Algunas puntualizaciones sobre el régimen señorial en la isla de Lanzarote en las postrimerías del Antiguo Régimen

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ALGUNAS PUNTUALIZACIONES SOBRE EL RÉGIMEN
SEÑORIAL EN LA ISLA DE LANZAROTE EN LAS
POSTRIMERÍAS DEL ANTIGUO RÉGIMEN
Belinda Rodríguez Arrocha
INTRODUCCIÓN
El estudio de los libros de Acuerdos de Cabildo conservados en los Archivos Históricos
de las Islas Canarias permite ahondar en los actuales conocimientos sobre la actividad
gubernativa desarrollada en el Archipiélago en la Edad Moderna.
En este sentido, la investigación llevada a cabo sobre el régimen señorial, en el que se
encontraron subsumidas las islas de Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y El Hierro desde
el siglo XV hasta comienzos del siglo XIX (incluidos los islotes de La Graciosa, Alegranza,
Lobos, Montaña Clara y los Roques del Este y del Oeste) supone el esclarecimiento de
muchas de las circunstancias de índole política, social, económica y militar que concurrían en
aquellos siglos. Así, pues, en los últimos años se han realizado valiosísimas aportaciones
referidas al citado régimen, como la obra titulada Agustín de Herrera y Rojas, I Marqués de
Lanzarote, de los profesores Lobo Cabrera y Bruquetas de Castro, así como el estudio El libro
de Acuerdos de Cabildo relativo al nombramiento de los Alcaldes Mayores de la Gomera.
1775­1816,
de las profesoras Sevilla González y Díaz Padilla, el trabajo de investigación La
administración local en Canarias durante el Antiguo Régimen, de Suárez Grimón, o la obra
El Señorío en Las Canarias Occidentales. La Gomera y el Hierro hasta 1700, de Díaz Padilla
y Rodríguez Yanes.
Los siguientes apartados constituyen una modesta aportación sobre el gobierno de una de
las islas orientales adscritas al régimen de señorío, como es Lanzarote. La documentación
localizada se refiere a los últimos decenios del siglo XVIII, concretamente las Actas de Cabildo
conservadas en el Archivo Histórico de Teguise (antigua capital de la isla) y redactadas por el
escribano don Luis García.
El estudio de la documentación nos aporta significativos datos referentes a los
nombramientos de los oficios públicos en el contexto del régimen señorial, pero también
supone indagar sobre la gravedad de los problemas tanto de índole económica como social
que afectaban a los moradores de la isla y que ocupaban un lugar preferente en los asuntos
tratados en los cabildos, tales como las medidas urgentes destinadas a la extinción de la plaga
de langosta o al control de los precios de los alimentos de primera necesidad.
Mención especial merece la recepción frecuente de provisiones dadas por la Real
Audiencia de Canarias que, como tendremos oportunidad de ver, resolverán incluso
controversias relativas al nombramiento de los “empleos” públicos. El estudio de
las mencionadas disposiciones permite además conocer su grado de intervención en la
configuración del “derecho administrativo local”. 1
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EL NOMBRAMIENTO DE LOS CARGOS PÚBLICOS EN EL LIBRO DE ACUERDOS DEL CABILDO DE
LANZAROTE
Podemos deducir el número aproximado de regidores que integraban el Cabildo en
aquellos años, y que atendiendo a las actas consultadas oscila entre los seis y los nueve
miembros. Personalidades como el Alguacil Mayor y Teniente Coronel Francisco Guerra
Clavijo, el Teniente Capitán Antonio Fernández de Socas, el capitán Bernabé Camacho, el
Alférez Abanderado Nicolás de Salazar Carrasco, el Teniente Capitán Pedro Francisco Ginori,
Sebastián de Vitoria y Molero, Matías Rancel, Domingo Martín o Manuel Suárez Carreño
desempeñaron sus funciones como regidores. No obstante, es importante señalar que no
siempre los acuerdos eran tomados estando presente la totalidad del “cuerpo” de “Justicia y
Regimiento”, siendo frecuente que algunos de ellos estuvieran ausentes, o que acudieran a “la
sala capitular” con retraso. Incluso se llegaba a posponer la celebración de los cabildos para
otro día ante la ausencia de la mayor parte de los miembros y eran enviados recaderos a sus
domicilios para conminarles a que acudieran al lugar de reunión.
En primer lugar, las actas del Cabildo nos aportan ilustrativos ejemplos sobre el
nombramiento del cargo de Alférez mayor, como el contenido en el acta con fecha de ocho de
octubre de mil setecientos ochenta y uno. En ella se recoge un pedimento presentado por el
capitán y caballero Salvador Clavijo, 2 con el que demostraba su nombramiento realizado por
el señor Francisco del Castillo en nombre del “Excelentísimo” Señor Marqués de Lanzarote,
Martín Pedro Bartolomé Dávila Suárez de Mendoza, perteneciente a la Casa de
Velamazán (familia a la que ya había pasado el señorío de Lanzarote a través de los enlaces
matrimoniales y que tenía su residencia en tierras sorianas, valiéndose de apoderados para
ejercer sus poderes señoriales en la isla).
Del Castillo era a la sazón el “apoderado” del marqués, y además de ser Capitán de
Infantería de milicias provinciales de Canarias y Gobernador de las Armas de los Bandos del
Mar de Lanzarote, era administrador de la Real Renta del Tabaco de Habana. Tal y como
expresaba la redacción del texto, al capitán le había conferido el señor de la isla “facultades
especiales” en los ámbitos económico y militar. Poco tiempo atrás había quedado vacante el
oficio de Alférez Mayor de Lanzarote, puesto que el señor Francisco Fernández de Socas,
Sargento Mayor de Infantería que había ocupado el mencionado escalafón, había fallecido. La
elección del señor Salvador Clavijo se debió a la “idoneidad” de su persona (caracterizada por
su “distinguido nacimiento y probada cordura”, aspectos que, según el texto, “contribuían al
beneficio de la causa pública y a la mejor administración de la Justicia”) y a los “particulares
y recomendables servicios hechos a el estado de esta isla” como Capitán de Milicias,
“castellano” del fuerte de San Joseph en Lanzarote y secretario, por su Majestad, de la
Comandancia General de las Islas Canarias. Su nombramiento como alférez mayor se
entendía hecho “por el tiempo de la voluntad de dicho Señor Excmo. y no más”, dato
significativo que contribuye a la valoración de las potestades de las que gozaba el señor de la
isla a finales del siglo XVIII, pese a que en esta centuria el poder señorial sufrió un claro
retroceso en el Archipiélago frente al incremento del poder Real. Al Alférez Mayor se le
debía guardar, desde los momentos posteriores a su juramento, las “armas, preeminencias,
inmunidades y fastos”correspondientes a su oficio.
En segundo lugar destaca la documentación relativa a las elecciones de Alcalde Mayor y
Síndico Personero General del Común. Por ejemplo, en el acta del día doce de enero de mil
setecientos ochenta y dos se hizo entrega por parte del Alcalde Mayor una Real Provisión de
los “muy ilustres señores” de la Real Audiencia de Canarias, provisión redactada el mes
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anterior y que ordenaba la celebración de las citadas elecciones. Después de haberse leído,
como era costumbre en aquellos años, de verbo ad verbum en el cabildo, se acordó por sus
miembros obedecerla con “todo el respeto y veneración debida”. El Alcalde Mayor, a la sazón
el señor Manuel de Sancho Arbelo y Ferrer, debía despachar los “boletos”para nombrar
“personas dobles”, medida introducida pocos años atrás por la Real Cédula de 1775, que
encomendaba a los “Comisarios­Electores”
la proposición de “dobles”. 3
Poco tiempo después, el veintidós de febrero del mismo año, se plasmaron por escrito los
resultados de las elecciones, causantes de un grave desacuerdo entre Manuel Arbelo y el resto
de los miembros de la “Junta” 4 del Cabildo. En efecto, el Alcalde Mayor, en cumplimiento de
la Provisión dada por la Real Audiencia, había entregado los boletos para que los vecinos, en
cabildo general abierto y celebrado el día tres de ese mes, propusieran a las dos personas
dobles para Alcalde Mayor Diputado y Síndico Personero. Los comisarios electores llevaron a
cabo la elección, y al día siguiente expresaron su propuesta, que se hizo saber directamente al
administrador particular del señor Marqués, citado en el acta como “dueño territorial” de la
isla. La comunicación se realizó el día seis y ocho días después fue nombrada la primera
persona doble para Alcalde Mayor. El señor Alguacil mayor, Francisco Guerra Clavijo,
manifestó después de haber conocido la propuesta del Alcalde que no podía
votar para dicho recibimiento, en atención a haberse suplicado por este Cabildo la
Real Provisión que previene dicha elección, en cuya virtud se halla ligado para dar
dictamen sobre ella hasta la determinación de aquella superioridad, en cuya atención
sólo acuerda se intime [...] a los procuradores y ministros alguaciles no actúen ni
obedezcan en manera alguna las órdenes y disposiciones del dicho Alcalde Mayor
electo, aunque subrepticiamente se le ponga en posesión de la Real Jurisdicción,
pena de cincuenta ducados aplicados a la voluntad de dicho superior Tribunal, y de
suspensión de oficio hasta su determinación; [...] Esta conminación la notificará a los
demás [...] procuradores y ministros alguaciles, so pena de la misma suspensión y
multa para testimonio de este acuerdo a cualquiera de los señores concejales 5 que lo
pidan.
Estas últimas líneas nos llevan a considerar el papel fundamental que podía jugar
la Audiencia en el procedimiento de la elección del susodicho cargo. Algunos de sus
dictámenes, como tendremos la oportunidad de comprobar en otros documentos, serán
decisivos a la hora de dirimir los conflictos surgidos en Lanzarote en materia de atribución de
oficios públicos.
Por su parte, el Alférez Mayor Salvador Clavijo manifestaba su pesar por la actuación del
Alcalde, que pretendía “aprobar” la elección sin cumplir los mandatos contenidos en la
Provisión. Si bien reconocía que en el Alcalde Mayor residía la autoridad como “cabeza” del
Cabildo, afirmaba que ésta estaba limitada a “todo aquello que se pone a la deliberación de
este congreso”. Mencionaba el obvio carácter superior del Tribunal de la Real Audiencia cuya
composición la integraban “supremos magistrados”, para posteriormente alegar la primacía de
los acuerdos del Cabildo sobre las decisiones del propio Alcalde. A la irregularidad de la
actuación de Manuel Arbelo se añade además el hecho consistente en el nombramiento de los
alcaldes de los lugares de Haría y Yaiza, efectuado “indebidamente”. Estos alcaldes estaban
ya ejerciendo sus oficios, tal y como afirma el acta, “sin haber nuevo Alcalde Mayor que les
apruebe, como es a quien corresponde”.
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Posteriormente se esgrimen incluso, por parte de los componentes del Cabildo, causas de
controversia de índole personal, tales como un desaire realizado en público por parte del
Alcalde Mayor a los “concejales” del Ayuntamiento unos años atrás en el día del “Corpus”,
acción que en aquel contexto histórico suponía un agravio de considerable importancia. Su
alusión es utilizada como argumento para afirmar el “desprecio”que manifiesta de ordinario el
Alcalde a los miembros del Cabildo. Además se hace hincapié en la gravedad del
comportamiento de Arbelo, manifestando que toda la isla se lamentaría si conociera su daño y
los señores marqueses de ella sentirían “ver menospreciado un cuerpo que con tanta gloria
suya establecieron para que, representando en ella (a) sus ilustres personas, se opusiesen
y rechazasen las operaciones de los que como malos patriotas intentasen abandonarla y
reducirla al infeliz estado en que se halla”.
En el documento se incluyó a continuación el acuerdo de suspensión de los nuevos alcaldes
de Haría y Yaiza, y de sus respectivos diputados en el ejercicio de sus empleos, bajo multa de
otros cincuenta ducados hasta la determinación de la Real Audiencia, decisión que de forma
expresa aparece tomada por los ya citados Alguacil Mayor y Alférez Mayor y por los señores
capitanes Bernabé Camacho y Antonio Socas.
Manuel Arbelo, ante la decisión tomada en el Cabildo (que él estimaba denigrante),
manifestó su deseo de suspender la toma de posesión de Alcalde Mayor electo y dejar la
administración de la Real Jurisdicción (que ejercía en virtud de las potestades inherentes a su
cargo), hasta la superior orden del susodicho tribunal. Los señores regidores consideraron que
esta última resolución suponía dejar en suspensión enteramente el Cabildo “para que ni se
vuelvan a celebrar más, ni los concejales puedan deducir lo que sobre ellos les corresponde
protestar al señor Alcalde Mayor todos los daños y perjuicios que puedan ocasionarse a la isla
sobre cualquiera asunto [...]” y estimó oportuno dar en lo sucesivo al Alcalde los testimonios
de los acuerdos que pidiera y señalare con tal de que cada uno de ellos fuera íntegro y no se
tergiversara ni interpretara siguiendo los propios intereses.
Finalmente, el día dieciocho de mayo del mismo año de mil setecientos ochenta y dos se
leyó en la “Junta” de Cabildo y se recogió en el acta una Real Provisión de la Real Audiencia
de las Islas, con fecha de dos de mayo, por la que se ordenaba la entrega de la Real
Jurisdicción al Capitán castellano y Alférez Mayor Salvador Clavijo, hasta nueva providencia
del mencionado tribunal. Los miembros integrantes de la Junta procedieron, tras haber leído la
mencionada disposición, a ordenar la comparecencia del alférez para ponerle en posesión del
empleo de Alcalde Mayor y la entrega, a manos del caballero Alguacil Mayor, de la vara de la
Justicia.
La disparidad de pareceres existente entre el señor Manuel Arbelo y el resto del Cabildo
sobre la elección de tan importante cargo público, quedó, pues, dirimida de esta forma.
En el acta de veinte de febrero de mil setecientos ochenta y seis puede leerse otro buen
ejemplo de entrega de la Real Jurisdicción, recaída en este caso sobre Mateo Monforfinal,
administrador de la Real Renta del Tabaco, que en el tiempo inmediato a su nombramiento
debía convocar las elecciones de “diputado y personero”. La mencionada entrega de la vara de
la Justicia había sido acordada en Auto de la Real Audiencia el día dieciséis de enero,
“habiendo visto el expediente de elecciones de Alcalde Mayor y demás oficios de la isla de
Lanzarote, con lo expuesto por sr. Juan Travieso, Síndico Personero General de dicha isla, en
sus escritos de diez y catorce de diciembre [...]”
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En tercer lugar, cabría señalar el hallazgo de significativos ejemplos de nombramientos de
síndicos personeros y depositarios del Pósito, como el recaído sobre Domingo Viñoli y Pedro
de León el seis de marzo de mil setecientos ochenta y seis, o la elección de los tenientes Juan
Vicente de Betancor y Agustín Cabrera, que presentaron escritos para “excusarse del ejercicio
de sus cargos”, según consta en el acta de nueve de agosto de mil setecientos ochenta y dos.
El primero de los tenientes aludidos alegaba haber ejercido ya dos años el empleo de Síndico
Personero, y el segundo pretextaba residir en Yaiza por motivos familiares y no poder
concurrir con la “frecuencia necesaria para el despacho de dicho pósito”. 6
La “sala”, si bien manifestó hallar reparos en acceder a las peticiones de ambos, decidió
nombrar en su lugar por depositario a Juan Bernardo Cabrera, vecino de Teseguite, y por
procurador síndico, a Matías Rancel.
Otro ilustrativo ejemplo de petición para abandonar un oficio público lo encontramos en el
acta fechada el veintiséis de febrero de mil setecientos ochenta y cinco. En ella se menciona
el pedimento presentado por Joseph Alonso Pino, nombrado administrador de las rentas
originadas por “la medida de granos y la entrada del vino”. Pino manifestaba no poder
cumplir con el cargo a causa de sus muchas ocupaciones y a la pobreza actual en la que se
encontraba, motivos que le conducían a la solicitud de renuncia.
Los miembros del Cabildo tuvieron a bien la estimación de estas razones alegadas y
acordaron nombrar en su lugar a Isidro Arbelo, a quien asignaron la tercera parte de las
mencionadas rentas, “dando fianza y cuenta de lo que fuere venciendo cada tres meses y
depositando en el mayordomo de propios lo que fuere cobrando, deducido su estipendio”.
Precisamente en el mismo documento se aludió con posterioridad a la orden de la Real
Audiencia sobre nombramiento de Diputados de Abasto y Síndico Personero del Común, en
conformidad de lo prevenido por las Reales Cédulas (la reforma municipal de 1766 había sido
extendida a los municipios señoriales canarios en 1772, haciendo disminuir el poder señorial
privándole de la facultad de nombrar Síndicos Personeros y Diputados del Común) 7 . El
acuerdo tomado por el Cabildo consistió en celebrar la asamblea general unos pocos días
después (el siete de marzo) y en librar los boletos para llevar a cabo la votación.
En el acta de Cabildo de treinta de enero de mil setecientos ochenta y dos se presentó un
pedimento dirigido por el Ayudante Mayordomo Joseph Espinosa, que había sido nombrado
unos pocos días antes como “comisionado” que diera cumplimiento a las disposiciones
acordadas en materia de extinción de la langosta.
Espinosa, en el escrito presentado, alegaba que no podía aceptar el encargo por causa de
las muchas ocupaciones de su empleo y porque estaba “entendiendo” en un servicio como era
la comisión de pósitos, pues en aquellos momentos estaba recibiendo y examinando las
“cuentas”. Estas razones no parecieron convencer del todo a los miembros de la “Junta ”, que
manifestaban su temor de no ver cumplidos los acuerdos relativos a la extinción de la plaga,
de ahí que la contestación al pedimento quedara pendiente.
Podemos encontrarnos además con algunos supuestos de dimisión del empleo de Alcalde
Mayor, como el contenido en el acta fechada el día cuatro de febrero de mil setecientos
ochenta y seis. En el Cabildo se leyó aquel día un “pedimento” dado por el procurador Joseph
Hernández de Franquis, a nombre de Juan Antonio Travieso, Síndico Personero General de la
isla, presentado el día siete de enero de aquel año. En la citada petición se hacía presente una
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Real Provisión de la Real Audiencia de doce de diciembre del año anterior. La disposición
establecía la necesaria celebración de las nuevas elecciones, admitiendo la dimisión
previamente solicitada por el Alcalde Mayor, que en aquel año era el ya citado Salvador
Clavijo. La provisión hacía también alusión a la escasez de regidores, que repercutía
negativamente en “los asuntos del público” (que se encontraban “abandonados”) y ordenaba
además que se hiciera saber al Apoderado General del Estado su deber de nombrar a los
regidores, “proponiendo para ello los sujetos beneméritos y de honor patriótico por la causa
pública”.
De sumo interés es el acta de veintidós de agosto de mil setecientos ochenta y cinco, en la
que es mencionado el privilegio que tenían, tanto las islas de señorío como las de realengo,
consistente en la facultad de nombrar a los miembros de las “castellanías”.
En efecto, se leyó en el cabildo una carta del señor Comandante General de la provincia,
fechada en Santa Cruz de Tenerife a dieciocho de julio. En ella el comandante manifiesta la
Orden dada por el Rey que establecía la obligación de formar Juntas subalternas en las islas
de señorío y realengo. Debían estar “compuestas” por el comandante de las Armas, el
Corregidor o persona que ejerciera la jurisdicción civil por otro, un regidor nombrado por
el Ayuntamiento y un secretario (que debía ser el escribano del Cabildo). La Junta General,
que debía formarse en la isla de Tenerife, y las subalternas tenían a su cargo cuanto fuera
relativo a la fortificación de las Islas, al vestuario y al armamento de las milicias y tropas, para
cuyas necesidades materiales se hallaban “concedidos los dichos arbitrios de uno por ciento
sobre todos los ramos comerciales de entrada y salida de otros varios”. De manera expresa se
ordenaba la conservación del privilegio de poder nombrar a los “castellanos”, entendiendo
que “a fin de ejecutarlo habían de proponer al Rey por medio de escrito tres personas idóneas
para cada empleo”.
Las Juntas tenían el deber de proponer a los oficiales de milicias “de igual forma que se
hacía por los ayuntamientos de la Península”. Precisamente, el acta de cuatro de febrero de
mil setecientos ochenta y seis constituye un ejemplo representativo del ejercicio del susodicho
privilegio.
En aquella sesión habían sido presentados por el Subteniente abanderado Nicolás de
Salazar Carrasco y por Sebastián de Vitoria sendos títulos de regidores despachados por
Francisco de Castillo (apoderado general del señor Marqués de la isla). En la sesión fue leída
una carta del caballero Gobernador de las Armas, con fecha de treinta de diciembre del año
anterior, que manifestaba los servicios de los tres tenientes más antiguos del Regimiento de
milicias, para que la Junta procediera a la proposición de capitán para la octava compañía,
puesto vacante por fallecimiento del señor Antonio de Socas. A continuación se procedió a la
elección por parte de cada uno de los miembros del Cabildo que se hallaban presentes, cuyas
decisiones quedaron plasmadas por escrito en el texto redactado por el escribano. Así, vemos,
por ejemplo, cómo el caballero Nicolás Carrasco nombró en primer lugar, al teniente Agustín
Cayetano Barreto, en segundo lugar, al teniente Salvador Curbelo, y en tercer lugar al teniente
Pedro Ginori.
ACUERDOS TOMADOS EN MATERIAS DE ÍNDOLE SOCIO­ECONÓMICA
Fundamentalmente destacan las disposiciones relativas a la regulación de precios y al
abastecimiento de alimentos, la limpia de maretas (actividad tan necesaria en un territorio
caracterizado por la escasez de agua), la persecución de algunas actividades ilícitas como la
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práctica de la usura, y por último, la extinción del principal enemigo de las cosechas, como es
la plaga de langosta.
La preocupación por la regulación de los precios de los alimentos aparece explícitamente
en un acta redactada el mes de julio del año de mil setecientos ochenta y uno. En aquella
sesión el caballero diputado del común, Basilio Podio, denunciaba la desidia con que se
trataban los asuntos referidos a los “comestibles” principales, como eran el pan, el vino, el
pescado y el aceite. Estos alimentos mantenían el mismo precio en todas las estaciones, y
desde hacía “muchos años”. Afirmaba la necesidad de introducir variaciones en el precio del
pan, atendiendo al precio que en cada temporada tuviera el trigo. La carne debía, según su
criterio, ser valorada con una nueva tarifa, mientras que censuraba las mezclas realizadas en
los vinos que se ponían en venta. También se quejaba del precio del pescado, acusando a los
pescadores de codiciosos y de cometer irregularidades en el ejercicio de sus oficios. Los
comerciantes vendedores de aceite obtenían unos beneficios del ciento por ciento, ganancia
juzgada como escandalosa. Podio solicitaba, en conclusión, la adopción de medidas tendentes
a corregir estas situaciones.
La limpieza de las maretas aparece en numerosos documentos, como el acta de veintidós
de septiembre del último año citado, en la que se aclara de manera explícita que la “limpia”
debe realizarse a expensas de la vecindad.
Sobre esta cuestión hallamos interesantes testimonios en una de las actas del siguiente mes
de noviembre, del día seis concretamente. En ella el Alférez Mayor hace hincapié en el
insuficiente número de aljibes, estimando no haber “ni con mucho cada uno de diez vecinos
con una aljibe”. Añade que los propietarios de estos depósitos de agua suelen gastarla en su
totalidad ya que la necesitan para el abasto de sus casas, animales y otros menesteres. Por
estos motivos era necesario cuidar y limpiar la mareta periódicamente.
En el acta de ocho de octubre de mil setecientos ochenta y uno Basilio Podio vuelve a
insistir en la necesidad de que hubiera un mayor control en el precio de los alimentos,
afirmando que se practican
muchas usuras y fraudes en el pan, vino nuevo y aguardiente del mismo, aceite,
pescado [...] y aunque las facultades que el Rey Nuestro Señor ha dado a los
diputados de celar sobre las calidades, precios, pesos y medidas, y hallando reos,
castigarlos con multas, prisiones según su delito, y procesarles si fueran reincidentes
y, con los autos, remitirlos a la superioridad, y que por dicho efecto se ha señalado
por el Real Consejo un ministro Real para que [...] no haya omisión en el celo del
bien público, todo esto está abolido por falta de auxilio de justicia.
En el mismo documento quedó recogida por escrito la “representación” del Síndico
Personero Juan Vicente Betancor, que manifiesta tener conocimiento de las quejas que varios
vecinos de la isla han dado “sobre las iniquidades que están haciendo los pescadores y
vendedores con el pescado fresco y salado, quebrantando las Providencias judiciales”.
Betancor denuncia la negligencia de la Justicia a la hora de corregir estos “desórdenes” y
afirma que él mismo ha presenciado “en algunas playas verlo vender por precios muy
irregulares, y al peso de su libre albedrío”.
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Los alimentos son, según el parecer del Síndico Personero, “el objeto principalísimo en
que los señores jueces han de poner su mayor celo, pues de este cuidado depende la sociedad
y unión de las gentes”.
Los miembros del Cabildo manifestaron en la “sala” la conveniencia de que
fueran expuestos ante los tribunales superiores y por parte del señor Alcalde Mayor, los
inconvenientes que impedían la adecuada administración de justicia. Se solicitaba, ante todo,
que el Alcalde Mayor usara de los arbitrios comunicados por los dichos tribunales “o de
aquéllos que la prudencia le dictare, teniendo en consideración que la isla está totalmente
perdida respecto de la libertad y falta de subordinación con que se vive en ella, pues se ve que
todos los dependientes de la Real Jurisdicción ordinaria se hallan en un estado de mofa y
menosprecio”.
En aquella sesión la “Junta” acordó que el caballero Síndico Personero se hiciera cargo de
lo expuesto y pudiera dar “por sí y en nombre de su patria [...] representaciones que estimase
convenientes al beneficio público a los tribunales superiores, de donde sólo se pudiera esperar
un eficaz remedio a tantos males”. Se encarga también a cada miembro del Ayuntamiento que
procure evitar las compras y ventas ejecutadas por los “regatones”, que “en los pueblos de la
isla los hay ganando un ciento y ciento y cincuenta por ciento en los mismos efectos que a las
fuerzas de sus lonjas públicas compran para usar de ellos como revendedores”.
Por último, se encomienda a todos los caballeros presentes que “usando de las facultades a
que les inspira el amor del patriotismo, se apliquen a remediar como puedan tantas
calamidades como se ofrecen por estos desórdenes públicos”.
En acta de seis de noviembre del mismo año constó por escrito el parecer que al
respecto tenía el Alférez Mayor. Éste estimaba que debían tomarse en consideración las
representaciones presentadas por Basilio Podio.
Volvía a insistirse en este último documento sobre el carácter grave de la regatonería y la
usura, cuya práctica conllevaba efectos notorios en el abasto público. Afirmaba la “sala” por
aquel entonces que el hecho de que los señores regidores no trataran de poner fin a esas
situaciones no significaba en absoluto que el Alcalde Mayor pudiera abstenerse de intervenir,
puesto que, como primer regidor “a quien nadie puede contradecir ni impedir el castigo de
semejantes efectos” debía cumplir con las obligaciones inherentes a su empleo y “velar sobre
todas los ramos de policía, guardando y haciendo guardar a la jurisdicción aquel decoro y
majestad que ella en sí contiene”.
De manera similar al documento anterior, se encomienda a los miembros de la “Junta” la
necesidad de que persigan, como “tutores de la República”, a los que “damnifican” al país, así
como que miren por “el amparo de los pobres en todo lo que sea posible como lo es el
procurar y celar cada uno respectivamente que la República esté surtida y abastecida de lo que
necesitan a unos precios moderados y que no perjudiquen a terceros”.
El ánimo del Alférez Mayor era “animarles a mirar por el bien público, no desangrándolo
con sus auxilios y procurando igualmente que sus acuerdos sean vivos y efectivos, pues los
más de ellos son muertos, quedándose sin ejecución y sólo escritos en el papel”, afirmación
que parece indicar claramente la escasa fuerza que tenían muchas de las decisiones adoptadas
en las sesiones del cabildo. La propia insistencia por parte de Podio en la puesta en práctica de
medidas que paliaran la “irregularidad” de los precios es un dato que permite considerar que
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no existía un control absoluto sobre las actividades comerciales que se desarrollaban en
aquellos años en Lanzarote (tampoco debía de ser, pues, una tarea sencilla la erradicación
completa del regateo y la usura).
Antes de concluir la “Junta” de aquel día se fijaron los precios de los alimentos principales,
que fueron, a título anecdótico, los siguientes. El del pan cocido (debiéndolo estar
suficientemente) debía ser de catorce onzas. La carne debía mantener el mismo precio hasta el
siguiente mes de enero, a excepción de las reses sacrificadas que contaran con menos de un
año, que no podían venderse a los precios estipulados. La modificación de los precios del
pescado, vino y aceite se pospuso, al igual que los de la carne, para el mes de enero. Se
prohibió incluso la venta del vino y aguardiente de la cosecha anterior por causa de “lo
riguroso y ardiente de los tiempos”, suspendiéndola hasta la llegada de semanas menos
calurosas, salvo excepciones que permitieran consentir la venta.
En otros documentos como el acta del veintidós de noviembre del último año citado se
dispuso la regulación de los pesos y medidas, cuya considerable disparidad era considerada
causa de desorden y se solicitaba por el Alférez Mayor la puesta en práctica de medios
conducentes a poner fin a las irregularidades cometidas por los vendedores.
El Alférez, Salvador Clavijo, llamaba también la atención sobre las usuras cometidas en la
venta de pescado seco o “jariado”. Los miembros del Cabildo establecieron entonces un
precio de doce cuartos la libra doble para el pescado “bien acondicionado” y en el supuesto de
que fuera de inferior calidad, la fijación del precio correspondía al caballero que
inspeccionara cada mes la venta de ese “comestible”. Además se acordó por la “sala” que el
vendedor que pública o secretamente excediera de los precios señalados fuera castigado y
multado por el juez que conociera de la causa, con proporción a la inobediencia y al fraude
cometido.
En lo concerniente a los pesos y medidas, se estableció el mismo día la prohibición
absoluta de que fueran de piedra y calabaza (materiales cuyo uso frecuente propiciaba la
existencia de fraudes en el peso), debiendo ser por el contrario de hierro los pesos, y las
medidas, de madera. El contraventor de esta última disposición sería también multado y
castigado con las más severas penas.
El acta de doce de enero del año de mil setecientos ochenta y dos constituye otro ejemplo
de insistencia en la necesidad del control de la actividad de los vendedores de pescado;
algunos, según consta en el documento, vendían sus mercaderías junto a la portería del
convento de Santo Domingo, aprovechándose de la situación de inmunidad en la que de esta
forma se hallaban, para vender al precio conveniente a sus propios intereses (adoleciendo
además la isla, en palabras de los miembros de la Junta, de “falta de administración de
justicia”).
Asimismo, antes de concluir la sesión, se recibió la denuncia del Alférez Mayor, centrada
en la avaricia con que obraban los jueces de comisión de la isla, que multaban a los
contraventores de ciertas disposiciones sin seguir ningún criterio.
Llegados a este punto, los miembros de la “sala” se manifestaron incluso contrarios al
modo de actuar del Alcalde Mayor en aquellos supuestos, considerando que éste “apreciaba
poco las representaciones y acuerdos de ayuntamiento”, puesto que en la parte que le
competía “dejaba de darles su cumplimiento”. Este desacuerdo es otra clara prueba, como
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anteriormente hemos visto, de las frecuentes controversias existentes entre el Alcalde y el
resto de la “Junta”, discrepancias que en la práctica entorpecían la puesta en práctica de los
acuerdos adoptados.
Por último, cabría hacer algunas referencias a las medidas conducentes a la preservación de
las cosechas de la isla, como los acuerdos relativos a la extinción del insecto llamado
indistintamente langosta y cigarra. En este sentido, el acta de veinticuatro de enero de mil
setecientos ochenta y dos contiene la “representación” del Alcalde Mayor, que “inteligenciado
(de) que aparece ya por algunos terrenos de costa y calientes la cigarra, suplica a este Ilustre
Ayuntamiento se sirva dar los más acomodados medios que el país pide para que estos
naturales en sus principios procuren la extinción”. El Alférez Mayor, vista la propuesta
antecedente, manifestó que los medios y arbitrios que debían tomarse para ejecutar el fin
propuesto ya estaban “prevenidos muy de antemano por el Tribunal Superior de la Real
Audiencia con su Real Provisión de veinte y siete de agosto último e Instrucción del señor
Fiscal que le acompaña” y que las medidas previstas en la mencionada instrucción “debían
haberse tomado por el señor Alcalde Mayor con mucha anticipación” (puesto que ya la
langosta estaba presente en muchos parajes lanzaroteños). El Cabildo, en aquella jornada,
decidió proceder al día siguiente a la elección de los “sujetos” que hicieran cumplir las
disposiciones tomadas por la Sala referentes a la extinción del insecto. En efecto, el
veinticinco de enero fueron nombrados dichos sujetos “con respeto y proporción a las
distancias y lugares de la isla”. 
· Para la capital, Teguise, fueron nombrados el Ayudante Mayordomo Joseph Espinosa,
el segundo Ayudante Joseph Clavijo, el Subteniente Antonio de la Cueva, el
Abanderado Nicolás Carrasco, Jerónimo Cabrera y Manuel Carreño. 
· Para los lugares de Haría y Magues se eligieron al Subteniente Ambrosio de Socas, al
Sargento Antonio Barreto, al Sargento Narciso Luzardo y a Pedro Alexandro Barreto. 
· Para los lugares de Yaiza, Uga y Breñas fueron escogidos el “castellano” Marcial
Medina, Gabriel García, Vicente Carrión y Pedro García Carrión. 
· Para San Bartolomé y Güimes fueron nombrados el Cadete Joseph Guerra, Juan
Perdomo, Domingo Perdomo y Francisco Luzardo. 
· Para Tinajo, Tajaste y Mancha Blanca se nombraron al Subteniente Rafael Martín, al
Sargento Pascual de Silva, a Pedro Corujo y a Francisco Xorxe. 
· Para “el puerto”, Argana y “Corral de Guirres” fueron escogidos el Subteniente
Marcelo Carrillo, Gabriel Camejo, Manuel Álvarez y Juan Camejo. 
· Para Tías, Montaña Blanca, Conil, Masdache y Asomada se eligieron al Sargento
Francisco Alonso, a Cayetano de Mesa, a Manuel Guerra y a Felipe Álvarez. 
· Para Tahíche y Nazaret fueron elegidos Juan de Betancor, Vicente Barreto, Policarpo
de Fuentes y Domingo Caballeros. 
· Para Tao y Mozaga la elección recayó sobre Thomás Pérez, el Sargento Marcial López,
Diego Falero y Juan Sánchez.
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· Para el lugar de Tiagua fueron nombrados el Capitán Joseph Luis de Betancor, el
Sargento Francisco Viñoli, el Sargento Bartolomé de Betancor y Andrés Viñoli. 
· Para la Vegueta y El Peñón se escogieron al capitán Joseph Valiente y a Gabriel
Nantes. 
· Para Muñique, Calderetas y Cuchillo se nombraron al Alférez Matías Carrión, a Luis
García del Corral, a Ignacio de Mena y a Andrés de Herrera. 
· Para Mala y Guatiza fueron escogidos Manuel (apellido ilegible), Joseph Espino, Pablo
de Torres y Miguel Peraza. 
· Para los lugares del Mojón y Guenia se eligieron a Domingo Martín, Santiago de León,
Antonio González y Bartolomé Sagaya. 
· Para los lugares de los Valles el nombramiento recayó sobre Juan de León, Antonio
Pérez, Marcial Espino y Marcial Pérez. 
· Para Teseguite se escogieron a Juan Berriel, al Sargento Leandro Berriel, al Sargento
Juan Pérez y a Joseph Marcial. 
· Para Soo se nombraron al Teniente Juan Vicente y a Miguel Mancha.
A todas las personas anteriormente mencionadas se les otorgaba comisión y facultad para
que hicieran observar y observaran las disposiciones y prevenciones dadas por el Cabildo, a
efectos de trabajar y extinguir la plaga de langosta. También se les hacía entrega de las copias
de la provisión de la Instrucción Fiscal mencionada, encargándoles a continuación cumplir
con los mandatos establecidos en ella. Los comisionados nombrados debían pasar copia de la
provisión en los lugares asignados y velar por el desarrollo de los trabajos emprendidos para
obtener la extinción de la langosta (siempre teniendo en cuenta “los haberes de cada
individuo”).
La primera diligencia de los comisionados tenía que ser la determinación y la
comunicación “a cada vecino” del número de peones con que debía contribuir para el
mencionado fin, sin que pudiera quedar excusado ningún eclesiástico o secular (“ni aún las
viudas”). El éxito de esta primera tarea se encomendaba a “la conciencia y el honor” de los
comisionados, “midiendo con su práctico conocimiento y prudencia, con la cantidad de
langosta, los medios y arbitrios de cada vecino, por manera que no salga más gravado el pobre
que el rico, pues la regulación se debe hacer con arreglo a la posibilidad y haberes de cada
uno”. Una vez que los comisionados determinaran el número de peones que a cada vecino
correspondiera, estaban compelidos a pasar inmediatamente noticia puntual al señor Alcalde
Mayor, que serviría para dar parte al Ayuntamiento convocándolo cuando se le entregara la
lista de los peones cumplidores con su labor, para que la “sala” acordara lo que tuviere por
conveniente. Los comisionados debían además realizar la distribución o “señalamiento” de
peones que a cada vecino correspondiera, dentro de los tres días siguientes a la fecha del acta.
La instrucción señalaba con detalle cómo debía ser la persecución y extinción del insecto,
prescribiendo la quema con fuego de las crías, la apertura de zanjas y la traída de azadones,
palos, mantas y otros instrumentos adecuados ( incluso consideraba como no “cumplidos” a
los peones que no los llevaran). El señalamiento de peones a cada vecino necesitaba ser
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Algunas puntualizaciones sobre el régimen señorial en…
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realizado con una anticipación de dos días, a fin de que cada uno ellos tuviera tiempo de
habilitar a los trabajadores.
La citación era encomendada por los comisionados a los vecinos más pobres de sus
respectivas jurisdicciones, que no podían pagar ni aún trabajar en las tareas de extinción. En
estos supuestos, el cumplimiento de este encargo sustituía válidamente al resto de las labores.
Sin embargo, no podía obligarse a los vecinos a contribuir en un día con todos los peones que
se les asignara, sino que el cumplimiento debía de ser periódico, “esto es, unos para un día, al
cabo de seis u ocho días otros [...]” hasta que cada uno completara el número de sus peones
señalados para cortos intervalos de tiempo (actividad que precisaba de “la equidad y la menor
incomodidad posible”). La disposición señalaba que no era preciso que los peones fueran
varones (adultos) en su totalidad, pues también podían ser mujeres y muchachos,
considerando que “en el lugar de cada peón pueden trabajar dos mujeres o dos muchachos
puesto que en aquellos trabajos suelen adelantar tanto como los hombres adultos”. Pero,
seguidamente aclaraba que este criterio sólo podía seguirse para las labores que correspondían
a la extinción de los insectos que hubieran abandonado sus características de cría.
Los comisionados tenían otras obligaciones encomendadas, como era la designación de
una casa, sitio o paraje, donde pudieran reunirse todos los días en los momentos del amanecer
y del anochecer. En el lugar escogido debía realizarse la congregación de peones, para
marchar juntos al cumplimiento de las tareas asignadas. Los vecinos que faltaban por primera
vez en los días correspondientes estaban obligados a presentar doble número de peones a la
siguiente jornada. Para los que faltaban una vez más se prescribía el severo castigo que les
impusiera el Alcalde Mayor, previa comunicación por parte de los comisionados. En el
supuesto de que llegaran al lugar donde se desarrollaban las labores encomendadas después de
la salida del sol, no se les anotaba en la lista de “cumplidos”, en pena de su “morosidad” (si
bien tampoco se les impedía trabajar aquel día). El número de los peones que marchaba cada
día al trabajo no podía superar el de veinticinco o treinta, argumentándose en el texto de la
disposición que “amontonada la gente obra menos y con menos utilidad”, de ahí que también
se dispusiera la distribución de los trabajadores en dos o tres cuadrillas, “según la necesidad
exigida”. Se dejaba al propio arbitrio y prudencia de los comisionados el posible aumento de
peones si las circunstancias lo requerían. Del número de trabajadores asignados para cada
jornada debía ser escogido uno por los comisionados. El peón elegido tendría que
caracterizarse, según la Instrucción, por su honradez. A él le encomendaban la dirección de
las tareas del grupo y la defensa de las disposiciones establecidas. Si uno de los peones faltaba
a esta “subordinación” debía ser castigado con severidad, como si hubiera cometido la falta
contra los propios comisionados. El castigo, en este caso concreto, se invocaba como manera
más eficaz de prevenir otras posibles actitudes de insubordinación por parte de los
trabajadores. La atribución a los peones escogidos del cuidado y distribución de personas en
los trabajos no debía servir a los comisionados como excusa para no velar por el
cumplimiento de la instrucción, pues estaban obligados a inspeccionar personalmente si las
obras se estaban llevando a cabo “con asiento y vigor”. En este sentido tenían que valorar
también las funciones desempeñadas por los jefes “encargados”de los múltiples grupos. Esta
inspección debía realizarse obligatoriamente al menos tres veces cada día (por la mañana, al
mediodía y al ponerse el sol). Los motivos apuntados en la redacción de la disposición eran,
tal y como se recogen en el acta, los siguientes:
El uno, para que no se levante el trabajo a esta hora, que es la más competente para
dicha extinción, en cualquiera estado que la cigarra se halle, y así se debe seguir en la
operación a tal hora con más tesón; y [...] para que (el comisionado) conduzca los
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peones desde el paraje donde han trabajado a aquel donde deben estar y juntos los
otros tres comisionados en los lugares donde hayan sido nombrados cuatro, y
respectivamente donde no sean más que dos, a fin de que los expresados
comisionados juntos hagan la lista de cumplidos, la que firmarán.
Seguidamente, la Instrucción vuelve a insistir sobre la importancia de la llegada al trabajo
antes del amanecer, momento considerado muy oportuno para las tareas de extinción “por
hallarse en ella entumecida la langosta con los serenos y escarcha de la noche” y reitera la
importancia del rigor con el que los comisionados deben cumplimentar las listas de peones
cumplidores. Éstas tenían que entregarse todos los domingos al señor Alcalde Mayor, y la
propia entrega necesitaba ser efectuada por los comisionados en persona, sin intermediarios
en su lugar. Para ello podían alternarse entre sí, viniendo a la capital (Teguise) uno cada
domingo, a fin de que el dicho señor Alcalde Mayor impusiera todo cuanto fuera conducente
al fin propuesto en el Ayuntamiento, que era “la total restitución de un enemigo tan poderoso
como la langosta”.
La disposición concluye ordenando dar parte de ella a los señores gobernadores de las
armas y al vicario de la isla (para que éstos, a su vez, hicieran cumplirlas a sus respectivos
súbditos) y efectuar su publicación para el siguiente día de domingo en la plaza principal de la
capital. Cada lugar de Lanzarote debía recibir copia de la instrucción y ejecutar sus mandatos
de inmediato, sin esperar a que terminara el día festivo para emprender y organizar las labores
oportunas.
En cada una de las copias tenían que insertarse los nombres de los comisionados
nombrados para que constaran como tales en sus respectivos pueblos.
Una vez concluida la instrucción la Sala procedió a fijar la división de la isla de Lanzarote
en siete departamentos, con vistas a posibilitar la consecución del objetivo perseguido.
Así, vemos como al Alcalde Mayor es asignada la zona de Yaiza; al Alguacil Mayor,
el departamento de Tías, desde Mácher hasta “el puerto” y Tahíche; al señor Álferez
Mayor, el departamento de la Villa de Teguise, desde Tahíche hasta “los lugares colaterales”
de Tao y Mozaga, al señor Teniente Antonio de Socas, los Valles; al señor Capitán Antonio
de Socas, el departamento de Haría y su jurisdicción hasta Mala y Guatiza; y, por último, al
señor Diputado León Leme, la zona de Corral Hermoso hasta la Vega, incluidas Guenia y
Teseguite.
Estos señores ejercerían en sus respectivos departamentos sus funciones como inspectores
superiores de los comisionados, para comprobar la efectividad de las disposiciones adoptadas.
La lectura de esta instrucción contribuye a valorar la gravedad de las consecuencias que
acarreaban la existencia de las plagas de langosta en las tierras insulares y que suponían un
menoscabo importante en las posibilidades de abastecimiento y subsistencia de los naturales.
No es de extrañar, por tanto, que fueran adoptadas medidas de control tan férreas como las
que hemos mencionado en las últimas páginas. De hecho, el treinta de enero de mil
setecientos ochenta y dos, la “Junta”, ante la no comparecencia por parte de los comisionados
Nicolás Carrasco, Jerónimo Cabrera y Manuel Carreño a la reunión que tenían prevista,
advirtió de la posibilidad de que fueran multados, e incluso arrestados, si no daban principio a
la comisión que se les había conferido.
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BIBLIOGRAFÍA
DÍAZ PADILLA, G. y SEVILLA GONZÁLEZ, M.C., El libro de Acuerdos de Cabildo relativo al
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SANTANA RODRÍGUEZ, A.: “La Real Audiencia de Canarias y su sede”, La Laguna, Estudios Canarios.
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VV.AA., Historia de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1995.
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NOTAS
1 VV.AA., Historia de Canarias, Las Palmas de Gran Canaria, Excmo. Cabildo de Gran Canaria, 1995,
pp. 251­311.
2 El mencionado capitán era hermano del tan célebre autor del Pensador .
3 Sevilla González, C. y Díaz Padilla, G., El Libro de Acuerdos ya cit. 35.
4 Este concepto lo hemos encontrado con harta frecuencia en el texto de las actas conservadas en Teguise.
5 Curiosamente el término “concejal”, al igual que el de “empleo público”, aparece impropiamente en los
documentos de estos últimos años de vigencia del régimen de señorío.
6 La lectura de las actas de las sesiones nos permite deducir que los titulares de estos oficios se reunían en
una “sala” o estancia designada de antemano. Incluso, en actas como la de seis de noviembre de mil
setecientos ochenta y uno, se hace alusión a la urgente necesidad de celebrar las reuniones en una “pieza ”
más adecuada que la utilizada hasta el momento. El vocablo “sala” también hace alusión al conjunto de
los regidores que integran el Cabildo.
7 Cabría hacer mención además a la Real Cédula de mil setecientos ochenta y siete, que extiende a las islas
de señorío las reglas y providencias establecidas en la Cédula de mil setecientos ochenta y tres, de
importancia fundamental en la regulación de los Corregimientos y Alcaldías Mayores.
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