El servicio de telefonía en Gran Canaria y Tenerife durante el periodo de entreguerras: modelos dispares en el camino hacia las redes insulares = The telephony service in Gran Canaria and Tenerife during the interwar period: dissimilar models towards the insular networks

              1 Anuario de Estudios Atlánticos
ISSN 2386-5571, Las Palmas de Gran Canaria. España (2021), núm. 67: 067-016, pp. 1-22
EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN GRAN CANARIA Y TENERIFE DURANTE EL PERIODO DE ENTREGUERRAS: MODELOS DISPARES EN EL CAMINO HACIA LAS REDES INSULARES
THE TELEPHONY SERVICE IN GRAN CANARIA AND TENERIFE DURING THE INTERWAR PERIOD: DISSIMILAR MODELS TOWARDS THE INSULAR NETWORKS
Rafael Pérez Jiménez* y Francisco Quintana Navarro**
Fecha de Recepción: 1 de junio de 2020
Fecha de Aceptación: 25 de septiembre de 2020
Cómo citar este artículo/Citation: Rafael Pérez Jiménez, Francisco Quintana Navarro (2021). El servicio de telefonía en Gran Canaria y Tenerife durante el periodo de entreguerras: modelos dispares en el camino hacia las redes insulares. Anuario de Estudios Atlánticos; nº 67: 067-016.
http://anuariosatlanticos.casadecolon.com/index.php/aea/article/view/10587/10166
ISSN 2386-5571. https://doi.org/10.36980/10587.10166
Resumen: En este trabajo se estudia la respuesta de las administraciones de Gran Canaria y Tenerife a la creciente demanda de implantación del servicio telefónico más allá de las redes urbanas hasta la llegada del monopolio en 1924. Estas redes tenían un indudable impacto económico y cumplían una función social cohesionadora, pero su despliegue suponía un reto presupuestario y de gestión, dados los limitados recursos de que disponían las instituciones isleñas, especialmente durante la Gran Guerra y la inmediata postguerra. La forma de afrontarlo dependía de las capacidades económicas que tuvieran las administraciones públicas, convirtiéndolo en una prioridad política, pero esta decisión también estuvo condicionada por el grado de compromiso que cada una de ellas mantuviera con el desarrollo de esta tecnología. El aumento de las zonas a las que accedía este servicio fue un elemento clave en la modernización del archipiélago, contribuyendo a mejorar su vertebración territorial.
Palabras clave: telefonía, administraciones públicas, redes insulares, Canarias.
Abstract: This paper studies the response of the Canary Islands administrations to the growing demand for telephone services beyond urban networks until the arrival / establishment of the monopoly in 1924. These networks fulfilled a social function and had an important economic impact, but its deployment posed a budgetary and managerial challenge for the limited capacities of administrative bodies, especially during the Great War and the immediate post-war period. The way to face this expenditure relied on the economic capacities of each administration, but also on their commitment to the development of this technology. The increase in the covered areas was not only a key element in the modernization of the Archipelago, but also on its territorial integration and on the linking between the Canary Islands and national life.
Keywords: telephony, public Administrations, network Canary Islands.
* Instituto Universitario para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación en Comunicaciones (IDeTIC), Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Edificio Polivalente II, PCT Tafira, 35017. Las Palmas de Gran Canaria. España. Teléfono: +34928459972; correo electrónico: rafael.perez@ulpgc.es
** Departamento de Ciencias Históricas, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. C/ Pérez del Toro, s/n, 35003. Las Palmas de Gran Canaria. España. Teléfono: +34928451712; correo electrónico: francisco.quintana@ulpgc.es
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RAFAEL PÉREZ JIMÉNEZ; FRANCISCO QUINTANA NAVARRO
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INTRODUCCIÓN
El modelo de explotación del servicio telefónico en España fue, al menos hasta la entrada en la CEE en 1986, una singularidad en el panorama europeo1. En los años previos a la implantación del monopolio de CTNE en 1924 hubo formas contrapuestas de desarrollo que se adoptaron en los distintos territorios, situación que hundía sus raíces en la caótica regulación de los primeros años del servicio, que originó de facto una atomización de responsabilidades con multiplicidad de formas de explotación que finalmente las distintas normas tuvieron que ir amparando. Solo la creación de Telefónica, aunque fuera otra anomalía frente a lo habitual en los países del entorno europeo, consiguió racionalizar la prestación de servicio a nivel técnico, tarifario y de cobertura territorial.
Este trabajo se sitúa en ese contexto de ausencia de un modelo claro de prestación del servicio telefónico en los distintos territorios. Se centra en el momento en que, tras la dura crisis de la Gran Guerra, las jóvenes instituciones insulares de Gran Canaria y Tenerife se enfrentaron al reto de proporcionar el servicio telefónico a sus respectivos territorios. Este ingenio de la comunicación ya se percibía como una inversión de futuro del que se podía obtener un beneficio a largo plazo, en ámbitos tales como la creación de conexiones entre las zonas de cultivo y los puertos de salida de productos, la información sobre temporales a los puertos pesqueros o la mejora de la política asistencial a núcleos aislados de población. En Gran Canaria, sin embargo, aunque la red insular fuera demandada por los ayuntamientos no conectados a las redes existentes, no pudo priorizarse, al ponerse en relación con otras necesidades, como la creación de un instituto de segunda enseñanza o el mantenimiento de la red de beneficencia social. Así, se dejó la responsabilidad en manos de otras instituciones: el Ayuntamiento de Las Palmas, en primer lugar, y, posteriormente, la administración general del Estado a través de su Dirección General de Correos y Telégrafos. Por contraste, el Cabildo de Tenerife, con buena parte de esas prioridades ya resueltas dada la concentración de servicios que había en la entonces capital provincial, y tras percibir las ventajas de índole social, económica y de vertebración territorial que ofrecía esta tecnología, adoptó una posición proactiva hacia su desarrollo a través de una inversión propia. El resultado fue que, a mediados de la década de 1920, la ventaja que hasta ese momento había disfrutado Gran Canaria, en cuanto a extensión y conectividad de las redes telefónicas, se vio superada por el rápido crecimiento del servicio en la isla vecina, que conectó las redes urbanas preexistentes y amplió su alcance a zonas no cubiertas hasta ese momento.
Esta dicotomía no fue en modo alguno una situación peculiar de Canarias, sino algo a lo que tuvieron que enfrentarse en diversos momentos otras autoridades locales y provinciales de España ante la falta de un modelo estatal coherente, o de empresas privadas capaces de prestar el servicio. Por ello, en primer lugar, se hace una revisión del marco jurídico que propició esta situación, en la que múltiples modelos convivían simultáneamente, para luego exponer los antecedentes del servicio telefónico en las islas y hacer un paralelismo con otras instituciones que debieron abordar el mismo problema; se han escogido a tal fin las diputaciones forales de Vizcaya y Guipúzcoa, porque resultan paradigmáticas de las soluciones adoptadas. Finalmente, se repasa la evolución de las redes hasta la llegada del monopolio telefónico y se presentan las principales conclusiones obtenidas.
MODELOS DE REGULACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES EN ESPAÑA
Los primeros años de andadura de la telefonía en Europa obligaron a las administraciones de los distintos países a posicionarse, primero, entre un modelo de propiedad pública o privada y luego entre la prestación del servicio en régimen de monopolio o a través de diversas compañías en régimen de concurrencia2. Lo más habitual fue que el propio Estado, a través de sus administraciones postales y telegráficas, se hiciera cargo del nuevo servicio. En España, sin
1 GIL (2003), prólogo, p. 41.
2 En general este tipo de servicios se presta en un régimen que implica algún tipo de colaboración o concurrencia entre las empresas, por ejemplo, facilitando la interconexión de sus abonados, frente a un modelo de competencia pura. GIL (2003), p. 145. EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN GRAN CANARIA Y TENERIFE DURANTE EL PERIODO…
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embargo, el Gobierno no fijó ninguna disposición regulatoria hasta 1882, cuando un real decreto del ministro de Gobernación, el liberal Venancio González, dispuso un modelo que optaba por la explotación a través de particulares y compañías3. Aunque reconocía la ausencia de bases jurídicas previas, el mismo decreto estipulaba que las concesiones deberían aceptar en el futuro las posibles modificaciones que introdujese el Congreso; de este modo, la situación que se creaba era de provisionalidad, cuando no de franca inseguridad jurídica, para las empresas que accedieran a participar en los concursos4. Esto puede justificar el escaso interés suscitado por estas licitaciones, que llevó a que finalmente solo se concedieran licencias para la explotación de líneas particulares.
Apenas nueve meses después, un dictamen del Consejo de Estado5 modificó la postura del Gobierno hacia una explotación por el Estado del servicio telefónico «dada la índole del servicio, y su analogía con el telegráfico», por lo que se invitó a las líneas existentes a integrarse como abonados en la red general cuando se estableciera en su población, con el mantenimiento en todo momento de los derechos adquiridos. Esta polémica entre partidarios de la explotación pública o privada del servicio pasó a ser parte del enfrentamiento entre los partidos del turno; de hecho, casi el único punto de acuerdo entre ambos grupos era la preocupación por aumentar los beneficios que la explotación del servicio reportaría al Estado, bien de forma directa o a través del canon establecido para las empresas (que en ese momento era un 5%). Así se llegó al decreto «estatalizador» de 18846, promulgado con el conservador Romero Robledo como ministro de Gobernación, que concedía al Estado, a través del Cuerpo de Correos y Telégrafos, los derechos para el establecimiento y explotación de las redes telefónicas, a la vez que se daba a dicho cuerpo la potestad de verificar la instalación de los tendidos de las compañías existentes. Esto venía a ser equivalente a «poner al lobo a vigilar a las ovejas», ya que su interés manifiesto era unificar bajo su única dirección teléfonos y telégrafos. Por ello se dedicó a aplicar con toda rigidez el control que se le otorgaba, al objeto de dificultar al máximo el desarrollo de las empresas telefónicas privadas. La justificación de la estatalización se basaba en «El fundado temor de confiar a la industria privada tan poderoso medio de seguridad y de gobierno»7, ya que se trataba de evitar la transmisión por la red de noticias contrarias «a la seguridad del Estado, al orden público, a las leyes y a la moral». Desde el punto de vista económico, se dudaba de si entregar a la gestión particular «un servicio que bien explotado por la Administración habrá de ser una renta más para el Tesoro», al tiempo que se apelaba a que «casi todas las administraciones de Europa […] han creído preferible que el Estado se encargue de establecer y explotar la telefonía pública, y las naciones que han entregado este servicio […] a Empresas particulares reconocen hoy su error y procuran recuperar sus derechos aun a costa de grandes sacrificios». Sin embargo, la financiación asignada al proyecto era claramente insuficiente, lo que provocó un ritmo de crecimiento tan lento de la red que ni siquiera permitió superar los escasos logros de la anterior legislatura8.
La deficiente gestión gubernativa, junto con el retorno de los liberales al poder, cerró de nuevo la posibilidad de que los teléfonos fuesen gestionados por el Estado, lo que se plasmó en
3 Gaceta de Madrid, núm. 230, 18 de agosto de 1882, p. 539. El Reglamento que la desarrolla en Gaceta de Madrid, núm. 269, 26 de septiembre de 1882, p. 877.
4 De hecho, en el artículo 3º el R.D. ya citado reservaba al Gobierno «la facultad de establecer y explotar por sí mismo el servicio telefónico en el tiempo y forma que estime oportuno». La red urbana de Madrid (Gaceta de Madrid, núm. 270, 27 de septiembre de 1882, p. 887) fue declarada «sin resultado aceptable» por falta de demanda solvente, mientras que la de Barcelona (Gaceta de Madrid, núm. 272, 29 de septiembre de 1882, p. 905) fue recurrida por el Cuerpo de Telégrafos y resultó también anulada.
5 Para la resolución del Consejo de Estado,16 de mayo de 1883.véase Nadal (1994). En él se menciona que «la explotación del teléfono por el Estado no sólo no significaría sacrificio alguno para el Tesoro, sino que llegaría a ser una fuente de ingresos para él».
6 Gaceta de Madrid, núm. 228, 15 de agosto de 1884, pp. 526-527.
7 Gaceta de Madrid, núm. 228, 15 de agosto de 1884, p. 525
8 Gaceta de Madrid, núm. 228, 15 de agosto de 1884, p. 525. En su artículo 2º decía: «El importe de dicho crédito extraordinario se cubrirá con los mayores productos que ha de ofrecer el impuesto de Timbre con la instalación de este nuevo servicio». Para financiarlo se contaba con un crédito de 280.000 pesetas; sin embargo, los cálculos realizados no fueron acertados y el servicio resultó deficitario. A los quince meses de la concesión, el número de teléfonos instalados en España era de 797, de los que 517 eran líneas particulares instaladas bajo el R. D. de 1882. RAFAEL PÉREZ JIMÉNEZ; FRANCISCO QUINTANA NAVARRO
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un nuevo decreto regulador en 1886
9. Pero esta decisión coincidió con el final de un periodo de expansión económica, cayendo la afluencia de capitales extranjeros, lo que unido al mantenimiento de la inspección de Telégrafos sobre los nuevos tendidos abocó al sector a una situación de parálisis10. A pesar de estas trabas, fue en ese periodo cuando se adjudicaron las redes de las principales ciudades españolas (entre ellas Las Palmas), pero con cánones cada vez más elevados, lo que es un buen indicador del potencial económico que el mercado atribuía a la implantación del servicio en cada una de las ciudades afectadas11.
La vuelta al poder de los conservadores de Cánovas en 1890, con Francisco Silvela como ministro de la Gobernación, trajo lo que se ha venido en llamar el decreto «pragmático»12, que partía del reconocimiento de que el erario público no tenía capacidad para desembolsar las cantidades necesarias para hacerse cargo de la creación y administración de las redes telefónicas, como hubiese deseado el gobierno conservador, pero dejaba una puerta abierta a la reversión en una situación económica propicia. En él se tenía también en cuenta que la mejora tecnológica hacía que las redes telefónicas dejasen de ser necesariamente urbanas, por lo que se pretendía atender a la necesidad de dar cobertura al conjunto del territorio.
El modelo planteado por Silvela seguía el implantado por Francia (aunque su éxito allí fuese discutible13) ya que, como decía Francos Rodríguez en su proyecto de Ley de telefonía nacional de 1917, «Francia es la nación europea cuya Administración pública tiene más sensibles concomitancias con la nuestra, quizá porque la hayamos formado a imagen y semejanza de aquella»14. Allí las entidades locales y los departamentos sufragaban las instalaciones de sus respectivas redes, mientras que la administración central se encargaba de su mantenimiento y conservación con personal perteneciente a telégrafos. El decreto de Silvela distribuía el territorio peninsular en cuatro zonas geográficas (excluyendo los archipiélagos), las redes seguían un esquema radial desde Madrid e insinuaba que las provincias debían desarrollar sus propias redes. Más adelante se acometería el crecimiento «capilar» dentro de las provincias basado en la creación de los llamados «grupos telefónicos», a los que se dio carta de naturaleza en un nuevo reglamento de 9 de junio de 190315. Estos estarían formados por «varios pueblos, caseríos, granjas, fábricas, balnearios, etcétera, situados dentro de una misma zona, [que] se enlacen por medio de líneas telefónicas con una estación central [y] podrán tener su centro en un punto arbitrario cualquiera [con una distancia máxima] de 15 kilómetros».
Toda esta legislación previa desembocó en la ley de 1907, promulgada por el «gobierno largo» de Maura, con Juan de la Cierva como ministro de Gobernación, y que fue la primera ley integral sobre telecomunicaciones de España16. En ella se autorizaba al Gobierno a «proyectar y desarrollar, mediante entidades nacionales, los servicios de radiotelegrafía, cables y teléfonos», algo que hasta ese momento se había realizado a golpe de decretos del poder ejecutivo, sin ningún control por parte del legislativo. De la Cierva defendía el criterio de que los servicios telefónico y radiotelegráfico tenían que ser encomendados a empresas privadas, que con mayor libertad de acción podrían ser más eficaces que la Administración17. Dentro de la denominación de
9 De nuevo con el liberal Venancio González como ministro de Gobernación. Gaceta de Madrid, 15 de junio de 1886, núm. 166, pp. 768-769. Sobre el estado servicio telefónico vid. El Imparcial, 10 febrero 1886, p 1.
10 Reglamento para la vigilancia e inspección del servicio de las redes telefónicas explotadas por particulares o compañías. R.O. de 5 de octubre de 1886, que en su artículo 1º ponía en manos de la Dirección General de Correos y Telégrafos el control de las inspecciones. En MPT/Anuario de Telégrafos 1886.
11 Solamente tres ciudades alcanzaron valores superiores al 30%: Bilbao (34%), Barcelona (33,75%) y Valencia (31,30%). Diez se concedieron entre 20 y 30% y el resto (incluyendo Las Palmas) se concedieron en cifras que oscilan entre 10% y 17%. NADAL (2007).
12 Gaceta de Madrid, núm. 317, 13 de noviembre de 1890, pp. 506-507. En él se justificaba esta decisión «pragmática» en que «no conviene en modo alguno las restricciones que impidan la aplicación de las iniciativas particulares al desarrollo del servicio telefónico; no conviene tampoco que las mismas iniciativas logren monopolio perjudicial para el Estado (…) [Así queda] resuelto el problema de la coexistencia pacífica y fecunda de los derechos de todos».
13 BENNET (1895) pp. 136-140, calificaba el estado de la red francesa como «deplorable».
14 Sobre la propuesta (no aprobada) de Francos Rodríguez, véase PEREZ YUSTE (2004) pp. 33-35.
15 Gaceta de Madrid, núm. 167, 16 de junio de 1903, pp. 1.016-1.021.
16 Gaceta de Madrid., núm. 301, 28 de octubre de 1907, p. 359.
17 Postura que originó un agrio debate en el Congreso de los Diputados. Los más combativos contra la propuesta fueron Azcárate, Moret y Martín Rosales. Véase Diario de Sesiones del Congreso, legislatura 1907-1908, 12 de octubre de 1907, pp. 1756-1764. EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN GRAN CANARIA Y TENERIFE DURANTE EL PERIODO…
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«entidades» cabía que el Estado pudiera realizar concesiones de telecomunicaciones a cualquier corporación privada o pública, ya fuera municipal, provincial o estatal (como el propio Cuerpo de Telégrafos). Esto amplió todavía más el número de posibles «actores» del panorama telefónico, incorporando a diputaciones (posteriormente a los cabildos), mancomunidades e incluso grupos empresariales internacionales que actuaban tras la fachada de una compañía de capital nacional
18. Sin embargo, el mismo gobierno aprobó el 17 de septiembre de 1908 una disposición por la que los ayuntamientos podían concurrir a las subastas de las redes telefónicas urbanas, con el derecho de tanteo sobre el mejor licitador ya que «de esta suerte se irá facilitando la natural intervención de los ayuntamientos en este servicio, que tiene un marcado carácter municipal». De acuerdo con eso, municipios como Las Palmas se hicieron posteriormente con la concesión de sus respectivas redes.
El resultado de este conjunto de decretos contradictorios con indefinición del modelo de explotación fue un sistema atomizado con empresas que regían concesiones minúsculas buscando más un beneficio inmediato que realizar inversiones a largo plazo. En el preámbulo de la propuesta de ley de telecomunicación de Francos Rodríguez de 1917, que buscaba racionalizar el sistema hacia un gran operador nacional de carácter público, se describe la situación como «una diversidad de concesiones de redes con diferentes características en el servicio y con diversas tarifas; otra serie de grupos telefónicos concedidos y en explotación por los particulares (…), algunos centros urbanos construidos por el Estado y la telefonía privada como secuela», dando lugar a lo que calificaba como «una muestra de que el Estado intentó cuantas maneras se ocurren a los hombres para acallar con imaginarias creaciones de servicios los anhelos del país que clama por un completo y único sistema de comunicación telefónica»19. En esto coincide con la profecía que había realizado Bennet en su análisis de la telefonía en Europa en 1895, cuando, al hacer el diagnóstico de la situación en España, afirmaba que «Al final [de las concesiones], el Estado recibirá un sistema de mantenimiento tan descuidado que lo primero que tendrá que hacer será reconstruirlo»20.
En este marco jurídico era casi inimaginable que alguna compañía acometiera el reto de dar servicio a las zonas rurales, con una población dispersa, de escaso poder adquisitivo y haciendo tendidos que debían salvar dificultades orográficas, de modo que fueron las administraciones públicas las que tuvieron que hacerse cargo de la demanda de crear esas mallas de comunicaciones. Para ello, tuvieron además que luchar con los derechos preexistentes de algunas líneas de carácter local —los ya mencionados grupos telefónicos—, que muchas veces eran meros conglomerados de redes privadas y que en ocasiones servían más a intereses caciquiles que a los de las localidades donde se radicaban.
LAS PRIMERAS REDES
El teléfono llegó a Canarias relativamente pronto, incluso en comparación con lo acontecido en el resto del territorio nacional, aunque con una implantación necesariamente local, dadas las posibilidades tecnológicas de la época. Tomó distintos formatos según el tipo de líneas que se suscribieron, pero en general pueden agruparse en función de su uso público o privado, aunque posteriormente algunas de estas últimas devinieron en líneas privadas de uso público, dando soporte a servicios de recepción de mensajes o a lo que hoy se denominaría un locutorio telefónico de uso público. Establecidas como líneas privadas, pero bajo titularidad pública, conformaban redes telefónicas, respondiendo grosso modo al modelo actual: una o varias centrales telefónicas de las que irradiaban una serie de tendidos de cables hasta los abonados. Estas proto-redes telefónicas fueron originalmente gestionadas por compañías privadas con un ámbito territorial restringido (las capitales de las islas más pobladas y las principales zonas de agricultura de exportación) y atendían a los intereses comerciales de sus accionistas. Sólo
18 Este sería el modelo que siguió ITT para hacerse con el monopolio del servicio en 1924. Véase CALVO (2008) y PEREZ YUSTE (2007).
19 PEREZ YUSTE (2004) pp. 33-35. Precisamente fue la oposición de las empresas tenedoras de las concesiones la que dio al traste con el proyecto.
20 BENNET (1895) pp. 323-331. RAFAEL PÉREZ JIMÉNEZ; FRANCISCO QUINTANA NAVARRO
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posteriormente fue creciendo la percepción de la telefonía como un servicio público, lo que le situó dentro de las prioridades estratégicas de las autoridades locales e insulares.
La primera red como tal fue la de Las Palmas, creada como parte de un proceso de modernización que había comenzado con la construcción del Puerto de la Luz, y en el que también se incluía la inauguración casi simultánea del tranvía y la mejora de las carreteras insulares21. El servicio fue adjudicado el 11 de agosto de 1890 a Diego Miller Vasconcellos que, en poco tiempo, llevó a cabo la instalación bajo la denominación de Red Telefónica de Las Palmas22. El tendido inicial contaba con cuatro líneas que partían de la estación central, de las que tres se dirigían a la zona de Triana y otra hacia el Puerto de La Luz. Un quinto hilo telefónico, tendido poco después, enlazaba la calle Real del Risco y el pago de Tafira, entonces lugar de veraneo y luego zona residencial de las familias más influyentes de la ciudad23. El servicio, inaugurado el 1 de marzo de 1891, contaba con un número de abonados muy limitado: principalmente empresas y familias adineradas de la capital, ya que el coste del servicio hacía de él un lujo caro, a la vez que poco útil dada la escasa red de abonados a los que prestaba servicio, algo que se compensaba en parte por el aura de distinción que otorgaba la posesión de un terminal. Incluso en ese momento inicial, y a pesar de las limitaciones técnicas de los sistemas de la época, la empresa pretendió prestar servicio a escala insular y buscó, sobre todo, la conexión con los pueblos de las vegas del norte de la isla, donde se concentraban los principales intereses relacionados con la agricultura de exportación24.
La creación de esta red tuvo su eco en la prensa tinerfeña, por lo que no hubo de esperarse mucho para que surgiera una iniciativa similar en la entonces capital provincial25. Aquí fue la burguesía local la que estuvo detrás de la primera iniciativa de crear una compañía telefónica, lo que hizo que no primaran tanto los grandes intereses comerciales como los de pequeños empresarios o incluso los de la administración local y provincial. Tampoco se buscó tener un gran socio capitalista de referencia, sino crear una amplia base de accionistas para lograr un capital estimado de veinticinco mil pesetas que quedó cubierto antes del final de ese año, pero que pronto se demostró insuficiente26. En abril de 1894 quedó constituida la Sociedad de Teléfonos de Tenerife, que recibió la licencia de operación para el municipio de Santa Cruz el 7 de diciembre de ese año y entró en funcionamiento el 25 de mayo de 189527. Sin embargo, el balance económico de la compañía era tan malo que, tras realizar estas inversiones, fue necesario acometer inmediatamente la solicitud de un empréstito de otras veinte mil pesetas, que correspondían al descubierto que ya arrastraba la empresa28. Estas penurias se traducían en averías, falta de extensión de la red e insuficiencia de personal: en la central de Santa Cruz sólo había tres telefonistas que llegaban a atender hasta quince comunicaciones simultáneas, produciendo inevitablemente errores en las conexiones y tiempos de espera excesivos29. También en este caso se buscó que la red no quedase circunscrita a Santa Cruz, sino que se extendiese, al menos, hasta La Laguna primero y luego al hotel inglés de Tacoronte, aunque hasta 1899 no hubo una lista de abonados potenciales que justificase la inversión en una subcentral, que entró en funcionamiento el 1 de agosto de 190130.
21 Gaceta de Madrid, núm. 187, 6 de Julio 1890, p. 62, publica la subasta para «el establecimiento y explotación de una red telefónica en Las Palmas». En él se declaraba que «La subasta versará sobre mejora del 10% de abono al Estado de la recaudación total que produzca el servicio, sin deducción alguna».
22 BOPC, núm. 86, 18 de julio de 1890, p. 2. Vid. AHPLP/Ayto/Intereses generales/leg. 1, exp. 1, prot. 3554 del notario Vicente Martínez, 12 de agosto de 1890.
23 Gran Canaria Opina, 6 de marzo de 1966, p. 5. Artículo de C. Platero.
24 El Liberal, 8 de junio de 1891, pp. 1-2.
25 La Opinión, 22 de septiembre de 1890, p. 3; Diario de Tenerife de 16 de febrero de 1893, p. 2.
26 Diario de Tenerife, 14 de julio de 1892, p. 2, y 26 de julio de 1892, p. 2 y 22 de diciembre de 1892, p. 2.
27 Quedaría definitivamente escriturada el 29 de mayo, según Diario de Tenerife, 30 de mayo de 1894, p. 2. Figuraba como representante José Rodríguez Martell, véase CALVO (2010), p. 69. Para la puesta en servicio, Diario de Tenerife, 10 de diciembre de 1894, p. 2 y El pueblo, 26 de mayo de 1895, p. 2.
28 Diario de Tenerife 1 de agosto de 1895, p. 2.
29 Diario de Tenerife 19 de febrero de 1897, p. 2. BENNET (1895) p. 12. señala como límite para una central que cada operadora atendiera como máximo a 50 abonados durante seis horas seguida. Esto, para los aproximadamente 170 abonados de 1896, hubiera supuesto entre 10 y 12 telefonistas.
30 Diario de Tenerife 14 de julio de 1892, p. 2., desde los primeros comentarios se habla ya de «el proyecto de red telefónica que ha de enlazar esta Capital con la vecina ciudad de la Laguna, constituyendo por este medio, EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN GRAN CANARIA Y TENERIFE DURANTE EL PERIODO…
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Concluida la contienda en Cuba, con el nuevo siglo se retomó el impulso de las compañías concesionarias que por aquel entonces ostentaban el mercado telefónico en las islas. Este afán expansivo, que imponía cubrir nuevas áreas para buscar abonados, se hizo en buena medida a costa de las inversiones necesarias para el mantenimiento y mejora de las líneas ya instaladas, algo que fue haciéndose más evidente a medida que se acercaba el final de las concesiones. Como ejemplo, cuando en 1900 la red telefónica de Las Palmas resultó muy dañada tras una fuerte tormenta, no recuperó su pleno funcionamiento hasta 1901, aunque simultáneamente se expandió hasta Santa Brígida, zona residencial de alto poder adquisitivo que logró su primer teléfono público en 190231. Poco podían ofrecer otros núcleos de población de menos recursos, salvo los postes para los tendidos, lo que incluso requería de la autorización del Ministerio de Agricultura para la tala de árboles, algo tampoco sencillo de conseguir32.
Figura 1: Mapa aproximado de zonas con acceso a redes telefónicas en Tenerife
y en Gran Canaria, circa 191033. Fuente: Elaboración propia.
El nuevo reglamento de 1903 disminuyó algo las trabas administrativas de las concesiones, a cambio de hacerlas de menor duración para lograr su retrocesión al Estado34. Esto permitió la creación de dos nuevas compañías bajo el formato de «grupos telefónicos»: en Tenerife, el Servicio Telefónico de La Orotava, y en Gran Canaria la Red Telefónica de Arucas. La primera surgió en 1909 a partir de la iniciativa de empresarios agrícolas del norte, usando las instalaciones de la central telegráfica del Puerto de la Cruz como subcentral, y poco a poco fue extendiéndose por toda la vega del Valle, pero sin conexión con la red de Santa Cruz. La segunda, ubicada también en el eje de la comarca norte que entonces vivía un momento de gran pujanza económica, fue en su origen una mera extensión de una línea particular autorizada el 27 de abril de 1905. Ese mismo año, Fermín Castellano Ramos creó una sociedad «para el establecimiento y explotación de una red telefónica en Arucas» que, inaugurada en 190835, pronto se conectó con la urbana de Las Palmas (1909), extendiéndose a las zonas de cultivo y embarque de fruta de Guía, Gáldar y el puerto de Sardina36. En esta situación se comenzaron a
ambas ciudades, una sola población». El marco legal para esta ampliación se encuentra en BOPC, núm. 116, 26 de septiembre de 1894. Para esta subcentral, véase La Región Canaria, 12 de septiembre de 1899, p. 1, y Unión conservadora, 31 de julio de 1901, p. 2.
31 Se instaló en el comercio del entonces alcalde accidental Juan Jesús Rodríguez (hoy Bar Rodríguez). P. Socorro en «¡San Mateo al habla: ¡Dígame! (y II)», accesible en https://www.bienmesabe.org/, consultado el 22 de agosto de 2017.
32 La Opinión, 18 de septiembre de 1900, Las Canarias, 5 de septiembre de 1902, p. 1.
33 Se ha marcado con línea discontinua el límite municipal de San Lorenzo.
34 BPOC, 26 de junio de 1903, pp. 3-4. Véanse los comentarios recogidos en Las Canarias, 20 de junio de 1903, p. 5 y en Unión conservadora, 1 de julio de 1903, p. 3.
35 El pliego de condiciones en BOPC, 26 de enero de 1906, pp. 1-3. Véase La Mañana, 29 de diciembre de 1908. Esta fue creada merced a una petición presentada el 1 de diciembre de 1904, http://lacostadebanaderos.blogspot.com/2017/03/tendido-telefonico.html, consultado el 22 de junio de 2018.
36 Diario de Las Palmas, 30 de diciembre de 1908, p. 2, aunque ya existían líneas privadas anteriores entre el norte y el Puerto de La Luz. Para la conexión en el norte, El Progreso, 21 de junio de 1909, p. 1. RAFAEL PÉREZ JIMÉNEZ; FRANCISCO QUINTANA NAVARRO
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producir los primeros movimientos en pos de la creación de redes públicas de telefonía en Gran Canaria, a partir de la expropiación de la compañía de Las Palmas y su paso a propiedad pública en 1913, y en Tenerife por iniciativa de su Cabildo para crear una red insular.
EL PROCESO DE CREACIÓN DE LAS PRIMERAS REDES PÚBLICAS
La evolución de las redes telefónicas se vio condicionada por una confluencia de factores en los primeros años de la década de 1910. En primer lugar, la creación de los cabildos insulares introdujo en el panorama administrativo de las islas un nuevo actor público con posibilidad de intervención en el ámbito de las telecomunicaciones, especialmente si se trataba de complementar las redes urbanas de telefonía existentes con el fin de extender el servicio a cada ámbito territorial insular. La nueva normativa, al reconocer la isla como entidad jurídica, la dotó de una corporación intermedia entre los ayuntamientos y la Diputación provincial, y recuperó así una organización político-administrativa diferenciada para el archipiélago. Producto de un largo debate que arrancó en 1903 y alcanzó su momento culminante en el trienio 1910-12, el llamado «problema canario» desembocó en la ley de reorganización administrativa y representación en Cortes de las islas Canarias (comúnmente identificada como Ley de Cabildos) el 11 de julio de 1912, a partir de la cual el conflicto interinsular entró en una nueva fase caracterizada por la pugna entre diputacionistas y cabildistas y que finalmente desembocó en la división de la provincia en 192737. A nuestros efectos, interesa destacar que las nuevas corporaciones insulares, al estar dotadas inicialmente de un marco competencial tan indeterminado como el que «la ley Provincial atribuye a las Diputaciones provinciales, en cuanto sea propio y peculiar de cada una de las islas», y reforzadas reglamentariamente con atribuciones para la «[c]reación y conservación de servicios que tengan por fin la comodidad de los habitantes de la isla y el fomento de sus intereses morales y materiales»38, nacieron con un amplio margen de actuación, como ha destacado Cioranescu39, en el que naturalmente cabía el desarrollo de las redes insulares de telefonía.
El segundo factor fue el nuevo reglamento de telefonía de 1914, aprobado el 30 de junio de ese año, cuando la diplomacia europea solo empezaba a considerar las posibles consecuencias del atentado de Sarajevo. Realmente apenas supuso una modificación apreciable del statu quo, pero reforzaba el papel del Estado, al que reconocía la administración del sistema telefónico, aunque se le permitía «ceder su instalación y explotación tanto a las corporaciones provinciales y municipales como a las entidades privadas»40. También se amplió el plazo de concesión de las redes telefónicas urbanas de quince a veinte años41 y se permitió que se aprobase la licencia de explotación de la red interurbana de la recién constituida Mancomunitat de Cataluña, para la instalación y explotación de una red telefónica el 9 de septiembre de 191542. Por tanto, ahora existía un marco legal que permitía la creación de redes insulares; solo había que optar por uno de los posibles modelos de explotación.
37 RAMÍREZ (2004) y MILLARES (2011), pp. 330-340.
38 Artículo 5 de la Ley (de reorganización administrativa y representación a Cortes de las islas Canarias) de 11 de julio, Gaceta de Madrid, núm. 195, 13 de julio 1912, p. 195; y artículo 28, 1º del Reglamento provisional para el régimen de los Cabildos insulares en las islas Canarias de 12 de octubre, Gaceta de Madrid, núm. 288, 14 de octubre 1912, p. 108.
39 CIORANESCU (1988), p.40, menciona: «La indeterminación significa libertad de interpretación; el margen que ésta daba a las iniciativas y a la acción de los Cabildos, les ha permitido emprender acciones no programadas de antemano, ensanchar útilmente el campo de sus actividades y definir su propia personalidad, no por mandamiento de la Superioridad, sino forjándosela libre y naturalmente, al roce con las realidades y necesidades insulares».
40 Gaceta de Madrid, núm. 191, 10 de julio de 1914, pp. 83-89.
41 Gaceta de Madrid, núm. 330, 16 de noviembre de 1914, p. 556.
42 Gaceta de Madrid, 9 de septiembre de 1915. Gaceta de Madrid, núm. 254, 11 de septiembre de 1915, pp. 697-698. EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN GRAN CANARIA Y TENERIFE DURANTE EL PERIODO…
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Modelos para las redes insulares: el ejemplo de las diputaciones forales
El proceso de desarrollo de las redes insulares no fue peculiar en España, ni los cabildos fueron los únicos casos de administraciones territoriales que se plantearon su impulso. Quizás los modelos más cercanos, en cuanto a la implantación de las redes telefónicas por los cabildos canarios, fuera el de las diputaciones forales del País Vasco, dada su capacidad de recaudar tasas propias, y salvando las evidentes distancias en cuanto a nivel de vida, desarrollo industrial o conectividad internacional43. Dos de ellas (Vizcaya y Guipúzcoa) ejemplifican las dos rutas seguidas por las principales islas del archipiélago para alcanzar un modelo de red territorial.
La red provincial foral de Vizcaya, creada en 1915, buscaba unificar un servicio que, hasta ese momento, se prestaba a través de diversas concesiones que operaban en la provincia y localidades limítrofes sin ninguna clase de coordinación ni regulación de funcionamiento entre ellas, al tiempo que existían localidades que no contaban con ningún tipo de servicio44. En ese año, la comisión de Correos y Telégrafos de la Diputación provincial puso en marcha el proyecto con el apoyo institucional y económico del Ministerio de Gobernación a través de la Dirección General de Correos y Telégrafos. Sin embargo, y aunque las obras comenzaron en un plazo breve de tiempo, los trabajos se prolongaron hasta 1927, debido a las dificultades legales y orográficas que fueron surgiendo, que obligaron también a que la propia Diputación subvencionara los tendidos menos rentables45. La única localidad que quedó inicialmente fuera del proyecto fue la propia Bilbao, cuya compañía municipal se mostró reluctante a aceptarlo. Las demás poblaciones se fueron sumando poco a poco ya que, por ejemplo, al facilitar la comunicación de los puertos pesqueros con la capital de la provincia y los grandes centros de consumo se propiciaba avisar de los temporales o que la mercancía tuviera precios uniformes y pudiera ser vendida con más facilidad. Esta red, operada por Correos y Telégrafos, fue incorporada a la red de CTNE tras su asunción del monopolio del servicio en 1924 con el resto de los tendidos de propiedad estatal46.
Como contraste, la red provincial de Guipúzcoa creó un modelo que pervivió incluso más allá de la creación del monopolio de CTNE. La Diputación comenzó en febrero de 1908 las gestiones ante el Gobierno para la obtención de la concesión de una red que explotase los teléfonos en la provincia, aunque eso chocaba con otras compañías como la red urbana de Donostia y la Compañía Peninsular de Teléfonos que explotaba la red interurbana del nordeste, aunque a su favor jugaban factores como el apoyo de la Casa Real, ya que Alfonso XIII veraneaba en San Sebastián47. La concesión de la red provincial fue adjudicada por ley especial de 26 de noviembre de 1908, con una licencia con vigencia de treinta y cinco años, tras los cuales la red interurbana revertiría al Estado y las redes en zonas urbanas irían a los municipios correspondientes48. La red donostiarra, explotada por la propia Diputación, fue pionera en la automatización del servicio y consiguió unos niveles de penetración en el mercado, medido en número de terminales por habitante, similar a los de los países nórdicos, algo que tuvo continuidad incluso cuando se concedió el monopolio a CTNE49. La Diputación interpuso un recurso ante el Tribunal Supremo contra la concesión del monopolio y, a cambio de su retirada, obtuvo garantías de que Telefónica nunca intentaría nada que fuese contra la licencia de la red provincial, llegándose incluso a un acuerdo para el intercambio de servicios telefónicos50. Por su
43 Pese a la abolición de los fueros vascos en 1876, el Estado reconoció a las Diputaciones forales la capacidad de recaudar impuestos para sufragar el cupo que debían abonar al Estado. Véase MARCOS (2013).
44 VILLANUEVA y GARAIZAR (2008) mencionan, entre otras, la Compañía Peninsular de Teléfonos que gestionaba la explotación de la red de telefonía urbana de Bilbao, la Sociedad Orduña y Compañía, la Compañía Madrileña de Teléfonos, la Sociedad Anónima Red Telefónica de Bilbao, la Real Compañía Interurbana del Norte de España, la Sociedad Anónima de Telefonía Privada de San Sebastián y la Sociedad Vasco Montañesa.
45 VILLANUEVA y GARAIZAR (2008).
46 PEREZ YUSTE (2004), pp. 222-223.
47 La red de la CPT incluía las centrales de Irún y Tolosa. GUTIERREZ (2007).
48 Gaceta de Madrid, núm. 351, 16 de diciembre de 1908, p. 1067. El debate se encuentra en Diario de Sesiones del Congreso, legislatura 1908-1909, núm.13. 28 de octubre de 1908, pp. 291-294 y 339-344.
49 GUTIÉRREZ (1997), pp. 239-240 y 278.
50 Acta núm. 2 del Comité Ejecutivo de CTNE, 3 de septiembre de 1924, libro 1, pp. 1-2. Recogido en BLANCO (2011), p. 245. RAFAEL PÉREZ JIMÉNEZ; FRANCISCO QUINTANA NAVARRO
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parte, la red urbana de San Sebastián fue en sí misma un caso extraordinario, ya que consiguió la única licencia a perpetuidad concedida en España, y estuvo en funcionamiento hasta 1970
51. Estos eran los modelos de explotación claramente definidos por los que luego tuvieron que decantarse las administraciones canarias: explotación directa, creando una red propia y asumiendo plenamente su gestión, o indirecta, financiando a una administración (en este caso Correos y Telégrafos) para que realizase los tendidos y ejerciera la administración de la red.
La primera tentativa de creación de redes públicas en Canarias
En 1914, con el reglamento recién aprobado, era el momento oportuno de abordar la urgente renovación y ampliación de las redes existentes. La concesión de la Red Telefónica de Las Palmas había caducado en 1911, a los veinte años de su establecimiento. Los tendidos que la formaban estaban faltos de mantenimiento y aquejados de numerosos fallos que reflejaba la prensa u organismos como la Cámara de Comercio, «haciéndose eco de las continuas reclamaciones del comercio y público contra un servicio tan deplorable y caro». La propia Cámara, que estimaba en unas cien mil pesetas la inversión mínima necesaria, se ofreció a hacerse cargo de la explotación mediante una sociedad cooperativa para «mejorar el servicio y disminuir las tarifas» en caso de que el Ayuntamiento no ejerciera el derecho de tanteo52.
A la vista de la demanda social, el 20 de junio de 1913 la corporación municipal decidió solicitar de la Dirección General de Correos la convocatoria de la subasta de concesión, al tiempo que encomendó a su comisión de hacienda «reunir datos sobre el número y clase de abonados, probabilidades de su aumento y facilidades para la adquisición de material» con el fin de valorar la oferta a realizar para hacerse con dicha adjudicación53. Tras la respuesta positiva de Correos, el pliego de condiciones para la concesión se publicó en La Gaceta el 17 de octubre de ese año y el Ayuntamiento acordó concurrir a dicho concurso, que tuvo lugar el 28 de noviembre sin más licitadores. En la resolución de adjudicación se indicó que en el proyecto municipal se debían incluir no sólo las subcentrales y tendidos en Las Palmas, sino también una subcentral en Telde, al tiempo que se le otorgó una rebaja del 35% sobre la propuesta inicial para poder dedicar los fondos así ahorrados a la mejora de la red ya instalada54. Era una época de bonanza económica, con el Puerto de La Luz alcanzando máximos de tráfico, por lo que numerosos licitadores acudieron al concurso para el suministro e instalación del material necesario a comienzos de 191455. Aun así, las condiciones económicas y los plazos de entrega
51 Gaceta de Madrid, 20 de septiembre de 1908, núm. 264, p. 1227. La concesión otorgada por el gobierno tenía una duración de 15 años, aunque luego se amplió a 20 y el 27 de octubre de 1923, el Subsecretario de Gobernación Martínez Anido firmó una R.O. por la que se concedía la explotación del servicio telefónico urbano sin fecha de reversión al Estado. R.O. del Subsecretario de la Gobernación, de 27 de octubre de 1923. No se publicó en la Gaceta de Madrid ni en el Boletín Oficial del Cuerpo de Telégrafos, pero si aparece una reseña comentada en ABC, 30 de octubre de 1923, p. 7.
52 Sobre la prensa, aunque hay numerosos «breves» al respecto, sirva como ejemplo el Diario de Las Palmas, 18 de mayo de 1913, p. 2. Sobre la Cámara de Comercio, véase AHPLP/Ayto./Teléfonos/leg. 1, exp. 1. Escrito de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación al Ayuntamiento de Las Palmas de 17 de junio de 1913. Según escrito de ese mismo legajo, la Cámara elevó un memorial el 26 de junio de ese mismo año con las quejas sobre la situación del servicio a la Dirección General de Correos y Telégrafos.
53 AHPLP/Ayto./Teléfonos/leg. 1, exp. 1. Acta de la reunión del pleno del Ayuntamiento de Las Palmas, 20 de junio de 1913. El escrito se remitió el 28 de ese mismo mes.
54 AHPLP/Ayto./Teléfonos/leg. 1, exp. 1. Acta de la reunión del pleno del Ayuntamiento de Las Palmas, 20 de junio de 1913. Para el pliego Gaceta de Madrid, numero 290, 17 de octubre de 1913, anexo núm. 1, p. 99. Puede verse una referencia también en Diario de Las Palmas, 29 de octubre de 1913, p. 2. También se encuentran referencias en Diario de Las Palmas, 3 de noviembre de 1913, p. 2. Se acordó ejercer el derecho de tanteo y se nombró una comisión compuesta del alcalde y los concejales señores Meló y Navarro para redactar el pliego de condiciones del proyecto de despliegue. Para las condiciones, R.O. del Ministerio de Gobernación, 3 de diciembre de 1913, AHPLP, exp. cit. También el recién nacido Cabildo, en su sesión del 27 de noviembre de 1913 dio lectura al pliego de condiciones, pero no efectuó gestión alguna ni acudió al concurso. Véase RAMIREZ (1995). p. 366.
55 BOPC, 30 de enero de 1914, pp. 2-3. Se recibieron ofertas, entre otras, de la Bell Telephone, de Carlos Knappe (distribuidor en España de material telefónico de la empresa alemana Mix & Genest) y de Siemens Brothers de Londres. AHPLP exp. cit. EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN GRAN CANARIA Y TENERIFE DURANTE EL PERIODO…
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hicieron que en una primera ronda el concurso de abastecimiento quedara desierto y hubiera que reabrirlo en abril de ese mismo año, lo que hizo que también se retrasase la toma de posesión efectiva sobre la red telefónica por parte del Ayuntamiento
56.
En ese momento quedaba clara la intención municipal de tender a una gestión directa de la red e incluso, en el futuro, ir más allá de su específico ámbito de actuación para cubrir otras zonas de la isla, bien mediante tendidos propios (aunque fuera necesario ir más allá de los 15 kilómetros que fijaba el nuevo reglamento de 1914), bien mediante acuerdos como el establecido con la compañía de Arucas. Hay que añadir que aun con el reglamento anterior, más restrictivo, ya se había hecho una excepción con la conexión a San Mateo57 y que la corporación presidida por el liberal Felipe Massieu y Falcón ya había dado muestras de su iniciativa en ese campo sufragando la estación radiotelegráfica de largo alcance de Melenara, algo que quedaba totalmente fuera de su ámbito competencial58. El recién creado Cabildo de Gran Canaria probablemente también hubiera podido plantearse ejercer esa competencia, como luego veremos en el caso de su homólogo tinerfeño; pero, aunque en sus prioridades para el año 1914 se incluyó la de «unir todos sus pueblos con una red telefónica»59, la institución insular no se personó en el concurso, aunque seguramente su situación económica tampoco se lo hubiera permitido60.
Por su parte, el Cabildo de Tenerife tomó la iniciativa, siguiendo el modelo de la Diputación guipuzcoana, y el 2 de abril de 1914 su presidente fue mandatado para designar a una persona que formulase el proyecto de una red telefónica insular, nombramiento que recayó en el ingeniero Manuel Ossorio, que el 15 de ese mismo mes presentó las bases y presupuesto del proyecto61. También se solicitaba al Ministerio de Gobernación una subvención de cien mil pesetas para la obra del tendido62. El siguiente paso fue dirigirse a las empresas preexistentes para asegurar la compatibilidad de la operación para el tendido de la red insular y la conexión a las de la capital y La Orotava, algo que fue sencillo en el caso de Santa Cruz (ya que la concesión había expirado y estaba en una posición de mayor debilidad) pero no así en el Valle, cuya concesionaria se mostró férreamente dispuesta a mantener su red63.
Sin embargo, el conflicto mundial provocó una gran carestía de los materiales necesarios para la creación de la nueva red. En 1915 la partida para gastos previstos en «el estudio, personal y material de las obras del teléfono insular» había aumentado ya un 50% (hasta ciento cincuenta mil pesetas), cantidad que suponía un compromiso económico muy importante dado que el presupuesto global de gastos del Cabildo para ese año no llegaba a las seiscientas mil pesetas, lo que mostraba a las claras la prioridad que se le daba a esta infraestructura por parte de la institución tinerfeña64. Esta carestía, además de por las dificultades propias del abastecimiento en tiempo de guerra, se fundamentaba en el hecho de que los materiales telefónicos pasaron a ser considerados estratégicos por los países contendientes, lo que, sumado
56 Diario de Las Palmas, 3 de abril de 1914, p. 2. La Provincia, 13 de mayo de 1914, p. 6, recoge que «la Dirección General de Correos y Telégrafos ha concedido al Ayuntamiento [de Las Palmas] la prorroga pedida para incautarse de la red telefónica».
57 Diario de Las Palmas, 25 de junio de 1914, p. 1.
58 Para un acercamiento a la figura de Massieu, vid. MARTÍN DEL CASTILLO (2010). Sobre la estación radiotelegráfica puede consultarse Sección Crónica e información en La Energía Eléctrica, 25 de marzo de 1909, año XI, núm. 6, p. 113, o PEREZ JIMENEZ y QUINTANA NAVARRO (2019).
59 Para las prioridades del Cabildo, Diario de Las Palmas, 28 de febrero de 1914, p. 1.
60 GALVÁN (1995), p. 453-454.
61 LACGCT 1913-1914, acta de la comisión permanente de 2 de abril de 1914, p. 194. También puede encontrarse una reseña en La Opinión, 6 de abril de 1914, p. 2. El presidente era Eduardo Domínguez Alfonso, el nombramiento del ingeniero Ossorio aparece en el BOPC, núm. 73, 19 de junio de 1914, p. 6. El proyecto y presupuesto se recoge en LACGCT 1913-1914, p. 218 y 242.
62 LACGCT 1913-1914, acta de la comisión permanente de 2 de abril de 1914, p. 214. En realidad, el 19 de febrero de 1914 se solicitó por parte del Cabildo al Ministerio de Fomento, pero la DGCyT indicó que dicho asunto «incumbe al Ministerio de la Gobernación» por lo que la comisión de Gobierno del Cabildo acordó el 23 de abril de 1914 dirigir la petición a dicho Ministerio. Esta cantidad luego se demostraría como completamente insuficiente.
63 LACGCT 1913-1914, acta de la comisión permanente de 2 de abril de 1914, p. 262.
64 LACGCT 1913-1914, acta de la comisión permanente de 2 de abril de 1914, p. 273. RAFAEL PÉREZ JIMÉNEZ; FRANCISCO QUINTANA NAVARRO
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al bloqueo naval y las acciones de los submarinos, los hacía prohibitivamente caros, o directamente inaccesibles.
Finalmente, la red fue autorizada por el Ministerio de Gobernación el 6 de diciembre de 1915, constituyéndose la Red Telefónica Insular de Tenerife (RTIT). La real orden otorgaba al Cabildo una concesión de treinta y cinco años para establecer en las zonas de la isla sin servicio telefónico los grupos urbanos que considerase oportunos, con la exclusiva de construcción por espacio de cinco años, pasados los cuales el Estado podía incorporar aquellos pueblos que no estuviesen conectados a una futura red dependiente de Correos y Telégrafos. El Estado dejaba la elección de los equipos a utilizar (cables, conectores, terminales…) en manos del concesionario, siempre y cuando este asegurase la interconexión con las redes de las otras compañías65. Sin embargo, pese a la prioridad que le daba el Cabildo, gracias en gran parte a los esfuerzos de su consejero Mario Arozena, y aun contando con el apoyo de numerosos ayuntamientos, la prolongación de la guerra dio al traste con las previsiones y obligó a cambiar radicalmente las prioridades de la institución insular, al igual que sucedió en Gran Canaria66. De hecho, ya en agosto de 1915 fue necesario solicitar del gobierno central medidas extraordinarias como la supresión de aranceles, o reclamar a los ayuntamientos que hicieran efectivas sus deudas pendientes. La situación de crisis aguda, en fin, creaba un ambiente nada propicio para este tipo de inversiones.
Estas mismas dificultades de abastecimiento forzaron a que el Ayuntamiento de Las Palmas tuviera que recomprar a la familia Miller los equipos de la antigua red —ya obsoletos y cuya funcionalidad tantas críticas había levantado— para mantener el servicio de la red municipal67. En ese contexto tampoco en Gran Canaria fue posible ampliar la cobertura a nuevas zonas, y eso a pesar de la complicidad del delegado gubernativo Manuel Luengo, que buscaba extender la red de la capital al sur de la isla, entonces muy deprimido económicamente.
En principio, la conexión de estas líneas dentro de la red municipal de Las Palmas no estaba amparada por la normativa, aunque existía un resquicio legal, ya que la Dirección General de Comunicaciones podía autorizarlo por razones de utilidad pública, lo que pidió (y consiguió) Luengo68. De hecho, el entonces director general, Emilio Ortuño, se ofreció a sufragar la red telefónica del sur siempre que esos pueblos pagasen los postes de la línea y contribuyesen con una parte a los gastos de peonaje de la instalación69. Esto suponía un primer indicio de cambio de modelo desde la gestión directa a la indirecta, y fue sintomático de la situación económica de las islas durante la Gran Guerra que, ni siquiera bajo unas condiciones más favorables que las propuestas a la Diputación de Vizcaya, pudieron acometer la ampliación de la red. También llama la atención que las gestiones vinieran de la delegación del Gobierno y del Ayuntamiento capitalino, frente a la pasividad del Cabildo Insular de Gran Canaria, que seguía centrando su actuación, con los magros medios disponibles, en otros temas como la beneficencia o la creación de un instituto de segunda enseñanza (necesidad esta última que en Tenerife ya se tenía cubierta).
La época de la Gran Guerra, por tanto, si bien fue un tiempo perdido en términos de creación de infraestructuras de telecomunicaciones, al menos, resultó indicativa de las distintas actitudes de las administraciones de cara a retomar los proyectos abandonados cuando la mejora de las condiciones internacionales lo permitiera.
65 Gaceta de Madrid núm. 340, de 6 de diciembre de 1915, página 617. Esta norma aparece comentada en Diario de Tenerife, 7 de diciembre de 1915, p. 2. El encargado de la gestión fue el delegado de Cabildo en Madrid, Ángel Villa, al cual, junto al «Diputado Manuel Delgado Barreto por sus valiosas gestiones para la rápida y favorable resolución de este asunto» agradeció sus gestiones públicamente la institución LACGCT 1915-1916, p. 225.
66 LACGCT 1915-1916, pp. 298, 301 y 317 recogen las respuestas de los distintos municipios. Los primeros ayuntamientos que respondieron fueron Adeje (que carecía de fondos) y Santa Cruz, La Laguna, Guía, Granadilla, Puerto de la Cruz y La Orotava, ofreciendo dinero (una media de unas 500 pesetas). Candelaria, Vilaflor, Arafo, El Tanque, Icod y San Juan de la Rambla, ofrecieron los postes y peones necesarios para el tendido de la red telefónica en sus términos municipales. Algunos propietarios de líneas privadas ofrecieron asimismo reutilizar sus postes para la nueva red. Para el papel de Arozena Diario de Tenerife de 21 de julio de 1915, p. 2.
67 La escritura de venta por parte de Diego Miller Wilson está en AHPLP/Ayto/Teléfonos, leg. 1, exp. 4.
68 La Provincia, 6 de mayo de 1915, p. 2 recoge el telegrama enviado, mientras Diario de Las Palmas, 30 de julio de 1915, p. 2 trae la respuesta positiva de Correos.
69 Diario de Las Palmas, 7 de junio de 1915, p. 2. Sólo se consiguió llevar la conexión telefónica a Telde. EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN GRAN CANARIA Y TENERIFE DURANTE EL PERIODO…
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EL CAMINO HACIA LAS REDES INSULARES
En 1919, a pesar del fin de la contienda, la situación económica de Canarias estaba lejos de iniciar su recuperación. Las finanzas de los cabildos dependían en gran parte del tráfico marítimo y hasta 1921 no se recuperó un volumen de movimiento de buques similar al de 1916, con cifras aún muy por debajo de las de la época dorada de 1910-1470. Esta situación también agravaba el ya crónico déficit del Ayuntamiento de Las Palmas y limitaba cualquier posible iniciativa por parte del Cabildo de Gran Canaria, cuyos presupuestos seguían comprometidos por los gastos de beneficencia y enseñanza. En cambio, el Cabildo de Tenerife, pese a este entorno desfavorable, pudo hacer un esfuerzo económico para conseguir una cobertura telefónica que alcanzó a casi todos los núcleos habitados de la isla en el periodo 1919-1925. Este contraste se debe no solo a la voluntad de prestar el servicio o a la prioridad otorgada al mismo, sino a la desigualdad de recursos económicos disponibles entre ambas corporaciones insulares. Una explicación a esto podría venir de las aportaciones de la moribunda Diputación ya que, como hizo constar el Tribunal Supremo en una sentencia de 1922, «continúa figurando en sus presupuestos obligaciones de beneficencia y enseñanza que debe costear el Cabildo de Santa Cruz de Tenerife»71. En cualquier caso, fuese voluntaria o forzada, la inacción de los organismos públicos en Gran Canaria hizo que la administración central tuviese que hacerse cargo de la gestión de las redes y de su posible expansión, lo que al no llevarse a cabo creó un desequilibrio entre las dos islas más pobladas del archipiélago en el desarrollo de la telefonía.
La frustrada red insular de Gran Canaria
Tras la Gran Guerra las redes telefónicas en Canarias se enfrentaban a un doble reto: realizar la expansión a las zonas desatendidas y mantener la calidad de servicio en los núcleos ya conectados, muy mermada por la falta de mantenimiento. Esto era incluso más acuciante en la ciudad de Las Palmas que en otras redes más modernas como las de Arucas o La Orotava. En un informe del propio Ayuntamiento en 1919 se especificaba el estado de los tendidos: postes podridos o infestados de parásitos, soportes cerámicos rotos, ausencia de tomas de tierra, centrales con apenas un 10% de los conectores en uso o cables con su aislamiento muy deteriorado72.
En esas condiciones, se necesitaba una fuerte inversión para renovar los tendidos urbanos y acometer la expansión de la red, algo que excedía las capacidades del Ayuntamiento73, lo que llevó a Diario de Las Palmas a reclamar que «mejor fuera que se ofreciera al Estado»74. El Cabildo Insular de Gran Canaria se había planteado promover esta red desde fecha tan temprana como 191375, para lo que la institución barajaba dos posibilidades: gestionarlo de forma directa, de modo similar al que se llevaba a cabo en Tenerife e integrar la red de telefonía de Las Palmas (y la de Arucas cuando acabase su concesión, en 1928), o bien esperar a que el Estado se incautase de la red urbana de la capital y que fuese la gestión directa de Correos y Telégrafos quien llevara el teléfono a los demás municipios de la isla. A tal fin, en julio de 1920, el Cabildo creó una «Comisión para la Red Telefónica Insular» que acordó, a propuesta del consejero José
70 QUINTANA-NAVARRO (1996).
71 Sentencia publicada en Gaceta de Madrid, 5 y 6 de agosto de 1920, recogida en GALVÁN (1995), p. 460.
72 Informe del ingeniero municipal, Rafael Hernández, «sobre las condiciones técnico-económicas de la Red telefónica de esta ciudad y sobre la urgente necesidad de proceder a la renovación de la misma», junio 1919. AHPLP/Ayto./Teléfonos leg. 2, exp. 8. También en La Provincia, 11 de junio de 1919, p. 1.
73 Aunque fuese a costa de suscribir un empréstito, pero al final no pudo llevarse a cabo, AHPLP/Ayto/Teléfonos leg. 2, exp. 8. También se hacen eco La Provincia, 19 de mayo de 1920, p. 1 y Diario de Las Palmas, 20 de mayo de 1920, p. 2.
74 Diario de Las Palmas, 20 de febrero de 1922, p. 1, se basaba en un R.D. autorizando a la DGCyT para contratar mediante concurso el suministro de centrales telefónicas con destino a las estaciones del Estado, Gaceta de Madrid, núm. 363, 29 de diciembre de 1921, página 1.086.
75 RAMIREZ (1995), p. 366, cita el acta de la sesión de 20 de octubre de 1913 como primer pronunciamiento del Cabildo en ese sentido. Posteriormente, en la sesión de 24 de abril de 1916 este inició el expediente para obtener la concesión, y explotación de una red telefónica insular, aunque no realizó ninguna actuación concreta hasta 1920. RAFAEL PÉREZ JIMÉNEZ; FRANCISCO QUINTANA NAVARRO
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Miranda Guerra, solicitar del director general de Comunicaciones la autorización para realizar este tendido
76.
Los problemas, como era esperable, estaban en la inversión requerida para llevar a cabo el proyecto. En un primer momento los presupuestos de las instituciones insulares eran meramente tentativos, ya que por ejemplo el de Gran Canaria apenas pudo alcanzar el 60% de los ingresos estimados para 1914-16. En 1920 se comenzaron a estabilizar los ingresos, merced a los arbitrios del 1% ad valorem sobre importación y exportación, y del impuesto especial de alcoholes. Esto, sin embargo, apenas permitía cubrir las necesidades ordinarias, ahora agravadas por los pagos del empréstito contraído para acometer los gastos corrientes durante la «crisis de subsistencia» producida por la guerra europea77. Esos gastos acuciantes correspondían a servicios como la beneficencia o la construcción del instituto de enseñanza media, pero también incluían las contribuciones a las arcas de la Diputación provincial que, por otro lado, financiaba servicios que debían haber recaído bajo la responsabilidad exclusiva del Cabildo de Tenerife (como, por ejemplo, sus propias instituciones educativas). Esta situación creaba, de hecho, una disparidad de recursos disponibles entre ambas administraciones insulares en ese periodo concreto (1919-1922), lo que permitió que, a la postre, Tenerife pudiera acometer proyectos de mayor magnitud con un cierto respaldo financiero del que carecían las demás islas. Posteriormente se corrigió este desequilibrio, pero los nuevos recursos llegaron tarde para el proyecto de red insular de Gran Canaria78.
Mientras tanto, hubo que buscar otros medios para financiar esta propuesta, cuyo coste se estimaba en un mínimo de medio millón de pesetas, vistos los presupuestos que se manejaban en Tenerife para su propia red. Para ello, Miranda Guerra propuso dos alternativas: imponer un recargo del 15% sobre la contribución rústica (subida de impuestos que el Cabildo dejó aparcada) o bien solicitar un nuevo empréstito de un millón de pesetas para «beneficencia y la red telefónica»79. Aunque la respuesta de la Dirección General de Comunicaciones fue positiva, comprensiblemente se solicitó que se presentase un proyecto completo antes de remitirla al Ministerio de Fomento80, por lo que se acordó pedir a la Oficina Técnica un informe detallado sobre su coste y tiempo de ejecución. Este nuevo retraso, sumado a los dos años que ya se habían perdido desde el final de la guerra europea, y la dificultad añadida del límite que la administración central impuso al empréstito pretendido (una reducción a seiscientas cincuenta mil pesetas), generaron un escenario poco propicio para acometer una infraestructura de tal magnitud, al revelar que el Cabildo no contaba con los medios, ni probablemente la disposición, para ello, dado que sus principales prioridades eran otras81. De hecho, en la toma de posesión de Tomás de Zárate como presidente del Cabildo en abril de 1922 mencionó que seguían pesando como una losa «los problemas de la beneficencia y la enseñanza», aunque «los pueblos reclamaban el establecimiento de una red telefónica insular»82.
Como solución, defendiendo la gestión indirecta, entre noviembre de 1920 y marzo de 1922 aparecieron en Diario de Las Palmas una serie de artículos firmados por «Vitelio», y que tienen un gran interés por el conocimiento que muestra su autor sobre aspectos técnicos de
76 RAMIREZ (1995), p. 366, recoge que fue aprobado en sesión de la Comisión Permanente, 22 de abril de 1920. La solicitud se aprobó en la sesión del Cabildo Insular, 19 de julio 1920, ACI/Libro de Actas núm. 10, p. 29. También se hace eco de esta noticia Diario de Las Palmas, 23 de julio de 1920, p. 1. La solicitud se encuentra en ACI/ 9.6.0/2, Exp. 2001, f. 7.
77 RAMIREZ (1995), p. 195-197 y CIORANESCU (1988), p. 141-142.
78 GALVÁN (1995), pp. 455-463 hace un completo estudio de los conflictos derivados de las contribuciones exigidas por la Diputación a dichos cabildos. El de Gran Canaria recurrió estas contribuciones en 1917, lo que falló a su favor el tribunal supremo en 1920 (Gaceta de Madrid, núm. 218 y 219, 5 y 6 de agosto de 1920, anexo 3) y de nuevo en 1922 (sentencia 4223, Gaceta de Madrid, núm. 160, 9 de junio de 1922). Donde se recoge que se «hace inexcusable la intervención de la Administración central a fin de que delimite los servicios que por virtud de la reforma han de quedar a cargo de los organismos subsistentes». Las quejas, sin embargo, iban en ambos sentidos, pues la institución provincial señalaba que solo recibía fondos de los cabildos de Tenerife y La Palma.
79 GALVÁN (1995), p. 232 y en Diario de Las Palmas de 19 de octubre de 1920, p. 2. La solicitud del empréstito se trata en ACI/Libro de actas núm. 10, p. 75.
80 MPT/Oficio de la DGCyT de 21 octubre 1920. Se dio cuenta de esta comunicación en la sesión del Cabildo de Gran Canaria de 4 de noviembre de 1920. Véase también La Provincia, 5 de noviembre de 1920, p. 1.
81 Sesión del Cabildo de 19 de enero de 1921. RAMIREZ (1995) p. 366.
82 ACI/Libro de actas núm. 12, pp. 59 y ss. EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN GRAN CANARIA Y TENERIFE DURANTE EL PERIODO…
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planificación y diseño de la red
83. En ellos, se planteaba dejar la creación de la malla insular en manos de la administración central del Estado siguiendo el modelo de la Diputación foral de Vizcaya, con una subvención por parte de la administración insular que no pasaría del 20% de su coste. Varios diputados en Cortes por la provincia de Canarias llevaron a la Dirección General de Comunicaciones en febrero de 1921, vista la parálisis de la iniciativa de la corporación insular84, y se concretó un año más tarde en una nueva petición, ahora al director de Correos y Telégrafos. Tal y como se planteó, se aspiraba a ofrecer una solución integral al problema a través de una serie de actuaciones por parte del Estado: la incautación de la red municipal de Las Palmas y su ampliación hasta mil abonados a fin de satisfacer todas las peticiones pendientes; la construcción de una red al sur de la isla que siguiera el plan original de Luengo, con el fin de conectar al menos todos los municipios de la comarca y, finalmente, la incautación de la red de Arucas al terminar su concesión, con el fin de ampliarla a la Aldea de San Nicolás y a Mogán, completando así la red insular. Para esto, se esperaba que el Cabildo aportase una subvención a la Dirección General de Correos y Telégrafos de alrededor de setenta y cinco mil pesetas pagaderas en tres anualidades, mientras que los ayuntamientos del sur debían facilitar, de forma gratuita, los locales para la instalación de las estaciones telefónicas85.
La primera etapa se cumplió de forma casi inmediata: en marzo de 1922 el Ayuntamiento pidió la autorización para una subida de tarifas de un 25%. La respuesta del ministro de Gobernación, ante el calamitoso estado de la red municipal y tras una inspección por parte de funcionarios de Correos —que dejó a las claras toda una serie de irregularidades en el servicio—, fue decretar la incautación el 10 de abril de ese mismo año86. Tras esto, el debate en la prensa se enconó entre los partidarios de la gestión directa de la red por parte del Cabildo, defendida desde las páginas de La Provincia87, y la indirecta, favorable a la cesión de los derechos a la administración estatal, abanderada por Diario de Las Palmas88. A principios de 1923, la administración estatal se decantó finalmente por hacerse cargo de la red, creando Correos el llamado «Sector telefónico de Agüimes, Telde e Ingenio» que, poco después, se amplió con el tramo entre Agüimes y San Bartolomé de Tirajana. Estos tímidos pasos se atribuían más a gestiones directas de las «fuerzas vivas» locales ante los responsables del gobierno que a la proactividad de la institución insular, que apenas acordó aportar diez mil pesetas para este proyecto89. El desentendimiento por parte del Cabildo y la poca efectividad del organismo público estatal dejaron de nuevo en el limbo la propuesta de construcción de las líneas que debían cubrir el sur de la isla y la zona de Agaete, de modo que hasta 1927-28, y tras la compra de las redes de Correos por CTNE en 1924, no se comenzaron a realizar los tendidos.
83 Diario de Las Palmas, 4 y 23 de noviembre de 1920 y 23 de noviembre de 1922, todos ellos en primera página. Si bien no es posible identificar a su autor, su redacción permite aventurar que tras el seudónimo se escondía algún empleado de alto cargo de Telégrafos.
84 Diario de Las Palmas, 26 de febrero de 1921 p. 1.
85 Diario de Las Palmas, 26 de febrero de 1921 p. 1.
86 AHPLP/Ayto./Teléfonos leg. 2, exp. 8. Según una R.O. de 23 de enero de 1922; BOPC, 23 de junio de 1922, núm. 78, p. 4.
87 La Provincia, 6 de mayo de 1922, p. 1.
88 Diario de Las Palmas, 6 de febrero de 1922, p. 2 y 17 de julio de 1922, p. 1.
89 MPT/Anuario de telégrafos 1923/R.O. de 1 de febrero de 1923 del Director de Comunicaciones aprobando el presupuesto para construir el sector telefónico de Agüimes, Telde e Ingenio. MPT/Anuario de telégrafos 1923/Circular del director general de Comunicaciones, de 1 de marzo de 1923 al «Jefe de la Sección de Las Palmas, a objeto de que se estudie la línea telefónica desde Agüimes a San Bartolomé de Tirajana como segundo sector del proyecto correspondiente al sur de esa isla». El Cabildo de Gran Canaria aprobó el 18 de abril de 1923 «contribuir con 3.000 pesetas que se consignarán en el capítulo de Imprevistos de los presupuestos corrientes, y con 7.000 que serán consignadas en el primer presupuesto extraordinario que se forme», ACI/Libro de Actas núm. 13, p. 31. Véase también La Provincia, 19 de abril de 1923, p. 2. La iniciativa de la línea entre Agüimes y San Bartolomé de Tirajana se atribuye a gestiones del senador Pedro del Castillo Olivares y Juan Melián Alvarado, cacique en la zona de Agüimes, directivo del Partido Liberal y «padrino» político de José Mesa y López. Diario de Las Palmas, 1 de febrero de 1923, p. 2, y de 22 del mismo mes, p. 1. La Provincia, 18 de marzo de 1922, p. 1 recoge una carta de Antonio Yánez, factótum en la zona de las Tirajanas, a Leopoldo Matos y Massieu, a la sazón ministro de Fomento, fechada el 6 de marzo de 1922. Sin embargo, Matos cesó como ministro el día 8 de marzo, por lo que es poco probable que su gestión obtuviera eco. RAFAEL PÉREZ JIMÉNEZ; FRANCISCO QUINTANA NAVARRO
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Figura 2: Despliegue conjunto de las compañías que operaban en Gran Canaria en 1922.
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de MPT/Anuario de telégrafos 1923 y AHPLP/Ayto./Teléfonos, leg. 2, exp. 8.
El despliegue de la red insular de Tenerife
Frente a las dudas sobre el modelo, el desinterés o la falta de capacidad de actuar del Cabildo de Gran Canaria, la administración insular de Tenerife volcó todos sus esfuerzos en poner en funcionamiento, en el periodo 1920-26, una red insular que enlazaba prácticamente todos los núcleos habitados de la isla, iniciativa que contaba con el apoyo unánime de los miembros de la institución, pese a la escasa disponibilidad de recursos de los primeros años de la posguerra90. En esos años el servicio era muy precario, incluso en las zonas donde teóricamente se disponía de él. Una muestra de ello fue la situación que se produjo tras el incendio que sufrió la central del Servicio Telefónico de Tenerife en Santa Cruz, para la cual hubo de buscarse una solución temporal —ante la imposibilidad de acceder a equipos de proveedores externos—, con la fabricación de un panel de conmutación en los talleres de los tranvías de la capital91. También estaba generalizada la práctica de «picar» los cables para conectar varios terminales a una única línea, lo que denotaba la falta de control sobre el estado de los tendidos de la STT y llevó al Cabildo a solicitar una inspección de las condiciones en que el servicio se prestaba92.
Por lo que respecta a las redes urbanas de La Orotava y Santa Cruz-La Laguna, su evolución fue similar a las de otras compañías de ámbito territorial reducido, condicionadas por la precariedad de recursos, lo que les impedía, no solo acometer grandes inversiones e incorporar nuevas tecnologías al servicio, como la telefonía automática, sino incluso realizar las más elementales tareas de mantenimiento e inspección. Tanto la STT como la STO estuvieron en el punto de mira del Cabildo, en diversas ocasiones, con el objetivo de proceder a su compra, lo que hubiera dotado de mayor «músculo» a la red insular, permitiéndole al menos doblar su número de usuarios, simplificar los procedimientos de interconexión y evitar duplicidades en las centrales. En el caso de la red capitalina, se registró una primera propuesta en 1919, otra en
90 PEREZ JIMENEZ y QUINTANA NAVARRO (2020).
91 El Imparcial, 29 de septiembre de 1919, p. 1.
92 LACGCT 1919-1921, p. 140; acta de 9 de diciembre de 1919 y Gaceta de Tenerife, 28 de septiembre de 1919, p. 2. EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN GRAN CANARIA Y TENERIFE DURANTE EL PERIODO…
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1921 y una más definida en 1922, cuando la red insular entró en plena actividad
93. La premisa que manejaba la institución insular era que Correos adjudicaría la gestión de la red municipal de Barcelona a la red telefónica de la Mancomunitat, lo que sentaría un precedente para solicitar la retrocesión de la STT. Sin embargo, fue la propia administración de Correos y Telégrafos la que se incautó de la red de la Ciudad Condal para su gestión directa94 (como en los casos ya mencionados de Sevilla y Las Palmas), lo que redujo a la red del Cabildo al papel de gestionar las líneas interurbanas y las redes de poblaciones menores en el momento de la creación de la CTNE. Por su parte, la STO, con un número de abonados prácticamente estancado, fue languideciendo como prestataria del servicio, ya que no era capaz siquiera de cubrir su zona de influencia, mientras rechazaba sistemáticamente las propuestas de compra por parte del Cabildo95.
La planificación de la red tinerfeña se estructuraba en dos actuaciones principales96: la línea telefónica interurbana de Santa Cruz de Tenerife a La Orotava, que se prolongaba hasta Icod97, y un segundo grupo con una línea interurbana desde esta capital a Güimar y de una red urbana en dicha población. Esta propuesta inicial se fue complementando a medida que se recibían nuevas peticiones, hasta cerrar un anillo insular que incluía las zonas asignadas a la compañía de La Orotava no cubiertas por esta (véase mapa 3). A pesar de cubrir el conjunto de la isla, las prioridades de la compañía seguían siendo la conexión con las principales áreas agrícolas: la costa norte y la zona de Güimar. Las fechas propuestas para cada tendido y la calidad del cable (los mejores y, por tanto, de mayor capacidad, se encontraban en la unión con la zona norte, al contrario de los que se tendían en el sur98) son prueba de ello.
Si bien la RTIT figuraba en su licencia original únicamente como una red interurbana, la propia evolución del servicio, las demandas de los municipios y las carencias de la red de las operadoras urbanas de Santa Cruz y La Orotava fue creando nodos con una tipología diferenciada. Así, en las ciudades cubiertas por las redes urbanas existentes (Puerto de la Cruz y La Laguna, además de las ya citadas), se crearon centralitas para asegurar tanto el servicio interurbano como la conexión con los abonados de esas compañías. En las ciudades de tamaño intermedio (municipios como Icod, Tacoronte, Güimar o Garachico), por su parte, la demanda social obligó a establecer redes urbanas que, a su vez, sirvieron como nodos de conexión a otros puntos de servicio telefónico en zonas rurales99. Los mayores núcleos rurales fueron atendidos por subestaciones que operaban un número limitado de terminales (5 o 6 como máximo), en general, en los edificios de las propias centrales. Finalmente, los pueblos menores o enclaves
93 LACGCT 1919-1921, acta de 9 de diciembre de 1919, p. 140, tras un informe sobre el estado de sus líneas, LACGCT. 1921-1922, acta de 25 de agosto de 1921, p. 100. Véase también Gaceta de Tenerife, 7 de enero de 1922, p. 2.
94 CALVO (2007).
95 Una primera oferta se recoge en LACGCT 1915-1916, acta de 13 de abril de 1916, p. 381. Después en LACGCT 1919-1921, acta de 26 de junio de 1919, p. 132. No ha sido posible establecer una evolución del número de abonados de la STO, pero en el momento de su incautación rondaba los cuatrocientos cincuenta, Véase Anuario de Telefónica 1925. Zonas como Santa Úrsula, Tacoronte, El Sauzal, La Matanza o La Victoria, inicialmente del área de influencia de la STO, sólo se vieron conectadas a través de la RTIT. LACGCT 1921-1922, acta de 1 de abril de 1921, p. 7 y acta de 21 de julio de 1922, p. 288.
96 LACGCT 1919-1921, p. 126 acta de 30 de octubre de 1919; el pliego de condiciones se recoge en el BOPC, núm. 319, 19 de noviembre de 1919, p. 3.
97 El Regionalista, 21 de marzo de 1919, p. 1. Esta red había sido cubierta inicialmente por la STO, pero una inspección de Correos decidió bloquear el servicio al entender que quedaba fuera de su concesión. Esto incluía el tendido e instalación de un centro urbano en la región de Icod, con centralitas adicionales en Garachico y Los Silos.
98 En LACGCT 1919-1921, p. 126 y ss.; acta de 30 de octubre de 1919 se indica que el primer segmento «corresponde a una línea de bronce silicioso de 3,30 milímetros hasta La Orotava» y a los demás «una línea de bronce silicioso de 2 mm». Posteriormente, fue necesario reducir la calidad general de los tendidos y se homogeneizaron las calidades de las líneas, siendo todas de 2 mm. para lo que fue necesario recabar la autorización de Correos, ya que significaba modificar el proyecto aprobado. Sin embargo, en septiembre de 1920 El Jefe de la Central de Telégrafos de Tenerife dio traslado al Cabildo Insular de una R. O. del Ministerio de la Gobernación «desestimando la instancia del Cabildo en que solicitaba la autorización para utilizar en el tendido de la Red Telefónica Insular el hilo de bronce de 2 mm, para la unión de las Sub Centrales con la Central». Vid. Gaceta de Tenerife, 1 de septiembre de 1920, p. 1.
99 LACGCT 1921-1923, acta de 21 de julio de 1922, p. 288 y ss. RAFAEL PÉREZ JIMÉNEZ; FRANCISCO QUINTANA NAVARRO
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aislados tenían uno o dos terminales en locutorios, que desempeñarían un papel similar al de los teléfonos públicos de finales del siglo XX
100.
Figura 3: Despliegue de la red telefónica insular de Tenerife en 1925.
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de LACGCT.
La creación de la red suponía no sólo el establecimiento de tendidos y centrales, o la contratación de personal, sino también la redacción de una serie de protocolos de funcionamiento, que permitieran operar en concurrencia con las otras compañías. En este sentido, el Cabildo aprobó una reglamentación (inicialmente provisional, pero que permaneció inalterada hasta la incautación de las compañías urbanas por la CTNE), en la que se reconocía que «tanto los abonados a las Redes Urbanas de esta Capital y La Orotava como el público, tendrán derecho al uso de la Red, para el curso de conferencias y telefonemas». De este modo, el servicio telefónico permeaba a casi todos los núcleos habitados de Tenerife, aunque con calidad desigual101.
A pesar de estas dificultades, la Red Insular resultaba ser un modelo muy avanzado, sólo comparable en su nivel de penetración geográfica a los de la Mancomunitat catalana o al de la Diputación de Guipúzcoa, aunque resultó una red mucho más rentable social que económicamente102. De hecho, no obtuvo beneficios de operación hasta 1926 y siempre estuvo muy lejos de poder recuperar el desembolso que supuso el tendido de la infraestructura inicial103. Esta búsqueda de la rentabilidad social —bien recibida en pueblos hasta entonces
100 El municipio Vilaflor se quejaba de que había recibido el mismo tratamiento que San Miguel, ya que se le había instalado un locutorio en lugar de una centralita LACGCT 1923-1924, acta de 5 de abril de 1923, p. 7. Gaceta de Tenerife, 12 de agosto de 1923, p. 1, señala que esto creaba condiciones de agravios entre pueblos, que se consideraban postergados, como, por ejemplo, San Juan de la Rambla.
101 Estas normas para los usuarios fueron ampliamente difundidas en la prensa insular, sirva como ejemplo el diario El Progreso de 22 de septiembre de 1921, p. 2.
102 CALVO (2010), p. 183.
103 El Progreso, 18 de septiembre de 1926, p. 1, indicaba que «la explotación de este servicio hasta el año pasado ocasionaba pérdidas al Cabildo, pero ha aumentado tan considerablemente en estos últimos meses, que por primera vez se espera que este año produzca un superávit»; sin embargo, se refiere sólo a los gastos de explotación EL SERVICIO DE TELEFONÍA EN GRAN CANARIA Y TENERIFE DURANTE EL PERIODO…
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aislados—, suponía unos costes de mantenimiento muy elevados, agravados porque el volumen de la inversión inicial y las dificultades para financiarla habían obligado a tomar acciones tan arriesgadas como bajar la calidad de los cables utilizados frente a los inicialmente previstos en la planificación de la red
104. Esto, unido a la gran longitud de kilómetros de líneas tendidas para un volumen de abonados que nunca llegó a superar los mil, probablemente hacía la red poco atractiva para la iniciativa privada, una de las causas por las que CTNE no se mostró demasiado interesada en su incautación cuando ejecutó las de las demás redes a partir de 1924105. Toda esta infraestructura de medios técnicos y humanos suponía una fuerte inversión por parte de la corporación insular, tanto en la financiación del tendido de la red como en los costes de explotación. Si se suman todos los costes en el periodo 1919-1927, la cifra presupuestada en infraestructuras fue de prácticamente un millón de pesetas106. El gráfico 1 muestra el esfuerzo inversor en infraestructuras (tendidos y centrales) en el periodo citado. En él se aprecian dos picos de gasto, correspondiendo el primero a los dos tramos iniciales de la red, en el ejercicio 1920-21 (debe tenerse en cuenta que los presupuestos del Cabildo en esa época se realizaban en abril) y el segundo, durante el periodo 1922-24, a la ampliación acordada en 1922 para finalizar el anillo insular y las redes urbanas de ciudades de mediano tamaño, sin duda, por la mejoría de la situación económica de la institución insular. Posteriormente, los gastos se mantuvieron a un nivel más bajo para acometer pequeñas ampliaciones. Si se compara con el gasto total del Cabildo puede contemplarse el notable esfuerzo presupuestario que supuso esta inversión, que superó el 14% en 1920-21, para luego establecerse alrededor del 5% entre 1921 y 1924.
Figura 4: Evolución del gasto en infraestructura de RTIT en pesetas corrientes, entre 1919 y 1927, y esfuerzo presupuestario, en porcentaje sobre la partida de gastos totales del Cabildo de Tenerife.
Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de LACGCT de los años correspondientes y ARTEAGA y otros (2017).
Una muestra de la escasa rentabilidad de los locutorios en zonas aisladas es el modelo de gestión que se les otorgaba: estaban situados en viviendas particulares, bares, establecimientos públicos o comerciales, y eran operados por personal ajeno a la compañía, que cobraba un porcentaje de la facturación, con una retribución mínima asegurada por parte de la empresa107.
y no contempla la inversión en las redes (cien mil pesetas ese año, como consta en La Provincia, 4 de junio de 1925 p. 2) ni la amortización de las inversiones anteriores.
104 Aprobado por la Dirección de Correos, según consta en LACGCT 1921-1923, p. 99, acta de 25 de agosto de 1921. Como ejemplo del impacto de esta red puede destacarse, por ejemplo, que, tras la inauguración de la central de La Victoria de Acentejo en octubre de 1922, incluso la muy conservadora Gaceta de Tenerife reseña que «la Villa acordó dar el nombre de «Domingo Salazar» a la calle Real de este pueblo, como prueba de gratitud por la iniciativa y gestiones del señor Salazar y Cólogan para establecer en esta villa una central telefónica». Gaceta de Tenerife, 26 de octubre de 1922, p. 1.
105 No ha sido posible localizar una referencia exacta del número de abonados de la Red, ya que las distintas fuentes no coinciden. La estimación es que debería rondar los setecientos abonados.
106 El Progreso de 18 de septiembre de 1926, p. 1, valoraba la inversión realizada por el Cabildo hasta esa fecha en un millón y medio de pesetas, una cantidad que incluiría tanto los costes de instalación de tendidos como los de personal, adquisición de locales y explotación.
107 LACGCT 1921-1923, acta de 27 de abril de 1921, p. 235 recoge varios municipios o estaciones (como por ejemplo El Tanque, La Vega o La Culata) cuya estación no tendría personal fijo, asignándoles como remuneración RAFAEL PÉREZ JIMÉNEZ; FRANCISCO QUINTANA NAVARRO
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Sin embargo, este modelo de compañía altamente capilar (similar a la red de Guipúzcoa, aunque con un nivel de abonados sensiblemente inferior) tuvo un gran éxito social que permitió logros, como la introducción del servicio automático en Canarias y aseguró su supervivencia, incluso frente a la concesión del monopolio a la CTNE
108. Ambas compañías tuvieron una coexistencia (o al menos una conllevanza) que duró hasta 1938, año en que el gobierno de la zona sublevada dictaminó las condiciones para su incautación y posterior incorporación a la red de Telefónica.
CONCLUSIONES
En este trabajo se han analizado los caminos que siguieron las administraciones públicas canarias para abordar el reto de la implantación del servicio telefónico, con particular referencia a los nuevos cabildos insulares de Gran Canaria y Tenerife, creados al mismo tiempo y de similar tamaño, pero que optaron por distintos modelos de explotación. Este problema derivaba de un marco regulatorio que había prescindido de un operador nacional único y daba lugar a visiones contrapuestas que iban desde un laissez faire que, por imposibilidad o indeterminación, dejaba que la demanda del teléfono fuera cubierta por otras instancias con mayor capacidad de actuación hasta, en el otro extremo, la proactividad para abordar la creación, mantenimiento y gestión de una estructura de comunicaciones con potencial efecto multiplicador en el tejido económico y social. Desde una perspectiva actual, donde se reconoce a las telecomunicaciones como instrumento de desarrollo y servicio público esencial, resulta fácil decir que la administración local debía comprometerse activamente en el impulso de ese servicio si no lo prestaban otras administraciones de superior rango. Sin embargo, en el momento que se planteó aquel desafío, durante los años 1919-1924, el archipiélago apenas comenzaba a salir de la terrible crisis económica a que le abocó la Gran Guerra, contrariamente a lo ocurrido en la España peninsular, y sus escasos medios debían atender a necesidades básicas, mientras que la telefonía era una apuesta de futuro.
En ese periodo de la inmediata posguerra, el Cabildo de Gran Canaria estaba políticamente centrado en cimentar su consolidación como administración insular efectiva en el camino hacia la división provincial. Además, sufría una crisis financiera agravada por los pagos del empréstito contraído para acometer los gastos corrientes durante la «crisis de subsistencia» producida por la guerra. Obligaciones presupuestarias, como las del mantenimiento de los centros de beneficencia o la construcción del instituto de enseñanza media, tenían que ser atendidas de forma prioritaria, no solo por necesidad social, sino porque de ello dependía el deseado fortalecimiento institucional, al tiempo que debían cubrirse las contribuciones a las arcas de la Diputación provincial. Esta institución, ya encaminada hacia su fase terminal tras el trasvase competencial hacia las corporaciones insulares —algo mal entendido desde la Capital provincial—, seguía actuando, de hecho, como un factor de desequilibrio regional: por un lado exigía recursos de los cabildos mientras que, por el otro, sufragaba servicios cuyo mantenimiento debía haber recaído en exclusiva en alguno de ellos (como, por ejemplo, las instituciones educativas de Tenerife, bajo el pretexto de que se trataba de servicios supuestamente de ámbito provincial). Esta circunstancia coyuntural propiciaba una mayor disponibilidad presupuestaria en esa isla, lo que a la postre permitió a su corporación insular acometer una inversión de gran magnitud como la creación de una red telefónica propia, aunque no sin haber exhibido una firme determinación en ese empeño modernizador. El resultado inmediato fue la creación de un primer anillo insular de telefonía al objeto de favorecer y vertebrar territorialmente el desarrollo económico de Tenerife, lo que llevó aparejado la pérdida de la ventaja competitiva que Gran Canaria había mantenido hasta entonces, en lo que respecta al grado de penetración del servicio telefónico. Faltaría ahora por esclarecer el efecto que este momentáneo logro tecnológico tuvo en el largo plazo del equilibrio de fuerzas en el archipiélago.
un 25% de lo recaudado, con un mínimo de veinticinco pesetas al mes, mientras que una telefonista de tercera categoría cobraba setenta y cinco.
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ISSN 2386-5571, Las Palmas de Gran Canaria. España (2021), núm. 67: 067-016, pp. 1-22
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AHPLP: Archivo Histórico Provincial de Las Palmas
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ACI: Archivo del Cabildo Insular de Gran Canaria
GLOSARIO DE ABREVIATURAS
BOPC: Boletín Oficial de la Provincia de Canarias
CTNE: Compañía Telefónica Nacional de España
CPT: Compañía Peninsular de Teléfonos
DGCyT: Dirección General de Correos y Telégrafos
R.D./ R.O.: Real Decreto / Real Orden
RTIT: Red Telefónica Insular de Tenerife
STO: Sociedad de Teléfonos de La Orotava
STT: Sociedad de Teléfonos de Tenerife