Puertos francos e industrialización en Canarias. Un debate abierto : el caso de la producción azucarera 1884-1892

              Núm. 50 (2004) 625
68 PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN
EN CANARIAS. UN DEBATE ABIERTO:
EL CASO DE LA PRODUCCIÓN AZUCARERA
1884-1892
P O R
SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ
OSCAR BERGASA PERDOMO
«Porque el establecimiento de la maquina azucarera de
Arucas representa algo más que el establecimiento de una
industria aislada, que el medio del momento para hacer en
lo posible frente a las contingencias de una profunda crisis
económica, que la especulación mejor o peor ordenada de
una persona o una empresa, más que todos esos accidentes
reunidos, que informan un valor relativo, pero que no alcan-zan
a la inmensa trascendencia que tiene el hecho en sí,
para el desarrollo de la riqueza pública (...)»
(«Motores de la Industria», El Liberal, 20-VI-1884)
«Ojalá que en lo porvenir se desarrollaran otras indus-trias
y que la Provincia de Canarias, fuerte y poderosa, en la
plenitud de sus desarrollos, y entrando en el concierto de
los países poderosos, se pusiera en condiciones de poder
demandar la abolición total de sus franquicias»
(T. GARCÍA GUERRA, La cuestión azucarera, Las Palmas 1892)
INTRODUCCIÓN
El trabajo que presentamos pretende destacar, la trascenden-cia
del intento de transición de una economía agroexportadora,
basada en los embarques de cochinilla a los mercados europeos
(principalmente Londres), a una actividad productora más
626 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
2 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
diversificada, en la que cobra alguna relevancia el sector indus-trial,
que tiene como soportes básicos, además de las estructu-ras
portuarias y la pesca, al azúcar y al tabaco. Este nuevo
acento en la agroindustria es el que básicamente caracteriza la
experiencia industrial del último tercio del siglo XIX, que necesi-tó,
una vez que algunos empresarios habían dado un paso ha-cia
delante, el reconocimiento por parte de la administración
central de que era absolutamente imprescindible un cambio en
el pacto establecido en 1852 (consolidado en 1870), entre el
gobierno español y la sociedad canaria. El problema, en conse-cuencia,
de la industria naciente1, era definir el mercado que
absorbería su producción. Alfonso Gourié y Álvarez, protagonis-ta
indiscutible, inicialmente, tanto de la opción tabaquera —será
presidente de la sociedad «El Porvenir Agrícola de Canarias»,
surgida para comercializar la hoja y las labores tabaqueras del
Archipiélago—, como de la azucarera, impulsará, con el apoyo
decidido del político grancanario Fernando de León y Castillo,
la negociación con la Hacienda española. Entre el 6-IX-1884,
fecha en que el industrial grancanario presentó su primera ins-tancia,
con el propósito de que la Instrucción de 14-IV-1878, que
regulaba la administración del impuesto transitorio sobre el azú-car
nacional, no fuese aplicable en Canarias, y la Real Orden
de 1-II-1888, por la que obtuvo autorización para establecer un
concierto con Hacienda, a efectos de hacer frente al impuesto
transitorio y recargo municipal sobre el azúcar, todos los objeti-vos
político-económicos se resolvieron favorablemente. La eco-nomía
canaria pudo, entonces, mantener el pacto con el Esta-do,
sancionado con el Decreto de Puertos Francos de 11-VII-
1852 —que significaba un marco comercial más abierto que el
resto de España— y además incorporar una cierta protección a
la industria naciente. Gourié murió en 18902, no sin antes ha-
1 Millares Cantero (1975) y Luxán y Bergasa (2000, 2001 y 2002 a y b),
Luxán (2002).
2 El Liberal (28-III-1890) daba la noticia de su fallecimiento (25-III-
1890) resaltando que fue «Uno de los más acaudalados propietarios de esta
provincia y persona que por su respetabilidad y su indiscutible influencia
gozaba de gran consideración dentro y fuera de la Isla». La nota añade que
comprometió buena parte de su fortuna en la fábrica de San Pedro de
Núm. 50 (2004) 627
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 3
ber conseguido la renovación del concierto3. El giro del gobier-no
conservador, en 1892, sin embargo, estuvo a punto de aca-bar
con su obra, pero la presión de los ayuntamientos isleños,
especialmente de Gran Canaria, apoyados por algunas institu-ciones,
como la Real Sociedad Económica de Amigos del País
de la Isla4 o el Círculo Mercantil de Las Palmas5, coordinada con
la gestión en la Corte del citado León y Castillo, consiguió man-tener
indemne el marco institucional, no sin contrapartidas, que
tanto había costado obtener, haciendo posible el arranque y la
expansión de la industria azucarera, de modo relevante en Gran
Canaria y La Palma. Finalmente, el nuevo embate de la refor-ma
de los Puertos Francos (1900) perpetró el comienzo del fin
de los esfuerzos industrializadores.
La historiografía canaria subrayó, a nuestro entender de un
modo excesivamente radical, los efectos negativos que, desde el
punto de vista industrial, acarreaba el régimen de Puertos Fran-cos.
Esta nota pretende matizar el debate sobre ese lugar común
de nuestra historia, que experiencias posteriores han demostra-do
que no está cerrado. Es, por lo tanto, un buen ejercicio his-tórico
para comprender el desenvolvimiento de los Puertos Fran-cos,
haciendo conciliar los intereses comerciales e industriales
con los del propio Estado. Las fuentes de nuestro estudio han
sido, de un lado, los dos expedientes del azúcar (1884/1888 y
1891-1892), reproducidos, en parte, por la prensa de la época,
Arucas, iniciando, en gran escala, esta industria, que es una esperanza de
regeneración para la agricultura de Canarias.
3 El Liberal (8-XI-1889): Por R.O. ha sido aprobado el concierto con la
Hacienda solicitado por Alfonso Gourié, para el pago del impuesto transi-torio
y recargo municipal, que devengue el azúcar fabricado en la fábrica
de San Pedro. El concierto durará tres años, en cada uno de los cuales
podrá producir la fábrica 600.000 kgs. de azúcar, pagándose anualmente
24.000 ptas.
4 Luxán (2002 a)
5 Desde un principio apoyó el cultivo de caña y la industria azucarera.
Tenemos constancia, por ejemplo, que en fechas tan tempranas, como 1881,
estudió la posibilidad de importar una maquina azucarera, que hubiese sido
instalada en la ciudad de Las Palmas (La Correspondencia de Canarias, 20-
VII-1881). Igualmente, colaboró con la Económica en la financiación del
viaje a Madeira de una comisión presidida por Rafael Almeida, para estu-diar
in situ el funcionamiento de la industria azucarera.
628 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
4 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
en el que intervienen la Delegación de Hacienda de Canarias,
la Dirección General de Impuestos, la Dirección General de
Aduanas, el Ministerio de Hacienda y el Consejo de Estado, por
parte de la Administración Central; desde Canarias, serán pro-tagonistas
del mismo, los productores de azúcar, personificados
en la figura del citado Gourié, el Ayuntamiento de Las Palmas,
que promueve una Liga de propietarios y labradores, la Real
Sociedad Económica de Amigos del País, El Círculo Mercantil,
la Diputación Provincial, y los representantes canarios en el
Congreso de los diputados. Estos últimos, entre los que desta-can,
por Gran Canaria, Fernando de León y Castillo —que de-fiende
los intereses industriales— y, por Tenerife, en el primer
embate, Feliciano Pérez Zamora —que aboga por los dere-chos
de los importadores de azúcar— pondrán en marcha el
procedimiento previsto en la Ley de 22-VI-1870, que confirma-ba
los Puertos Francos de Canarias, pero que establecía la for-mación
de una comisión, integrada por los diputados, para pro-poner
al ministro de Hacienda, la mejora de las franquicias. De
otro, hemos manejado los datos de producción de la propia fá-brica
de San Pedro de Arucas, que nos permiten valorar los
efectos inducidos por los cambios institucionales en el desen-volvimiento
azucarero. Tres son, en consecuencia, los pro-tagonistas:
El Estado, que tiene que preservar su capacidad
recaudatoria, los impulsores de una opción industrializadota
para la economía canaria, que reduzca su vulnerabilidad a las
crisis internacionales, que acaban postulando una integración
mayor en la economía nacional y, finalmente, los comerciantes,
que tratan de evitar una reforma excesivamente drástica de las
franquicias.
1. LA CRISIS DE LA COCHINILLA A COMIENZOS DE LOS AÑOS 80’.
LAS EXPECTATIVAS DE LA CAÑA DE AZÚCAR, VISTAS DESDE
ARUCAS. EL PROTAGONISMO DE ALFONSO GOURIÉ
Dentro de las pretensiones de esta nota, solo queremos des-tacar
la toma de conciencia pionera que, de esta cuestión, se
realiza desde Arucas (N.O. de Gran Canaria), donde, en 1884,
Núm. 50 (2004) 629
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 5
se inaugurará la fábrica de San Pedro, de la que será artífice y
propietario principal A. Gourié6. Si acercamos tanto el «zoom»
de nuestra exposición, se debe a que en el segundo ciclo del
azúcar canario (1860-1920), Gourié y su fábrica de San Pedro,
como ya hemos indicado, jugaron un papel decisivo, en la crea-ción
de un marco institucional favorable al desenvolvimiento de
la industria azucarera y, por consiguiente del cultivo de la caña.
Efectivamente, como se reconoce desde la prensa de Las
Palmas, sin la instalación de la máquina azucarera de Arucas,
difícilmente se hubiera puesto en marcha la actividad agrícola
cañera:
«Sin su valiosa cooperación y eficaz concurso no hubiera
podido llevarse a efecto la instalación en la mencionada
villa de una gran máquina azucarera que, reuniendo to-dos
los modernos adelantos en este importante ramo de la
industria, ha de ejercer grande y decisiva influencia en la
propagación del nuevo cultivo en que están cifradas las
esperanzas de nuestros propietarios y agricultores, y que ha
de constituir seguramente una de las más firmes esperan-zas
de la ulterior prosperidad de la Isla»7.
En una serie de trabajos, firmados por RPA (Rafael Ponce
Armas), desde Arucas8, esta última es presentada como el mo-delo
de municipio de Gran Canaria, y de las Islas en general,
afectado por las secuelas de la crisis de la cochinilla, principal-mente
la emigración, a principios de los años 80’. Naturalmen-te,
habría sido la exportación de la grana, junto al movimiento
comercial derivado del régimen de Puertos Francos, la respon-sable
de los grandes cambios que habían tenido lugar en el
municipio: entre 1852-1880, la población se habría doblado (de
4000 a 8000 habitantes), las edificaciones se habrían multipli-cado
por ocho, la riqueza imponible pasaría de 500.000 a
800.000 rs. y, finalmente, los presupuestos del ayuntamiento
6 Para una crónica de la llegada de la maquinaria cf. La carta de J.
Ladevéze, publicada por El Liberal (14-I-1884). De los actos de inaugura-ción
nos da cuenta Rafael Ponce Armas (El Liberal, 12-VIII-1884). Una
versión reciente en P. Jesús Vélez (1984).
7 «La caña de azúcar», El Liberal (16-XI-1883).
8 El Liberal (16-XI, 4-XII, 14-XII y 28-XII-1883)
630 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
6 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
darían un importante salto, incrementando la ratio por habitan-te
de 5,3 rs., a casi 27. La plantación de la caña y la posterior
elaboración del azúcar, impulsarían igualmente la prosperidad
con el trazado de nuevas carreteras y la construcción de embal-ses
y presas.
El interés que tiene el escaparate de Arucas para el resto de
la Isla y del Archipiélago es manifiesto. Se nos destacan sus
condiciones naturales: altitud en torno a los 200 metros, tem-peratura
media entre 18 y 24º, terreno abundante para el culti-vo
(1600 fanegas potenciales, aunque la disponibilidad de agua,
reduzca esta superficie a 600), suelos profundos, de composición
arcillosa dominante o, por último, la inexistencia de vientos re-cios,
heladas o sequías.
Dadas estas circunstancias, el balance, entre 1883-1885, no
podía ser más esperanzador, puesto que la Villa contaba con dos
fábricas (San Pedro y la del Rosario) y hasta seis trapiches9. No
obstante, la cochinilla no había desaparecido todavía, ni mucho
menos, e incluso en 1884, aún presentaba signos de recupera-ción.
Pese a todo, los agricultores de la región parece que se
inclinaban por la caña y el tabaco10:
«Más nuestros propietarios y agricultores, con bastante
buen sentido, fían poco en el alza pasajera que ha obteni-do
el precio de la grana. Comprendiendo la necesidad de
producir artículos de exportación que sirvan de equilibrio
a las importaciones, y sean una base de riqueza y bienes-tar
para nuestro país, dedican sus terrenos al cultivo de la
caña y del tabaco»11.
En resumidas cuentas, los hombres más emprendedores del
N.O. de Gran Canaria, sabían que la alternativa a la grana, no
podría estar en los cereales o en los frutos ordinarios, pero tam-poco
ignoraban las dificultades que los nuevos cultivos compor-taban.
Por un lado, eran manifiestos los problemas que provo-caba
la falta de adquisición de la rama y las labores canarias
por las fábricas de tabaco nacionales, que actuaban como au-
99 Luxán y Bergasa (2001: 48-49).
10 Luxán (2003, en prensa).
11 «Nuestros azúcares», El Liberal (16-I-1885).
Núm. 50 (2004) 631
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 7
ténticos reguladores de la producción canaria; de otro, desde un
principio, se presentaron serios obstáculos a la penetración de
los azúcares isleños en el mercado nacional. En estas circuns-tancias,
el discurso político desde Canarias, en la coyuntura in-ternacional
del Congreso de Berlín de 1885, no podía ser otro
que la afirmación de la españolidad de las Islas. Se debía inten-tar
rentabilizar al máximo su posición estratégica frente a la
costa africana y reclamar, en consecuencia, la protección del
Estado. El modelo a aplicar no era otro que el de la ayuda al
azúcar madeirense, implementado desde Lisboa, una vez que la
filoxera arruinó los caldos del archipiélago vecino12.
Esta argumentación a favor de los nuevos cultivos, que es-tamos
sacando a colación de la lectura de uno de los principa-les
periódicos de la época, no esconde tampoco las debilidades,
tanto del azúcar, como del tabaco, consecuencia de la sobrepro-ducción
mundial. El primero, no lo olvidemos atravesaba una
coyuntura difícil en los años de instalación de la fábrica de San
Pedro, y tenía que saber sobrellevar la competencia de la remo-lacha.
El segundo, mientras no fuese capaz de acreditar su ca-lidad,
consolidándose como una marca de referencia, no tendría
ninguna posibilidad de hacerse un hueco en el mercado del
monopolio. En cualquier caso, las nuevas opciones de la econo-mía
canaria, que exploraban sus posibilidades cuando ya lo es-taban
haciendo los plátanos, nunca podrían dirigirse al camino
de los monocultivos, ni a renglones de la producción, controla-dos
por extraños, en mercados extranjeros13.
2. ¿PRODUCIR PARA EL MERCADO REGIONAL O PARA LOS MERCADOS
EXTERIORES? EL MARCO INSTITUCIONAL EN EL QUE TUVO
QUE DESENVOLVERSE EL AZÚCAR CANARIO (1884-1891)
Cuando Alfonso Gourié empezó a moler caña en Arucas,
pensando en los mercados exteriores y, a su rebufo, fueron sur-giendo
pequeños trapiches y otros establecimientos más impor-tantes,
atentos al mercado insular, las circunstancias para la
12 «La crisis agrícola de Canarias», El Liberal (1-V-1885).
13 «Intereses materiales», El Liberal (20-VI-1884).
632 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
8 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
industria eran preocupantes en dos temas básicos: de un lado,
las condiciones adversas del mercado mundial, en el que el ad-versario
fundamental era, junto al azúcar cubano, el extraído
de la remolacha; y de otro, las barreras de entrada al mercado
nacional, que el fisco levantaba a los azúcares canarios, a fa-vor
de los productores andaluces y también de los azúcares
antillanos.
2.1. La competencia del producto antillano
y de los azúcares extranjeros
A comienzos de 1885, el archipiélago canario importaba azú-car
de Cuba y de otras partes (Inglaterra y Alemania, princi-palmente)
por valor de 1.050.000 ptas.14, que, a un precio de
37,50 ptas. / quintal, significaba un montante de 28.000 quin-tales.
Este volumen, que nos indica el tamaño aproximado del
mercado regional, significaba un consumo medio, por habitan-te,
entre 9 y 10 kgs./año15, que, según las estimaciones de El
Liberal (16-I-1885), con una superficie de 300 fanegadas podrían
conseguirse. Esta cantidad, sin embargo, estaba lejos de alcan-zarse
en aquellas fechas, en las que San Pedro de Arucas sería,
con mucho, la máxima productora y, mucho menos a la altura
de 1892. Como puede, apreciarse en el cuadro en que recoge-mos
la producción de la fábrica de San Pedro, esta elaboró, en
la zafra de 1885, 4.178 quintales de azúcar, que se incremen-taron
a 5.429, en la siguiente. Es decir, al comenzar a desenvol-verse
el negocio azucarero representaba el 52,2% y el 67,8%, res-pectivamente.
Para el año crucial de 1892, se estimó16 que
mientras el consumo de la provincia oscilaba entre los 40 y
50.000 quintales de azúcar, la oferta indígena no superaría los
20.000, lo que representaba una cuota de mercado para la pro-ducción
canaria inferior al 50%. El porcentaje de San Pedro
todavía seguía significando la mitad del total de la oferta. Si a
14 Las cifras proceden del trabajo «Nuestros azúcares», publicado en El
Liberal (16-I-1885).
15 El censo de 1877 arroja una población de 280.974 h.
16 García Guerra (1892).
Núm. 50 (2004) 633
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 9
esto, añadimos que las fábricas canarias, entre 1885-1892, co-locaban
una parte considerable de su producción en el merca-do
nacional, hemos de inferir que los azúcares isleños, dentro
del marco institucional vigente en aquellos momentos, no eran
competitivos, ni dentro de su propio territorio. De esto último,
se era plenamente consciente en Las Palmas. De este modo, El
Liberal, al referirse al impuesto transitorio y recargo municipal,
encabezado para los fabricantes peninsulares, escribía:
«este encabezamiento no debía, sin duda, ser extensivo a
los fabricantes de azúcar en Canarias, como no lo era en
las provincias ultramarinas, toda vez que sus productos,
para importarse en la Península, no solo estaban sujetos a
los mismos, sino a mayores gravámenes que los de aque-llos;
pero nuestra Administración lo ha entendido de otro
modo; y en tanto que por la legislación arancelaria se les
priva a sus azúcares de la condición de nacionales, impo-niéndoles
el encabezamiento como a los fabricantes penin-sulares,
se les impide hasta competir con la producción
extranjera, toda vez que sus azúcares vienen ya con un re-cargo
que los de aquella no tienen»17.
Los azúcares antillanos, clasificados, junto a los filipinos,
como coloniales, habían pasado a estar sujetos a un impuesto
transitorio, en sustitución de los impuestos de consumo que
antes gravaban a los productos coloniales (ley de 26-XII-1872).
Este impuesto se empezó a aplicar, a partir de la Ley de presu-puestos
de 1877, al azúcar peninsular, que vio como aumenta-ba
la competencia colonial al ser declarados exentos de pago de
derechos arancelarios los azúcares procedentes de Cuba y Puer-to
Rico (Real Decreto de 5-X-1884).
El Día de Madrid, periódico que se manifiesta afín a León y
Castillo, al referirse a la supresión de los derechos aduaneros a
Cuba y Puerto Rico, puso de relieve la injusticia cometida con
los azúcares filipinos, pero, sobre todo, con los procedentes de
Canarias18. La concurrencia con Las Antillas únicamente sería
factible, si los azúcares de Canarias obtenían el placet para en-trar
en el mercado nacional como productos de cabotaje, o, en
17 «Nuestros azúcares», El Liberal (16-I-1885). El subrayado es nuestro.
18 Recogido en El Liberal (16-I-1885).
634 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
10 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
todo caso, si se reducía la producción mundial, tanto de remo-lacha,
como de caña, y el mercado de Londres volvía a deman-dar
el producto cubano. Pero la circunstancia decisiva, no po-día
ser otra que un tratado comercial de España con los Estados
Unidos —uno de cuyos escollos fundamentales provenía de los
intereses harineros de nuestro país— que suavizase el férreo
proteccionismo de Norteamérica, desviando totalmente el azú-car
y las mieles de la colonia hacia sus consumidores naturales,
como de hecho ocurrió en la última década del XIX19. Efectiva-mente,
en 1885, se detecta una recuperación mundial de los
precios del azúcar20:
«En España ha de sentirse necesariamente el alza, y si se
resuelve favorablemente la cuestión de la libre entrada de
los nuestros en la madre patria, no hemos de temer tanto
19 En 1890, la política proteccionista de Mckinley, y su influencia en la
economía cubana, era una de las preocupaciones de la prensa de Las Pal-mas.
La posible desviación del azúcar cubano a la Península sería la pun-tilla
de la industria azucarera canaria:
«El mercado peninsular es el único con que nuestra producción
azucarera puede contar. Cortos y de mucho valor nuestros terrenos,
sus productos requieren un precio relativamente alto, si ha de ser
remunerador, y no resisten la concurrencia de la producción general,
obtenida con menos dispendios y en tierras extensas y de poco valor.
Necesitamos por tanto, o producir artículos que por su rareza o
especialidad constituyan en el comercio lo que algunos economistas
llaman un monopolio natural, como el tabaco superior cubano y an-tes
nuestra cochinilla, a la que parece van a sustituyendo con ventaja
las bananas, o disponer de un vasto mercado que, inaccesible a los
productos similares, sujetos al pago de crecidos derechos, sea tam-bién
para nosotros un verdadero monopolio.
Tal es para el azúcar canario el mercado español, que cerrado al
del extranjero, solo es accesible a nuestra producción y a la indígena
—ambas insuficientes- y en parte también a la filipina y a la anti-llana.
Pero este mercado sería perdido para nosotros, y la industria
azucarera canaria sufriría irremediables quebrantos, si el malhadado
bill americano lanzara a la Península tan grande cantidad de azúcar
cubano, que provocando sensible baja en los precios, hiciera allí
imposible la venta del nuestro en condiciones aceptables».
«La crisis antillana y su influencia en Canarias», El Liberal (27-XI-1890).
20 La reducción de la cosecha de remolacha se cuantificaba en torno a
las 400.000 tms. Y afectó especialmente a Francia, Holanda, Austria, Bélgi-ca
y Alemania. No menos considerable fue la reducción de la zafra de azú-car
de caña en Java, las Antillas, Brasil y los Estados Unidos. Cf. «El alza
del azúcar», El Liberal, 29-V-1885.
Núm. 50 (2004) 635
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 11
la concurrencia de los antillanos, que además de ofrecerse
a precios más altos que los actuales, no se acumularán en
los mercados peninsulares, cuando tienen facilidades de
venta provechosa en las plazas extranjeras»21.
El problema de la competencia del azúcar de remolacha no
era, ni mucho menos específico de Canarias, que jugaba con la
ventaja, en términos relativos, de la todavía muy insuficiente
producción andaluza de caña, con relación al mercado nacio-nal.
Algunas fábricas de Almería y Málaga, por estas fechas,
estaban innovando tecnológicamente, por influencia de los mé-todos
del sector remolachero, incorporando, por ejemplo, «el sis-tema
de difusión», con un aprovechamiento mayor de los resi-duos.
En Canarias, en 1885, se tenía el convencimiento de la
amenaza de muerte que las instituciones fiscales podían infligir
a la industria —Gourié, por ejemplo, anunció, que en la presen-te
situación su fábrica tendría que cerrar en 188622— y, apenas,
quedaban entresijos para prestar atención a las mejoras tecno-lógicas
que aparecían en los procesos productivos23.
2.2. Azúcares nacionales o azúcares extranjeros
Por lo expuesto hasta ahora, sabemos que el azúcar fue una
de las opciones que se pusieron en marcha, para hacer frente a
la crisis de la cochinilla en los mercados internacionales. Hemos
puesto el énfasis en el carácter industrializador de la experien-cia
—con un enfoque que va más allá del azúcar— como una
posibilidad de fortalecer la economía isleña, muy vulnerable a
las contingencias de la economía mundial. Por eso mismo, se
21 Ibídem.
22 «Entre tanto —escribirá el 15/V/1885- yo tengo que cumplir el deber
moral de hacer pública una situación a virtud de la cual la fábrica de San
Pedro de Arucas, no puede dar seguridad ninguna de que encienda sus cal-deras
para la zafra de 1886; de este modo, el labrador no podrá quejarse
de mi silencio desde el presente aviso, sino de la legislación que nos ha
dado una batalla en que salimos vencidos y prisioneros». «La cuestión azu-carera
» (El Liberal, 16-VI-1885).
23 El Liberal (13 y 27-X-1885).
636 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
12 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
ha destacado que esta vía se ponía en marcha, en un momento
de dificultades en los flujos e intercambios azucareros mundia-les,
con mercados saturados, precios a la baja y un horizonte
amenazado por la remolacha, tecnológicamente más avanzada,
que de modo implacable desequilibraba, a su favor, la oferta
azucarera. Canarias, en este escenario, gozaba, desde 1852, de
un régimen de franquicias, que no parecía favorecer, ni la pro-ducción
para el mercado interno, ni la entrada en el territorio
aduanero nacional. Por último, nos hemos referido a que, en
1885, en palabras del propio Gourié, la fábrica de San Pedro de
Arucas era «la única seriamente establecida».
A) Los intereses comerciales
Mientras duró el segundo ciclo azucarero, se plantearon dos
posiciones, a favor y en contra de la protección que, entre 1886-
1900 —salvado el escollo de arancel de 1892—, resultaron favo-rables
a los intereses industriales. La reforma de los Puertos
Francos de 1900 haría inevitable la decadencia de la manufac-tura,
al desaparecer la protección anteriormente conseguida. En
este apartado vamos a referirnos brevemente a la postura de los
comerciantes, especialmente radicados en Tenerife, que tuvieron
como valedor político principal, al diputado en el Congreso, por
la vecina isla, Feliciano Pérez Zamora. La actitud de este grupo
estuvo centrada en defender que, dentro del marco de los Puer-tos
Francos, no cabía una política de protección al azúcar. La
industria azucarera era incapaz de abastecer el mercado inter-no
y no podía castigarse al consumidor isleño, instaurando una
situación de monopolio que restringiese la entrada de los azú-cares
antillanos o extranjeros. Uno de los momentos en que
afloró a la superficie esta pugna, fue en el proceso de negocia-ción
política con el poder central que, desde Canarias, se em-prendió
en 1885, para conseguir que el producto canario fuese
reconocido como nacional, en el momento de su introducción
en los puertos peninsulares y, por tanto, no sujeto a los gravá-menes
arancelarios. Como repitió, en sucesivas ocasiones, el
empresario de Arucas, la vida legal del azúcar de las islas ame-
Núm. 50 (2004) 637
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 13
nazaba con asfixiar a la industria: recargos y derechos transito-rios
pagados a la salida de la fábrica; arancel y, otra vez, im-puesto
y recargo transitorio a su entrada en la aduana de Cádiz.
Si a estas contribuciones, le añadíamos derechos de envase,
declaraciones de alijo y gastos de transporte, resultaba que, un
saco de 98 kgs, puesto a la venta en Cádiz originaba unos dere-chos
de 99,1 ptas., mientras que en el mercado solo alcanzaba
77,85 ptas. Un negocio a todas luces ruinoso24. En resumen,
entre 1884-1886, el azúcar canario estuvo gravado por partida
doble: como azúcar nacional (impuesto transitorio y recargo
municipal que, además se devengaba en el origen y en el puer-to
de destino) y como azúcar extranjero (derechos arancelarios
que oscilaban entre 25 y 32,50 ptas., según se le aplicase, o no,
el arancel de nación más favorecida).
La Ley de 22-VI-1870, que había confirmado el régimen de
Puertos Francos, preveía la formación de una comisión especial,
de la que formarían parte los diputados canarios, que debía
acordar con el ministro de Hacienda, las modificaciones que
conviniese adoptar con el fin de ampliar el beneficio de las fran-quicias.
Aprovechando este mecanismo, una comisión de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, con-tando
con el apoyo de Fernando de León y Castillo, presentó una
propuesta al ministro del ramo, solicitando que el azúcar fuese
incluido entre los productos canarios comprendidos en el artícu-lo
3º del Real Decreto de Puertos Francos de 11-VII-185225. Por
los testimonios que nos han llegado de León y Castillo o de
Gourié, no fue posible el entendimiento entre los representantes
de Canarias en la comisión, y Feliciano Pérez Zamora, al que
antes nos hemos referido, se excusó de redactar la nota común
al ministro, dejando en su lugar, claramente expuesta la posi-ción
de los comerciantes:
24 Carta de A. Gourié (Arucas 15-V-1885), publicada en El Liberal (16-
VI-1885). Igualmente el suelto titulado «Cuestión azucarera» (El Liberal, 2-
III-1886). Los datos proceden del experimento realizado por la fábrica de
San Pedro de enviar un saco a Cádiz, con el fin de experimentar los costes
y las formalidades de la aduana. No es extraño que se considere un riesgo
incalculable exportar azúcar en las presentes condiciones.
25 Se hace eco de la misma El Liberal (2-II-1885).
638 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
14 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
«Para poder introducir en la Península el azúcar produci-do
en Canarias, previo el pago de los dos derechos que
satisfacen el de las provincias de Málaga, etc., es necesario
imponer al que se introduzca en Canarias, procedente del
extranjero y de América, los mismos derechos que se satis-facen
hoy a la introducción en la Península, y cree que
mientras no produzca Canarias azúcar suficiente para el
consumo de las islas y para la exportación que se desea, es
arriesgado por el perjuicio inmenso que se ocasiona al con-sumidor,
gestionar hoy la concesión que se solicita, sin
antes oír a las diversas corporaciones y pueblos, puesto que
en lugar del derecho que hoy grava a dicho artículo a su
introducción a las islas, se establecerían dos más denomi-nados
de arancel y transitorio»26.
En definitiva, los intereses comerciales postulaban una seria
reserva a las propuestas de los productores, confluyendo en esta
actitud con los fabricantes andaluces, que sacaban a colación
la idea de la competencia desleal que podía generarse desde
Canarias, donde los azúcares extranjeros entrados en condicio-nes
favorables como resultado de las franquicias, podrían ser
desviados a la Península, ahorrándose los derechos arancelarios,
con clara burla de la protección.
B) El anhelo de reforma del marco institucional
perseguido por los industriales
1) Producir para exportar a los mercados exteriores
La posición de los industriales canarios no estuvo definida,
desde un principio, sino que fue llenándose de contenido, según
fue avanzando la negociación entre 1884-1888. Parece ser que,
cuando se comenzó a plantar la caña y Gourié montó la fábri-ca
de Arucas, no se descartaba la posibilidad de vender en el
exterior, como un objetivo estratégico. Canarias había acumula-do
experiencia y formado una red de contactos en los mercados
europeos, principalmente Londres, o en África, que en estos úl-
26 El Liberal (19-VI-1885) pone en boca de Pérez Zamora las palabras
que hemos entrecomillado.
Núm. 50 (2004) 639
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 15
timos compases del XIX, aparece más en la agenda de los em-presarios
isleños. Con la vecina costa africana existía un intere-sante
flujo de reexportaciones de aguardiente de caña —proce-dente
de Cuba— que, entre 1880-1884, llegó a suponer el 2,5%
del total de las ventas exteriores canarias27. Como tendremos
ocasión de ver, este negocio se vería seriamente amenazado por
la nueva legislación de alcoholes de 1889. Por otro lado, las
condiciones desfavorables del mercado mundial, hacían casi
imposible la colocación en la plaza de Londres, a precios com-petitivos,
del azúcar isleño28. En cualquier caso, la estrategia de
producir, para exportar al extranjero, era impensable, si se apli-caba
la Instrucción de 14-IV-1878, que regulaba la administra-ción
del impuesto transitorio y recargo municipal. Este será uno
de los primeros mensajes de Alfonso Gourié, para quién resulta-ba
incomprensible no contar con primas a la exportación, como
se hacía en otros países productores, en forma, por ejemplo, de
suspensión de los citados gravámenes29. El problema que se le
presentó a Gourié fue resumido por El Liberal, en una polémica
que mantuvo, con el también periódico de Las Palmas, El Tra-bajo:
«Cuando en 1884 el Sr. D. Alfonso Gourié instaló en Arucas
su fábrica de San Pedro, destinada a elaborar azúcar, no
para el consumo de la provincia exclusivamente, que esto
no ofrecía porvenir a la industria y es bien escaso el con-sumo
de Canarias relativamente a la inmensa producción
de aquella potente máquina y de los trapiches a la sazón
establecidos, sino para exportar al extranjero, acudió el fis-co
para imponerla las trabas y gravámenes prescritos en la
Instrucción de 6 de mayo de 1878 dictada para la fabrica-ción
peninsular»30.
27 El Liberal, 20-III-1885.
28 Esta es, por ejemplo, la opinión del Ingeniero Juan de León y Casti-llo,
expresada en el seno de la comisión de la Real Sociedad Económica
de Amigos del País que estudió el tema de los azúcares. De la misma se
hace eco El Liberal (2-II-1885).
29 Instancia al ministro de Hacienda de 6-IX-1884.
30 «La verdad sobre la cuestión azucarera», El Liberal, 26-III-1886.
640 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
16 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
2) Conseguir la declaración de producto nacional
Las razones que hemos expuesto, bien esgrimidas por Fer-nando
de León y Castillo, que recomendó a Gourié31 la conve-niencia
de sujetarse a la legislación nacional, como contraparti-da
de la libre introducción del artículo en el mercado español,
llevaron a este —aún sin abandonar del todo su primitiva posi-ción32—
a cambiar la estrategia, en la línea apuntada por el
político teldense33. No obstante, el proceso administrativo que
conducía a la apertura de los mercados nacionales chocaba con
la existencia de los Puertos Francos, como hemos apuntado
anteriormente, y podía demorarse en el tiempo, significando la
ruina de un sector, en el que se había realizado una inversión
importante. A la altura de 1890, cinco años después, se situaba
el montante total de la misma, en torno a quince millones de
pesetas, de los que tres corresponderían a maquinaria y herra-mientas
y el resto a la tierra y su agua correspondiente34. La
cuestión apremiaba y, desde Canarias, se demandaba del minis-tro
del ramo una pronta resolución, bien concediendo la califi-cación
de nacionales —según la petición formulada por la Eco-nómica
de Amigos del País de Gran Canaria— bien dejando sin
aplicación la fiscalidad que regía para los azúcares de fabrica-ción
peninsular:
«Si el ministro de Hacienda no es que se ha propuesto
arruinar por completo la industria azucarera de Canarias,
resuelva pronto en este asunto, ya concediendo como es
justo el derecho de la libre introducción en la Península,
una vez satisfecho lo que en concepto de productores na-
31 En diversas colaboraciones periodísticas, Gourié reiterará el contac-to
epistolar que mantiene con Fernando de León y Castillo. «La cuestión
azucarera», El Liberal (16-VI-1885).
32 Instancia de A. Gourié al ministro de Hacienda de 4-VI-1885 y carta
al director de El Liberal de 28-III-1886, publicadas ambas en el citado
periódico el 30-III-1886, dentro del artículo «Más sobre la cuestión azu-carera
».
33 «La verdad en la cuestión azucarera», en El Liberal (26-III-1886).
34 García Guerra (1892).
Núm. 50 (2004) 641
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 17
cionales se les impone, o quíteles este gravamen, y que por
lo menos tengan los mercados extranjeros, ya que se les
cierra indebidamente el nacional»35.
Como puede apreciarse, el discurso del periódico concorda-ba
plenamente con la postura defendida por el industrial de
Arucas, con la reserva del derecho, o la necesidad, de salir a
vender fuera del ámbito regional. Nos interesa traer a colación
la argumentación de las instancias de Gourié al ministro de 4-
VI-1885 y 21-I-1886, especialmente la primera de ellas. El Archi-piélago
es presentado como incapaz de absorber la producción
azucarera a precios remuneradores, que permitan retribuir con
prontitud la caña entregada por los cosecheros, con mucho la
parte más onerosa de los gastos de fabricación. Quizá, por ese
motivo, la estrategia inicial de contar con una oferta de caña,
disociada de la fabricación del azúcar propiamente dicha, tuvo
que reconducirse hacia procesos de integración vertical, convir-tiéndose
los fabricantes en los principales cosecheros. En 1913,
por ejemplo, de las 300 fanegadas de caña que se cultivaban en
Gran Canaria, 200 eran cultivadas directamente por los fabri-cantes
que, además, eran sus propietarios36. Vendiendo azúcar
en la Península, en segundo lugar, podrían obtenerse los recur-sos
suficientes para financiar la compra de la caña en el breve
plazo. Finalmente, si no era posible el camino directo a los con-sumidores
españoles, se deberían tener condiciones ventajosas
—sin obstáculos fiscales— para poder competir en los mercados
exteriores en igualdad de condiciones.
La pretensión de colocar bajo el paraguas de la legislación
general de los azúcares, al producto isleño, partió, entonces, de
la iniciativa de Gourié. Fue secundada y formalizada por la Eco-nómica
del País de Gran Canaria37 y no dejó de contar, todavía
en el escalón regional, con la movilización de los ayuntamien-tos
de la Isla que, a tal efecto, constituyeron la Liga de propieta-rios
y labradores de Gran Canaria. Esta última institución, pro-movida
por el alcalde de Las Palmas, Fernando Morales,
35 «los azúcares canarios», El Liberal (14-VIII-1885).
36 Luxán y Bergasa (2001: 53).
37 Luxán (2002).
642 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
18 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
intentaba apoyar no solamente el desenvolvimiento del azúcar
de caña que, sin el mercado nacional quedaría condenado en
las islas a vivir de modo raquítico y miserable, sino también a
conseguir la compra de tabaco en rama y elaborado por las fá-bricas
del Estanco38. La importancia del azúcar y del tabaco ten-derá
a disminuir, en términos relativos, a favor de los plátanos
y otros cultivos exportadores, porque la propia Liga, unos años
más tarde, al estudiar la posibilidad de transformarse en Cáma-ra
Agraria, dirigirá su interés con mucha más intensidad hacia
los productores de plátanos39, que como cultivo exportador em-pezaban
a ser una opción más provechosa.
3) Incrementar los gravámenes de los azúcares extranjeros
que entran en Canarias es compatible con el marco
de los Puertos Francos
En el primer envite, formulada la propuesta de definir la
producción canaria como nacional peninsular, surgirán dos pro-blemas,
desde el punto de vista hacendístico. De un lado, era
necesario garantizar los recursos del Estado pactados en 1852,
de los que eran responsables subsidiarios la Diputación Provin-cial
y la Junta de Comercio. De otro, había que arbitrar una
fórmula que evitase el flujo fraudulento de azúcares extranjeros
38 «Cuestión vital», El Liberal (13-III-1885). En este artículo se repro-duce
la carta circular del alcalde de Las Palmas a los ayuntamientos de la
isla, convocándoles a la constitución de la Liga de propietarios. También,
«Liga de propietarios y agricultores», El Liberal (7-IV-1885). La voz cantan-te
en la formación de esta asociación la llevaron el propio alcalde, Juan de
León y castillo, Agustín del Castillo Westerling y Carlos Fornos, que queda-ron
comisionados para elegir un representante que debía desplazarse a
Madrid a gestionar los asuntos del azúcar y del tabaco. Igualmente, Milla-res
Cantero, op. cit.
39 El Liberal (16-V-1891): «Intereses agrícolas». En torno a la constitu-ción
de una cámara agrícola por la Liga de propietarios se hace una defi-nición
de la economía canaria como eminentemente agrícola. Se llama a
los cosecheros de plátanos, en especial, para que ingresen en la Cámara
agrícola. «Los cosecheros especiales, sobre todo los del plátano formarán
una de las secciones más importantes, y en su seno podrán desenvolverse
más y mejor, que si se constituyesen en gremio aislado (...)».
Núm. 50 (2004) 643
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 19
a la Península, con claro perjuicio de los productores andalu-ces.
Desde «las regiones oficiales», como se denominaba a los
poderes centrales en Canarias, el único camino posible, pasaba
por aumentar el gravamen que devengaban los azúcares extran-jeros
a su entrada en el Archipiélago, dentro del régimen vigen-te
de Puertos Francos. Desde Canarias se adelantó un sistema
complejo de control, que tenía como objetivo evitar este incre-mento,
con el fin de garantizar el origen isleño del producto,
haciendo la salvedad, de que a los fabricantes de este, siempre
que fuera dirigido al extranjero, les sería devuelto el derecho
abonado a la salida de la fábrica.
1º El azúcar destinado a la exportación saldría directamente de la
fábrica, previa autorización de la Administración Provincial o de
Partido.
2º La legitimidad de origen sería verificada y certificada mediante acta
notarial por el funcionario en quién delegase el alcalde de la ciudad,
que podría ser auxiliado por dos fabricantes.
3º Reconocido el azúcar, se ensacaría, marcándose los sacos con una
numeración correlativa y separándose muestras en saquitos de 1 kg,
tantas como calidades se produzcan, con el sello de la fábrica.
4º Si la operación de reconocimiento no concluyese en el día, el
azúcar quedaría vigilado durante la noche, por guardias, pagados por
los fabricantes, con el fin de evitar depósitos fraudulentos.
5º Después de procedería al traslado al puerto habilitado para la
exportación, donde el producto sería provisto de una guía para el
puerto de destino.
6º Finalmente, la aduana española del puerto donde fuese desem-barcado,
expediría la correspondiente tornaguía justificativa de la
llegada que, en el caso de que el puerto fuese extranjero, incumbiría
al Cónsul.
Fuente: El Liberal (23-VI-1885).
CUADRO 1
SISTEMA DE GARANTÍA DEL ORIGEN ISLEÑO DEL AZÚCAR (1885)
En conclusión, se aceptó como un mal menor la respuesta
ministerial, porque se tenía la firme convicción de que el objeti-vo
prioritario era la consecución de la denominación de origen
644 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
20 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
nacional. Ya habría tiempo después para mejorar los procedi-mientos40.
En cualquier caso, tampoco se dejaba de reconocer
la enorme dificultad de obtener beneficios por la vía del fraude.
El artículo comprado en el extranjero, podemos leer, pagaba un
flete nada mezquino desde el puerto de origen hasta el punto
de destino. Desembarcado en Canarias, tenía que satisfacerse el
derecho impuesto por la Hacienda. Desde el puerto se origina-rían
los correspondientes gastos de traslado hasta la fábrica.
Una vez allí, sería necesario sobornar a todos los funcionarios y
fabricantes que intervenían en el proceso de inspección. Después
habría que abonar los derechos transitorios y, otra vez, los gas-tos
de expedición y conducción al puerto, donde todavía faltaba
el pago del flete hasta la Península. ¿No absorbían los gastos la
posible utilidad del fraude?41
4) El éxito parcial de León y Castillo en las «regiones oficiales»:
El dictamen de la sección de Hacienda del Consejo de Estado
En Madrid, León y Castillo empleó algunos medios de comu-nicación,
como El Día, para defender las posiciones de los in-dustriales
canarios. Desde este periódico, se pinta la situación de
la industria azucarera, como claramente anómala, al sometér-sela
a la doble imposición (como manufactura nacional y ex-tranjera)
e impedírsele no solo la entrada en el mercado nacio-nal,
sino incluso en los mercados exteriores, donde, sujeta al
impuesto transitorio, apenas tendría posibilidades de concurren-cia
con los azúcares antillanos y asiáticos, que estaban libres de
gravámenes, ni tampoco con los franceses y alemanes, que go-zaban
de primas a la exportación42. Pero, donde parece que León
y Castillo obtuvo mejores resultados fue en el Consejo de Esta-do,
en el que arrancó un dictamen que mantenía una cierta
reserva hacia la importación del azúcar extranjero, pero que
40 Se defenderá, por ejemplo, la conveniencia del recargo municipal,
pero en contra del dictamen del Consejo de Estado de 20-II-1886, se abo-gará
por la supresión del impuesto transitorio. «La cuestión palpitante III»,
El Liberal (11-VI-1886).
41 «La cuestión azucarera», El Liberal (26-VI-1885).
42 El Día (7-VIII-1885).
Núm. 50 (2004) 645
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 21
aclaraba de modo favorable, el marco institucional del azúcar,
al autorizar su entrada en la península sin la consideración de
producto extranjero (Real Orden de 20-II-1886).
La sección de Hacienda del Consejo de Estado tuvo delante
el expediente del azúcar, iniciado, como hemos puesto de mani-fiesto,
en septiembre de 1884. El industrial aruquense había
intentando, en primer lugar, que no se le gravase con el impues-to
transitorio y el recargo municipal, dado el marco general de
Puertos Francos que regía en Canarias, pretensión que le fue
denegada por la delegación de Hacienda de Canarias que, a
efectos del impuesto, declaró su producción nacional y, por lo
tanto, sujeta a la instrucción de 1878, aunque, eso si, libre de
derechos a su introducción en la Península.
«Funda dicho interesado su reclamación —leemos en el
dictamen del Consejo de Estado— en que siendo puertos
francos los de aquellas islas, y considerados por lo tanto
como extranjeras las mercancías que de ellos se importan
en la Península, están sujetos al adeudo de los derechos
arancelarios en la Aduana, y al impuesto transitorio, ade-más,
el azúcar, que si hubiera de adeudarle también a su
fabricación en las islas, resultaría excesivamente gravado,
concluyendo con una industria naciente43, por la imposibi-lidad
en que se colocarán sus productos, no sólo con sus
similares de producción en la Península, sino también con
los coloniales y extranjeros»44.
La resolución de la Delegación de Hacienda de Canarias fue
suscrita por la Dirección General de Impuestos. El problema
surgía con la interpretación del Decreto de Puertos Francos y
con la disposición 9ª del arancel de 1882, que había modificado
aquél, incluyendo en los derechos de cabotaje, a toda clase de
frutos, garbanzos, semillas, vinos etc., que no habían sido con-templados
en el primitivo decreto. Con esta medida, realizada en
una fecha en que la producción de azúcar aún no había comen-zado,
se protegió a un producto, directamente asociado a
43 El subrayado es nuestro.
44 Dictamen de la Sección de Hacienda del Consejo de Estado al ministro
de Hacienda (Boletín Oficial de 23-IV-1886, reproducido en El Liberal de
27-IV-1886).
646 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
22 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
Tenerife (el vino) y a otro unido a Lanzarote (los garbanzos)45.
Para que la resolución de la Delegación de Hacienda, refrenda-da
por la Dirección General de Impuestos, fuese realmente apli-cada,
se necesitaba ampliar o reformar la base 9ª del arancel
vigente, al que nos hemos referido. La Dirección General de
Aduanas, a su vez, informó que con un justificante de pago de
los derechos transitorio y recargo municipal, los azúcares cana-rios
tendrían libre acceso a la Península, es decir, esta instancia
confirmó la doctrina fijada por los otros dos organismos.
Por su parte, el Consejo de Estado justificó la doctrina ante-rior,
con el argumento de que los derechos que gravaban al
azúcar, a su salida de fábrica, eran equivalentes a los impuestos
de consumo y, en consecuencia, no incluidos en el régimen de
franquicias. A este aspecto, nos referíamos anteriormente, cuan-do
escribíamos que el ministerio de Hacienda buscaba, en pri-mer
lugar, en el tratamiento del tema azucarero, la salvaguar-da
de los intereses del Estado, atajando la posibilidad de una
merma en sus ingresos fiscales:
«Siendo el impuesto transitorio que pesa sobre el azúcar
equivalente al de consumos, y no estando comprendido este
en las mencionadas franquicias, es evidente que no hay
razón para eximir de él, el azúcar que se produzca en
Canarias, pues de otro modo, destinado este, en su mayor
parte al consumo de aquellos habitantes y siendo natural
que por ello disminuya notablemente la introducción del de
nuestras posesiones de Ultramar y del extranjero, se cau-saría
la consiguiente baja en la recaudación de dicho im-puesto
»46.
En segundo lugar, se hacía especial hincapié en el tema del
posible comercio fraudulento, que se aprovecharía del marco de
los Puertos Francos. Si seguía adelante la reforma de la base 9ª
del arancel, incluyéndose el azúcar entre los productos de cabo-taje,
era imprescindible subir los derechos del azúcar extranjero
que entraba en las islas. Y en este punto, surgían, otra vez, las
dudas que imponía el principio prioritario de mantener la capa-
45 Esta es la interpretación de García Guerra (1892).
46 Ibídem.
Núm. 50 (2004) 647
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 23
cidad recaudatoria del Estado. Por eso la defraudación desapa-recería
«si al dictarse una disposición para incluir en la base 9ª de
los aranceles vigentes, el azúcar, como uno de los artículos
de procedencia de Canarias que debe admitirse en la Pe-nínsula
con el beneficio del cabotaje, se adoptase otra en
virtud de la cual los azúcares extranjeros pagasen en los
puertos de aquél archipiélago el mismo derecho arancela-rio
con que están gravados a su introducción en la Penín-sula.
Pero el expediente que la sección tiene a la vista, no
ha alcanzado todavía la preparación necesaria para poder
apreciar, si el cultivo del azúcar de aquella comarca ha lle-gado
a un desarrollo tal, que exceda del consumo ordina-rio,
en cantidad bastante para alimentar un comercio de
exportación de alguna importancia, y que compense la baja
que ha de sufrir el módico impuesto de puertos francos con
que la provincia atiende a cubrir la cantidad que anual-mente
satisface al tesoro47 (...)».
El mecanismo que, a propuesta del Consejo de Estado, puso
en marcha el ministro de Hacienda para ampliar el expediente,
incluía sendas consultas a la Diputación Provincial y a la Junta
de Comercio, independientemente de cual fuese la resolución
final. Ahora bien, el propio Consejo de Estado había introduci-do
en su discurso una argumentación que sería básica, por
cuanto significaba un precedente favorable para el azúcar. En
efecto, los cosecheros de granos tenían reconocida la protección
a la producción interna, con un arancel a la entrada de los
cereales a las islas y, al mismo tiempo, tenían abierto el merca-do
peninsular, como producto de cabotaje, a sus cosechas48. La
consulta a ambas instituciones se hacía, además, necesaria para
salvaguardar los derechos de los consumidores, haciendo por
tanto un guiño a los importadores. Sobre todo, cuando el expe-diente
del azúcar había sido promovido por un solo industrial:
«Y es dudoso que en este concepto quepa el imponer los
derechos de arancel y disminuir las facilidades mercantiles
47 Ibídem.
48 El asunto fue esgrimido por García Guerra (1892) para atacar la re-forma
del arancel, en 1892.
648 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
24 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
respecto de un artículo de gran consumo, a petición de un
solo productor y sin el asentimiento de las corporaciones
principales obligadas con la Hacienda a cubrir la canti-dad
calculada como compensación de los derechos supri-midos
»49.
En definitiva, el azúcar canario obtuvo la denominación de
origen nacional peninsular y, por tanto, sujeto a la instrucción
de 1878, estaría exento de derechos aduaneros, al ser desembar-cado
en los puertos peninsulares.
La cuestión de gravar los azúcares extranjeros que entraban
en las islas, es decir, equipararlos a los cereales, y por lo tanto
la reforma de los Puertos Francos, provocó un compás de espe-ra
en la aplicación de la R.O. de 20-II-1886, que no se resolve-ría
hasta la R.O. de 31-VII-1886. Otra vez, medió una instancia
de Gourié, que vio como la Aduana de Cádiz exigía el pago de
los derechos arancelarios, a la primera remesa de prueba, expe-dida
desde la fábrica de San Pedro. La última resolución citada
volvía a reiterar, con el compromiso de que la Dirección Gene-ral
de Aduanas enviase las correspondientes instrucciones a to-das
las administraciones:
«Que a su introducción en la Península no se exija a di-cho
azúcar ningún derecho arancelario, siempre que se
acredite el pago del impuesto transitorio y el recargo mu-nicipal
por medio de certificación del Jefe de Hacienda de
la Provincia»50.
Si El Día de Madrid había defendido las tesis de León y Cas-tillo,
otro periódico de la capital, El Imparcial (25-VIII-1886), se
mostró claramente hostil a los resultados obtenidos por los ne-gociadores
canarios, postura que, desde las Islas, se atribuyó a
la condición de diputado por Málaga del director del mismo,
Andrés Mellado, y, por lo tanto, a la connivencia con los intere-ses
de los productores andaluces51. No debemos cerrar este epí-grafe
sin mencionar dos cuestiones importantes. En primer
49 Ibídem supra 43.
50 «De enhorabuena buena», El Liberal (24-VIII-1886).
51 «Los Puertos Francos», El Liberal (10-IX-1886).
Núm. 50 (2004) 649
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 25
lugar, que la buena sintonía entre León y Castillo y su correli-gionario
y ministro de Hacienda, Juan Francisco Camacho, fue
decisiva para inclinar la balanza a favor de los industriales.
Pero, en segundo lugar, un problema quedó sin resolver, y más
tarde traería consecuencias, al no modificarse el status de los
azúcares extranjeros a su entrada en Canarias.
5) La postura «conciliadora» de la Diputación
Provincial
El informe de la Diputación Provincial de Canarias —no te-nemos
constancia de uno semejante por parte de la Junta de
Comercio—, a través de su Comisión Permanente, no se hizo
esperar, pronunciándose a favor de la reforma del Decreto de
Puertos Francos, pero moderando a la baja el gravamen a per-cibir
de los azúcares extranjeros. Debería oscilar éste en una
banda, entre los 13,50 y las 32,25 ptas., que se devengaba en la
Península, pero sin llegar nunca a esta última cantidad. En el
criterio de la Diputación, además de los ingresos del Estado, se
trataba de conciliar la industria naciente y los intereses comer-ciales:
«Esa determinación también favorecerá el consumo del
azúcar del país dentro de las mismas islas por venir a ha-cer
menos sensible la concurrencia, pues no hay que per-der
de vista que se trata de un cultivo y de una industria
enteramente nuevos, que necesitan por lo tanto ser fomen-tados.
Esto que al parecer restringe un tanto las franqui-cias
de estos puertos francos no puede negarse que es al-tamente
beneficioso para la Provincia en cuyo provecho se
estableció aquella especie de libertad de comercio, y pudie-ra
tener su compensación en su día, y aun desde luego, si
quiera de modo indirecto, reduciendo o suprimiendo, por
ejemplo los derechos de fondeadero y de carga y descarga
en los puertos habilitados, con lo que los intereses del Es-tado,
aumentando los rendimientos de un lado y disminu-yéndolos
de otro, no se perjudicaban»52.
52 «Cuestión palpitante», El Liberal (4-VI-1886). Reproduce el informe
evacuado por la Comisión Permanente de la Provincia a requerimiento del
ministerio de Hacienda (R. O. de 20-II-1886).
650 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
26 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
6) La consecución de un régimen de conciertos
para el azúcar
El penúltimo asalto en la conformación de un marco institu-cional
favorable para el azúcar canario, que le permitiese un
cierto grado de protección, manteniendo el régimen de Puertos
Francos, vino del acuerdo con Hacienda, para hacer frente al
pago de los impuestos transitorio y recargo municipal, median-te
un concierto. La fiscalización y vigilancia en el cobro de los
mismos, había provocado, a partir de su aplicación, muchos
problemas en Andalucía y Valencia, principales zonas producto-ras
de la Península. La solución por parte del ministerio de
Hacienda, fue ofrecer a los industriales un régimen de concier-to.
A cambio del compromiso de fijar la producción de la fábri-ca
al inicio de cada ejercicio, reducían, con el pago adelantado,
a la tercera parte la cantidad a devengar por los citados im-puestos:
en vez de las 17,60 ptas./100 kgs., pasaban a satisfacer
5,87 ptas.
Desde Canarias53, sin embargo, se pensaba conseguir un
mecanismo que armonizase el concierto, con la posibilidad de
que quedasen fuera de él las cantidades destinadas a la expor-tación
al extranjero. El propósito de los productores canarios, se
justificaba por el precio estimado de venta en el mercado nacio-nal
(78 ptas./100 kgs.), más del doble del que podría obtenerse
en el mercado de Londres (solo 40):
«Que la Península es el mercado más ventajoso para nues-tros
azúcares, ya lo hemos dicho antes de ahora: allí ob-tiene
este producto precios más altos, resistentes a las brus-cas
oscilaciones que experimentan de continuo en los mer-cados
extranjeros»54.
La resolución de un régimen de conciertos para Canarias, se
obtuvo, parcialmente55, en 1888, después de otro dictamen favo-
53 «La cuestión palpitante IV», El Liberal (18-VI-1886).
54 «La cuestión palpitante III», El Liberal (11-VI-1886).
55 No se veía inconveniente a la formalización del mismo con Gourié,
a la espera de que la Dirección General de Impuestos, llegase a un acuerdo
con el resto de los fabricantes.
Núm. 50 (2004) 651
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 27
rable del Consejo de Estado, en virtud de una instancia presen-tada
por A. Gourié con el fin de celebrar un concierto, para fi-jar
la cantidad alzada, con la que habría de contribuir cada año,
por razón del impuesto transitorio y recargo municipal. El Con-sejo
de Estado no veía inconveniente alguno en que se suscri-biese
un concierto con Gourié, a la espera de que la Dirección
General de Impuestos, preparase un acuerdo general con todos
los productores. El concierto aprobado con el empresario
aruquense debió ser en el primer año por 400.000 kgs56, reno-vándose
al año siguiente por otros tres, en cada uno de los cua-les
podría producir la fábrica 600.000 kgs. de azúcar, pagándo-se
anualmente 24.000 ptas.57. La resolución del Consejo de
Estado no fue unánime, como lo muestra el voto particular del
consejero Sr. Creagh, cuyos datos de la producción azucarera
canaria, proporcionados por la Delegación de Hacienda, estaban
bastante lejos de la realidad. Con un volumen de 218.483 kgs.
de azúcar, para 1885-6, de los que Gourié aportaba 187.200 kgs.,
no podía comprenderse que solicitase un concierto de 400.000,
estando por consiguiente justificada el peligro de fraude, apun-tado
por la Dirección General de Aduanas. La respuesta de la
Sección de Hacienda del Consejo de Estado, no pudo ser más
contundente:
«La Sección de Hacienda hizo ya notar que de aquellos da-tos
si son ciertos, lo que resultaría evidentemente demos-trado
es, que la Administración carece allí de medios efica-ces
para vigilar y contrastar la verdadera producción de
azúcar, para sujetarla al impuesto, pues en el año econó-mico
antes citado, debió ser de quinientos cuarenta mil
kilogramos, por lo menos en una sola isla, y únicamente
tributaron en la provincia doscientos dieciocho mil cuatro-cientos
ochenta. Para normalizar pues la recaudación, da-das
las circunstancias especiales que concurren en aquella
provincia, parece que el medio más natural sería estable-cer
con todos los productores un concierto general: pero
como esto no sea fácil en los momentos actuales en que la
56 «Industria azucarera», El Liberal (3-IV-1888), reproduce la R. O. del
ministerio de Hacienda, dando cuenta del dictamen del Consejo de Estado
y la resolución favorable al concierto solicitado por Gourié.
57 El Liberal (8-XI-1889).
652 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
28 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
industria azucarera lucha en aquellas islas con grandes di-ficultades
y emplea para la elaboración máquinas imperfec-tas,
sería prudente aceptar los conciertos parciales que los
fabricantes vayan proponiendo, previo el estudio que la
Administración hará en cada caso de la producción proba-ble,
objeto del contrato»58.
2.3. Una nueva complicación en el funcionamiento
del régimen de Puertos Francos: producir azúcar
o destilar aguardiente de caña para la exportación
Durante el año 1889 se discutió y se aprobó en el Congreso
de los diputados la ley de alcoholes, que incluía el régimen im-positivo
de los aguardientes de caña de miel (alcoholes indus-triales),
que podía tener en Canarias repercusiones importantes,
tanto en el presente, como en el futuro. Hemos señalado ya el
interés del comercio de reexportación de aguardiente de caña
hacia las costas africanas. Debemos tener también presente, que
la producción de este tipo de alcoholes, era uno de las activida-des
derivadas del azúcar, puesta en marcha con las nuevas fá-bricas,
pero con antecedentes inmediatos e incluso anteriores al
Decreto de Puertos Francos. Así por ejemplo, en 1850, podemos
leer en la prensa de Tenerife59, un comentario elogioso de los
ensayos que se han realizado en Las Palmas, donde dentro de
poco se planteará un establecimiento destinado a la elaboración
de aguardientes, y en especial de la miel de caña importada de
las Antillas. Los ensayos practicados bajo la dirección de D.
Manuel Shanahan y D. Francisco Mandillo, autores del proyec-to,
han producido resultados satisfactorios:
«La fuerza y pureza del aguardiente, ya elaborado, le hace
preferible al de las Islas de Cuba y de Puerto Rico. El ani-sado
obtenido de aquel líquido, puede así mismo competir
con el mejor de las fábricas de Mallorca y Cataluña.
Inútil es encomiar las ventajas que reportará al país el
éxito de esta empresa. Su objeto no se limita al consumo
58 R.O. de 1-II-1888.
59 El Avisador (16/XII/1850).
Núm. 50 (2004) 653
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 29
de la Provincia; se extiende a elaborar un sobrante para la
exportación. Creemos también que contribuirá a dar vida
a nuestros buques destinados a la navegación con las An-tillas,
proporcionándoles nuevos fletes, no menos que a
aumentar los ingresos de Aduanas con los derechos que
devengue la miel que se haga venir de aquellos puntos.
Para plantear cual corresponde el establecimiento indi-cado
con los utensilios indispensables necesitan los empre-sarios
destinar cantidades de alguna consideración. Con
este motivo parece que han solicitado a S. M. un privilegio
exclusivo por diez años, fundados en los desembolsos que
tienen que hacer, y en el beneficio que producirá a estas
islas la introducción de una nueva industria. Nos abstene-mos
de manifestar nuestro juicio sobre el resultado que
obtendrá esta pretensión atendido a lo que dispone la le-gislación
vigente en la materia, y solo deseamos sea acogi-da
por parte del Gobierno de S. M. con la benevolencia
posible, por ofrecer la empresa ventajas considerables para
el porvenir de las Canarias.»
Con referencia a la ley de alcoholes de 29-VI-1889, nos inte-resa
destacar la intervención de los representantes de Canarias,
que presentaron una enmienda, que en el debate plenario —con
la intervención del presidente del Consejo de ministros— retira-ron,
al recibir seguridades de que los aguardientes canarios no
se verían sujetos a la doble tributación, como el azúcar, y no
pagarían derechos de consumo al ser exportados al exterior. Es
de un enorme interés porque enlaza con la negociación política
del azúcar y con la defensa de los intereses industriales, la ex-posición
del diputado por Guía, Pedro del Castillo y Manrique
de Lara. Como puede deducirse de la misma, se está adelantan-do,
unos cuantos años, la alternativa de los derivados del azú-car
(producción de aguardiente y ron) como el auténtico cami-no
del cultivo de la caña60. Si la industria paga contribución
industrial y después impuesto de consumos, ¿Cómo será prote-gida?:
«Pero hay además en el artículo primero otra cuestión que
no solo afecta a las Islas Canarias, sino que en mayor es-cala
puede en su día afectar a la Península. Me refiero al
60 Sobre este aspecto, Luxán (2002).
654 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
30 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
alcohol o aguardiente que se elabore en las fábricas nacio-nales
con el objeto de destinarlo a la exportación ¿Es justo
que exijáis el impuesto de consumos en la salida de la fá-brica
al aguardiente que se elabora para exportar al extran-jero
y que por consiguiente no ha de ser consumido en
España? ¿Por qué no habéis tenido en cuenta al redactar
el dictamen estos puntos que son importantísimos para el
fomento y desarrollo de la producción nacional en el por-venir?
Habéis mirado solamente al país consumidor, y en
tan reducido campo determináis el carácter del impuesto,
olvidando que andando el tiempo España puede llegar a ser
una nación productora y lejos de puntualizar diferencias
esenciales omite el dictamen lo que debiera hacer constar
de un modo expreso, o confúndese en él lo que debiera
estar perfectamente determinado, dando lugar con esto a
la que la industria que pudiera nacer no nazca, y a que
las ya establecidas desaparezcan. Este aspecto de la cues-tión
es de extraordinaria trascendencia hoy en día en las
Islas Canarias. Allí, después de la total ruina de la cochini-lla,
los agricultores, creyendo que el cultivo de la caña de
azúcar podía aminorar las consecuencias de la crisis tan
largamente prolongada, lo han establecido más con el pro-pósito
de obtener aguardiente para la exportación a África
que de sacar el azúcar como único producto; y aunque a
pequeña escala todavía, comienza hoy a tomar importan-cia
esta industria que es de esperar produzca luego exce-lentes
resultados»61.
3. EL DEBATE DE LA INCLUSIÓN DE LAS FRANQUICIAS
AZUCARERAS CANARIAS EN EL ARANCEL DE 1892
En los últimos meses del año 1891, el impulso y desarrollo
que la industria azucarera había adquirido, estuvo a punto de
truncarse por un cambio de orientación en la política guberna-mental.
Con los conservadores en el poder, se intentó un giro
de 180º, anulando las franquicias de entrada a la producción de
las islas en la Península. El enfoque que dio a la cuestión azu-carera
el ministro de Hacienda del gabinete Cánovas, Concha
Castañeda, generó un segundo acto en el debate entre los inte-reses
de los industriales y los importadores, quizá con más viru-
61 Reproducido en El Liberal (24-V-1889).
Núm. 50 (2004) 655
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 31
lencia en el ámbito insular, y obligó a emplearse a fondo a León
y Castillo. El resultado final fue una nueva transacción entre
Canarias y el gobierno español, por la que, finalmente, los azú-cares
extranjeros fueron sometidos a aranceles aduaneros, en el
momento de su importación desde Canarias, como contraparti-da
a que el producto del Archipiélago, continuase introducién-dose
sin trabas en el mercado nacional. Es decir, fue necesaria
la ratificación de los Reales Decretos de 20-II y 31-VII-1886, con
el suplemento adicional de la introducción de una nueva excep-ción,
además de los cereales, en el régimen de Puertos Francos.
3.1. El desarrollo alegre y confiado de la industria
azucarera entre 1886-189162
«Se tornó confiadamente al antiguo cultivo de la caña dul-ce,
poniéndose de nuevo en actividad las antiguas fábricas
de azúcar, y se pensó en fundar otras nuevas, que en el
presente año van surgiendo una tras otra».
«El comercio, la agricultura y la industria de las Islas Ca-narias
»: Memoria presentada por el Dr. Stassano a su go-bierno
(Annali di Agricultura, 1890, t. II, 172)63.
Si en 1886, mencionar la industria azucarera era, casi en
exclusiva, referirnos a la fábrica de San Pedro de Arucas, que
fundara Alfonso Gourié, cinco años más tarde, el panorama
había cambiado sustancialmente, aunque aquélla continuase
siendo el buque insignia64. Un rasgo sintomático de las nuevas
62 El panorama que brevemente diseñamos ha sido trazado en las obras
citadas en la nota 1. Para esta breve descripción nos hemos servido de re-ferencias
tomadas de El Liberal de Las Palmas (1889-1892).
63 El Liberal 19-V-1891: Roma, 27-V-1890.
64 Cuando el nuevo Capitán General de Canarias, Pedro Cuenca, realice
su primera visita oficial a Gran Canaria, por ejemplo, será inevitable mos-trarle
la fábrica de Gourié, ahora propiedad de Laureano Armas, Francisco
Gourié y Ramón Madan:
«Después se dirigió la comitiva a la gran Fábrica Azucarera de
San Pedro, sin rival en la provincia, admirando a todos su perfec-ción
y los adelantos que encierra aquél importantísimo centro fabril
656 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
32 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
circunstancias, al que apenas se refieren los informes consula-res
británicos, pudo ser la apuesta de la Casa Lathbury por
entrar en el negocio del azúcar, lo que resta a esta aventura
empresarial el carácter únicamente indígena y, sobre todo,
grancanario, con el que se la ha caracterizado. Efectivamente,
la sociedad inglesa intentó contar con varios establecimientos,
tanto en Tenerife, como en Gran Canaria. El plan de Enrique
Lathbury, que sería secundado por Newman Tremearne, consis-tía
en empezar a moler caña en Guía, a cuyo objeto dos años
antes había formalizado contratos con los agricultores de la lo-calidad,
para poder contar con una superficie aproximada de
120 fanegas de caña; igualmente se proponía instalar una má-quina
en Daute, que llevaba aparejada también la puesta en
explotación de una importante superficie de caña e, incluso, la
construcción de un muelle para embarque del azúcar, en el
mismo municipio; finalmente, era su intención firmar contratos
con propietarios de Tafira, en el centro de Gran Canaria, a fin
de poder establecer en esta zona una tercera planta.
El otro lugar de la isla de Gran Canaria, donde un estable-cimiento
moderno daba sus primeros pasos, era Telde. A comien-zos
de 1890, Juan Rodríguez González ultimaba la construcción
del edificio y se disponía al montaje de la maquinaria, importa-da
de Inglaterra, de la que se llamaría fábrica de San Juan. El
panorama del nacimiento de una industria fabril azucarera, se
completaba con el anuncio de la futura instalación de otra in-dustria,
en la isla de La Palma. En cualquier caso, a mediados
de 1891, Lathbury y Cía, molía caña en Daute y en Gran Ca-naria
funcionaban ya cuatro grandes artefactos que daban vi-talidad
a la agricultura: dos en Arucas, uno en Guía y, un cuar-to,
en Telde. Estas fábricas, y alguna más, irían firmando
conciertos con Hacienda y, no sin dificultades, empezando a
mandar parte de su producción al mercado peninsular. En el
cuadro siguiente podemos apreciar esa realidad. A la altura de
1891, cinco fábricas de Gran Canaria tenían concertado el pago
de los derechos transitorios y recargo municipal, que gravaban
que tanto influye en el bienestar de la agricultura de la Villa de
Arucas, participando la isla entera de los beneficios de su industria».
El Liberal, 27-VII-1891.
Núm. 50 (2004) 657
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 33
el azúcar, y lograban enviar a su mercado de destino cerca del
70% de la cantidad convenida.
CUADRO 2
CONCIERTOS DE LAS FÁBRICAS AZUCARERAS CANARIAS
CON EL ESTADO 1888-1891
Desde la perspectiva de los industriales, invocar el fantasma
del comercio fraudulento, que fue el argumento principal esgri-mido
por la Administración para desmantelar el status adquiri-do
en 1886, era plenamente injustificado. Los empresarios ca-narios
habrían satisfecho, en los cuatro años que refleja el
cuadro, 41.428 ptas. de más, que invalidaban el interés del con-trabando.
Finalmente, hay que constatar que, entre 1888-1891, una vez
conseguidas la declaración del azúcar canario como producto
nacional peninsular y establecido un régimen de conciertos, la
producción azucarera se había multiplicado por tres, como pone
de manifiesto el cuadro siguiente. ¿Podría mantenerse esta si-tuación
sin las franquicias?
San Pedro Arucas 1888 4.000 16.000 2.741 1.259 5.036
San Pedro Arucas 1889 4.000 16.000 3.980 20 80
San Pedro Arucas 1890 8.000 32.000 4.800 3.200 12.800
San Pedro Arucas 1891 8.000 32.000 6.442 1.558 6.232
El Rosario Arucas 1889 1.000 4.000 1.000
El Rosario Arucas 1890 1.000 4.000 1.000
El Rosario Arucas 1891 1.000 4.000 300 700 2.800
San Juan Telde 1890 1.000 4.000 1.000 4.000
San Juan Telde 1891 1.000 4.000 300 700 2.800
Catalana San Lorenzo 1890 1.000 4.000 930 70 280
La sin rival Guía 1891 2.500 10.000 650 1.850 7400
TOTAL 32.500 130.000 22.143 10.357 41.428
Fuente: El Liberal (23-I-1892).
Concierto
con el Estado
Año
Zafra
Sacos de
100 kgs. Pesetas
Exportado
—
Sacos de
100 kgs.
Dejó de
exportarse
—
Sacos de
100 kgs.
Se pagó
de más
—
Pesetas
658 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
34 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
3.2. La industria amenazada por el Arancel de 1892
El informe de la sección de Hacienda del Consejo de Estado,
en el que era dominante la posición contraria a los intereses de
los industriales canarios del Marqués de Barzanallana, su presi-dente,
parece ser que sorprendió a estos con el paso cambiado.
Este replanteamiento de la cuestión les obligó a movilizar todos
sus recursos y, naturalmente, a un esfuerzo suplementario de sus
representantes políticos, con León y Castillo a la cabeza, para
recuperar la iniciativa, consiguiendo in extremis la salvación de
las conquistas de 1886. Aquél año, como hemos señalado, gober-naban
los liberales y la conexión del ex ministro de Gobernación
con Juan Francisco Camacho, entonces ministro de Hacienda,
pudo ser más fluida, siendo el principal obstáculo que hubo que
superar, la oposición de los productores andaluces:
«Lucha titánica hubo que librar, con tal motivo, en los cen-tros
superiores; lucha titánica porque, al solo anuncio de
que los azúcares de Canarias pudieran declararse libres del
derecho arancelario a su introducción en la Península,
levantáronse como un solo hombre todos los productores
peninsulares, oponiéndose tenazmente a esta excepcional
gracia, no obstante tratarse de una provincia española y
de una provincia que se encontraba en el dintel de la mi-seria
»65.
Si hemos de hacer caso a las noticias de prensa, el expedien-te
de anulación del Real Decreto de 31-VII-1886, se habría tra-
CUADRO 3
INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN
DE AZÚCAR 1888-1891
1888 4.000 sacos de 100 kgs. 16.000 ptas.
1889 5.000 sacos de 100 kgs. 20.000 ptas.
1890 11.000 sacos de 100 kgs. 44.000 ptas.
1891 12.500 sacos de 100 kgs. 50.000 ptas.
65 «Cuestión grave I», El Liberal (14-XII-1891).
Núm. 50 (2004) 659
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 35
mitado en secreto, sin que los diputados y senadores canarios
tuviesen la menor noticia de la «injusticia» que se fraguaba.
Como escribíamos, León y Castillo, tuvo que utilizar todos
sus recursos y capacidad de influencia; conferenciar, uno a uno,
con todos los consejeros de Estado, a fin de conseguir una re-solución
favorable, en el momento en que el asunto fuese lleva-do
al pleno de la institución. Al final, el saldo de la votación
arrojó una exigua mayoría de 11 contra 9 votos, a favor de la
libre introducción de los azúcares canarios en la Península.
Faltaba ahora, que el dictamen del Consejo fuese asumido por
el ministro del ramo, como era la práctica habitual, y por tanto
que tuviese concreción legal, en forma de un nuevo Real decre-to,
que anulase las condiciones adversas del nuevo Arancel de
Aduanas, en cuya base 9ª no se había incluido la franquicia de
libre acceso del azúcar fabricado en las islas, en la Península.
Las circunstancias, lógicamente, no eran las mismas que en
1886. La importancia de la producción canaria, como hemos
mostrado en el epígrafe anterior, en un momento en que el azú-car
antillano se dirigía, cada vez más en exclusiva, al mercado
norteamericano, podía constituir una seria amenaza para los
productores andaluces. Entre 1890-1894, por ejemplo, la produc-ción
canaria pudo llegar a suponer el 15% de la producción
nacional de caña66.
La diferencia, esta vez, estuvo también, en una defensa más
agresiva de sus intereses, por parte de los importadores de San-ta
Cruz de Tenerife y La Palma. Sus diputados y senadores,
superado el punto de encuentro que suponía el mantenimiento
de las franquicias, dejando intacto el resto del entramado de los
Puertos Francos, adoptaron posiciones diferentes a las propug-nadas
por León y Castillo.
Los argumentos contrarios a los industriales que se maneja-ron,
durante la crisis que mantuvo en un hilo a los fabricantes
canarios, entre diciembre de 1891 y febrero de 189267, fueron
esencialmente los mismos que en la ocasión anterior. De un lado,
el gobierno conservador justificaba la derogación del RD de 31-
VII-1886, por el posible contrabando que, al amparo de los Puer-
66 Luxán y Bergasa (2001: 61).
660 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
36 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
tos Francos, podría realizarse con la Península y Baleares, car-gando
en los vapores que salían con destino a Cádiz, Sevilla o
Barcelona, los azúcares de origen francés o alemán, que era el
que entraba en las islas. De otro, los importadores de Santa
Cruz de Tenerife y de La Palma, ponían en el debe de la balan-za,
que la contrapartida que el gobierno exigía, imponiendo un
arancel de entrada a dichos azúcares, vulneraba el régimen de
Puertos Francos y hacía peligrar el sistema sobre el que se ha-bía
venido apoyando el crecimiento de la economía canaria.
A) El camino para conseguir la confirmación
de las franquicias en el RD de 20-II-1892
1) La negociación con el gobierno Cánovas
La gestión política del problema, en la Corte, fue resuelta con
habilidad y eficacia por León y Castillo. Primero, como ya he-mos
consignado, enderezó el entuerto del Consejo de Estado.
Después, consiguió armonizar, en un acuerdo de mínimos, a los
diputados y senadores de la provincia, como se refleja en un
telegrama del 4-I-1892, publicado en la prensa de Las Palmas
al día siguiente:
«Todos los representantes de esta provincia se han reunido
con objeto de solicitar del gobierno la reforma de los aran-celes
de aduanas en la parte que se refiere a suprimir la
franquicia de los azúcares canarios a su introducción en
la Península»68.
A continuación, dirigió la serie de entrevistas y reuniones
que, en diversas ocasiones, se mantuvieron con el Director ge-neral
de Contribuciones Indirectas y con el de Aduanas, que eran
67 Uno de los exponentes de la crisis, pudo ser el enfrentamiento entre
cosecheros de caña y fabricantes, dado que estos últimos contrajeron la
compra de caña, mientras no se resolviese el asunto de las franquicias. El
Liberal 18-II-1892.
68 El Liberal (5-I-1892). Formaban la representación canaria: León y
Castillo y Henestrosa , Bethencourt, Rancés, el Conde de Bednar, Belmonte,
Merelles y Vázquez.
Núm. 50 (2004) 661
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 37
las instancias oficiales que entendían del asunto. La hostilidad
de este último departamento contra todo aquello que se relacio-nase
con los Puertos Francos, según el corresponsal de El Libe-ral
en Madrid, no fue un escollo menor69. Aduanas era contra-ria
al status reconocido a los cereales por el RD de 11-VII-1852,
pues tenía la convicción de que los granos de producción cana-ria,
que se importaban desde la Península, procedían de Marrue-cos.
El azúcar podía convertirse en un segundo producto, que
al amparo de las franquicias, se introdujese de extranjis en el
mercado nacional. Este, era precisamente el temor del ministro
de Hacienda, con el que también conferenciaron, y del que
únicamente recibieron vibraciones negativas. El telegrama que
publicó la prensa de Tenerife, a la salida de la entrevista con
Concha Castañeda, no puede ser más explicito:
«Los representantes de Canarias han conferenciado con el
ministro de Hacienda, Sr. Concha Castañeda, respecto a la
libre introducción de los azúcares de esas islas en la Pe-nínsula,
como informó el Consejo de Estado, habiendo
puesto el ministro dificultades»70.
Finalmente, el grupo canario tuvo acceso al Presidente del
Consejo. En esta entrevista con el máximo mandatario pareció,
según el nivel de satisfacción reflejado por El Día de Madrid, que
el expediente del azúcar se enderezaba definitivamente:
«El Sr. Cánovas del Castillo les manifestó que no cree tan
difícil como la dirección de Aduanas el que pueda ac-cederse
a lo que pretenden, imponiendo antes un derecho
equivalente a aquel con se grava en la Península a los
azúcares canarios, a la entrada de los azúcares extranje-ros
en dicho Archipiélago: Los representantes de Canarias
salieron muy satisfechos de las manifestaciones del Jefe del
Gobierno»71.
El camino para llegar a la promulgación del Real decreto de
20-II-1892, no estuvo, entonces exento de problemas, fundamen-
69 «Carta de Madrid» de 16-I-1892: El Liberal (23-I-1892).
70 Cable telegráfico de 5-I-1892, reproducido por El Liberal (7-I-1892),
que lo toma, a su vez, de El Liberal de Tenerife.
71 El Día (14-I-1892).
662 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
38 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
talmente por la posición poco propicia del ministro de Hacien-da
para asumir el dictamen del Consejo de Estado.
2) La cuestión azucarera en las Islas
Como consecuencia de la falta de resolución gubernamental
se produjo un impasse de más de dos meses, entre el Informe
del Consejo y el Real Decreto, lo que dio pábulo a un gran de-bate
insular. Debemos señalar un amplio abanico de matices en
el mismo, que aleja toda visión reduccionista de un enfrenta-miento
entre islas. Ni siquiera la discusión puede únicamente
enfocarse, atendiendo a la pugna entre industriales y comercian-tes,
pues los pronunciamientos de estos, tampoco fueron unáni-mes.
Como ocurrió en la Corte, roto el mantenimiento del sta-tus
de 1886, la posibilidad de convergencia se alejó en cuanto
el gobierno exigió contrapartidas.
La iniciativa correspondió, en primer lugar, a los cosecheros
y productores, que ofrecieron, como alternativa al gobierno, el
incremento de los gravámenes a los azúcares extranjeros, a fin
de que saliese adelante la confirmación de la libre entrada de
los azúcares canarios en la Península. Este paso adelante de Las
Palmas, sería secundado por los municipios rurales de Tenerife,
que se pronunciaron a favor. El segundo agente del debate fue
la Comisión Permanente de la Provincia, que dio su visto bue-no
a la instancia anterior, restándole alcance, al valorar que los
azúcares antillanos no debían ser incluidos en dicha propuesta.
Esta posición de los representantes de la Diputación, se funda-mentaba
en la necesidad de conseguir un trato favorable, a la
recíproca, para las exportaciones canarias en Cuba. El informe
favorable de la Comisión Provincial, mereció el rechazo general
de la prensa de Tenerife.
La situación era, entonces, como sigue: el gobierno, pese al
informe favorable del Consejo de Estado, dudaba de la pertinen-cia
de modificar el Arancel de 1892, incluyendo, otra vez, en las
franquicias a los productos canarios. A fin de resolver las du-das,
desde Las Palmas, posición que luego secundaría una bue-na
parte de la isla de Tenerife, se ofertaba la posibilidad de in-
Núm. 50 (2004) 663
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 39
crementar sustancialmente los derechos a los azúcares extran-jeros,
con el visto bueno, con matices de la Comisión Provincial.
Por el contrario, en tercer lugar, desde Santa Cruz de Tenerife,
se dibujaba un escenario catastrofista, en el que se veían peli-grar
los Puertos Francos.
«Si la producción azucarera tuviese en Tenerife el mismo
alcance e igual extensión que en Gran Canaria; si allí tan
importante ramo de riqueza estuviera en fábricas y cultivo
a la altura de nuestra isla, mejor dicho, si fuera superior,
es seguro que el colega —escribía El Liberal de Las Palmas,
refiriéndose al Diario de Tenerife— no pensaría como se des-prende
del suelto que copiamos. Pediría, por el contrario
la protección para un ramo de riqueza que comienza a de-sarrollarse
en el Archipiélago, y la imposición en esta pro-vincia
de los derechos del Arancel de Aduanas para los
azúcares que se importan del extranjero»72.
La respuesta de Santa Cruz de Tenerife se concretó en la
elevación de otra instancia al gobierno, en contra del informe
emitido por la Comisión Provincial. La posición de los impor-tadores
de Tenerife, que no contaron con el respaldo de una
buena parte de los agricultores de la isla, contrasta con la man-tenida
por los comerciantes de Gran Canaria. Estos últimos,
agrupados en el Círculo Mercantil, enviaron, a su vez, otra ins-tancia
al Ministro, apoyando el mantenimiento de las franqui-cias
de 1886, pero mostrando su disponibilidad a aceptar un
derecho transitorio a los azúcares extranjeros —que no modifi-caría
el régimen de Puertos Francos—, siempre y cuando fuese
absolutamente imprescindible para el mantenimiento de la in-dustria.
Como trasfondo de la cuestión, hay que contemplar que el
Archipiélago vivía una época de cambio, de una enorme tras-cendencia
para el futuro de su crecimiento económico. De un
lado, se estaba desarrollando una economía de servicios en tor-no
a los puertos; no hay más que mirar las ventas de carbón
en los recintos portuarios durante estos años, para entenderlo.
Por otro lado, a la vez que se entraba en una opción agroex-
72 El Liberal (4-I-1892).
664 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
40 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
portadora más diversificada (la cochinilla todavía muy presente,
estaba siendo sustituida por la producción de plátanos, tomates,
patatas, cebollas y otros frutos), se apostaba por opciones indus-triales
nuevas (conservas de pescado, tabaco y azúcar), y por
una penetración mayor en el mercado nacional, al que funda-mentalmente
se orientaba, tanto el tabaco, como el azúcar. El
hundimiento de la caña, principal consecuencia previsible del
cierre del mercado peninsular, rompería este equilibrio —se de-cía
desde Gran Canaria— incrementando, de modo despropor-cionado,
la oferta en el mercado de Londres de los plátanos y
los tomates canarios73:
«Si en el momento en que hemos recibido noticias poco fa-vorables
referentes a las ventas de plátanos y tomates —se
pensaba en Gran Canaria—, consintiéramos que el merca-do
de la Península se cerrara para nuestros azúcares, nues-tra
agricultura quedaría por los suelos»74.
Finalmente, tratando de mantener la unidad de la represen-tación
canaria en la Corte, León y Castillo intentó una transac-ción
con los diputados y senadores de Tenerife, acudiendo, como
último remedio, al establecimiento de un impuesto transitorio
—como proponían los comerciantes grancanarios— propuesta
que fue rechazada.
B) Franquicias más aranceles: una solución negociada
«La Reina ha firmado el decreto declarando la libre intro-ducción
de los azúcares canarios en la Península, e impo-niendo
a los extranjeros que se introduzcan en esa provincia
los derechos transitorio y municipal: también se dispone en
el propio decreto que se nombre una junta que proponga al
gobierno los medios de evitar el fraude que pueda cometerse
en la Península a la sombra de aquellas franquicias».
(Servicio Telegráfico, Madrid 20-II)
73 El Informe de la Cámara Agraria de Gran Canaria, redactado por estas
fechas, era partidario de mantener el equilibrio y de no concentrar tanto la
oferta en el mercado de Londres.
74 «Toque de alarma»: El Liberal, 18-I-1892.
Núm. 50 (2004) 665
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 41
El anuncio de la confirmación de las franquicias, en el Real
Decreto de 20-II-1892, mediante el telegrama que hemos repro-ducido,
fue recibido en Las Palmas como «La gran victoria» de
León y Castillo que, como tal, fue reconocido y felicitado por
todas las corporaciones e instituciones de Gran Canaria75. El
asunto no estaba, sin embargo, ni mucho menos cerrado. Fal-taba
reunir a la junta prevista en el artículo 3º de la Ley de
1870, que el nuevo Real Decreto volvía a poner en circulación,
proponer las contrapartidas a las franquicias y, por último, fijar
su reglamentación. Efectivamente la exposición de motivos del
Real Decreto de 20-II-1892, después de reconocer que el marco
institucional establecido en 1886, había promovido la creación
de importantes industrias en el Archipiélago, trataba de aunar
este desarrollo con los intereses del fisco y de la renta de Adua-nas.
Como hemos venido insistiendo, la cuestión no era otra que
tomar las medidas oportunas que evitasen el fraude. En virtud
de estas razones, que intentaban tener presentes a todos los
intereses en juego, la Reina Regente firmó el Real Decreto por
el que las disposiciones de 1886 se mantenían en vigor. Igual-mente,
y esta es la cuestión que nos atañe ahora, se dispuso la
creación de la junta, a la que antes hemos aludido. Formarían
parte de ella, bajo la presidencia de Antonio María Fabié, ex
ministro de Ultramar, de un lado, los diputados y senado-res
canarios, del otro, los subsecretarios de la Presidencia del
Consejo y de los ministerios de Hacienda y Gobernación, Di-rectores
Generales de Contribuciones Indirectas, de lo Conten-cioso
del Estado, de Administración Local, Intervención General
del Estado y el Subdirector General de Contribuciones Indi-rectas.
Más allá de las repercusiones festivas que el Real Decreto
provocó en Las Palmas, tuvo efectos inmediatos sobre la indus-tria
azucarera, que se dispuso a incrementar su actividad, com-prando
caña a los cosecheros, de un lado, y embarcando, de
75 Lo hicieron el Ayuntamiento de Las Palmas, el Gabinete Literario, el
Directorio del Partido Liberal de Las Palmas, la Redacción de El Liberal,
La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, el Cír-culo
Mercantil de Las Palmas, y la gran mayoría de los ayuntamientos de
la Isla.
666 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
42 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
otro, las existencias acumuladas al mercado peninsular. Apenas
había transcurrido una semana de la promulgación del Real
Decreto, cuando el vapor correo «África», que hacía el trayecto
entre las Islas y Cádiz, zarpó con una gran partida de 8.000
sacos (800.000 kgs.) de la zafra anterior, pertenecientes a la fá-brica
de San Pedro de Arúcas, con el objeto de saldar el con-cierto
de aquél año76.
Una vez publicado el Real Decreto se presentaban tres posi-bles
soluciones. La vuelta sin más a la situación de 1886, cir-cunstancia
que parecía poco realista, dada la redacción del nue-vo
ordenamiento. La aplicación a los azúcares extranjeros que
entraban en Canarias de las condiciones fiscales del producto de
fabricación nacional (impuestos transitorio y municipal), que
era la formula que más aceptación hubiera tenido en las islas.
O, en último lugar, la existencia de la franquicia, como recono-cía
el R. D. de 20-II-1892, pero con la implantación de un dere-cho
arancelario a los azúcares extranjeros, que, en definitiva, fue
la que se impuso77. Como hemos indicado, antes de la primera
resolución del gobierno, anunciando la creación de la junta, que
debía ponderar las contrapartidas por las franquicias, los repre-sentantes
de Canarias habían mostrado ya su desacuerdo. Las
circunstancias hasta que esa reglamentación estuvo resuelta
(Real Decreto de 15-V-1892 y Real Orden subsiguiente de la mis-ma
fecha), no cambiaron en absoluto y la discrepancia pervi-vió.
Según el corresponsal de El Liberal en Madrid, el gobierno
76 El Liberal (25-II-1892). Un mes después, en un artículo titulado «In-dustria
azucarera» (El Liberal, 22-III-1892), el periódico se congratulaba del
enorme movimiento que se veía en las fábricas de San Pedro y el Rosario
(Arucas), San Juan de Telde y en La sin rival de Guía, con motivo de la
zafra del presente año. En estas fábricas, se apuntaba, entraban y salían
todos los días gran número de carros y caballerías conduciendo la caña para
la molienda. Esta animación se había acentuado con motivo del Real De-creto.
Si los representantes en Cortes de Tenerife, se añadía, conocieran las
fábricas de Las Palmas y las grandes extensiones dedicadas a la caña no
habrían propalado en los centros oficiales y en los ministerios que aquí no
se producía azúcar. Una sola fábrica, la de San Pedro, estaba moliendo dia-riamente
5.000 quintales de caña.
77 «Para que así conste», El Liberal (3-III-1892).
Núm. 50 (2004) 667
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 43
«Se encontró a la representación de la provincia dividida
en dos bandos: uno a favor del comercio; a favor de la
agricultura el otro, y optó por el segundo, optó por lo que
representa la producción nacional»78.
Reunida la junta, prevista en el Real Decreto, delegó en una
comisión, cuya presidencia se otorgó a León y Castillo, con el
propósito de que formulase un dictamen, encaminado a evitar
el fraude que pudiera verificarse en la Península a la sombra
de los azúcares canarios, con el fin de ser discutido y aprobado
en sesión plenaria79. Formaban la misma, además del citado
León y Castillo, los Srs. Alvear (Director General de Contribu-ciones
Indirectas) y Belmonte (Senador del Archipiélago). Como
es lógico, el representante de la administración central, defen-dió
la tercera de las fórmulas que antes hemos enunciado, el
senador por Tenerife, la segunda, mientras que el presidente de
la comisión intentó, sin éxito, una fórmula transaccional, al
mantener la segunda. La imposibilidad de conseguir la acepta-ción
de la formula intermedia, llevó a León y Castillo a sumar-se
a la posición gubernamental, que por otro lado, concordaba
con la oferta de los cosecheros e industriales
«La libre introducción en la Península e Islas Baleares
—escribirá el diputado grancanario en su razonado voto
particular— del azúcar de origen y producción de Cana-rias,
constituye una preciada libertad, que por lógica natu-ral,
deben consignar las leyes fiscales de un modo estable
y definitivo, sin temores ni amenazas de que pueda ser su-primida
o alterada por causas de fundamento real o apa-rente
».
En una palabra, lo primero era la franquicia, y la introduc-ción,
en segundo lugar, de un arancel en el sistema vigente de
Puertos Francos, no era una novedad. Tenía un precedente,
78 El Liberal (14-III-1892): para este corresponsal el gobierno español
se había comportado de modo semejante al francés, en el conflicto
vitivinícola que se vivía en este último país, que había preferido proteger a
los productores nacionales frente a los intereses de los importadores de
vino de España.
79 El Liberal (28-III-1892).
668 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
44 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
desde su origen, en el tratamiento diferenciado que habían re-cibido
los cereales, que recordemos se gravaban al entrar en
Canarias, pero dejando a la vez, a los de origen canario la fran-quicia
en la Península80. Para León y Castillo, además, era muy
importante conseguir un marco de estabilidad, tanto para la
agricultura, como para la industria, que redujese al máximo las
incertidumbres futuras. La mayoría de la Junta, con la excep-ción
de los representantes de Tenerife, hizo suyo el razonamien-to
de León y Castillo, que quedó refrendado en el RD de 15-V-
1892 y Real Orden siguiente. La exposición de motivos del
primero de ellos, resumía con claridad lo que hasta aquí hemos
expuesto:
«No debe, sin embargo, decretarse esta concesión sin que
la acompañen las necesarias medidas para que no sufra
perjuicio el Tesoro público; no habiéndose encontrado nin-guna
tan eficaz como la de establecer los derechos señala-dos
en el Arancel de la Península a la importación en Ca-narias
de los azúcares extranjeros; así como los impuestos
transitorio y municipal a los de las provincias y posesiones
de Ultramar, siguiendo el precedente que se estableció para
los granos en el Real Decreto de 1852, confirmado en esta
parte por el artículo 5º de la ley de 1870; y con lo cual se
otorga además a los intereses agrícolas e industriales del
Archipiélago la justa protección que merecen y es indispen-sable
para su progresivo desarrollo».
Como consecuencia inmediata de esta última resolución, que
entraría en vigor a los dos meses de publicada, los importadores
de azúcar extranjero se apresuraron a acumular reservas, como
refleja la distribución de la carga del vapor alemán Woerman,
entre Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, que nos permite,
además identificar a estos comerciantes que fueron parte prin-cipal
en el debate que hemos analizado:
80 Es más la excepcionalidad de los cereales había conducido a que los
de producción peninsular, también fuesen gravados a su entrada en las is-las.
Precisamente, coincidiendo con la nueva reglamentación, la Junta Pro-vincial
de Puertos Francos suprimió los derechos arancelarios que recaían
sobre ellos desde 1887.
Núm. 50 (2004) 669
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 45
Una vez que entrase en vigor el arancel fijado en el Real
Decreto de 15-V-1892 y que las reservas de azúcar extranjero se
hubiesen agotado, la protección al azúcar canario sería un he-cho.
En consecuencia, la cuota de mercado insular abastecida
por la oferta local no haría más que incrementarse, por el alto
precio relativo que, a partir de esos momentos, debían alcanzar
los azúcares importados. Las cargas de azúcar de los barcos que
hacían el tráfico entre Gran Canaria con Tenerife, Lanzarote y
Fuerteventura, así parecen demostrarlo.
CUADRO 4
DISTRIBUCIÓN POR COMERCIANTES DEL AZÚCAR
DEL VAPOR ALEMÁN WOERMAN EN 3-VI-1892*
Sr. Pérez 20.000,0
Srs. Arias y Ponce 4.000,0
Total Las Palmas 24.000,0
Diego Arias 27.76,4
Srs Ghirlanda Hnos. 19.964,3
Isidro Guimerá 4.164,6
Fernando del Castillo Hernández 3470,5
L. Saenz y Cía 32.365,1
A. Peraza e Hijo 3.470,5
Benigno Ramos 15.270,2
E. García 5.970,5
Cristóbal Bauthel 38.323,0
Antonio Pallés 2.776,4
Sixto Martín y Hnos. 1.376,0
A la orden 600,0
J. Oliver Bosch 20.000,0
José R. Martel 2.500,0
M.J. Feria 5.000,0
Vicente Galván 4.000,0
Total Santa Cruz de Tenerife 162.027,5
* Los datos vienen dados en sacos (100 kgs), en barriles (138,72 kgs.) y
en cajas (55,04 kgs).
Comerciantes Azúcar en kgs.
670 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
46 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
4. A MODO DE CONCLUSIÓN: CON PROTECCIÓN
LA INDUSTRIA DEL AZÚCAR ERA POSIBLE
Los datos de la serie de la fábrica de San Pedro (1885-1920),
muestran a las claras que la negociación de los productores
canarios, permitió el desenvolvimiento de la industria azucare-ra.
Los datos estadísticos permiten observar las diferentes eta-pas
del desarrollo de esta industria y el impacto de los cambios
institucionales sobre la misma. Las fechas significativas son 1885
y 1900, con las que se inicia el ascenso y se alcanza el máximo
productivo. En la segunda parte de la serie, que no es objeto del
presente estudio, puede comprobarse el proceso de decadencia
derivado de la pérdida de la protección arancelaria y de su ex-clusión
de la Ley de Puertos Francos de 1900.
1885 5.619.540 53 417.800 49,6 7,45
1886 6.187.330 58,3 542.900 64,5 8,77
1887 4.099.330 38,6 329.400 39,1 8,02
1888 4.633.260 43,7 426.600 50,7
1889 6.542.230 61,7 568.500 67,6 8,64
1890 8.358.430 78,8 664.600 79,04 7,9
1891 10.369.710 97,86 788.900 93,82 7,56
1892 13.288.800 125,41 1.095.800 130,32 8,19
1893 12.062.200 113,84 965.100 114,7 7,95
1894 12.998.340 122,67 1.090.800 129,7 8,34
1895 12.217.700 115,30 988.100 117,5 8,04
1896 13.358.060 126,07 1.144.100 136,07 8,51
1897 11.768.360 111,06 916.000 108,94 7,78
1898 11.004.310 103,85 898.300 106,83 8,1
CUADRO 5
FÁBRICA AZUCARERA DE SAN PEDRO
PRODUCTOS DE LAS ZAFRAS Y PRODUCCIÓN DE AZÚCAR
(1885-1920)
(1) Total caña (2) Total azúcar
Zafras % 2/1
Kilogramos Índice81 Kilogramos Índice
81 1901=100.
Núm. 50 (2004) 671
PUERTOS FRANCOS E INDUSTRIALIZACIÓN EN CANARIAS 47
1899 8.852.970 83,55 693.000 82,42 7,78
1900 10.019.370 94,56 818.200 97,31 8,12
1901 10.595.710 100 840.800 100 7,9
1902 9.838.750 92,85 741.400 88,17 7,49
1903 6.054.191 57,13 537.700 63,95 8,83
1904 5.630.090 53,13 493.300 58,67 8,7
1905 4.580.730 43,23 398.200 47,35 8,69
1906 5.495.880 51,86 489.700 58,24 8,9
1907 5.822.500 54,95 515.800 61,34 8,68
1908 6.401.020 60,41 546.400 64,98 8,52
1909 7.917.910 74,72 699.300 83,17 8,99
1910 7.265.850 68,57 615.800 73,23 8,46
1911 8.428.990 79,55 713.100 84,81 8,44
1912 7.230.200 68,23 654.900 77,89 9,04
1913 8.616.380 81,31 757.700 90,11 8,78
1914 6.795.070 64,13 641.400 76,28 9,44
1915 6.309.830 59,55 561.900 66,82 8,91
1916 6.370.040 60,11 597.100 71,01 9,36
1917 4.401.910 41,54 404.300 48,08 9,17
1918 5.192.960 49,01 491.100 58,40 9,54
1919 4.300.780 40,58 433.100 51,51 10,08
1920 1.339.040 12,63 121.300 14,42 9,06
Fuente: Archivo fábrica de San Pedro.
(1) Total caña (2) Total azúcar
Zafras % 2/1
Kilogramos Índice81 Kilogramos Índice
672 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
48 SANTIAGO DE LUXÁN MELÉNDEZ Y ÓSCAR BERGASA PERDOMO
BIBLIOGRAFÍA
ALMEIDA, R.; ROMERO, R., y FIGUERAS, C. (1881): «El cultivo de la caña dulce y
la industria azucarera», Anales de la Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Las Palmas, pp. 1-24.
ALMEIDA, R. (1905): «El plátano y su cultivo en las Islas Canarias», en el Pro-greso
de Canarias.
BERGASA PERDOMO, O., y LUXÁN MELÉNDEZ, S. (2002 b): «La participación de
Canarias en los flujos internacionales del azúcar: 1875-1920», en Histo-ria
do açucar. Rotas e mercados, Funchal (Madeira), Centro de Estudos
de História do Atlántico, pp. 509-536.
GARCÍA GUERRA, T. (1892): La cuestión azucarera, Las Palmas, Tipografía La
Verdad.
GONZÁLEZ DÍAZ, R. (1914): El plátano y la caña de azúcar, Las Palmas, Tipogra-fía
de El Diario.
JIMÉNEZ MARTEL, G. (2000): «Historia de la fábrica azucarera de San Juan de
Telde», en Guía Histórico-Cultural de Telde, pp. 74-82.
JESÚS VÉLEZ, P. (1984): Arucas, Hombres y hechos, Imprenta Pérez Galdós,
Las Palmas.
LUXÁN MELÉNDEZ, S. (2002): «El segundo ciclo del azúcar y la Real Socie-dad
Económica de Amigos del País de Gran Canaria 1874-1900», en
S. DE LUXÁN y J. J. LAFORET (eds.), La economía canaria en la segunda mi-tad
del siglo XIX, Las Palmas de Gran Canaria, Real Sociedad Económica
de Amigos del País, pp. 223-258.
LUXÁN MELÉNDEZ, S., y BERGASA PERDOMO, O. (2000): Memoria del proyecto
«Las dificultades de implantación de la industria azucarera y de los deri-vados
del azúcar en canarias 1876-2000», Fundación Mapfre Guanarteme,
inédita.
LUXÁN MELÉNDEZ, S., y BERGASA PERDOMO, O. (2001): «Un experimento fallido
de industrialización: trapiches y fábricas de azúcar en Canarias, 1876-
1933», en Revista de Estudios Regionales, 60: 45-78.
LUXÁN MELÉNDEZ, S., y BERGASA PERDOMO, O. (2002 a): «Experiencias de indus-trialización
en Canarias durante el siglo XIX. El caso del azúcar», en
XIV Coloquio de Historia Canario-Americana (2000), pp. 669-685.
MILLARES CANTERO, A. (1975): Aproximación a una fenomenología de la Res-tauración
en la Isla de Gran Canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Bole-tín
núm. 19 del Centro de Investigación Económica y Social de la Caja
Insular de Ahorros de Gran Canaria (CIES).
NAVARRO, D. J. (1874): «Breve reseña del artículo los nuevos colores inserto
en el periódico Revue deux Mondes del 15 de agosto de 1874 y reflexio-nes
sobre el mismo asunto con respecto a nuestra actual agricultura», en
Anales de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Las Palmas,
pp. 36-63.
PADILLA, A. (1884): La caña de azúcar. Noticias acerca de su historia y de su
cultivo, Imprenta Benítez, Santa Cruz de Tenerife.
RODRÍGUEZ MÉNDEZ, H. (1913): El impuesto sobre el azúcar en Canarias, Im-prenta
Gutenberg, Santa Cruz de La Palma.