Información y censura en la Guerra de la Independencia Cubana: la campaña contra el general Weyler

              Anuario de Estudios Atlánticos
ISSN 2386-5571, Las Palmas de Gran Canaria. España (2018), núm. 64: 064-003, pp. 1-13 1
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INFORMACIÓN Y CENSURA EN LA GUERRA DE LA INDEPENDEN-CIA
CUBANA: LA CAMPAÑA CONTRA EL GENERAL WEYLER1
PRESS AND CENSORSHIP IN THE CUBAN WAR OF INDEPENDENCE:
THE CAMPAIGN AGAINST GENERAL WEYLER
Sonia María Izquierdo*
Recibido: 26 de octubre de 2016
Aceptado: 17 de junio de 2017
Cómo citar este artículo/Citation: Izquierdo, S. M. (2018). Información y censura en la Guerra de la Indepen-dencia
cubana: la campaña contra el General Weyler. Anuario de Estudios Atlánticos, nº 64: 064-003. http://anua-riosatlanticos.
casadecolon.com/index.php/aea/article/view/10158
Resumen: El 24 de febrero de 1895 comenzó la Guerra de la Independencia cubana, que se prolongó hasta 1898
con la intervención de Estados Unidos. En el periodo en que se desarrolló este conflicto la acción contra la prensa
estaba perfectamente organizada en torno a un cuerpo legislativo sólido de apariencia liberal, pero con una clara
intención de control. El ejercicio de la censura, por parte del gobierno, fue continuo con numerosas causas abiertas
que acabaron en consejos de guerra cuyos expedientes se custodian básicamente en el Archivo General Militar de
Segovia, en su sección de Justicia. En este caso, analizamos los primeros casos de censura abierta, tras año y medio
de conflicto, y que tuvieron como protagonista al general Weyler, capitán general de Cuba desde febrero de 1896
hasta octubre de 1897.
Palabras clave: prensa, censura, Cuba, Guerra de Independencia, Weyler, Restauración
Abstract: On February 24th 1895 began the War of Cuban independence that lasted until 1898 with the interven-tion
of the United States. In the period that this conflict developed action against the press it was perfectly orga-nized
around a strong legislative body of liberal appearance but with a clear intention to control. The exercise of
censorship by the government, was continued with numerous open cases that ended in war councils, whose records
are kept mainly in the General Military Archive in Segovia, section of Justice. In this case, we analyze the first
cases of overt censorship, after eighteen months of conflict and had starring the General Weyler, commander in
chief of Cuba from February 1896 until October 1897.
Keywords: press censorship, Cuba, War of Independence, Weyler, Restoration
Introducción
El 24 de febrero de 1895 comenzó la Guerra de la Independencia cubana, que se prolongó hasta 1898
con la intervención de Estados Unidos. En el periodo en que se desarrolló este conflicto la acción contra
la prensa estaba perfectamente organizada en torno a un cuerpo legislativo sólido, de apariencia liberal,
pero con una clara intención de control. La Constitución de 1876, en su artículo 13garantizó la libertad
de emisión de pensamiento. Sin embargo, fue en el artículo 17 donde radicó la clave del texto al contem-plar
la posibilidad de suspensión de garantías constitucionales, ante el peligro de la seguridad nacional.
* Investigadora. Doctora en periodismo por la Universidad CEU San Pablo. Licenciada en geografía e historia por la Uni-versidad
de La Laguna. Calle Julián Romea, 18. 28003. Madrid. España. Correo electrónico: soneska9@gmail.com
1 Este artículo se desprende de la investigación más amplia llevada a cabo por la autora en su tesis doctoral: Información
y censura en la guerra de la Independencia cubana (1895-1898); defendida el 20 de abril de 2016 en la universidad CEU San
Pablo de Madrid, dirigida por la doctora Pilar García Pinacho y codirigida por la doctora Mercedes Román Portas.
SONIA MARÍA IZQUIERDO
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El ejército estaba habilitado para actuar contra la prensa como canal de expresión de la opinión públi-ca.
La Ley de Orden público de 1870 dictaminó que, en determinados casos de suspensión de garantías
constitucionales, la censura de la prensa podía pasar a dirigirse desde las capitanías generales. Fue el
Código de Justicia Militar de 1890 el que reservó a la jurisdicción civil la represión de los delitos de
desacato, injuria y calumnia cuando fueran cometidos por medio de imprenta, cuestión esta que no se
cumplió en multitud de ocasiones.
El trabajo de los periodistas estuvo en todo momento regido por la Ley de Policía de Imprenta desde
el 26 de julio de 1883 que, salvo algunos periodos, estuvo vigente hasta 1936. Suprimió la jurisdicción
especial para los delitos de imprenta que quedaron sometidos al Código Penal, reguló ampliamente el
derecho de réplica y fijó un marco para que se desarrollara la libertad de prensa.
Los textos que nos han llegado no estaban a salvo de los intereses de las partes en el conflicto. Y
eso no solo incluía a los territorios de ultramar, sino, indudablemente, a la luchas internas entre las dos
facciones principales del gobierno, republicanos, carlistas, etc
Todos los periodistas de este periodo vivieron un momento de efervescencia ideológica, política,
social y económica. Y no se pueden descartar estos factores en su trabajo periodístico. Hemos estudia-do,
primero, hasta qué punto pudieron estar condicionados y, segundo, si, a pesar de la contaminación,
sobre todo ideológica, cumplían con una función informativa. Por otro lado, es evidente que no se puede
obviar el color político del medio que lo sustentaba.
La Restauración antepuso una forma de gobierno frente al verdadero liberalismo. Bajo una legisla-ción
en apariencia liberal la censura fue utilizada las más de las veces de una manera soterrada. Podemos
hablar de falta de libertad de prensa, porque hablamos de una opinión pública supeditada al poder y de
un lector falto de información y de espíritu crítico.
Por tanto, este artículo se encamina a tratar de entender si la opinión pública, a pesar de la supuesta
libertad de creación de medios, estaba bajo el control político de conservadores y liberales y, por tanto,
hasta qué punto fueron capaces de conformar opinión. Y, en cuanto a los que efectivamente pudieron
hacer uso del pluralismo, ¿no tomaron parte igualmente en una propaganda insensata producto de una
vergonzosa desinformación?
Un periodismo, por tanto, acorde con los tiempos, en permanente estado de agitación, a pesar de la
supuesta estabilidad política, porque, no solo los partidos, sino sus principales líderes tenían sus propios
órganos de prensa. Hasta el punto de que no poseer los recursos para mantenerlos era una barrera para
llegar a la política nacional2.
Contenidos e ideología
Los avances técnicos fueron de la mano del asentamiento del pensamiento liberal y de ideologías
adyacentes que vieron en la prensa el cauce ideal para la extensión y publicidad de sus ideas. Todos los
que pretendían tener un papel político fueron de una forma u otra los protagonistas de las páginas de los
diarios españoles del XIX. La fabricación biográfica del diputado a las cortes españolas, sobre todo de
los de segunda fila, comenzaba por la tarea de hacerse un nombre y nada mejor para ello que escribir o
dirigir un periódico3.
Para Almuiña, desde un punto de vista jurídico, durante esta etapa se produce la incoherencia de
que, a pesar de una situación de excepcionalidad como la guerra, a la prensa no se la somete a ninguna
ley especial: «desde una perspectiva política, el ‘cuarto poder’, se ha impuesto de forma clara, no solo
al ejecutivo, sino también a los militares»4. Sin embargo, esta afirmación se refiere solo a legislación
civil estricta de prensa; como demuestran los consejos de guerra que se van a analizar, la prensa fue un
instrumento más en manos del Gobierno al que se persigue cuando no sirve a sus intereses.
2 ALVAREZ (1983), p. 12.
3 CABALLERO, DELGADO, SÁENZ DE PIPAÓN & IBÁÑEZ (2011), pp. 317-341; GARCÍA PINACHO (2013), pp.
43-58.
4 ALMUIÑA (1980), p. 310.
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Método
El punto de partida para la investigación fue el hallazgo de documentación inédita en el Archivo
Histórico Militar de Segovia, concretamente en la sección 9ª de Justicia, donde se custodian las nume-rosas
acciones judiciales contra la prensa. Entre los Consejos de guerra, del periodo 1895 y 1898, en las
capitanías correspondientes al conflicto en sus secciones de imprenta, se han encontrado cinco expedien-tes
a periodistas nativos de Puerto Rico y Cuba, víctimas de la censura militar y veintiuno en territorio
peninsular. Pero el trasiego que han sufrido los documentos militares, mayor aún en los llegados de
América, ha dado lugar a pérdidas de documentación. Sin embargo, los casos encontrados aportan una
visión bastante completa de lo sucedido en el momento de la guerra.
Por otro lado, tenemos constancia de que se abrieron, tras la suspensión de garantías, el 14 de julio de
1898, más de 40 expedientes contra periodistas. En varios de los casos, con doble vara de medir: los pe-riodistas
diputados o senadores gozaban de inmunidad. Precisamente, este hecho llevó la investigación
al Archivo del Congreso de los Diputados, donde se hallaron cientos de expedientes de suplicatorios,
llegados a la cámara baja, para poder juzgar a políticos convertidos en periodistas.
Más escasa ha sido la información que se ha podido encontrar en el Archivo Histórico Militar de
Madrid, sin embargo, han aportado datos de interés directivas por parte del Ministerio de Guerra direc-tamente
relacionadas con la censura. En la misma forma se puede decir de la sección de ultramar del
Archivo Histórico Nacional, con importantes documentos relacionados con el gobierno y censura.
Estos hallazgos han permitido una revisión de lo dicho hasta ahora sobre la actuación del gobierno
y la prensa durante la Restauración, especialmente, en el periodo de la guerra. La ingente bibliografía
publicada de un periodo que, por su trascendencia para España, ha sido ampliamente estudiado conlleva
una enorme deuda para con los distintos investigadores. Pero los documentos estudiados han permitido
llegar a conclusiones novedosas: el gobierno actuó bajo una legislación seudoliberal que permitió el
ejercicio continuo de la censura; y, por otro lado, se despojó a la prensa del papel de cuarto poder que
se le ha dado hasta ahora en este periodo, por lo que pasó a considerarse uno más en manos de los go-biernos
de turno.
Se analizan, en este artículo, los primeros casos de censura abierta tras año y medio de conflicto y
que tuvieron como protagonista al general Weyler, capitán general de Cuba, desde febrero de 1896 hasta
octubre de 1897.
Consejos de guerra entre diciembre de 1896 y diciembre de 1897: la
campaña contra Weyler
Apenas un año después de la llegada a Cuba del general Weyler comenzó en la prensa española una
campaña de desprestigio contra él, comparable a la que se le hacía desde la prensa amarilla norteameri-cana.
Para los liberales, aún en la oposición, era un escollo para la paz y la aplicación de la autonomía;
para los conservadores, la garantía para ganar la guerra por las armas sin ningún tipo de reforma. Y
fueron la prensa y los juzgados militares los principales escenarios donde ambas posturas tuvieron su
mayor enfrentamiento.
Los procesos por militares a la prensa en España comenzaron con sumarios a ocho periódicos que, si-guiendo
la estela de El Imparcial y El Heraldo de Madrid, publicaron noticias bastante alarmantes sobre
la política militar en Cuba. Pero, para poder entender la polémica por la publicación de correspondencia
de Weyler que tuvo lugar en los meses finales de 1897, es necesario ver distintos acontecimientos que
se dieron entre los artículos de diciembre del 96 y la toma del poder por los liberales en octubre del 97.
Pasada la polémica abierta por las supuesta situación de desamparo del soldado español en Cuba, el
general Weyler tomó medidas y, el 17 de enero, formó una comisión para oír las quejas de los soldados
minusválidos y heridos vueltos a la península, comisión formada por «tres oficiales del ejército, varios
miembros de la Cruz Roja y algunos representantes de la prensa de La Habana y de Madrid5.
5 SOLDEVILLA (1897), p. 23.
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Pero no calmó esto los ánimos de la prensa. El 22 de enero, una vez más El Imparcial, con la firma
de Rafael Gasset y bajo el título «Se suprime la luz», arremetió contra el pretendido control de la prensa
por parte del gobierno y una feroz crítica a la «prensa ministerial» que se posicionó de lado del poder.
La prensa liberal no fue solo denunciada y secuestradas sus tiradas, sino también advertida en privado
de «los perjuicios que se podían acarrear si continuaban censurando tan duramente la marcha de la cam-paña
y la conducta del Gobierno»6.
Fue a partir de este momento cuando la política canovista en las Antillas dio un giro y se empezaron a
dar los primeros pasos para la autonomía; corría el mes de febrero y los telegramas de Weyler avanzaban
progresos en la pacificación. Apenas veinte días más tarde la prensa hablaba de la caída del presidente y
del general, pero los conservadores hicieron correr la voz que no dejaban el poder porque los liberales
no querían cogerlo dadas las dificultades.
Dos meses más tarde, el partido liberal, tras una reunión de varios exministros, decidió romper la
tregua política por la gravedad que iba tomando la guerra cubana sin esperanza de resolución. Ante este
y otros acontecimientos no tardó Cánovas en presentar a la reina una moción de confianza hacia su per-sona
y su gobierno, confianza que, para sorpresa de la prensa liberal, la regente ratificó.
Así que la prensa liberal mantuvo durante estos meses la misma política de acoso y derribo, en espe-cial,
a la figura del capitán general de Cuba. Pero el ocho de agosto Cánovas fue asesinado y ese fue el
punto de inflexión. En septiembre, una parte de la prensa se hizo eco de un supuesto ultimátum dado por
los Estados Unidos exigiendo que la guerra acabara antes de noviembre o tomarían cartas en el asunto.
El 29 del mismo mes se produjo la crisis, no anunciada, del partido conservador, y el día 4 de octubre,
Sagasta al frente del partido liberal asumió la presidencia del Consejo de Ministros. Weyler no estaba
dispuesto a dimitir, pero el día 9 se producía su relevo. La prensa conservadora, como veremos, hizo uso
de la figura del general para arremeter contra el nuevo gobierno. El gobierno liberal no tuvo entonces
reparos en acogerse a la censura y «su prensa», en someterse al gobierno que la representaba.
Causa contra Rafael Gasset y el periódico El Imparcial7
Casi dos años después de la guerra se abrieron diligencias sumariales contra Rafael Gasset como
director del periódico El Imparcial, pero fueron siete los medios denunciados.
El día de fin de año de 1896, El Imparcial hizo una crítica abierta a la política de Weyler, pidiendo su
relevo y sustitución por el general Azcárraga, a la sazón, ministro de Guerra.
Fueron varios los periódicos denunciados, pero nos centramos en el sumario de instrucción que se llevó
a cabo desde la plaza militar de Madrid contra El Imparcial, en la persona de su director en aquel momen-to,
Rafael Gasset y Chinchilla. El artículo «Contra las iniquidades. Justicia Inmediata» fue secuestrado por
el juzgado de guardia la madrugada del 31 de enero de 1896 y, en este, se hacía una crítica sin paliativos a
las acciones del general Weyler en Cuba.
Es penoso, es tristísimo que los acontecimientos fuercen el ánimo de un periodista de un amante de su
patria a decir que entre los generales y jefes del ejército español existen necesariamente algunos que no
merecen ser generales, ni jefes, ni españoles.
En Cuba, en esa hermosa isla donde se pelea en defensa de un pasado gloriosísimo y donde se ventila el
porvenir de España, hay quienes labran pingüe y escandaloso caudal, amasando el ahorro de la nación
con la muerte del soldado (…).
Días hace, que requeridos por dignos representantes de Cuba, pensábamos iniciar una campaña tan
vehemente como fuera menester en demanda de remedio para tamaños males (…). Si tenemos algo, por
poco que sea de gobierno, debe llegar al campo insurrecto y a los meeting filibusteros que a diario con-
6 SOLDEVILLA (1897), p. 25.
7 AHMS, sección 9ª, Caja 251, exp. 20128, plaza de Madrid. Diligencias sumariales instruidas con motivo de injurias
ofensivas a las autoridades militares y administrativas del ejército de operaciones de la isla de cuba publicadas bajo el epígrafe.
«Contra las iniquidades, Justicia inmediata» en el número 10.655 del periódico El Imparcial correspondiente al 31 de diciembre
de 1896.
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siente nuestro bondadoso amigo el gobierno de Casa Blanca, a la par que estas noticias de inmoralidad
criminal, a la par que estas patentes de ignominia, la nueva del relevo del general Weyler y de los jefes
que se hallan al frente de la administración y de la sanidad militar (…).
El general Azcárraga debe ir a Cuba. Allí su moralidad sin tacha puede corregir los terribles abusos que
matan de hambre al soldado que olvidó la fiebre amarilla y que perdonaron las balas explosivas, allí
puede su talento organizador prestar señaladísimos servicios a la patria.
Tareas tan grandes impedirán al ministro de la Guerra dirigir personalmente las operaciones militares.
Acompañen al general Azcárraga dos tenientes generales de su elección para que hagan la campaña en
Pinar del Río y en Oriente (…).
Por eso pedimos con todas la vehemencias del alma celeridad y energía en el proceder. Ha llegado un
caso en que si el gobierno no lo hace, lo impondrá el país.
No solo se pedía la dimisión de Weyler, sino que se dejaba en bastante mal lugar a todo el mando
cubano bajo sus órdenes. El gobierno no tuvo duda a la hora de denunciar dicho artículo bajo las premi-sas
del artículo 269 del Código Penal, por lo que en un primer momento fue la jurisdicción civil la que
actuó y ordenó el secuestro de los ejemplares que encontró en la redacción. El 31 de diciembre comenzó
la instrucción por la jurisdicción militar, evidentemente con la venia del gobierno: el ejército había sido
injuriado por medio de la imprenta.
El Excmo. Señor ministro de la Guerra en Real Orden de esta fecha me dice:
Exmo. Señor: Remito a V.E. un ejemplar del periódico El Imparcial del día de hoy
nº 10.655, en el que se publica el artículo titulado «Contra las iniquidades. Justicia inmediata», con la
firma de Rafael Gasset, con el objeto de que en vista de los conceptos que contiene y oyendo a su audi-tor
proceda con arreglo a lo que determina el Código de Justicia Militar, si hubiere lugar le digo a V.E,
para su conocimiento y demás efectos.
Y pasada a dictamen de mi auditor general, lo emite como sigue:
E.S: enterado de este artículo a que se refiere la presente R.O. estimo que constituye un hecho justific-able
y en tal concepto procede que V.E. se sirva designar un juez de los permanentes de esta región para
que instruya las diligencias sumariales que son del caso y adopte con respecto a las personas respon-sables
y por lo que hace relación a los impresos, las disposiciones que correspondan8.
El juez instructor designado fue el coronel de infantería Leopoldo Pobo y Núñez, y secretario, el
capitán de infantería Adolfo Moreno. El interrogatorio en la plaza de Madrid se realizó al día siguiente,
donde el acusado dijo ser «natural de Madrid hijo de Eduardo Gassset y Artime y de doña Rafaela Chin-chilla
y Díez de Oñate, de 30 años de edad, de estado viudo, periodista y abogado con domicilio en esta
corte, calle de Génova numero 5 y que no ha sido nunca preso ni procesado y copropietario del diario
El Imparcial y diputado a cortes9».
Continuaba con las explicaciones a las supuestas injurias que lanzaba contra las autoridades milita-res
en Cuba, haciendo mención a las cartas que le hacía llegar su corresponsal en La Habana, Domingo
Blanco, que revelaban la lamentable desorganización en los servicios de las administración y la sanidad
militar, y coincidiendo con estas noticias:
Desconocemos por qué el señor Gasset no hizo uso de las cartas y demás noticias en el Congreso,
donde era diputado del partido liberal, y prefirió el uso de su periódico; definitivamente, tendría mayor
eco. Documentos que se negó a dar en el sumario «porque estos no le autorizan a publicar sus nombres
(…) y que no le constan los nombres de los electores10.» Tampoco facilitó al juez los miembros del
gobierno a los que comunicó lo publicado «que por tratarse de gestiones sin carácter alguno oficial no
8 AHMS, sección 9ª, caja 2510, exp. 20128., f. 1-2.
9 AHMS, sección 9ª, caja 2510, exp. 20128., f. 7vto.
10 AHMS, sección 9ª, caja 2510, exp. 20128, f. 9.
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puede consignar el nombre de la persona que para el indicado fin había elegido como representante del
gobierno11».
Ante todo, Rafael Gasset se defendía de la acusación de injurias u ofensas al ejército ya que en su
ánimo solo «había perseguido el objetivo de consignar la notoria incapacidad de las autoridades citadas
en el artículo para impedir los males tantas veces declarados12».
Pero el sumario iba a ser corto, ya que el siguiente paso, siendo Gasset diputado, era pedir el suplicato-rio
al Congreso para poder abrir juicio con la aprobación de las Cortes que nunca llegó.
No tuvo la misma suerte Gonzalo de Reparaz, que, al no ser diputado, estuvo en la cárcel Modelo
durante unos días, y sabemos que el juicio no se celebró hasta 1898, defendido, el acusado, por José
Canalejas13.
Casualmente, un día después toda la prensa liberal se hizo eco de los artículos publicados por El Im-parcial
y El Heraldo, los dos con corresponsales en Cuba, sobre las atrocidades que Weyler permitía en
los hospitales militares cubanos y pidiendo el relevo del general. Pero la Capitanía General permaneció
inalterable en la isla con el beneplácito del gobierno y del ministro de Guerra Azcárraga.
La correspondencia existente entre el ministro de la Guerra y Weyler14 evidenció el apoyo incondi-cional
que siempre tuvieron las actuaciones del marqués de Tenerife.
¿Prensa patriotera o prensa al servicio de un partido? ¿Alternancia pacífica de poderes o su utiliza-ción
para silenciar al oponente? Pero ¿por qué justo en ese momento se usaron las informaciones llega-das
de Cuba? ¿Por qué ha perdido Weyler el apoyo de los liberales? Fue a este general al que apoyaron
en detrimento de Martínez Campos. Rafael Gasset, justo un año antes, había desenvainado la pluma
para hacer la misma campaña de desprestigio con el que era entonces capitán general de Cuba, justo a
su vuelta de la isla. Las amenazas de Gasset en aquel momento sí produjeron el relevo por lo que el 18
de marzo Martínez campos entregaba el mando15. Probablemente, el diputado y su partido pensaron que
esta vez ocurriría lo mismo y así ante un cambio de gobierno negociar la autonomía, pero ya sabemos
que eso no se produjo hasta la muerte de Cánovas.
Expediente a El Nacional por la publicación de correspondencia
de Weyler y Azcárraga16
El 4 de octubre de 1897, los liberales-fusionistas encabezados por Sagasta tomaron el poder y la
prensa de ese día dio una idea clara de defensa parcial de los intereses del partido liberal, que ahora
gobernaba, y del partido conservador, que pasó a la oposición. En lo que se refiere a Cuba la política
pretendía ser diferente, y eso pasaba, en primer lugar, por la destitución del general Weyler.
Y mientras la prensa liberal daba por hecho la salida del general de Cuba, la prensa conservadora,
como El Nacional o La Época, publicaron una carta que varios días antes Weyler había hecho llegar al
ministro de Guerra. El expediente que analizamos —abierto en Cuba, donde permanecía el marqués de
Tenerife— que para averiguar quién y de qué forma se había filtrado esta carta a la prensa. Que fuera
publicada el mismo día que los liberales ocupaban el gobierno no podía considerarse como algo casual.
Una vez más, por un lado, la prensa fusionista, en su línea de apoyo cerrado a Sagasta, y la prensa con-servadora,
reticente a aceptar el cambio: dando a conocer al público esta correspondencia privada que-rían
dejar claro el buen papel de Weyler y su política cubana, que era lo mismo que defender la postura
única de Cánovas hasta su muerte.
Así que, un día después de la toma de posesión, El Nacional dedicó una de sus columnas a ensalzar la
figura de Weyler y justificar la publicación de la correspondencia antes mencionada:
11 AHMS, sección 9ª, caja 2510, exp. 20128, f. 9 vto.
12 AHMS, sección 9ª, caja 2510, exp. 20128, f. 10.
13 SORIANO (1999), p. 214.
14 DE MIGUEL (2011).
15 SÁNCHEZ ILLÁN (2007), p. 100.
16 AHMS, sección 9ª, caja 5765, exp. 45498. Expediente de averiguación por carta y telegrama del general en jefe del
ejército de operaciones en Cuba, capitán general de la isla, publicada en el periódico El Nacional.
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Los conceptos que el general Weyler emite en su última comunicación oficial merecen ser conocido de
todo el país para que la Nación juzgue si ha procedido o no con ligereza el señor Sagasta facilitando un
cambio de política inoportuno y peligroso.
Ya no hay manera de volver atrás. El gobierno liberal está comprometido ante la opinión de propios y
extraños a relevar al general Weyler y debe relevarlo sin pérdida de tiempo.
Este insigne caudillo que ha conseguido este año y medio de tenaz trabajo dominar la rebeldía cubana,
reorganizar el ejército, pacificar cuatro provincias, restablecer el espíritu público, afirmar la soberanía
española, normalizar la vida en toda la región occidental y disponer las cosas para un rápido y definitivo
vencimiento de la revolución por el imperio de las armas, teniendo que hacer frente a la guerra en campo
abierto (…) va ser relevado cuando empezaba a cosechar para la causa de España el fruto de tantos es-fuerzos
y sacrificios como llevamos haciendo en defensa de nuestra disputada soberanía.
Relévese pues y cuanto antes: pero sepa España como estaba Cuba cuando desembarcó Weyler en la
Habana y como queda la isla cuando toma el poderla fracción moretista del partido liberal.
En todos los tonos se ha acusado al partido conservador de haber fracasado en la cuestión de Cuba. El
partido conservador no puede negar el fracaso del general Martínez Campos, enviado en los primeros
momentos a la isla: pero así como acepta la responsabilidad de aquella desdichada gestión acepta también
la gloria de haber llevado a Cuba al general Weyler y de haberle sostenido en el mando hasta el último
instante, con notorio provecho para los grandes intereses de la patria, que principalmente se cifran en
respetar la paz por medios honrosos.
El partido conservador ha caído del poder afirmando que el mando del general Weyler era provechoso a la
nación española. El partido liberal sube al poder mediante la afirmación contraria.
Léase el siguiente documento y dígase de qué parte está la razón17.
Y seguidamente se publicó la carta que el general enviaba al ministro Azcárraga el 20 de septiembre:
He de ampliar por escrito mi cablegrama de 16 de septiembre, pues si he permanecido silencioso y sin
formular protesta alguna durante el año y medio que llevo aquí, justo será que haga constar ahora, de un
modo fehaciente y oficial, como se hallaba la isla de Cuba cuando yo me encargué de su gobierno en 11
de febrero de 1896, y como está hoy, bajo un mando que disgusta tal vez a compañeros mío del genera-lato,
que lo censuran a pretexto de disculpar errores que jamás puse en relieve, ya a hombres civiles que
no consideran la nación como acostumbramos a considerarla los educados en la religión del deber y del
sacrificio de la patria.
Duélanme, excelentísimo señor, en estos momentos en que va a finalizar la crisis sanitaria de este ejér-cito
y dar comienzo las operaciones en gran escala en Oriente, las acerbas críticas que de mis gestión
se hacen por la prensa madrileña, inspirada tal vez en fines políticos, y más que nada, la sospecha de
si alguno de esos rudos ataques que el cable transmite obedece a instigaciones de hombres públicos
influyentes en los partidos18.
¿Se acercaba a la verdad el general? Creemos que bastante, y de ahí que tras la publicación el nue-vo
gobierno liberal mandara abrir expediente de averiguación de cómo habían llegado esas cartas a la
prensa, aunque solo se mencionó el periódico El Nacional. El expediente que se conserva fue la causa
seguida en Cuba.
Practicada por el juez instructor Jorge Garrich Allo, se le hicieron llegar al general una serie de pre-guntas
por escrito —desconocemos si esto fue así por su rango—, a lo que el general pasó igualmente
respuesta el 10 de octubre.
Que la carta oficial que dirigí al Exmo. Sr. Ministro de la guerra en veinte de septiembre último, así
como todas las que durante mi mando he tenido el honor de enviar son redactadas la víspera del correo
por personas de mi confianza y con arreglo a las notas escritas y explicaciones verbales que les doy,
en las cuales van comprendidas las líneas generales, así como los puntos esenciales que en ellas deban
tratarse.
La del veinte de septiembre a que hace referencia el expediente de este certificado, no tenía carácter nin-guno
reservado, por relatar el estado del país al encargarme del mando, todo ello dicho y publicado diver-
17 «Dos espadas», El Nacional, 5 de octubre de 1897.
18 «Al ministro de Guerra», La Época, 5 de octubre de 1897.
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sas veces; y para que sirviera de base de comparación con el estado actual que pasaba a exponer, el cual
también es público, siendo solo una ampliación de un telegrama de diez y seis del mismo mes, como eran
públicas mis impresiones sobre la campaña; y como además ni como relataba desastres ni comunicaba
planes futuros ni impresiones pesimistas sino al contrario muy halagüeñas para la nación, consideré y sigo
pensando que no tenía ningún carácter reservado y como tal, para mayor facilidad por su extensión y el
poco tiempo de que siempre se dispone, pues hay que dejar para última hora su redacción para poder in-cluir
en él los juicios y últimas novedades, después de leído ante por el escribano en presencia del general
Moncada jefe de estado mayor interino, la minuta primera y anotadas entre renglones las observaciones
consiguientes, fue llevada para ponerla en limpio y el aprobado, habiendo puesto este y firmado después
de vuelta a leer por mismo, notando que casi siempre las minutas son diferentes letras, las varias hojas
que componen cada una, cuando no es reservada, no dando orden de que esta se considerara como tal y
finalmente que no sospecho quien pueda haberla facilitado pues todo el personal que constituye el estado
mayor de mi cuartel general me merece absoluta confianza, no habiendo habido tiempo material desde la
aprobación de la minuta hasta que zarpó el correo para que pudiese sacarse copia de ella y enviarla por
el mismo vapor, inclinándome a creer que o tendría nada de particular se hubiere facilitado en Madrid,
puesto que habiendo visto que se había publicado mi telegrama del diez y seis, consideraron no era reser-vada
mi carta del veinte que no era más que una ampliación19.
Igualmente se pidió declaración al general Luis Moncada, general en jefe del Estado Mayor y, al
coronel Juan Escribano, a quienes Weyler había citado como testigos, pero ambos «no se vienen en co-nocimiento
de quien pudo facilitar dicha copia, antes al contrario manifiestan ignorarlo y dicen que no
hubo tiempo material ni lugar para que nadie pudiese sacar la citada copia»20.
Por otro lado, se pasaba oficio para conseguir las cuartillas originales de la carta, que se unió al ex-pediente,
pero no se pudieron comparar con las que supuestamente utilizó la prensa.
Así que para el juez la causa concluye:
Creyendo que la única diligencia que podría dar luz al hecho que motiva este expediente, sería la con-fronta
de las cuartillas la que como antes se deja dicho no puede efectuarse, tengo el honor de elevar a
VE las practicadas a los fines del artículo 532 del código de justicia militar. Habana 17 de febrero de
189821.
¿Quién proporcionó a la prensa esta correspondencia privada? Podemos deducir por lo visto que el
propio Azcárraga fuera el más interesado en que se dieran a conocer los hechos contados en primera
persona por Weyler. Su salida del gobierno quizás le dio la libertad necesaria para hacerlo y refirmar
de aquella forma su apoyo a Weyler, que era lo mismo que un homenaje a la política defendida por su
admirado Cánovas en Las Antillas.
¿Dónde quedaba ahora la protesta encendida de la prensa liberal frente a la denuncia de periódicos
que hacían uso de su libertad de expresión? Soterrada, bajo la defensa, ante todo, de la nueva política
en la guerra.
Causa contra El Nacional por la publicación de correspondencia privada de
Weyler a la reina regente22
El día 30 de diciembre de 1897 varios periódicos de Madrid en su edición de tarde hicieron público
un artículo —que todos convinieron en titular «Protesta de Weyler»— en el que el general escribía a la
reina regente. Se quejaba el general de las palabras del presidente Mackinley en la apertura del parlamento
norteamericano, que consideró un insulto al ejército español.
19 AHMS, sección 9ª, caja 5765, exp. 45498, folio 5-6 vto.
20 AHMS, sección 9ª, caja 5765, exp. 45498, folio 10-14.
21 AHMS, sección 9ª, caja 5765, exp. 45498, folio 56.
22 AHMS, sección 9ª, caja 5765, exp. 45497. Diligencias previas instruidas con objeto de averiguar quién entregó a la
prensa, copia de la instancia elevada a S.M el Rey (q. D.g) por el exmo. señor teniente general don Valeriano Weyler Nicolás,
marqués de Tenerife.
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Así que, una vez confirmadas las noticias telegráficas, Weyler volvió a dirigirse al ministro y, al
mismo tiempo, le hacía una exposición a la reina, que fue la publicada por El Nacional, La Época y El
Correo español, y motivo de polémica:
SEÑORA: Llega hoy el que suscribe ante la representación más elevada de la Patria y del Ejército en
solicitud respetuosa de satisfacciones que estima indispensables á la honra de las armas españolas y á
su propio honor de soldado.
Desde lugar tan alto como la Presidencia de un Estado, y en ocasión tan solemne como la apertura de
unas Cámaras, se han proferido recientemente injurias de tal linaje contra el Ejército de España, que
no pudo imaginar el que suscribe pasaran sin vigorosa y diligente protesta del Gobierno de S. M. Los
heroicos soldados que dan su sangre generosa en los campos de Cuba para mantener intangible la so-beranía
española, han sido cobarde y groseramente insultados á la faz de todo el mundo y confundidos
en una misma execración con aquellas hordas rebeldes de bandidos indignas de todo trato regular y
caballeresco; las medidas adoptadas en aquella guerra con el amparo y la aprobación de un Gobierno
español, son calificadas de infames é impropias de un pueblo culto; las órdenes del general que acaudi-llaba
aquel Ejército, juzgadas de brutales y capaces de horrorizar al mundo civilizado.
Tratárase solo de injuriar a quien tiene la alta honra de dirigirse a V. M., y devoraría esas injurias en silen-cio,
complacido de merecer semejante concepto a quienes tienen por enemigos resueltos de España. Pero
cuando se trata de ofensas que manchan á todo el Ejército, cuando el agravio viene a morder la honra de
aquellos soldados invencibles, generosos y valientes, no puede ni debe tolerar tales acusaciones el general
que ha peleado con ellos, que ha vivido su misma vida, que se ha honrado con mandar el más heroico y
numeroso Ejército de estos tiempos, y cuyas órdenes todas pueden contenerse en el grito sacrosanto de
¡Viva España! (…)
Público ha sido el agravio; pública y amplia debe exigirse la reparación inmediata. No lo pide el que
suscribe, lo reclama imperiosamente el honor de España, ese honor mancillado en el Ejército, represen-tación
viva de la Patria, y cuya primera y más alta investidura corresponde á la augusta persona de S.
M. el Rey. Por tanto, No a título de favor, sino invocando sentimientos de honor y de justicia á que no
puede cerrar sus oídos el Trono, el que suscribe solicita reverentemente de V.M. incline el ánimo de su
Gobierno á procurar para las armas españolas un desagravio indispensable á su decoro. SEÑORA: A los
R. P. de V. M. —VALERIANO WEYLER.
Lo curioso de esta causa, aunque en su lectura parezca lo contrario, fue que la acusación parecía
recaer en Weyler y no en los periodistas que hicieron uso de esta nota. El expediente fue mandado a
abrir por el ministro de Guerra en Real Orden, previniendo al capitán general de Castilla la Nueva que
procediera judicialmente contra Weyler. De hecho, sabemos que la publicidad de esta carta causó alarma
en el gobierno y que el Consejo de Ministros se reunió el mismo día para tratar el asunto.
El gobierno prohibió su publicación en la capital y ordenó que no circulasen en las provincias, sin
embargo, no hubo secuestro de los medios que facilitaron la carta puesto que se conservan los ejempla-res
de La Época, El Nacional y El Correo español, entre otros, que lo publicaron el 30 en su edición de
tarde. El Imparcial decía el 31:
No pensó lo mismo el gobierno, que al día siguiente, bajo la instrucción del juez Ceballos actuando
como secretario Emilio Romeral, interrogó a Weyler haciéndole venir de Barcelona por orden telegráfi-ca
y contestar a su llegada a las preguntas por la sospecha de la filtración a la prensa:
Exmo Señor: Tengo el honor y es mi deber informar a V.E, que dada la índole de los documentos en
cuestión han sido redactados, firmados y remitidos con las reservas y precauciones que en mi concepto
teniendo siempre en mente el derecho incuestionable que me asiste de consultar y leer a personas de
mi confianza asuntos que tan directamente afectaba a mi honra militar y de general en jefe del ejército
de Cuba. A las noticias de V.E., he de agregar que a mí me llegaron TB a las dos de la tarde o sea dos
horas después de entregado mi oficio en el ministerio de la guerra que u a copia de mi instancia estaba
en poder de cierto periódico de la noche nada afecto a mi persona y a cuyo redactor y director nada les
había consultado ni leído. Enterado de que eran públicos los términos de mi instancia, han leído en mi
casa después de las dos de la tarde la copia de la misma varias personas que me visitaron23.
23 AHMS, sección 9ª, caja, 5765, exp. 45497, contuviera nada contrario a las leyes y que al tener noticias de la denuncia por
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El mismo día se procedió al interrogatorio del director del periódico La Época, Alfredo Escobar y
Ramírez, marqués de Valdeiglesias, preguntándole en primer lugar quién le había proporcionado copia
de la carta y quién había autorizado su publicación:
Dijo que la había copiado del periódico el Nacional que como es sabido se publica dos horas antes de la
que aparece habitualmente La Época. Añadiendo que lo hizo en la ignorancia de que dicho documento
Sobre las sospechas de que fuera desde el propio Congreso desde donde se filtrara:
Dijo que oyó decir en el salón de conferencias del Congreso sin que recuerde las personas que lo decían
dicho rumor referían a que el documento en cuestión había sido proporcionado en el ministerio de la
guerra al periódico El Heraldo de Madrid y consignó dicho rumor en su periódico el declarante como
prueba de que no debía haberse prohibido su circulación; no se especificaba en los dichos rumores que
centro o persona fuera el que hubiera proporcionado el documento.
Ante esta declaración se volvió a interrogar a Weyler con la pregunta de si él mismo había facilitado
la copia a un periódico de la noche:
Dijo que se lo manifestó el diputado señor Figueroa sin expresarle quién la había facilitado y que según
ha oído lo publicó la edición de provincias del Heraldo no haciéndolo en Madrid que sale más tarde
porque según se decía había recibido aviso de un centro ministerial de no publicarlo24.
Preguntado con quién remitió al ministerio de la Guerra la instancia elevada a la reina y si el pliego
iba cerrado, «dijo que con el coronel escribano en pliego cerrado».
Y, finalmente, si podía designar a qué personas había leído la copia y si entre ellas había algún pe-riodista
o director de periódico que podía haber abusado de su confianza:
Dijo que no se la leyó a ningún periodista que no recuerda las personas a que se lo leyó pues tuvo aquel
día varias visitas y se habló con ellas de dicha instancia, pero que todas eran de confianza y de las cuales
no puede suponer la pudiesen copiar25.
Por alusión, el siguiente personaje en ser interrogado fue el director de El Nacional, Adolfo Suárez
de Figueroa, aclarando las declaraciones de Weyler:
Que ignora quien pudiera proporcionársela, pues la persona que le comunico la noticia de que El Heral-do
poseía la copia del citado documento no le indicó el conducto por donde la había recibido. El comu-nicante
de esta noticia fue un redactor de El Nacional, que dijo haberlo oído en el salón de conferencias
del Congreso. El declarante lo puso en conocimiento del general Weyler añadiéndole que puesto que
algún periódico de la noche publicaría la instancia él se proponía hacerlo inmediatamente, utilizando
una copia que poseían, sin manifestarle por qué conducto la había obtenido.
Y preguntado por quién había obtenido la copia26:
Que el día 29 por la mañana visitó al señor marqués de Tenerife con cuya amistad se honra y mientras
aguardaba al general en su despacho leyó un borrador de la instancia que se encontraba sobre la mesa.
Impulsado por un sentimiento natural en un periodista tomó copia del documento estimándolo bastante
curioso para ser conocido del público y dispuesto en todo caso arriesgar las responsabilidades de este
hecho se dijera. Naturalmente no dio noticia al general de haber tomado dicha copia, temeroso de que en
el fiscal de S.M. de los periódicos que había publicado aquel documento lo hizo retirar para su próxima edición de provincias,
ateniéndose de hacer sobre el mismo ningún género de comentario y no autorizándole a nadie para publicar dicho documento,
f.3vto-4.
24 AHMS, sección 9ª, Caja, 5765, exp. 45497, f.8 vto.
25 AHMS, sección 9ª, caja, 5765, exp. 45497, f.8 vto.
26 AHMS, sección 9ª, caja, 5765, exp. 45497, f.9.
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este caso le negara autorización para publicarla. El declarante se entero más tarde de que el documento
auténtico cursado por el conducto del Exmo. Sr. ministro de la Guerra difiere en algunos puntos de la
copia hecha por él publicada en su periódico27.
La siguiente declaración que se adjuntó en el sumario fue la del director de El Heraldo de Madrid,
Augusto Suárez de Figueroa, que se realizó en la redacción del periódico:
Que no es exacto que del ministerio de la Guerra haya nadie facilitado ni al declarante ni a ninguno de
los redactores del periódico de que es director, copia extra, ni siquiera noticia del documento publicado
en la edición de provincias de El Heraldo que por el estado de salud del declarante no presta atención
muy ardua a los trabajos de el periódico pero tiene entendido que uno de los redactores noticieros del
mismo don Adolfo González Rodrigo quien por razón de su cargo frecuenta los círculos periodísticos,
fue el que trajo una prueba de imprenta del citado documento sin que al declara le conste otra cosa, sino
que no lo recibió de manos del autor del mismo, ni de ninguna persona que tenga carácter militar28.
Así que en la misma redacción se pasó al interrogatorio del redactor mencionado:
Que la copia se la facilitó a las dos y media de la tarde de dicho día 30 el sr. director de el periódico El
Nacional que antes de llevarlo a la redacción del periódico El Heraldo la envió por teléfono al periódico
La Publicidad de Barcelona, que seguidamente la llevó a la redacción de El Heraldo entregándola a
las tres y veinte de la tarde a su director adjunto don Augusto de Figueroa; haciendo presente al mismo
tiempo que al ejercito estos actos creía cumplir con un deber de su profesión, pues no creyó fuera reser-vado
el referido documento29.
Los siguientes interrogatorios fueron a las dos personas directamente implicadas en el hecho: el que
entregó la instancia y quien la recibió. El primero, el coronel Juan Escribano y García:
Dijo que efectivamente a las doce menos cuarto salió de la casa del general llevando el pliego al minis-terio
de la guerra y entregándolo a su capitán de caballería que dijo ser ayudante el subsecretario y que
no teniendo encargo de su general de entregarlo personalmente lo hizo en persona de confianza que lo
haría llegar a manos del ministro30.
El subsecretario Manuel de la Cerda declaró:
Que el día treinta de diciembre próximo pasado a las doce de la mañana le fue entregado por su ayudante
de campo el capitán don Pedro de la Cerda y López, un pliego cerrado dirigido al Exmo. Señor ministro
de guerra del cual había sido portador el coronel del estado mayor don Juan Escribano, por orden según
este manifestó el Exmo. Señor teniente general marqués de Tenerife; el cual pliego lo conservó en su
poder hasta que a las tres próximamente de la tarde, llegó al ministerio el Exmo. Señor ministro a quien
se lo entregó cerrado como había venido.
Que al abrirlo el Exmo. Señor ministro no dio conocimiento al declarante ni a ninguna otra persona del
contenido del pliego que se trata.31.
Tras los interrogatorios el juez instructor formó resumen de la causa y, recibido este resumen por el
capitán general se le pasó al auditor para que procediera su dictamen el día 8 de enero:
La actitud en que se han colocado los testigos a quienes se ha recibido declaración hacen imposible por
ahora apreciar con exactitud lo ocurrido en el asunto de que se trata, pero es indudable que sin la vol-
27 AHMS, sección 9ª, caja 5765, Exp. 45497, f.10.
28 AHMS, sección 9ª, caja, 5765, exp. 45497, f.10 vto.
29 AHMS, sección 9ª, caja, 5765, exp. 45497, f.11 vto.
30 AHMS, sección 9ª, caja, 5765, exp. 45497, f.12 vto.
31 AHMS, sección 9ª, caja, 5765, exp. 45497, f.24.
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untad del general Weyler o por lo menos sin un considerable descuido del mismo, aprovechado por un
periodista no muy meticuloso, según su propia declaración, en abusar de la amistad con que le honra el
citado general, no hubiese podido publicarla en los periódicos el escrito en cuestión; y en tal concepto
no puede decirse otra cosa sino que es responsable de la comunicación el Exmo. Señor teniente general
marqués de Tenerife que con su descuido dio ocasión a que el documento de que se trata fuese copiado
sin que esa responsabilidad alcance en el terreno legal a los que publicaron el escrito.
Como separadamente de estas diligencias se instruyen otras para depurar las responsabilidades nacidas
del escrito mismo y de la forma de darle curso, es evidente que en las presentes solo debe tratarse del
hecho de haber consentido su publicación.
Según se expresa en la comunicación, copiada al folio 3, es innegable el derecho del Exmo. Sr. Teniente
general don Valeriano Weyler de consultar sus asuntos con las personas que tenga a bien hacerlo pero no
es menos exacto que el mismo Exmo. Señor ha debido observar mayores precauciones.
La falta de precauciones no se halla especialmente definida en, los códigos, pero los acci-dentes
de la vida en la actual manera de ser de nuestra sociedad ha señalado la necesidad de
definirlos, (…) porque la frecuencia con que se registran hechos análogos ha enseñado especialmente
a las personas de elevada posición a guardarse mucho de ser víctimas de ellos viniendo de ese modo a
constituir una obligación a que todas esas personas deben guardar culto, que para los militares debe ser
una verdadera idolatría y sin esas precauciones se hallan expuestos a que se malogren los planes mejor
combinados en una campaña.
Claro es que tratándose de su deber de conciencia o mejor dicho de una obligación profesional nacida
del elevado empleo que se ejerce, no cabe exigir en el caso que se trata responsabilidad coercitiva al-guna
procediendo solo en opinión del auditor que V.E. se sirva advertir al Exmo. Señor teniente general
don Valeriano Weyler que en lo sucesivo procure evitar actos como el que ha servido de motivo a estas
diligencias, las que pueden declararse terminadas como comprendidas en el artículo 396 del Código de
Justicia Militar devolviéndoselas para cumplimiento y efectos de estadística, en la inteligencia que para
el expresado efecto debe nombrarse juez instructor de la categoría que determina el artículo 134 del
código citado y secretario de la clase de oficial32.
Pero, según cuenta el Weyler en el libro citado de Mi mando en Cuba (Weyler, 1910), se llegó
a solicitar al Senado —era senador vitalicio— autorización para procesarle, la que fue denegada,
aunque transcurrido bastante tiempo33.
Conclusiones
Se ha visto, por tanto, cómo el 30 de diciembre de 1896 se dio el primer caso de censura abierta
por parte del gobierno desde el comienzo de la guerra que podamos constatar. Los partidos de turno, el
conservador, contra el liberal, llevaron su disputa a la prensa en sus distintas visiones de cómo se debía
atajar el conflicto.
Al abordar el análisis de tratamiento y manipulación de la información en la guerra de la indepen-dencia
de Cuba, se partía de un escenario complejo, como siempre lo es un periodo de guerra, pero con
la premisa de que la actuación de la prensa y el poder que influyó sobre ellos no varió sustancialmente
respecto al periodo de paz precedente, ni posterior. La información y la veracidad, la libertad de prensa
y el derecho a la información ya adolecían de rigor en la práctica: nada empieza totalmente de cero, ni
nada termina de manera abrupta.
No era nuevo el interés de los políticos por controlar los flujos de información, y el liberalismo no
renunció a intervenir; la prensa entre 1895 y 1898 fue un reflejo de las luchas de poder entre conserva-dores,
liberales y los advenedizos carlistas y republicanos. Los medios estaban sumamente condicio-nados
por la ideología que representaban y delegaron, en general, la función informativa en aras de la
propaganda partidista.
Se ha hablado de legislación seudoliberal porque ni una constitución que en principio abogó por la
libertad de expresión ni una ley de imprenta con pretensiones progresistas consiguieron evitar ni la cen-
32 AHMS, sección 9ª, caja, 5765, Exp. 45497, f.28-29.
33 WEYLER (1910), p. 385.
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sura encubierta ni la manipulación y desinformación, como tampoco la publicación de bandos militares y
suspensión de garantías. Prensa y poder político fueron una sola cosa y, por tanto, los periódicos fueron el
reflejo de la negligencia política ante el conflicto.
Tres fueron los elementos forjadores de la censura: en primer lugar, el papel del gobierno, que ejerció
su control a la perfección. La desinformación, o el exceso de informaciones contradictorias, era otra
forma de censura y conveniente para crear una realidad paralela. La tercera forma se dirigió a controlar
la fuente. Tanto Cánovas como Sagasta necesitaron atar en corto a la opinión pública, así que el grado
de libertad de prensa quedó enmarcado en la misma forma de poder caciquista de la Restauración al que
se sumó un contexto de guerra.
Ha sido necesario, por tanto, realizar una revisión del estado de la cuestión existente hasta ahora. El
hallazgo y análisis de varios consejos de guerra a la prensa, expedientes de censura y cierre de perió-dicos,
así como el estudio de los numerosos suplicatorios llegados a las Cortes, nos permiten concluir,
como hemos expuesto, que durante la guerra de Cuba hubo desinformación y censura; no se dio el
entorno de información y comunicación libres que permitieran conocer con garantías lo que ocurría, lo
que le afectaba y en qué medida, y tomar sus decisiones con el máximo de libertad. La prensa fue un ins-trumento
más en las manos del gobierno a la que persiguió cuando no sirvió a sus intereses. Su libertad
fue limitada por una intervención del poder político constante y arbitrario.
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