preciso, sobre el precio de una guerra nuclear. Es, desde este punto de vista, el
objetivo estratégico de la producción capitalista. En la guerra por la apertura de esos espacios
infinitos de mercado, incluida la Unión Europea, el Estado juega un papel determinante.
La fuerza de trabajo en tanto mercancía y la propia condición humana también, sometidos
a los imperativos de la circulación constringen los determinismos de las distancias
geográficas. “Es para llegar a ser cada vez más idénticos a sí mismo, para aproximarse mejor
a la monotonía inmóvil, para lo que el espacio libre de la mercancía es, a partir de ahora,
incesantemente modificado y reconstruido”.
Existe una lectura que pretende ver en el proceso de construcción europeo la posibilidad
de ir transformando los espacios de poder que “aún” no se encuentran cerrados. Se señala para
ello de manera pertinente algunos ámbitos en los que todavía cabría “presionar para
transformar”. En concreto, con lo que tiene que ver con el papel de las regiones en el seno de
la Unión y, más claramente, con la no existencia de un poder central piramidal al estilo de los
presentes en los Estados –Jefe del Estado, Presidente de Gobierno–. A este respecto se
argumenta que “la ausencia de un poder central jerárquicamente estructurado podría ser
entendida como una fórmula de salvaguarda del poder de los Estados miembros”, pero
inmediatamente se nos sugiere que ello es pura ilusión, por cuanto “la libertad de personas y
mercancías, así como la unión de mercado y monetaria supone una ruptura con la rígida
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territorialidad en las que se fundamenta el sistema estatal europeo clásico. Ello trae como
consecuencia un considerable desmantelamiento del poder estatal actual en Europa”.10 Como
soporte de la argumentación se explicita la ruptura del concepto tradicional de soberanía,
sustentada sobre la existencia de un territorio un soberano –una legislación nacional para el
caso de los estados democráticos– y su dislocalición en beneficio de una multiplicidad de
territorios y legislaciones superpuestas y, en algunos casos, legislaciones supraestatales
transversales a las propias legislaciones estatales. “La mutua interrelación entre Derecho
comunitario, Derecho estatal, Derecho regional, y Derecho transnacional (por no hablar del
Derecho internacional) hacen que el poder y la soberanía se compartan entre las diversas
instancias y sujetos en función de los ámbitos materiales de competencia asignados a cada
uno de ellos”.11 Claro, todo tendría un gran sentido y la lógica del discurso sería impecable si
la fundación del poder recayese sobre el derecho, y este no fuese en realidad una mera forma
de administrar el orden que el poder constituido demanda como garantía de supervivencia.
Pero el acto de la constitución del poder del Estado moderno no descansa en el derecho, sino
en la práctica revolucionaria de la burguesía emergente del siglo XIX. “La relación entre
revolución y derecho, entre revolución y constitución, se convierte en un continuum sobre el
cual el excedente racional está siempre del lado de la revolución. El derecho, la constitución,
siguen al poder constituyente –es el poder constituyente quien da racionalidad y figura al
derecho–. El poder constituyente se presenta como distensión revolucionaria de la humana
capacidad de construir la historia, como acto fundamental de innovación y, por tanto, como
procedimiento absoluto”.12
Es obvio que la instancia que determina, da unidad y sentido a todas esas formas de
legislación “superpuestas” a la estatal, es cada uno de los Estados que se “sienta a negociar”
con los otros Estados esas nuevas figuras jurídicas. Por lo demás, ya comentamos que el
carácter básico de mercancía a que es sometido el hombre moderno debe terminar de manera
lógica en un estímulo a su circulación, igual que el resto de las mercancías producidas.
Digámoslo, nuevamente con Guy Debord, “La producción capitalista ha unificado el espacio,
que ya no está limitado por sociedades exteriores. Esta unificación es al mismo tiempo un
proceso extensivo e intensivo de banalización. La acumulación de mercancías producidas en
serie para el espacio abstracto del mercado, al mismo tiempo que debía romper todas las
barreras regionales y legales y todas las restricciones corporativas de la edad media que
mantenían la calidad de la producción artesanal, debía también disolver la autonomía y
calidad de los lugares. Esta fuerza de homogeneización es la artillería pesada que ha derribado
todas las murallas chinas”.
La incesante expansión del mercado mundial modifica continuamente determinadas
instancias políticas, sin que ello signifique un debilitamiento del poder político del Estado-nación.
En estos últimos años estamos contemplando cómo se acrecienta el tráfico ilegal de
órganos humanos, desde los países pobres a los países ricos y cómo los estados a escala
mundial pretender “regular” tan osado comercio. ¿Pero no son acaso estructuras estatales,
paraestatales, o en última instancia relacionadas con los estados, las que están promoviendo
este tipo de comercio? Quienes secuestran, hacen desaparecer y mutilan a las personas
escogidas para convertirlas en donantes obligados, son estructuras policiales, parapoliciales, o
mafioso-policiales; militares, paramilitares, o mafioso-militares. Esto es, componentes
institucionales del Estado-nación. Por otro lado, la demanda creciente de órganos humanos en
los países ricos ha terminado por convertir a cada uno de los órganos transplantables de cada
persona en una mercancía. De tal forma ya se encuentran determinadas regiones en la India y
en algunos otros países en los que la mitad de la población sólo funciona con un riñón, porque
el otro ha sido vendido, a alguna institución médica por ahí. Lo novedoso de todo esto es que
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se transciende el carácter de mercancía clásica que el capitalismo había impreso al hombre en
cuanto trabajador, para valorar cada uno de sus miembros en tanto mercancía autónoma en un
“mercado abierto”.
De idéntica característica es el debate abierto en torno a la cuestión de las patentes del
genoma humano, en las que están enfrascadas instituciones privadas de investigación y los
gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña por un lado, los países de la UE por el otro, y
Japón. El problema que planea sobre este tema es el de quién va a tener legitimidad jurídica
para vender los descubrimientos científicos del genoma y quién los va a poder explotar
comercialmente. “Los descubrimientos de la biología molecular de la última mitad de siglo
han hecho ver a los seres vivos como una suma de genes con funciones determinadas que las
nuevas biotecnologías permiten identificar, aislar y recombinar a voluntad. Como resultado de
esto, quienes tienen el capital y la tecnología ven el mundo como una enorme fuente de
elementos con los que jugar a un lucrativo proceso de ‘corta y pega’, que denominan
‘innovación’ para convertir a los seres vivos en máquinas o ‘inventos’ que produzcan a la
carta lo que el mercado reclame en cada momento”.13
En pocos terrenos es tan evidente el carácter de concomitancia entre el Estado y el capital
como el que muestra el mundo de la investigación científica. Si lo primordial de los Estados
en la era de la industrialización era el control de los recursos naturales y las fronteras
“nacionales”, hoy con la revolución de la robótica y de la informática, el territorio acotado
para el ejercicio del poder estatal y el capital es el propio cuerpo humano. La soberanía no es
territorial sino biológica. Entramos así en el ámbito de la biopolítica. Los centros de interés
fundamentales de la acción gubernamental se han desplazado desde los niveles de gestión de
los asuntos clásicos de la era industrial a los desafíos que plantean las nuevas necesidades
estratégicas tales como la globalización de la salud (investigación y comercialización), de la
comunicación y del propio poder.14
El camino abierto por la biopolítica se funda sobre la síntesis del artículo seis de la
Declaración de Derechos de 1793 en la Francia revolucionaria –sobre el que, por otra parte, se
ha constituido el mundo burgués– en el que se proclama que “la libertad es el derecho de
hacer o ejercitar todo lo que no perjudica a los demás”, con la cualidad de mercancía en que
es convertido el hombre bajo el ordenamiento capitalista. “El hombre como mónada aislada y
replegada en sí misma” –tal y como señaló Marx en el comentario a la Declaración de 1793–,
hace uso de esta condición para vender –”libremente”– al mercado las partes de su cuerpo que
él estime.
El proceso de construcción europeo, en la fase que se inicia en torno a mitad de la década
de los ochenta, se explica por dos hechos claves. El primero tiene que ver con la batalla que se
da entre el capital norteamericano, el japonés y el europeo por el control del mercado
mundial. Aquí los capitales europeos han decidido unirse para poder estar en condiciones de
dar esa guerra. El segundo tiene que ver con el activo papel que juega el Estado en ese
proceso mencionado. Un papel que no es sólo político, sino también económico, en la medida
en que ellos juegan a ser también “multinacionales” –en el sentido económico del término–.
La motivación política, a su vez, es el resultado de la ruptura del pacto de postguerra y
conlleva el vaciamiento de los contenidos democráticos del Estado del Bienestar. Se acabó la
tercera guerra mundial y, además, la ganaron. La UE lo que busca no es la superación del
Estado-nación,
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sino la reconstrucción del poder estatal basado en la nación a un nivel más elevado,
un nivel en el que pueda ejercerse cierto grado de control sobre los flujos de
riquezas, información y poder. La formación de la Unión Europea no es un proceso
de construcción del estado federal europeo, sino la construcción de un cártel
político, el cártel de Bruselas, en el que los estados-nación europeos pueden seguir
haciéndose, de forma colectiva, con cierto grado de soberanía en el nuevo desorden
global, y luego distribuir los beneficios entre sus miembros, bajo reglas
incesantemente negociadas. Por ese motivo, en lugar del comienzo de la era de la
supranacionalidad y de la gobernación global, estamos presenciando la aparición del
super estado-nación, es decir, de un estado que expresa, en una geometría variable,
los intereses agregados de sus miembros constituyentes.15
Los Estados han hecho transferencia de poderes a instituciones en donde la democracia,
siquiera representativa, ya no existe, lo que lleva consigo que las decisiones fundamentales
sobre la vida cotidiana de las gentes deje de tener responsables directos y, por lo tanto, sus
desgracias y desventuras pueden anotarse en el libro de las responsabilidades a entidades
sobre las que “nadie” ejerce ningún tipo de control. Repitiéndonos, diríamos que los
mecanismos que se ponen en práctica se nutren del empleo de medios siempre más refinados
de autoorganización y de control del orden constituido.
Respondida la primera cuestión que nos habíamos planteado, en relación al debilitamiento
o fortalecimiento de los Estados en el proceso de construcción europeo, es necesario que
ahora digamos que tal proceso tampoco refuerza a las nacionalidades en cuanto sujetos de
soberanía; a lo sumo, y tampoco está muy claro, sólo las reforzarían en tanto reajuste
administrativo del propio Estado-nación, pero sin que ello implique, además, su presencia
como entidad decisiva en los órganos rectores de la Unión.
NACIONALIDADES, UNIÓN EUROPEA Y POTENCIALIDAD DEMOCRÁTICA
Es una perogrullada decirlo, pero las comunidades autónomas son también Estado. Esta
evidencia pleonásmica la repite con cierta frecuencia Jordi Pujol, que es, como sabemos, el
presidente de una comunidad autónoma que además es una nacionalidad con importante
proyección política. Y Pujol lo repite no para su electorado, sino para el gobierno central. Esta
anomalía de hacer necesario el uso continuo del pleonasmo sólo se explica por el extremado
carácter centralista que ha dominado la política española a lo largo de la historia de estos dos
últimos siglos. Los alemanes no cuestionan que los landers son también Estado, ni los
norteamericanos que los Estados forman parte de la federación, es decir del Estado federal.
Por otra parte, la existencia de un importante movimiento independentista en el País Vasco
no es el resultado del debilitamiento del Estado y de su disolución en el seno de la UE. Es la
dinámica política vasca, su historia y la voluntad de sus gentes lo que explica la presencia de
su opción independentista. De tal modo que si el País Vasco lograra independizarse ello no
debilitaría al Estado español en su característica principal, cual es la de ser “mitificadamente”
la encarnación de la voluntad general; sólo vería afectada su posición de fuerza de cara a su
relación con otros Estados, pero no en relación a los ciudadanos que siguiesen siendo parte de
él. Pero, además, sería bastante previsible que la independencia del País Vasco no concluiría
con una organización institucional diferente a la del Estado liberal y, por lo tanto, a la
reproducción de sus características básicas, aunque se hiciese bajo el rótulo del socialismo.
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La dialéctica que se ha establecido en el proceso de construcción europea en estos últimos
veinte años, pero sobre todo desde el final de la guerra fría y la irrupción de los movimientos
nacionalistas en Italia, Bélgica, Gran Bretaña y Francia no ha sido suficiente para
institucionalizar el poder de las minorías nacionales en la Europa unida. Los propios Estados a
los que pertenecen las minorías nacionales ejercen de tapón a la pretendida
institucionalización. No olvidemos que la formación del Comité de las Regiones –sancionado
en el Tratado de Maastricht–, sólo tiene un carácter consultivo cuando se trata de asuntos que
afecten directamente a sus territorios, sean éstas nacionalidades o municipios, además de ser
un Comité propuesto y respaldado por los propios Estados, destacando, por ello mismo, su
característica de órgano administrativo neto en detrimento de una pretendida proyección
política reclamada desde las organizaciones políticas de los nacionalismos minoritarios.
Además, el Comité, en cuanto no diferencia niveles competenciales entre regiones, naciones y
municipios o provincias se asemeja en su filosofía al famoso “café para todos” del proceso de
descentralización abierto en España tras la firma de la Constitución de 1978.
Junto a este problema de fondo existen otros dos de menor calado, pero también de
relevante influencia. “En primer lugar, la ausencia de un diseño mínimamente aproximativo
acerca de la futura configuración política de la UE. En segundo lugar, la propia complejidad y
diversidad de la realidad regional europea”.16
En este complejo mosaico de problemas que supone el triángulo Estado/Nación/ UE,
existen algunos argumentos que se entrecruzan y que dan vida hoy al debate en torno a la
vigencia o no de determinados presupuestos políticos y científicos. De ellos hemos venido
dando cuenta en este capítulo: 1- He querido demostrar que el proceso de construcción
supraestatal en Europa no debilita a los Estados-naciones clásicos, a lo sumo los modifica; 2-
Las reformas intraestatales de descentralización y las supraestatales de regionalización no está
del todo claro que se hagan en detrimento del Estado-nación; y 3- Todo lo cual no obsta para
que finalmente ambos procesos desemboquen en vías que finalmente sí cuestionen la
pertinencia de los Estados-nación. No siempre las fuerzas históricas que se desatan pueden ser
controladas tal y como se tenía previsto, por mucho poder que encierren los órganos rectores
del proceso.
Podemos estar ante una nueva época de los nacionalismos tal y como aventura Castells,
aunque para él nacionalismo no sea igual a construcción estatal. Pero también podemos estar
asistiendo al final de los nacionalismos, a pesar de su auge reciente, tal y como aventura
Hobsbawm: “Lo que yo arguyo es más bien que, a pesar de su evidente prominencia, el
nacionalismo es históricamente menos importante. Ya no es un programa político mundial,
por así decirlo, como cabría afirmar que era en el siglo XIX y principios del XX... ‘Nación’ y
‘nacionalismo’ ya no son términos apropiados para describir, y mucho menos para analizar,
las entidades políticas que se califican como tales... el hecho mismo de que los historiadores
al menos están empezando a hacer algunos progresos en el estudio y análisis de las naciones y
el nacionalismo induce a pensar que, como ocurre con tanta frecuencia, el fenómeno ya ha
dejado atrás su punto más alto”.17
La cuestión que interesa destacar aquí, para este trabajo, es la que recoge Hobsbawm en su
libro citado en forma de sentencia afirmativa, pero que aquí formulamos como interrogante y
es si la crisis del gran Estado-nación es también la crisis de los Estados-nación pequeños, sean
antiguos o nuevos. O en otros términos, ¿la crisis del Estado-nación es la crisis del Estado?
Esto es lo decisivo si lo que queremos desbrozar es el camino hacia la democracia.
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El impulso regionalizador en el seno de la Europa Occidental –en el Consejo de Europa, no
en la CEE– arranca desde 1952 cuando se constituye en el seno del Consejo de Europa una
comisión de Asuntos Locales y regionales. Luego, en 1965, se formó la Asociación de
Regiones de Capitales Nacionales (URCEE). Y a partir de los años setenta surgen una pléyade
de organismos regionales que culminan dando forma a la Asamblea de Regiones. De aquellas
las más importantes son la citada URCEE, la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas
(ARFE), fundada en 1971, la Comunidad de Trabajo de los Alpes Centrales (ARGE-ALP)
constituida en 1972, la Conferencia de Regiones Periféricas Marítimas (CRPM), creada en
1973, La Comunidad de Trabajo de los Alpes Orientales (ALPEN-ADRIA), en 1978, la
Comunidad de Trabajo de los Pirineos (CTP), en 1983, y otras.18 El impulso regionalizador
derivó en 1987 en la creación de la Asamblea de Regiones (ARE). La diversidad de
problemas específicos que cada una de las regiones plantea llevó al ARE a delimitar
teóricamente el sentido de Región que conformaba la Asamblea, estableciendo para ello la
descripción siguiente: “Ente público territorial de nivel inmediatamente inferior al Estado,
dotado de autogobierno político”. Luego, también sanciona la posibilidad del establecimiento
de determinadas competencias intraestatales y supraestatales por parte de las regiones.
Por su parte, la CEE impulsa la “autonomía regional” más tarde. Hacia 1975 se crea el
primer organismo de carácter regionalizador, el FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo
Regional). Pero no es hasta 1988 cuando se crea un organismo propiamente político para las
regiones, el Consejo Consultivo de los Entes Locales y Regionales. Y finalmente en 1991 en
el marco del Tratado de Maastricht se constituye el Comité de las Regiones del que hemos
hablado anteriormente.19
En ninguna de estas instancias aparece el problema de la soberanía de las nacionalidades
que conforman los Estados, tanto de la UE como del Consejo de Europa. Por otra parte, los
nacionalismos de contenido soberanista no introducen en sus demandas políticas nada que no
sea, de hecho, compartir la soberanía con las instituciones de la UE en algunos casos –PNV–,
y en otros casos compartirla con el Estado y la UE –CIU, BGN–. Sólo la fracción
independentista del nacionalismo vasco, en el caso español, mantiene un postulado
diferenciado dentro del mundo nacionalista en relación a la cuestión de la soberanía y la UE,
debido lógicamente a la inspiración socialista radical de la que proceden. Sólo una práctica en
hegemonía de esos postulados podría desvelar la cuestión del camino que se pretende
transitar. Por ahora, el intento de articular un proceso institucional partiendo de la Asamblea
de Municipios Vascos no desvela si éste es el inicio de un camino cuya conclusión sería el
aparato estatal o por contra una nueva forma de articular el poder en torno a marcos
institucionales distintos y más próximos a la democracia participativa.
En la perspectiva actual de construcción europea la fabricación de instituciones tiene un
contenido funcional. Lo que preocupa es cómo administrar mejor el capitalismo, y si para ello
se requiere cierta descentralización política, ésta se lleva a cabo. Pero de ello no se puede
colegir un avance de los postulados democráticos, ni una redistribución efectiva del poder
desde un punto de vista territorial.
No es posible hablar de la división internacional del trabajo en función de territorios. El
viejo imperialismo ha muerto. Ahora los desplazamientos se producen indistintamente dentro
y fuera de un mismo territorio. El proletariado es universal y el capital también. La apertura
de un espacio virtual por el que circulan los capitales y la localización de la miseria en
cualquier país y ciudad del mundo, junto al crecimiento incesante de las migraciones y las
deslocalizaciones de población, desbaratan las interpretaciones de centro y periferia que
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dieron tanto juego, en décadas pasadas, a las ciencias sociales y a los proyectos políticos
antiimperialistas.
Los nacionalismos etnoterritoriales no tienen, por definición, un proyecto que oponer a la
globalización mas que, si acaso, en el plano cultural resistir la mercancía enlatada de la gran
producción cultural de masas. Y, aún así, nada impide que su propia cultura termine
convirtiéndose en un mero producto de souvenir que adjuntar a la industria turística, como
otra mercancía sujeta a las leyes del mercado. Creo que es bastante evidente esta aseveración
y, por otra parte, absolutamente cierta en el caso de Canarias. “Bajo todas sus formas
particulares, información o propaganda, publicidad o consumo directo de diversiones, el
espectáculo constituye el modelo presente de la vida socialmente dominante”.20
La importancia de esta apreciación es determinante en la medida en que los mecanismos
que construyen las subjetividades permanecen en una esfera inalcanzable en el entorno del
capitalismo informacional. Quienes construyen las conciencias de los “mortales” hacen lo
propio con los que pretender erigirse en líderes de las poblaciones adscritas a realidades
etnoterritoriales. Así, querer fundar una institucionalización política autónoma en el marco de
la globalización se torna una tarea inalcanzable, a menos que junto a ella se pretenda construir
un proceso constituyente que implique otra forma de construcción de las sujetividades y una
participación masiva de la población en los asuntos de la política.
Con ello quiero decir que en el plano de los espacios políticos no determinantes, como es
el caso de las nacionalidades sin estado y de muchos Estados, la política en su ámbito
institucional ha pasado a un segundo plano y se encuentra jerárquicamente sometida a uno de
los núcleos de poder determinantes, como es el de los productores de subjetividades, que por
otra parte no hay que confundir con los medios técnicos de los grandes medios de
comunicación (televisión, prensa, radio, cine, etc.), sino que hay que entenderlos como la
permanencia hegemónica de un cierto imaginario social e institucional que quiere ser,
además, una proyección ontológica, por medio de la apropiación incesante, del imaginario, las
significaciones, el lenguaje y la representación, sólo posible desde una incesante práctica
heterónoma.
La edificación de sociedades estructuradas se logra por medio de la unicidad de un mundo
de significaciones de lenguaje y de representación. Desde la antigüedad la religión primero, y
el Estado después, fueron los elementos que dieron la consistencia, permanencia y
reproducción a esa necesidad, del mismo modo que “allí en donde ha emergido por primera
vez, en Europa Occidental, la institución del capitalismo, ha sido, indisociablemente,
alteración de individuos, de las cosas, de las relaciones sociales y de las ‘instituciones’, en el
sentido segundo de este término (creación de un hombre capitalista, de una técnica capitalista,
de relaciones de producción capitalistas, inconcebibles e imposibles unas sin las otras, todas
las cuales presentifican y figuran la institución capitalista del mundo y de las significaciones
imaginarias sociales que lleva consigo)”.21
La transmutación y la incorporación de todos los valores de uso al terreno de la mercancía
y la fetichización de ésta convierte a la política de “baja intensidad” en un añadido pintoresco
de la sociedad del espectáculo. El dominio de la mercancía “domina todo lo que es vivido” y
“no hace más que traducir los rasgos fundamentales de la producción real que anula la
realidad”.
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En esta representación de un mundo enajenado, el papel de los movimientos políticos de
las minorías etnoterritoriales coincide en su estrategia con los partidos políticos de ámbito
estatal. En el detallado estudio llevado a cabo por Francisco Letamendía sobre los
movimientos nacionalistas, se asevera de la siguiente forma: “los nacionalismos de derechas
(o moderados) tienden a autoincluirse de modo pragmático en el sistema socio-político estatal.
El ‘nosotros’ tiene en su dircurso un contenido interclasista (aunque sean los estratos de clase
más altos presentes en el movimiento los que lo dominen en la práctica); el ‘ellos’ no sólo
designa al centro, sino también, –y a veces sobre todo– a las fuerzas subversivas periféricas.
La proyección temporal identitaria es de tipo nativista, y consiste en ‘la vuelta a los orígenes’
(lo que no es incompatible con un gran pragmatismo operativo). En cuanto a la escala de
legitimidad, el movimiento no se presenta como una alternativa excluyente al centro”.22
La incorporación al centro de las minorías etnoterritoriales para la gestión política del
Estado estará determinada por razones diversas. Primero, por el sistema de partidos
imperante. En los territorios en los que domina el bipartidismo su inserción resulta imposible,
como ocurre en Gran Bretaña. En segundo lugar, quedan relegados cuando su incidencia
electoral es baja, como ocurre en Francia. En los países en los que no se dan las dos
circunstancias anteriores pero alguno de los partidos de ámbito estatal posee la mayoría
absoluta pueden quedar relegados de las esferas de gobierno y convertirse entonces en parte
de la oposición estatal. Fue el caso en España durante los años de la mayoría absoluta del
PSOE, y en algunos casos lo está siendo con la mayoría absoluta del PP. Pero cuando no
concurre esa circunstancia pueden aspirar a la representación de partido bisagra en el contexto
del estado. Es el papel jugado por CIU entre 1993 y 2000.23
Para estos partidos nacionalistas “sistémicos” es la gestión de su territorio, en el marco de
la constitución estatal, el “a, b, c” de su corpus político. Por ello “tienden a acomodar su
programa a las posibilidades legales de acción que les ofrece la organización territorial del
Estado; y en caso de no coincidencia, concentran sus actividades en la parte del territorio
étnico comprendida en la región oficial (las contradicciones generadas se resuelven a veces,
allá donde un partido nacionalista ha accedido al poder institucional, mediante una división
del trabajo según la cual el Ejecutivo nacionalista se acomoda a la lógica sistémica, mientras
que el partido se erige en el guardián de la pureza identitaria)”.24 Es este el modelo que define
la actuación del PNV.
A grandes rasgos, los modelos descritos para el caso español son transportables a otros
países en los que intervienen partidos o movimientos nacionalistas “sistémicos”, sin que ello
implique la inexistencia de manifestaciones propias en cada uno de ellos.
Por otra parte, como los movimientos nacionalistas no son sólo políticos sino también
ideológicos, en los casos en los que existe un territorio con más de una opción nacionalista y
una de ellas es antisistémica, podemos encontrar otro tipo de comportamientos. A este
respecto, es preciso señalar los casos de Irlanda del Norte, del País Vasco, de Córcega, y en
menor medida Cataluña y Bretaña, y para los años setenta Canarias y Galicia. Este
nacionalismo surge en torno a los años sesenta y debe ser contemplado como parte de los
nuevos movimientos sociales aparecidos en la época.
La fractura que se manifiesta en el terreno de la política después de la década de los setenta
puso en crisis todas las formas de plasmación de la misma que venían siendo válidas, grosso
modo, desde finales del siglo XIX. Desde el ámbito de la ideología hasta el organizativo se
desarrolla un espacio de nadie que con el transcurrir del tiempo ha ido llenándose con
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distintos colores –violeta, verde, rojo– y propuestas de actuación que desbordan a los partidos
políticos de corte clásico –crítica del trabajo, cuestionamiento de las instituciones, crítica del
Estado, apatía electoral, etc.– y, por supuesto, también, un espacio en el que se instaló una
nueva forma de entender el nacionalismo que, dicho sea de paso, pretendía asumir, y lo sigue
pretendiendo, algunas de esas nuevas formas de reivindicación emanadas del seno de la
sociedad civil y de sus movimientos de protesta más activos.
El modelo organizativo propuesto por las formaciones políticas de la izquierda clásica,
tales como el partido y el sindicato, entra en crisis en la medida en que el capital encuentra
como una de las respuestas adecuadas a la crisis de los setenta un desarrollo exponencial en el
ámbito de la ciencia y de la técnica aplicadas a la producción. De esta forma se logró debilitar
la base social de los partidos socialistas y comunistas y sus respectivas organizaciones
sindicales, desplazando así la antaña centralidad del movimiento obrero a una posición de
segundo orden en el entramado socio-político.
El pico máximo de la organización fordista del trabajo se conquista en el último periodo
de la sociedad industrial. Pero la misma forma de organización emanada del fordismo ha ido
dando paso a otra forma de estructuración del mercado de trabajo, que denominamos
postfordista. La primera estaba fundamentada sobre un alto grado de organización de la
producción industrial, es decir, un perfeccionamiento complejo del sistema de producción
–aplicación de los descubrimientos técnicos y científicos a la producción–, en el que se
planificaban las formas de introducción de nuevas formas de producción y del control de éstas
y de los intercambios. La segunda, el postfordismo, constituye la hegemonía del capital
financiero frente al industrial, la hegemonía de la relación monetaria a nivel planetario bajo el
paraguas de los procesos informáticos. Es un capital que se transmuta instantáneamente, que
viaja de un país a otro, en segundos, un capital cada vez más deslocalizado e independiente.
Estas dos formas de organización capitalista generan sujetos obreros, proletarios, distintos.
El mundo del fordismo es el del obrero masa, del obrero de la fábrica. En el mundo del
postfordismo el sujeto social actuante es otro, está inserto en el conjunto de la sociedad, es
“móvil, activo, creativo”, es creador de trabajo inmaterial, de saber, es un obrero socializado,
es lo que he denominado el “obrero social”. Éste es el momento al que asistimos desde los
años setenta. La sociedad terciaria, la del flujo del capital financiero, la de los nuevos sujetos
proletarios, es la que pone en cuestión las viejas formas de organización política.
Los partidos políticos de la izquierda española como el PSOE y el PCE encuentran en esa
situación un verdadero handicap para poder integrar dentro de sus coordenadas a los nuevos
sectores sociales que no pertenecen ya al mundo de la fábrica. Estos se encuentran ahora más
próximos a otro tipo de organización social o política. En el primer caso, destaca el mundo del
ecologismo y del pacifismo como crítica de los modelos de desarrollo imperantes; en el
segundo, el mundo del nacionalismo, por lo que tiene de rechazo a las estructuras estatales y
de vinculación a las nuevas y viejas clases dominantes, entre las que identifican a las cúpulas
de los partidos políticos tradicionales, sean estos de izquierda o de derechas.
Los movimientos de la izquierda nacionalista, tanto en Cataluña, como en Euskadi, en
Galicia o en Canarias, en el periodo que comprende los años de la transición a la democracia
en España, tienen muchos elementos en común y otros, por supuesto, específicos de cada uno
de ellos. Aquí interesa resaltar los puntos de encuentro. A grandes rasgos podemos decir que,
de una forma u otra, son herederos de las situaciones revolucionarias abiertas en la década de
los sesenta. ¿En qué territorio no se intentó practicar la lucha armada de carácter urbano?,
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¿quiénes no estaban influenciados, aunque fuese de lejos, por la figura del Che y de la
revolución cubana?, ¿hubo alguno que no viviese con entusiasmo las victorias guerrilleras en
Argelia, Vietnam, etc.?, ¿en algún lugar dejaron de surgir movimientos que se proclamaban
prosoviéticos o prochinos cuando aconteció la ruptura de estos dos países?, y entre ellos
mismos ¿no se hacían frecuentes visitas durante congresos o fiestas de los respectivos
movimientos nacionalistas?, ¿no estaban los once de septiembre de Catalunya plagados de
ikurriñas vascas, y el Día de la Patria Vasca con dispersas banderas de las siete estrellas
verdes? Sin embargo, no respondía todo eso a una estrategia conjunta de los distintos
movimientos de la izquierda nacionalista en el Estado español, sino a manifestaciones de
carácter espontáneo. Y, por tensar incluso la cuerda, ¿acaso la LCR y el MC, teniendo su
centro de operaciones en Madrid, no tendían frecuentes puentes hacia todos estos
movimientos? No obstante, nunca se elaboró desde ellos una política plena de acercamiento
que fuese el contrapunto a lo que sí hicieron las distintas burguesías del Estado español. Nada
de mayor calado que apoyos puntuales en el parlamento de algún diputado de ERC a la
autodeterminación de Canarias, o de nuestro Fernando Sagaseta a la autodeterminación de los
pueblos.
Los grupos armados, partidos y movimientos nacionalistas de izquierda son imposibles de
entender si se pierden de vista los parámetros que he expuesto anteriormente. En mi opinión,
el contexto histórico de los sesenta es clave para poder explicar todo el proceso subsiguiente.
ETA surge de EGI, EGI del PNV, es verdad. Pero la primera ETA se siente más próxima de
Frank Fanon que de Sabino Arana, del FLN que de la democracia-cristiana europea. Terra
Lliure o el PCC son más próximos del extremismo de la izquierda post-sesentayochista que de
Cambó o Tarradellas. El MPAIAC, PCU, o UPC están más cerca de Krhuma, Lenin o
Leonardo Boff que de Franchy y Roca o Gil Roldán. En conjunto, el nacionalismo de
izquierdas de la transición, más que heredero de los nacionalismos históricos –aunque pueda
tener punto de encuentros con él–, forma parte de la búsqueda de nuevas formas de
representación política que entran en liza desde hace dos décadas, en la misma medida que la
triada de movimientos reivindicativos que nacen en aquellas fechas y que hoy nos resultan tan
familiares: el ecologismo, el feminismo y el antimilitarismo.
De los elementos que resaltan o dan carácter de unidad –relativa, por supuesto– a estos
movimientos nacionalistas hay que destacar la centralidad que adquiere en todos ellos el
problema de la autodeterminación. Para unos podía ser sinónimo de independencia, para otros
un ejercicio de soberanía, en cualquier caso un “derecho inalienable”.
Los nacionalismos asentaban su oferta estratégica en los modelos surgidos en las luchas de
liberación nacional de la década del sesenta y del setenta, en el que el caso argelino tuvo un
influjo bastante determinante. Partiendo de interpretaciones, de las realidades en las que se
actuaban como formaciones coloniales o naciones sin estado, se opinaba que las líneas básicas
de salida de esas situaciones se encontraban en las formas de luchas desplegadas por este o
aquel movimiento de liberación nacional, en esta o en aquella parte del planeta. Formas de
lucha que no eran privativas de ningún grupo en concreto sino que estaban insertas en la
esfera de reflexión del conjunto de los movimientos de liberación de la época.
Este modelo aspiraba a la consecución de un estado nacional al estilo de los imperantes en
el capitalismo central, o en algunos casos a su variante oriental en los países del socialismo
real, o a aparatos de poder cuasi-estatales articulados en torno a estructuras confederales en
las que se suponía que tenían que ser los propios pueblos quienes definiesen el alcance de esas
alianzas confederales. Los modelos se realimentaban mútuamente y, por supuesto, más allá de
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las propias fronteras estatales. Hemos comentado el caso argelino, pero también hay que
nombrar el irlandés, el corso, etc. Este influjo tenía su propia jerarquía dentro de los
movimientos nacionalistas en España. Los vascos o los catalanes influenciaban a los canarios,
pero no a la inversa.
A pesar de todo ello, los modelos teóricos propuestos estaban inscritos en la idea de la
reproducción de las estructuras políticas que pretendían cuestionar, a pesar de ser una
manifestación de la crisis de éstos. La construcción de aparatos estatales o cuasi estatales
piramidales al estilo de los Estados Occidentales o del socialismo real o “imaginario”, en
definitiva aparatos de corte liberal estructurados políticamente según la opción ideológica que
se reclamase como acertada, derivada de los diferentes puntos de vista que mantenía cada
grupo o movimiento nacionalista –comunistas y de tradición marxista por un lado, y
socialdemócratas o de tradición no marxista por el otro–.
El segundo elemento que da cierta unidad a los nacionalismos de izquierda es su militancia
antiimperialista. El abanico de posturas oscilaba entre el comunismo –ortodoxo y renovador
en sus diferentes manifestaciones– y la socialdemocracia o socialismo de corte más o menos
moderado. Pero en conjunto se pretendía partir de unos posicionamientos que buscaban ser
alternativos a la construcción capitalista que se verificaba en España y en el mundo en
aquellas fechas. Los modelos que se tenían como referencia se hallaban en el conjunto de
experiencias que las fuerzas populares habían desarrollado en diversas latitudes del planeta. El
discurso imperante de la época hacía hincapié en el carácter progresista de las luchas anti-imperialistas
y asemejaba sus situaciones, con distintos matices, más o menos radicalizados, a
esa realidad.
Toda la fundamentación teórica y práctica en la que se sustentó el movimiento
revolucionario –o la mayoría de él– desde la década de los sesenta en adelante, no fue capaz
de dar una respuesta superadora a las condiciones que había generado el capitalismo,
comenzando porque la propia dicotomía, que en aquellos tiempos parecía real, de
diferenciación del mundo en dos o tres categorías –primer mundo, segundo mundo, tercer
mundo–, y cada una con su propia estrategia de lucha y de interpretación del proceso
revolucionario y sobre la que se sustentaba toda una concepción de acción política, se mostró
finalmente como una línea incorrecta de análisis de la realidad.
El período revolucionario abierto en los sesenta fue liquidado prontamente, tan pronto
como su opción fue emular las estructuras estatales presentadas como alternativas al capitalis-mo.
La versión revolucionaria de la crítica al capitalismo hegemonizada por los partidos
comunistas, o los frentes de carácter socialista, tuvieron su apoyatura teórica y práctica en la
dictadura del proletariado y en la construcción del Estado socialista como presumible estado
de transición. Pero esa línea de actuación política ya había sido derrotada con la experiencia
soviética y más tarde con la china.
A partir de ahí, el conocimiento histórico ha demostrado que la acción encaminada a la
construcción estatal –aunque discursivamente se proclame socialista– termina siempre por
devolver a la burguesía al puesto de mando. Más allá del discurso existían relaciones de
identidad entre un modelo y otro, y éstas venían marcadas por el carácter netamente
productivista en el que se asentaban ambos. Un productivismo que igualaba la naturaleza de la
división del trabajo a nivel estatal e internacional en ambos sistemas –produciendo relaciones
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de intercambio desigual de manera estructural a nivel internacional, o lo que es lo mismo de
explotación, que producía contradicciones, de parecido alcance, entre el campo y la ciudad–
las grandes urbes rodeadas de centros industriales que explotan al campo no sólo son
patrimonio del mundo capitalista, que construía un monstruo burocrático de similares
características, en el que el poder político es una maquinaria encargada de reproducirse a sí
misma, y un largo etcétera de semejanzas estructurales que no es el caso examinar aquí.
El nacionalismo de izquierda está en el período 1975-1982 en el momento de mayor
expansión. Las burguesías periféricas, a excepción de la vasca y la catalana –como clase
estructurada políticamente– no se inscriben en el ámbito del nacionalismo, se encuentran muy
cómodamente asentadas en las formaciones políticas de la derecha tradicional española –esto
es válido para el caso canario y gallego–. Pero por otro lado hay que decir también que el
nacionalismo de izquierda fue un proyecto que no tuvo tiempo de desarrollarse plenamente y
por lo tanto su campo de acción se vio restringido tanto en el espacio como en el tiempo,
dado que el periodo de inestabilidad que siguió a la muerte de Franco se cerró con la llegada
del PSOE al poder en octubre de 1982 y la puesta en práctica de un nuevo modelo de Estado
que a pesar de los tira y afloja estuvo refrendado con la postura comprometida que en torno
a esa nueva distribución del poder sostuvieron las burguesías periféricas más pujantes
–catalanas y vascas– y que eran las únicas que tenían capacidad real de mantener
indefinidamente el periodo de desestabilización 1975-1982. Pero lo que nos interesa resaltar
es que el nacionalismo de izquierda, en el período de la transición, sólo podía tener la
definición que adoptó, debido a que se inscribía en una órbita política que pretendía ser una
contestación al capitalismo.
Por esa razón la tradición formativa de la militancia nacionalista de esa época se realiza en
el combate contra el último franquismo. En la mayoría de los casos los militantes del naciona-lismo
de finales de los setenta habían adquirido su conciencia política a través de referencias
marxistas o marxistizantes, eran combatientes del antifascismo y, por lo tanto, pertenecían a
toda esa tradición del movimiento político internacional que venía ejerciendo desde muchos
años atrás. Se formaban políticamente a través de la lectura y la discusión y consideraban su
actividad política como un modo de vida, no sólo como forma estética –que también–, sino
como compromiso con las clases oprimidas y explotadas.
Desde el punto de vista orgánico pertenecían a formaciones políticas –o simpatizaban con
ellas– que habían elaborado su discurso y su práctica –en el marco mundial– en la lucha por la
democracia y el socialismo, interpretado tanto lo uno como lo otro de diversas formas. Pero
básicamente eran estructuras políticas que respondían a formas organizativas clásicas en el
ámbito de la izquierda –PCE, PSUC, PCC, etc.–. Aparatos partidarios, más o menos
burocratizados, dependiendo de la fuerza social del partido, enriquecidos en la tradición del
“centralismo burocrático”, y del ordeno y mando de la dirección, aunque luego se disfrazase
con un discurso democraticista. Aunque bien es verdad que aquí tendríamos que hacer la
salvedad del caso vasco, en el que la influencia del PCE o partidos hermanos es menor, dado
que hasta la formación de ETA en 1959 el PNV era el partido que hegemonizaba la
resistencia al franquismo.
Sin embargo, el compromiso social que adquirieron estos grupos y partidos estaba sin duda
motivado por el interés declarado de combatir el sistema capitalista, y el nacionalismo
apareció en ese contexto como una forma óptima de aglutinamiento de las fuerzas sociales
progresistas que estaban por esa labor. Esa era, además, la experiencia que parecía verificarse
en otras latitudes, aunque lógicamente con características específicas en cada lugar. Desde la
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guerra del Vietnam hasta la argelina, desde Cuba hasta Irlanda del Norte, desde Euskadi hasta
Nicaragua, desde Canarias hasta el Sáhara, el nacionalismo en los setenta jugó una baza anti-imperialista
que se consideró válida en la lucha contra el capitalismo.
El nacionalismo de la derecha, que finalmente se ha impuesto desde el punto de vista
político y social, se desvela como una fuerza claramente conservadora. Es una tendencia
política que reclama como propio el denominado triunfo del mercado, y se inscribe objetiva y
subjetivamente en la tendencia dominante del nacionalismo conservador que azota a Europa.
El nacionalismo de la derecha responde a una recomposición de fuerzas de las burguesías
periféricas en el contexto del Estado español y de la Comunidad Europea y engloba en torno a
sí los históricos intereses del conjunto de las clases dominantes.
El movimiento nacionalista de las derechas no está proyectado en el sentido de buscar
formas liberadoras a los procesos de explotación –nacional, social, ecológico, político, etc.–,
sino precisamente en su contrario, es decir, en el ejercicio por el mantenimiento del poder
político y económico, etc., de la sociedad en que se proyectan.
Tras las experiencias de los años sesenta y setenta en torno a los problemas de las luchas
nacionales, la historia ha demostrado, de diferentes maneras y con distinto alcance, que todos
los movimientos de connotaciones –explícita o implícitamente– nacionalistas han sido hege-monizados
por las fuerzas conservadoras, y cuando a éstas se les ha escapado el proceso por
algún período de tiempo luego han vuelto a imponer su hegemonía de forma clara y
contundente. Desde esta perspectiva el nacionalismo se muestra entonces como un
movimiento que sólo puede aspirar a consolidar o reajustar el capitalismo en el territorio en el
que se entabla la lucha, independientemente de que el proyecto nacionalista se etiquete, o
efectivamente sea dirigido por la derecha liberal, conservadora, los partidos socialdemócratas,
socialistas o incluso comunistas. La tendencia a la construcción estatal, como ya alegamos en
otros trabajos,25 es una tarea histórica propia de la era del capitalismo. Las opciones políticas
que pretendan transformar esa forma de articulación social tendrán que buscar concreciones
políticas del poder distintas a las que representa el Estado, bien sea nacional o plurinacional.
En cualquier caso, se impone una deconstrucción de la trayectoria del movimiento
nacionalista y de los objetivos políticos que persigue, lo que no significa que haya que tirar
por la borda todo el bagaje histórico que representan estas formas de agrupación política.
Ahora bien, es obvio que la crisis de los modelos organizativos en los que se ha sustentado la
representación política, desde por lo menos la 2ª Guerra Mundial en adelante, afecta también
a los partidos y movimientos nacionalistas, sean estos de la tendencia que sean. ¿Qué queda
después de la bancarrota del socialismo real y de la crisis del Estado del Bienestar? El triunfo,
por lo menos aparente, del liberalismo; es decir, una decantación de las relaciones de fuerza a
favor de las corrientes de pensamiento liberal-conservadoras.
Si bien el despliegue pleno de las políticas del bienestar no alcanzan a España, por obvios
motivos políticos, las manifestaciones de su crisis sí la afectan de lleno. La inflación, las crisis
económicas, el aumento del paro y de la deuda pública ponen en cuestión el modelo de corte
europeo que comienza a plasmarse en España tras el franquismo. Se llega tarde y mal. Cuando
la socialdemocracia accede al poder en España, Reagan y Thatcher ya han comenzado la
cruzada contra el Estado del Bienestar y acto seguido los conservadores en toda Europa van
retornando a cada uno de sus gobiernos. En donde no lo hacen, caso español, los
socialdemócratas ponen en práctica las políticas liberal-conservadoras, aunque añadiendo a
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ellas las manifestaciones más perversas del modelo keynesiano: alta burocratización de los
aparatos de la administración –duplicando en muchos casos funciones entre la administración
central y las comunidades autónomas– con un notable grado de secuelas de corruptelas y otras
formas de delincuencia de “cuello blanco”.
La socialdemocracia ha fundamentado su creencia política en la acción racionalizadora del
Estado y su proyecto partía de la consideración de que éste tendría que actuar como regulador
de los “excesos del mercado”, por medio del aumento progresivo de la presión fiscal y de una
redistribución equitativa de la riqueza. Desde esa concepción, el Estado jugaría un papel
neutral en el juego de la libre concurrencia de los agentes económicos en el mercado. La
relación de fuerza en la sociedad se dibujaría por medio de las elecciones parlamentarias o
presidenciales cada cuatro años y en esos marcos institucionales se encontraría el centro, el
equilibrio entre las exigencias de los bandos enfrentados: el capital y el trabajo.26
Sin embargo, el Estado se convirtió en patrón y, por lo tanto, su papel neutral quedó de esa
forma en entredicho por la propia realidad. El planteamiento socialdemócrata quedó atrapado
en su propia lógica y el continuun de las luchas de clases se lo reafirmó con contundencia
cuando los propios sindicatos, también socialdemócratas, convocaron huelgas generales a
gobiernos de su propio color. No me refiero sólo ni mucho menos al 14-D en el caso español,
aunque también es válido, sino por ejemplo la contestación que tuvo por parte de la clase
obrera el compromiso histórico en Italia en la década de los setenta, el acuerdo alcanzado
entre el PSF de Mitterrand con la patronal a comienzos de los ochenta, o la escalada en la
conflictividad social que tiene lugar en el Estado español tras los Pactos de la Moncloa.
La corriente más radical de la socialdemocracia, actuante siempre desde posiciones
opositoras, como la voz de la conciencia frente al pragmatismo liberal de sus compañeros de
partido, teoriza la profundización de la democracia política como la vía para alcanzar la
democracia económica, y por extensión la social, pero fundamentando sus criterios,
igualmente, sobre el fenecido Welfare State. Es, por tanto, la respuesta socialdemócrata en sus
dos versiones, una estrecha visión excesivamente ideologizada y deudora de un modelo de
crecimiento agotado.
El pragmatismo socialdemócrata se mueve, a partir del inicio de la crisis de los setenta,
entre la presión de sus propias bases y las exigencias cada vez más agresivas de la patronal,
pero sus políticas no encuentran ahora la solvencia de un sistema económico que los ha ido
despojando de su vestimenta hasta mostrarlos completamente desnudos frente a la clase
trabajadora, a la que no le pueden prometer ni las ventajas del Estado del Bienestar –pleno
empleo o en su defecto protección al desempleo, asistencia sanitaria y educativa con criterios
mínimos de calidad, vivienda, etc.– ni proponerles expectativas de futuro mínimamente
razonables, que tengan en cuenta, además, la profunda transformación ocurrida desde el punto
de vista sociológico en el conjunto de los trabajadores, como consecuencia del desarrollo
científico-técnico y de los cambios habidos en el mundo de la producción.
El sindicalismo y los partidos políticos de la izquierda clásica, nacionalistas o no, actúan
como marcos reivindicativos de los colectivos de la aristocracia obrera. La época del
corporativismo ha pasado definitivamente a la historia y con ella las estructuras organizativas
propias de su momento. El sindicalismo y los partidos no pueden ser por más tiempo el
portavoz de intereses corporativos. La nueva organización, o tiene un carácter netamente
social, cooperativo, o no forma parte del mundo de las reivindicaciones liberadoras de la
explotación.
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XV Coloquio de Historia Canario-Americana
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La Huelga General del 27-E nos puede ayudar a reflexionar sobre lo que venimos
comentando. Independientemente del éxito, en términos cuantitativos, que tuvo la huelga por
lo que a su seguimiento se refiere, no debemos llevarnos a engaños a la hora de valorar el
significado real que esa acción sindical y política tiene en la actualidad.
Los sujetos históricos que en estos momentos representan la avanzadilla de la lucha social
y política no están insertos en el mundo del trabajo de “forma regular”, ni en consecuencia se
sienten representados por las organizaciones de ese ámbito laboral.
Hoy, el trabajo en precario, las contrataciones temporales, los que se mueven en el ámbito
de la economía sumergida, los subempleados, los parados, los excluidos, representan los
sectores golpeados de forma más contundente por el capital. Son esos sectores del mundo del
trabajo los que adolecen de estructuras orgánicas, de capacidad de movilización en los
actuales marcos jurídicos y políticos, y los que, por supuesto, nunca están representados en las
mesas de negociaciones, ni siquiera en esas huelgas generales de clases medias –Gutiérrez
dixit– del estilo de las del 27-E.
Las condiciones actuales de articulación social han dejado obsoletos los mecanismos de
representación clásicos del mundo del fordismo. Ni los partidos políticos, ni los sindicatos
–mucho menos las instituciones y aparatos del Estado–, son permeables hoy a las exigencias y
reivindicaciones de los nuevos sujetos sociales. Al contrario, lo que acertadamente se ha
denominado la “revolución conservadora” de la década pasada ha profundizado los
mecanismos y las formas de actuación antidemocráticas.
En estos últimos quince años se ha asistido, en el mundo occidental, a un proceso creciente
de monopolización del poder. Nuevos instrumentos de creación de subjetividades sociales han
irrumpido en la frágil estabilidad de fuerzas establecida en estas sociedades después de la
Segunda Guerra Mundial, quebrando por completo la dinámica de “equilibrio” sostenida hasta
ese momento. Este fenómeno junto a la creciente mundialización de los procesos económicos,
políticos, culturales, etc., que alejan cada vez más las tomas de decisiones del alcance de los
ciudadanos, y de los aparatos de los que, en teoría, estos se dotaban para ejercer el control
democrático, no pueden tener una respuesta de carácter nacionalista al estilo clásico, –es
decir, la que pretende la reproducción de aparatos de poder fracasados en los Estados
constituidos– sino, por el contrario, se tendrá que poner el énfasis –y esto es válido también
para los partidos de carácter estatal– en la búsqueda de la profundización de la participación
ciudadana en la toma de decisiones políticas.
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Identidades locales y globalización
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NOTAS
1 Brzezinski, Zbibniew, El gran tablero mundial. La sipremacía estadounidense y sus imperativos
geoestratégicos, Paidós, Barcelona, 1998, pp. 36-38. El autor fue consejero para la seguridad nacional en el
gobierno Carter y,a la vez, es asesor del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de la
Universidad Johns Hopkins de Washington.
2 Huntington, Samuel P., “Why International Primacy Matters”, International Security, citado en Brzezinski.
3 Brzezinski, B., op. cit., p. 48.
4 “Las Instituciones de la Unión Europea”, en http://europa.eu.int/inst-es.htm.
5 Portelli, Hugues; Gramsci y el bloque histórico, Siglo XXI, México, 1977 [1973], p. 34.
6 Schiera, Pierangelo, “Estado moderno” en Diccionario de Política dirigido por Bobbio, Norberto y
Matteucci, Nicola, Siglo XXI, Madrid, 1982 [1976], p. 632.
7 Poulantzas, Nicos, Hegemonía y dominación en el Estado moderno, Cuadernos de pasado y presente,
Buenos Aires, 1973, p. 53
8 Schiera, Pierangelo, op. cit., p. 633
9 Debord, Guy, La sociedad del espectáculo, http://milfuegos.tao.ca/lista/index.htm (el libro se puede bajar
por Internet en esta dirección en un archivo comprimido).
10 Jáuregui, Gurutz, Los nacionalismo minoritarios y la Unión Europea, Ariel, Barcelona, 1997, p. 127.
11 Ibid. p. 128
12 Albiac, Gabriel, Desde la incertidumbre, Plaza y Janés, Barcelona, 2000, p. 231. (En esta cita Albiac está
parafraseando una parte del trabajo de Antonio Negri El poder constituyente. El poder constituyente se usa
aquí como sinónimo de revolución).
13 Grain (Acción Internacional en pro de los Recursos Genéticos) y CAMBIOS (Cambio Social,
Biodiversidad y Sostenibilidad del Desarrollo de la Universidad Nacional de Costa Rica, “Patentes,
piratería y falsas promesas”. Patentar la vida: el asalto definitivo al patrimonio común, en
http://www.grain.org/publications/spanish/pirateria.htm. En el artículo se recogen algunos ejemplos ya
investigados sobre el tema de la comercialización de los genes. Veamos uno aquí: genes de asma de Tristán
da Cunha. Antecedentes: la gente de Tristán da Cunha, una pequeña isla en el Atlántico meridional, tiene
una de las incidencias más altas de asma del mundo, ya que un 30% de la población sufre de ese mal y otro
20% es propenso a la dolencia. Se sabe que dos o tres de las siete familias que originalmente poblaron la
isla padecían de asma. Por lo tanto, esta población aislada representa la comunidad ideal para aquellos
investigadores que intentan identificar los genes del asma.
Patentes: en 1991, investigadores de la Universidad de Toronto comenzaron un proceso de dos años,
convenciendo a los residentes de Tristán da Cunha para que participaran en su investigación.
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XV Coloquio de Historia Canario-Americana
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En 1993, los investigadores adquirieron muestras de sangre de 272 habitantes y regresaron a Canadá. Al
año siguiente, las muestras se entregaron a Sequana Therapeitcs, compañía que utiliza el ADN para
identificar la mutación genética que predispone al asma. En mayo de 1995 el Director de Operaciones de
Sequana informó que la compañía había hecho un “enorme progreso” al ubicar la posición exacta del
llamado gen del asma. Tres meses después, la compañía anunció que había suscrito un convenio por un
valor de hasta 70 millones de dólares con el gigante farmacéutico Boehringer Ingelheim que ahora posee
los derechos mundiales para desarrollar y comercializar terapéuticas basadas en genes de asma. Sequana
retiene los derechos sobre procedimientos diagnósticos. A los isleños, en cambio, sólo les ha quedado algo
de equipamiento para evaluar la función pulmonar, que dejaron los investigadores canadienses.
Implicaciones: a medida que los científicos continúan en la carrera por identificar genes que expliquen
cada rasgo físico y sicológico humano, las poblaciones humanas se convierten en sujetos prioritarios de la
investigación, más aún las comunidades aisladas como sucede con la gente de Tristán da Cunha. Los
guaymíes de Panamá y los habitantes de las Islas Salomón también han visto sus líneas celulares
convertirse en sujetos de patentes propiedad del gobierno de los EE.UU. En ninguno de estos casos se hizo
explícito a las poblaciones que aceptar dar muestras de sangre implicaba la posibilidad de convertirse en
sujeto de una patente. En todos estos casos, las comunidades locales han reaccionado con indignación al
enterarse de la privatización de su material genético.
14 Castells, Manuel, La era de la información, Vol. II, Alianza Editorial, Madrid, 1997.
15 Ibid., pp. 295-296.
16 Jáuregui, Gurutz, op. cit. p. 167
17 Hobsbawm, E, Naciones y nacionalismos desde 1780, Crítica, Barcelona, 1991, pp. 195-197.
18 Jáuregui, G, op. cit., pp. 132-134.
19 Ibid., pp.137-153
20 Debord, Guy, op. cit.
21 Castoriadis, Cornelius, La institución imaginaria de la sociedad. El imaginario social y la institución, Vol.
2, Tusquets, Barcelona, 1989 [1975], pp. 311-312.
22 Letamendía, Francisco, Juego de espejos. Conflictos nacionales centro-periferia, Trotta, Madrid, 1997,
p. 103.
23 Ibid., p. 123.
24 Ibid., p. 151.
25 Garí Hayek, D.: Historia del nacionalismo canario, Ed. Benchomo, 1992 y Los fundamentos del nacionalismo
canario, Ed. Benchomo, 1992.
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Identidades locales y globalización
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26 Ocurre que el Centro, o lo que es lo mismo, el Orden, a pesar de quererlo mostrar como catalizador neutral es,
sin embargo, el reproductor de las jerarquías y del mando. El Centro, que en la simbología política lo encarna el
Estado –el Estado-Capital– no es equilibrador de nada. Es, por el contrario, pura violencia contra todos. El
orden no mesura, sino subsume, engulle, vampiriza.
“El centro no sólo se limita a atrear hacia él los recursos que necesita para alimentar sus operaciones, sino que
también extrae de su entorno las energías indispensables para su propia consolidación, su fortalecimiento y,
sobre todo, su expansión. Todo lo que está en la órbita del centro tiene que rendirle tributo”. Tomás Ibáñez,
“Sísifo y el centro, o la constante creación del orden y del poder por parte de quienes lo cuestionamos”, en
Archipíelago, nº 13, Barcelona, 1993, pp. 85-92.
En el Centro no se está, el Centro se es, por eso quien es poder es inmediatamente el Centro. Franco no era ni
de derecha ni de izquierda, era el Centro; “-El Centro: lo bueno de la izquierda y de la derecha- decía luego
Suárez”, y el centro es el PSOE desde 1982. “El centro son siempre los que mandan. Una lucha de clases es
una regla de juego tal que impone que un jugador gane siempre y el otro pierda siempre. En el mercado laboral
pierde el trabajador porque le falta el capital...” y el capital es lo que permite ser centro, orden, poder.
La cita es de Jesús Ibáñez, “El centro del caos”, en Archipiélago, nº 13, Barcelona, 1993, pp. 14-26.
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