La contabilidad como instrumento de conciliación y arbitraje en la carrera de Indias (siglos XV-XVIII)

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LA CONTABILIDAD COMO INSTRUMENTO
DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE
EN LA CARRERA DE INDIAS
(SIGLOS XV-XVIII)
P O R
ANTONIO MIGUEL BERNAL
RESUMEN
La naturaleza propia de la Carrera de Indias —al acentuar la naturale-za
de la jurisdicción privativa de sus instituciones mercantiles para fallar
los pleitos entre mercaderes por razones de ajustes de cuestas— llevó a que
se haga más frecuente, durante los siglos XV-XVI, XVII y XVIII el recurrir
a instrumentos de conciliación y arbitraje mercantil. Es por lo que prolife-ran
los «amigables componedores», y «terceros en discordias» en calidad
de peritos mercantiles y árbitros contables contables para discernir los
conflictos derivados por una practica contable inadecuada en el ajuste de
cuentas por algunas de las partes, o por actuaciones dolosas entre comer-ciantes
y sus apoderados, agentes e intermediarios. Un estudio de técnica
contable que se acompaña con la documentación de algunos supuestos prác-ticos
transcritos de la documentación de archivos de protocolos y archivo
general de Indias de Sevilla.
Palabras clave: Arbitraje mercantil. Ajustes de cuentas. Carrera de In-dias,
siglos XV-XVIII. Pleitos entre mercaderes. Amigables componedores.
Terceros en discordia. Contabilidad mercantil.
ABSTRACT
The nature of the Indies Run — with the private jurisdiction of its
commercial institutions when ruling during lawsuits between merchants to
settle disputes — meant that it became frequent for merchants to resort to
settlements and commercial arbitration between the 15th and 18th centuries.
Thus spread «friendly arbitrators» and «third parties» as commercial experts
and accounting arbitrators to rule in the conflicts either due to inadequate
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accounting practice while settling disputes by one of the parties, or in
fraudulent actions between merchants and their representatives, agents, and
middlemen. A study of accounting techniques accompanied with transcripts
from the centre of documentation of protocol archives and the general ar-chives
of the Indies in Seville.
Key words: Commercial arbitration. To settle disputes. The Indies Run,
15th-18th centuries. Lawsuits between merchants. Friendly arbitrators. Third
parties. Commercial accountability
I. En líneas generales han sido ya delineados y son, por
tanto, bien conocidos los hitos que marcan la trayectoria de la
historia de la contabilidad en la economía europea. No sólo en
lo que, de manera estricta, concierne a la técnica contable sino
también a la de aquellas otras prácticas mercantiles e instru-mentos
crediticios y financieros que dan sustancia y contenido
a la práctica contable propiamente dicha.
Como es notorio, las formas de tráfico fiduciario fueron ya
una realidad desde tiempos medievales aunque fuese la edad
moderna la que mediante el endoso de la letra de cambio le
diese un definitivo impulso. Así mismo, tras la primitivas ferias
de Champagne —Troyes, Provins, Lagny y Châlons— comenza-ron
a perfilarse en la Europa del siglo XV la aparición de pla-zas
financieras, tanto o más que propiamente mercantiles, como
sucediera en los casos de Brujas y Ginebra, en la francesa Lyon,
la habsburguesa Besançon, las alemanas de Francfort y Leipzig,
las castellanas Medinas o la italiana Piacenza, entre otras. Se
abre paso la actividad de banquero privado y surgen los prime-ros
bancos públicos —Venecia y Génova, Amsterdam y Ham-burgo,
Londres etc.— para facilitar el tráfico monetario y para
introducir mayor uniformidad y seguridad al sistema financiero
y con ellos se acrecienta la transferencia de depósitos a través
de operaciones compensadas en los libros del banco. De las
múltiples innovaciones introducidas en los albores del incipien-te
capitalismo mercantil habría de ser la contabilidad —una de
las más modestas en apariencia— la que terminaría por hacer
prevalecer una concepción racional de la economía.
De los apuntes iniciales en los libros de cuenta de las opera-ciones
de crédito —las que en primer lugar interesaron al titu-
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lar de la misma— pronto se pasó a una mayor complejidad con-table
que suponía la formación de cuenta particular para cada
concepto o partida del negocio —mercancías, viajes, seguros,
créditos etc.— asentándose todas las entradas y salidas. Desde
la fórmula de cargo y data al paso del sistema de partida doble,
cargando en una cuenta y acreditando en otra, la contabilidad
supondría un avance decisivo —que no merece la pena glosar,
por ser de sobra conocido— si bien quedaron algunos «flecos»
pendientes cuya correcta solución no se alcanzaría sino propi-ciada
por las nuevas condiciones económicas —mercantiles y
financieras— que empezaron a florecer en la gestación del nue-vo
capitalismo moderno a partir del siglo XVI. De esos pasos
adelantes pendientes de dar estaría la formación del saldo, como
resultado de la nivelación de las cuentas —lo que no necesaria-mente
era un resultado per se de la partida doble—, incorporan-do
el residuo a la cuenta de pérdida y ganancia, que por en-tonces
comienza a formarse; o el cerrar los libros, operación
que con dificultades se abre camino en el tránsito del siglo XVI
al XVII al no haber, en puridad, aún ni inventario regular ni
balance periódico.
Tales insuficiencias comenzaron a hacerse más notorias a
raíz de la práctica del comercio colonial cuando la complejidad
de las transacciones y asientos contables de dicha negociación
hubieran de afrontar nuevas situaciones operativas. En este sen-tido,
como en otros aspectos referidos a las innovaciones y mo-dernización
contable, la Carrera de Indias habría de ser un es-cenario
privilegiado. Lo avala, entre otras pruebas, la cantidad
y diversidad de libros contables conservados, provenientes de las
quiebras mercantiles que se substanciaron ante el Tribunal del
Consulado de Sevilla; del inventario que se hiciera en el año de
1763 constaba en el mismo una relación de 1445 libros conta-bles
destacando entre ellos los libros contables básicos —manual,
mayor y caja—, los libros borradores, de recuerdo, de cuentas
particulares, de cargazones, los de facturas, de compra-venta de
mercaderías y de barras de plata, de carga y descarga de la flo-ta,
una serie de libros auxiliares para estrictas operaciones finan-cieras
donde se consignaban los asientos de las escrituras de
riesgos o préstamo marítimo, los de letras de cambio, de ferias,
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depósitos, seguros marítimos, libramientos y, sobre todo, unos
interesantes libros de «cuentas ajustadas» que incluyen los pri-meros
esbozos de balances en términos de moderna contabi-lidad.
Múltiples serían las disposiciones que emanadas de la Carre-ra
introdujeron un sesgo de modernidad en la contabilidad y
libros del comercio: a destacar, entre otras, el definir la función
y responsabilidad de los tenedores de libros o el problema de los
arbitrajes en las cuentas de los mercaderes en acciones simila-res
a los actuales censores jurados de cuentas etc. Durante el
siglo XVI todavía era predominante la práctica de conformarse
con la elaboración de una balance eventual en bruto aunque
éste no quedaba exento de errores de cálculo. En esos años —y
se percibe con nitidez en las firmas mercantiles vinculadas al
comercio colonial hispano— se intensifican los intentos de sis-tematizar
la actividad económica generalizándose la configura-ción,
cada vez más, de la contabilidad como sistema. Aún así,
durante el siglo XVII todavía perduran las inseguridades en lo
que al establecimiento de balances respecta. Y en consecuencia,
eran notorias las divergencias, disparidades y litigios promovidos
a la hora de ajustar las cuentas bien fuera entre mercaderes y
sus factores en Indias, bien por las sociedades mercantiles en-tre
sí.
II. Recurrir a la intermediación de colegas mercaderes an-tes
que a los Tribunales ordinarios de justicia, en caso de
disparidades contables a la hora de ajustar el cierre de una ne-gociación,
era algo que estaba en la tradición mercantil medite-rránea.
Es bien sabido cómo las colonias mercantiles del Medi-terráneo
hicieron surgir los Consulados del Mar en cuanto
institución que tuviese jurisdicción privativa sobre la negocia-ción,
seguros y, finalmente, banca sin tener que recurrir a las
instancias judiciales ordinarias para solventar sus litigios, plei-tos
y querellas derivadas de la propia actividad mercante.
Bajo el lema genérico de la «verdad sabida y la buena fe
guardada» los Consulados, convertidos en verdaderos tribunales
de comercio solventaban las diferencias y demandas que pudie-sen
surgir entre mercaderes por razones de quiebras, protestos,
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seguros etc.; la forma más directa y expeditiva de cómo se subs-tanciaban
tales demandas por los síndicos y comisiones de-signados
por las autoridades consulares en cada caso se dife-renciaba
del complejo entramado burocrático de la justicia
ordinaria, ganándose con ello en eficacia, tiempo y dinero por
las partes en litigio. Había, además, un prurito de naturaleza
técnica; los mercaderes confiaban más en la valoración, juicio y
resolución de quienes, como ellos, eran versados en las cuestio-nes
propias de la gestión y contabilidad mercantil, eludiendo las
sutilezas y casuística de juristas.
La función consular, en cuanto tribunal mercantil, se ejer-cía
regularmente ante situaciones que de facto exigían ya su
intervención como fuera en el caso de suspensión de pagos,
declaración de quiebras o siniestro en el caso de seguros marí-timos,
entre otros; es decir, en cuantas situaciones hubiese una
base firme de litigio bien por reclamación directa entre partes,
bien por afectar con daños a posibles terceros. Había, sin em-bargo,
otras situaciones de discrepancias o divergencias entre
mercaderes en las que las partes, sin querer llegar a la for-malización
de litigio declarado, buscaban una solución o acuer-do
al margen incluso del propio tribunal consular bajo fórmu-las
de acuerdos amistosos, conciliación y arbitraje. Una práctica
que, inicialmente, iba vinculada de forma mayoritaria a los
«ajustes de cuentas», en caso de criterios discrepantes. Y bajo
tal modalidad dicho proceder era práctica habitual y consolida-da
en el mundo mercantil mediterráneo de la que se tienen re-ferencias
abundantes desde los siglos XIV-XV en adelante.
Una práctica que como tantas otras relacionadas con el
modo de negociar, instrumentos crediticios y financieros, segu-ros
etc. pasó del Mediterráneo al Atlántico a raíz del giro im-preso
al comercio internacional tras la apertura de los merca-dos
coloniales. No obstante, a mi parecer, el recurso a la
conciliación y arbitraje por los mercaderes de la Carrera de In-dias
—sin duda alguna la expresión más pristina de ese comer-cio
colonial en los siglos XV al XVIII— adquirió muy pronto
matices diferenciadores, ya por la modalidad de su puesta en
práctica, ya por la intensificación que de su uso se hiciera. En
rea-lidad, era la propia naturaleza de dicho comercio el que
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impulsaba al empleo creciente de tales prácticas de conciliación
y arbitraje, pues las condiciones que en que se desenvolvía la ne-gociación
indiana así lo exigía:
a) en primer lugar, un comercio que contaba con una pro-fusa
presencia de comerciantes extranjeros, constituidos
en colonias mercantiles, que siempre que fuera posible
intentaban preservar su autonomía evitando, en caso de
discrepancias contables en los ajustes de cuentas entre
miembros de su comunidad, las intromisiones e inje-rencias
no sólo de las justicias ordinarias sino inclusive
del propio tribunal consular de Sevilla;
b) en segundo lugar, un comercio sustentado en la profu-sión
del crédito, como tuvimos ya ocasión de exponer en
estudio detallado, que lo hacía propicio a las divergencias
interpretativas entre partes a la hora de finiquitar nego-cios
y cuentas;
c) en tercer lugar, una negociación realizada en parte prin-cipal
bajo la modalidad de comisión e intermediación, ya
de cargadores asentados en Sevilla o Cádiz que actuaban
como intermediarios de firmas extranjeras, ya de facto-res
y encomenderos que en Indias actuaban como comi-sionistas
de los cargadores sevillanos y gaditanos.
III. De la praxis y tradición mediterránea bajomedieval en
la composición e intermediación para ajustes de cuentas han
quedado abundantes rastros en la documentación sevillana del
siglo XV, anterior al descubrimiento de América. La presencia
de tales intermediarios aparecen bajo la denominación y calidad
de árbitros y componedores cuyas funciones se extienden tanto
a las controversias sobre negociaciones mercantiles como a los
ajustes y finiquitos de cuentas —con frecuencia, de compañías—
con el claro objetivo de eludir la posibilidad de cualquier litigio
judicial.
En uno de los casos analizados, de 1472, se les nombran a
dichos intermediarios como «amigables componedores e difi-nidores
», se les señala un plazo de quince días para que diriman
las cuestiones disputadas entre partes y éstas estipulan y acep-
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tan, previa renuncia a las leyes que pudieran invocarse, la pena
de 200 castellanos, así como el pago de las costas, para la parte
que no se aviniere al fallo emitido. Por entonces, el papel arbi-tral
lo vemos extendido, en su práctica, a los aspectos más di-versos
de la esfera económica —no estrictamente mercantil ni
contable— como pudiera ser, entre otros ejemplos, para dirimir
reclamaciones de incumplimiento de contratos de aprendizaje,
dote matrimonial etc. Así, en 1473 nombran «juez árbitro
arbitrador... y amigable componedor» al bachiller P. de Escobar
en un pleito en que se dirimen bienes testamentarios, acogién-dose
las partes a la «sentencia arbitral» dictada por éste.
A finales del siglo XV, en la plaza sevillana, la denominación
de árbitro se impone para denominar a los que ejercen las fun-ciones
de intermediación en aquellos controversias mercantiles
que, previo desistimiento de litigio, buscan la conciliación y
acuerdo. Práctica que se hace más recurrente cuando una de
las partes —o socios— sea de naturaleza o nacionalidad extran-jera.
En 1495 Francisco Moreno y Juan Guar, mercader inglés,
de una parte y micer Felipo Otón, mercader inglés, de otra,
nombran «árbitros y amigables componedores» a Jorge Bu-llistrol,
inglés, y a Juan Alimán, trapero, para que diriman las
cuestiones que hay entre ellos a causa de la venta de 25 toneles
de aceite de oliva que los primeros vendieron a Felipo de Oton,
comprometiéndose ambas partes a cumplir y tener por firme el
fallo que los árbitros den. No debía ser fácil —o, por lo menos,
rápida— la actuación intermediaria y a veces había que reem-plazar
a algunos de los árbitros designados: tres años después,
en 1498 nos volvemos a encontrar rastro documental del nom-bramiento
y actuación de árbitros en la disputa precedente, a
causa de la sustitución de unos de los árbitros designados al
inicio. En ocasiones, el recurso al arbitraje se hace incluso cuan-do
ya está abierta la vía judicial, en un intento final de evitar
las consecuencias que ésta pudiera deparar: en 1499, F. de Baeza
y A. de Betanzos se comprometen a cumplir la decisión arbitral
del bachiller G. Rodríguez de Burgos, desistiendo previamente
del pleito que estaban ventilando ante el bachiller Mateo de la
Cuadra.
Cuando los mercaderes en disputa eran de la misma «na-
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ción», o pertenecían a la misma colonia mercantil, la función
de arbitraje y composición se hacía recaer en compañeros de su
propia nacionalidad, con el doble propósito de preservar sus
negocios a la intromisión de las autoridades e instituciones
mercantiles del país de acogida y de mantener los principios de
cohesión entre ellos, al estar interrelacionados por múltiples la-zos
familiares, mercantiles, financieros e incluso políticos. Este
proceder sería reiterado con intensidad por los genoveses en
Sevilla, desde fines del siglo XV en adelante, cuando su presen-cia
numérica y actividad mercantil se incrementa en la ciudad
por su estrecha vinculación con los negocios de las Indias. En-tre
otro muchos ejemplos disponibles podría ser el de Oberto de
Negron y Francisco de Castellon, mercaderes genoveses, cuan-do
en 1500 acuerdan nombrar «jueces árbitros» a Antonio
de Sornanis y a Antonio de Negron, también genoveses, para
que resuelvan «entre ciertos pleitos y debates» que entre
ellos hay.
A medida que se intensifica la negociación con las Indias
desde Sevilla y se hacen más complejas las operaciones mercan-tiles
y financieras por la que se sustanciaba dicho comercio co-lonial
en igual medida crece el número de litigios que de las
desavenencias contables pueden derivarse. Por las circunstancias
que ya expuse en otro lugar, desde el siglo XVI en adelante,
siempre que era factible se evitaba recurrir a las instancias ju-diciales
ordinarias e incluso a los propios tribunales mercantiles
dotados de jurisdicción privativa. Sobre todo entre los extranje-ros,
quienes fueron los que con mayor asiduidad procuraban
resolver sus disparidades por vía de conciliación y arbitraje, has-ta
el punto de que llegara a crearse un estereotipo en tal modo
de proceder. A mi parecer, fueron la influencia de los genoveses
la que se dejase sentir con más insistencia en la plaza sevillana
—de la que ha quedado abundante rastro en la documentación
del A.G.I.— aunque no falte tampoco ejemplos practicados por
otras colonias mercantiles extranjeras como veremos a conti-nuación.
A principios del siglo XVII, en 1607, de una parte los her-manos
Francesco y Miguel Micon, genoveses, y de otra Simón y
Antonio María Pedemonte, también hermanos y de nacionalidad
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genovesa, con negociación en Sevilla para con las Indias, acuer-dan
nombrar a Joan Geronimo Espinola, Alexando Molfino y
Sebastian Bernardi, también genoveses y residentes en la capi-tal
del Guadalquivir, como terceros arbitros arbitradores para
«conponer y concertar a los susodichos en razón de las quentas
de la nao nombrada San Francisco de Paula e lo dependiente de
las dichas quentas...» como parece por la escritura de compro-miso
que se reproduce en apéndice núm. 1. Del análisis de di-cho
documento pueden concluirse sus rasgos definitorios:
a) Por su naturaleza, es una «escritura de compromiso» en-tre
las partes que lleva incorporada el «poder y comisión»
otorgado a quienes han sido designados «terceros árbi-tros
arbitradores». Como documento ha sido formaliza-do
ante escribano público.
b) La finalidad de la escritura es el nombramiento de las
tres personas designadas como «terceros árbitros», todos
ellos de la nación genovesa y residentes en Sevilla: el
primero de ellos, A. Molfini se nombra a propuesta de
una de las partes, los hermanos Micon; el segundo, S.
Bernardi, a propuesta de la otra parte, los hermanos Pe-demonte;
y el tercer «tercero», denominado también
como tercero en discordia, es nombrado a propuesta con-junta
de los dos terceros Molfini y Bernardi.
c) La función encomendada a dichos terceros es la de com-poner
y concertar a las partes en razón de las quentas
pendientes que hay entre ellos. Se le otorga para ello
facultad bastante para que vean las cuentas que los
Micon dan a los Pedemonte de la fábrica y aderezo de la
nao S. Francisco; los «terceros árbitros» nombrados de-ben
ver dichas cuentas y «si hubiera alguna partida o
partidas que les pareciere no estar justificadas que lo di-gan
e avisen a nos los dichos F. y M. Micon para que les
demos toda la claridad y satisfacción que pudiéremos» y,
si hubiere algún yerro en las dichas cuentas, que «lo
enmienden y deshagan».
d) Lo que hicieren y acuerden los tres terceros obliga a las
partes y se ha de considerar como «firme y valedero»; que
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será suficiente prueba la «información de palabra» y que
lo que declararen resuelto ya sea por «vía de liquidación
y fenescimiento de quentas» o por vía de «composición y
transacción y concierto» las dos partes se obligan a que
se guarde, cumpla y ejecute como si fuera sentencia fir-me
definitiva de juez competente; esa aceptación conlle-va
no poder reclamar ni contradecir lo hecho por los
terceros, ni solicitar enmienda ni corrección ni apelar en
forma alguna, haciendo renunciación de todo ello al
tiempo que otorgan escritura de aprobación y liquidación
e fenescimiento de quentas dando carta de pago y fini-quito
que convenga.
e) Lo que se pretende por unos y otros hermanos genoveses
al recurrir a la fórmula de conciliación y arbitraje de
terceros es: 1) «quitarnos de pleitos», 2) excusar las cos-tas,
daños e inconvenientes que éstos conllevan y 3) lo
más importante, «por conservarnos en amistad», circuns-tancias
que explican de forma harto elocuente la acepta-ción
que, en determinados contextos mercantiles, alcan-zaría
el arbitraje.
f) Para la ejecución de la finalidad encomendada se le con-cede
a los terceros un plazo de cincuenta días, a partir
de la fecha de aceptación del nombramiento, aunque se
le pueden conceder moratorias si fuere necesario, tal
como en efecto sucedió, llegándose hasta seis prórrogas
más que cubrieron un periodo total de seis meses en el
ajuste y liquidación de las cuentas: 1ª Se prorroga el pla-zo
por treinta días más; 2ª Se prorroga hasta fin del mes
de octubre de este año de 1607; 3ª Se prorroga hasta el
día quince del mes de noviembre de 1607; 4ª Se prorro-ga
hasta el fin de mes de diciembre de 1607; 5ª Se pro-rroga
por ocho días, desde primero de enero de 1608; 6ª
Se prorroga por ocho días más. Se termina la Resolución
de los árbitros arbitradores en 14 de enero de 1608. La
resolución se aceptaría como de cosa juzgada, renuncian
a todas las leyes, fueros y derechos que pudieran favore-cer
a las partes y se fija una pena de quinientos ducados
a quien reclamare o contradijere la resolución dictada
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más el pago de las costas; finalmente, declaran la volun-tad
de suspender cualquier pleito que se haya puesto por
parte de los hermanos Micon contra los Pedemonte «has-ta
en tanto los terceros acaben y fenezcan las dichas
quentas».
No siempre, sin embargo, la actuación arbitral de los terce-ros
era aceptada por una, o ambas, partes. Ya fuese por incom-petencia
o por causa de una actuación sesgada, lo cierto es que
en ocasiones la resolución propuesta distaba mucho de resolver
las desavenencias y, en ocasiones, no haría sino agravarlas más
aún. En tales ocasiones se procedía a la designación de nuevos
árbitros terceros que hicieren valoración de lo actuado; o las
partes, en particular la que se sintiese agraviada, procedía a una
manifestación pública donde se fijaban sus discrepancias y se
hacía constar las causas de las mismas por lo que consideraban
un proceder incorrecto de los terceros en la resolución de arbi-traje.
Manifestación pública dada a conocer mediante escrito
—al estilo de hoja volandera o similar— cuyo destino era la di-fusión
entre los miembros de la colectividad mercantil, con el
fin de avalar las justas pretensiones contra los agravios padeci-dos
o la justeza de las reclamaciones que tuviese presentada a
la parte contraria, proceder que se hizo frecuente a lo largo del
siglo XVII. Abierto el camino de la controversia pública todos los
implicados terminaban por utilizarlo como recurso de justifica-ción,
de tal manera que todos los implicados —tanto las partes
litigantes como los terceros árbitros designados— terminaban
por dejar constancia por escrito de sus posicionamientos y ac-tuaciones.
De estos ejemplos, dado a la luz pública en escrito impreso,
hemos encontrado algunos de ellos en nuestras investigaciones
y que tenían como referente al comercio colonial con las Indias
a través de la plaza de Sevilla. A título de ejemplo hemos elegi-do
para su análisis los manifiestos cruzados entre dos mercade-res
flamencos, fechado en 1642.
El manifiesto público que fuera dado a la imprenta en pri-mer
lugar, por la parte que se consideraba perjudicada por la
resolución arbitral, llevaría por título AGRAVIOS que padece
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Adrián Stoyaert en las cuentas que ajustaron los Terceros Simon
Canis y Nicolas Reyser, y así suplico a los Terceros, señores Juan
Pérez Henriquez y Jaques Filter los consideren y reformen, y se me
haga bueno lo que consideren justo. Escrito en el que A. Stoyaert
discrepa de las actuaciones realizadas por los primeros terceros
designados y en donde, en seis puntos, fija las causas de las
divergencias contables con P.Miguelsen y las inadecuaciones
efectuadas a la hora de contabilizar ciertas partidas, o falta de
justificación de las mismas etc., de la negociación que entre
ambos habían mantenido. Hecho público, el escrito fue enton-ces
contestado, a su vez, en otro impreso de naturaleza similar
por la parte demanda —P.Miguelsen—. Para dejar constancia y
adecuación de las respuestas a los agravios vertidos por la otra
parte, la composición del impreso se hizo tal como se presenta
en la lámina reproducida: en un folleto de seis hojas, tamaño
folio, se componen a dos columnas, en la de la izquierda va el
texto ya publicado de los AGRAVIOS y en la de la derecha se
inserta la réplica dada bajo el título RESPUESTA que da Pedro
Miguelsen a un papel, que llama Agravios, Adrián Stoyaert, de las
quentas que hicieron Nicolás Reyser y Simon Canis.
En la Respuesta, P. Miguelsen va dando réplica punto por
punto a cada uno de los Agravios que decía padecer Stoyaert
por las compras y ventas que el primero hizo en nombre del
segundo de la negociación tanto en España como en Flandes.
Las discrepancias surgidas, como era habitual, se intentaron
subsanar recurriendo al arbitraje de los dos terceros nombrados,
también de nacionalidad flamenca como lo eran los mercaderes
en litigio. Miguelsen responde que dio cuenta detallada por
menor de toda su actividad mercantil y que las cuentas que
hicieron los Terceros fue aprobada por Stoyaert, quien la con-sintió
y aprobó; que aún así el reclamante llevó los libros y pa-peles
de Miguelsen a su casa y allí ajustó de nuevo las cuentas
con Leon de los Reyes y no hallaron nada en contra. Con todo,
Stoyaert presentó pleito contra Miguelsen reclamándole diversas
cantidades sobre valoraciones de las mercaderías entregadas
para vender —por importe de casi cuatro millones y medio de
maravedies, desde 1640 a 1642—.
En el escrito de Agravios, A. Stoyaert se quejaba de haber sido
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damnificado «en muchos millares de ducados» a causa del im-perfecto
ajuste de cuentas practicados por los terceros que no
exigieron a la parte contraria exhibir «las dichas cuentas por
menor, con distinción, y la debida claridad, según debe y es es-tilo
mercantil». Entre los agravios padecidos por lo que Stoyaert
entiende fuera una improcedente actuación de los terceros ár-bitros
destacaría la incorrecta asignación de intereses a pagar
en algunas partidas correspondientes a cargazones de ropas
compradas por su cuenta y los premios aplicados, entendiendo
que hubiera en tal proceder causa de fraude; reclama que «los
intereses del libro de caxa me son debidos», se le hicieron
ajustamientos del libro de caxa —por la reducción de plata en
vellón— en todo punto inadecuados —en vez de hacerlo al 30%
lo habrían hecho al 120%—, le agraviaron con recambios e in-tereses
en partidas que no eran procedentes, en la adquisición
de 300 piezas de anascotes le cargarían más de 500/600 duca-dos
y, por último, se le cargaron 334.626 mrs. por cambios y
recambios que la otra parte no justifica y, que a su entender no
proceden, y en consecuencia es cantidad que le pertenece, por
cuanto «consta que de continuo tenía dineros bastantes en caxa
para suplir qualquier parte que me pudiera tocar en los dichos
empleos». En la Respuesta, P. Miguelsen va respondiendo de
manera prolija a todos y cada uno de los agravios, explicando
de manera pormenorizada la naturaleza y circunstancia de cada
negociación y partida; ofrece en cada momento sus libros y
papeles para nuevas verificaciones, se detiene en explicar cómo
se negocian en Sevilla las cargazones y empleos que provienen
de Flandes —es público y notorio, dice, que es imposible liqui-dar
a un tiempo la ropa y letras que vinieron sobre ellas, que lo
normal es que se tarde incluso más de un año (a veces dos) en
vender las mercaderías recibidas y que por ello es fuerza pagar
premios por las cantidades suplidas hasta que se consiguiere
cargar para las Indias—. De igual modo rechaza que sea inade-cuado
la aplicación de ajustes de la plata con el vellón, pues dice
que lo normal era que corriese en la plaza al 125% —y le apli-caron
en cambio el 120%—, etc.
La publicidad dada a la controversia entre las partes ponía
en entredicho el arbitraje y resolución de los terceros, de aquí
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que uno de ellos se sintiese llamado a intervenir e hizo publico,
a su vez, otro papel impreso de 17 hojas donde trata de mante-ner
y justificar su proceder en el ajuste de las cuentas efectua-do.
A dicho escrito, sin embargo, P. Miguelsen no lo considera
digno de respuesta, pues dice «no me espanto que quien hizo un
yerro, como dice el refrán, etc. etc.».
IV. La intervención y composición en los ajustes de cuentas
no se limitaba solo a la esfera de la negociación privada. Tras-cendía
también a la contabilidad pública, en particular en el
ramo de los impuestos y rentas arrendadas cuando se percibían
notorias discrepancias en los resultados ofrecidos por los arren-dadores
y las expectativas de ingresos por el poder público
—municipal o estatal—. Sobre todo, cuando se trataba de fijar
las cuantías o bases para un nuevo arrendamiento en función
de los recaudos de periodos precedentes. En tales circunstancias,
se recurría a terceros arbitradores para que intervenidas y ajus-tadas
las cuentas se fijasen con pulcritud las valoraciones de in-gresos
y gastos para así determinar la cuantía de los líquidos
procedidos de la renta en cuestión.
Un ejemplo interesante, por el alcance y magnitud de las
rentas cuyas cuantías fueran puestas en divergencias por las
partes, sería el de las Rentas de las aduanas de los almoja-rifazgos
sevillanos en el último tercio del siglo XVII cuando, en
base a una pretendida contracción del volumen del comercio
colonial, pretendían los arrendatarios una sustancial rebaja.
La ciudad de Sevilla solicita un Informe técnico-contable a
los señores Don Andrés de Herrera, alférez mayor, Doctor don
Juan de Oliver, veinticuatro, y don Francisco de Carcamo
Urdiales, jurado, en virtud de la comisión concedida, en razón
del estado de las rentas de las Aduanas e intervención puesta
en ellas, fecha noviembre, 1671. El acuerdo era para que se
informasen del estado de las rentas del almojarifazgo de las que
era arrendador don Francisco Báez Eminente, de la intervención
que tiene puesta y la forma de administración en ella.
La cuestión era la siguiente: en 1663 Eminente había toma-do
en arrendamiento las rentas de la Aduana por precio de 40
quentos más de los que hubieren valido en los dos años prece-
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dentes de 1661-1662; pero a partir de 1664 y hasta cumplir los
8 años del arrendamiento, habrían de ser 50 quentos. Cumpli-do
el plazo, a primeros de 1672 hizo una representación al Con-sejo
de Hacienda donde señalaba que: a) del arrendamiento y
prórroga hasta 1670 no debía más de 11 q. y que tenía preten-sión
de extinguirlos y no pagarlos; b) que en 1671 se había vuel-to
a encargar de dichas rentas por 6 años en el mismo precio y
más de la entrada de los lienzos; c) que de su cargo del primer
año debía 120 q.; d) que durante los arrendamientos había he-cho
diferentes negociaciones y anticipaciones sin que de ellas
debiese cosa alguna y tenía cubierta su renta de fianzas, con
312 q. (con 524 mil escudos de provisión que hizo el año de
1671; y de 80 q. que se ha obligado a pagar a juros y libranzas
del año de 1670). Señala que las rentas, así de pagos como de
fianzas, estaban cubiertos pese a lo poco que habían producido
a causa de las guerras con Holanda, Inglaterra y Francia; que
aún así gracias a su gran crédito había corrido en la paga de
juros y libranzas. Pedía que los juristas —es decir, los tomadores
de juros— no le atropellasen con sobrecartas en su intento de
cobrar los pagos correspondientes situados sobre dichas rentas
de la Aduana. Por último, pedía que respecto a las rentas de
1672 el Consejo proveyese remedio de administración por el
tiempo de las guerras; y por lo que se debía atrasado se manda-se
que de lo que se hubiere de este año se pagase a quien lo
hubiese de haber, sin que contra él se despachen sobrecartas.
Fueron las pretensiones expuestas las que movieron a que se
efectuase la información contable solicitada así como se fijasen
los criterios de intervención por cuanto se consideraba que las
condiciones expresadas resultaban onerosas a la Real Hacienda.
Los expertos designados para tal comisión, una vez conocido el
estado de las rentas por la comprobación de las cuentas corres-pondiente,
emitieron un dictamen y propuesta de resolución en
los siguientes términos: 1) que aunque Eminente había dicho
que de su primer arrendamiento solo restaban 11 q., pareció que
debía a fin de junio de 1672 lo siguiente: 183.q, de ellos 62 q.
de su primer arrendamiento y 121 q del segundo. En consecuen-cia
solicitaban al fiscal del Consejo de Hacienda que rechazase
todas las pretensiones presentadas por Eminente. Y en dicho
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Consejo, en la sala de por la mañana, se mandó poner inter-vención
en las rentas, manteniendo al mismo personal que es-taba
en la administración de ellas, sin poderlos cambiar sin
antes dar cuenta y rubricando los libros que habían valido des-de
primeros de año; 2) respecto a las anticipaciones que decía
haber hecho Eminente —los 524 mil escudos antes referidos—,
no fueron tales sino sólo 400 mil, de los que se le pagaron el
8% de interés. Aún dándola por buena, se obligó en doce me-ses:
los 400 mil escudos valen 136 q. y corresponde a cada mes
11 q. 333.333 mrs. de desembolso al tiempo que el arrendamien-to
de las rentas producirían mensualmente 22 q. 228.446 mrs.
al ser su importa anual de 266 q.741.356 mrs. quedando cubier-to,
de sobra, el pago correspondiente; 3) que, en consecuencia,
Eminente era indubitable que estaba al descubierto en sus fian-zas
porque las que ha tenido obligación de dar se compusieron
de los 136 q de la anticipación.
A la vista de todo ello, los responsables del informe técnico-contable
propusieron que para la intervención de las cuentas
pedida lo que han hecho es abrir un libro más donde se dupli-can
las partidas. La intervención efectuada les lleva a compro-bar
«que ha habido ocultación del valor fixo destas rentas. Y sien-do
tan antigua la presunción evidente de que lo escrito en los
libros públicos no se hace con el rigor que se debía profesar —sin
que haya culpa en quien los tiene, porque a su mano no llega
más— sino para hacer más cortos los valores y así pedir a S.M.
nuevas bajas sobre el precio de los arrendamientos como las con-seguidas
desde 1664 en más de 180 quentos». A continuación,
expresan una serie de consideraciones sobre las pretensiones de
bajar el importe de las rentas y sobre los grandes beneficios
conseguidos por el arrendador y los subterfugios empleados para
ello y declaran que no pueden ir mucho más allá en sus com-probaciones
e intervención de la contabilidad examinada porque
«otros renglones de utilidad, y valores de consecuencia no puede
sacar en limpio la pluma: porque, aunque se dicen, es difícil, que
el Guarda, o ministro que lo sabe los escriba, ni el comerciante
que no lo ignora los firme».
En concreto, y a título de ejemplo, señalan que los galeones
y flotas llevan ropa, mercaderías y frutos en mas cantidad que
sus permisiones: «los libros, es de creer, no lo sabrán», porque
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en ellos no se pueden poner valores de mercaderías, que en se-mejantes
embarcaciones los Cabos no pueden permitir cargar en
más cantidad que la permitida, si las cargan. En conclusión, la
falta de transparencia registral y contable se alían como causa
principal defraudadora al fisco en el comercio colonial, lo que
se daba por sabido en los cenáculos mercantiles sevillanos pero
que nunca se explicitara de manera tan fehaciente como la in-tervención
contable efectuada pondría de manifiesto.
V. La práctica del arbitraje alcanzaría durante el siglo XVIII
un desarrollo considerable a la par que introducía algunas in-novaciones
del mayor interés en la evolución de la Historia de
la Contabilidad, a saber: la profesionalización de quienes habían
de intervenir en calidad de terceros árbitros en el ajuste, com-posición
y propuesta de conciliación y arbitraje en discrepancias
mercantiles entre partes. Más aún, incluso en aquellos casos en
los que la vía de litigio judicial prosperase, terminaría por im-ponerse
el recurrir a expertos contables para que, en calidad de
tales, analizasen los libros de cuentas y emitiesen los informes
periciales correspondientes. La complejidad de la negociación
mercantil en la centuria del Setecientos habría llegado a tal
grado en el comercio colonial practicado que incluso Tribunales
privativos como el del Consulado —pese al carácter especializa-do
del mismo— habrían de recurrir a las auditorias, interven-ciones
y actuaciones de terceros arbitradores.
Uno de esos ejemplos, que nos ilustran muy bien la situa-ción
en que se encontraba la propia praxis contable en la ciu-dad
de Cádiz hacia fines del siglo XVIII, sería el expediente
promovido a raíz de las discrepancias contables entre un comer-ciante
gaditano y su factor en la Habana habiéndose de recu-rrir,
para el apuntamiento y verificación contable, a los servicios
de un profesional de la contabilidad. El encabezamiento del ex-pediente
lo titula así: «Definición absoluta de las cuentas con-trovertidas
entre don Francisco Bordas y don Pedro Martín de
Leiva, descrita y pronunciada por el Contador compromisario don
Mariano Malancó». Fechado en Cádiz, 17 abril de 1819. No obs-tante,
las cuentas controvertidas corresponden a operaciones que
se produjeron entre 1772 y 1782.
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El interés del ejemplo que analizamos a continuación radica
tanto en las actuaciones contables que el contador compromisa-rio
lleva a cabo como en los comentarios anexos que le acompa-ñan.
Malancó, al examinar y recomponer las cuentas de una y
otra parte según los libros y apuntes que éstas llevaban, adopta
una actitud crítica y didáctica a la vez. Crítica, por cuanto no
cesa de poner en evidencia las imperfecciones y deficiencias de
técnica contable con que se llevaban por los interesados sus
respectivos libros —en los aspectos conceptuales y en la praxis de
los asientos—; y didáctica, por cuanto, a través de sus comenta-rios,
hay un afán manifiesto de sentar doctrina, reclamando para
el arte contable el máximo rango en cuanto calidad de saber
—hoy, diríamos, de ciencia—. De ahí la sistemática con que pro-cede
en su análisis, la formación prolija de los estados contables
acordes con los principios que considera correctos y adecuados,
la clarificación de las partidas y su naturaleza según el tipo de
negociación, la determinación conceptual de lo que sea —y cómo
se construye— la cuenta de «ganancias y pérdidas» y, por último,
la valoración final. A la vista de todo ello, cabe preguntarse cómo
fuera posible que en el Cádiz de finales del siglo XVIII, merca-deres
de la plaza llevasen sus libros de manera tan imperfecta,
con una praxis más bien alejada de lo que fuera el sistema de
partida doble tan arraigado por entonces en el mundo mercantil;
si bien es cierto, que si damos valor a la declaración de Luque
y Leiva cuando publica su libro, dicha praxis en la plaza gaditana
pareciera que era poco menos que desconocida. Aspecto éste que
merecería la pena se comprobase, en términos empíricos, por las
connotaciones que tuviera; máxime cuando fuera, precisamente,
el auge del comercio colonial lo que favoreció el arraigo de las
modernas técnicas contables en las plazas andaluzas a fines desde
finales del siglo XV y durante el siglo XVI.
Con el objeto de dar una visión de conjunto del informe pre-sentado
por Mariano Malancó en su calidad de contador compro-misario
hemos procedido a reproducir —aunque resumidos por
mí— los diversos Estados contables por él formados, a partir de los
originales libros de cuentas, a fin de sustentar sus cálculos y con-clusiones;
dichos Estados contables se acompañan con unas no-tas
o comentarios de los que hemos extractado las ideas o argu-
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A)
COMPOSICIÓN PRIMERA CUENTA O ESTADO
mentos principales de los mismos. En el inicio, Malancó titula su
informe como «Estado General en extracto de egreso e ingreso de
las Facturas y Negocios de la absoluta propiedad capital de don
Francisco Bordas consignados a don Pedro Martín de Leiva a la
Habana, en los cuales le cedió Bordas a Leiva, además de su hono-rario
de comisión ordinaria, en el resultado líquido de sus ganancias
y pérdidas la mitad de su parte, después de adjudicadas a otros
interesados en algunas de las mismas Facturas y Negocios las par-tes
que le correspondían, que no son de este lugar, donde sólo se
trata de la tendencia de Bordas con Leiva para purificar las cuen-tas
de éste en todos sus extremos: en cuanto a lo principal por su
entero cargo activo y pasivo y en cuanto a lo accesorio por lo que
le corresponda en la definición final de las cesiones». Y a continua-ción
establece la composición de las distintas cuentas o Estado,
con sus correspondientes comentarios, a saber:
B)
COMPOSICIÓN SEGUNDA CUENTA O ESTADO
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Comentario al Estado núm. 1: Señala Malancó que es escan-daloso
la diferencia en valoración de las FACTURAS de Leiva res-pecto
a Bordas; si es un error, pase, pero si es resultado de arbitra-riedad
es inadmisible por cuanto un comisionista no tiene facultad
para cambiar o alterar las facturas que les fueran consignadas.
Tampoco es admisible la menor cuantía en Leiva en las VEN-TAS
por cuanto Bordas dice en su Libro que su cuenta es resultado
del traslado de lo que Leiva de su puño y letra le comunicaba.
Respecto a las Ganancias y Pérdidas de Bordas dice que son
imaginarias y lo desarrolla. Y respecto a las ganancias de Leiva
lo llama «inaudita y original la arbitrariedad con que Leiva cal-culó
estas ganancias». Desde luego, él no partió de más principio
que el de la comparación simple entre las Facturas y las Ventas
sin inflexión al éxito de los retornos de sus ventas para decidir si
había ganancias o pérdidas. Malancó pone un ejemplo del por-
C)
COMPOSICIÓN TERCERA CUENTA O ESTADO
PLANA A LA IZQUIERDA
Remesas de don Pedro de Leiva en azúcar
COMPOSICIÓN TERCERA CUENTA O ESTADO
PLANA A LA DERECHA
Remesas de Leiva en metálico y equivalente
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21
D)
DEFINICIÓN PRINCIPAL DE LOS NEGOCIOS ESENCIALES QUE QUEDAN
DESCRITOS BAJO LA DISTINCIÓN LEGAL ADOPTADA
1)
Éxito activo y pasivo por don Pedro Leiva
Su cargo
qué llama imaginarias y erróneas a las ganancias: supongamos
una factura de 20 mil pesos, se vendió en 25 mil y parece haber
ganado 5 mil; los 25 mil pesos vinieron empleados en azúcar y
su venta no produjo sino 18 mil; en vez de los 5 mil pesos de
ganancias lo que habría serían 2 mil de pérdidas.
Tras la primera toma de posición respecto al proceder conta-ble
de las partes, el contador compromisario rehace la contabili-dad
según los principios y técnicas propias de dicho «saber» o arte.
De ello, se concluye en la formación de lo que denomina la «de-finición
principal de los negocios esenciales», donde se examina la
composición de activo/pasivo, egreso/ingresos, según cuentas, y que
manteniendo su criterio nosotros resumimos a continuación:
Su data
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Comentario al 2º Estado: Iguala los Pincipales y Produc-tos
con el importe de tres partidas que fueron omitidas por
Leiva.
Dice Malancó que ha hecho el ímprobo trabajo de transcri-bir
unas y otras figuradas o soñadas ganancias de Facturas y
Negocios, que además de ser imaginarias y erróneas no tienen
ni exactitud ni consecuencia ni regularidad que disimulase de
algún modo la impericia; «se ha hecho, digo, para demostrar que
ni aún esta fatiga que debió haberse despreciado, se ha omitido
en el nimio celo de pesquisar y examinar todos los libros, papeles
y Autos de este desagradable negociado para que su pronun-ciamiento
definitivo fuese prevenido de un prolijo análisis de un
sistema de legalidad y de una exactitud que honrase a la Jus-ticia
».
2)
Egreso e ingreso por don Francisco Bordas
Egreso
Ingreso
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Por último insiste en que los retornos de Leiva «no basta-ron
siquiera para solventar ni aún lo principal de las Facturas;
por ello, «las ganancias que figuraron fueron tan erróneas
como fatuas y más estulto el procedimiento de fijar sus atribu-ciones
».
El análisis contable y nueva composición de las cuentas y
estados elaborados por el contador compromisario le llevan a
una valoración final donde, sin omitir detalle numérico ni co-mentario
explicativo y crítico, resume todo la actuado y cuanti-fica
el monto y signo final de las cuentas ajustadas:
E)
CONCLUSIÓN ABSOLUTA
Comentario al Estado núm. 3: En un texto extenso, donde
se va analizando en detalle el modo y razones de su proceder,
así como los comentarios pertinentes en el ajuste de partidas y
cuentas y viene a concluir cómo las imperfecciones en técnica
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contable produjeron importantes desatinos a la hora de estable-cer
las valoraciones y, en consecuencia, los resultados finales de
la negociación y cuantías correspondientes a cada una de las
partes incursas en la misma. Buena parte de los desajustes de
valoración —como ya tuvimos ocasión de exponer en nuestra
investigación sobre la financiación de la Carrera al analizar las
valoraciones contables haciendo caso omiso de el tipo de mone-da
y calidad de la plata en que éstas se efectuaban— provienen,
nos dice Malancó, de las «rectificaciones de esta tendencia y dis-conformidad
en las partidas en pesos fuertes, en la reducción de
la plata macuquina a acuñada, por discrepantes valoraciones en
cargos y abonos». En suma, al final del largo período del comer-cio
colonial hispano —cuando tenía ya tres siglos de vigencia
operativa— el problema monetario, como uno de los principales
escollos que aquejaba a la contabilidad mercantil de dicha ne-gociación,
seguía manteniendo una vigencia operativa determi-nante
a la hora de componer, ajustar, liquidar y cerrar negocios
y libros de cuentas.
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APÉNDICE NÚM. 1
ESCRITURA DE COMPROMISO PARA COMPONER Y CONCERTAR
«QUENTAS» ENTRE MERCADERES GENOVESES, EN SEVILLA,
AÑO DE 1607
(A.G.I., Contratación, 693)
«Sepan quantos esta carta vieren como nos/ Joan Gerónimo
Espínola e Alexandro Molfino e Se/bastian Bernardi, residentes en
esta ciudad de Seuilla/ terceros adbitros adbitradores nombrados
por Francesco/ y Miguel Micón, hermanos, e por Simón e Antonio
María/ Pedemonte ansí mismo hermanos, para conponer y concer-tar/
a los susodichos en razón de las quentas de la nao nombrada/
San Francisco de Paula e lo dependiente de las dichas quentas/
como paresce por la escritura de compromiso e poder e cmissión/
por esta {una palabra no legible} a nos dado por las dichas partes
que pasó ante el pre/sente escribano público, su tenor de la qual e
de las prorrogaciones/ que en virtud della abemos fecho del térmi-no
del dicho conpro/miso que ansí mesmo an pasado ante el pre-sente
escribano púnlico/ es esto que se sigue:/
(al margen) Compromiso- Sepan quantos esta carta vieren como
nos Francisco Micón y/ Miguel Micón, hermanos ginobeses, residen-tes
en esta ciudad/ de Seuilla por nos de la una parte, y nos Simón
Pedemonte/ e nos Antonio María Pedemonte, ansí mismo ginobeses,
residentes en esta/ dicha ciudad por nos de la otra parte otorga-mos
e conoscemos nos / anbas las dichas partes, cada una por lo
que le toca, que damos poder/ e comisión e facultad bastante,
quanto de derecho se requiere/ a Alexandre Molfini, tercero nom-brado
por nos los dichos Francisco e/ Miguel Micón y a Sebastian
Bernardi, tercero nombrado por nos/ los dichos Simón y Antonio
María Pedemonte, para que los susodichos/ bean unas quentas que
nos los dichos Francisco e Miguel Micón damos/ a los dichos Simón
y Antonio María Pedemonte de la fábrica y a/deresos de la nao
nombrada San Francisco de Paula Buenabentura/ questá surta en
este río de Guadalquibir que era a cargo de nos/ los dichos Fran-cisco
e Miguel Micón a los quales dichos Alejandro/ Molfino e
Seuastian Beenardi cometemos el ber las dichas/ quentas e que si
ubiera alguna partida o partidas que les paresciere/ no estar justi-ficadas
que lo digan e abisen a nos los dichos/ Francisco e Miguel
Micón para que les demos toda la claridad e/ satisfación que
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pudiéremos e fuere nescesario e si ubiere/ algún yerro en las di-chas
quentas lo enmienden y deshagan/ de manera que la parte en
cuyo perjuicio ubiere sido, quede sa/tisfecha e desagrabiada e no
se conformando los dichos Ale/jandro Molfino e Seuastian Bernardi
en todo o en parte dende agora/ nombramos e señalamos por ter-cero
de discordia/ a Joan Gerónimo Espínola, ginoués, residente en
esta ciudad de Sevilla/ para que lo que los dos de todos tres
hicieren e acordaren/ declararen e determinaren sea firme e
baledero/ e anbas partes seamos obligadas a les dar/ y pasar por
ello quan resten justificadas las tales partida y/ partidas en que así
se conformaren o quier no e que con la/ ynformación de palabra
que tomaren e se ynformaren/ en razón dello sea bastante prueba
e justificación para/ lo determinar e declarar de lo que assí
determinaren/ e declararen sea por bía de liquidación y fenes-ci-miento
de/ quentas o por bía de conpusición y transación e con-cierto/
queremos que se guarde, cunpla y execute e seamos obliga-dos
/ a estar e pasar por ello como si fuese sentencia definitiba/ de
juez conpetente pasada en cosa jusgada sin que lo poda/mos recla-mar
ni contradecir ni pedir de ello enmienda/ ni correcion alguna
ni usar de ningún remedio de apelación/ ni de otro alguno porque
todo lo renunciamos y en razón de/ lo susodicho puedan hacer e
otorgar y hagan e otorguen/ la escritura y escrituras de aprobación
e liquidación e fe/nescimiento de quentas e de cartas de pago e
finiquito/ de quentas e de cartas de pago , concierto e conpusición/
e transación e las demás que conbengan, las quales/ e cada una
dellas balgan e sean conformes e nos obligamos/ de las guardar e
pagar y cunplir y estar y pasar por ellas/ e queremos que nos pa-ren
tanto perjuicio como si por nos/ porpios fuesen fechas e otor-gadas
porque con ésta que/remos quitarnos de pleitos e diferencias
y escusar/ las costas e daños e ynconbinientes que dellos se nos po/
drían causar e recreser, e por conserbarnos en amistad/ e finalmen-te
por la bía e forma que mejor aya lugar/ e pueda e deba baler de
derecho e quan cunplido e bas/ tante poder e comisión de derecho
se requiere se lo damos/ e concedemos con libre e general admi-nistración
e les damos y/ concedemos de término para la determi-nación
e declaración/ de todo lo susodicho cinquenta días que co-rran
e se quenten/ desde el día que les fuere notificado e por ellos
acetado con facultad/ que cunplido el dicho término de los dicho
cinquenta días/ no lo ubieren resuelto y acauado, que lo puedan
prorrogar/ una e más vecer por el más término que les paresciere/
e por bien tubieren sin que se nos notifique, e para/ el cunplimiento
desta escritura e de todo lo que en virtud/ della se hiciere, damos
poder cunplído a las justicias e jueces/ que dello puedan e deuan
conoscer para que por todos los remedios/ e rigores del derecho e
bía executiba e como mejor aya lugar/ nos conpelan e apremien
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según dicho es, vien así cono si en ello fué/semos condinados por
sentencia difinitiba de juez conpe/tente pasada en cosa jusgada, e
renunciamos todas las/ leyes, fueros e derechos de nuestro favor e
la que defiende/ la general renunciación e obligamos nuestras per-sonas
e/ vienes avidos e por aver e debaxo desta obligación seamos
abli/gados a estar e pasar e guardar e cunplir lo que los dichos/
terceros a los que los dellos declararen e determinaren, so/ pena
que el que lo reclamare o contradixere pague de pena/ quinientos
ducados para la parte obidiente con las costas, daños e/ yntereses
que se les siguieren e recresieren e la dicha pena/ pagada o no
pagada que todabía seamos obligados e nos obli/gamos a estar e
pasar por ello e demás de esta pena ellos nos pue/dan poner e
ponga todas las demás penas, fuerzas e firmezas, suni/siones e
renunciaciones e cláusulas que le paresciere que de la/ manera que
lo hicieren e otorgaren nos obligamos de lo guardar/ pagar e cunplir
e para ello nos sometemos a el fuero e/ juridición real desta ciu-dad
de Seuilla e de otra qualquier/ parte donde sobre esta razón
se nos quisiere pedir/ e convenir, renunciando como renunciamos
nuestros/propios fueros e jurisdiciones e domicilios e a la ley/ ante
conveniris de jurisdiciones oniun judican?/e la ultima premática de
las sumisiones como/en ellas se contiene/
E otrosi los dichos Simón y Antonio María Pedemonte/suspen-demos
todos e qualesquier pleitos e demandas/ que tenemos pues-tos
e yntentados contra los dichos/ Francisco e Miguel Micón por
los quales por algunos dellos/les tenemos executados e que no les
corra término ninguno/en los dichos pleitos ni alguno dellos hasta
tanto que los dichos/terceros acaecen e fenezcan las dichas quentas
de la quales a de/ resultar y la liquidación de los dichos pleitos e
así mismo nos/ los dichos Francisco e Miguel Micón suspendemos
qualesquier/ pleitos que ayamos puesto e yntentado contra los di-chos
Simón/ y Antonio María Pedemonte hasta tanto que como di-cho
es los/ dichos terceros acaven y fenescan las dichas quen-tas/...
».
...«E a doze dias del mes de junio de 1607 años/ e los dichos
otorgantes lo firmaron de sus nombres en el registro/ a los quales
yo el presente escrivano público doy fee/ que conosco. Testigos Juan
de Villalva e Pedro/ Hortos scrivanos de Seuilla/...».
finis