Los incentivos fiscales del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en un contexto de crisis económica / The Canary Economic and Finantial System of Tax Incentives in the context of economic crisis

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LOS INCENTIVOS FISCALES DEL RÉGIMEN ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS
Anuario de Estudios Atlánticos
ISSN 0570-4065, Las Palmas de Gran Canaria. España (2012), núm. 58, pp. 451-486
LOS INCENTIVOS FISCALES DEL RÉGIMEN
ECONÓMICO Y FISCAL DE CANARIAS EN UN
CONTEXTO DE CRISIS ECONÓMICA
THE CANARY ECONOMIC AND FINANTIAL
SYSTEM TAX INCENTIVES IN THE CONTEXT OF
THE ECONOMIC CRISIS
Salvador Miranda Calderín*
Recibido: 7 de junio de 2011
Aceptado: 29 de junio de 2011
Resumen: En este artículo se anali-zan
los efectos de la crisis económica
en los principales incentivos fiscales
del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias, llegando a la conclusión de
que para poco o nada sirven. Sin em-bargo,
para el nuevo período de ayu-das
de Estado 2014-2020 se hace ne-cesario
una reforma que contemple
tanto la supervivencia de los incenti-vos
que priman el ahorro en la impo-sición
sobre beneficios como la dis-minución
de los costes empresariales
de las empresas canarias. Así, tanto
las empresas que generan beneficios
y se comprometen a invertirlos en
Canarias como las que no lo generan
pueden aplicar el REF: las primeras
reduciendo su imposición y las se-gundas
disminuyendo sus cargas em-presariales.
Palabras claves: incentivos fisca-les,
crisis económica, R.I.C., R.E.F.,
reforma.
Abstract: This article examines the
effects of the economic crisis on the
main tax incentives of the special
economic and tax regime of the Ca-nary
Islands (known as the R.E.F.),
reaching the conclusion that for lit-tle
or nothing have served. However,
for the new State aid period be-tween
2014-2020 reforms are requi-red
in order to maintain these in-centives
while stimulating savings in
taxes on profits, such as decreased
running costs and company taxes
for Canary Island businesses. So,
both companies that generate prof-its
and are committed to investing
them in the Canary Islands and
those who do not generate profits
can apply the special tax regime: the
former by reducing their tax burden
and the latter by lowering their run-ning
costs.
Keywords: tax incentives, the eco-nomic
crisis, C.I.R., R.E.F., reform.
* Economista y Dr. en Historia. Dpto. Economía Financiera y Contabili-dad.
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Campus de Tafira, s/n.
35017. Las Palmas de Gran Canaria. España. Teléfono: +34 928 36 43 32;
correo electrónico: salmir@economistas.org
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INTRODUCCIÓN
Qué duda cabe que la política económica y fiscal de una
región europea, incluso de un Estado europeo, ya no se perfila
dentro del contexto físico de la región o de un país en concre-to,
sino que el entramado normativo de la Unión Europea y el
diseño de su política común son los que establecen la pauta a
seguir por todos sus estados miembros. En 2010 y 2011 la Co-misión
europea trabaja activamente para definir la política eco-nómica
regional europea para el período 2014-2020 y atrás que-dó
el esfuerzo legislativo y presupuestario de las diferentes
naciones para acoplarse a la política diseñada en las Directrices
sobre las ayudas de Estado de finalidad regional para el perío-do
2007-2013 (2006/C 54/08, publicadas en el Diario oficial de la
Unión Europea de 4 de marzo de 2006).
En este esfuerzo normativo no quedó atrás España como na-ción
soberana ni la Comunidad Autónoma de Canarias, que tuvie-ron
que adaptar su legislación interna y el Régimen Económico y
Fiscal de Canarias (en adelante R.E.F.) para poder aplicar las ayu-das
de Estado de conformidad con el marco trazado por las direc-trices
comunitarias. En esta adaptación se aprovechó para adecuar
los incentivos fiscales más importantes contemplados en el R.E.F.
a lo que parecía que la sociedad canaria demandaba, de tal forma
que la periódica adecuación estructural que históricamente exige el
conjunto de normas que hacen más habitables este Archipiélago,
que al fin y al cabo es la definición u objetivo principal del R.E.F.,
se hizo con dos finalidades concretas:
ii) adecuar la normativa interna a las directrices comunita-rias
para el período 2007-2013, y
ii) adecuar los incentivos fiscales a la supuesta demanda de
la sociedad canaria.
Y así, en diciembre de 2006, a través del R.D.L. 12/2006, de
29 de diciembre (BOE del sábado 30 de diciembre), se publicó
la reforma de la Ley 19/1994, de 6 de julio, de Modificación del
Régimen Económico y Fiscal de Canarias, y posteriormente el
Reglamento que la desarrolla, el R.D.L. 1758/2007 de 28 de di-ciembre,
que modificaron estructuralmente los principales in-
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centivos fiscales que dieron lugar en 1994 a una importante re-acción
positiva en la economía canaria, ayudada —como siem-pre
a lo largo de su historia— por otros factores exógenos. En-tre
los modificados incentivos fiscales se encuentran la Reserva
para inversiones en Canarias (R.I.C.), la Zona Especial Canaria
(Z.E.C.), la bonificación a la producción y los denominados in-centivos
a la inversión del art. 25 de la Ley 19/1994.
E inmediatamente después de esta notable reforma surge del
más profundo de los abismos la crisis económica actual, que ha
castigado y sigue castigando duramente a los países occidenta-les,
con más fuerza en algunos —entre los que nos encontra-mos—
y con menos en los más previsores y propensos a «ajus-tarse
el cinturón». ¿Es consecuencia esta crisis económica en
Canarias de la reforma estructural realizada? Por supuesto que
no, al igual que el espectacular despegue económico de Canarias
como región en los últimos años tampoco se debió a la Refor-ma
de 1994, pero sí hay elementos que a escala más pequeña
influyen positiva o negativamente en el entorno económico y
entre ellos está, qué duda cabe, el factor normativo interno.
En el último artículo que publicamos en este Anuario anali-zábamos
la evolución del Régimen Económico y Fiscal de Cana-rias
en los 50 años de existencia del Anuario de Estudios Atlán-ticos
(1995-2003), mientras que en éste, seis años después,
pretendemos estudiar y extraer las conclusiones pertinentes so-bre
una cuestión que nos da vueltas en la cabeza: ¿los incenti-vos
fiscales del R.E.F. sirven para algo en un contexto de crisis
económica? Y efectuamos el análisis en un año especial, ya que
en 2012 se conmemora el 100 aniversario del nacimiento de don
Antonio Rumeu de Armas, fundador y director de este Anuario
hasta su muerte, reconocido por todos como un gran historia-dor,
pero que también tuvo mucho que ver con el R.E.F. en su
etapa como procurador en Cortes, labor que destacó don Anto-nio
Béthencourt Massieu en su artículo «Don Antonio Rumeu
de Armas y el Régimen Económico y Fiscal de Canarias»1 y a
cuyo merecido reconocimiento nos sumamos desde estas pági-nas
introductorias.
1 BÉTHENCOURT MASSIEU (2009).
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A nuestro modesto entender, el papel principal que desempe-ñó
Rumeu de Armas en la configuración del texto del R.E.F. de
1972 no fue tanto el de las seis enmiendas que presentó y defen-dió
con el rigor que le caracterizaba, sino la proyección históri-ca
del marco de las tradicionales franquicias fiscales canarias al
momento de la conquista castellana. Proyección que comparten
hoy en día la mayoría de autores que analizamos el R.E.F.
Y comenzamos nuestro análisis aludiendo a la crisis econó-mica
actual en Canarias (apartado 1); para continuar recordan-do
las conclusiones que extrajimos en nuestro último trabajo en
este Anuario sobre el R.E.F. en el período 1955-2003 (aparta-do
2); y luego adentrarnos de nuevo en el período actual para
estudiar la evolución de los principales incentivos fiscales en el
período 1994-2006 (apartado 3); ver cómo la utilización de los
principales incentivos fiscales decae estrepitosamente a partir de
2007 (apartado 4), las limitaciones de la nueva normativa del
R.E.F. vigente a partir de 1 de enero de 2007 al crecimiento de
la economía en cada uno de los incentivos fiscales (apartado 5)
y señalar un ejemplo del régimen sancionador aplicable a los in-centivos
fiscales del R.E.F. después de la reforma de diciembre
de 2006 (apartado 6). Terminamos con unas reflexiones sobre el
nuevo modelo de incentivos fiscales de cara a 2014-2020 (apar-tado
7) y con las principales conclusiones que extraemos del
estudio realizado.
1. LA CRISIS ECONÓMICA EN CANARIAS EN LA ACTUALIDAD
En 2007 comenzó la crisis económica en Canarias, aunque
sus efectos se hicieron más patentes en 2008. El año 2008 fue
especialmente difícil para todos: se hizo evidente el desplome de
la economía —cuestión que ya veíamos en los despachos profe-sionales
desde el año anterior—, se desmoronaron también las
dotaciones de la Reserva para inversiones en Canarias (R.I.C.) y
se puso otra vez de manifiesto la incapacidad crónica de la
mayor parte de los políticos para predecir, planificar y corregir
los efectos de un cambio de ciclo económico. Los que estaban
en el poder, negando hasta última hora lo que era evidente, y los
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que estaban en la oposición, incapaces de arbitrar, proponer y
consensuar medidas eficaces para salir de la crisis.
Históricamente en Canarias hemos estado siempre acostum-brados
a los cambios de ciclos económicos, no por ello entre
unos y otros han dejado de producirse el consecuente caos y
drama social, que se saldaba con hambrunas y con la emigra-ción.
Algo parecido ha vuelto a suceder en la primera década del
s. XXI, aunque ahora los que emigran son los propios inmigran-tes
que llegaron al socaire del anunciado «bienestar».
La crisis financiera mundial y la falta de confianza derivada
de la existencia de «los falsos gurús» de la economía, que de la
noche a la mañana consiguieron la calificación triple A para la
emisión de los títulos que les interesó —con la complicidad de
la ciega autoridad monetaria americana— con la misma rapidez
que posteriormente el mercado los recalificó de «bonos basura»,
arruinando así a sus propietarios; la innovación constante en el
mercado financiero globalizado que ha permitido que las sub-primes
norteamericanas hayan sido financiadas con fondos eu-ropeos
de «conventos de clausura o de orfanatos», por poner
ejemplos extremos; y las facilidades crediticias de la banca es-pañola
—consentidas por nuestra autoridad monetaria— que ha
ofertado préstamos hipotecarios no solo para la adquisición de
la vivienda, los muebles y el televisor, sino también para «llevar
a la niña a Eurodisney como regalo de primera comunión», han
sobrepasado con creces los límites de lo creíble y razonable. Y
así nos va, agravados considerablemente en España por el irra-cional
boom de la construcción que tuvimos. Por poner un
ejemplo cercano: en el municipio de Las Palmas de Gran Cana-ria
se construyeron numerosísimas viviendas a un ritmo vertigi-noso
en los últimos diez o quince años, sin embargo el número
de habitantes en el municipio no dejó de descender en ese pe-riodo.
Era lógico que la promoción y la construcción de vivien-das
entrasen en grave crisis.
Las medidas económicas y financieras adoptadas por el Go-bierno
llegaron tarde, y la inyección financiera estatal a las en-tidades
crediticias —que han ganado en los últimos años más
que nunca— no se trasladaron a las empresas, que asistieron y
aún hoy asisten impotentes a un vertiginoso resquebrajamiento
de su economía y entorno.
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En Canarias, la crisis financiera se unió a la de la construc-ción
y turismo —no solo el número de turistas desciende por la
mala situación económica de los mercados emisores, sino que
los precios se desploman día a día. Ejemplo de ello es que los
tour operadores pagaron 20e a los empresarios del sector en los
meses de diciembre 2008 y enero 2009 por la estancia de sus
clientes no especificados de última hora, la mayoría en esos
momentos, por habitación o apartamento, cuando el precio
normal es de 40 a 50e. Otro ejemplo para que el lector se fami-liarice
con el nivel de precios del sector turístico ¿cómo es po-sible
que con el mismo precio de 30 a 40e se alquile tanto un
coche como un apartamento o la habitación de un hotel? ¡Un
apartamento cuesta entre 150.000 y 200.000e y un coche no
más de 15.000 e!—, y se trasladó al resto de sectores: el comer-cio
cerró los años 2008 y 2009 con un descenso anual entre el
30 y 40 % en ventas respecto al año anterior, el mercado de pa-sajeros
entre las islas se ha visto mermado considerablemente y
el resto de los servicios también se ve notablemente afectado.
En 2010 el comportamiento de la economía ha sido casi el
mismo, si bien con una ligera mejoría en el sector turístico y en
las empresas que realizan su actividad en torno al puerto: avi-tuallamiento
a buques, servicios, etc. Quizás el peor ejercicio
económico de las empresas canarias haya sido 2009.
Una mejoría coyuntural se ha observado en el primer trimes-tre
de 2011 en el sector turístico, debido a los desvíos de clien-tes
de los mercados emergentes como Egipto y Túnez, que ha
aportado un leve respiro a las maltrechas cuentas de explotación
del sector hotelero, pero que sin embargo ha sido magnificado
por la prensa y los políticos. La mejoría, repetimos, ha sido solo
coyuntural y las ocupaciones después de la tardía Semana San-ta
de 2011 así lo confirmaron.
Inmersos en la misma crisis económica que en 2008, que
desgraciadamente continua con todos sus devastadores efectos
en 2011, transcurrió el año 2009 para las empresas canarias. El
efecto de la crisis afecta a las empresas, y también a las institu-ciones
públicas, que ven mermados sus presupuestos de ingre-sos
casi diariamente y que han de realizar recortes drásticos en
sus aplicaciones a la sociedad. Así observamos cómo el sector
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cultural sufre los lógicos efectos del recorte de subvenciones en
porcentajes comprendidos entre un 10 y un 30 %. Y desgracia-damente
poco o nada puede hacerse en el aspecto cuantitativo,
ya que los ingresos públicos son los que son, pero sí en el aspec-to
cualitativo: en el que ha de debatirse no la cantidad que se
asigna, sino la forma en la que se asigna y a quién se asigna. Así
observamos cómo el Gobierno de Canarias, Cabildos y Ayunta-mientos
priman determinados proyectos que quizás no sean los
más necesarios en estos momentos para la sociedad canaria, y
al contrario, imposibilitan con sus recortes el normal funciona-miento
de otras instituciones de utilidad pública en las que se
encuentra buena parte de nuestras raíces históricas.
Ello nos obligará a debatir a corto plazo, entre otros asun-tos,
el de la asignación óptima de los recursos públicos —en los
que, por supuesto, deberá priorizarse la sanidad, educación y la
asistencia a los más desfavorecidos— al sector cultural, para
que instituciones centenarias y de la importancia de El Museo
Canario no tengan que cerrar temporalmente sus salas de lectu-ra
y documentación abiertas gratuita y eficientemente a todos
los investigadores de nuestro acervo histórico, como ocurrió
durante 2010.
Tampoco podemos permitirnos el continuo derroche que se
produce en muchas administraciones públicas —entre ellas las
corporaciones municipales—, debiendo servir la crisis económi-ca
para exigir a políticos y funcionarios un modelo de actuación
más eficiente que el actual. Sencillamente no podemos permitir-nos
en Canarias tantas esferas administrativas que se solapan
competencias continuamente y que resultan tan poco eficaces
desde el punto de vista económico.
Abordando ya el estado específico de los incentivos fiscales
del R.E.F. en los años 2007, 2008 y 2009 hemos observado cómo
cada vez son menores las dotaciones a la R.I.C. que se efectúan
por los empresarios y cómo existen serias dificultades para
cumplir con las obligaciones de materialización asumidas. La
crisis tiene indudablemente gran parte de la culpa, aunque tam-bién
la falta de previsión del empresariado y la poca colabo-ración
de la entidades financieras y la propia Administración
pública.
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El empresariado canario es el que tenemos, con sus virtudes
y carencias, y bastante hace ahora con luchar día a día para
salir adelante en unas circunstancias especialmente adversas,
pero más y mejor podía haber planificado sus recursos en la
época de bonanza. Las entidades financieras siguen en su línea
habitual de atesorar los máximos beneficios posibles, comporta-miento
que no ha de ser criticable, ya que son empresas priva-das,
pero que sí podían haber sido obligadas por el Gobierno
estatal, ante la avalancha de fondos que se les inyectó, a colabo-rar
un poco más con las empresas faltas de liquidez (la gran
mayoría). Y finalmente, la Administración pública, que en estos
tres-cuatro años de crisis ha sido incapaz de planificar inversión
alguna que pudiera ser financiada con fondos R.I.C., para así al
menos ofrecer una alternativa de materialización a las empresas
que teniendo fondos financieros o capacidad de endeudamien-to
pudieran así satisfacer sus compromisos de inversión.
Buena prueba de que no toda la materialización pendiente
del ejercicio 2005 fue invertida en 2009 —el 31 de diciembre de
2009 era la fecha tope para realizar esas inversiones— es la
demanda tan grande que tuvo la emisión de deuda pública
R.I.C. del Cabildo de Gran Canaria. Fue la única institución que
ofertó títulos para la R.I.C. en 2009, quedándose esa vez fuera
la Comunidad Autónoma de Canarias y el Cabildo de Tenerife.
El resultado de tan escasa oferta fue que de cada 100 títulos
emitidos se demandaron casi 300; todo lo contrario de lo que
ocurrió el año 2008, en el que siguiendo el mismo ejemplo se
ofertaron 100 títulos y solo se demandaron 30. ¿Comportamien-to
atípico de las empresas?: cierto; pero situación que podría
haberse corregido sabiendo con antelación, a través de los co-rrespondientes
sondeos entre los empresarios, la demanda que
existía. La consecuencia final: que una parte de los compromi-sos
de inversión de las empresas que dotaron R.I.C. en 2005 no
ha sido correspondida, precisamente en uno de los años en que
más que nunca necesitamos que se invierta en Canarias.
La finalización del plazo de materialización el 31 de diciembre
de 2010 de la dotación 2006 fue aún más dramática, ya que todas
las empresas que esperaban la emisión de bonos R.I.C. por parte
del Cabildo de Gran Canaria —la única institución que había
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anunciado su emisión y el Ministerio de Economía y Hacienda no
se la había negado— no llegó finalmente a ser autorizada. Se supo
en diciembre de 2010, por lo que no fue posible reacción o alter-nativa
alguna: la mayoría de las empresas habrán de regularizar
las dotaciones R.I.C. 2006 en sus declaraciones del Impuesto sobre
Sociedades de 2010, a liquidar en julio de 2011, pagando los im-puestos
que se ahorraron en su día. Para algunos será una buena
noticia, pero no para Canarias, ya que no se producirá el efecto
dinamizador de la inversión, aunque fuese el Cabildo el que lo
realizase con fondos R.I.C.
Para evitar que suceda lo mismo en 2011, los presupuestos
de los Cabildos de Gran Canaria y Tenerife y los de la Comuni-dad
Autónoma han previsto las respectivas emisiones de bonos
R.I.C. en el mes de octubre o noviembre de 2011, con las que los
empresarios podrán cubrir sus desfases de inversión de la dota-ción
R.I.C. 20072.
2. LA EVOLUCIÓN DEL R.E.F. EN EL PERÍODO 1955-2003
Nos referimos ahora al período 1955-2003, que analizamos
en nuestro anterior artículo en el Anuario de Estudios Atlánticos,
y del que haremos una síntesis que nos sirva como recordatorio
de la evolución del R.E.F. en esa época.
El Régimen Económico y Fiscal de Canarias evolucionó más,
para bien o para mal, en el período 1955-2003, que en todos los
años juntos en que se fue gestando desde la Conquista castella-na
del Archipiélago. Solo los hechos producidos en años concre-tos,
como 1852, con la declaración de «puertos francos» o en
1900, con la implantación de la franquicia al consumo, están a
2 Mediante la emisión de bonos R.I.C. las corporaciones locales financian
determinados proyectos de inversión que tendrían que esperar épocas mejo-res
para ser realizados o que tendrían que ser financiados a tipos de interés
de mercado, mucho más altos que la rentabilidad ofertada a las empresas
que suscriben los bonos como materialización de la R.I.C. A su vez, las em-presas
se benefician de una imposición más baja al consolidar los compro-misos
de inversión asumidos con la dotación R.I.C., que compensa la baja
rentabilidad de los bonos. Tanto las instituciones como las empresas se be-nefician
de esta fórmula.
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la altura de los acontecimientos producidos en ese espacio tem-poral.
También ha ido transformándose la definición o el núcleo esen-cial
del R.E.F.: el sacrificio del Estado puesto de manifiesto en la
inaplicación del arancel de aduanas y los impuestos que gravan o
gravaban el consumo, en aras al desarrollo y sostenimiento de la
economía canaria; y la existencia de unas Haciendas locales sui
generis: los Cabildos, auténticos gobiernos insulares necesitados
tradicionalmente de una financiación proporcionada con la crea-ción
de gravámenes que, paradójicamente, gravaron el tráfico de
mercancías exento de impuestos estatales. Las dos caras de la mis-ma
moneda, pero ambas constituyen históricamente el conjunto de
especificidades fiscales conocidas bajo las siglas R.E.F. Una nota
más añadimos a la esencia del R.E.F. en ese período: la tradicional
conflictividad tributaria a la hora de interpretar la Administración
sus especificidades.
La franquicia aduanera y el régimen de puertos francos tuvo
que ser sacrificado para la plena incorporación de Canarias a la
UE, pero, nuevamente, paradojas de la economía: más que de
ruptura hemos de hablar de continuidad, ya que los nuevos há-bitos
comerciales hacen importar casi todas las mercancías de la
propia U.E- y dentro de sus fronteras no existen aranceles. Antes
no se aplicaba el arancel de aduanas por el régimen de puertos
francos, hoy tampoco se aplica a un porcentaje importantísimo
de nuestras importaciones, porque provienen de la U.E.
La franquicia al consumo fue sistemáticamente olvidada por
la Administración en Canarias después de la Guerra Civil,
obteniéndose, por la combinación entre los impuestos estatales
que gravaban el consumo y los arbitrios locales de Cabildos, una
presión fiscal de las más altas de España. La situación fue co-rregida
por el Tribunal Supremo en 1964, pasándose de unas
décadas de altísima tributación: la de los cincuenta y mitad de
los sesenta del s. XX, al período de máxima aplicación de las
franquicias en Canarias: 1972-1991. El I.G.I.C., impuesto indi-recto
estatal de gestión comunitaria que reparte su recaudación
entre la Comunidad Autónoma y los Cabildos Insulares, acabó,
en opinión de la mayoría de los autores, con esta franquicia, si
bien en sus exenciones, tipos específicos y regímenes especiales
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queremos ver la proyección de la tradicional franquicia al con-sumo
que, creemos, será restablecida nuevamente en el futuro
bajo el paraguas aplicable a las regiones ultraperiféricas.
La existencia de los Cabildos insulares en el Estado de las
Autonomías, y máxime con el fuerte desarrollo alcanzado por la
Comunidad Autónoma Canaria, no tiene mucha explicación en
el presente y, aunque la tuviera, es demasiado onerosa para los
canarios, que no podemos permitirnos el solapamiento constan-te
de competencias entre las Consejerías del Gobierno de Cana-rias
y estos entes históricos. Cuatro esferas de poder ejecutivo y
administrativo: la municipal, la de los Cabildos, la de la Comu-nidad
Autónoma y la Central, son demasiadas para un territo-rio
frágil y secularmente dependiente del exterior. La historia de
los recursos de los Cabildos insulares, sus arbitrios específicos
y el gravamen del tráfico de mercancías, a pesar de las franqui-cias
arancelaria y al consumo, son parte viva y esencial del
R.E.F. y de sus propias contradicciones que, sin embargo, han
sido estoicamente admitidas, apoyadas y defendidas por los ciu-dadanos,
y ratificadas por los Tribunales.
En síntesis, la economía canaria evolucionó positivamente
en ese período, Canarias se incorporó de pleno derecho y con
todas las consecuencias a la UE, y el tradicional R.E.F. tuvo que
adecuarse a los tiempos que corrían. En nuestra opinión, los
cambios producidos en el período 1955-2003 en el R.E.F., y en
Canarias en general, fueron positivos3.
3. LA EVOLUCIÓN DE LOS PRINCIPALES INCENTIVOS FISCALES EN EL
PERÍODO 1994-2006, SE ADECÚA A LA BUENA SITUACIÓN ECONÓMICA
De los cuatros principales incentivos fiscales a los que nos
referimos anteriormente qué duda cabe que el más importante
para la economía canaria —y también el más criticado— ha
sido el de la R.I.C., no solo en su aspecto cuantitativo, sino tam-
3 La supresión de los puertos francos y el cambio de la peseta por el euro
han sido duramente criticados, pero creemos que ambos hechos han sido
más que compensados con fondos europeos que dinamizaron la economía y
modernizaron las infraestructuras.
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bién cualitativo, ya que no en vano ha sido empleado como efi-ciente
herramienta de política económica por el Gobierno. La
Z.E.C. tardó mucho en poder aplicarse debido a la descoordina-ción
con la normativa comunitaria, aunque una vez convalidado
su especial régimen ha contribuido también positivamente —no
en la medida y en las expectativas al principio generadas— al
desarrollo económico y a la creación de empleo. Los otros dos
incentivos podemos tildarlos de «menores», si bien en sectores
concretos la bonificación a la producción, después de su trans-formación
desde la primigenia bonificación a la exportación, ha
sido eficientemente aplicada para minimizar la imposición so-bre
beneficios gracias a su porcentaje del 50 % de reducción.
Los incentivos a la inversión también se emplearon masivamen-te
por las empresas, evitando así el pago del I.G.I.C. o del Im-puesto
sobre Transmisiones Patrimoniales en las adquisiciones
de activos fijos afectos a sus actividades económicas.
Y el lector podría preguntarse para qué tanto sacrificio del
Estado para que las empresas paguen menos impuestos. Y la
respuesta no es otra que el objetivo del R.E.F., la promoción de
la inversión en Canarias, que este Archipiélago disfrute de las
mejores condiciones para su habitabilidad4.
De estos incentivos fiscales vamos a hacer una somera refe-rencia
a su evolución en el periodo 1994-2006, extendiéndonos
en ellos de conformidad a su importancia relativa en la econo-mía
canaria.
Las dotaciones a la R.I.C., es decir, los beneficios detraídos
por los empresarios para destinarlos a inversiones en Canarias y
que por tanto no pagan impuestos, van incrementándose nota-blemente
en los mejores años de la economía canaria: de unos
quinientos millones de euros en 1994 se incrementan a 2.500 mi-llones
de euros en 2006. ¡En valores absolutos, la cifra de las do-taciones
se multiplica por cinco en 12 años! Todo un récord en
la aplicación del principal incentivo fiscal del R.E.F. Conviene re-
4 El debate entre los partidarios de que el Estado no sacrifique ingresos
en aras a reducir los costes empresariales, y los que defienden este sacrificio
secular, ha sido una constante en la evolución del R.E.F. Nos encontramos,
indudablemente, entre estos últimos, según iremos explicando más adelante
con situaciones concretas.
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ISSN 0570-4065, Las Palmas de Gran Canaria. España (2012), núm. 58, pp. 451-486
cordar al lector poco acostumbrado a esta materia que el com-promiso
que adquiere el empresario que dota la R.I.C. es el de
invertir en Canarias sus beneficios. A cambio no paga impuestos
por ellos. El sacrificio que hace el Estado con la existencia de
este incentivo es dejar de recaudar 30e (el tipo impositivo del
impuesto sobre sociedades ha disminuido progresivamente en
estos años del 35 al 30 % para las empresas grandes y al 25 % en
las P.Y.M.E.) de cada 100e de beneficios, y el del empresario in-vertir
tres veces más de los impuestos que se ahorra. Algunos no
verán justificado este sacrificio estatal, otros sí. Por nuestra par-te
entendemos que el esfuerzo es equilibrado y que a cambio de
ahorrarse impuestos el empresario inyecta en la economía cana-ria
cantidades importantes en forma de inversiones que moder-nizan
el tejido empresarial y crean puestos de trabajo. Así se ha
puesto patente en los estudios realizados sobre los efectos de la
aplicación de la R.I.C. en Canarias, entre ellos, el que efectuamos
los Departamentos de Economía Financiera y Contabilidad de
las dos universidades canarias en 2006, publicado un año des-pués
por Hacienda canaria. Una de las conclusiones positivas
fue que el análisis estadístico realizado revela que la R.I.C. y el
empleo se correlacionan positivamente, tanto en términos des-criptivos
como en términos relativos. Cabe afirmar que aquellas
empresas que realizan mayores dotaciones a esta reserva espe-cial
están generando mayor número de empleos en Canarias; y
otra negativa —por dejar patente que la R.I.C., como cualquier
otra herramienta de política económica tiene aspectos positivos
y negativos—, que en el período 1994-2002 no sirvió para diver-sificar
la economía canaria5.
Mientras la economía canaria fue bien podemos establecer
una correlación directa entre las dotaciones R.I.C. y el buen mo-mento
económico, pero la ruptura en la buena marcha de la
economía se produce desgraciadamente en 2007, por lo que era
de prever que las dotaciones R.I.C. se desplomaran en su aspec-to
cuantitativo respecto a los años anteriores. Y así fue.
5 DORTA VELÁZQUEZ y CORREA RODRÍGUEZ (2007).
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4. LA UTILIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES INCENTIVOS FISCALES DECAE
ESTREPITOSAMENTE A PARTIR DE 2007
Los fundamentos de la ruptura en la utilización de los prin-cipales
incentivos fiscales del R.E.F. los hemos analizado en
otros artículos en materia tributaria, pero podemos sintetizarlos
en base a un estudio que realizamos en el mes de octubre de
2008 y en el que contamos con la colaboración de 22 despachos
profesionales para estudiar los datos de una muestra de 2.065
sociedades (con sede en Gran Canaria, Tenerife y Lanzarote) res-pecto
al beneficio obtenido en 2006 y 2007, su aplicación o no a
la R.I.C., y el monto de las dotaciones efectuadas en cada uno de
esos años. Los sorprendentes resultados fueron los siguientes:
— Los beneficios empresariales obtenidos en 2007 disminu-yeron
un 21 % respecto a 2006.
— El 27,22 % de las sociedades incluidas en la muestra do-taron
la R.I.C. en 2006, mientras que en 2007 el porcen-taje
disminuyó al 16,40%.
— Las dotaciones a la R.I.C. representaron en 2006 el
70,37 % del beneficio obtenido, mientras que en 2007 el
porcentaje fue tan solo del 44,16 %.
— Las dotaciones R.I.C. realizadas en 2007 supusieron el
50 % de las efectuadas en 2006.
A la vista de estos resultados, el descenso de las dotaciones
R.I.C. 2007 en valores absolutos y en valores relativos respecto
a 2006 era evidente, pero hay un hecho que merece analizar con
más detenimiento: mientras que el resultado empresarial dismi-nuyó
en la muestra analizada solo en un 21 % de 2006 a 2007,
sin embargo ¡las dotaciones R.I.C. efectuadas cayeron en un
50%! La lógica indica que un descenso del 21 % de los benefi-cios
repercutiría en un descenso parecido en las dotaciones,
pero no fue así, sino que el porcentaje de disminución llegó al
50 %. Las conclusiones a las que llegamos en su momento si-guen
siendo válidas en la actualidad, y el descenso acusado de
las dotaciones previstas fue confirmado por la realidad:
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ISSN 0570-4065, Las Palmas de Gran Canaria. España (2012), núm. 58, pp. 451-486
a) El ejercicio económico 2007 para las empresas canarias
fue bueno con carácter general —el último de los años buenos
de un ciclo económico excepcional—, aunque el volumen de
beneficios disminuyera respecto a 2006. El final del magnífico
ciclo económico por el que atravesaba nuestra economía se veía
venir. Sin embargo, el momento en que los empresarios tuvieron
que tomar la decisión de aplicar su saldo de Pérdidas y Ganan-cias
de 2007 a la dotación de la R.I.C. fue en junio de 2008, ya
en plena crisis económica, mes en el que se vio con claridad que
los negocios, por mucho que se invirtiera más en ellos, no iban
a generar tasas de rentabilidad adecuadas para esas nuevas in-versiones.
En un momento de pesimismo donde primaba la pre-ferencia
por la liquidez para afrontar lo que podía pasar sobre
la expansión empresarial.
b) El empresario se enfrentó además con una dificultad adi-cional
importante. Hasta ese momento había financiado sus
inversiones con créditos del sistema financiero, pero las restric-ciones
crediticias impuestas por la Banca le impedían hacer lo
mismo en 2008, ¿cómo podía financiar las inversiones a las que
se obligaba con la dotación de la R.I.C.? Sencillamente no po-día
hacerlo. Se unieron, entonces, las pocas ganas de invertir
por el mal momento económico, con la imposibilidad de inver-tir
por la falta de financiación bancaria. El ejemplo más claro lo
tuvimos en la falta de suscripción de las emisiones 2008 de bo-nos
de la Comunidad Autónoma y de los Cabildos insulares, que
venían siendo financiados y pignorados por la Banca. No hubo
financiación, no hubo tampoco suscripción; y
c) La nueva legislación R.I.C. publicada en diciembre de
2006 y el Reglamento de desarrollo de la Ley 19/1994, publicado
al fin en diciembre de 2007, que poco o nada aclaró respecto a
muchas dudas suscitadas sobre la materialización y las forma-lidades
de la R.I.C. Los planes de inversión, sus modificaciones,
las sanciones aplicables, etc. desmotivaron al empresario y a sus
asesores, que vieron otras posibilidades más simples y con ma-yor
seguridad jurídica para lograr minimizar la imposición so-bre
beneficios, como la aplicación de la deducción por inversio-nes
en activos fijos. Por otro lado, se daba la paradoja de ¡una
R.I.C. sumamente restrictiva en cuanto al beneficio que podía
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Anuario de Estudios Atlánticos
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destinarse a la dotación en una etapa recesiva de nuestra econo-mía!
Poca o nula justificación tenía.
En 2008 aventuramos que si había que volver a cambiar la
Ley, pues habría que hacerlo, ya que las expectativas deposita-das
en la reforma estructural de diciembre de 2006 no se habían
cubierto6. Tres años después, la crudeza de las cifras de paro, la
realidad del estancamiento económico y el gran número de pe-queñas
y medianas empresas que han desaparecido o han sus-pendido
sus pagos a través de concursos judiciales de acreedo-res
son la muestra evidente de que la reforma para poco o nada
sirvió, y que la actual normativa que configura el R.E.F. de Ca-narias
no resulta operativa en momentos de crisis económica ni
aporta soluciones para salir de ella.
En el cuadro 1 mostramos la evolución de las dotaciones
R.I.C. en euros corrientes, mientras que en el cuadro 2 lo hace-mos
en euros constantes, en los que se aprecian varias etapas
diferentes:
— 1ª etapa, con un incremento vertiginoso en los cuatro pri-meros
años, a medida que se iba extendiendo el uso de
este incentivo fiscal en la mayoría de las sociedades que
desarrollaban su actividad en Canarias;
— 2ª etapa, con un incremento moderado de las dotaciones
en el período 1999-2005.
— 3ª etapa, que constreñimos únicamente a 2006, con un in-cremento
notable en el volumen de dotaciones respecto a
2005; y
— 4ª etapa o de decaimiento progresivo de las dotaciones
que comienza en 2007 y en la que aún nos encontramos.
6 La reforma de 2006 supuso una R.I.C. mucho más restrictiva en cuan-to
al beneficio susceptible de la dotación, incorporando a la normativa el cri-terio
más estricto de la Administración tributaria, ¿supone ello un beneficio
o un perjuicio para la sociedad canaria? Un sencillo ejemplo puede contes-tar
esa pregunta: una empresa que obtiene un resultado extraordinario en la
venta de un inmueble no afecto a una actividad económica no puede dotar
la R.I.C., por lo que optará por repartir esos beneficios entre los socios o in-vertirlo
en otros territorios. Sin embargo, si fuesen susceptibles de la dota-ción,
la empresa pagaría menos impuestos, pero a cambio invertiría esos
beneficios en Canarias.
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CUADRO 1
Dotaciones anuales a la reserva para inversiones
(miles de euros corrientes)
Ejercicio Sociedades I.R.P.F. Total Var. Inter-anual
(%)
1994 489,70 17,7 507,40 —
1995 696,40 20,2 716,60 41,2%
1996 881,30 21,7 903,00 26,0%
1997 1.018,70 22,1 1.040,80 15,3%
1998 1.466,20 28,1 1.494,30 43,6%
1999 1.649,90 36,0 1.685,90 12,8%
2000 1.786,10 41,6 1.827,70 8,4%
2001 1.889,90 40,6 1.930,50 5,6%
2002 1.949,30 43,5 1.992,80 3,2%
2003 2.075,50 43,6 2.119,10 6,3%
2004 2.117,90 47,8 2.165,70 2,2%
2005 2.167,00 52,3 2.219,30 2,5%
2006 2.451,30 56,9 2.508,20 13,0%
2007 1.640,25 38,1 1.678,35 –33,1%
2008 928,35 35,7 964,05 –42,6%
Totales 23.207,80 545,9 23.753,70 —
FUENTE: Consejo Económico y Social de Canarias. Informe anual 2009, página 62.
CUADRO 2
Dotaciones anuales a la reserva para inversiones
(miles de euros constantes. Base IPC 2006)
Ejercicio Sociedades I.R.P.F. Total Var. Inter-anual
(%)
1994 711,20 25,7 736,91 —
1995 967,90 28,1 995,98 36,1%
1996 1.185,69 29,2 1.214,89 22,5%
1997 1.343,14 29,1 1.372,28 13,3%
1998 1.906,10 36,5 1.942,63 41,9%
1999 2.082,71 45,4 2.128,15 9,3%
2000 2.164,45 50,4 2.214,87 3,9%
2001 2.228,41 47,9 2.276,28 3,0%
2002 2.206,51 49,2 2.255,75 –1,0%
2003 2.288,28 48,1 2.336,34 3,7%
2004 2.260,30 51,0 2.311,32 –1,2%
2005 2.227,13 53,8 2.280,88 –1,5%
2006 2.451,30 56,9 2.508,20 10,1%
2007 1.574,14 36,6 1.610,70 –35,8%
2008 878,63 33,8 912,42 –44,2%
Totales 26.475,89 621,7 27.097,60 —
FUENTE: elaborado a partir del cuadro anterior.
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En la siguiente gráfica se aprecia mejor el desplome de las
dotaciones a partir de 2006, tanto en euros corrientes como
constantes:
FUENTE: elaboración propia.
En la primera etapa, el volumen de dotaciones efectuadas en
1994, año de creación de la R.I.C., se duplica en tan solo cua-tro
años, es decir, las dotaciones de 1998 representan el doble de
1994. La aplicación del incentivo era imparable en esa etapa
inicial y aún no habían comenzado las comprobaciones fiscales
de la Administración tributaria que las frenase, por lo que las
expectativas de muchos empresarios era que todo o casi todo
valía como inversión. La economía en general iba bien.
En la segunda etapa, 1999-2005, que bien podríamos deno-minar
de consolidación del incentivo en la cultura empresarial,
se va dotando cada año un volumen superior respecto al ante-rior.
La economía canaria sigue siendo sorprendentemente bue-na
y su crecimiento atrae a muchos inmigrantes, que van cu-briendo
los puestos de trabajo que se crean o sencillamente los
que no quieren ocupar unos acomodados trabajadores canarios.
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En la tercera etapa o año 2006, la tasa de variación anual de
las dotaciones R.I.C. respecto al año anterior se eleva nueva-mente
a dos dígitos, pasando (en valores corrientes) del 2,5%
del año 2005 respecto a 2004 al 13 % del año 2006 respecto a
2005 y alcanzado ese año el mayor volumen de dotaciones de la
R.I.C. en toda su historia: todo un punto de inflexión en su tra-yectoria
que merece detenernos en su análisis ¿por qué se
incrementó tanto el volumen de la R.I.C., por qué se alcanzó un
hito histórico en las dotaciones?
Nuestra opinión, con la perspectiva de los cinco años trans-curridos,
es que, por una parte, la economía canaria seguía
boyante en 2006, y por otra, que el año 2006 fue el último de
aplicación de la antigua normativa R.I.C., que posibilitaba la in-versión
en suelo, en inmuebles para alquilar, etc. y que era ya
conocida por los empresarios y profesionales. La incertidumbre
respecto a la nueva normativa aplicable a partir del 1 de enero
de 2007, el nuevo régimen sancionador del incentivo y las limi-taciones
respecto a la materialización (o inversión de las dota-ciones
efectuadas) hacen que el empresario destine una gran
parte de sus beneficios de 2006 a la R.I.C.. Esa es nuestra expli-cación
al hito histórico del volumen de dotaciones R.I.C. alcan-zado
en 2006, unido, por supuesto, al buen comportamiento
económico de ese año.
Finalmente, a partir de 2007 entramos en la cuarta etapa, en
la que las dotaciones comienzan a disminuir estrepitosamente y
cuyas razones ya explicamos anteriormente respecto al año
2007. En ese año descienden (en valores corrientes) un 33%
respecto a 2006, ¡pero en 2008 vuelven a descender un 42 % res-pecto
a 2007!, alcanzando ya un volumen irrisorio de 964 millo-nes
de euros, comparable al de 1996, aún sin aplicar los coefi-cientes
de homogenización monetaria: un retroceso de más de
doce años que solo se justifica por la crisis económica.
La Agencia tributaria estatal aún no ha facilitado los datos
de las dotaciones de 2009 a la fecha de redacción de este ar-tículo,
pero según las estimaciones que hacemos en el ejercicio
profesional de asesor fiscal están acorde a las de 2008, igual a
como ocurrirá en 2010. Respecto a este último año coincidimos
con las previsiones del Ministerio de Economía y Hacienda que
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SALVADOR MIRANDA CALDERÍN
Anuario de Estudios Atlánticos
470 ISSN 0570-4065, Las Palmas de Gran Canaria. España (2012), núm. 58, pp. 451-486
estiman una dotación alrededor de los 900 millones de euros,
muy alejadas del despiste de cifras que sirvieron para confeccio-nar
los presupuestos generales del Estado en los años preceden-tes:
¡mientras que para 2007 y 2008 las previsiones fueron de 2,7
y 2,6 millones de euros, la realidad solo alcanzó 1,6 y 0,9 millo-nes
de euros! La disparidad entre la realidad y las cifras previs-tas
no dejan en muy buen lugar a los políticos y técnicos que
regían nuestra economía en esos años. Sin comentarios.
Entre los datos reales que hemos manejado y las previsiones
sobre las dotaciones de 2009 y 2010 podemos volver a plantear-nos
para qué sirven los incentivos fiscales del R.E.F. en un con-texto
de crisis económica, y responder ya con más justificación
que para poco o para nada. Ocurre que los principales incenti-vos
fiscales priman la inversión minimizando la imposición so-bre
beneficios, pero si las empresas no obtienen beneficios por
la crisis económica, sencillamente no significan estímulo algu-no
para el empresario ni ayudan a fomentar la actividad econó-mica
en Canarias.
Aunque a una escala cuantitativa muy inferior en cuanto a
su volumen respecto a la R.I.C., también ha sido notable el des-censo
en estos años de crisis en la aplicación de la bonificación
a la producción (a la hora de calcular el impuesto sobre benefi-cio
se bonifica con un 50 % el beneficio obtenido en la venta de
productos producidos en Canarias, incluyendo la agricultura) y
la deducción por inversiones en Canarias (las inversiones no
afectas a la R.I.C. que se efectúen en Canarias generan una de-ducción
en el impuesto del 25 % del coste de adquisición). Este
descenso en sociedades en 2009 respecto a 2008 estaba previs-to
por el Ministerio de Economía y Hacienda en un 82,45% en
la bonificación a la producción y del 49,26% en la deducción
por inversiones. Los datos reales de la deducción por inversio-nes
en 2008 respecto a 2007 ofrecen una disminución del 32 %.
Sin embargo, es llamativa la importancia relativa de la deduc-ción
por inversiones respecto a la R.I.C., ya que ha pasado a re-presentar
el 24,86 % de todos los beneficios fiscales del R.E.F.7
Las razones de este incremento son en nuestra opinión básica-
7 Informe 2009 Consejo Económico y Social de Canarias, p. 67.
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mente dos: por un lado, el descenso de los tipos impositivos del
35 % al 30 % y al 25 % en las P.Y.M.E. Ello supone que con el
tipo del 35 % el ahorro de impuestos en la aplicación de la R.I.C.
era superior al 25 % de la deducción por inversiones (sin entrar
en detalles, que los hay), mientras que con el tipo del 25 % apli-cable
a partir de 2007 a las P.Y.M.E. el ahorro se iguala; y por
otro, la gran conflictividad siempre existente en la R.I.C., mien-tras
que en la deducción por inversiones es sensiblemente infe-rior.
Podemos destacar también una tercera razón: la exclusión
del suelo en la mayoría de las inversiones R.I.C. por la nueva
normativa hace que una de las grandes ventajas de la R.I.C.
sobre la deducción por inversiones (que nunca admitió el suelo
como objeto de la deducción) haya desaparecido.
En pocas palabras, que el descenso en la aplicación tanto de
la bonificación a la producción como en la deducción por in-versiones
en la crisis actual es más que significativo, si bien la
deducción, a pesar de la disminución cuantitativa, ha ido adqui-riendo
mayor importancia relativa en el conjunto de los benefi-cios
fiscales del R.E.F.
Sin embargo, la Zona Especial Canaria (Z.E.C.) sí ha expe-rimentado
un crecimiento notable en el período actual de crisis
económica, siendo la excepción en los incentivos fiscales del
R.E.F. Las razones para el incremento del número de empresas
inscritas que observamos en el cuadro 3 son varias, pero quizás
las principales hayan sido la simplificación de la normativa, con
unos tipos únicos aplicables a los beneficios en torno al 4%
—muy inferiores al tipo normal del 30 % del impuesto sobre so-ciedades—,
la promoción constante de la Z.E.C. efectuada y la
flexibilidad para que empresas ya radicadas en Canarias pudie-sen
continuar con sus actividades bajo este régimen fiscal. Las
dos primeras circunstancias son dignas de elogio, pero con la
tercera mostramos nuestras reservas, ya que el objetivo princi-pal
con el que se creó la Z.E.C. fue la captación de capitales ex-teriores
para el desarrollo de actividades económicas en Cana-rias,
finalidad que evidentemente no se consigue cuando una
empresa canaria traslada la nueva actividad que va a realizar al
régimen Z.E.C.
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CUADRO 3
Inversión de las Entidades Z.E.C. 2001-2009
en valores corrientes y constantes
Número de empresas Empleo Inversión Inversión
(en euros corrientes) (en euros constantes
Base I.P.C. 2006)
Año Inscritas Activas Inscritas Inscritas Inscritas
2001 23 12 283 9.622.799 11.346.365
2002 24 14 254 84.849.013 96.044.689
2003 47 28 386 35.549.795 39.194.273
2004 35 22 333 16.828.680 17.960.190
2005 36 25 353 15.709.492 16.145.418
2006 57 51 416 22.981.265 22.981.265
2007 61 51 327 28.077.845 26.946.108
2008 70 64 630 177.960.000 168.428.943
2009 67 66 881 52.901.803 49.671.156
Total 420 333 3.863 444.480.692 448.718.407
FUENTE: Elaborado a partir del cuadro 2.6 de la página 64 del Informe 2009 del C.E.S. de Canarias.
FUENTE: Elaboración propia.
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En el cuadro 3 hemos omitido los datos sobre empresas au-torizadas
en ese período, ya que muchas de ellas consiguen la
autorización, pero no llegan nunca a instalarse en la Z.E.C. La
proporción de empresas inscritas que permanecen activas (333
sobre 420) es notable, casi un 80 %, siendo también gratificante
observar el número de empleos que se ha creado en estos diez
años: 3.863 puestos de trabajo. Casi un 10 % de estos nuevos
puestos de trabajo se deben a la entidad Islas Airways, S. A., que
ha contribuido poderosamente a la conectividad entres las islas
del Archipiélago y ha diversificado al fin la oferta de compañías
que realicen los vuelos interinsulares.
El Consejo Económico y Social de Canarias, en su Informe
2009, se hace eco de este notable crecimiento de las empresas
inscritas en la Z.E.C. y de los puestos de trabajo creados, llegan-do
a la conclusión de que con cada millón de euros de gastos
del consorcio de la Z.E.C. entre 2000 y 2009 (en total, 27,1 mi-llones
de euros) se ha creado una media de 184 puestos de tra-bajo,
siendo en este sentido el incentivo fiscal más eficiente del
R.E.F.
La conclusión que extraemos del análisis efectuado en este
apartado no es otra que, salvo la Z.E.C., el resto de los incenti-vos
fiscales del R.E.F. se han mostrado como poco eficientes en
un contexto de crisis económica. A toro pasado la conclusión
para poco nos sirve, pero de cara al nuevo modelo que hemos
de plantearnos para los años 2014-2020 sí que es útil, ya que no
podemos continuar con la aplicación de incentivos que solo
primen los beneficios empresariales si se destinan a la inversión.
Habrá que primar la realización de actividades económicas en
Canarias como región ultraperiférica y el mantenimiento y la
creación de empleo, bien con bonificaciones en la imposición
sobre beneficios, si los hubiera, pero sobre todo disminuyendo
los costes empresariales.
En este nuevo modelo de cara al periodo 2014-2020 hemos
de ser conscientes también de que las distintas esferas de la Ad-ministración
pública en Canarias son completamente inopera-tivas
cuando se superponen constantemente y, por supuesto, que
su coste no lo puede sufragar ni el empresario ni la sociedad ca-naria.
El debate sobre la sustitución o eliminación de tantas es-
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feras de la Administración, sobre el que tanto hemos escrito, se
oye ya en el discurso de varios políticos, pero esperemos que no
se limiten al período preelectoral, y se lleve a cabo tan necesa-ria
reforma.
5. LAS LIMITACIONES DE LA NUEVA NORMATIVA DEL R.E.F. VIGENTE
A PARTIR DE 1 DE ENERO DE 2007 AL CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA
Habíamos anticipado que uno de los objetivos de la reforma
estructural de los incentivos fiscales del R.E.F. operada en di-ciembre
de 2006 era dar respuesta a la demanda de una parte
de la sociedad canaria que no veía con buenos ojos que las do-taciones
R.I.C. se pudiesen invertir en suelo o en inmuebles para
alquilar. No vamos a entrar en el debate si era importante efec-tuar
esas limitaciones o no —que no figuran en las directrices
comunitarias, es decir, que la normativa europea no prohíbe que
las inversiones en suelo o en inmuebles para alquilar sean sus-ceptibles
de ayudas de Estado como la R.I.C.—, sino sus efectos
en la economía canaria.
Sí hemos de criticar el desconocimiento general del legisla-dor
ante la crisis económica que se avecinaba o que ya había
hecho presa en nuestro tejido empresarial y como botón de
muestra dos hechos irrefutables: las consabidas negaciones del
máximo representante del Gobierno estatal a que España estu-viese
en crisis económica; y las previsiones sobre el incremento
en la aplicación de los incentivos R.E.F. en los presupuestos
generales del Estado que antes explicamos. En los de 2007 se
habían previsto unas dotaciones R.I.C. de 2,7 millones de euros;
en los de 2008 unas dotaciones de 2,6 y en 2009 de 2,5, cuando
la realidad que expusimos fue bien diferente: 1,6 y 0,9 en 2007
y 2008, respectivamente, sin que aún tengamos acceso a las do-taciones
de 2009.
Un desfase en 2008 de 2,6 a 0,9 millones de euros es bastan-te
elocuente de la disparidad entre las previsiones y la realidad
para tener que realizar más comentarios al respecto. Sin embar-go
sí hemos de hacerlo respecto a las limitaciones anteriores,
concretamente a la imposibilidad de destinar las inversiones
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R.I.C. a la adquisición de inmuebles para alquilar, opción que
reconocemos que nunca fue bien vista por parte de la sociedad
canaria, pero que exigía la realización de una actividad econó-mica
con los alquileres, debiendo contarse para ello al menos
con un local u oficina destinado exclusivamente a esa actividad
y con un empleado a jornada completa también en exclusiva.
Una vez inmersa la economía canaria en esta etapa de crisis
económica, en los periódicos seguían publicándose anuncios
ofreciendo inmuebles aptos para la R.I.C. ¿cómo era posible si
la normativa vigente a partir de 1 de enero de 2007 excluía ex-presamente
la adquisición de inmuebles para alquilar? Sencilla-mente
porque las dotaciones efectuadas hasta 2006, inclusive,
debían invertirse antes del 31 de diciembre de 2010: por ello los
anuncios; y la realidad de que las pocas viviendas o locales que
vendieron las promotoras en 2010 era para que sus comprado-res
las afectasen a la actividad de arrendamiento y a la R.I.C.
Muchas de esas ventas, a precios muy inferiores a los de años
precedentes, servían para pagar la nómina del personal de las
promotoras, que han visto cómo su actividad quedaba práctica-mente
congelada. A partir de 1 de enero de 2011 ya no existen
dotaciones R.I.C. que puedan invertirse en estos inmuebles, ya
que la dotación de 2007 es la primera que no puede destinarse
al alquiler de viviendas, por lo que las ventas de inmuebles por
este concepto han desaparecido: ¿en una etapa de crisis econó-mica
tan acuciante como la actual era lógico que se limitasen
las opciones de inversión? Habrá respuestas para todo, pero la
más razonable es que no deberían ponerse restricciones, sino
flexibilizar las opciones de inversión, pero el legislador no fue
consciente del rigor de la crisis hasta muchos años después de
producirse.
5.1. Las limitaciones en los incentivos a la inversión
Las limitaciones de la reforma no solo han afectado a la
R.I.C., sino también a los incentivos a la inversión del art. 25 de
la Ley 19/1994, los que tradicionalmente han permitido evitar la
liquidación del Impuesto sobre transmisiones patrimoniales
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(I.T.P.) o el I.G.I.C. en la adquisición de bienes de inversión, y en
las ampliaciones de capital. La reforma no amplió la aplicación
de este incentivo a los empresarios individuales y a los profesio-nales,
sino que sigue aplicándose exclusivamente a las entidades
mercantiles, oportunidad definitivamente perdida de ampliar
sus efectos.
Tampoco afecta el incentivo al Impuesto sobre Actos Jurídi-cos
Documentados (A.J.D.).
Las limitaciones puestas de manifiesto en el R.D.L. 12/2006
(el que modificó la Ley 19/1994 que regula los incentivos del
R.E.F.) y en el R.D.L. 1758/2007 (Reglamento de la Ley 19/1994)
y su carácter restrictivo respecto a la normativa anterior se con-firmaron
a través de la Resolución de 9 de abril de 2008, por la
que se establecieron criterios a seguir y actuaciones a desarro-llar
por los órganos gestores para la aplicación y comprobación
de estos incentivos. Conviene matizar que mientras la compro-bación
de la R.I.C. la efectúa la Administración tributaria esta-tal,
la de los incentivos a la inversión la realiza la Administra-ción
tributaria de la Comunidad Autónoma canaria.
La primera limitación que se produce en la reforma es que
los incentivos a la inversión no son aplicables a aquellas socie-dades
que pueden deducirse íntegramente el I.G.I.C. soportado
en la adquisición de bienes de inversión. No estamos totalmen-te
en contra de esta medida, ya que este tipo de sociedades —la
gran mayoría— pueden deducir el I.G.I.C. soportado en estas
adquisiciones del I.G.I.C. repercutido a sus clientes y compen-sar
su importe en el caso de que la diferencia sea a su favor, o
solicitar la devolución al final del ejercicio. Sin embargo, lo que
sí han de hacer las sociedades a partir de 1 de enero de 2007 es
pagar el I.G.I.C. soportado al proveedor, con el consiguiente es-fuerzo
financiero que hasta esa fecha no hacían. ¡Adelantar el
pago del impuesto para solicitar la devolución al final del año y
obtener el importe de la misma al menos un año después no es
la mejor praxis empresarial en épocas de crisis y recortes finan-cieros
como la actual!
La segunda limitación se produce en el concepto de bien de
inversión, que no coincide con el de inmovilizado o activo fijo,
y que ha de tener un coste mínimo de adquisición de 3.000e
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para que se considere como tal. La exención no es aplicable a
las adquisiciones conjuntas de bienes muebles que superen
globalmente los 3.000e si el importe de cada uno de los bienes
incluidos es inferior a esa cifra, ni tampoco a los bienes aisla-dos
adquiridos para construir a su vez bienes de inversión.
La tercera limitación se produce en la tipología de los bienes
de inversión, que han de ser nuevos —no usados, aunque las
P.Y.M.E. sí pueden acogerse a la exención en los bienes usados,
siempre que anteriormente no se hubiesen afectado los bienes
a este incentivo— y que en vehículos solo es aplicable a ciertos
vehículos homologados, de aplicación interna en la empresa,
pero no utilizables en servicios de transporte a terceros. Tanto
los barcos como los aviones quedan fuera del ámbito de este
incentivo a la inversión. Lo mismo ocurre con el suelo, que
queda prácticamente excluido salvo supuestos muy tasados
como cuando se destina al alquiler de viviendas de V.P.O., a ac-tividades
industriales o a la rehabilitación de inmuebles turísti-cos
en áreas en declive.
La cuarta limitación que destacamos es que los únicos bie-nes
de inversión a los que se puede aplicar este incentivo a la
inversión son los que suponen una inversión inicial, es decir, la
creación o ampliación de un establecimiento mercantil, situa-ción
que no se produce cuando sencillamente se cambia un or-denador
por otro, se adquiere mobiliario o determinada maqui-naria
(inversiones de sustitución).
Finalmente, el ensañamiento de la normativa vigente y el
carácter restrictivo de la Administración tributaria canaria res-pecto
a la inmediatez exigida a las inversiones —que implica
que prácticamente la inversión haya de entrar en funcionamien-to
al día siguiente de su adquisición—, conjuntamente con las
cuatro limitaciones antes explicadas a grandes rasgos, han teni-do
el efecto de que las sociedades apenas apliquen este incenti-vo
a partir de 1 de enero de 2007 y que las que lo han hecho
prácticamente han tenido que devolver el importe de las exen-ciones
solicitadas. Mal asunto en época de crisis.
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5.2. La regulación de la bonificación a la producción
no experimenta restricciones
Las restricciones o limitaciones de la nueva normativa apli-cable
a partir de 1 de enero de 2007 a la R.I.C. y a los incenti-vos
a la inversión no han sido trasladadas, sin embargo, a la bo-nificación
a la producción del art. 26 de la Ley 19/1994.
Incentivo que comenzó como una bonificación a la exportación
que hubo de ser reconvertido por mandato de la Unión Europea
en la actual bonificación a la producción en territorio canario.
Los porcentajes de bonificación fueron decrecientes en un
principio, hasta que la Ley 52/2002 los fijó definitivamente en
un 50 %. Es aplicable tanto a las sociedades mercantiles como
a los empresarios individuales (que lleven contabilidad) que rea-licen
actividades agrícolas, ganaderas, industriales y pesqueras,
sin que sea posible su aplicación en el sector de la construcción.
Al no experimentar más restricciones y sí hacerlo el resto de
incentivos, es lógico que cada vez más empresas se acojan a este
incentivo8.
5.3. La regulación de la Z.E.C.
no ha experimentado restricciones
El cuarto incentivo fiscal aplicable en Canarias y previsto en
el R.E.F. tampoco ha experimentado restricciones con la nueva
normativa, sino todo lo contrario, ha flexibilizado bastante su
aplicación.
5.4. Tampoco la deducción por inversiones
experimenta limitaciones
Aunque específicamente la deducción por inversiones en
Canarias, que permite la deducción del 25 % de los activos fijos
8 Esta bonificación hace que el beneficio obtenido en la producción o en
la agricultura, por señalar dos sectores a los que es aplicable, se reduzca a
la mitad a la hora de pagar impuestos. Un beneficio de 100 obtenido por
ejemplo en la hostelería tributaría al 30 %, mientras que en la fabricación de
cualquier producto en Canarias tributaría también al 30 %, pero solo por la
mitad de los beneficios.
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adquiridos afectos a actividades económicas, no figura en la Ley
19/1994 qué duda cabe que su aplicación en Canarias después
de que a nivel estatal fue suprimida le confiere también la tipo-logía
de un incentivo fiscal más del R.E.F. La nueva normativa
aplicable a partir de 1 de enero de 2007 tampoco restringe o
limita su aplicación9.
Después de este análisis vemos cómo las restricciones de la
nueva normativa solo afectan a la R.I.C. y a los incentivos a la
inversión, pero no al resto de incentivos fiscales del R.E.F.
6. EL RÉGIMEN SANCIONADOR APLICABLE A LOS INCENTIVOS FISCALES
DEL R.E.F. DESPUÉS DE LA REFORMA DE DICIEMBRE DE 2006
Otra de las razones que expusimos que podía haber contraí-do
la aplicación de los incentivos fiscales y el volumen de las
dotaciones R.I.C. 2007 en especial, fue la del nuevo régimen
sancionador, del que queremos explicar brevemente alguno de
sus aspectos, tanto positivos como negativos.
Como aspecto positivo hay que decir que el incumplimiento
de muchos de los requisitos sustanciales de la R.I.C. antes del
cambio normativo suponía la regularización y pérdida del bene-ficio
fiscal disfrutado. Un ejemplo significativo es la falta de
contabilización de la reserva especial que hay que crear en el
pasivo, que implicaba la pérdida total del beneficio, aunque se
hubiese invertido hasta el último euro de la dotación: una dota-ción
R.I.C. de 1.000.000 de euros obligaba al empresario a inver-tir
esa cantidad en cuatro años. Si así lo hacía, pero se olvida-ba
de contabilizar la R.I.C. en el pasivo o de mantenerla en los
balances durante un montón de años, la Inspección le hacía
devolver el ahorro disfrutado (el 35 % de 1.000.000), liquidar los
intereses de demora y en algunos casos satisfacer también una
cuantiosa sanción. Con la nueva normativa, la falta de contabili-
9 La deducción por inversiones en activos fijos nuevos, y mediando inno-vación
tecnológica, en activos usados, supone un ahorro del 25 % de la inver-sión,
descontando el importe del suelo, sujeto a unos límites específicos del
50 % de la cuota del impuesto. Desde la reforma de 2006 de la R.I.C. se ha
visto cómo cada vez se utiliza más la deducción por inversiones en Canarias.
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zación o mantenimiento de la R.I.C. se sanciona con un 2% de
la dotación (el 2% del 1.000.000 e del ejemplo anterior), pero
sin que se pierdan los beneficios disfrutados y sin tener que li-quidar
intereses de demora. La mejora para el contribuyente es
manifiesta.
Sin embargo, el nuevo régimen sancionador tiene también
numerosos aspectos negativos, entre los que destacamos la co-existencia
de sanciones a infracciones por datos falsos, incom-pletos
o inexactos en la memoria de las cuentas anuales o en los
planes de inversión. Explicamos solo las concernientes a la
memoria.
La memoria es uno de los documentos que constituyen las
cuentas anuales de las sociedades y que todos los años los em-presarios
han de confeccionar y depositar en el Registro Mer-cantil.
En uno de los apartados de la memoria hay que consig-nar
el incentivo de la R.I.C., los compromisos asumidos con ella
y las inversiones que se van efectuando10.
Como explicamos, la reforma normativa de diciembre de
2006 ha conseguido reducir los efectos negativos del incumpli-miento
de algunos requisitos sustanciales del incentivo fiscal, de
tal forma que una serie de incumplimientos no supongan ya la
regularización total de los beneficios disfrutados (esto es, la eli-minación
de la dotación de la R.I.C.) sino la aplicación de san-ciones
específicas. El art. 27.16 de la nueva redacción de la Ley
19/1994 (la que regula los incentivos fiscales del R.E.F.) se de-dica
a los efectos de estos incumplimientos, señalando, como
excepción al grave efecto de la integración en la base imponible
del Impuesto sobre Sociedades de las cantidades que en su día
dieron lugar a la reducción, tres casos. Uno de ellos es precisa-mente
al que ahora nos referimos, el del art. 27.13, que obliga
a hacer constar en la memoria una serie de información rela-cionada
con la R.I.C., cuyo incumplimiento se califica por el
art. 27.17 como infracción tributaria grave y será sancionado
con multa del 2% de la dotación.
10 La memoria y en general las cuentas anuales de las empresas son
públicas. Han de ser depositadas en el Registro Mercantil y cualquier perso-na
interesada en esa prolija información sobre las entidades mercantiles
puede recabar una copia de ellas.
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En principio es una clara ventaja respecto a otro tipo de in-cumplimientos,
pero no por ello hemos de estar de acuerdo con
la redacción del art. 27.17 que regula las denominadas infraccio-nes
graves. En esta materia específica de la información en la
memoria señala dos supuestos distintos:
b) No hacer constar en la memoria de las cuentas anuales la in-formación
a que se refiere el apartado 13 de este artículo, que será
sancionada con multa pecuniaria proporcional del 2 por ciento del
importe de las dotaciones a la reserva para inversiones que debie-ran
haberse incluido.
c) Incluir datos falsos, incompletos o inexactos en la memoria de
las cuentas anuales a que se refiere el apartado 13 de este artícu-lo,
que será sancionada con multa pecuniaria fija de 500 euros por
cada dato omitido, falso o inexacto, con un mínimo de 5.000
euros.
Con el primer supuesto expresamos nuestro acuerdo, ya que
no es lo mismo omitir la información obligatoria de la R.I.C. en
la memoria de una pequeña empresa —que dotará la R.I.C. con
cantidades pequeñas— que en la de una gran empresa. De esta
forma la sanción será proporcional a la dotación efectuada: la
omisión de información en la memoria de una dotación R.I.C.
de 100.000 e del año 2010 ocasionará una multa de 2.000 e;
mientras que la correspondiente a una dotación de 1.000.000 e
supondrá una multa de 20.000 e.
Sin embargo, discrepamos totalmente con el segundo su-puesto,
ya que tienen el mismo tratamiento respecto a la san-ción
los datos falsos que los inexactos o incompletos, y ello es
inadmisible de cara al expediente sancionador. No es lo mismo
obrar con mala fe y falsear un dato que reflejarlo incompleto o
inexacto en la memoria, o sencillamente omitirlo. No creemos
que un procedimiento sancionador de este tipo, que da el mis-mo
tratamiento a un dato falso que a otro inexacto, ambos san-cionados
con multa de 500 e, sea admitido por los Tribunales
de Justicia, pero así figura en el texto legal.
Tampoco podemos estar de acuerdo con el mínimo de
5.000 e de la sanción que se deriva de la existencia de esos da-tos
falsos, incompletos o inexactos, ya que no guarda proporcio-nalidad
ni con el tamaño de la empresa y la dotación efectuada,
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ni con el supuesto anterior de omisión total de datos R.I.C. en
la memoria. Observemos esta incongruencia: ¡una empresa que
dote la R.I.C. con 100.000 e y no refleje dato alguno sobre este
incentivo en la memoria es acreedora de una sanción de
2.000 e, mientras que si hace el esfuerzo de incluir toda la in-formación
prevista en la normativa del art. 27.13 y se equivoca
o es inexacto en un solo dato se le sanciona con 5.000 e! ¡La re-gulación
no tiene ni pies ni cabeza y además se hizo para tra-tar
de reducir la extrema conflictividad que conllevaba la apli-cación
del incentivo! Todo un éxito.
Si la dotación es más pequeña, por ejemplo de 20.000e, la
imposición de la sanción mínima de 5.000e por un solo dato
inexacto es ya un insulto: ¡mientras que la ausencia total de
información en la memoria supondría una sanción de 400e, la
broma del mínimo del art. 27.17,c) le costaría al contribuyente
5.000e!
El corolario de tanto disparate en materia sancionadora es el
que el lector tendrá en mente, aunque no sea experto en esta
materia: para pequeñas dotaciones sería mejor omitir cualquier
tipo de dato en la memoria. El límite en esta «antología del dis-parate
» estaría en la dotación R.I.C. de 250.000e, cuyo incum-plimiento
en esta materia de la información de la memoria su-pondría
la misma sanción por omisión total de información que
por un solo dato inexacto: 5.000e.
Este botón de muestra de los aspectos negativos del nuevo
régimen sancionador de la R.I.C. es el que también ha influido
para que muchos empresarios hayan dejado de dotarla, aunque
insistimos una vez más que la causa principal de la disminución
de las dotaciones ha sido la crisis económica: con menos bene-ficios
empresariales lógicamente se dota menos R.I.C.
7. EL NUEVO MODELO DE INCENTIVOS FISCALES DE CARA A 2014-2020
Así como poco o nada podemos hacer para cambiar la evo-lución
negativa en la aplicación de los incentivos fiscales del
R.E.F. en el período 2007-2013, sin embargo, de cara al nuevo
período 2014-2020 de las ayudas de Estado sí podemos hacerlo,
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incentivando el debate sobre las reformas a realizar en el R.E.F.
y proponiendo a la Unión Europea las alternativas precisas. En
este sentido nos pareció sensata la decisión que en 2010 adop-taron
los grupos parlamentarios canarios de no proponer por
ahora reforma alguna de los principales incentivos fiscales del
R.E.F., pero sí incentivar el debate sobre la misma.
Habrá partidarios de acabar de una vez por todas con todos
los incentivos fiscales aplicables a los empresarios, ¿pero quié-nes
son los que crean puestos de trabajo en Canarias?; y tam-bién
los que propongan seguir con los incentivos más potentes
hasta ahora utilizados, como la R.I.C., aunque como hemos
explicado su aplicación se ha minimizado en los últimos
años, es decir, en épocas de crisis económica tiende a dismi-nuir
o desaparecer, ¿aun así, si algún empresario genera bene-ficios
y los quiere invertir en Canarias debería continuar o no
con la posibilidad de ahorrarse impuestos a través de la dota-ción
R.I.C.?
El debate está servido, y al respecto solo podemos dar nues-tra
opinión: en épocas de crisis económica como la actual se ha
puesto patente que los incentivos fiscales del R.E.F. para poco
o nada sirven, pero no por ello han de ser eliminados. Han de
ser combinados con otros incentivos fiscales y económicos que
reduzcan las cargas estructurales de las empresas canarias, que
aligeren los componentes del debe de su cuenta de pérdidas y
ganancias. Medidas específicas que hagan que sus costes labo-rales
se reduzcan (tanto los costes de seguridad social como los
de indemnización por despidos), que los costes de transporte de
mercancías entre islas y entre los mercados exteriores proveedo-res
o consumidores se minimicen (en ese sentido el Gobierno de
Canarias ha conseguido avanzar bastante en este campo, con
cuantiosas subvenciones al transporte de mercancías), que los
costes financieros de las empresas canarias también experimen-ten
una reducción, etc.
Somos conscientes que muchas de estas medidas no depen-den
solamente del Gobierno de Canarias ni del Gobierno de la
Nación, pero si en ese sentido se pronuncia la sociedad canaria
se arbitrarán las soluciones técnicas adecuadas dentro del mar-co
de la ultraperificidad de Canarias.
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Y por supuesto, que estas medidas reductoras de los costes
empresariales en Canarias sean compatibles con la continuación
del régimen de incentivos a la inversión: el empresario que ob-tenga
beneficios en Canarias y que se comprometa a invertirlos
en Canarias no tiene por qué pagar impuestos. De esa inversión
no solo se beneficia el empresario que la efectúa, sino toda la
sociedad canaria por más que a muchos les pese. De esta forma,
el R.E.F. para el período 2014-2020 puede seguir beneficiando a
los empresarios que obtengan beneficios como a los que no los
obtengan: los primeros minimizarán su imposición sobre el
beneficio con las inversiones comprometidas a través de las
dotaciones R.I.C., mientras que los segundos verán suavizados
sus costes empresariales. Para esa reforma será necesario cuan-tificar
las propuestas y analizar sus efectos sobre el P.I.B. y el
empleo, misión que excede del objetivo que nos hemos trazado
en este trabajo.
Un adecuado sistema de cuantificación de los incentivos dis-frutados
podría impedir que la intensidad de las ayudas rebasa-se
determinados límites. Por ejemplo, para evitar que las empre-sas
que generen beneficios y a su vez doten la R.I.C. puedan
disfrutar de dobles incentivos, pero si somos sinceros, bastante
se habrá hecho si las empresas canarias vuelven a la senda de
los beneficios y mantienen o incrementan el empleo, aunque se
beneficien por partida doble de la reforma del R.E.F. que pro-ponemos.
8. CONCLUSIONES
Primera: Los principales incentivos creados en la modifica-ción
del Régimen Económico y Fiscal de Canarias en 1994 se
basan en la minimización de impuestos a las empresas que rea-licen
su actividad en territorio canario e inviertan en él sus be-neficios.
Segunda: Este modelo de incentivos fiscales ha sido útil para
los empresarios y para la sociedad canaria en fases de bonanza
y crecimiento económico. Para los primeros, porque realmente
han visto reducida su imposición sobre beneficios, y para la
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segunda, a través del compromiso contraído por los empresarios
de invertir sus beneficios en Canarias.
Tercera: Sin embargo, en épocas de crisis económica un
modelo de incentivos que prime exclusivamente la inversión a
través de la minimización de los impuestos no es útil, ya que si
no se generan beneficios no son aplicables. La crisis económi-ca
y ciertos cambios operados en la reforma del R.E.F. a partir
de 1 de enero de 2007 han contribuido al desplome en la apli-cación
de los principales incentivos del R.E.F., con la salvedad
de la Zona Especial de Canarias (Z.E.C.).
Cuarta: Para evitar esa situación proponemos una nueva re-forma
del R.E.F. para el período 2014-2020 en base a la conti-nuación
de los incentivos que primen la inversión, minimizan-do
los impuestos, pero que también aligere las carga de las
empresas que operen en territorio canario. Así, las que generen
beneficios podrán seguir disfrutando de una imposición reduci-da
con el compromiso de reinversión, y las que no puedan ge-nerarlos
tendrán la oportunidad de al menos verse aliviadas en
épocas de crisis económica.
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