La Diócesis de San Cristóbal de La Laguna en los inicios del siglo XIX: el Obispo Folgueras Sión, el Cabildo Catedral y la jurisdicción eclesiástica

              La Diócesis de San Cristóbal de La Laguna
en los inicios del siglo XIX: el Obispo Folgueras
Sión, el Cabildo Catedral y la jurisdicción
eclesiástica
PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS
I.E.S. Lomo Apolinario
(Las Palmas de Gran Canaria)
Boletín Millares Carlo, núm. 28. Centro Asociado UNED. Las Palmas de Gran Canaria, 2009.
Resumen: La creación de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna supuso una rup-tura
con el anterior marco sociojurídicoeconómico de la iglesia en Canarias. La estructura-ción
del nuevo Obispado estuvo determinada por la convulsa fase políticasocial por la que
debió atravesar la historia regional en ese periodo, cuya influencia se plasmó en las com-plejas
dificultades surgidas sobre aspectos tan concretos como delimitar los cometidos y ju-risdicciones
de cada una de sus principales instituciones, especialmente las referentes al
obispo y Cabildo Catedral.
Palabras clave: Diócesis, Obispado, Cabildo Catedral, obispo
Abstract: The creation of the Diocese of San Cristobal of La Laguna meant a rupture
with the previous legal economic and social frame of the church in the Canary Islands. The
structuring of the new Bishopric was determined by the convoluted polical and social phase
by which it had to go through the regional history in that period, whose influence was
shaped in the complex arisen difficulties on as concrete aspects as to delimit the assign-ments
and jurisdictions of each of its main institutions, especially those referring to the
bishop and the town hall cathedral.
Key words: Diocese, Bishopric, Town Hall Cathedral, Bishop.
Las instituciones eclesiásticas seculares se encontraron asentadas en las
islas desde los primeros momentos de su intento de colonización, siendo es-pecialmente
relevante el papel desarrollado desde esa época por los prela-dos
y el alto clero diocesano encabezado por los miembros del Cabildo Cate-dral1.
Durante gran parte del siglo XV esta institución colegiada nunca alcanzó
unas claras competencias jurídicoeconómicas debido a no poseer normas pro-
1 Viera y Clavijo, J. de: Noticias de la Historia general de las Islas Canarias, S/C de
Tenerife, 1967. Caballero Mujica, F.: Canarias hacia Castilla, Madrid, 1992.
242 Pedro C. Quintana Andrés
pias, ni contar con suficientes integrantes —salvo el obispo y el deán— para
crear una estructura lo suficientemente sólida que permitiera establecer un
organigrama de gestión y administración de los cometidos asignados a sus
correligionarios peninsulares hasta ese momento. El traslado de la sede epis-copal
y del Cabildo Catedral a Las Palmas el 20 de noviembre de 14852 fue
un factor relevante para ensamblar en ventajosa posición a ambas institucio-nes
en el entramado sociopolíticoideológico establecido en la región.
A fines del Cuatrocientos la diócesis se integró dentro del llamado Patro-nato
Regio, gracia papal obtenida por los Reyes Católico a través de las bu-las
Dum ad illam fidei —4 de agosto de 1486—, y su confirmación mediante
la bula Ortodoxae fidei, datada el 13 de diciembre de 1486. En ambas se fa-cultaba
a los monarcas y sus descendientes para fundar catedrales, parroquias
o monasterios con expresa obligación de dotarlas, además del derecho de
presentación en beneficios mayores y menores3. En la jurisdicción real reco-nocida
por las bulas el monarca se arrogaba el derecho a ejercer su jurisdic-ción
sobre los eclesiásticos, administración de bienes y percepción de ren-tas.
A su vez, podía establecer sobre ellas una evidente tutela, interviniendo
según los procedimientos reconocidos y admitidos a su favor en los dos de-cretos
papales: la retención o silenciación de documentos pontificios conce-diendo
o no el pase regio; y el uso del llamado recurso de fuerza, por el cual
un súbdito, religioso o no, podía, si estaba sometido a la jurisdicción eclesiás-tica,
recurrir a la justicia ordinaria4. El tutelaje del Patronato Regio será, por
tanto, una constante a lo largo de la Modernidad en la iglesia de Canarias,
ejerciendo gran influencia sobre los obispos y los prebendados del Cabildo
Catedral. Este régimen especial en el seno de las diócesis de la Corona tam-bién
abarcará los obispados de Granada, Puerto Real y los fundados en las
Indias, todas ellas alejadas de las normas imperantes en el resto de las dió-cesis
castellanas, hasta que el monarca hispano alcance el patronato univer-sal
sobre su iglesia en el Concordato de 17535.
2 Viera y Clavijo, J. de: Op. cit.
3 Suberbiola, J.: Real Patronato de Granada. El Arzobispo Talavera. La Iglesia y el Esta-do
Moderno (1486-1516), Granada, 1968. Hera, A. de la: «El regio patronato de Granada y
las Canarias», en Anuario de Historia del Derecho Español, Madrid, 1958, tomos XXVII-XXVIII,
pp. 5-18. García y García, A.: «Fundamento de la donación pontificia de Canarias»,
en Almogaren, Las Palmas de Gran Canaria, 1992, nº 9, pp. 21-35. Bethencourt, A.: «El
Real Patronato», en Anuario de Estudios Atlánticos, Madrid, 2002, nº 48, pp. 155-214.
4 Callahan, W.: Iglesia, poder y sociedad en España, 1750-1874, Madrid, 1989.
5 Peraza de Ayala, J. de: «El Real Patronato de Canarias», en Obras Completas (selección
1928-1986), S/C de Tenerife, 1988, tomo II, pp. 273-315.
La Diócesis de San Cristóbal de La Laguna en los inicios del siglo XIX 243
EL CABILDO CATEDRAL DE SAN CRISTÓBAL DE LA LAGUNA: UN LARGO PRO-CESO
DE ASENTAMIENTO
La diócesis de Canarias experimentó un largo proceso histórico cuya cul-minación
fue su fraccionamiento en dos nuevos obispados —cuyas sedes se
establecieron en Las Palmas y La Laguna— en 1819, siendo ésta una de las
consecuencias de la dinámica general de conflictividad sociopolítica surgida
en el Archipiélago desde fines del Setecientos6. El proyecto divisorio tuvo
varios precedentes durante la Modernidad, ninguno de ellos culminado con
el éxito, siempre diluidos tras la rápida intervención conjunta del prelado y
el Cabildo Catedral. En las primera décadas del Quinientos el adelantado Alo-nso
Fernández de Lugo prometió entregar a los prebendados unas datas de
tierras y aguas en Güímar si aceptaban establecer una iglesia y colegiata en
la ciudad de La Laguna. La donación se concedería si el Cabildo Catedral se
comprometía a obligar a ocho de sus integrantes —dos dignidades, tres ca-nónigos
y otros tantos racioneros— a residir permanentemente en La Laguna
en el plazo de un año desde la concesión de las datas y dar la institución ecle-siástica
su consentimiento para establecer definitivamente el nuevo marco de
distribución de los capitulares7. Este primer proyecto no prosperó, aunque en
1513 el Adelantado siguió insistiendo en él cuando solicitó a la Corte erigie-ra
una nueva diócesis en Tenerife8.
En 1515 el Ayuntamiento de Tenerife aprovechó el acto de fundación de
la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios para reiterar a la Corte la ne-cesidad
de residencia en Tenerife de parte de los miembros del Cabildo Ca-tedral.
El 22 de julio de 1515 el Cabildo lagunero dirigía a la reina Juana un
escrito entre cuyos capítulos demandaba la división del Coro Catedral entre
Las Palmas y La Laguna. La petición se fundaba —en concordancia con lo
solicitado por sus correligionarios tres siglos más tarde— en ser la isla de
Tenerife la más fértil, la mayor del Archipiélago, el elevado número de veci-nos
y sus importantes expectativas económicas. El 19 de noviembre de 1517
el Ayuntamiento tinerfeño volvió a remitir a la Corte un escrito en similares
términos donde se ratificaban en la decisión anterior, el cual no alcanzó nin-guna
respuesta positiva9.
6 Guimerá Peraza, M.: El pleito insular (1808-1936), Santa Cruz de Tenerife, 1976.
VV.AA.: La Laguna-Gran Canaria, La Laguna, 1997. Núñez Pestano, J.R.: La Nivaria
triunfante y su capital gloriosa o los orígenes del pleito insular, S/C de Tenerife, 2001.
7Los prebendados dieron poder para realizar el acuerdo al provisor Pedro de Herrera y
al prior Alonso Vivas, véase Moreno Fuentes, F.: Las datas de Tenerife (Libro V de datas
originales), La Laguna, 1988.
8 Rodríguez Moure, J.: Manuscrito inédito, citado por Rodríguez Yanes, J.M.: La Lagu-na
durante el Antiguo Régimen. Desde su fundación hasta finales del siglo XVII, La Laguna,
1997, v. I, p. 452.
9 Serra Ráfols, E.-De la Rosa, L.: Acuerdos del Cabildo de Tenerife, 1514-1518, La La-guna,
1965, volumen III, p. 106.
244 Pedro C. Quintana Andrés
La pretensión de erigir un obispado en La Laguna se volvió a suscitar en
1783, rumor tomado con gran recelo por parte de los miembros del Cabildo
Catedral y el obispo, no prosperando el proyecto ante la rápida intervención
de las instituciones eclesiásticas con sede en Gran Canaria10. El deseo divi-sorio
volvió a ser expuesto en el cabildo eclesiástico celebrado el 1 de abril
de 1815 cuando compareció el escribano de la Real Audiencia para informar
a los capitulares de haber solicitado en la Corte algunos diputados la crea-ción
de un obispado en Tenerife. La intervención de los electos llevó a la
Cámara Real a pedir un informe a la Real Audiencia de Canarias sobre as-pectos
generales de la diócesis y las rentas administradas por la Mesa Capi-tular.
La real orden se había evacuado el 29 de junio de 1814 a instancia de
un requerimiento fechado el 6 de septiembre de 1813 por los diputados ca-narios
Fernando de Llarena y Franchy, Antonio José Ruiz de Padrón y San-tiago
Key y Muñoz11. El alegato divisorio aportado por los tres diputados se
basaba en las carencias observadas en la administración de los sacramentos,
prédica de la doctrina, la ausencia de visitas a los feligreses por los prelados,
tan recomendada por los sagrados cánones, apenas se verifica cada diez o doce
años, a causa de lo tempestuoso de aquellos mares, y la abundancia de las ren-tas
tomadas en las islas. Los diputados pedían se dilatara toda división hasta
el cese o fallecimiento del obispo Manuel Verdugo, titular de la diócesis en
ese momento, circunstancia acaecida el 27 de septiembre de 181612. Tras la
representación en la Cámara de los diputados canarios, ésta el 1 de agosto
de ese año aprobó comisionar al regente de la Real Audiencia de Canarias para
inicias los informes y expedientes sobre las verdaderas posibilidades de una
división de la diócesis de Canarias, remitiendo el informante todas las pes-quisas
al Consejo de Estado13.
El Cabildo Catedral reaccionó raudamente contra el proceso de fraccio-namiento
de la diócesis creando el 5 de abril una comisión sobre el asunto
para valorar los pasos a dar aunque ésta, debido a causas técnicas de última
hora, no presentó el oficio demandado por sus correligionarios, quizá a cau-
10 Quintana Andrés, P.: A Dios rogando y con el mazo dando. Fe, poder y jerarquía en
la Iglesia canaria. El Cabildo Catedral de Canarias entre 1483-1820, Madrid, 2003. Romeu
Palazuelos, E.: Biografía de Viera y Clavijo a través de sus obras, S/C de Tenerife, 1981.
Navarro Mederos, M.A.: Antecedentes, creación y comienzos de la Diócesis de San Cristó-bal
de La Laguna, S/C de Tenerife, 2004.
11 Núñez Muñoz, M.F.: La Diócesis de Tenerife, apuntes para su historia (1813-1899), S/
C de Tenerife, 1986.
12En la Península casi todas las diócesis muestran periódicas demoras en las visitas a
realizar por sus prelados, véase Cánovas Botia, A.: Auge y decadencia de una institución ecle-sial:
El Cabildo Catedral de Murcia en el siglo XVIII. Iglesia y Sociedad, Murcia, 1994. Váz-quez
Lemes, R.: Córdoba y su cabildo catedralicio en la modernidad, Córdoba, 1987.
13 Núñez Muñoz, M.F.: «La Diócesis de Tenerife. Apuntes para su historia. De los orí-genes
hasta su restablecimiento definitivo», en Revista de Historia Canaria, La Laguna,
1980, número 172.
La Diócesis de San Cristóbal de La Laguna en los inicios del siglo XIX 245
sa de las considerables tensiones registradas en el seno del Cabildo Catedral
entre los favorables y los contrarios a tal división14. En este momento de in-certidumbre
se registró un acuerdo —19 de julio de 1815— donde el Cabil-do
reconocía que los obispos sólo habían podido, en una reducida minoría,
completar una sola visita a las islas en su estancia al frente de la diócesis al
caracterizarse el terreno común en la región por lo áspero y peligroso de sus
caminos15. La excepcional situación registrada en el Archipiélago supuso un
problema para los fieles al no poder oír la voz de su primero pastor, diez, quince,
veinte o más años que los mandatos que se dexan en las yslas para el mejor de-coro
del culto o no se executan o se olvidan, sabiendo que el prelado que los dic-tó
no ha de volver a residenciar su observancia, aunque dicho mal era común
al resto de las diócesis de la Corona. El Cabildo Catedral veía con preocupa-ción
la división de la diócesis, tal como se planteaba en la propuesta recogi-da
por la Real Audiencia, las Cortes y el monarca. Alegaban la mayoría de los
prebendados que las islas orientales formarían un obispado donde las tierras
de Fuerteventura y Lanzarote de cada cinco años sólo dan una cosecha regu-lar,
otra mediana y las demás casi estériles. Los capitulares solicitaban se di-vidiera
el conjunto de las rentas recaudadas en la región formando una masa
común en la que se incluyera el total del diezmo para, posteriormente, dis-tribuirse
por iguales partes entre ambas diócesis, si al final se llegaba al tan
temido fraccionamiento. El Cabildo Catedral no creía ser una razón de peso
para la división que los obispos no visitaran las islas de forma anual, pues los
obispos llegados al Archipiélago miran este primer obispado como escala para
ser trasladados después de estar en ella cinco o seis años, pretextos de salud y
otros motivos de congruencia les sirven de causales para su traslación, mani-festando
ser muy pocos los prelados que habían podido visitar la totalidad de
las islas una vez y ninguno de ellos lo consiguió en cada año, situación que
seguiría reproduciéndose aunque se separaran en un nuevo obispado las cua-tro
islas occidentales a causa de la orografía de su terreno y las peculiarida-des
físicas de los prelados nombrados para las diócesis de la región. El re-
14 Estas tensiones ya se habían manifestados en la fase comprendida entre 1808-1814,
véase Qintana Andrés, P.: «Reflejo de un conflicto eclesiástico: el traslado a Telde de la
sede del Cabildo Catedral a comienzos del siglo XIX», en Anuario de Estudios Atlánticos,
Madrid, 2002, nº 48, pp. 223-264. Del mismo autor, «El Cabildo Catedral canario y su
sede provisional en Telde a comienzos del siglo XIX», en Guía histórico cultural de Telde,
Las Palmas de Gran Canaria, 2001, nº 12, pp. 35-39.
15 Viera y Clavijo, J. de: Op. cit. Caballero Mújica, F.: Op. cit. Sánchez Herrero, J.: «Las
visitas ad limina apostolorum de los obispos de Canarias: Fray Juan de Guzmán, OFM (1622-
1627) y Cristóbal de la Cámara y Murga (1627-1635)», en X Coloquio de Historia Canario-
Americana, Madrid. 1994, tomo II, pp. 462-480. Del mismo autor, «La diócesis de Canarias
a través de las visitas ad limina. Siglo XVII», en XI Coloquio de Historia Canario-America-na,
Valencia, 1996, tomo II, pp. 515-556. Del mismo autor, «La diócesis de Canarias según
las últimas visitas ad limina. Siglo XVII (segunda parte)», en XIII Coloquio de Historia Ca-nario-
Americana, Las Palmas de Gran Canaria, 2000, pp. 2.542-2.465.
246 Pedro C. Quintana Andrés
medio aportado por el Cabildo Catedral a la carencia de auxilio espiritual y a
la problemática de las visitas episcopales era el nombramiento de un obispo
auxiliar o se concediera permiso a dos visitadores de la confianza del obispo
titular para dichas visitas generales, todos ellos con su correspondiente do-tación,
pues esa realidad era, según los valedores de esta propuesta, mucho
más activa e importante que no estas visitas continuadas y con el aparato que
acostumbra a hacerse muchas veces, causan más ruina y más perjuicio que edi-ficación
en lo temporal y espiritual de los fieles.
El Cabildo Catedral, su sector mayoritario contrario a la división, decía
ser nefasta la creación de un obispado en Tenerife para los eclesiásticos y sus
congruas, según el plan beneficial trazado bajo los dictados del Consejo Real
el 9 de junio de 1769. Los prebendados manifestaban su desacuerdo de frac-cionamiento
ante el considerable dispendio económico. Todo ello influiría en
la dotación y ausencia de párrocos siendo, según los reunidos, este el mal del
plan beneficial al destruirse todos los deseos del gobierno en una diócesis en
donde no hay beneficios simples, sino que es preciso dotarlos de la masa deci-mal,
inútilmente hay un prelado quando no hay brazos que le auxilien y sólo
encuentren pastores indotados. En esta nueva realidad se perjudicaría seria-mente
las rentas de ambas fábricas catedrales y las parroquias ante las míni-mas
congruas de sus clérigos. La división, continuaban, no se ajustaba al real
decreto de 1 de febrero de 1815 donde se ordenaba la formación de planes
beneficiales con dotación de párrocos, competente número de ministros,
mejora en las funciones eclesiásticas y ornamentos, reduciendo dicha preten-sión
a tener ambas iglesias un prelado envilecido y un cabildo miserable sin
llenar las atribuciones de su ministerio.
Un aspecto más a tener en cuenta era el presunto peligro de rivalidad
entre los dos obispados, al observar los prebendados —como en su propio
seno padecían— graves disputas entre el grupo de poder de Tenerife y Gran
Canaria, al demandar los tinerfeños no sólo el obispado sino el traslado del
Tribunal de la Real Audiencia a Tenerife, crear un juez de las cuatro causas
y proponer al rey como única casa diezmera los productos decimales de Te-nerife,
siendo este el verdadero origen de esta solicitud y las providencias del
gobierno deben encaminarse a destruir estas rivalidades populares que dismi-nuyen
la fuerza social y aniquilan la caridad cristiana, como que parten de una
intención viciada y perversa. Por último, se criticaban la relación enviada por
los prebendados favorables a la división y el regente sobre los decenios per-cibidos
y administrados por el Cabildo Catedral de las rentas eclesiásticas,
datos entregados por el deán Santiago Bencomo al Consejo de Regencia sin
conocimiento del Capítulo. Éstos eran calificados de exorbitantes, si se com-paraban
con la subida del precio de los cereales a causa de la guerra, las per-sistentes
epidemias, la galopante inflación y otras causas de deterioro eco-nómico
acontecidas desde finales del Setecientos. El Cabildo decía cometerse
en la relación considerables errores, siendo uno de ellos el volumen de re-
La Diócesis de San Cristóbal de La Laguna en los inicios del siglo XIX 247
caudaciones percibidas en Fuerteventura y Lanzarote, siendo todas las refle-jadas
en periodos de años de bonanza económica, quedando éstas muy dis-minuidas
en las cotidianas fases de recesión. Si el rey se guiaba de los re-gistros
aportados por sus compañeros divisionistas para crear dos obispados,
abundaba el Cabildo Catedral, el antiguo quedaría en subsistencia precaria con
sólo los productos de esta ysla y la esperanza de una cosecha extraordinaria en
los de Lanzarote y Fuerteventura.
Rentas decimales quinquenales percibidas por isla en la Diócesis
de Canarias entre 1800–1810 (en maravedís)
Islas Periodo Porcentaje Periodo Porcentaje
1800–1804 sobre el 1806–1810 sobre el
total % total %
Tenerife 77.841.498 38,4 62.127.544 50,6
Gran Canaria 55.669.208 27,5 30.798.960 25,1
Lanzarote 25.927.480 12,8 7.063.330 5,7
Fuerteventura 17.871.677 8,8 6.281.262 5,1
La Palma 16.068.639 7,9 11.446.666 9,3
La Gomera 5.745.515 2,8 3.339.533 2,7
El Hierro 3.203.957 1,5 1.430.452 1,1
Total 202.327.974 122.547.747
Fuentes: Archivo del Cabildo Catedral de la Diócesis de Canarias. Actas e informes del
Cabildo. Nota: Elaboración propia.
A todo ello se sumaban otros males apuntados por los prebendados con-trarios
a la fractura de la diócesis: la división del obispado incrementaría los
gastos de representación, consumiendo los patrimonios de los pobres y pa-rroquias;
iría en detrimento de los donativos a la Corona, las tercias reales,
el noveno, etc., al crecer el número de congruas otorgada a sacerdotes. De
igual manera, se contrarrestaba la alegación de los representantes de la isla
de Tenerife cuando decían producir ésta 3 millones de reales a favor de la cau-sa
decimal, la presencia en ella de un tercio de la población regional y la re-misión
de dinero a Gran Canaria, aspectos negados por los capitulares plan-teando
que la mayoría de los caudales destinados al rey y al obispo quedaba
en Tenerife e, incluso, una parte de las rentas, pues muchos prebendados eran
de allí o tenían familia en dicha isla, además de establecerse en ella el go-bierno
militar y los órganos de la recaudación real. El Cabildo Catedral decía
ser una obligación compatibilizarse las necesidades de Tenerife con las de
otras áreas del Archipiélago, caso de Lanzarote o Fuerteventura donde sus
crónicas crisis de subsistencia sólo permitían dar un buen rendimiento a sus
campos en uno o dos años de cada cuarenta cosechas.
248 Pedro C. Quintana Andrés
Para la Real Audiencia, artífice del informe, la extensión territorial, el frac-cionamiento
insular, el elevado volumen de rentas decimales recibidas por el
clero y el cuantioso número de habitantes en la región, casi 200.000, reque-ría
la presencia de dos obispados16. El fiscal del Tribunal apuntaba en otro
escrito remitido a la Corte el 11 de octubre de 1816, que las rentas recauda-das
en Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria para la Fábrica Catedral se
elevaban a 7.005.585 maravedís, mientras en el mismo periodo el conjunto
de las islas occidentales recaudaron 8.756.324, por lo que, a tenor de las can-tidades,
cada diócesis podría mantener sus respectivas fábricas catedrales. A
su vez, los registros de los diezmos recaudados en las cuatro islas occiden-tales
suponían un total de 26.818.019 maravedís, mientras las otras tres orien-tales
llegaban a 27.946.913, de cuyo volumen había de deducirse un 11,9%
en gastos de gestión y administración17. El fiscal era crítico con la posición
política de los diputados canarios en la Corte, ya que éstos procuraron au-mentar
en mucha parte más de lo que es devido varias razones en que apoya-ron
su pretensión, faltando en otras aviertamente a la verdad. El fiscal recono-cía
la necesidad de formar dos obispados ante la imposibilidad de que un solo
obispo pudiera atender de forma adecuada la labor pastoral. Finalmente, so-licitaba
se remediara el pasto espiritual en la diócesis con el nombramiento
de un obispo auxiliar con residencia en La Laguna18.
En base al citado informe, el 4 de abril de 1816 el monarca presentaba
como obispo auxiliar de la diócesis a Vicente Román Linares, prelado de Dan-sara
(Palestina), el cual se instaló en Tenerife el 12 de agosto de 1817. En
esas fechas ya había fallecido el obispo Manuel Verdugo, siendo la precaria
salud de Verdugo la razón de su nombramiento, pero también la fuerte pre-sión
ejercida por el grupo de poder tinerfeño en la Corte. Este nombramien-to
fue transitorio no cubriendo las expectativas de la oligarquía tinerfeña so-bre
el asunto, ordenando Fernando VII, tras el informe elaborado por la
Cámara de Castilla de 5 de septiembre de 1818, se comenzara a negociar con
la Santa Sede la erección del obispado de Tenerife. El memorial de la Cáma-ra
recalcaba, una vez más, los aspectos ya aportados por diversos expedien-tes
sobre el fraccionamiento de la geografía insular, el incremento de los efec-tivos
poblacionales y la falta de auxilio espiritual de muchos vecinos como
factores coadyuvantes para segregar la diócesis19. El 1 de febrero de 1818 una
bula papal aprobaba la división del obispado de Canarias en dos diócesis. Roma
fijaba el 23 de noviembre de 1819 como la fecha oficial de separación, siendo
esta bula refrendada por un real decreto de 24 de marzo de 1819 y una real
cédula de 27 de agosto de 1819. Finalmente, la separación se produjo el 21
16 Archivo Histórico Provincial de Las Palmas. Real Audiencia. Procesos. Expedien-te:
13.755.
17 A.H.P.L.P. Real Audiencia. Procesos. Expediente: 13.561.
18 A.H.P.L.P. Real Audiencia. Procesos. Expediente: 13.561.
19 Núñez Muñoz, M.F.: Op. cit. Navarro Mederos, M. A.: Op. cit.
La Diócesis de San Cristóbal de La Laguna en los inicios del siglo XIX 249
de diciembre de 1819. El obispo auxiliar fue encargado por el rey —real or-den
de 27 de agosto de 1819— para la supervisión del acto y la distribución
de los fondos económicos.
LA DIÓCESIS DE TENERIFE, EL CABILDO CATEDRAL Y SUS RENTAS
En 21 de diciembre de 1819 se formó el Cabildo Catedral de Tenerife to-mando
posesión de sus prebendas en la iglesia de Nuestra Señora de los
Remedios, su sede oficial. Como sus homólogos asentados en Las Palmas,
los capitulares laguneros debieron elaborar unas normas internas de funcio-namiento,
gestión, jurisdicción, administración y de relaciones con otras ins-tituciones
capaces de convertirla en una entidad autónoma. Las reales órde-nes
y bulas de erección del obispado exigían se realizaran lo antes posible
unos estatutos rectores de la institución, requisito previo para convertirla en
un ente jurídico con un marco de actuación preciso. El proceso de elabora-ción
de esta normativa interna fue largo, no exento de tensiones y de consi-derables
negociaciones, adquiriendo este proceso rasgos parecidos a los re-gistrados
para el antiguo Cabildo Catedral regional durante sus primeras fases
de formación20.
Si el Cabildo Catedral de Tenerife comenzó a ejercer su cometido desde
la fundación de la diócesis, el primer prelado nombrado para ella se confir-mó
en septiembre de 1824 en la figura de Luis Fogueras y Sión, cuya prela-tura
se prolongará hasta 1848. Las circunstancias en las que desarrolló su
obispado en la nueva diócesis no fueron favorables a los intereses del clero
debido a la drástica reducción en las recaudaciones de los diezmos, el cre-ciente
conflicto entre los grupos oligárquicos insulares, los profundos cam-bios
políticos nacionales, la imparable laicización social o el proceso desamor-tizador
de 1836. Esta crispación general a causa de la lucha por el poder,
cambiar los marcos referenciales políticos y por la propiedad de los bienes
productivos se trasladó al común de la sociedad y afectó, como parte de ésta,
a los eclesiásticos de la nueva diócesis. Las preocupaciones de éstos no se
encontraban en las vías políticas propuestas por las oligarquías insulares, sino
en establecer las bases jurídicoadministrativas del reciente obispado, limita-do
en su desarrollo por diversos problemas internos entre el prelado y su
Cabildo Catedral.
Los prebendados laguneros manifestaron desde un primer momento su
intención de favorecer la fundación de la diócesis pero sin realizar ninguna
ruptura en los aspectos doctrinarios, jurídicos o administrativos heredados de
la anterior. Pretendían prolongar todas las normas establecidas desde la fun-
20 Quintana Andrés, P.: Los Estatutos del Cabildo Catedral de Canarias en el Edad
Moderna, Sevilla, 2006.
250 Pedro C. Quintana Andrés
dación oficial del Cabildo Catedral canario en 1483, cuya base eran sus esta-tutos,
usándolos como norma propia hasta la elaboración de unos nuevos.
Según la bula de erección del obispado otorgada por el papa Pío VII y la real
cédula auxiliatoria de 27 de agosto de 1819, los prebendados laguneros esta-ban
obligados a redactar en tiempo prudenciar unas normas capaces de regir
la vida de la entidad, cuyas tareas de altar, auxilio espiritual y administración
eran numerosas y prolijas. Una década después las normas aún no habían vis-to
la luz, convirtiéndose este asunto, junto a otros de administración interna
o jurisdicción eclesiástica, en factores de distanciamiento entre el prelado y
los capitulares. El 31 de agosto de 1829 el obispo Folgueras dirigía una carta
al monarca donde hacia relación del notable daño experimentado en la dió-cesis
y entre los propios prebendados a causa de su adopción como norma
provisional de los estatutos de Cabildo Catedral de Las Palmas, pues no eran,
según el obispo, conformes la mayoría de sus artículos a la legislación ecle-siástica
vigente, además de incumplir el Capítulo lagunero las leyes aproba-das
para el establecimiento de la diócesis en la que se le mandaba a elaborar
con premura unos estatutos propios. Las innovaciones en las normas regi-doras
de la disciplina ordinaria de los capitulares, según Folgueras, se suce-dían
amparadas en ser permitidas por las citadas disposiciones adoptadas in-terinamente,
no teniendo los prebendados interés en elaborar ningún tipo de
nuevos estatutos. Éstos pretendían seguir en el uso de los citados con ante-rioridad,
teniendo el arte para estarse sin estatutos hasta ahora y se estarán, si
pueden, hasta la consumación de los siglos. El prelado veía en la actitud del
Capítulo respecto a sus estatutos una clara animadversión en su contra, no
dudando en continuar con las más irrisible interpretación de mis expresiones,
propasándose a divulgar por el pueblo estas cuestiones del modo que a ellos les
acomoda, con la siniestra idea de abatir escandalosamente mi concepto, pues,
abundaba el prelado, su fin era negar su superior autoridad.
Folgueras abundaba en que los artículos estatutarios aprobados hasta ese
momento eran en su mayoría contrarios a las ceremonias de pontifical roma-no,
no soportaban una mera crítica desde el derecho canónico y estaban lle-nos
de inexactitudes copiadas de los estatutos del Cabildo Catedral de Las
Palmas. El prelado denunciaba observar en sus prebendados deseos de esta-blecer
prácticas sin detenerse en que sean o no contrarias a las disposiciones
canónicas y al Santo Concilio, además de pretender disminuir la autoridad
episcopal en favor del Capítulo. Esta estrategia de los prebendados la acha-caba
Folgueras a ser los clérigos más influyentes de la institución antiguos
alumnos del Seminario de Canarias, por lo cual quieren sostener a todo trance
y hacer pasar a esta nuestra Yglesia aquellas prácticas, costumbres y estatutos
que ni su magestad ni la silla apostólica permiten21. Esta presunta herencia se
basaba en las malas prácticas de los prebendados de la antigua diócesis re-
21 Archivo Histórico Nacional. Consejos Suprimidos. Expediente: 16.241.
La Diócesis de San Cristóbal de La Laguna en los inicios del siglo XIX 251
gional, ya que éstos habían elaborado la mayoría de sus estatutos en las fa-ses
de sede vacante, momento donde la posibilidad de actuación del obispo
sobre cualquiera de los acuerdos no existía al arrogarse temporalmente el
Cabildo Catedral la jurisdicción episcopal, fase donde los capitulares hacían
y deshacían a su antojo. El obispo planteaba la necesidad de crear una nor-mativa
interna para el Cabildo Catedral más apropiada a las características de
una entidad de reciente creación —apenas una decena de años— y la poca
práctica de sus miembros, aunque éstos, pese a este consejo, seguían erran-do
en el modo de adquirirse privilegios y preeminencias que desean, sin embar-go
de que blasona saberlo todo, pero que no puede sufrirse que a la sombra de
tanto saber quieran convertirlo todo en odiosa oposición y escandalosa desobe-diencia
a sus prelado, aunque con una moderación afectada. Folgueras abun-daba
en la imposibilidad de reunirse con los prebendados para negociar so-bre
las citadas normas, al pretender sólo socavar y atacar la jurisdicción
episcopal, sustituyendo la autoridad del obispo por la del Cabildo Catedral o,
si pudiese, en la voluntad de cada individuo. Finalmente, el prelado solicitaba
al monarca obligara al Capítulo lagunero a respetar su dignidad y privilegios,
además de cumplir con lo dispuesto por la real cédula auxiliatoria cuando
imponía a la inmediata elaboración de unas normas internas capaces y ade-cuadas
para la formación de un marco jurídico propio.
El problema de los estatutos se unió a otro estrechamente relacionado con
ellos, a causa de la escasa precisión sobre sus cometidos jurisdiccionales de
cada entidad. Esta situación la propició el prelado cuando denunció a sus pre-bendados
por introducir la novedad, según Folgueras, de suprimir uno de los
tres curatos de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, alterando el
plan beneficial formado por el obispo Antonio Tavira, tras ordenarlo la Real
Cámara de Castilla. La nueva situación, estimaba el obispo, perjudicaba a la
feligresía y al auxilio espiritual del vecindario favoreciendo, en cambio, las
rentas de la Mesa Capitular a suprimirse un curato. Los prebendados habían
minado la disciplina y el reconocimiento de la autoridad debida al obispo en
esta disciplina, según la real orden dada a su favor de 22 de julio de 1828.
Folgueras restituyó el curato, con la oposición del Capítulo, basado en la ci-tada
disposición, declarando a los tres vicarías perpetuas sujetas a concurso,
siendo aprobada esta actuación por un real decreto de 4 de enero de 1829. A
esta considerable tirantez surgida entre ambas instituciones achacaba el pre-lado
la situación posterior, porque su decisión fue como un rayo eléctrico que
inflamó a este Cabildo para hacer a su prelado la guerra que no hicieron a los
suyos los de su clase en los siglos bárbaros en que el olvido de los cánones y la
relajación de la obediencia hicieron a algunos cuerpos capitulares más temibles
a los obispos que el despotismo de los tiranos22.
La problemática entre ambas entidades eclesiásticas se recrudeció cuan-
22 A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Procesos. Expediente: 67.
252 Pedro C. Quintana Andrés
do el obispo cuestionó la jurisdicción de Cabildo Catedral para el citado nom-bramiento
de los curas del Sagrario, al rechazar las norma del estatuto de
Gran Canaria que daba la razón al Cabildo23. El 4 de enero de 1829 la Real
Cámara, a solicitud del obispo, evacuó la citada real orden donde se recono-cía
la potestad del prelado para nombrar vicarios perpetuos sujetos a concur-so,
según la fórmula prescrita por el Concilio de Trento, siendo aplicada par-ticularmente
a los tres curatos de la catedral de La Laguna. Los recursos de
ambas partes en litigio se apoyaron concienzudamente en las resoluciones del
Concilio de Trento y las numerosas lagunas y contradicciones existentes en
los Estatutos de la antigua diócesis de Canarias, tal como planteaba Folgue-ras.
El Cabildo Catedral basó sus fundamentos canónicos en las citadas nor-mas
eclesiásticas, una prolija relación de autoridades de la Iglesia y las prác-ticas
comunes registradas en la diócesis respecto a la jurisdicción sobre las
vicarías de la iglesia del Sagrario de la catedral. El 22 de mayo de ese año
otra real orden invalidaba a la primera, en tanto se dilucidaba un recurso del
Cabildo Catedral, ordenándose a la Real Audiencia de las islas realizara las
consultas y expedientes oportunos. El 2 de julio de 1831 el citado Consejo
elevó su resolución al monarca cuyo planteamiento, en síntesis, decía se ri-gieran
el nombramiento en el conflicto de las vicarías por los estatutos to-mados
en la diócesis de Gran Canaria, sin poder innovarse nada hasta la adop-ción
de las nuevas normas en el Cabildo Catedral de La Laguna y no se
procediera contra los prebendados designados por el Cabildo —el arcediano
de La Palma Porlier y el racionero Martinón— para la elección de los sacer-dotes
más idóneos y capaces para cubrir las vacantes si no había un motivo
justificado24.
El asunto de los estatutos siguió convirtiéndose en el eje primordial para
la resolución del conflicto entre las dos entidades eclesiásticas. El 18 de oc-tubre
de 1829 se trasladó un expediente a la Real Cámara para consultas so-bre
ambos temas, aportando el fiscal real un informe donde se recomenda-ba,
según la bula de erección del obispado de Tenerife y la citada real cédula
auxiliatoria, rigieran en el Cabildo Catedral lagunero las normas de su homó-logo
con sede en Las Palmas y se evitara todo litigio, obligando a las partes
implicadas a llegar a un consenso para la aprobación de los estatutos. Si la
última posibilidad era abordada, los estatutos debían ser redactados entre el
obispo y los prebendados para, una vez conformes con ellos, se emitieron a
la citada Real Cámara donde serían definitivamente aprobados. El 8 de mar-zo
de 1830 se envió la resolución a los dos contendientes, puntualizándose
en la comunicación la obligación de presentar los estatutos redactados ante
el obispo en un plazo de seis meses para su validación. En todo caso, la Cá-mara
recordaba al monarca la morosidad reparable y aún culpable del Cabildo
23 Quintana Andrés, P.: Los Estatutos del…op. cit.
24 A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Procesos. Expediente: 13.870.
La Diócesis de San Cristóbal de La Laguna en los inicios del siglo XIX 253
de la Yglesia de Tenerife en la formación de los estatutos que para ella está en-cargado
formar y presentar para su aprobación a su prelado, atribuyendo la
cuestión a la poca armonía existente entre ambas partes, por lo cual, sólo una
orden terminante del monarca podía finalizar con las discrepancias internas.
En abril de 1830 el prelado reiteraba sus quejas sobre la actitud de su Cabil-do,
el cual no sólo le perjudicaba a él sino a otros interesados, caso de la Co-fradía
de la Esclavitud del Santísimo Sacramento de la parroquia de Nuestra
Señora de la Concepción de La Laguna, a causa de los diversos artículos ile-gales
recogidos en los estatutos provisionales del Cabildo Catedral relativos
a la capacidad jurídica y jurisdiccional de los prebendados sobre aquella pa-rroquia
para convertirla en Sagrario de la catedral, hacer provisión de sus
párrocos, administrar sus rentas, etc., todo ello contrario a las normas apro-badas
por los concilios y Roma, según defendía con vehemencia el prelado.
A esta voz cualificada se unía la de otros afectados por la política de los pre-bendados,
solicitando al monarca no se unificaran ambas parroquias, ni se
nombraran los párrocos de la iglesia de Nuestra Señora de la Concepción por
el Cabildo Catedral y se retirara de los estatutos dichas normas lesivas. El 9
de noviembre de 1830 el Cabildo Catedral envió al obispo un primer borra-dor
de estatutos, remitiéndose una copia de los mismos a la Secretaría de
Cámara el 15 de septiembre de 1831, siendo examinados por su fiscal el 6
de abril de 1832.
A su vez, el 28 de diciembre de 1831 se había entregado una real orden
al obispo donde se le conminaba a proceder con la mayor brevedad a la apro-bación
de las citadas disposiciones, añadiendo Folgueras a su informe las ob-servaciones
oportunas sobre ellas25. En este trámite el prelado de Tenerife
envió una extensa carta a dicho órgano superior donde exponía no estar con-forme
con el planteamiento de la normativa y necesitar tiempo para analizar
pormenorizadamente los artículos de la propuesta. Esta misiva fue contesta-da
por otra resolución de 7 de diciembre donde se pedía al obispo expusiera
los fundamentos de sus escrúpulos ante dicha norma, además de comunicar-le
a la Cámara que daría cuenta al Cabildo Catedral del alegato de su prelado
para que pudieran establecer su defensa como medio de sustanciar una defi-nitiva
resolución. En todo caso, mientras se aprobaban los estatutos debían
regir —como se había dispuesto en 1829— los existentes en el Cabildo Ca-tedral
con sede en Las Palmas. Las órdenes de 1831 fueron ratificadas por
otras de igual rango de 29 de diciembre de 1832, ante la parsimonia del pre-lado
en aplicar la primera disposición, dada por el Supremo Tribunal de Es-paña
e Indias, a la vez que se volvía a ordenar se efectuarán los citados es-tatutos
a la mayor brevedad posible26. Un nuevo recurso del obispo fue
rechazado, siendo ratificada la disposición anterior por el citado Tribunal el
25 A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Procesos. Expediente: 67.
26 A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Procesos. Expediente: 13.870.
254 Pedro C. Quintana Andrés
27 de mayo de 1835 en los términos expresados, recordando la obligación de
presentar los citados estatutos para la total validación del marco legal del
Cabildo Catedral y de la propia diócesis de Tenerife.
A estos problemas se unieron otros de no menor relevancia y ruido so-cial
como fueron las severas discrepancias surgidas a causa de la salve reza-da
a la Virgen los sábados y la misa votiva en la catedral cuya variación de
turno de semanas establecido entre los prebendados tuvo la inmediata opo-sición
del canónigo Martínez de Sáa, el cual apeló al obispo al guardar los
prebendados su queja en el archivo secreto del Cabildo. El obispo intervino
mediante una carta dirigida al monarca para que reprochara la actitud del
Capítulo y concederle derecho al prelado para intervenir en estas disputas y
mandara a los prebendados a cesar en su temerario acuerdo, aunque poste-riormente
la propia Cámara Real le recordó al prelado no poseer competen-cia
en ese asunto27. Un nuevo tema de desencuentro se añadió a los regis-trados
con anterioridad, siendo éste la acción de gracias fundada por los
prebendados por haberse salvado La Laguna y su término de la catástrofe de
1826. Los prebendados establecieron a partir de ese año una fiesta y exposi-ción
anual del Santísimo el día 7 de noviembre, imponiendo los gastos de la
celebración sobre las rentas comunes. El obispo se negó a reconocer dicha
fiesta al considerarla una fundación unilateral del Cabildo Catedral, dejando
de asistir a la catedral desde ese momento, lo que pudo ocasionar alguna
murmuración entre los fieles en los primeros años a causa de la triste y profunda
memoria de aquella catástrofe. Folgueras apelaba ser facultad suya disponer
cuándo debía exponerse al Santísimo Sacramento en público, además de ma-nifestar
haber caído en ese asunto en tal prudencia que podía equivocarse con
pusilaminidad, auque los prebendados perseveraban en ese acto porque no se
tiene en barras, pese a no poseer licencia.
Un tema de mayor polémica fue la obligada residencia de los prebenda-dos
en la isla, creyendo Folgueras ser abusivas las numerosas ausencias de
éstos por dedicarse a estudios en universidades peninsulares u ocupar ofi-cios
de hacedores de rentas. Un ejemplo había sido la dedicación durante al-gunos
años del chantre Matías Aguilar a recoger los diezmos de Tenerife,
función contraria a la establecida en la bula y real orden de erección del obis-pado
para los miembros del Capítulo lagunero. Folgueras insistía en la opo-sición
de gran parte del Cabildo Catedral a esta denuncia del prelado, ampa-rados
en privilegios verdaderos o imaginarios de Gran Canaria que ni aún
muestra y zahiriendo siempre al obispo de desafecto al especialísimo patronato
de esta nueva yglesia. Otro de los escollos se centró en determinados aspec-tos
de la liturgia adoptada en la catedral, sobre todo en la parte del ceremo-nial
llamado de la Colecta et famulo. El misal romano hispano autorizado por
el Comisario General de la Cruzada, ratificado por la real orden de 26 de no-
27 A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Procesos. Expediente: 67.
La Diócesis de San Cristóbal de La Laguna en los inicios del siglo XIX 255
viembre de 1825, suprimía dicho pasaje de la liturgia. Pese a ello se mantuvo
en el ceremonial del Cabildo lagunero, suponiendo este hecho varios años de
disputas sobre la cuestión entre Folgueras y sus prebendados. El prelado
solicitó al monarca no permitiera dicho pasaje dentro del ceremonial al es-tar
llena de absurdos, además de eliminar definitivamente pretenciones tan
extravagantes. Aspecto secundario, aunque de desolador efecto sobre las
relaciones internas entre las dos instituciones, fue la celebración del día
del natalicio del prelado, arista del enconado y farragoso conflicto institu-cional
registrado en la diócesis en sus primeras décadas de vida. Folgue-ras
recordaba a sus prebendados que durante los primeros años se habían
presentado ante él para felicitarlo en el palacio episcopal, aunque ya desde
1835 no fueron ni en grupo ni individualmente. En este caso, pese a su de-seo
de erradicar todo vínculo con un pasado diocesano tachado de oscuro
y atrasado, el prelado consultó con su homólogo de Las Palmas sobre este
particular, el cual le confirmó la presencia de sus prebendados en el día de
su onomástica en el palacio episcopal, a lo cual sumaban la felicitación en la
víspera.
Finalmente, otra de las quejas del prelado a la Real Cámara se ciñó a cri-ticar
con vehemencia la puesta de un dosel en el lado de la Epístola del Al-tar
Mayor de la catedral, estando ubicado durante años en el lado del Evan-gelio.
En la polémica surgida al calor del concurso para las prebendas de oficio,
pese a los estatutos generales de las iglesias de España, Folgueras manifes-taba
su interés de ser el prelado el convocante de la oposición y el elector
de éstas, sobre todo de la magistral y penitenciaria. A dicha idea se oponía
con vehemencia el Capítulo al creer ser el único competente para la convo-catoria
de plazas y el establecimiento de las bases concursales.
Los diversos asuntos de diferencias entre las dos partes tratados aquí
tuvieron como denominador común la ausencia de unos estatutos propios y
el uso de los tomados de la antigua diócesis unificada para el ordenamiento
interno, jurisdicción y administración de los prebendados y de la relación de
éstos con el resto de entidades eclesiásticas y laicas. El obispo Folgueras
reiteraba su predisposición a acatar los nuevos estatutos surgidos del Cabil-do
Catedral pero se mostraba beligerante con los tomados de la diócesis de
Gran Canaria al ser contrarios, como había manifestado en otras ocasiones,
a las leyes eclesiásticas vigentes en ese momento en la nación y las disposi-ciones
establecidas por el rey. El Cabildo, por medio de su apoderado en la
Corte, se quejaba sobre la oposición del obispo a la puesta en práctica de los
estatutos de Gran Canaria, pese a ser un requisito obligatorio por las leyes
aprobadas para la diócesis, no teniendo facultad el obispo para variar o apro-bar
nada sobre la cuestión o capacidad para dejar de cumplirlas. La actitud
del obispo de negar dichas normas fue naturalmente, una desobediencia y un
desaire al Real Patronato, un acto de mal egemplo y una falta de la debida ar-monía
con el Cabildo. En la tirantez entre ambas instituciones, heredada de
256 Pedro C. Quintana Andrés
otras surgidas entre ellas con aún más enjundia durante la etapa Moderna en
las islas, se citaba la total adhesión del Cabildo Catedral a las legislaciones
establecidas desde la Corte y el respeto a la autoridad del prelado.
El 9 de marzo de 1835 el Consejo Real mandó al Cabildo Catedral entre-gara
al prelado la primera redacción de sus estatutos en el plazo de un mes,
bajo el apercibimiento de 2.000 pesos de multa. Si concluido el tiempo no se
habían elaborado o no fueron proporcionados, se daría comisión al regente de
la Real Audiencia de las islas para hacer efectiva la pena. Se advertía al obis-po
remitiera de inmediato los papeles entregados por los prebendados al Mi-nisterio
de Gracia y Justicia en el plazo de un mes tras ser recibidos del Ca-bildo
Catedral, adjuntando el prelado las observaciones convenientes sobre la
obra efectuada por sus capitulares. Finalmente, el 12 de junio de ese año sa-lían
desde Tenerife con rumbo a Madrid los estatutos redactados y aprobados
por el Cabildo Catedral, siendo estudiado el expediente en el Ministerio de
Gracia y Justicia durante los siguientes meses. En esa valija el obispo adjun-taba
sus críticas a los estatutos, con especial hincapié en los graves defectos
e indijecto prolegómeno justificativo elaborado por los eclesiásticos. Folgueras
basaba su desacuerdo en la multiplicidad de fallos en la cita de autores, los
notables defectos de formas, la carencia de acorde aplicación de la doctrina y
la adaptación de los ilegales —que carecen de aprobación real— estatutos de la
diócesis Canariense, aspectos cuya mera inclusión o ausencia, abundaba Fol-gueras,
los invalidaba. Las normas seguidas en el Cabildo Catedral con sede en
Las Palmas volvían a ser tildadas por Folgueras como acuerdos aprobados
antes del Concilio de Trento o sin contar con la legislación emanada de éste,
llena de abusos i corruptelas, pese a lo cual el Cabildo tinerfeño, proseguía el
prelado, no ha dejado piedra por mover a fin de acomodarlos a ésta nueva igle-cia
i con ellos todas las excepciones i privilejios de los siglos de confución i des-orden.
La única manera de conseguir unos estatutos equilibrados y adaptados
a la realidad era enviándolos al Metropolitano de Sevilla para su censura, pues
su devolución a los prebendados de La Laguna significaría prolongar sine die
su definitiva elaboración y sostener en sus posiciones a los eclesiásticos.
La probable y rauda aprobación de los estatutos del Cabildo Catedral de
La Laguna se diluyó a causa de las circunstancias sociopolíticas locales y na-cionales
registradas en el bienio 1836-1837, cuyos efectos fueron de espe-cial
relevancia para la Iglesia en España, siendo algunos de los inconvenien-te
más destacados el proceso desamortizador de los bienes eclesiásticos, la
definitiva supresión de la recaudación del diezmo en 1837 o el establecimiento
de la nueva contribución de Culto y Clero. Todos los citados acontecimien-tos
aglutinaron y acrisolaron los esfuerzos de ministerios, jerarquía eclesiás-tica
y de los miembros de la comunidad católica en salvaguardar derechos,
fundar jurisdicciones o establecer determinadas normas, quedando en segun-do
plano aspectos como los citados estatutos o las discrepancias sobre el culto
catedralicio.
La Diócesis de San Cristóbal de La Laguna en los inicios del siglo XIX 257
LOS PROCESOS SOCIOPOLÍTICOS Y LA NECESIDAD DE UNA CONCILIACIÓN
A fines de 1838 el conflicto surgido entre el prelado con sus prebenda-dos
sobre los asuntos relacionados con anterioridad se reactivaron provocando
la ralentización de la administración, desconcierto entre los eclesiásticos so-metidos
a su jurisdicción y notable contrariedad entre los fieles al filtrarse a
la voz pública los encontronazos entre las dos principales instituciones ecle-siásticas
de la diócesis. El 12 de noviembre de 1838 el Ministerio de Gracia
y Justicia solicitaba al regente de la Real Audiencia de Canarias una detalla-da
información de la situación real en el obispado, haciendo hincapié sobre
los problemas surgidos entre el prelado y el Cabildo Catedral a causa de las
diferencias registradas en la aplicación de los estatutos a ciertos aspectos de
la administración y jurisdicción eclesiástica. El 12 de octubre de 1839 el re-gente
remitía un informe donde mencionaba haber sido denunciado el obis-po
por el Cabildo Catedral ante su incapacidad para atender las quejas de los
prebendados respecto a la elaboración de sus estatutos, la facultad del prela-do
para designar a los notarios apostólicos o nombrar como provisor y secre-tario
de cámara al doctor Goyri —pese a su nefasta gestión—, según apun-taba
el regente. A ellos se volvían a sumar otros aspectos relacionados con
la liturgia, sobre todo en las posibles innovaciones introducidas en la llama-da
Colecta et famulos28; no tratar de señoría a todo los miembros del Cabildo
por el obispo cuando se dirigiera a ellos; o sobre los toque de campana a rea-lizar
cuando el prelado pasaba a visitar la catedral.
A estas quejas de los prebendados se unieron otras de notable relevan-cia
doctrinal y social como fueron dar permiso —pese a la oposición de dos
teólogos consultados— a don Guillermo Botts, protestante, para ser padrino
en el bautizo de una niña, hija de don Pedro Alejandro Aubert y doña Uvalda
Noya, vecinos de La Orotava, cristianizándose el 19 de mayo de 1828. El pre-lado
puso como condición para dar anuencia al acto que el padrino, si falta-ban
los padres, proporcionara a su ahijada una educación católica. En el otro
caso denunciado, el obispo dispensó, según afirmaba éste cuando hacia refe-rencia
al asunto, a doña María de la Soledad Orea, católica y vecina del Puerto
de la Orotava, matrimoniara con el anglicano don Alfredo Diston, vecino de
Londres, casándose en febrero de 1836. Este último permiso había provoca-do
desconcierto y escándalo entre la población, según los prebendados, al ser
la primera dispensa otorgada por un obispo en las islas para un enlace matri-monial
entre un protestante y una católica, cuando en varias épocas se han
casado yngleses con mugeres naturales de estas yslas ha sido llevándolas para
este objeto a la ysla de la Madera. El informante decía ser estas acciones un
28 Este conflicto se había planteado desde hacía más de un siglo entre el Cabildo
Catedral de Canarias y su prelado, siendo resuelto por real orden, véase Quintana An-drés,
P.: A Dios rogando… op. cit.
258 Pedro C. Quintana Andrés
indicador de que el obispo profesa en esta parte doctrinas un poco libres, sin
embargo de que en sus opiniones políticas sea más intolerante hasta el punto
de ser considerado, lo mismo que su Cabildo, como enemigo de la libertad y cuan-do
sus fines hayan sido poco honestos los motivos no dejarán de ser equívocos
para el que sin otros antecedentes tiene que examinar semejante conducta29. En
todo caso, creía el regente ser la facultad de dispensar propia de la Santa Sede
y no del obispo, según los especialistas en la materia de derecho canónico
consultados. Además, apuntaba el regente, el Cabildo Catedral denunciaba
estar ocupado la mayor parte del tiempo el prelado en otros asuntos aleja-dos
de su grey y haber vulnerado los estatutos del Cabildo al entrar en el
nombramiento de ministros de la catedral, lo cual era, según observaba el
regente, la manzana de la discordia de todo el fondo de ese conflicto. El obispo
se defendía de estas acusaciones y aportaba el dato de la mala administra-ción
y carencia de todo orden en la gestión de los prebendados, pues desde
hacía 16 años retenían como administradores de los diezmos la cantidad de
45.228 maravedís anuales —el montante total para dicho tiempo se elevaba
a 3.987.658 maravedís— propios del Seminario Conciliar, el cual aún no ha-bía
sido creado. El Capítulo había sido condenado a reintegrarlos a las cuen-tas
del prelado y a los demás partícipes de la Mesa Episcopal desde la erec-ción
de la institución administradora, según resolución real de 20 de julio de
1835.
En el caso de los servidores de la catedral la bula de erección de ésta en
La Laguna, fechada el 1 de febrero de 1819 y ejecutada el 21 de diciembre,
permitía, según Folgueras, a la potestad episcopal todos y cada uno de los ofi-cios
y cargos episcopales y egerza libremente como corresponde según derecho la
plena jurisdicción eclesiástica, así ordinaria como delegada por los sagrados
cánones y por el Concilio de Trento sobre el clero secular del cualquiera orden.
El Cabildo Catedral podía hacer sus estatutos, decretos de gobierno, direc-ción
de bienes y otros aspectos espirituales-temporales, siempre y cuando no
fueran contra las disposiciones del Concilio de Trento o el Concordato de
1753. La citada bula era taxativa en obligar a ambas partes a cumplir las nor-mas
establecidas en ella sin que obsten los estatutos y costumbres de la Ygle-sia
de Canaria, aunque estén corroborados con juramento, confirmación apos-tólica
o cualquier otra firmeza u otros de sus privilegios, indultos o letras
apostólicas30. Una vez más el obispo recordaba al regente su impresión de que
una sustancial fracción de los acuerdos de estos primeros estatutos entrega-dos
en 1825 y 1835 estaban obsoletos, eran impracticables y se conocía en
ellos ser una mera copia simple mal hecha y a hurtadillas de los de Canaria.
Una opinión parecida exponía el regente, manteniendo en su escrito ser la
mayoría de las normas establecidas en los estatutos de Gran Canaria clara-
29 A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Procesos. Expediente: 67.
30 A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Procesos. Expediente: 67.
La Diócesis de San Cristóbal de La Laguna en los inicios del siglo XIX 259
mente contrapuestos al Concilio de Trento. En esa institución ni en la lagu-nera,
continuaba, no existía una verdadera ley reglamentaria escrita y san-cionada
por autoridad alguna aunque, recordaba, sin embargo se registraban
largos años de paz entre el Cabildo Catedral y el prelado, bien que la virtudes
morales y políticas de este benemérito diocesano alejan todo motivo de desave-nencia.
Todo ello había supuesto la dilatación en la elaboración de dichas dispo-siciones
capitulares hasta los últimos redactados y presentados en 1835. En
ellos el Cabildo Catedral fundamentaba toda una serie de aspectos relaciona-dos
con sus cometidos y jurisdicción aunque, decía el regente, la debilidad
interna de este cuerpo de normas estaba en mostrarse como un mero pro-yecto
sin otra eficacia que la que pueda darle su conformidad con las disposi-ciones
canónicas, debiendo haber justificado los prebendados de Tenerife las
inmunidades pretendidas si se hubiera hecho un buen estudio de la práctica
ordinaria de sus homólogos asentados en Gran Canaria, el cual disfrutaba de
su gobierno gracias a múltiples acuerdos casi nunca contrariados por los nu-meroso
obispos nombrados en la sede episcopal, aunque en este caso el re-gente
debía desconocer las numerosas controversias sobre temas muy dis-pares
registradas entre ambas instituciones hasta mediados del siglo XVIII31.
El centro de la cuestión se encontraba en las peculiaridades de las inmu-nidades
y jurisdicciones eclesiásticas, capaces de crear tan profundo conflic-to
tanto en el gobierno como en el ejercicio de las facultades de cada insti-tución.
La única solución, aportaba el regente, era la aprobación de los
estatutos, cuya observancia debía ser obligatoria para el Cabildo y el prela-do,
cesando así toda controversia. El máximo representante del Tribunal ca-nario
se preguntaba si la medida propuesta sería ¿un antídoto capaz de cal-mar
las pasiones agitadas en tal estremo?32, aunque no sería probable que
ninguna de las partes llegara a sufrir con resignación los preceptos de la ley ni
los respetos de la justicia sean la regla de sus procedimientos y menos que tan
fuertes atletas secunden las intenciones del gobierno en sus escitaciones a la paz,
aquella paz evangélica que debe reinar en los ministros del Ser Supremo33. Esta
situación era achacable a la beligerancia de una parte del Cabildo Catedral con-tra
Folgueras, caracterizándose dichos prebendados por un genio díscolo, ene-migos
acérrimos de su prelado, buscando en todo un motivo para la contien-da.
Del mismo modo, el obispo se mostraba siempre dispuesto a escudriñar
los lugares más recónditos de los concilios, derecho canónico y principales
autores de la iglesia para apoyar su autoridad y defensa de su jurisdicción.
El regente abundaba en éstos y otros datos en un informe confidencial diri-gido
a la Corte el 14 de septiembre de 1837 donde daba como solución más
31 Quintana Andrés, P.: A Dios rogando…op. cit.
32 A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Procesos. Expediente: 67.
33 A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Procesos. Expediente: 67.
260 Pedro C. Quintana Andrés
adecuada la supresión del obispado de Tenerife, siendo el remedio a tanto
desaguisado y descontrol, según se estaban desarrollando los acontecimien-tos.
Si esta idea no fructificaba era necesario, de inmediato, la aprobación de
los estatutos del Cabildo Catedral como medio de atemperar los males que
aquejaban a las principales entidades eclesiásticas de la diócesis de Tenerife
aunque, según creía, conociendo el carácter de las personas integrantes en
ambas partes es absolutamente imposible que conserbándose en ella los mismos
individuos cese enteramente la discordia. El monarca, según el regente, en su
interés por la mejora de la misión y ejemplo de paz que debían dar los ecle-siásticos
al resto de la población debía intervenir con premura en la cuestión.
El regente enfatizaba en poder aumentar aún más la tensión entre los dos
contendientes a causa de la gestión e inversión de los fondos de la Fábrica
catedral, aspecto de especial encono tras las quejas, muchas infundadas, ar-gumentadas
por el Cabildo sobre la miseria de los ministros servidores en la
catedral, el mal estado del templo o el deterioro de sus ornamentos sagra-dos,
pese a que los propios prebendados habían rechazado con anterioridad
los mejores adornos y aderezos de los conventos suprimidos en la isla, to-dos
ellos concedidos por el obispo en favor del templo catedralicio. Los cita-dos
conflictos y este último habían dado lugar, según la Real Audiencia, al tris-te
estado de la diócesis y de la propia sede de La Laguna, ante las escandalosas
contiendas entre ambas partes. Los capitulares, en su afán por lograr desequi-librar
la contienda a su favor, reiteraron sus denuncias de incumplir el prela-do
con sus obligadas visitas pastorales su grey —uno de los principales co-metidos
por los que se impulsó la división del antiguo obispado—, además
de no aplicar su autoridad en los aspectos relacionados con el control del clero
o no tener intención de visitar en su ya extenso mandato todas las localida-des
de su jurisdicción34.
El regente dirigió sobre la cuestión de la Fábrica catedral al Ministerio
una ampliación de su informe donde manifestaba haberse celebrado un cabildo
el 19 de septiembre de 1837 en el cual se votó a favor de la reforma de los
sueldos de los ministros de la catedral, siendo en aquel día los presentes el
deán, el tesorero, los canónigos Martínez, Quintero y Morales, y los racio-neros
Mora y Vargas. El acuerdo mandaba al secretario del Cabildo y al ma-yordomo
de Fábrica hicieran saber a todos los ministros y personal asalaria-do
de la catedral las notables carencias registradas en las partidas de ingresos
de fondos de la institución, por lo cual el Cabildo no podía pagarles desde el
día en que se venció la última paga en adelante, sino aquel sueldo que buena-mente
pueda darles la Fábrica, atendidas sus rentas. La reducción salarial ge-neral
de la mayoría de los servidores se establecía en un tercio, siendo vo-
34 El prelado decía haber iniciado su recorrido pastoral el 8 de junio de 1827, debiendo
concluirlo a causa de asuntos pendientes en noviembre de 1830, véase A.H.P.L.P. Sec-ción
Real Audiencia. Procesos. Expediente: 67.
La Diócesis de San Cristóbal de La Laguna en los inicios del siglo XIX 261
tada positivamente esta iniciativa por todos los presentes, aunque el deán
pidió se formara una comisión cuya misión sería presentar un plan de ajuste
de los salarios. Esta actitud del deán fue tachada por sus compañeros de con-nivencia
con el prelado y de trasladar el conflicto entre ambas instituciones
al seno del Cabildo para crear desconcierto. El racionero Pereira —uno de
los informantes del regente—, recordaba que luego que vio (el deán) que se le
disminuía una tercera parte el salario de su ahijado y compadre el sochantre
Atanasio Nobliga, cerró los ojos a todo interés general de su Yglesia, a sus tra-bajos
anteriores por ésta, a su deber como capitular, a su honor y al cumplimiento
de sus obligaciones y atendiendo a que uniéndose al prelado y a su díscolo se-cretario,
doctor Deza Goiry, podía dejar servido a Nobliga y burlados los planes
del Cabildo se dirige al palacio episcopal y de palabra y por escrito se queja de
los acuerdos del Cuerpo, los denuncia al prelado, le entrega de lleno el conoci-miento
de las rentas de los ministros y de todos los derechos que con el mismo
Cabildo había sido el primero en quitar de las manos del prelado. Su acción
supuso un incremento de la crispación entre ambas instituciones, aunque el
deán logró la total confianza del prelado y la de su secretario personal. Su lle-gada
al Cabildo, abundaba Pereira en su escrito al regente, no fue ya como la
de su presidente, sí como la de un perenne delator de su Cuerpo y un sereno
fiscal del señor obispo. En la siguiente reunión del Cabildo propuso el deán,
según el informante, sujetar a su voto imperiosamente a todos los capitulares,
amenazando a los presentes sobre la necesidad de votar en función de sus
ideas, pese a llenar de amargura al Cuerpo Capitular. Todo este deterioro de
las relaciones internas había sido permitido por el obispo, sólo por seguir
aumentado su presión contra el Cabildo, llegando a entrar en la sala capitu-lar
su secretario episcopal a dictar por sí mismo los oficios de fulminación,
anatemas y multas contra los prebendados. Al unísono, el obispo, en un paso
más de desacreditar a la institución capitular, había nombrado a Nobliga so-chantre
mayor, saltándose en el escalafón a otros de más antigüedad y capa-cidad,
además de soslayar la jurisdicción exclusiva del Cabildo Catedral so-bre
la materia. El citado sochantre, decía Pereira, poseía una renta superior
a la de un canónigo, no siendo posible alterarla por el Cabildo bajo pena de
500 ducados impuesta por Folgueras.
El prelado había impuesto perpetuo silencio al Cabildo sobre este punto,
pese a ser el Capítulo el consejo del obispo. Folgueras, centrando Pereira la
base de todo el conflicto, veía a los antiguos estatutos de la diócesis unifica-da,
sus prácticas y las costumbres de los prebendados como pudieran mirar-se
las reglas de una mezquita o sinagoga mahometana, sin reflexionar que la
yglesia de Canaria ha sido regida por todo tipo de obispos. La mayoría de los
capitulares de aquella primigenia diócesis eran hombres sabios y doctos, al-gunos
elevados a la mitra episcopal, teniendo de todo ello desconocimiento
el prelado, así como de las órdenes reales cuando disponían se rigiera el Ca-bildo
lagunero por las normas de su homónimo de Gran Canaria hasta no apro-
262 Pedro C. Quintana Andrés
barse sus estatutos. El prelado, expresaba Pereira, con su actitud no respe-taba
los juramentos realizados al monarca, ni al propio Cabildo Catedral con-formado
por hombres ansianos y encanecidos en el servicio de su Yglesia, tra-tando
a los prebendados como aun cuerpo de monacillos al amenazarlos si no
cumplían sus designios a suspensión o a multas superiores a sus asignacio-nes,
convirtiendo el báculo en espada. Todo ello se hacía con la intención de
disminuir la fuerza del Capítulo, impedir su habitual ejercicio y acudir al mo-narca
en su ayuda.
El informe continuaba explicando que los cometidos de los prebendados
fueron establecidos por la bula de erección y real cédula auxiliatoria puesta
en ejecución por el obispo Vicente Román Linares, comisionado apostólico y
regio, en especial respecto a la administración de la rentas decimales y los
ingresos de Fábrica catedral. Todo quedó en este término hasta la muerte del
deán Bencomo en 1838, cuando el obispo inició su frontal resistencia a los
estatutos acatados, comenzando un litigio sin fin al no establecerse ningún
principio de acuerdo, ni el obispo desear celebrar reuniones para solucionar
su enfrentamiento. Esta situación desembocó en un claro desgobierno eco-nómico,
apuntaba Pereira, en detrimento del servicio del Coro y del propio
culto, además de quedar desacreditados los prebendados ante sus ministros
por la irrupción del obispo cuando intervino en la cuestión de la disminución
de rentas. Antes ya de la eliminación de la administración del diezmo era ya
necesaria la reestructuración del personal y sus salarios debido a los eleva-dos
emolumentos. Los prebendados aprobaron se hicieran los recortes opor-tunos
en los cabildos de 7 de agosto de 1832 y 7 de enero y 27 de junio de
1833, nunca resueltos en sus ejecuciones finales. A partir de 1837, una vez
separada del Cabildo Catedral la administración del diezmo, se hizo necesa-ria
en la diócesis de Tenerife hacer una nueva distribución de los gastos de-traídos
de sus fondos, tal como se acordó por los prebendados el 19 de sep-tiembre
de 1837.
El 24 de noviembre el Cabildo Catedral de Tenerife presentó su plan de
saneamiento, dándose a cada capitular un plazo de 5 días dentro de los cuales
podía alegar cualquier particularidad referido a éste. El día de reunión para
validar la reforma fue protestado por el deán Rivero, siendo su argumentación
las peculiaridades y cuantías de los fondos con los que contaba el Cabildo para
abonar lo adeudado a la Fábrica catedral. El Capítulo decidió continuar con la
citada reforma acudiendo, según Pereira, el deán Rivero al obispo entregándole
de lleno el conocimiento e intervención y decisión en las rentas de los ministros
que el mismo deán con todo el Cabildo había hasta entonces sostenido y reusado
poner en manos del prelado, pues, como se mencionó, ya existía sobre la cues-tión
un litigio pendiente ante el Gobierno. El obispo Folgueras decidió, sin la
anuencia del Cabildo Catedral, no se hiciera ninguna novedad sobre la cuestión
y continuaran las rentas de los ministros inalterables bajo pena de crecidas
multas a los eclesiásticos si se actuaba al contrario.
La Diócesis de San Cristóbal de La Laguna en los inicios del siglo XIX 263
LA PÉRDIDA DE INGRESOS, LOS PROBLEMAS DE GESTIÓN Y LOS CONFLICTOS
JURISDICCIONALES INTERNOS
La situación social y económica tiñó de mayor tensión la relación obis-poprebendados
a partir de 1838. La administración de la Fábrica catedral cen-tró
la disputa, en cuyo fondo se encontraba el solapamiento de jurisdicciones
entre ambas partes y la ausencia de unos estatutos directrices de los come-tidos
del Cabildo Catedral. Las cuentas de la Fábrica catedral, según los pre-bendados,
estaban en déficit a causa de las deudas pendientes de abonar por
los hacedores y otros particulares, cuya cuantía se elevaba hasta 14.008.886
de maravedís, aunque su percepción, según el citado Pereira, sería tardía a
causa de la crisis económica y las calamidades que periódicamente azotaban
la región. Un tercio de la deuda, aventuraba, se cobraría en especies, cuyo va-lor
se abulta mañosamente por los peritos al celebrar las escrituras de fianza y
baja después a su mitad si habiéndolo rematado el Cabildo trata de ponerlo en
venta o percibir mientras tanto su rédito. Una parte sustancia del débito era
incobrable, no debiéndose contabilizar en ésta los atrasos de los antiguos ha-cedores,
sino con lo entregado desde ese momento por el Gobierno a través
de la contribución del Culto y Clero. La bolsa de la Fábrica se encontraba aún
más alcanzada debido a la real cédula auxiliatoria que destinaba al arca de la
Fábrica la renta de dos raciones enteras para sueldos de los cantores y mi-nistros,
no repartiéndose éstas desde el fin del diezmo, lo cual había provo-cado
un déficit continuado al extraerse el abono de los salarios desde otras
partidas adscritas al fondo de Fábrica. Todo ello llevó a un colapso económi-co
donde habían ministros de la Catedral cuyo sueldo era superior al de un
canónigo en ese momento —caso del citado Nobliga—, manifestándose que
muchos servidores si quedaban cesantes podían acceder a otros trabajos o
emigrar a América, como habían hecho algunos, mientras a los prebendados
ancianos —la mayoría con renuncia a beneficios curados donde hubiera per-cibido
unas rentas más cuantiosas— sólo les llevará la miseria para la sepul-tura35.
El fondo de la Fábrica debía sanearse, aunque la catedral demandaba
con premura su remozamiento debido a una estructura defectuosa y sus am-plias
techumbres desgastadas, sumándose a los estipendios el abono de al-gunos
tributos, pago de crecidas sumas al Subsidio eclesiástico, diversas im-posiciones
establecidas sobre sus ingresos, funciones extraordinarias
obligadas mediante reales órdenes, costas de los pleitos entablados contra los
morosos, gastos en la iluminación, etc., todo bajo la supervisión de un obis-po
deseoso de no hacer novedad alguna en el culto de la catedral, por lo cual
aún recargaba más el débito de la Fábrica.
Los prebendados pedían salieran las cantidades destinadas a la obra de la
catedral de la reducciones de los estipendios permitidos por el obispo a los
35 A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Procesos. Expediente: 67.
264 Pedro C. Quintana Andrés
ministriles, imponer contribuciones a las rentas ingresadas por la mitra y ob-tenerlas
de otros fondos. La posibilidad más destacada era la de detraer par-te
de esta renta de los ingresos percibidos por la Mesa Episcopal desde la fun-dación
del obispado hasta el 26 de septiembre de 1824 –momento de la toma
de la prelatura por Folgueras—, generando en ese periodo una acumulación de
capital estimada en 4.646 fanegas, 10 almudes y 4 cuartillo de trigo; 195 fane-gas,
3 almudes y 9 cuartillos de trigo avenoso; el volumen de cebada sería de
2.055 fanegas, 5 almudes, 1 cuartillo; la masa de avena llegaba a 36 fanegas, 5
almudes y 11 cuartillos; mientras el dinero efectivo se situaba en los
34.735.026 maravedís. En las arcas de los diferentes ramos, hasta donde co-nocía
en Cabildo Catedral, se habían guardado ya de las mencionadas cantida-des
el 52,6% del dinero; el 2,1% del trigo; y del resto sólo pequeñas cuantías.
El Cabildo decía haber percibido Folgueras de las rentas decimales de la
diócesis un total de 105.314.164 ½ maravedís desde el 27 de septiembre de
1824 hasta fines de 1834, aunque no todo había engrosado su patrimonio, pues
sobre éstas habían algunas pensiones. Los prebendados decían ser habitual
en los prelados donar a su catedral, iglesias de su diócesis, hospitales y obras
pías numerosas limosnas, además de fundar memorias, tal como lo había efec-tuado
el año anterior el obispo de Cádiz —una de las diócesis más pobres,
según los capitulares— a favor de su catedral. Folgueras, según denunciaban
los denunciantes, no ha venido a edificar si no a destruir, al cual se le tacha-ba
de no haber dado nada a su catedral —¡Oh desgracia de esta yglesia nacien-te!—
para remediarla de sus problemas y socorriéndola de sus males, trans-curriendo
el tiempo sin manifestaba ningún interés en el asunto. Un ejemplo
de ello, se ejemplificaba, fue cuando el Cabildo recurrió al prelado con la in-tención
de buscar una aportación para concluir el frontis de la catedral, re-sistiendo
con la mayor violencia el pagar esta lexítima pensión. Los prebenda-dos
decían ser tal el afán del prelado de no abonar cantidad alguna a favor de
su catedral que se había procurado una real orden concedida el 15 de abril
de 1835 para eludir el pago del tercio pensionado sobre la mitra. Finalmen-te,
se acusaba al prelado de usar en su provecho los pontificales donados por
el arzobispo Bencomo a la Catedral, si haber comprado los suyos en el pe-riodo
de su presencia al frente de la diócesis.
El lamento de los prebendados era profundo, según declaraba el racio-nero
Pereira ante el regente, cuando recalcaba ser desgraciado el sino de la
nueva diócesis de La Laguna, por haberle cabido en suerte un pastor despia-dado,
indiferente a las necesidades de su esposa y de sus hijos ¿Qué monumento
ha edificado, qué obras ha reparado en la Diócesis, qué calamidades ha soco-rrido
que le han impedido ser generoso con su Yglesia y dejar en ella un tes-timonio
de amor y gratitud?, yo no lo veo y este es el grito general de los pue-blos
y de los cuerpos36. La actitud del obispo contra las decisiones del
36 A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Procesos. Expediente: 67.
La Diócesis de San Cristóbal de La Laguna en los inicios del siglo XIX 265
Cabildo Catedral, sobre todo desde 1828, habían desangrado las arcas de los
prebendados en sucesivos recursos ante los tribunales superiores centrales,
roto la armonía entre ambas instituciones y abandonado a su suerte al tem-plo
catedral. El obispo logró en todo los recursos el apoyo del Gobierno pero
ningún de las reales cédulas conseguidas, incidían los prebendados, habían
sido puestas luego realmente en ejecución. El citado racionero Pereira en sus
conclusiones planteaba eliminar el desorden, incumplimiento y conflicto en
el menor tiempo posible, además de movilizar a todos los implicados en la
mejora del templo catedral donde había visto a varios de sus compañeros
invertir parte de sus rentas, pese a quedarse casi en la subsistencia, como
medio de contribuir al esplendor del primer templo de la diócesis. La indo-lencia
episcopal arruinaría el edificio representativo, retrayéndose cada día
los fieles a la hora de contribuir, pues ¡qué donarán a los templos las ovejas
quando ven que el pastor desnuda los templos! Del mismo modo, los ornamen-tos
y vestiduras de la catedral estaban deteriorados considerablemente, al-canzando
en ese momento un estado lamentable, el peor desde la fundación
de la diócesis en 1819. En los primeros decenios del siglo estos efectos se
caracterizaban por ser abundantes y decentes gracias a nutrirse las rentas
de la catedral de las anualidades de las medias annatas, productos de la
primera vacante y la tercia de la sede plena. Muchos vasos dorados no
podían usarse al perderse su baño de color, algunos misales eran inservi-bles,
en los altares no se encontraban atriles, el piso de la catedral en
sus dos principales naves estaban enlosados con pedazos de ladrillos de barro
del país, no había Capilla de Música, no existía un órgano adecuado, etc.
La reducción de las rentas de los ministriles era necesaria, pero tanto
el obispo como algunos miembros del Cabildo estaban en contra de ceder-las,
no tanto por desconocer la realidad como por imponer su presunta
autoridad.
Todo se agravaba con las deudas arrastradas por los fondos de la Fábri-ca
a favor de antiguos mayordomos, caso de José Medina Guillama y los he-rederos
de Valdés, estando la Fábrica alcanzada en 179.928 maravedís a fa-vor
de los segundos, a los que se debían añadir otro 1.811.384 maravedís
suplidos por éste para invertirlos en el frontis de la catedral. Guillama de-bía
percibir 324.292 maravedís, más otros 339.660 maravedís a favor de don
Alejandro Saviñón, encargado de la administración tras la muerte del primero.
A estas deudas se sumaban 364.072 maravedís adeudados a don José Anto-nio
de Vargas, mayordomo en ese momento de la Fábrica; al Arca de Depó-sitos
se le debían 6.596; al Arca del Medio Diezmo 2.237.200; el Arca del
Subsidio la alcanzaba en 1.024.930 maravedís; al canónigo Quintero, por el
tiempo de su hacimiento de Taoro, un total de 257.346 ¾ maravedís; y a los
herederos de don Rafael Mora, por idéntica labor al anterior, 69.190. Las ci-tadas
cantidades sumaban la enorme cifra de 6.614.598 maravedís, deuda que
durante la fase de administración de los diezmos hubiera sido asumida con
266 Pedro C. Quintana Andrés
ciertas garantías, pero no en ese periodo de crisis de las finanzas eclesiásti-cas
al convertirse en una suma incapaz de ser abonada en corto plazo37.
Estos datos llevaron al obispo a profundizar en su discurso sobre las ca-rencias
en la formación administrativa de los prebendados y su profundo des-conocimiento
de las leyes, cuya realidad se reflejaba en los múltiples erro-res
cometidos en la gestión de las rentas decimales, tanto en su aplicación
como en unir en algunos momentos ingresos diferentes en la misma distri-bución,
detrayéndolas, a su vez, de donde no debían. Incluso se equivocaban
en la cuantía de los haberes de la Fábrica catedral y su informe sobre la re-ducción
de los servidores del templo cuando, decía el obispo, habían aumen-tado
las contribuciones. Sus cuentas mostraban un incremento de rentas des-de
diciembre de 1825, cuando se contabilizaban 1.871.520 maravedís, a 1837,
alcanzando el superávit de esa anualidad los 3.168.800. La suma de todas las
partidas registradas hasta ese último año en sus fondos —incluidas deudas
sin cobrar, granos— llegaban, según la contabilidad aportada por el prelado,
a un total de 23.366.673 maravedís, cuantía considerable, capaz de sostener
por si misma a los sirvientes existentes y el culto.
El licenciado Juan Díaz, gobernador del obispado, ratificaba las palabras
de Folgueras con una pormenorizada lista de deudores de la Fábrica catedral,
entre los que sobresalían los propios prebendados con sus obligadas aporta-ciones
—estipuladas en unos 400.000 maravedís, todos ellos tomados a prés-tamo
o de no abonar la media annata— de un conjunto de 14.396.962 mara-vedís
aún no percibidos por los fondos de la Fábrica. Las obras del edificio
catedralicio no eran necesarias, pues muchas catedrales de España, abunda-ba
el obispo, aún no tenían finalizadas sus torres o la propia de Cádiz llegó a
estar más de un siglo sin ellas. Folgueras se preguntaba ¿Por qué no se le-vantaron
o fabricaron primero las llaves del templo que sus torres y frontis?, por
que era presiso demostrar que los primeros individuos del Cabildo, que se lla-maban
a si mismos los fundadores, han tenido don errar, principiando la obra
por donde debían acabarla, dando con esto prueba de lo poco a propósito que son
para dirigir y gobernar sus principales y más necesarias obras. Si el edificio de
la catedral, sus ornamentos y vestiduras del culto estaban deteriorados el
único culpable era el Cabildo Catedral, concluía Folgueras, al negarse los ca-pitulares
a tomar nada de los ornamentos y bienes muebles de los conven-tos
desamortizados, no llegando peticiones del Cabildo para cubrir con ellos
los déficits de sus fondos. El prebendado Morejón, en nombre de sus com-pañeros,
decía no estar de acuerdo con el informe del prelado sobre la situa-ción
del edificio de la catedral, pues había sufrido desperfectos en el terrible
aluvión del 7 al 8 de noviembre de 1826, además de haberse agravado otros
defectos tal como apreció una junta de peritos nombrada el 10 de diciembre
de 1838.
37 A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Procesos. Expediente: 67.
La Diócesis de San Cristóbal de La Laguna en los inicios del siglo XIX 267
La comisión de prebendados establecida por el cabildo de 19 de septiem-bre
de 1837 para la nueva distribución de las rentas limitaba el gasto de la
Fábrica catedral a 2.720.000 maravedís, de ellos 1.020.000 eran para los des-embolsos
ordinarios; 255.000 para los extraordinarios y algún remanente;
mientras el resto iba al fondo de la Fábrica. De la citada cantidad 1.634.890
maravedís se invertían en abonar el salario de los ministros, es decir, oca-sionaban
un déficit a las arcas de 189.890 maravedís, el cual sólo se podía
cubrir, según la comisión, minorando los gastos y suprimiendo algunas pla-zas
de servidores. La deuda con la Fábrica ascendía a 15.606.000 maravedís
aunque, posiblemente, sólo pudiera percibirse la mitad, debiendo añadir aún
a esta cantidad la cuantía de algunos préstamos, la renta del Fondo del Sub-sidio
y el alcance a favor del hacedor Quintero de 3.347.606 maravedís. La
única manera de reducir la deuda era despedir a algunos ministros y conte-ner
los desembolsos ordinarios cuya disminución daría como resultado un
ahorro de 311.100 maravedís, a cuya cantidad se podía sumar una asignación
concedida por el Gobierno a la Fábrica superior a los 107.100 maravedís, todo
lo cual enjuagaría los futuros déficits38.
Una vez más, el obispo unía este tema de la economía de la Fábrica con la
cuestión de los estatutos del Cabildo Catedral, el cual no podía precisar sus
actuaciones si no tenía unas mínimas normas legalizadas para su organización
interna. Ello se reflejaba en su administración de la Fábrica y su incapacidad
para la intervención en ciertos asuntos. Sus carencias de una norma ajustada
al Concilio de Trento ni a las siguientes legislaciones canónicas se habían con-vertido
en el elemento delimitador de sus actuaciones. Folgueras decía ceñirse
los problemas básicos de la conflictividad registrada en la diócesis a tres aspec-tos
sustanciales cuyos orígenes estaban en su nacimiento: no nombrarse un
prelado propietario desde la inmediata fundación del obispado, convirtiéndose
el Cabildo Catedral en un cuerpo acéfalo o sin cabeza cuando más la necesitaba
y sin la cual no podía menos de padecer enfermedades; la segunda no haber eli-minado
de sus prebendas a varios capitulares beligerantes, condescendiendo,
en cambio, con los intereses particulares de determinados grupos de presión
a la hora de elegir a miembros cercanos y aún de la propia ciudad donde se
asentaba la catedral. Incluso se designaron a antiguos capitulares de la ante-rior
diócesis en la lagunera, caso del racionero Porlier, catapultado al arcedia-nato
de La Palma. El obispo decía no estar estos prebendados acostumbrados
a acatar y obedecer, sino empapados en el sistema de prerrogativas, excenciones,
preeminencias y boato canonicales, individuos de un Cabildo opulento que se
complacía en humillar a los obispos por un efecto de aquel aciago espíritu de or-gullo
e independencia que inspira la prosperidad, no dudando éstos en sostener
a un comisionado en la Corte. A los capitulares se unieron varios párrocos de
iglesias ascendidos a prebendados, todos buenos para la administración de sus
38 A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Procesos. Expediente: 67.
268 Pedro C. Quintana Andrés
beneficios pero fáciles de llevar por los intereses de sus compañeros proceden-tes
del antiguo único Capítulo. El tercer problema era la siniestra intención del
Cabildo en no hacer un concurso abierto para cubrir las cuatro plazas de las
prebendas de oficio, ante la resistencia contra las actuaciones pretendidas por
el obispo, todo ello hubiera sido más rápido si hubiera enviado el rey a los
cuatro prebendados de la Península, como yo le propuse. Los tres aspectos men-cionados,
a juicio de Folgueras, impedían el desarrollo de la diócesis y su re-gular
administración, debiéndose separar y trasladar a algunos prebendados
díscolos a otras iglesias, al ser muy peligrosos y que acarrean perjuicios irrepa-rables
para los tiempos ulteriores39.
El balance de las diversas discrepancias sostenidas por el obispo y el Ca-bildo
Catedral durante más de una década quedaba reducido, según la Real
Audiencia, a la oposición del obispo a aprobar los estatutos de los prebendados.
Esta situación influía de forma determinante en la ingobernabilidad de la iglesia
tinerfeña, en la mala administración de las rentas determinadas por las normas
especificadas en los estatutos y en las alteraciones de las jurisdicciones de cada
una de las instituciones. Esta situación no parecía tener fin si una de las dos
partes no renunciaba a sus posiciones, cuestión que fue imposible hasta el tras-lado
de Folgueras en 1848. En el caso de la reestructuración de los servidores
de la catedral, por ejemplo, aún en 1839 no se había realizado la citada refor-ma,
aunque el prelado seguía admitiendo, despidiendo o estructurando a los
ministros según su criterio sin tener en cuenta la autoridad del Cabildo Cate-dral
sobre el asunto, tal como se recogía en la mencionada real cédula auxilia-toria
y en los estatutos vigentes hasta ese momento.
Los litigios continuaron sobre éste y otros temas ya reseñados teniendo
todos ellos como base la aprobación o no de los estatutos elaborados por el
Cabildo Catedral. La inestabilidad política de inicios de la década de los años
cuarenta –regencia de Espartero, movimientos revolucionarios, pronuncia-mientos,
aprobación de la constitución de 1845— distrajeron fuerzas, inicia-tivas
políticas y generaron profundos cambios en la política de ministerios
como el de Gracia y Justicia. El Concordato de 1853 y la adaptación de la
nueva legislación canónica a esta ley tan esperada en el tiempo por el Go-bierno
y la máxima jerarquía eclesiástica dieron impulso al definitivo estable-cimiento
de los estatutos del Cabildo Catedral de la diócesis lagunera, ya apro-bados
éstos sin las repercusiones sociopolíticas e ideológicas vigentes en
décadas anteriores.
CONCLUSIONES
La diócesis de San Cristóbal de La Laguna surgió en una fase histórica
de encrucijada para la economía, política y sociedad regional. La lucha y con-
39 A.H.P.L.P. Sección Real Audiencia. Procesos. Expediente: 67.
La Diócesis de San Cristóbal de La Laguna en los inicios del siglo XIX 269
tradicciones entre las antiguas estructuras de la etapa Moderna y las ema-nadas
al amparo de los cambios ideológicos afianzados sobre el liberalismo
burgués tuvieron su reflejo en la propia fundación del nuevo obispado. Su
recorrido durante las tres primeras décadas de nacimiento fueron en parale-lo
a la convulsión de los tiempos —alternancia entre constitucionalismo y ab-solutismo,
desamortización de 1836, exclaustraciones, fin de la percepción de
los diezmos en 1837—, pero también a la propia lucha de poder entre las ins-tituciones
eclesiásticas cuya prolongada dilatación llevó a un progresivo es-tancamiento
de la organización, administración y desarrollo de la diócesis.
Los estatutos, los fondos de la Fábrica catedral o la delimitación del ám-bito
jurisdiccional del obispo y los prebendados fueron muestra de la falta de
adaptación del clero a los nuevos cambios sociopolíticos. A su vez, esta si-tuación
reflejaba el papel desempeñado por estas instituciones en el nuevo
organigrama regional y la propia concepción del poder sobre su representa-tividad
o peso políticosocial.