Estudio del proceso normalizador para la elaboración de las cuentas del Tesorero General de las rentas generales, 1740-1755

              Anuario de Estudios Atlánticos
ISSN 2386-5571, Las Palmas de Gran Canaria. España (2017), núm. 63: 063-006, pp. 1-15 1
© 2017 Cabildo de Gran Canaria. Este es un artículo de acceso abierto distribuido bajo los términos de la licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional.
* Facultad de Economía, Empresa y Turismo. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Campus de Tafira. 35017. Las
Palmas de Gran Canaria. España. Teléfono: +34 669208217; correo electrónico: merce-des.calvo@ulpgc.es
ESTUDIO DEL PROCESO NORMALIZADOR PARA LA
ELABORACIÓN DE LA CUENTA DEL TESORERO GENERAL DE LAS
RENTAS GENERALES, 1740-1755
ARMONIZATION REGULATION TO THE ACCOUNTABILITY BY
GENERAL TREASURER FROM THE CUSTOMS, 1740-1755
Mercedes Calvo Cruz*
Recibido: 29 de febrero de 2016
Aceptado: 5 de abril de 2016
Cómo citar este artículo/Citation: Calvo Cruz, M. (2017). Estudio del proceso normalizado para la elaboración
de la cuenta del Tesorero general de las rentas generales, 1740-1755. Anuario de Estudios Atlánticos, nº 63: 063-
006. http://anuariosatlanticos.casadecolon.com/index.php/aea/article/view/9929
Resumen: El gobierno borbónico implantó numerosas reformas económicas y fiscales en el siglo XVIII ante la
existencia de distintos regímenes tributarios. Estos cambios fueron conformando el marco institucional de una ad-ministración,
cuyo poder político perseguía unificar y centralizar la información de carácter económico y contable,
procedente de los diversos territorios.
La Tesorería general fue una de las instituciones fundamentales en el proceso de control de la administración de
la Real Hacienda a mediados del siglo XVIII.
El objetivo de este trabajo es el estudio, análisis y evolución de las normas de carácter contable que debían apli-carse
en la elaboración de la cuenta del tesorero general de las rentas generales. Todo ello nos permitirá establecer
algunas conclusiones respecto a la estructura organizativa y administrativa de la Corona, al método contable apli-cado
y a la contabilidad como una herramienta de control para el poder político, redundando en una gestión más
eficaz.
Palabras clave: Tesorería General, control contable, aduanas, España, siglo XVIII
Abstract: The Bourbon government implemented many economic and fiscal reforms in the eighteenth century.
These changes were shaping the institutional framework of an administration, whose political power sought to
unify and centralize economic and accounting information, from the different territories. General Treasury was
one of the key institutions in the process of management control of the Spanish Public Treasure in the middle
eighteenth century. The aim of this paper is the study, analysis and evolution of accounting standards to be applied
in the preparation of the income of the [tesorero general] General Treasurer from the customs. All this will allow
us to establish some conclusions regarding the organizational and administrative structure of the Spanish Public
Treasure; the accounting method applied how the accounting constitutes a monitoring tool for political power,
resulting in more effective management.
Keywords: General Treasury, accounting control, customs, Spain, XVIII century
Mer cedes Calvo Cr uz
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ISSN 2386-5571, Las Palmas d 2 e Gran Canaria. España (2017), núm. 63: 063-006, pp. 1-15
Introducción
Las reformas establecidas en materia económica y fiscal por el gobierno borbónico en el siglo XVIII,
ante la existencia de distintos regímenes tributarios y el sistema de arrendamiento como método re-caudatorio
de los tributos, cuya principal fuente de recaudación de impuestos lo constituían las Rentas
Provinciales, las Rentas Generales y los Estancos, son sobradamente conocidas.
Estos cambios se plasmaron mediante la creación o la dotación de una nueva orientación de las
instituciones públicas hacia una administración directa y la emisión de normativa en torno a la gestión
de las rentas públicas. Todo ello fue conformando el marco institucional de una administración, cuyo
poder político perseguía unificar y centralizar la información de carácter económico, procedente de los
diversos territorios. La búsqueda de ese objetivo, cuyo último fin era conocer exactamente los caudales
con los que contaba la Real Hacienda y tomar las decisiones convenientes respecto a su aplicación, llevó
a estimar los cargos necesarios y su nivel jerárquico; la necesidad de delimitar las funciones de cada
agente implicado en la gestión de las rentas y planificar, de forma detallada, cómo debían elaborarse y
presentarse las cuentas y toda la documentación de carácter económico y contable.
Diferentes trabajos han ido mostrando estos cambios de la hacienda española, en general y/o en
particular, referidos al siglo XVIII, entre los que destacamos los de Canga Argüelles (1833), Toleda-no
(1963), Garzón Pareja (1984), Merino (1987), González Enciso y otros (1992) y Gutiérrez Robles
(1993). Asimismo, también existen trabajos que versan concretamente sobre la fiscalidad, como los de
García-Cuenca (1983, 1990 y 1991); Bilbao (1984), con expresa referencia a las rentas generales y las
provincias exentas, respectivamente; y Zafra (1984) nos plantea algunas fuentes para su estudio en la
segunda mitad del siglo XVIII.
Posteriormente, las palabras de Dedieu y Ruiz1 con las que comienzan uno de sus trabajos, La his-toria
institucional de la Real Hacienda está todavía por escribir, seguramente animó a otros autores a
adentrarse en el tema, como así lo justifican los trabajos, entre otros, de Torres Sánchez (1997, 2008,
2009 y 2012), Castro Monsalve (2004), Dubet (2005 y 2010) y Solbes Ferri (2006, 2009 y 2010) que se
han realizado desde entonces y que han ido desgranando ese marco institucional.
No obstante, el profesor Solbes Ferri (2012, p.149), señaló recientemente, sobre las referidas pala-bras
de Dedieu y Ruiz, “que, hoy por hoy, ya no es posible sustentar esta afirmación”, como así trata
de demostrar en este trabajo sobre el control del gasto y la Tesorería General, a pesar de reconocer que
la historia de la Tesorería General no esté ni mucho menos concluida. Todo lo contrario, la proli-feración
de estudios contribuye, si acaso, a abrir un mundo de posibilidades alrededor de ella que
merece la pena tratar de compendiar, pues trascienden incluso el marco del propio organismo o
el de la historia institucional para ofrecer interesantes perspectivas en la historia2.
Pues bien, estas palabras de Solbes Ferri, las que en su día dieron Dedieu y Ruiz (1994), y las de
Merino3, en su trabajo sobre las cuentas de la Administración Central Española de 1750 a 1820, donde
señala: El tema necesita todavía estudios más serios, ligados como es lógico a la práctica contable, jun-to
con los trabajos existentes sobre la administración de la hacienda pública en el siglo XVIII, nos han
hecho reflexionar e invitado a investigar en este campo a través de la vía privilegiada de aproximación
metodológica a la historia económica y, en general, a la historia de toda clase de hechos y activida-des
que hayan generado registros contables, como así denomina Hernández Esteve4 a la Historia de la
Contabilidad. Nuestra intención es aportar nuevos datos que complementen o contribuyan a una mejor
comprensión de las actuaciones del poder político en la gestión económica de la Hacienda, que derivó
en la centralización de la información económica y contable.
Para ello, tomamos como ejemplo la TESORERÍA GENERAL, institución que ha sido considerada como
pieza clave en el proceso de control de toda la estructura de la administración de la real hacienda a mediados
1 DEDIEU y RUIZ (1994), p. 77.
2 SOL BES FERRI (2012), p. 149.
3 MERINO (1987), p. 17.
4 HERNÁNDEZ ESTEVE (2010), p. 25.
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del siglo XVIII. Esta institución debía recibir, a su vez, las cuentas de los tesoreros generales del reino. En
nuestro caso, vamos a estudiar, analizar y explicar la normativa emitida por el Estado, de carácter económico
y contable, que debían aplicar todos los tesoreros generales en la rendición de sus cuentas.
Nos ceñiremos al período comprendido entre 1740, inicio de la administración directa de las rentas
generales por parte de la Real Hacienda, y 1755, intervalo temporal en el cual se aborda la implemen-tación
de normas específicas de naturaleza contable para regularizar el proceso de rendición de cuentas,
tanto de los tesoreros generales como de los particulares, es decir, de los diferentes partidos o aduanas
y demás cargos implicados como, por ejemplo, los contadores. Además, se da en 1755 la primera rendi-ción
de cuentas del tesorero general de Canarias donde se aplica este sistema.
Este estudio nos permitirá extraer las normas contables recogidas en los diversos Reales Decretos,
Reales Ordenes e Instrucciones, analizar su contenido y observar su evolución y los cambios que pu-dieran
provocar en la contabilidad y en el entorno, es decir, en las instituciones implicadas. A la par,
detectar las posibles influencias del entorno y el control que pudieron ejercer las personas involucradas
en la contabilidad.
No obstante, previamente se hace necesario exponer, con brevedad, qué se entiende por rentas gene-rales,
su origen y su composición, en general y en particular para Canarias.
Todo ello nos llevará a establecer algunas conclusiones respecto a la estructura organizativa y admi-nistrativa
derivada de la contabilidad; al método contable aplicado; a la jerarquía impuesta por la Corona
plasmada en la contabilidad y su capacidad de control, dado que suministraba la información necesaria
al poder político, toda vez que constituirá una herramienta poderosa, lo que derivará en una gestión más
eficaz.
Este trabajo se suma a otros ya realizados en la línea de investigación sobre “la historia de la contabilidad”
que venimos desarrollando desde hace algunos lustros y, en el caso que nos ocupa, si consideramos el sujeto
que desarrolla la actividad contable, el estudio se adscribe al campo de la contabilidad pública.
La documentación primaria que hemos consultado se encuentra custodiada en el Archivo General de
Simancas (AGS), en diferentes secciones. De estas secciones destacamos el legajo 3.722 de la sección
Tribunal Mayor de Cuentas (TMC) y el legajo 4.936 de la sección Dirección General de Rentas (DGR),
segunda remesa. También se han consultado otras fuentes primarias del Archivo Histórico Nacional
(AHN), principalmente, reales órdenes y decretos.
Las rentas de almojarifazgos, tercias reales y orchilas
La administración de la hacienda española en el siglo XVIII presentaba diferentes tratamientos fisca-les
en función de los privilegios concedidos a determinados territorios y de sus características persona-les.
En este sentido, señala García-Cuenca5 que
el habitar en una determinada zona del territorio nacional, como era el caso de la corona de
Aragón o de las —provincias exentas—, implicaba disfrutar de unos privilegios fiscales que
no estaban al alcance del resto de los habitantes del reino.
Asimismo,
existían otros privilegios que se derivaban de la pervivencia de exenciones impositivas que se
basaban en la adscripción de las personas a la nobleza, al clero o al estado llano, en el ejercicio
de determinadas profesiones y en la situación familiar o personal6.
5 GARCÍA-CU ENCA (1990), p. 27.
6 GARCÍA-CU ENCA (1990), p. 27.
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No obstante, de los diversos impuestos existentes, las rentas provinciales, las rentas generales y los
estancos constituían la mayor aportación, y lo que se conocía como impuestos indirectos7. Si nos centra-mos
en las rentas generales, objeto de nuestro trabajo, se entiende que son
los derechos que se causan en las Aduanas de los Puertos a la entrada o salida de los géneros
en el Reyno, en atención al cuidado y especial protección que dispensa S.M. al Comercio8.
Es decir, que eran un conjunto de tributos que gravaban la importación y la exportación de diversos
productos, aunque, aclara el profesor García-Cuenca9, que se incluyen en esta categoría impositiva algu-nos
tributos o ingresos de la Real Hacienda que no se corresponden con la definición dada, como son la
Renta de Tercias y Orchillas de Canarias, entre otros.
Respecto al origen de estas rentas en España, se encuentra, probablemente, en la dominación romana,
dado que conocían este tipo de imposición bajo el nombre de portazgos. Los godos también la adopta-ron
y los árabes la llamaron Almojarifazgos10. En el siglo XVIII eran conocidas en las islas Canarias,
Andalucía y Murcia con este nombre, mientras que en otras regiones de España recibían otras denomi-naciones.
11
El régimen de cobro de los tributos denominados rentas generales venía haciéndose bajo el sistema
de arrendamiento. No obstante, de 1717 hasta 1733 fueron administradas por cuenta de la Real Hacien-da,
para volver a arrendarse de 1734 a 1739 hasta que por un Real Decreto de primero de Diciembre de
1739 comienza su administración directa a través de sus ministros, como señala el citado Real Decreto12:
Las Rentas Generales de Aduanas por su calidad e importancia, se han considerado siempre
más propias para que se administren de cuenta de la Real Hacienda, que para que se arrienden,
como lo acreditan las providencias que en diversos tiempos se han dado a este fin, maneján-dolas
ya por medio de una Junta, ya por el de distintos Superintendentes Generales hasta fin
del año de mil setecientos treinta y tres; y feneciendo ahora el arrendamiento que entonces se
hizo, he resuelto dar nuevo establecimiento a esta importancia que desde primero de Enero de
mil setecientos quarenta en adelante se vuelvan a administrar y recaudar de cuenta de mi Real
Hacienda.
A partir de 1740 se fueron incorporando nuevas rentas a las denominadas Rentas Generales o de
Aduanas13 y, concretamente, en 1751 se suman las Rentas de Almojarifazgos, Tercias y Orchillas14 de
Canarias a las relaciones de Rentas Generales15.
Por tanto, en este trabajo vamos a tener en cuenta estas tres rentas, como rentas generales, a pesar
de que tan sólo los almojarifazgos podrían considerarse como propiamente de aduanas, al gravar un
determinado porcentaje sobre la entrada y salida de mercancías. Las tercias reales, por su parte, son una
participación de la Hacienda en los diezmos eclesiásticos y la renta de orchillas derivaba de la venta de
la cosecha de la hierba de este nombre16.
Respecto a los derechos de almojarifazgo, parece ser que los tipos de gravamen no gozaron de una
homogeneidad y la valoración de las mercancías se realizaba de acuerdo a un libro aforador, elaborado
7 GARCÍA-CU ENCA (1990), p. 27.
8 RIPIA y GALA RD (1796), tomo IV, p. 180.
9 GARCÍA-CU ENCA (1983), pp. 237-238.
10 GARCÍA-CU ENCA (1983), pp. 237-238.
11 Con el nombre de Diezmos en el Reino de Valencia, en la frontera de Aragón con Navarra y Francia, en las de
Castilla con Navarra, Guipúzcoa, Álava y Vizcaya, en los Puertos de Mar de las Cuatro Villas, en Asturias, Galicia y Mallor-ca;
Puertos Secos a lo largo de la frontera con Portugal; Derecho Ordinario de General en el Principado de Cataluña; y, por
último, Derechos de Tablas en el Reino de Navarra. GARCÍA-CU ENCA (1983), pp. 237-238.
12 RIPIA y GALA RD (1796), tomo IV, p. 185.
13 Se pueden consultar las nuevas rentas que se fueron anexionando en GARCÍA-CU ENCA (1983), p. 243.
14 La orchilla es un liquen tintóreo que se cultiva en Canarias desde antes de la conquista y que estuvo sujeto
a tributación.
15 GARCÍA-CU ENCA (1983), p. 243.
16 GARCÍA-CU ENCA (1983), p. 253.
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a finales del siglo XVII y principios del XVIII, en el que se reflejaba su tasación y las posibles exen-ciones17.
En este sentido, hemos de indicar que en 1715 se elaboró una tabla con las valoraciones de las
diferentes mercancías con las que se comerciaba en Canarias, con el siguiente encabezamiento: Tabla de
Aforar del tpo. de Paces año de 1715. La relación de mercaderías con sus valores se presentaba ordena-da
en forma de abecedario, al margen izquierdo del folio se indicaba la mercadería y al margen derecho
la valoración en reales, como puede verse en la ilustración 1.
Ilustración 1. Tabla de Aforar, 1715
Finaliza esta tabla de valoraciones señalando el porcentaje que deben aplicar los almojarifes en los
puertos de las islas, que es del 6% y del 15 % para los géneros de Hamburgo18:
[…] el valor que debe dárseles para la cobranza de seis por ciento de todo lo que entrare en
estas Islas que tocare en los Puertos de ellas, que es la que deverá practicarse por los Almoja-rifes
de ellos por ahora en el interin S. M. (Dios le gue.) no mandase, tra cosa= Y de los gros.
de Hamburgo 15 por ciento.
17 GARCÍA-CU ENCA (1983), p. 244.
18 AGS, Dirección General de Rentas, segunda remesa, legajo 4.936.
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Por tanto, la renta de Almojarifazgo19
se reduce a un seis por. ciento tanto de entrada como de salida así de lo q. viene de Dominios
estraños y de España como de lo q. pasa de una Isla a otra, excepto algunas menudencias, y
frutos. q. vienen de la Isla de Canaria a esta y los granos q. llegan de Lanzte. y Fuerteva. en
virtud de una orden de S.M.
Además, debía pagarse el gravamen del 6%, tanto si las mercaderías se destinaban a particulares
como a comerciantes, y en cuanto a la salida expone lo siguiente20:
…y sacándolos en los primeros treinta días siguientes para otra de las Islas, u otro paraje no
deben volver a contribuir nuevos dros. pr. razon de la salida, pero han de jurar no van vendidos
los genes. a otra persona, y si se verificase lo contrario, por pesquisa, o cualquier otro medio
deven pagar el tres tanto arreglado a los Privilegios de S. M. q. tienen las Islas en q. se concede
esta exención con respecto a q. puedan vender en otras partes lo q. no pudieron despachar en
la q. hicieron el desembarco.
A la excepción enunciada se suma la practicada a los eclesiásticos que gozaban de inmunidad del
Almojarifazgo, es decir, no tributaban con el 6%21:
El estado eclesiástico secular y regular le halle en la posesión de gozar de libertad de dros. en
todo lo q. introducen para su uso y para el culto divino en virtud de certificaciones juradas q.
presentan para ello los Prelados p. sus comunidades y los individuos pr. lo q. toca a cada uno.
La Renta de Orchillas22 correspondía únicamente este tributo a las islas realengas, por lo que queda-ban
exentas las islas de Señorío y también contribuyen con el 6%:
que de las tres Islas realengas q. son Canaria, Tenerife y la Palma, y consisten en una herva a
q. naturalmente producen los eminente riscos de q. casi todas ellas se componen.
Respecto a la Renta de Tercias Reales, las define en primer lugar y detalla los cargos que las admi-nistran
y sus funciones23:
Las tercias Rs. consisten en estas Islas en los mismos dos novenos de los diezmos q. se redu-cen
en España. Gózalas S. M. en estas tres Islas Realengas, pero no en las quatro restantes q.
son de Señorío. Administra el todo de los Diezmos el Cavildo de la Santa Iglesia Catedral de
Canaria, y de su Casa de Quentas salen cada año los recudimientos para los gozes respectivos
del Rey, Obispo y Cavildo.
El análisis realizado nos muestra un sistema tributario específico, con un tratamiento diferenciado
para las islas Canarias. De acuerdo con lo referido podríamos afirmar que tanto la Renta de Almojarifaz-go
como la Renta de Orchillas eran impuestos indirectos cuyo tributo del 6% era aplicado a un numeroso
19 De acuerdo con lo establecido en un documento de 30 de octubre de 1755. AGS, Dirección General de Rentas,
segunda remesa, legajo 4.936.
20 De acuerdo con lo establecido en un documento de 30 de octubre de 1755. AGS, Dirección General de Rentas,
segunda remesa, legajo 4.936.
21 De acuerdo con lo establecido en un documento de 30 de octubre de 1755. AGS, Dirección General de Rentas,
segunda remesa, legajo 4.936.
22 De acuerdo con lo establecido en un documento de 30 de octubre de 1755. AGS, Dirección General de Rentas,
segunda remesa, legajo 4.936.
23 De acuerdo con lo establecido en un documento de 30 de octubre de 1755. AGS, Dirección General de Rentas,
segunda remesa, legajo 4.936.
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grupo de mercancías. No obstante, ambas Rentas junto con la de Tercias Reales gozaban de algunas
excepciones24 en las que había que considerar si las mercancías salían antes o después de 30 días desde
su desembarco y si el destino era la comunidad eclesiástica en el caso de los Almojarifazgos. Respecto
a la Orchilla y las Tercias, quedaban exentas de este tributo las islas de Señorío.
Normas contables para la elaboración de la cuenta del tesorero general
En este trabajo vamos a centrarnos en la normativa vigente que afectó, de manera directa, a las rentas
generales, a su gestión, administración, rendición de cuentas y su revisión y, concretamente, a la elabo-ración
de la Cuenta del tesorero general en el período referido.
En julio de 1755 el tesorero general de Canarias, D. Matías Bernardo Rodríguez Carta, presenta las
cuentas relativas a las rentas generales del período de 1744 a 1753. D. Matías Bernardo Rodríguez Carta
ejerció de tesorero general de Canarias desde el 11 de julio de 1744 hasta abril de 176125. Como puede
observarse, esta rendición de cuentas abarca 10 años y arranca desde la toma de posesión del cargo de
tesorero, en 1744, como así informa el encabezamiento de la propia cuenta26, que reproducimos en la
Ilustración 2 y transcribimos, para facilitar su lectura:
Ilustración 2. Cuenta general del tesorero de Canarias, 1755
Relación Jurada, y Cuenta Ordenada que Y. Dn. Mathias Bernardo Rodríguez Carta Thesorero
Gral. por S. M. de su Real Hacienda en estas Islas de Canaria, y en el Tribunal de la Contaduría
Mayor de ellas de S. M. de todos los caudales, que han entrado en mi poder por la administra-ción
de las rentas de Almoxarifazgos, Tercias y Orchillas que es a cargo de Dn. Juan Domingo
de Franchy, y empieza mi cargo desde el día once de Julio de mil Setecientos, quarenta, y qua-tro,
Quinto de dha administración hasta fin de diciembre de mil setecientos cinquenta, y tres.
La qual con distinción de cargos y datas es en la forma siguiente.
24 Puede consultarse CAL VO (2006), pp. 3-5.
25 Puede consultarse al respecto SOL BES (2009), p. 224.
26 AGS, Tribunal Mayor de Cuentas, legajo 3.722.
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En el citado encabezamiento, el tesorero general menciona que la administración de estas rentas corre
a cargo de D. Juan Domingo de Franchy27, quien fue administrador general de las islas desde 1740.
También se indica que es el quinto año de administración. Entendemos que se refiere a los años
transcurridos desde la implantación de la administración directa, cuyo comienzo tuvo lugar en 1740,
como ya hemos señalado anteriormente. Lo cual nos lleva a partir de la hipótesis de que la Cuenta Ge-neral
que nos ocupa se debió de elaborar de acuerdo a la normativa emitida para la gestión directa de
las rentas generales en el período que abarca. Y, por tanto, nos preguntamos qué normas se dieron para
su elaboración.
En este sentido, entre 1740 y 1755 observamos que se emitieron varios Reales Decretos y Órdenes
al objeto de regular la administración económica e incidir, especialmente, en la contabilidad. Además,
se lleva a cabo un proceso de reestructuración de las diferentes instituciones públicas implicadas en el
proceso de recaudación, rendición de cuentas y su verificación. Asimismo, se determinan los cargos
relativos a las personas que desempeñarían estas funciones y cuáles debían ser sus responsabilidades.
La citada legislación se recoge en los siguientes textos:
1. Real Decreto de 1 de diciembre de 1739, para que se administren de cuenta de la Real
Hacienda las Rentas Generales28.
2. R.O. de 19 de marzo de 1743, Planta y Reglas que por punto general deben observarse
en la Thesorería Mayor, sobre el ingreso y distribución de caudales: facultades, que privativa-mente
tocan, y residen en el Thesorero General […] y obligaciones de los tres contadores [...]29.
3. Ordenanza de 3 de diciembre de 1749 para la Dirección y Contaduría principal de
Rentas Generales30.
4. Ordenanza de 19 de diciembre de 1749, manda su Excelencia se observen inviolable-mente
desde primero de Enero del año de mil setecientos y cinquenta, se previene en el XII,
XIII y XVIII31.
5. Resolución de 28 de Octubre de 175232.
6. Real Decreto de 8 de mayo de 175333.
7. Instrucción de 10 de diciembre de 1753, para el gobierno de la Tesorería General34.
8. Ordenanza de 15 de Diciembre de 1755, que el Rey manda observar para la Dirección,
Contaduría Principal y Tesorería en la Corte, de las Rentas Generales del Reyno, que se admi-nistran
de cuenta de la Real Hacienda35.
En este etapa, también contamos con una instrucción específica para Canarias, Instrucción de las
reglas que deben observar los Almojarifes de las Aduanas de estas Islas en orden a relaciones mensua-les
y generales, formación presentación y fenecimiento de sus cuentas36, dada el 4 de marzo de 1754.
Esta Instrucción, netamente contable, fue emitida por la Contaduría Principal de Canarias y plasmó,
de forma expresa, cómo debían elaborar sus cuentas, tanto en su contenido como en su estructura, los
administradores37.
27 Para mayor información puede consultarse SOL BES (2009), pp.151-152.
28 RIPIA y GALA RD (1796), tomo IV, p. 185.
29 A.H.N. Legislación Histórica de España. Consulta por Tesauro.
30 Esta Ordenanza de 3 de diciembre de 1749 es mencionada por GARCÍA-CU ENCA (1983), p. 240. No obstante,
describe el sistema de administración de las Rentas Generales de 1740 a 1774, de acuerdo a la Ordenanza de 15 de diciembre
de 1755.
31 A.H.N. Legislación Histórica de España. Consulta por Tesauro.
32 Esta Resolución de 28 de octubre de 1752 se cita en la Instrucción de 10 de diciembre de 1753.
33 Este Real Decreto de 8 de mayo de 1753 se cita en la Instrucción de 10 de diciembre de 1753.
34 RIPIA y GALA RD (1796), tomo III, pp. 178-200.
35 RIPIA y GALA RD (1796), tomo IV, pp. 186-192.
36 Archivo General de Simancas (AGS), Dirección General de Rentas (DGR), segunda remesa, legajo 4.936.
37 Esta Instrucción fue objeto de otro trabajo que puede consultarse en CAL VO (2014).
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A continuación analizaremos las normas referidas al objeto de observar y extraer los aspectos eco-nómico-
contables que contienen y debían aplicarse, en general, en la elaboración de las cuentas y en el
proceso de organización contable y, concretamente, en la confección de la cuenta del tesorero general.
El cambio en la administración comienza con el Real Decreto de 1 de diciembre de 1739, para que se
administren de cuenta de la Real Hacienda las Rentas Generales. En primer lugar, se procedió al nom-bramiento
de determinados cargos y, en segundo lugar, se crearon las instituciones que debían gobernar
la Real Hacienda, configurándose una estructura administrativa que favoreciera la gestión de las rentas
de manera más eficiente y, lo que quizás era más importante, con un mayor control. Se nombró al mar-qués
de Murillo, gobernador del Consejo de Hacienda y superintendente general, para administrar estas
rentas. Bajo su dirección estarían D. Antonio de Pando y a Don. Joseph de Aguirre, como Ministros del
Tribunal de la Contaduría Mayor; y como Contador principal y Jefe de la Contaduría de Rentas Genera-les
a D. Salvador de Querejazu38.
Se puede observar que este Real Decreto no hace referencia a la Tesorería General, sería tres años
más tarde cuando por Real Orden de 19 de marzo de 1743 se recogería todo lo relativo a los ingresos y
distribución de caudales de estas rentas:
PLA NTA Y REGLA S, QUE POR PUNTO general deben observar en la Thesorería Mayor,
sobre el ingreso, y distribución de caudales, que privativamente tocan, y residen en el The-sorero
General, por ser este empleo de honor, y para confianza para su dirección, conforme
convenga al Real servicio: y obligaciones en que están constituidas cada uno de los tres Con-tadores,
por lo respectivo a sus cargos, cuyo establecimiento se ha de observar desde el día de
la fecha en adelante. [AHN]
Asimismo, se detallan las facultades del tesorero y las obligaciones del contador. Destacamos, de las
obligaciones del tesorero general, la de informar mensualmente de los caudales existentes al ministro de
Hacienda, de quién recibirá las órdenes para su distribución (capítulo XVII). Por su parte, el contador
era responsable de […] la legitimidad de los pagamentos, y resguardo de la Real Hacienda es peculiar
instituto de los contadores (capítulo XVII).
Posteriormente, la Ordenanza de 3 de diciembre de 1749:
Ordenanza expedida por el S. Marqués de la Ensenada en Bn. Retiro 3 de Dizre. De 1749, para
la Dirección y Contaduría pral. de Rtas. Gens. del Reyno que se Administran de Cuenta de la
Real Hacienda. [AHN]
Esta ordenanza trató de regularizar la Dirección y la Contaduría Principal de las rentas generales, sus
funciones y obligaciones, y qué medidas debían aplicarse a partir de enero de 1750. Destacamos lo re-lativo
a la Contaduría Principal, institución esencial para la centralización de todas las cuentas, toda vez
que los administradores y tesoreros de aduanas, y el tesorero de la Corte, debían remitirle sus cuentas.
Para ello, la citada ordenanza dedicó varios capítulos en los cuales detalla sus funciones.
En este sentido, debía llevar la toma y fenecimiento de las cuentas, lo cual implicaba su auditoría; la
cuenta y razón de las rentas generales, su distribución y el control de los gastos (capítulo 10). Además,
debía facilitar anualmente esta información a las Contadurías generales de valores y millones. También
constituía parte de sus obligaciones las de custodiar los reglamentos, órdenes de nombramientos y llevar
el control de los empleados en las oficinas de la Corte (capítulo 11). Finalmente, con la información
recopilada debía elaborar puntualmente los estados y relaciones de cuentas generales. Pero el cumpli-miento
de este requisito dependía de la puntualidad de los administradores y contadores de las aduanas
en la rendición de sus cuentas que la Contaduría Principal tenía que exigir.
Respecto a los administradores generales de partidos o aduanas, se les exigió remitir mensualmente a
la Contaduría unos estados con la cuantía de las rentas, salarios y gastos, así como el líquido que resulte
y, posteriormente, esta institución debía enviar el citado estado al tesorero general (capítulo 12). A su
38 RIPIA y GALA RD (1796), tomo IV, p. 185.
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vez, el tesorero general emitía los libramientos u órdenes que se harían llegar a la Dirección del Tribunal
de la Contaduría Mayor a través de los administradores generales. Finalmente, esta dirección despacha-ba
los abonos intervenidos por el contador principal (capítulo 13).
También, los administradores generales o contadores de aduanas, debían formar un estado contable
denominado Relación general de valores, gastos y distribución del líquido de cada año y entregarla al
tesorero general del partido correspondiente, quien lo enviaría a la Contaduría Principal en el mes de
abril del siguiente año. La Contaduría debía revisar el estado contable y hechos los reparos, si fuese el
caso, pasaba la relación al Consejo (art. 18).
Días más tarde, la Ordenanza de 19 de diciembre de 1749, recogió los capítulos XII, XIII y XVIII de
la Ordenanza de 3 de diciembre de 1749, referidos a las obligaciones los administradores generales de
partidos o aduanas, añadiendo una nota al final donde se exigía que las aduanas remitiesen las cuentas
de los productos semanal y mensualmente, y en este último caso:
[…] sin el menor atraso solo se considere en él, el producto, que pudiera estar justificado el día
que cumpla el mismo mes, pues en el siguiente se debe considerar lo que en el antecedente se
dejó de poner por productos de las Aduanas.
También la nota, hacía incidencia en la impuntualidad con la que llegaban las cuentas:
[…] para que las Certificaciones Mensuales de Valores liquidados, y de Salarios, y Gastos,
vengan con la formalidad que hasta ahora, aunque con más puntualidad, que la que se ha ex-perimentado.
(a) Información mensual de las rentas, salarios y gastos, y el líquido resultante
(b) Libramientos u órdenes
(c) Relación general de valores, gastos y distribución del líquido de cada año
Esquema 1. Tesorería General, Contaduría Principal y Aduanas, 1749
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Del análisis de estas dos ordenanzas de 1749 se evidencian las relaciones entre la Tesorería General,
la Contaduría Principal y las Aduanas, conformando una organización contable de la que derivarían
los diferentes estados contables cuya información demandaba la Hacienda Pública. En este sentido,
podemos distinguir tres ámbitos: las Aduanas o partidos de los diferentes territorios, con los agentes
implicados en la elaboración de la contabilidad, como los administradores, contadores y tesoreros; la
Contaduría Principal y la Tesorería General. Para una mejor comprensión de las conexiones entre las
diferentes instituciones hemos elaborado el esquema 1.
No obstante, la realidad fue que no se aplicaban las normas dadas, ni en tiempo ni en forma, causando
graves problemas debido a la tardanza en la rendición de las cuentas por parte de los tesoreros generales
de los diferentes partidos y/o territorios, lo que ocasionaba el retraso en la elaboración y presentación de
la cuenta general del tesorero general de la Tesorería Mayor.
Por ello, se reguló el momento en el cual que se debían rendir las cuentas por parte de los tesoreros
generales de la Tesorería Mayor, que sería al año siguiente del desempeño de su función (Resolución de
28 de octubre de 1752); y también se estableció el período de tiempo que debían ejercer dicho cargo, que
era de un año en alternancia con otro tesorero (Real Decreto de 8 de mayo de 1753)39.
Respecto al contenido de las cuentas, el propio Tesorero General, D. Nicolás de Francia, expuso al
rey los problemas existentes, como sigue:
[…] que con motivo de la ordenación en el presente año de la cuenta de la Tesorería General, que
estuvo a su cargo en los dos antecedentes se ha reconocido que por no observarse por algunos de
los Tesoreros de Exercito, Provincia, depositarios y Pagadores, cuyas cuentas se refunden en la
del Tesorero General, las reglas y método que sigue la Tesorería mayor en las aplicaciones y co-nocimiento
de los ramos de que se deben componer sus cargos, y las clases a que corresponden
sus pagamentos, no solo motivó la dilación en presentar sus cuentas […]40
Estas circunstancias producían una falta de información económica por parte del Estado, lo que
llevaba al desconocimiento de los caudales existentes y a demoras en su disposición y distribución.
Para salvar esta situación, la Real Hacienda emitió la Instrucción de 10 de diciembre de 1753, para el
gobierno de la Tesorería General:
[…] y para que en lo sucesivo remitan y den sus cuentas los Tesoreros, con la debida formali-dad
y antelación que corresponde […]41.
La instrucción contenía 20 capítulos referidos a los diversos motivos de cargo y 36 capítulos para la
data. En el trabajo que nos ocupa, vamos a exponer aquellos contenidos más relevantes, para las rentas
generales y la elaboración de la cuenta del tesorero general.
Respecto a los motivos de cargo, en las primeras partidas del mismo se han de asentar los caudales
que se reciben del tesorero anterior, tanto en especie, como en efectivo y créditos pendientes de cobro,
vencidos o no vencidos (capítulos I, II y III). También, destacamos la incidencia que se hace en torno
a que se distingan, por separado, los diferentes créditos para su cobro o descuento, detallando en cada
uno de ellos la cantidad, la persona contra quien se dio y la fecha (capítulo VI). Otro requerimiento es
la solicitud de que el producto de las distintas rentas, entre las que se encuentran las rentas generales,
se detallen por separado, [….] en una sola partida al margen, con separación de Partidos, recibos que
vayan dando, a favor de quienes, y en qué días (capítulo VIII).
Una vez que la cuenta reunía todos los cargos, se debía proceder a su revisión en las contadurías
principales, cotejando estos datos con los asentados en los libros de los contadores:
39 Este Real Decreto de 8 de mayo de 1753 y la Resolución de 28 de octubre de 1752 son citados en la Instrucción de
10 de diciembre de 1753.
40 Instrucción de 10 de diciembre de 1753, para el gobierno de la Tesorería General. Juan de la Ripia y Diego María
Gallard: Practica de la Administración […], tomo III, p. 178.
41 RIPIA y GALA RD (1796), tomo III, p. 178.
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Que sumado y fenecido el cargo de las expresadas cuentas, lo han de pasar a las Contadurías
Principales, para que comprobadas todas las partidas de que se compusiere, y siendo iguales
con las que les estuviesen resultadas en los Libros de Intervención […].
Además, el contador debía expedir una certificación ratificando la veracidad de los datos, y de acuer-do
al formato que se indica en la instrucción (capítulo XVIII).
Las anotaciones de la data se asentaban a continuación del cargo, como así se hace constar:
Que a continuación de dicha certificación, y sin pasar a otro pliego, han de principiar los Te-soreros
y Pagadores la data, y lo han de executar del total importe de las relaciones generales
de cada clase, una por una […].
A diferencia de los cargos, las datas se agrupan en 36 categorías diferentes, en función de los diversos
pagos y gastos que se deben efectuar, y donde se detalla el título de cada categoría. De acuerdo con ellas,
los tesoreros debían dar por separado la cuantía total de cada una de ellas.
Finalmente, la instrucción señala que los casos no contemplados en la misma, sobre la clara y me-tódica
formación de las cuentas de los Tesoreros y Pagadores que deben refundirse en la General, se
consulten con el Contador […]. En esta última exigencia se puede advertir el reconocimiento y grado de
confianza que la propia administración depositaba en el contador como persona instruida en el método
y técnicas contables, ante las posibles dudas y cuestiones que pudieran plantear los tesoreros generales
y, por tanto, su grado de poder, toda vez que va a determinar cómo ha de ser esa información que se le
exige al tesorero.
Con estos tres últimos textos, la Real Hacienda pretendía regular no sólo el contenido de las cuentas,
con los diferentes motivos de cargo y data, sino también establecer el momento en el cual dispondría
de la información económica y financiera cada año, acotando el período que recogerían las cuentas y el
momento de su rendición.
Por otra parte, la Instrucción de 10 de diciembre de 1753 deja clara evidencia del método contable
aplicado en la elaboración de las cuentas, como es el de cargo y data, dado que se detallan los diferentes
motivos de los cargos y de las datas. También, la propia cuenta del tesorero general, en su encabeza-miento,
señala:
La qual con distinción de cargos y datas es en la forma siguiente
La aplicación de este método fue frecuente por parte de la Hacienda Real y de otras organizaciones
como la Iglesia, secular y regular, casas señoriales, hospitales y universidades dado que persigue “con-trolar
la gestión de estos agentes y su situación respecto a la organización dueña de los registros, así
como la presentación y rendición de sus cuentas ante la misma”42.
En el caso de la cuenta del tesorero general de Canarias, ya mencionada anteriormente, se muestra
en pliego horadado, rasgo diferencial más destacado de este método, que presenta las cuentas en pliegos
sueltos, de cuatro páginas, agujereados para agruparse y formar un volumen. Esta práctica de agujerear
los pliegos era utilizada en España desde antiguo al objeto de facilitar la ordenación, custodia y archivo
de papeles43.
La normativa expuesta y analizada estuvo vigente hasta 1755 y quedó derogada por la Ordenanza de
15 de diciembre de 1755:
el Rey manda observar para la Dirección, Contaduría Principal y Tesorería en la Corte, de las
Rentas Generales del Reyno, que se administran de cuenta de la Real Hacienda.
42 HERNÁNDEZ ESTEVE (2013), p. 90.
43 HERNÁNDEZ ESTEVE (2013), p. 91.
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Esta ordenanza entraría en vigor a partir de enero de 1756, como así señala su último artículo:
El método que establece esta ordenanza ha de empezar a tener su efecto desde primero de
Enero de mil setecientos cincuenta y seis, y hasta entonces continuará el que prescribe la ante-rior
de Diciembre de mil setecientos quarenta y nueve, cumpliéndose hasta fin del presente lo
mandado en ella. [Ripia y Gallard, 1796]
Por tanto, la elaboración de las cuentas y, en general, la información de naturaleza contable, debió
ajustarse a los procedimientos que hemos expuesto y analizado, contenidos en los diferentes textos
legales. Y concretamente, la cuenta del tesorero general de Canarias, D. Matías Bernardo Rodríguez
Carta, que presentó en julio de 1755, debió de elaborarse bajo las directrices de la Ordenanza de 3 de
diciembre de 1753 y la Ordenanza de 19 de diciembre del mismo año. Asimismo, se considerarían todos
los contenidos de las demás normas expuestas y, en definitiva, esta cuenta y todas las demás rendiciones
de las diferentes aduanas debieron adaptarse al proceso normalizador impuesto por la Hacienda Pública,
para las instituciones y los cargos que las ostentaban.
Consideraciones finales
La situación de la Real Hacienda en el segundo tercio del siglo XVIII presentaba un endeudamiento
considerable y, por tanto, escasez de recursos. La decisión del Estado de implantar la administración
directa, constituyó una maniobra de política económica que buscaba el control de las rentas.
El estudio y análisis realizado de la legislación expuesta, emitida por la Hacienda, al objeto de deter-minar
las nuevas estructuras institucionales, las personas encargadas de ellas y sus funciones y respon-sabilidades,
en torno a las rentas generales, supuso un cambio en el marco institucional, que derivó en la
exigencia de una información financiera más precisa y detallada.
En el caso que nos ocupa, la Tesorería General, una de las instituciones clave para el control de los
caudales, fue estrechamente regulada, tanto su función como la del tesorero general, en quien recayó la
responsabilidad de intervenir todos los cobros e ingresos de los diferentes territorios y elaborar la cuen-ta
general, que consolidaba todas las cuentas y demás información contable de los diversos partidos o
aduanas.
Esta demanda de información por parte del Estado se materializó a través de un proceso de norma-lización
contable, con la emisión de normas mediante reales órdenes, decretos, instrucciones, etc. que
regularan la información que el poder político necesitaba. Esta información fue dada en los diferentes
estados contables que debían elaborar los administradores, contadores y tesoreros, con la periodicidad
requerida y aplicando el método de cargo y data.
Además de establecer una organización contable, es decir, el proceso que debía seguirse en la ela-boración
de los estados contables y en el flujo de la información entre las instituciones implicadas y
los agentes encargados de registrar las operaciones se fue configurando un entramado jerárquico, tanto
político como administrativo.
Por tanto, se aprecia una evolución en el tiempo de las instituciones implicadas respecto a las funcio-nes
asignadas al personal de cada una de ellas, que aparecían detalladas y perfiladas. Al mismo tiempo,
la contabilidad actuó como un instrumento de poder para la Real Hacienda, toda vez que, a través de la
información contable normalizada, podría abordarse la difícil situación financiera, con una gestión más
eficaz y la toma de decisiones adecuadas, respecto a la distribución de los caudales.
Estas circunstancias muestran la influencia que la contabilidad ejerció en las propias instituciones, a
través de las responsabilidades ejercidas por los diversos cargos y la información suministrada, relevan-te
y fiable, a la par que la contabilidad fue adaptándose a las necesidades de los gobernantes, originando
su desarrollo por la vía de la normalización contable.
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