De los Cabildos a la División provincial : propuestas para el análisis de la organización político-administrativa de Canarias en las primeras décadas del siglo XX

              De los Cabildos a la División provincial:
propuestas para el análisis
de la organización político-administrativa
de Canarias en las primeras dkcadas
del siglo XX
El problema de la configuración administrativa del Estado ha sido uno de
los temas centrales de la historia política española en los siglos xrx y xx. De
manera particular, los decenios situados en el tránsito entre ambas centurias
marcaron una etapa de gran intensidad. En ellos, la organización de la admi-nistración
local fue sometida a un proceso de revisión y a numerosos proyec-tos
de reforma. Los textos legales y las iniciativas parlamentarias se sucedie-ron
periódicamente sin que la mayor parte llegara a materializarse. Con todo,
la dinámica de aquellas décadas marcó el curso por el que habría de discurrir
el resto del siglo xx, convirtiéndose incluso en un punto de referencia para los
procesos recientes que ha atravesado la articulación del Estado español.
Detrás de las convulsiones desatadas por estos problemas de la vertebra-ción
del Estado, y que se patentizan con claridad desde el inicio del siglo xx,
se encuentran unos factores de índole diversa. De forma esquemática pode-mos
apuntar cuatro grandes aspectos: la crisis de la centralización auspiciada
por las soluciones moderadas del liberalismo español; el mantenimiento de
las peculiaridades y también las consecuencias de los propios cambios que, a
lo largo del siglo m , se producen en las distintas regiones; las insuficiencias
alternativas del federalismo histórico; y la traducción en términos territoria-les
de la propia evolución del capitalismo español.
Todos estos elementos se sitúan en la propia crisis del Estado que había
cimentado la Constitución de 1876, correspondiendo al nacionalismo catalán
la expresión más significativa a la hora de proponer una alternativa a la tra-dicional
centralización administrativa.
La historiografía reciente ha abordado estos problemas de forma frag-
Boletín Millares Carlo, núm. 15. Centro Asociado UNED. Las Palmas de Gran Canaria, 1996.
22 José Miguel Pévez García
mentada tanto en el plano cronológico como en el temático y en el espacial.
Ello explica la carencia de obras de conjunto que permitan una visión gene-ral
que cubra la realidad de los diferentes territorios españoles. En los traba-jos
colectivos predomina la superposición de análisis relativos a los distintos
ámbitos regionales. Tampoco disponemos de trabajos globales que permitan
valorar la trayectoria de las instancias locales que conforman la organización
político administrativa, sus relaciones con los poderes centrales y el peso que
cabría atribuirles dentro de la dinámica política contemporánea.
Esta tarea es compleja porque conlleva al menos dos exigencias de parti-da:
en primer término, la combinación del estudio de los procesos generales
con los que atraviesan las distintas nacionalidades y regiones; en segundo lu-gar,
la necesidad de abordar la realidad administrativa desde la considera-ción
de los múltiples factores que en ella intervienen, evitando reducirla a la
mera descripción de las formulaciones legales o institucionales. Pese a estas
complicaciones nos parece que el tema constituye un centro de interés rele-vante
para el quehacer historiográfico y ello porque se les une, a las razones
científicas, la proyección de tal análisis sobre la actual revisión de las estruc-turas
estatales que permite el carácter abierto del Título VI11 de la Constitu-ción
de 1978.
Las razones de índole científica responden a la necesidad de ampliar el
conjunto de elementos a los que se viene atribuyendo la responsabilidad de
los cambios y conflictos desatados por las diferencias a la hora de concebir las
estructuras estatales desde principios del siglo xu. Ello exige -y en un siste-ma
político como el de la Restauración todavía más- el estudio de las rela-ciones
entre la dinhica de los distintos territorios y su interinfiuencia con el
devenir de las instancias centrales. De esta manera, la historia regional cobra
una dimensión que desborda su propio ámbito espacial con.iirtiéndose en una
pieza imprescindible e integrable en el estudio de la historia política contem-poránea.
Nos parece que desde estas bases y motivaciones hay que abordar el estu-dio
de la organización político administrativa de Canarias en la centuria ac-tual.
El reciente devenir del Archipiélago Canario aparece mediatizado por
problemas que poseen un origen secular. La organización político adminis-trativa
de las islas sólo puede entenderse si se consideran las dimensiones his-tóricas
de los factores que la han ido configurando. A lo largo de las páginas
siguientes analizaremos tales dimensiones en una etapa que, como la del pri-mer
tercio del siglo xx, trajo como resultado cambios importantes en las es-tructuras
administrativas que el Estado liberal había implantado en Canarias
desde el siglo m. Una etapa que coincide además con la de cristalización del
problema regional en España, cuyas variantes sólo pueden entenderse como
ya señalamos desde la mutua influencia que se produce entre las instancias
del poder central y las de la periferia.
Este último aspecto constituye una guía básica para el recorrido que nos
DB los Cabildos a la División provincial ... 23
proponemos trazar. Se trata de situar el análisis de la dinámica insular desde
su inserción en la política española y obtener, en una doble dirección, los re-sultados
que convirtieron el problema canario en un asunto de Estado. En tal
sentido, la propia política que se sigue en las instancias centrales estará mar-cada
por la dinámica local y, como ocurre con el resto de los territorios, esta
influencia será un condicionante decisivo para aquéllas.
Al mismo tiempo, es preciso dilucidar el trasfondo político que explica las
decisiones adoptadas en materia de organización de la administración local.
Dicho trasfondo nos ayuda a desentrañar una circunstancia que, con frecuen-cia,
caracteriza el devenir de la historia política: se trata de la significación
real que se esconde tras el discurso político. Este no suele presentar directa-mente
la realidad y, en muchas ocasiones, tiende a difuminarla con el fin de
buscar el mayor consenso social. La confusión entre la forma en que se pre-senta
el discurso y la realidad política se convierte, desde nuestro punto de
vista, en uno de los aspectos más relevantes a la hora de establecer las pro-puestas
metodológicas desde las que plantear la indagación. De esta forma, la
interrelación de variables para cada momento se convierte en premisa desta-cada.
Será muy difícil que pueda entenderse por tanto la dinámica política sin
que esté vinculada a los parámetros sociales en los que se desenvuelve.
Vamos a centrar el estudio, como hemos señalado, en el primer tercio del
siglo xx que, para la organización político administrativa de Canarias, está
marcado por la aparición de los Cabildos y la modificación de la estructura
provincial, con la división de 1927. Sin embargo, esta etapa no sólo no cierra
lo que venía constituyendo uno de los principales problemas de la asimilación
del Estado liberal en las islas sino que el mismo se prolonga en los años pos-teriores.
Para apreciarlo hemos incluido el resurgir del tema en los momen-tos
en que las constituyentes republicanas plantearon una nueva fisonomía
del Estado en 193 1.
El estudio de lo acontecido en esta etapa puede abrir un proyecto de aná-lisis
más amplio en lo referente a la esfera cronológica y también a la temáti-ca.
Quedan por tanto abiertos múltiples campos de análisis. En el cronológi-co,
por ejemplo, consideramos que con un proceder similar, puede abordar-se
el conjunto del siglo m desde la creación de la provincia de Canarias a raíz
del Decreto de Javier de Burgos. También pueden estudiarse las vicisitudes
del tema en la Segunda República, tanto en los debates que siguieron al pro-yecto
de revisión de las estructuras provinciales en 1934, como en los susci-tados
en torno al Estatuto de Autonomía en 1936.
Por otra parte, conviene destacar también la existencia de temas sobre los
que pesan fuertes incógnitas en la historiografía insular. Observados desde el
prisma que ofrecen los problemas de la organización administrativa, apuntan
indicios que les dan una entidad sustancial. Nos referimos, por ejemplo, al
que en materia de política internacional confiere al Archipiélago un papel
destacado en la política exterior española desde los años del primer decenio
24 José Miguel Péwz García
del siglo xx. Las repercusiones de tal fenómeno en la política canaria, que se
derivan de la revalorización geoestratégica del Archipiélago, mantienen aún
importantes zonas de sombra.
Otra cuestión importante la constituye el análisis de la práctica política y
el trasfondo de intereses que marcan la gestión de los dirigentes políticos. De
esta manera, muchas de las decisiones que se adoptan en las diferentes instan-cias
del poder están vinculadas a dicho trasfondo. Como ejemplo podríamos
situar la propia carrera política de Fernando León y Castillo; sus relaciones
con los centros de poder y con personalidades significativas de los mismos,
precisan también de análisis. Desde su actividad ministerial, diplomática o,
desde su vinculación con los poderes financieros, León y Castillo se convir-tió
en una figura clave para la orientación de la política canaria durante la
Restauración. Otro ejemplo en que se aprecian lagunas notables lo tenemos m
en los años de la Dictadura de Primo de Rivera. Si para las etapas prece- D
dentes disponemos de estudios que nos permiten conocer la trama de poder E
que se sitúa tras la política canaria, para estos años la situación es diferen- O
n te. Si tenemos en cuenta, como tendremos ocasión de plantear, que la remo- -
m
O
ción producida en esos años se proyectó con fuerza en la trayectoria políti- E
E
ca de la burguesía insular en los años treinta, su estudio nos parece también 2
E
prioritario. -
Los años del primer tercio del siglo constituyen una etapa en la que se in- 3
tensifica el debate sobre la reforma de la Administración local. Para Cana- - -
0
rias, como hemos dicho, suponen la transformación de las estructuras admi- m
E
nistrativas que se habían creado desde el primer tercio de la centuria anterior. O
El entramado que da paso a múltiples proyectos y normas legales -tanto a
las que fueron aprobadas como las que quedaron en el camino- se siguió n
-E
desde las islas muy estrechamente, al punto que absorbió una gran parte de a
2 la actuación política de los dirigentes locales. n
La cuestión se planteó en todos los momentos y fue la responsable de las n
principales movilizaciones que se desataron en el Archipiélago. Las raíces de O3
esta importancia se hundían en el siglo anterior y, aún más, en la peculiar
configuración de la formación social canaria que se fue gestando a raíz del
proceso de colonización castellana. Desde esta perspectiva, lo ocurrido en el
primer tercio del siglo xx posee una continuidad clara con una sociedad cuya
fragmentación no se había limitado al ámbito espacial y que además encon-tró
en las divergencias sobre su configuración administrativa y en la del orde-namiento
hacendístico, los problemas más notables para encajar en los pará-metros
del Estado liberal. Si el segundo problema quedaría relativamente re-suelto
desde 1852, a raíz del Real Decreto de Puertos Francos, el primero no
se cerraría con ninguna de las soluciones que se ensayaron.
No se trataba de un rechazo a las bases centralizadoras de la administra-ción
que se irá poniendo en pie desde las Cortes de Cádiz y, con mayor soli-dez,
desde la etapa isabelina. Los orígenes del problema poseen un compo-
De los Cabildos a la División provincial ... 25
riente interno basado en el enfrentamiento de las burguesías que dominan las
estructuras sociales en las islas de Gran Canaria y Tenerife. El conflicto que
las enfrenta se relaciona con la fragmentación geográfica de sus intereses y
con las necesidades de controlar las instancias del poder. Esto Último será
condición básica para su propio desarrollo y de ahí la envergadura que alcan-za
el problema. A partir de los años de la Restauración, estas clases sociales
se encargarán de generalizar la pugna hacia el resto de la población, tratan-do
de identificar los intereses generales con los que directamente les concier-nen.
Al lograrlo consiguen la movilización de amplios colectivos y también
terminan por convertir este problema en uno de los ejes desde los que se pro-yectan
sus relaciones con la política que se despliega en las esferas centrales
del poder. El problema canario llegará a convertirse desde estas bases en un
problema de Estado.
Para analizarlo, hay que partir de la significación que posee el problema
de la reforma de la administración local en la España del primer tercio del si-glo
xx. A continuación, desglosar los contenidos específicos del caso canario
en función de una cronología paralela a las vicisitudes que siguió el proceso
de reforma en la etapa mencionada.
Situamos como punto de arranque el bienio presidido por las controver-sias
que origina el proyecto de Maura entre 1907 y 1909. Hasta la Ley de Ca-bildos
de 1912, los debates y las distintas estrategias locales se encuadran en
las propuestas de los gobiernos de Moret y Canalejas. Luego y ya en el mar-co
del proyecto de Mancomunidades, se situarán en torno a la Ley de 1912 y
la nueva estructuración del Archipiélago que ésta genera. Más tarde el resur-gir
nacionalista y regionalista preside la dinámica de los años 19 18 y 19 1 9.
En ella, entendemos que las claves a dilucidar para el caso canario son las re-lativas
a la significación real que el regionalismo y el autonomismo tuvieron
en las islas. Los años de la Dictadura y la evolución de la organización admi-nistrativa
insular dentro del Estatuto Provincial de 1925 y la que sigue a la
división de 1927, constituyen otro de los momentos cumbres que conocieron
las salidas al problema de las islas. El falso cierre que estas suponen podrá
verse en las discusiones sobre el proyecto constitucional de 1931; en ese mo-mento,
la estructura administrativa canaria experimenta una revisión general
de toda la anterior trayectoria.
Bajo el esquema general que hemos comentado puede situarse la etapa
que cubre el primer tercio del siglo xx. En ella podemos encontrar nuevos
factores que alteran notablemente las estructuras del Archipiélago. Confluyen
elementos de índole interna, como son los derivados de las variaciones en el
sistema del turno que complican la práctica política tradicional. También, los
cambios económicos -producto de la inmersión de Canarias en la expansión
imperialista occidental- traen como consecuencia una mayor diversificación
social. El auge urbano y portuario determina la aparición de nuevos colecti-vos
sociales que se organizan política y sindicalmente a partir de los años
26 José Miguel Pérez García
veinte. No serán menos importantes las implicaciones derivadas de la posi-ción
geoestratégica de las islas, y que terminan por convertirlas en enclaves
de relieve en los intereses de las diferentes potencias europeas.
Sobre este último aspecto puede plantearse una línea de investigación que
logre dilucidar la importancia que adquirió el Archipiélago en el ámbito de la
confrontación de intereses de las distintas potencias coloniales. Al mismo
tiempo, sería preciso desvelar el papel de las islas en las relaciones exteriores
de la monarquía de Alfonso XIII. Con seguridad, la visita a las islas del mo-narca
en 1906 no tuvo un exclusivo carácter interno, pero todavía descono-cemos
su vinculación respecto a las relaciones con Gran Bretaña.
Todos estos elementos terminaron por convertir al problema canario en
un problema de Estado, como ya hemos indicado. Sin embargo, se trataría de
determinar si tal problema puede identificarse -como se recoge en una par-te
de la historiografía canaria moderna- con la existencia de reivindicacio-nes
de índole autonómica o si el significado de éstas sirve para esconder otras
realidades. En este sentido puede seguirse una tendencia historiográfica que
ha tratado de establecer una derivación directa entre las especificidades que
marcan al Archipiélago y la existencia de supuestas aspiraciones autonómi-cas.
De esta forma, se tipifica a expresiones como las que se recogen en el
Proyecto de Bases redactado por Gil Roldán en Tenerife en 1908. Otro tan-to
sucede con el denominado Movimiento Plebiscitario e, incluso, con las for-maciones
que se denominaban «regionalistas» o «autonomistas» en la etapa
que comentamos.
Tal cuestión constituye uno de los problemas políticos más relevantes que
se producen en el Archipiélago y que aún hoy mantienen total actualidad. El
interés de la etapa que cubre la primera parte del siglo reside en que en ella
se plantearon con intensidad las variables que han configurado ese problema
canario. También porque en ella se suscitaron diversas salidas, que no sólo se
encuadran en la política de reformas del momento sino que llegaron a servir
para ensayar propuestas de mayor alcance territorial.
El trasfondo político que se esconde tras los problemas generados por la
organización administrativa del Archipiélago no sólo difumina las pretensio-nes
descentralizadoras sino que, además, se convierte en uno de los principa-les
obstáculos para que aquéllas logren traducirse en un movimiento articu-lado
y coherente en las islas. Para explicar una afirmación tan rotunda nos
parece necesario ordenar el recorrido por las distintas fases y analizar la evo-lución
que siguió el problema insular. Como punto de partida situamos el
momento desde el que con mayor fuerza arrancó la pretensión de reformar la
administración local en España: el bienio que va de 1907 a 1909.
En función de todas estas líneas de análisis el esquema a seguir viene dado
por las diversas fases que conoce el contencioso político-administrativo insu-lar
en el primer tercio de la centuria. Sus rasgos pueden esbozarse de la for-ma
siguiente:
De los Cabildos a la División provincial ... 27
Para el estudio de la cuestión insular durante este bienio nos centrm'amos
en dos aspectos. De un lado, tratar de explicar las estrategias e intereses que
se esconden tras las posiciones de los representantes canarios en las instancias
parlamentarias y en los debates suscitados por la tramitación del proyecto; de
otro, intentar desvelar el alcance de las movilizaciones que se producen en las
islas de forma paralela a las discusiones en las Cámaras.
Con respecto a la primera cuestión, nos proponemos situar los objetivos
principales que se persiguen con las enmiendas insulares al proyecto. Tam-bién,
la distinción entre el discurso utilizado para explicar sus contenidos en
el marco doctrinal del debate en el Congreso y su intencionalidad real a la
hora de aplicarlos en las islas. Nos parece importante, además, averiguar el
modo en que tales posiciones se adaptaron a los condicionantes que encontra-mos
tras el proyecto. A titulo de ejemplo, podemos mencionar el mayor pa-pel
que en el ámbito competencial otorgaba el proyecto maurista a la instan-cia
provincial para lograr la aproximación a las aspiraciones catalanistas; el
impacto desigual que ello provoca en Canarias se corresponde con una dife-rente
táctica utilizada por los partidarios de la unidad o los de la división de
la provincia, respectivamente.
En relación al segundo aspecto, perseguimos una aproximación a la for-ma
y a los resortes que se ponían en marcha a la hora de movilizar a la so-ciedad
local. Ello nos permite entrar en las actitudes de las distintas fuerzas
políticas que en cada isla cerrarán filas cuando esté en juego el objetivo es-pecífico
de la estructura provincial, por muy diferentes que fuesen sus com-ponentes
doctrinales ante la organización administrativa. Esta Última situa-ción
nos proporciona una medida importante para valorar la implicación
real de cada partido político a la hora de integrarse en el sistema. A pesar
de sus discrepancias o diferencias de intereses, los alineamientos de sus
componentes en los momentos que culminan cualquier fase de movilización
dejan patente el grado de vinculaciones que sostienen los miembros de las
élites locales.
El conflicto administrativo no desapareció con la caída del gabinete de
Maura. Por el contrario, en Canarias condicionó poderosamente la organiza-ción
política y sus repercusiones empezaron a salirse de los contornos locales.
Hechos como la negativa de los municipios grancanarios a pagar el contin-gente
provincial o el boicot de sus representantes provinciales a las sesiones
de la Diputación, venían a unirse a la creación de una fuerza política que
adoptaba en Tenerife el discurso de Solidaridad Catalana. Pese a la ambiva-
28 Josd Miguel Pdrez Garcfa
lencia de tales circu~lstancia(sa la cual nos hemos referido ya) sus efectos no de-jaban
de preocupar al Gobierno que en esta etapa buscará una nueva salida.
La primera intención de Moret fue la de fortalecer la figura del Goberna-dor,
dotándola de mayores competencias al tiempo que introducía cierta des-centralización
insular. Para comprender tal decisión hemos combinado el
análisis de tales soluciones con los antecedentes del pensamiento de Moret
que propugnaba desde 1884 una idea similar de aplicación al conjunto del Es-tado.
Tras abordar las reacciones y movilizaciones que la propuesta generó, pa-saríamos
a estudiar los efectos de una solución diferente: la que se produce en
el marco del Decreto mediante el que Moret modifica la Ley municipal.
Entre 19 1 0 y 19 1 3 se produce una fase de reactivación del problema in-sular
bajo un entorno político en el que pesa notablemente el componente de
las reivindicaciones catalanistas. Sin embargo, la importancia de este último
elemento no puede ocultar la de otros tres que, desde nuestro de vista, mar-can
la trayectoria de los Gobiernos presididos por Canalejas, Romanones y
Dato. Se trata de tres cuestiones que, por otra parte, están vinculadas entre sí.
En primer lugar, el hecho de que el tema regional no queda circunscrito ex-clusivamente
a Cataluña y se extienda a otras zonas; el impacto político y so-cial,
los problemas comunes que tal hecho suscita y su incidencia en las esfe-ras
gubernamentales, presentan fuertes incógnitas. En segundo término, las
salidas planteadas ante tales movimientos no van a situarse en la línea de res-ponder
directamente a las demandas respectivas, sino que el denominador co-mún
será la existencia de complejas transacciones cuyo resultado sólo consi-gue
aplazar los litigios. Finalmente, la propia descomposición del sistema po-lítico
provocará la utilización del tema regional en aras de otros fines, lo que
añade nuevos ingredientes a la hora de explicar el fracaso de las soluciones.
Tales elementos se manifiestan en el territorio insular con intensidad. El
resultado consistirá en el ensayo de modificaciones administrativas que se an-ticipan
a otras iniciativas como los proyectos de Canalejas y Romanones o al
Decreto de Mancomunidades de Dato en 1913. Para analizarlo, efectuamos
un nuevo recorrido tanto por la actuación parlamentaria como por las movi-lizaciones
locales. El cruce de factores exógenos y endógenos va a derivar en
un pacto precario que da origen a la Ley de Cabildos, a cuya génesis dedica-mos
la parte central del estudio de este apartado.
LOS L,ÍMITES DEL REGIONALISMO
Después de abordar la andadura de esa Ley en los primeros años de vi-gencia,
entramos en el bienio 19 18- l 9 l 9. Los planteamientos tradicionales lo
De los Cabildos a la División provincial.. . 29
identifican con la fase en que se intentan soluciones regionalistas en las islas.
Por nuestra parte, cuestionamos dicha tesis a partir de la significación y al-cance
real de tales propuestas así como los factores que se esconden tras las
mismas. Entre otros, las consecuencias de la 1 Guerra Mundial, que introdu-cen
variaciones apreciables en la situación del Archipiélago.
Al revisar los calificativos con los que se han descrito los avatares de esta
fase, cuestionamos si puede hablarse propiamente de ((fracaso del regionalis-mo
»; y ello porque hay una notable distancia entre los postulados de éste y la
utilización del discurso político que se hace en las islas. Los objetivos que per-siguen
la mayoría de los representantes políticos insulares tienen poco que
ver con los de los territorios que optan por la autonomía regional; ni siquie-ra
se planteaba un objetivo regenerador que chocase con un Estado en plena
crisis. El predominio del conflicto insular domina en estos años aunque se in-troduzcan
cambios que posibilitan nuevos perfiles a las propuestas de refor-ma
administrativa. Entre éstas, las posibilidades de un mayor control de los
ingresos fiscales introducen un factor de aproximación entre los representan-tes
de la burguesía insular quienes deben negociar el correspondiente concier-to
con el Gobierno.
Con la Dictadura prirnoniverista entramos no sólo en una nueva etapa en lo
que a la reforma de la Administración se refiere, sino que debemos diferenciar
las variantes políticas del nuevo régimen de las propias del Estado liberal de de-recho.
Estas últimas imponen también condicionantes a los plantemientos des-de
lo que se trazan los análisis de la actuación política. No sólo varían las expre-siones
formales sino que también se introducen diferencias a la hora de estable-cer
qué fadores y elementos intervienen en la adopción de las decisiones.
Desde tales premisas es conveniente explicar la reforma del régimen munici-pal
y provincial que propicia la Dictadura. Para el ámbito canario, los cambios
van a ser apreciables. Tanto en el Estatuto provincial como en el posterior De-creto
de división provincial de 1927, se producen alteraciones sobre la configu-ración
de las estructuras insulares y provinciales. El aparente cierre del conten-cioso
de las islas va a introducir un nuevo marco administrativo que llegará has-ta
el presente sin que, por otra parte, lograra terminar con la pugna insular.
La proclamación de la República abrió en Canarias nuevas expectativas
ante los cambios que el nuevo régimen pudiera dar a la organización político
administrativa. En la discusión del proyecto constitucional y, en particular,
30 Jos6 Miguel Pérm García
del articulado referido a la definición y organización nacional, se pusieron de
manifiesto los viejos problemas que suscitaba la rivalidad interinsular. Los
debates parlamentarios y las propias enmiendas de los diputados por las cir-cunscripciones
canarias, sólo serán la expresión formal de una realidad que
entrecruza las peculiaridades de las islas con las circunstancias de la política
española en los momentos de cambio político.
El desacuerdo en las islas sobre el tratamiento que el texto constitucional
habría de dar a aquéllas determinó las estrategias parlamentarias. En ellas se
constata cómo en las alianzas interpartidarias se anteponen los criterios de las
respectivas circunscripciones a la homogeneidad de las siglas. El origen de ta-les
posiciones y estrategias, la actuación parlamentaria y los pactos resultan-tes
constituyen un exponente significativo de los rasgos que caracterizan a la
política canaria durante la Segunda República. También nos sirven para si-tuar
la dimensión precisa que alcanzaría en las islas el problema regional que "7
condicionaría no sólo el debate constitucional sino la propia andadura de la E
República. O n
Los notables cambios que se introducen en estas fases en la organización - O m
administrativa insular no cerrarán el contencioso interno en el Archipiélago E
Canario. Sin embargo gran parte del entramado normativo y las nuevas es- E
2
E tructuras van a perdurar en las décadas siguientes. Su arraigo va a ser consi-derable,
hasta tal punto que han llegado a mantenerse superpuestas a las nue- 3
vas instancias desarrolladas en la etapa autonómica abierta por la Constitu- -
ción de 1978. 0
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