Un patronato en discordia : el pleito por el patronato fundado por el presbítero D. Ignacio Andrés de Frías Van de Val

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ISSN 0570-4065, Madrid-Las Palmas (2006), núm. 52, pp. 135-179
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UN PATRONATO EN DISCORDIA:
«EL PLEITO POR EL PATRONATO FUNDADO
POR EL PRESBÍTERO
D. IGNACIO ANDRÉS DE FRÍAS VAN DE VAL»
P O R
BALTASAR MANRIQUE DE LARA MARTÍN-NEDA
RESUMEN
Pleito judicial de mediados del siglo XVIII, que se dirime ante la Real
Audiencia de Canarias, seguido entre varios parientes de la alta nobleza de
la isla de La Palma, para suceder en la propiedad de los bienes del patro-nato
fundado por el Presbítero D. Ignacio Andrés de Frías Van de Walle,
mediante escritura de sus últimas disposiciones testamentarias.
Palabras clave: Derecho, Patronato, Vinculación, Pleito, Genealogía, Si-glo
XVIII.
ABSTRACT
Judicial lawsuit of the middle of eighteenth century, that was prosecuted
in the Royal High Court of the Canary Islands, between some relatives
belonging to the aristocracy of de Canary Island of La Palma, to succeed in
the property of the state of the Patronage founded by the priest D. Ignacio
de Frías Van de Walle, through his last will and testament.
Key words: Law, Patronage, Entail, Lawsuit, Genealogy, Eighteenth
Century.
I. INTRODUCCIÓN
Finalizada la conquista e integradas todas las Islas Canarias
en la Corona de Castilla, se fueron asentando e incorporando
dentro del territorio insular, fundamentalmente en las islas
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realengas, determinadas figuras e instituciones jurídicas propias
y habituales del reino español.
Entre las instituciones españolas afectas al derecho familiar
y patrimonial que se asentaron en el archipiélago canario, «una
de las principales sino la más importante de todas ellas, eran los
llamados Mayorazgos y las Vinculaciones».
La finalidad de estas instituciones, era fundamentalmente
consolidar, perpetuar y aumentar de alguna manera y con el
transcurso del tiempo, el patrimonio familiar, de forma que es-tos
siempre fueren a mas y nunca a menos. Además de estas
dos instituciones patrimoniales, coexistía con ellas, otra institu-ción
que tenía otra finalidad distinta, llamada «El Patronato».
A través de esta institución jurídica, se pretendía la perpetuación
de algún tipo de memoria, festividad o función religiosa. Esto
es, el fundador de un patronato, vinculaba determinados bienes
particulares en aras a la memoria personal o familiar, o simple-mente
—y dado el profundo arraigo religioso de la época—,
perpetuar alguna festividad o función religiosa en particular.
Para ello, bien a través de escritura de institución o median-te
últimas disposiciones testamentarias o codicilos, se instituía
la fundación de un vínculo o patronato, agregando para su
mantenimiento y gastos, bienes patrimoniales propios, libres o
por heredar. Ello significaba, que la masa de bienes agregados,
quedaban afectos perpetuamente a levantar con sus rentas la
carga de cierto número de misas u otros actos de culto en de-terminada
hermita, iglesia, parroquia u otro centro religioso,
que debería cumplir y hacer cumplir el Patrono o Patrona en la
forma y bajo las condiciones prescritas por el fundador.
Son bastante escasos los estudios existentes sobre los Patro-natos,
especialmente desde un punto de vista histórico, ya que
son más abundantes lo de tipo jurídico. Sin embargo todos ellos
hacen referencia a la institución del patronato durante el Anti-guo
Régimen y no se ha encontrado ninguno que aborde el
estudio de su etapa final.
La consideración propia del patronato como institución vin-cular
y no como fundación de carácter pío obedece a que se
trata de un vínculo fundado por el gravamen de una obra pía,
rigiéndose los bienes que constituyen su dotación por el régimen
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patrimonial del mayorazgo y vínculos sin licencia real. Algunos
autores, han considerado esta fundación como capellanías
laicales o patronatos reales de legos. Sin embargo el profesor
Suárez Grimón, la incluye dentro de las instituciones vinculares
reservando el término de capellanía laical para aquellas funda-ciones
no patrimoniales que se constituyen sobre un capital, la
suma de la limosna de las mismas, que han de pagar los posee-dores
de patronatos, vínculos o de bienes libres.
La diferencia entre la capellanía laical y las memorias de
misas estriba en la existencia de escritura de fundación por tes-tamento
o escritura inter-vivos y nombramiento de patrono y
capellán. La no espiritualización de bienes, la existencia de gra-vamen
pío (misas) similar al que aparece en vínculos y mayo-razgos,
la percepción del usufructo de los bienes por el patrono
o poseedor del patronato y no por el capellán, la no obligato-riedad
de aquel a aplicarse a los estudios eclesiásticos, la no
exclusión de la mujer en la sucesión y la disolución de estos pa-trimonios
vinculados por la ley de 11 de octubre de 1820, resta-blecida
el 30 de agosto de 1836, y no por la ley de supresión de
capellanías de 19 de agosto de 1841, son razones más que sufi-cientes
para considerar los patronatos como fundaciones vincu-lares1.
Por su parte, el profesor Lobo Cabrera señala que a diferen-cia
del vínculo que supone la sujeción de los bienes, con prohi-bición
de enajenarlos con predilección de mantenerlos a que
sucediéndose en su disfrute los parientes por el orden que seña-la
el fundador o destinados al sustento de instituciones benéfi-cas
u obras pías2, el patronato es un vínculo fundado con gra-vamen
de una obra pía3.
Al igual que sucediera con otras instituciones como los ma-yorazgos
y las vinculaciones, los patronatos píos, fueron objetos
de innumerables pleitos y litigios judiciales, pues al fin y al cabo,
además de cumplir con la finalidad impuesta por el fundador,
1 VICENTE SUÁREZ GRIMÓN, La Propiedad Pública, Vinculada y Eclesiásti-ca
(1987), vol. II, p. 711.
2 MANUEL LOBO CABRERA y otros autores, Textos para la Historia de Ca-narias
(1994), p. 473.
3 Ibídem, p. 469.
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esto es la perpetuación de alguna memoria o sufragio religioso,
suponía para su patrono, el control de todos los bienes agrega-dos
al mismo.
Por tanto, podemos afirmar que estas fundaciones suponían
la afectación perpetua o duradera de una masa de bienes pro-pias
del fundador, al cumplimiento de una finalidad religiosa o
caritativa. Ello suponía como norma general, la agregación de
bienes temporales adquiridos por cualquier vía, con la carga
duradera de celebrar con las rentas anuales misas, memorias u
otras funciones eclesiásticas o en determinados casos, invertir
dichas rentas en la consecución de alguno de los fines eclesiales
por el tiempo que determinara el fundador.
En definitiva, nos encontramos ante un tema de enorme
complejidad, debido en gran parte por la existencia de múltiples
y diferentes clases de patronatos. De hecho, su posesión y titu-laridad
era en muchos casos dificil de justificar legalmente, ya
que normalmente no existían títulos de la misma y se aducía
frecuentemente la posesión inmemorial. También suponía cier-ta
controversia, los títulos concedidos por los fundadores o
instituyentes en forma de mandato durante su vida, las trans-misiones,
los bienes que lo constituía y sus agregaciones, su
administración, y todo ello era la causa de numerosos conflic-tos
y pleitos que se desarrollaron a lo largo de toda la Edad
Moderna y que continuaron durante el siglo XIX. La mayoría de
estos pleitos permanecían sin resolverse durante muchos años,
y en muchos casos concluían, fallecidos algunos o todos los
litigantes.
Pues bien, el estudio que ahora abordamos tiene como base
la copiosa documentación conservada en la Sección «Procesos
de la Audiencia» del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas,
en la que consta el expediente o procedimiento judicial formado
con motivo del litigio sobre la propiedad y posesión de los bie-nes
que constituían uno de tantos patronatos fundados en el
archipiélago canario, durante el Antiguo Régimen. Intentaremos
abordar en diferentes epígrafes, datos sobre el fundador, los bie-nes
que constituían el patronato, los litigantes y por último dada
la tarea de selección, una síntesis apretada del litigio.
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II. UN LITIGIO PECULIAR
Tras el fallecimiento del presbítero D. Ignacio Andrés de Frías
Van de Walle, en la ciudad de Santa Cruz de La Palma, en el
año 1744, se inicia en la Real Audiencia de Canarias, un proce-so
judicial por el control de los bienes que constituían el patro-nato
que había fundado por escritura de últimas disposiciones
testamentarias. Este litigio desencadenado inicialmente ante la
justicia de la isla de La Palma, por la reclamación de Juan An-tonio
de Urtusáustegui en nombre de su esposa D.ª Ursula de
Frías y Lugo, y seguido contra Juan Domingo de Guisla Boot
como esposo y padre respectivamente de D.ª Gabriela Van de
Walle Guisla y de los menores Jerónimo y Nicolás, y falleci-dos
estos tres últimos, contra D.ª Beatriz Van de Walle Cervellón,
fue uno más de los innumerables procesos judiciales que tu-vieron
lugar en el archipiélago canario, durante el Antiguo Ré-gimen.
Las notas características más sobresalientes que rodea-ron
este particular proceso judicial entre parientes, son las si-guientes:
En primer lugar la personalidad y el perfil propio de los
litigantes. Urtusáustegui, perteneciente a una de las más ilus-tres
familias de La Orotava, teniente coronel y gobernador mili-tar
de esa plaza, culto e ilustrado y persona de enorme presti-gio
y valimiento en la isla de Tenerife. Por su parte, Guisla Boot,
que también pertenecía por nacimiento a una de las más im-portantes
familias palmeras, fue un militar curtido, capitán de
reales guardias españolas, caballero del orden de Santiago y
andando el tiempo, I marqués de Guisla Guiselín. Por último,
Beatriz Van de Walle Cervellón, cuñada de Guisla Boot, que
pertenecía a una de las más poderosas e influyentes familias de
la isla de La Palma.
En segundo lugar, los intereses económicos en litigio. Pese a
que los bienes que integraban el patronato fundado por el pres-bítero
Frías, no suponían ni mucho menos, un patrimonio im-portante,
estaba en juego sobre todo, el control de nuevos bie-nes
y rentas.
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En tercer lugar, el origen del litigio, los bienes y las condi-ciones
impuestas por el fundador en su testamento otorgado en
el año 1742, en el que se integraban determinados bienes y ren-tas
que habían pertenecido al fundador de la estirpe en la isla
de La Palma, el capitán y sargento mayor D. Bartolomé de
Frías.
En cuarto lugar, la duración del litigio. Iniciado tras el falle-cimiento
del presbítero Ignacio Andrés de Frías Van de Walle el
11 de abril de 1744, sus últimos trámites tienen lugar en 17704,
y en ellos intervienen Juan Antonio de Urtusáustegui y Beatriz
Van de Walle, quien como hemos señalado, se personó desde el
fallecimiento de su hermana Gabriela y de sus dos sobrinos car-nales
Jerónimo y Nicolás de Guisla.
Finalmente, el incumplimiento de la última voluntad del
testador, razón por la cual calificamos el presente pleito como
un litigio peculiar. Sabemos que la última y verdadera intención
del fundador del patronato era que sucediera en él algunas de
las personas designadas nominalmente en su testamento, o
bien, en las de sus respectivas descendencias legítimas. Tras el
fallecimiento sin descendencia de Beatriz Van de Walle, suceso-ra
del patronato, así como el de sus hermanas también llama-das
a la sucesión, el patronato debió haber recaído en la des-cendencia
legítima de D.ª Ursula María de Lugo Viña y Frías,
excluida a la sucesión del patronato, por no haber cumplido con
la rigurosa condición de residir en la isla de La Palma. Sin
embargo, veremos como Beatriz Van de Walle se las ingenió
para que finalmente los bienes del patronato, recayeran en la
descendencia de su hermano José Antonio Van de Walle Cer-vellón,
que no fue llamada a la sucesión, y todo ello, evidente-mente,
en claro perjuicio de otras líneas familiares que si dispo-nían
de derecho, como lo era la descendencia legítima del
matrimonio Urtusáustegui-Lugo Viña.
En definitiva, el presente proceso judicial, se desarrolla como
consecuencia de un litigio principal en el que tiene lugar, a lo
largo de más de veinticinco años, innumerables actuaciones ju-
4 Archivo Histórico Provincial Las Palmas (A.H.P.L.P.), Audiencia. Pro-cesos.
Exp. 9308. Año 1762.
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diciales, que desembocan finalmente en una decisión judicial,
objetiva, imparcial, y a mi modo de ver ajustada a derecho, so-bre
las distintas interpretaciones que una y otra parte, querían
dar a las rigurosas condiciones que habían sido impuestas por
el fundador, para la sucesión del patronato. Esta resolución ju-dicial,
se dicta teniendo como única premisa la voluntad del
testador, esto es, se limita a ejecutar el acto o última voluntad
del otorgante con la intención de producir, para después de
su muerte, consecuencias eficaces en Derecho, con mandatos
inequívocos.
III. EL FUNDADOR DEL PATRONATO
El fundador de este vínculo o patronato se llamaba como
hemos indicado, Ignacio Andrés de Frías Van de Walle. Realmen-te
no podemos ofrecer demasiados datos biográficos de este per-sonaje.
Sabemos que nació expósito en la ciudad de Santa Cruz
de la isla de La Palma, siendo bautizado en la iglesia parroquial
del Salvador el día 17 de noviembre de 16725. En realidad, se
trataba del hijo natural de una persona influyente, pertenecien-te
a una familia de consideración social, que ocupó durante su
vida puestos muy importantes en esta isla, D. Gaspar de Frías
Van de Walle, nacido en Santa Cruz de La Palma el 24 de mayo
de 1647, y bautizado en la mentada iglesia parroquial del Sal-vador
el 31 inmediato6, maestre de campo de infantería españo-la,
castellano y alcaide del castillo principal o de Santa Catalina
en la isla de La Palma por elección en 16887. Por tanto, en el
5 Archivo Iglesia Parroquial del Salvador, Santa Cruz de La Palma
(A.I.P.S.), Lib. 6.º, Bautismo, fol. 175. «En la Yglesia Parrochial de Señor San
Salvador que es en esta Ysla de la Palma en dies y siete dias del mes de nov.e
de mil y seiscientos y Setenta y dos años Yo Antonio Perez Presbitero de Li-cencia
del Liz.do Don Gabriel Vandebal de estupiñan Beneficiado rector de
esta dha. Parrochial baptize a un niño exposito q.e parecio ser echado en las
puertas de nra. Señora de los dolores oy dho. dia al qual niño fue puesto p.r
nombre Ygnacio Andres fue su Padrino D.n Bartholome de frias hijo del
Liz.do Don Simon de frias y Coello Y lo firme = Antonio Perez»= -------------
6 A.I.P.S., Lib. 4.º, Bautismo, fol. 244 vto.
7 JOSÉ MARÍA PINTO DE LA ROSA, Apuntes para la Historia de las Anti-
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momento del nacimiento del futuro presbítero, su padre era un
hombre joven de 25 años de edad y soltero, pues el matrimonio
que contraerá con su futura esposa D.ª Ursula María de Urtu-sáustegui
y Lordelo, no tendrá lugar hasta el 1 de diciembre
de 16998.
De la documentación consultada, conocemos que el padre de
nuestro biografiado Gaspar de Frías, pasó a Cumaná desde don-de
envió un poder otorgado el 18 de mayo de 1694, y presenta-do
ante el escribano público Andrés de Huerta el 16 de abril de
1696, a favor de su hermano el licenciado Bartolomé Antonio
de Frías, beneficiado de la iglesia parroquial del Salvador, para
establecer en sus bienes una congrua a favor de un sobrino,
para ordenarse sacerdote de menores9. No resultaría pues de
extrañar, que en realidad ese sobrino nombrado en el citado
poder, fuera nuestro biografiado Ignacio Andrés de Frías, máxi-me
cuando el propio beneficiado Bartolomé Antonio de Frías,
actuó de padrino en su bautismo.
Pese a que el joven Ignacio Andrés era un hijo ilegítimo, fue
educado y criado en casa de su padre natural, D. Gaspar de
Frías, a quien habría de buscarle un futuro, que no era otro que
el clero. Su ingreso en él, se produce tardíamente si lo compa-ramos
con la media de edad con la que solían iniciarse los jóve-nes
de su época, pues cuando se produce sus primeros contac-tos
con los estudios eclesiásticos, contaba ya con 25 años. Así
pues, en el año 1693 se inician sus estudios para las órde-nes
menores10, que se prolongaron durante los siguientes cinco
años.
guas Fortificaciones de Canarias, Museo Militar Regional de Canarias
(1996), p. 381.
8 Archivo Histórico Diocesano San Cristóbal de La Laguna
(A.H.D.S.C.L.L.), Fondo Parroquia de Santo Domingo (F.P.S.D.), Lib. 6.º,
Matrimonios, Parroquia de Los Remedios (P.L.R.), fol. 126.
9 ALEJANDRO CIORANESCU, Diccionario Biográfico de Canarios America-nos,
1992, vol. I, p. 765.
10 Archivo Diocesano, Las Palmas de Gran Canaria (A.D.L.P.), Órdenes
Sagradas, 11.5.1, Exp. 168. De este expediente sólo he podido conocer el
año con el que se inicia. Debido a su avanzado estado de deterioro, se
encuentra fuera de toda consulta.
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El 24 de mayo de 1698, el obispo de Canarias D. Bernardo
de Vicuña y Zuazo11, le ordena para diácono12, y por último, el
mismo obispo le ordenaba como presbítero el día 20 de diciem-bre
de 169813.
No sabemos si antes o con posterioridad a su ingreso en la
iglesia, fue cuando estudió y se licenció en leyes y cánones. Lo
cierto, es que de la documentación consultada, conocemos que
en algún momento de su vida se graduó en leyes y durante cier-to
tiempo ejerció como abogado de los reales consejos. De cual-quier
manera, debió de satisfacerle gratamente el ejercicio del
derecho, pues en ciertos documentos de cierta relevancia, se
nomina siempre como tal abogado, como es en el caso de su
testamento.
Cuando ya contaba con más de setenta años de edad y próxi-mo
a su falleciminto, otorgaba el día 14 de diciembre de 1743,
escritura pública ante el escribano José Albertos Álvarez, por el
cual disponía la entrega de sus bienes muebles y personales, a
través de determinados legados en favor de ciertos parientes y
sirvientes que le asistieron durante su vida14.
Finalmente fallecía este singular personaje en Santa Cruz de
La Palma, el día 11 de abril de 1744. Inmediatamente, el tam-bién
presbítero D. Santiago Pinto, presentaba un pliego ó carta
cerrada con el nombre sobre escrito de D.ª María de Acosta Frías
y Van de Valle, prima hermana del difunto, el cual contenía al
parecer, el testamento cerrado de D. Ignacio Andrés de Frías Van
de Val.
Como primera actuación judicial, el escribano público don
Joseph Albertos Álvarez se desplazó a la casa mortuoria para
poder dar fe de la muerte.
11 D. Bernardo de Vicuña Zuazo fue nombrado obispo de Canarias el
12 de noviembre de 1691 y se mantuvo como tal, hasta el día de su falle-cimiento
acaecido en la villa de La Orotava, el 31 de enero de 1705.
12 A.D.L.P., Libro de Órdenes (L.O.), 1663-1704, Signatura 15.4/1,
fol. 353 vto.
13 A.D.L.P. (L.O.), 1663-1704, Signatura 15.4/1, fol. 358.
14 Archivo General de La Palma (A.G.L.P.), Fondos Protocolos Notaria-les
(F.P.N.), José Albertos Álvarez, Caja 7, fol. 219-220 vto.
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Luego, personado D. Antonio Primo Pinto de Guisla, regidor
perpetuo y teniente general de la isla de La Palma, por el escri-bano
público y demás testigos, se vio y reconoció el pliego ce-rrado,
que tenía forma de carta regular, y el sobre escrito, con
la expresión «A D.ª Maria Dacosta de Frias y Vandeval mi Prima
Vezª de esta Ciudad de Santa cruz de Palma». Al procederse a la
apertura del pliego, se comprobó que el testamento había sido
otorgado por el difunto, declarándolo por solemne, bastante y
última voluntad del presbítero Frías.
El presente testamento había sido otorgado, dos años antes,
concretamente el 14 de octubre de 1742, siendo formalizado ante
el mencionado José Albertos Álvarez, escribano público del nú-mero
de la isla de La Palma por el Rey15.
En una de las clausulas testamentarias, manifiesta que des-de
que llegó a esta isla su bisabuelo el sargento mayor y capi-tán
a guerra D. Bartolomé de Frías, en virtud de Bula Apostóli-ca
de Paulo V, se ha celebrado el día 18 de diciembre de cada
año, misa mayor y procesión en la calle, presidida y sufragada
por los descendientes de aquel; que en los últimos tiempos la
venía sufragando el capitán D. Andrés Lorenzo y sus hijos has-ta
el día de sus respectivos fallecimientos, pero que desde hace
unos veinte años, la ha venido sufragando personalmente de
igual manera que su padre, sus tíos, hermanos y demás parien-tes,
todos descendientes del fundador de este linaje. Y por este
motivo, quiere fundar un patronato para mantener esta fiesta
memoria, por las almas de los difuntos y la suya propia, y ha-cer
la procesión perpetuamente por el día 18 de diciembre de
cada año, con la imagen de nuestra señora del Carmen, y a tal
fin impone que los gastos que de ella se deriven, se carguen
sobre la casa que habita, y la hacienda y huerta del barranco
de los Dolores «para q. de sus Rentas Se paguen los Gastos al
V.e Beneficio. (...)».
15 A.G.L.P. (F.P.N.), José Albertos Álvarez, Caja 7, fol. 214-218 vto.
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IV. EL PERFIL DE LOS LITIGANTES
Veamos pues, los datos biográficos más importantes de los
contendientes.
1. D. JUAN ANTONIO DE URTUSÁUSTEGUI Y LUGO
VIÑA. Fallecida sin descendencia D.ª María Teresa de Acosta
Frías y Van de Walle, llamada en primer lugar por el presbítero
Frías, para el disfrute del patronato que había fundado en 1742,
sucedía según el orden riguroso que había establecido en su
testamento, D.ª Ursula María de Lugo Viña Frías y Urtusáus-tegui,
sobrina y esposa de Juan Antonio de Urtusáustegui, casa-dos
por poder el 10 de agosto de 1746, previa dispensa matri-monial
de segundo y tercer grado de consanguinidad aprobado
por auto del 3 de agosto anterior16. Urtusáustegui, litigaba pues,
como marido de Ursula María de Lugo Viña. Esta señora había
nacido en Santa Cruz de Tenerife el 22 de noviembre de 1727,
como hija única del capitán D. Francisco Estanislao de Lugo
Viña y Franchi Alfaro y de D.ª Luisa Ignacia de Frías y Urtu-sáustegui,
su legítima mujer, casados en 1726, siendo ésta últi-ma,
hermana uterina del presbítero Ignacio Andrés de Frías Van
de Walle, fundador del patronato.
Juan Antonio de Urtusáustegui y Lugo, había nacido en la
villa de La Orotava el 9 de junio de 1731, siendo bautizado en
la iglesia de la Concepción el 24 inmediato17. Durante su infan-cia,
se formó como otros miembros de la oligarquía orotavense,
en el convento dominico de San Benito, que era uno de los pri-meros
conventos de la provincia, dotado con cátedras de filoso-fía
y gramática, merced al legado otorgado en 1680 por el li-cenciado
Juan Jovel de Carmenatis. Uno de sus compañeros y
amigo de aula, fue el insigne historiador D. José de Viera y
Clavijo, amistad que perduró toda su vida.
Pronto debió dejar los estudios Juan Antonio de Urtusáus-tegui,
ya que a la edad de catorce años, concretamente el 6 de
16 Archivo Iglesia Parroquial La Concepción, La Orotava (A.I.P.C.O.),
Dispensas Matrimoniales.
17 A.I.P.C.O., Lib. 13.º, Bautismo, fol. 15.
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agosto de 1745, ingresaba como cadete en uno de los regimien-tos
de milicias provinciales de la isla, recibiendo la adecuada
instrucción por espacio de cinco años, ascendiendo al grado de
capitán por real despacho otorgado el 24 de mayo de 1751, y a
sargento mayor de milicias, por otro real despacho dado el 3 de
septiembre de 1762, en donde y bajo una compañía que man-tuvo
a sus expensas, reparó las trincheras del puerto de La
Orotava por la parte del castillo de San Felipe, muy deteriora-das
desde tiempo atrás18.
Finalmente Urtusáustegui, ascendió a teniente coronel del
regimiento provincial de milicias de La Orotava por real paten-te
despachada el 15 de abril de 1771, donde desde su nueva
graduación, volvió a reparar dichas trincheras, creando duran-te
el citado periodo la compañía de artilleros del puerto por or-den
recibida del inspector D. Nicolás Macia Dávalos.
Por orden del marqués de Tabalosos fechada el 27 de julio
de 1779, Urtusáustegui fue nombrado nuevo gobernador de las
armas de la isla de El Hierro. La citada orden señala, que el
nuevo mando se le concede al teniente coronel Urtusáustegui en
consideración a su «talento, honor e inteligencia»19. Sin embar-go,
de la lectura y examen de otros documentos, creemos que
se trató realmente, de un exilio forzoso, auspiciado por el pro-pio
Capitán General, cuya intención final era la de exiliar o se-parar
de sus regimientos a ciertos mandos que le eran incómo-dos.
En el caso concreto de Urtusáustegui, suponemos que fuera
debido a la estrecha amistad que mantuvo con Matías Galvez,
hombre influyente y bien protegido en la corte de Madrid por
sus hermanos Miguel y José, y con quien Tabalosos mantuvo
diversos y continuos encontronazos.
Su estancia en la isla de El Hierro, se alargó por tres meses
y medio hasta mediados del mes de noviembre del citado año
1779, tiempo que aprovechó para escribir su conocido e intere-
18 El 22 de agosto de 1708, ya el Consejo supremo de la Guerra dispo-nía
que el capitán general Robles obligase a los vecinos de la villa de La
Orotava a sufragar las obras de reparación del castillo y fortines del puerto,
que se hallaban muy deterioradas.
19 Archivo Militar de Segovia (A.M.S.), hoja de servicio del teniente co-ronel
D. Juan de Urtusáustegui.
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sante «Diario de viaje a la isla de El Hierro», sobre diversas pe-culiaridades
de dicha isla, que redactó ese mismo año y fue
publicado cuatro años más tarde, en 1783. Su diario ofrece una
narración sencilla de lo que vio en la isla, su paisaje y las nece-sidades
de los Herreños.
De regreso a su isla natal, fue elevado el 7 de mayo de 1780,
por el nuevo capitán general de estas islas, Joaquín José Ibañez
Cuevas y Valero, a la sazón, marqués de la Cañada, al cargo de
gobernador interino del puerto de La Orotava; años después, en
el mes de enero de 1785, fue enviado nuevamente por el coman-dante
general, el marqués de Branciforte, a la isla de El Hierro,
pero esta vez tenía una misión concreta y muy diferente, pues
se trataba de juzgar a los autores de lo que se conoce como
matanza de Naos, asesinato sin justificación de 36 irlandeses,
hombres y mujeres, abandonados en aquel lugar por un navío
angloamericano.
A principios del año 1787, fue designado por el regente de la
Real Audiencia de las Islas Canarias López Altamirano, para
formar parte como comisionado del patronato regio para la ter-minación
de la construcción de la fábrica del nuevo templo
parroquial de La Orotava, sobre la vieja iglesia de la Inmaculada
Concepción de la Virgen María, cuya problemática e intermina-ble
ejecución venía traduciéndose en un elevadísimo coste eco-nómico,
comisión que se dio por clausurada el 3 de septiembre
siguiente, con la sugerencia de los propios comisionados desti-nada
a la construcción de un cementerio exento, pero como
pieza complementaria de la parroquia20. De hecho, y desde el
año 1810, fue obligatorio el entierro de los orotavenses en el
cementerio público que proyectara en su día el teniente coronel
Urtusáustegui.
Su devoción con la iglesia de la Concepción de La Orotava
fue patente. Sabemos que en el año 1789, ordenó al célebre
orfebre cordobés Damián de Castro un juego de vinajeras y
campanillas de plata dorada sobre un plato elíptico de borde
20 ANTONIO BETHENCOURT MASSIEU, «La Iglesia de la Concepción de la
Orotava. Nuevas Aportaciones», Anuario de Estudios Atlánticos, 38 (1992),
p. 463.
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festoneado a favor de la citada parroquia. La aportación econó-mica
de Urtusáustegui, ascendió a la cantidad de mil cincuenta
reales. Tanto el plato en su reverso, como las vinajeras en el
interior del pie, llevan los tres punzones de Córdoba y Castro21.
Su vinculación con la ciudad de San Cristóbal de La Lagu-na
también fue muy importante. De hecho Juan Antonio de
Urtusáustegui, fue esclavo del Santísimo Cristo de La Laguna,
antiquísima institución religiosa, de la que llegó a ser su escla-vo
mayor, en el año 178822.
En la villa de La Orotava, residió el matrimonio Urtusáus-tegui-
Lugo Viña en una hermosa mansión colindante a la pla-za
del ayuntamiento, entre las calles de León con la Carrera,
fabricada a mediados del siglo XVIII por el canónigo Estanislao
de Lugo Viña, su tío carnal, quien la había legado a su herma-na
y madre respectivamente, D.ª Antonia de Lugo y Viña. Su-pone
como arquitectura un ejemplo de altísimo interés a pesar
de haber sido totalmente reformada en su interior en el trans-curso
de la década de los años treinta del siglo pasado, siendo
famosa como cenáculo que animaba la vida intelectual de la
villa, donde solían concurrir los hombres más ilustrados de la
época.
Urtusáustegui, hombre eminentemente culto e ilustrado,
amigo y colaborador del escritor Viera y Clavijo, a quien ayudó
desinteresadamente extractando muchos documentos interesan-tes
y facilitándole datos históricos, extraídos de su magnífica y
cuantiosa biblioteca y del archivo familiar. Además, fue coautor
en 1787, de un curioso informe para la formación de una em-presa
canaria dedicada a la exportación de vino denominada
Amigos del País y Cía.23, y fue uno de los orotavenses miembros
21 JESÚS HERNÁNDEZ PERERA, Orfebrería de Canarias (1955), p. 136.
Cuenta de fábrica de la Concepción de la Orotava, 1798, lib. III, fol. 147,
recibo 46: «Por 3.677 reales y 8 mrs. que tubieron de costo un par de
vinageras sobredoradas con canpanilla y plato hechos en Córdoba, de que
rebajados 1.050 reales que dio de limosna D. Juan de Urtusaustegui, se sa-can
al guarismo 2.627 rs., 8 mrs». JOSÉ CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ, Patronazgo
artístico en Canarias en el siglo XVIII (1995), p. 353.
22 BUENAVENTURA BONNET Y REVERÓN, El Santísimo Cristo de La Laguna
y su culto (1952), p. 215.
23 Fueron coautores del citado estudio, además de Urtusáustegui, Fran-
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fundadores de la Real Sociedad Económica de Amigos del País
de La Laguna, fundada desde el 15 de febrero de 1777, junto a
otras personalidades.
Pero como hombre de su tiempo, comprometido con los ava-tares
de su época, no todo quedaba relegado a participar en
comisiones de estudio, tertulias de ilustrados y vida social. Ade-más
de todo ello, seguía desempeñando el cargo de gobernador
militar del puerto de La Orotava desde el año 1780, y lo ejerció
hasta que debido a las guerras desencadenadas en Europa por
la revolución francesa y Napoleón, varias unidades de milicias
canarias participaron entre 1794 y 1795 dentro del ejército de
Cataluña, en la campaña del Rosellón.
Al frente del batallón de infantería de Canarias, ubicado en
una de las unidades diezmadas por el ejercito francés, se encon-traba
el coronel gran canario D. José de la Rocha y Franchi, al
mando de su unidad que entró en acción en la defensa de la
batería de nuestra señora de Robles, durante la segunda aco-metida
francesa, desde el 17 al 20 de noviembre de 1794 con
desigual fortuna, hallando heroica muerte, Urtusáustegui, a la
sazón segundo jefe de la columna de milicianos granaderos, y
que en aquella batalla tuvieron más de quinientas bajas entre
muertos y heridos, arribando los restos de esta fuerzas militares
a la isla de Tenerife en 1796.
Muchos años antes, Juan Antonio de Urtusáustegui había
otorgado sus últimas disposiciones testamentarias, concretamen-te
el 17 de noviembre de 1772, ante Pedro Gutiérrez, escribano
de la Orotava; su esposa, D.ª Ursula María de Lugo Viña y Frías,
sobrina del fundador del patronato, había fallecido cuatro años
antes, el 25 de noviembre de 1768, siendo enterrada en la igle-sia
del monasterio de Santa Clara de esta ciudad24, procediendo
de este matrimonio quince hijos, muchos de los cuales fallecie-ron
en la infancia.
2. D. JUAN DOMINGO DE GUISLA BOOT Y SALAZAR DE
FRÍAS, quien litigó desde el inicio del pleito; primeramente,
cisco de Lugo y Molina, insigne ilustrado, bibliófilo y publicista, Francisco
Bautista de Lugo y Saavedra y Juan de Monteverde Molina.
24 A.I.P.C.O., Lib. 9.º, Entierros, fol. 27.
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como marido de D.ª Gabriela Mariana Van de Walle y Guisla,
nacida en Santa Cruz de La Palma el 27 de noviembre de 1725
y bautizada en el Salvador el 3 de diciembre siguiente25, llama-da
a suceder en este patronato en quinto lugar, y tras el falleci-miento
de ésta, en 1756, lo hacía en nombre y representación
de sus dos hijos Jerónimo y Nicolás de Guisla Boot y Van de
Walle, hasta el mes de febrero de 1762, fecha del óbito de am-bos
menores.
Juan Domingo de Guisla Boot, había nacido en la villa de
San Andrés y Sauces de la isla de La Palma, el 11 de noviem-bre
de 1723 y bautizado en la iglesia parroquial de San Andrés
Apóstol el 17 inmediato. A imitación de sus antepasados, prestó
como vamos a ver, muchos años de servicio militar. Inició su
servicio al Rey D. Felipe V, en las milicias canarias con los gra-dos
de alférez y teniente de infantería del regimiento provincial
de milicias de la isla de La Palma por sendos despachos otorga-dos
el 23 de noviembre de 1734 y 11 de julio de 1744, respecti-vamente.
Ese mismo año, se trasladó a la península, siendo
admitido como cadete de Reales Guardias españolas.
En el mes de octubre de 1745, pasa con el ejército a Italia,
de este modo se encontró en el sitio de Itona, en la toma de
Casal de Monferrato y en el sitio de su castillo. También partici-pó
en la toma de Milán y en el bloqueo del castillo de dicha
ciudad. Igualmente se halló en la plaza de Parma cuando esta-ba
bloqueada y en la retirada que se hizo por los Apeninos al
Genovesado, donde fue herido.
Fue entonces cuando se le confirió el empleo de alférez de
las Reales Guardias españolas en la compañía de D. Francisco
Rubio, que con un piquete fue destinado a reforzar el Puerto
de Bayardo y después a ocupar la Villa de Sariana, donde se
mantuvo hasta que el ejército se acantonó en el Condado de
Niza y de allí pasó al socorro de Ventimilla, de donde se le
mandó regresar con su compañía y otra del mismo cuerpo al
Puerto de Zata, en el que se embarcó, mandando dichas com-pañías,
hacia Barcelona.
25 A.I.P.S., Lib. 10.º, Bautismo, fol. 186 vto.
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Toda esta trayectoria militar le valió para recibir del Rey D.
Fernando VI, merced de hábito en la orden de Santiago del que
se le expidió real título de caballero profeso, el 15 de diciembre
de 174726.
Ya de vuelta a España, se le concedió el grado de Capitán
de Reales Guardias, con un sueldo de 30 escudos al mes. De ahí
pasó a su tierra natal, bajo las órdenes del Comandante Gene-ral.
En la guerra con Inglaterra fue nombrado Diputado de
Fortificaciones de la isla de La Palma, dejándola en el me-jor
estado de defensa; al mismo tiempo realizaba otros encar-gos
del real servicio, de los que la Corona quedó bastante satis-fecha.
Hombre comprometido con su tierra, Guisla Boot edificó a
su costa, la ermita del Pilar de la villa de San Andrés y Sauces
en el año 1755. Se trataba de un edificio rectangular, que se
encontraba adosada a su propia vivienda y casa, donde naciera.
De hecho, entre ésta y la actual casa nº 4 de la calle de La Igle-sia,
existe un vano, hoy cerrado, que permitía a los descendien-tes
del marqués oír misa desde sus habitaciones. La puerta co-noce
en la actualidad un arco de medio punto, constituyendo
un pórtico de influencia barroca. En el pasado estaba blasona-da
con el escudo de los Guisla, suprimido durante los primeros
años de la II República27.
En su isla natal, ejerció el cargo de regidor perpetuo de su
cabildo. Vacante una de las regidurías en esta isla, con motivo
de la renuncia hecha por el regidor Francisco Policarpo de
Medina Franco y Brito, solicitó de la corte Guisla Boot, se le
expidiera título de regidor que según alegaba, le pertenecía por
derecho propio. Recibida por la Cámara de Castilla tal solicitud,
éste órgano remitió al Concejo de La Palma, real orden despa-chada
en Madrid, el 6 de noviembre de 1759, para que proce-diera
a informar sobre tal pretensión28. Dicho informe debió ser
26 Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), Sección Órdenes Militares, San-tiago,
año 1747, Exp. 3.695.
27 JOSÉ ANTONIO BATISTA MEDINA y NÉSTOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, San An-drés
y Sauces. Una mirada a su pasado (2001), p. 107.
28 INSTITUTO DE ESTUDIOS CANARIOS (I.E.C.), Fontes Rerum Canariarum
XXXIX (1999), vol. 1, p. 222.
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confirmatorio, toda vez que el 22 de diciembre de 1760, era re-cibido
como tal regidor en el cabildo palmero29.
Sabemos que entre otros heredamientos, sucedió a su padre
Jerónimo Antonio de Guisla Boot y Salazar, en el mayorazgo
que había instituido su abuelo paterno D. Juan de Guisla en
1707, en el que se incluía entre otros bienes, una cuarta parte
del total de la hacienda que fuera del capitán y conquistador de
La Palma D. Pedro de Benavente, y que junto a la del adelan-tado
Fernández de Lugo, eran sin lugar a dudas durante mu-cho
tiempo, las dos mayores y más importantes propiedades de
ese municipio, y que por motivos de sucesión y herencias, ha-bían
recaído en la familia Guisla. Además de esta importante
porción de bienes, también quedaba incluido en este mayoraz-go,
«las agregaciones del décimo de los Sauces, con sus cañave-rales,
viñas y tierras de pan sembrar», que incluyó su padre en
vida30.
A pesar, de dedicarse estos últimos años a mejorar la admi-nistración
y a poner en orden su propia hacienda, Guisla Boot
no descuida los avatares políticos y militares de esa isla. Así, y
con motivo de la reconstrucción del castillo de Santa Cruz del
Barril, que había sido construido en la plaza de Santa Cruz de
La Palma, en 1568 para la ofensiva y defensiva en casos de
desembarco por el costado norte de la ciudad, dirigió instancia
al Rey proponiendo hacer algunas obras, según comunicado del
12 de marzo de 1772 del Comandante general D. Miguel López
Fernández de Heredia, al ingeniero D. Joseph Ruiz Zemeño31.
Muchos años más tarde de iniciarse y resolverse por la Real
Audiencia de Canarias, el pleito por el patronato fundado por
Ignacio Andrés de Frías, y que ha motivado el presente trabajo,
29 JUAN B. LORENZO RODRÍGUEZ, Noticias para la Historia de La Palma
(2000), vol. III, p. 372.
30 J. PÉREZ MORERA, «El heredamiento de los Catalanes», en VV.AA., La
cultura del azúcar. Los ingenios Argual y Tazacorte, Cabildo Insular de La
Palma; Casa Massieu Van Dalle, Heredamiento de las haciendas de argual
y Tazacorte, Unelco, Asociación de Vecinos «Francisca Gazmira» (1994),
p. 111. JOSÉ ANTONIO BATISTA MEDINA y NÉSTOR HERNÁNDEZ LÓPEZ, ibídem,
p. 112.
31 JOSÉ MARÍA PINTO DE LA ROSA, Apuntes..., p. 381.
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con una más que brillante hoja militar y cerca de cuarenta años
de servicio activo en el ejército, se decidió a solicitar del Rey D.
Carlos III, merced de Castilla con la denominación de marqués
de Guisla Guiselín. En efecto, en el año 1772, Juan Domingo
de Guisla, cursó su instancia al monarca, quien a su vez la re-mitía
el 30 de noviembre de ese mismo año a la Cámara de
Castilla, para su examen y posterior estudio.
Para que la solicitud siguiera los cauces acostumbrados en
estos casos, la Cámara expidió una Real Cédula fechada el 16
de diciembre de 1772 a fin de que la Real Audiencia de Cana-rias
practicase las diligencias prevenidas en ella e informase. Así
lo ejecutó la Audiencia, remitiendo copias testimoniadas de di-ferentes
patentes, despachos, cartas, testimonios y otros docu-mentos,
fundamentalmente con información de diversos testigos
de la mayor excepción de las Islas. En estos testimonios igual-mente
se justificaban plenamente la certeza de lo que el instan-te
había expuesto en su memorial; en su Informe, exponía la
Real Audiencia la notoriedad de esta ilustre familia en Canarias,
al igual que los distinguidos servicios realizados a la Corona, su
conocido arraigo y, que así mismo, le asistía todo el cúmulo de
circunstancias que pedía la Cédula de Informe.
En virtud de todo lo expuesto, el Informe redactado por la
Real Audiencia, le juzgaba digno de la gracia que solicitaba.
Recabada toda la información y documentación necesaria
para estos casos, la Cámara de Castilla dictaminaba el 13 de
diciembre de 1775 el informe favorable.
La Real Cédula por la que se le concedía el título de Castilla
le fue despachada el 23 de junio de 1776; en ella se le otorgaba
con carácter previo, el vizcondado de San Antonio de Breña
Baja32. Seis días después materializaba el pago de la media
annata, de cuyo abono se le extendió el correspondiente certifi-cado
el día 4 de julio siguiente, con la cancelación definitiva del
vizcondado de San Antonio de Breña Baja33.
De cualquier manera, aunque las alegaciones y razones es-grimidas
por Juan Domingo de Guisla Boot, como marido de
32 A.G.S., Sección de Consejos Suprimidos (C.S.), Lib. 628, año 1776.
33 A.G.S. (C.S.), Leg. 11.760, año 1776, núm. 8.
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Gabriela Van de Walle Guisla, fueron las que finalmente deci-dieron
la balanza para que el patronato fundado por el presbí-tero
Frías, recayera en esta línea familiar, concretamente en
Beatriz Van de Walle, lo cierto es, que este matrimonio, nunca
llegó a disfrutar legalmente de tales bienes, por cuanto su cón-yuge
Gabriela y sus dos únicos hijos, fallecieron antes que la
Real Audiencia dictara la correspondiente sentencia definitiva.
Su esposa, Gabriela Van de Walle, con quien había casado el 31
de mayo de 175334, fallecía en Santa Cruz de La Palma, el 27
de diciembre de 175635, siendo enterrada en la bóveda de la ca-pilla
que llaman de «Socarrás», en el convento de religiosos
franciscanos de la citada ciudad de La Palma; el mayor de sus
hijos, Jerónimo Cayetano, nacido el 7 de agosto de 175436, falle-ció
a los siete años de edad, el 9 de febrero de 1762, siendo
enterrado junto a su madre en la bóveda de la capilla de
«Socarrás»37; el benjamín, llamado Nicolás Ambrosio, nacido el
6 de diciembre de 175538, tan solo sobrevivió a su hermano 13
días, falleciendo el 22 de febrero de 1762, siendo enterrado en
la capilla de Santo Tomás de Aquino del convento de religiosos
dominicos, que llaman de los «Van de Walles»39.
Desengañado seguramente por las circunstancias personales
y familiares que tuvo que sufrir y padecer, Juan Domingo se
trasladó a la ciudad de San Cristóbal de La Laguna en la isla
de Tenerife, donde su familia tenía fuertes intereses económicos
y con la que estuvo vinculado el resto de su vida. Por un lado,
el 12 de mayo de 1776, era admitido e ingresaba como caballe-ro
cofrade en la más antigua y solera institución nobiliaria del
archipiélago canario, la noble esclavitud de San Juan Evange-lista
de La Laguna, para cuyo ingreso se exigían, y aún se exi-gen,
la nobleza del linaje paterno40. De otro lado, era nombrado
34 A.I.P.S., Lib. 6.º, Matrimonios, fol. 95.
35 A.I.P.S., Lib. 7.º, Entierros, fol. 250.
36 A.I.P.S., Lib. 12.º, Bautismos, fol. 202 vto.
37 A.I.P.S., Lib. 8.º, Entierros, fol. 36.
38 A.I.P.S., Lib. 12.º, Bautismos, fol. 245 vto.
39 A.I.P.S., Lib. 8.º, Entierros, fol. 36 vto.
40 MELCHOR DE ZÁRATE Y CÓLOGAN, Ilustre y Noble Esclavitud de San Juan
Evangelista de La Laguna (1981), p. 44.
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en 1779, esclavo mayor del Santísimo Cristo de La Laguna, cuya
nómina de esclavos mayores se remonta desde el año 1659, sien-do
elegidos entre los individuos más preclaros y distinguidos de
la isla41. Por último, y con motivo de las reformas que se esta-ban
llevando a cabo por el comandante general marqués de la
Cañada, en el castillo de San Joaquín de la Cuesta, antigua
batería abandonada hasta que el cabildo acordó su reconstruc-ción,
era nombrado por el Rey D. Carlos III, en 1780, su primer
Alcaide42.
Finalmente, Guisla Boot fallecía el 29 de septiembre de
178543, recibiendo sepultura en la capilla de Nuestro Señor Je-sús
Nazareno de la Iglesia de San Agustín, patronato de los
condes del Valle de Salazar, sus parientes; el día anterior, había
otorgado su testamento que pasó ante el escribano Domingo
Anselmo González, y por el que instituía nuevo mayorazgo, al
que agregaba el Título de Castilla con el que había sido agra-ciado,
así como el patronato de nuestra señora del Pilar en la
villa de San Andrés, en la cabeza de su hermano Carlos José de
Guisla Boot y Salazar.
3. D.ª BEATRIZ VAN DE WALLE Y GUISLA, quien se per-sonó
en este litigio, una vez fallecidos sus dos sobrinos carnales
Jerónimo y Nicolás de Guisla Boot, ambos, hijos de su hermana
Gabriela, y haber sido llamada para la sucesión de este patro-nato
en sexto lugar.
Beatriz Van de Walle, había nacido en Santa Cruz de La
Palma el 23 de abril de 1728 y bautizada en la iglesia parroquial
del Salvador el 13 de mayo siguiente44, siendo apadrinada por
su hermano, el calatravo Domingo Mariano Van de Walle. Se le
impusieron los nombres de Beatriz Antonia Ana Inés. Era la
quinta de los hijos de D. Luis Van de Walle Cervellón y Urtu-sáustegui,
sargento mayor, teniente de corregidor y gobernador
de las armas de La Palma, y su regidor perpetuo decano, caste-
41 BUENAVENTURA BONNET Y REVERÓN, El Santísimo Cristo..., p. 215.
42 JOSÉ MARÍA PINTO DE LA ROSA, Apuntes..., p. 575. ALEJANDRO CIORA-NESCU,
Historia del Puerto de Santa Cruz de Tenerife (1993), p. 147.
43 A.H.D.S.C.L.L. (F.P.S.D. N.º 94), Lib. 9.º, Entierros (P.L.R.), fol. 315 vto.
44 A.I.P.S., Lib. 10.º, Bautismos, fol. 341.
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llano y alcaide de todas las fortalezas de esa isla por elección
en varios periodos, el primero desde 1706 a 1713, el segundo en
el año 1715, y por última vez, desde 1736 a 173945, y de su
esposa D.ª Antonia Josefa de Guisla Boot y Salazar de Frías,
con quien había casado en la iglesia del Salvador el 14 de julio
de 171546.
Fallecidos pues, en el mes de febrero de 1762, los hijos me-nores
de su hermana Gabriela, nuestra Beatriz Van de Walle,
otorgaba el día 3 de marzo siguiente, el correspondiente poder
para pleitos ante el escribano público Santiago Albertos Alvárez,
a favor del procurador Bernardo José Romero, para que se le
tuviera por personada en dichos autos y se le diera traslado de
todas las diligencias para en consecuencia poder oponerse a la
pretensión de la parte contraria. Tres días más tarde, el 6 de
marzo, Beatriz Van de Walle tomaba posesión material de la
casa y demás bienes que constituían el patronato Frías, bienes
que hasta ese momento se encontraban en poder de su cuñado
Juan Domingo de Guisla como padre de sus menores hijos. Este
nuevo acto de posesión, venía refrendado por un decreto dicta-do
por el alcalde mayor de la isla, que en su calidad presidía la
entrega de tales bienes a la nueva poseedora, siendo asistido
además por el teniente de alguacil mayor Anselmo Pérez, quien
daba fe del acto, acompañado por Diego de la Concepción, José
Moreno y Nicolás Hernández, los tres últimos, vecinos de Santa
Cruz de La Palma.
Además del patronato Frías, esta señora también disfrutaba
un segundo patronato instituido por D. Santiago Pinto Van de
Walle, presbítero y ministro calificado del Santo Oficio de la
Inquisición, fundado por su testamento otorgado ante el escri-bano
público Francisco Mariano López, que fue abierto en el
año 1771. Este segundo patronato había sido instituido con
ocasión de la fiesta del dia de Nuestra Señora de las Nieves,
para sustentar los gastos ocasionados con motivo de la bajada
de esta Virgen a la ciudad de Santa Cruz de La Palma, cada
cinco años.
45 JOSÉ MARÍA PINTO DE LA ROSA, Apuntes..., p. 379.
46 A.I.P.S., Lib. 4.º, Matrimonios, fol. 154 vto.
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Beatriz Van de Walle, nunca contrajo matrimonio, y recaída
la correspondiente sentencia judicial, disfrutó ambos patronatos
hasta el año 1799, fecha que los cedía a su hermano D. José
Antonio Van de Walle.
En efecto, cuando ya contaba con más de setenta y un años
de edad, y fallecidas sus otras tres hermanas, decidió ceder a su
único hermano varón D. José Van de Walle de Cervellón y Guisla
y sus sobrinos, tanto el patronato fundado por el presbítero
Frías, como el instituido por el presbítero Pinto. Para ello, le
otorgaba el 29 de enero de 1799, ante el escribano público José
Manuel de Salazar, la correspondiente escritura de cesión de
patronatos47, que posteriormente volvió a confirmarle en su tes-tamento
otorgado ante el escribano Felipe Rodríguez de León
el 27 de septiembre del año 180348.
D.ª Beatriz Van de Walle fallecía en Santa Cruz de La Pal-ma,
el 29 de enero de 180649, a los 78 años de edad, siendo
enterrada según disposición testamentaria en el panteón fami-liar
de los Van de Walles, situado en la capilla de Santo Tomás
de Aquino, del convento de Predicadores religiosos dominicos de
la mencionada ciudad.
Su hermano José Antonio Van de Walle Cervellón y Guisla,
estuvo al frente de la celebración de esta función instituida por
el presbítero Ignacio Andrés de Frías, en calidad de patrono,
disfrutando los bienes que constituían este patronato, hasta el
día de su fallecimiento acaecido el 25 de octubre de 1811. Por
su testamento otorgado el 31 de mayo de 1808, ante el mismo
escribano Rodríguez de León, designaba a su hijo primogénito
Luis José, futuro marqués de Guisla Guiselín, para suceder en
este patronato50.
Es de suponer que su hijo, Luis José Van de Walle, andando
el tiempo, V marqués de Guisla Guiselín, siguiera disfrutando de
los bienes del patronato Frías, hasta la desaparición definitiva
de los mayorazgos, vínculos y patronatos integrándose desde
47 A.G.L.P. (F.P.N.), José Manuel de Salazar, Caja 2, fol. 22-25.
48 A.G.L.P. (F.P.N.), Felipe Rodríguez de León, Caja 2, fol. 41 vto.
49 A.I.P.S., Lib. 10.º, Entierros, fol. 56 vto.
50 A.G.L.P. (F.P.N.), Felipe Rodríguez de León, Caja 3, fol. 53 vto.
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entonces los bienes que constituían el patronato Frías, como
bienes propios y libres de su patrimonio.
V. LAS CONDICIONES Y EL ORDEN PARA SUCEDER
Expuesto cuanto antecede, llegamos al punto central del tra-bajo
que desarrollamos, relativo a las condiciones y al orden
para la sucesión del patronato o vinculo que funda en virtud de
la escritura de últimas disposiciones testamentarias, otorgada el
14 de octubre de 1742, ante el escribano José Albertos Álvarez,
documento que constituye el elemento central del litigio51.
Así pues, D. Ignacio Andrés de Frías designa en su testamen-to,
por su única y universal heredera y patrona de la citada fies-ta
memoria en forma de vínculo o patronato sobre «todos mis
bienes derechos y acciones en primero lugar y por Su vida a la
sobre dha. D.ª Maria theresa Dacosta y frias mi prima hermana
(...)». Esta señora nombrada en primer lugar, era hija de D.
Pedro de Acosta y Palacios, capitán de infantería española, fa-llecido
en el año 168452 y de D.ª María de Frías Van de Walle,
su legítima mujer, casados en la iglesia del Salvador de Santa
Cruz de La Palma el 27 de junio de 166953. Por lo tanto, la
madre de María Teresa de Acosta, era hermana de Gaspar, pa-dre
biológico del fundador del patronato, y de Antonia, atrás
citada, de quién había recibido los bienes que disponía.
D.ª María Teresa de Acosta y Frías, debió de fallecer a princi-pios
del año 1754, lo que motivó se desencadenara el proceso
judicial.
En segundo lugar, dispone que después de fallecida D.ª Ma-ría
Teresa de Acosta Frías y Van de Walle el patronato ha de
recaer en «D.ª Ursula de frias lugo y viña Urtus Austegui mi so-brina
Con Condicion y no modo que Se a de Casarse y vivir en
esta Ysla Con persona de Su Calidad o Viniendo Casada de la de
thenerife Con Semejante a vivir a esta dha. Ysla, y a su desen-
51 A.G.L.P. (F.P.N.), José Albertos Álvarez, Caja 7, fol. 214-218 vto.
52 Alejandro Cioranescu, Diccionario..., vol. I, p. 30.
53 A.I.P.S., Lib. 2.º, Matrimonios, fol. 99.
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dencia lexitima y de lex.mo matrimonio gosando el vinculo q.
fundaron D. Simon de frias coello y D.ª esperanza Vandeval, mis
abuelos (...)». De D.ª Ursula de Frías Lugo y Viña, ya hemos
hablado al tratar los datos biográficos de su esposo, Juan Anto-nio
de Urtusáustegui en su calidad de litigante. Ahora tan solo
añadiremos, que se trata de la única hija de D.ª Luisa Antonia
de Frías Van de Walle y Urtusáustegui, hermana uterina del
fundador.
En tercer lugar, y en defecto de las dos anteriores, llama a
suceder en este patronato a D. Gaspar de Acosta Frías y Van de
Walle «mi primo hermano ausente en el Reyno de lima, Con la
misma Condicion de Vivir en esta dha. Ysla y no en otra forma».
De Gaspar de Acosta Frías, sabemos que nació en Santa Cruz
de La Palma el 24 de agosto de 1683 siendo bautizado en la
iglesia parroquial del Salvador el 1 de septiembre siguiente54; era
hermano de María Teresa, primera llamada a suceder en este
patronato, e hijo por tanto del capitán Pedro de Acosta Palacios
y de María de Frías Van de Walle. Por el testamento de su ma-dre,
otorgado el 6 de junio de 1722, ante Andrés de Huerta
Perdomo, escribano público, conocemos que ya por entonces,
estaba residiendo en el virreinato del Perú55, y que estuvo al
menos hasta el año 1742, fecha del otorgamiento del testamen-to
por el que se constituye el patronato. Sin embargo, ignora-mos
la fecha y el lugar de su fallecimiento.
En cuarto lugar, llama a suceder «y por falta de todos a D.ª
Maria Vandeval y Guisla y Su desendencia lex.ma hija de los ex-presados
D.n luis Van deval y D.ª Antonia de Guisla Su muger
(...)». Esta señora, era la mayor de las cuatro hermanas llama-das
a suceder en el patronato, hijas todas del capitán D. Luis
Van de Walle Cervellón y de D.ª Antonia Josefa de Guisla y
Monteverde, su legítima mujer. Había nacido en Santa Cruz de
La Palma el 7 de octubre de 1724, siendo bautizada en la igle-sia
parroquial del Salvador el 23 inmediato, con los nombres de
María Luisa56. Falleció en su ciudad natal sin haber tomado
54 A.I.P.S., Libro 7.º, Bautismos, fol. 153 vto.
55 Alejandro Cioranescu, ibídem, vol. I, p. 30.
56 A.I.P.S., Lib. 10.º, Bautismos, fol. 151 vto.
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estado, probablemente entre 1744 y 1754, año en el que se ini-cian
las primeras diligencias judiciales sobre la propiedad del
Patronato.
En quinto lugar, y a falta «de la Susodha. Suseda en ellos D.ª
Gabriela Su hermana y Su desendencia lex.ma (...)». D.ª Gabriela
Van de Walle y Guisla, era la segunda de las hijas de D. Luis
Van de Walle y D.ª Antonia Josefa de Guisla, llamadas en el
testamento de Frías. En su bautismo se le impusieron los nom-bres
de Gabriela Mariana Isabel. De ella, hemos dado algunos
datos biográficos, al tratar la figura de su esposo el primer
marqués de Guisla Guiselín.
En sexto lugar, «y por Su falta a D.ª Beatriz Vandeval
asimesmo hermana de las dos Susodhas. y Su desendencia (...)».
Beatriz Van de Walle, era la tercera de las hijas del capitán D.
Luis Van de Walle Cervellón, siendo la que finalmente disfrutó
los bienes de este patronato en virtud de la resolución judicial
dictada por la Real Audiencia de Canarias.
En séptimo y último lugar, «y a falta de todas Suseda D.ª
Luisa Vandeval de Guisla Su hermana y Su desendencia lex.ma y
de lex.mo matrimonio, para q. Cada uno en Su lugar los goce
(...)». Esta señora llamada Luisa Rosalía, era la menor de las
hijas de Luis Van de Walle y Antonia Josefa de Guisla. Había
nacido como sus anteriores hermanas en Santa Cruz de La
Palma, el 4 de septiembre de 1730 siendo bautizada en El Sal-vador
el 13 inmediato57. Contrajo matrimonio el 31 de agosto
de 176358, con el capitán D. Domingo de Monteverde Díaz-
Pimienta y Velez, gobernador del castillo de Santa Catalina en
La Palma59, doce años más joven que la contrayente, y falleció
en esta isla, el 29 de diciembre de 179860. Su única hija Ma-ría
Ana de Monteverde y Van de Walle, le premurió el 6 de abril
de 1798.
57 A.I.P.S., Lib. 10.º, Bautismos, fol. 402 vto.
58 A.I.P.S., Lib. 6.º, Matrimonios, fol. 187.
59 JOSÉ MARÍA PINTO DE LA ROSA, Apuntes..., p. 376.
60 A.I.P.S., Libro 10.º, Entierros, fol. 26.
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V. EL MARCO JURÍDICO
En las islas canarias, teniendo en cuenta sus circunstancias
concretas, de tratarse de un territorio geográfico fragmentado
en siete islas separadas y dada su lejanía con la metrópoli, re-gía
en mayor o menor medida una normativa que asienta su
matriz en el antiguo derecho castellano, esto es en el Derecho
Real, por lo que no es esencialmente distinta de la que se pro-mulgaba
para los territorios peninsulares.
Esta vinculación se manifiesta en la expansión del llamado
Fuero de Toledo a nuestras islas, lo que implicaba una de las
soluciones empleadas por la Corona para la uniformización del
Derecho local, que es la de la fórmula del Fuero Juzgo, con
adiciones, aplicado a gran parte de Andalucía. La radical iden-tidad
del Fuero de Baza y el Fuero de Gran Canaria, otorgada
por los Reyes Católicos por Real Cédula de 20 de diciembre de
1484, resulta altamente expresiva al respecto61.
Junto al ordenamiento de Montalvo, que incluía todas las
leyes de Castilla posteriores a 1348, está el Libro de Bulas y
Pragmáticas de 1503, de Juan Ramírez, escribano del Consejo
Real62, que además recogía una ley del Fuero Real, cuatro de
Las Partidas y nueve Leyes de Cortes, todas ellas relativas a la
administración de Justicia.
Además de estas fuentes jurídicas existentes en todo el terri-torio
español, y ciñéndonos a las peculiaridades del archipiéla-go
canario, las frecuentes discrepancias y disputas entre los
Oidores y el Gobernador y los Cabildos de las islas determina-ron
que la Corona nombrara visitador al licenciado Francisco
Ruiz de Melgarejo para entender sobre aquellas disputas, por lo
que en virtud de las facultades recibidas, habría de dictar las
conocidas Ordenanzas del 24 de febrero de 1531, en la ciudad
de Las Palmas de Gran Canaria.
61 JESÚS LALINDE ABADÍA, «El Derecho castellano en Canarias», Anuario
del Instituto de Estudios Canarios, núm. XIV-XV (1970), p. 64.
62 El libro de Ramírez fue publicado por Real Provisión de 10 de no-viembre
de 1503.
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Hasta ese momento, la función jurisdiccional en las islas
canarias, estaba atribuida al Gobernador y Justicia Mayor, que
la ejercían personalmente o a través de los alcaldes mayores. En
virtud de la Real Cédula dada en Granada el 7 de diciembre de
1526, se funda la Real Audiencia de Canarias que pasa a ser la
máxima instancia judicial en el archipiélago canario.
Se trata de un tribunal de apelación, cuya finalidad es co-nocer
los recursos en materia civil como criminal, contra las
sentencias de los gobernadores insulares o tenientes y alcaldes
mayores. También resolvían los recursos contra sentencias dic-tadas
por los jueces ordinarios —y hasta el momento de su crea-ción—,
apelables ante la Real Chancillería de Granada.
Estas eran, en síntesis, la jurisdicción y las normas sus-tantivas
y procesales que regularon el pleito por la disputa de
los bienes que integraban el patronato fundado por el presbíte-ro
Frías.
VI. EL PROCESO JUDICIAL
1. Antecedentes
A modo de síntesis, diremos que este proceso se desencade-na
a raíz del fallecimiento de D.ª María Teresa de Acosta y Frías.
Tras su muerte, Juan Domingo de Guisla Boot, se posesiona de
los bienes del patronato que disfrutaba esta señora, acto que
refrenda el Alcalde Mayor de la isla de La Palma. A este acto de
posesión se opone Juan Antonio de Urtusáustegui, que se consi-deraba
con mayor derecho, culminando esta primera instancia,
con la revocación del acto posesorio a favor de Urtusáustegui.
Este nuevo auto de posesión dictado el 11 de marzo de 1755,
será apelado por Guisla Boot, adhiriéndose posteriormente su
cuñada D.ª Beatriz Van de Walle. Tras las alegaciones, pruebas
y conclusiones de cada parte, la Real Audiencia dictará el 1 de
septiembre de 1762 un Auto Definitivo, disponiendo la entrega
de los bienes en favor de la apelante, esto es en Beatriz Van de
Walle, en virtud de las claúsulas testamentarias otorgadas por
el fundador.
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Por último, veremos como Juan Antonio de Urtusáustegui,
interpone nueva demanda de juicio ordinario de propiedad con-tra
Beatriz Van de Walle, demanda que es admitida a trámite
por la propia sede jurisdiccional, pero de cuyo resultado final no
tenemos constancia documental. Estos són en resumen, las fa-ses
del litigio que vamos a tratar de explicar y desarrollar.
2. Primeras actuaciones
Tras las respectivas muertes de D. Ignacio Andrés de Frías,
fundador del patronato en discordia, y de D.ª María Teresa de
Acosta y Frías, primera llamada a la sucesión, Juan Domingo
de Guisla Boot, solicita del teniente general de la isla de La
Palma como primera medida, se decrete a su favor la posesión
de los bienes que integraban el citado patronato, y así mismo
se le designe patrono del mismo.
Justificaba su pretensión, arguyendo que el licenciado D.
Ignacio Andrés de Frías, en su testamento cerrado y luego abier-to
fundaba el mencionado patronato, llamando en primer lugar
por Patrona a D.ª María Teresa de Acosta y Frías, ya difunta;
en segundo lugar, a D.ª Ursula de Lugo Viña y Frías, residente
en Tenerife; en tercer lugar a Gaspar de Acosta Frías, ausente
en Lima, con la condición y no modo de que para obtener este
patronato, éstos dos últimos tenían la obligación de vivir y resi-dir
en la isla de La Palma. Y como quiera que ninguno de los
dos, residía en esta isla, en virtud de la cláusula testamenta-ria,
ha de recaer el patronato en la quinta llamada que era su
esposa Gabriela Van de Walle y Guisla, al haber fallecido tam-bién
su hermana soltera María Van de Walle, llamada en cuar-to
lugar.
Sin oposición alguna, Guisla Boot, obtiene auto favorable
que se despacha el 18 de julio de 1754, por el que recibe en
calidad de marido de D.ª Gabriela Van de Walle y Guisla, los
citados bienes que lo integraban, y todo ello sin perjuicio de
tercero que tuviere mejor derecho, según obra en el citado auto.
Enterado D. Juan Antonio de Urtusáustegui, vecino y resi-dente
en la villa de La Orotava, del acto formal de entrega de
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bienes que había tenido lugar en la isla de La Palma, apodera
a Juan de la Concepción Rocha, quien presenta el 19 de julio
de 1754, escrito en nombre de su apoderado y como marido de
D.ª Ursula de Lugo Viña y Frías, oponiéndose al auto del 18 de
julio, y a la pretensión de Guisla Boot.
Así las cosas, el 17 de septiembre siguiente, Urtusáustegui
formaliza su oposición por escrito, alegando que dicho patrona-to
pertenece a su esposa por «Beneficio de la Ley Real desde la
hora que fallecio D.ª Maria Teresa de Frias Usufrutuaria de dichos
bienes» y así mismo, solicita que «se nombrase y diese dichos
Bienes a D.ª Ursula de Lugo, su muger de acuerdo con la
clausula del Testamento bajo cuya disposicion fallecio el Licen-ciado
D. Ignacio (...)». Continúa Urtusáustegui, señalando que
por el fallecimiento de María Teresa de Acosta, su esposa D.ª
Ursula, era la heredera absoluta del fundador, y que D.ª Gabriela
Van de Walle, esposa de Guisla Boot, pese a haber sido llamada
a la sucesión en quinto lugar, estaba disfrutando los bienes del
patronato en perjuicio de su esposa Ursula de Lugo Viña y de
Gaspar de Acosta, los dos ausentes, y que esta circunstancia de
la residencia, no podía ni debía ser suficiente para quedar ex-cluidos
a la sucesión del patronato, pues los bienes han de ser
entregados a quien tenga más y mejor derecho a la propiedad
ya que «hay que buscar el legitimo poseedor a quienes se habia
transferido la civil y natural y siendo tan claro que su muger lo
es, es por lo que es la primera llamada a la sucesion del vinculo
fundado por D. Simon de frias Coello y D.ª Esperanza Van de val,
su muger, Bisabuelos de su muger, y ser la desendiente legitima y
unica de la familia de Frias de quien habia heredado el dicho D.
Ignacio de frias estos bienes (...)».
Finaliza Urtusáustegui solicitando la revocación del citado
auto, con la entrega inmediata de los bienes del patronato por
ser su esposa D.ª Ursula de Lugo Viña Frías y Urtusáustegui,
llamada en segundo lugar a la sucesión y haber fallecido la
primera llamada, D.ª María Teresa de Acosta y Frías.
En vista de las alegaciones vertidas por Urtusáustegui, la
justicia de La Palma revoca su auto del 18 de julio de 1754 y
dicta nuevo auto con fecha 11 de marzo de 1755 ordenando la
entrega de los bienes del patronato al apelante, con la obliga-
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ción por parte de éste, de prestar fianza suficiente hasta su re-solución
definitiva63.
3. La apelación
Este nuevo auto dictado por la justicia de La Palma, el 11
de marzo de 1755, es en definitiva, el instrumento jurídico por
el cual tiene lugar la apelación que va a tramitarse ante la Real
Audiencia de Canarias.
Un año después de haberse dictado el citado auto, concreta-mente
el 28 de julio de 1756, el procurador Antonio del Manza-no
presenta escrito en nombre y representación de su apodera-do
D. Juan Antonio de Urtusáustegui solicitando de la Real
Audiencia, la confirmación del auto ordinario, la entrega inme-diata
de los bienes del patronato, pues a pesar del nuevo auto
dictado, Guisla Boot seguía disfrutando irregularmente de ellos;
así mismo, reiteraba que el simple hecho de que su esposa no
residiera en la isla de La Palma no podía ser motivo suficiente
para ser excluida a la sucesión del patronato, pues su cambio
de residencia ha venido motivado exclusivamente por causa del
matrimonio, al ser natural que toda esposa pase a residir en
donde resida el esposo.
Estas alegaciones vertidas por Urtusáustegui, fueron recha-zadas
tanjantemente por Guisla-Boot, quien insiste se revoque
el auto del 11 de marzo de 1755, y se le confirme y devuelva la
posesión de los bienes del patronato, toda vez que la voluntad
final del fundador era que la persona que sucediera en el, resi-diera
en la isla de La Palma, y por ello dejaba señalado al res-pecto,
determinados bienes para que el poseedor, aún disponien-do
de bienes propios u otros vínculos, los utilizara para los
gastos que se derivasen de su celebración, y así continúa que
«en materia de vinculo debe ser la ley la voluntad del fundador y
atendida la de Don Ygnacio folio terzero que la expresada Doña
ursola subsede en este Patronato con la condicion y no modo de
que a de residir en aquella Ysla gosando el Vinculo que fundaron
63 A.H.P.L.P., Exp. 9308, fol. 9.
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Don Simon de Frias y Coello y Doña Esperanza Vandeval y de
no subzeder los siguientes llamados en cuyo supuesto resulta que
es presisa la residencia en aquella ysla pues el fundador no solo
tuvo por causa final el culto de nuestra señora en su celebracion
en la festividad de la O. tambien q. se perpetuase en aquella ysla
su nombre y Apellido en los de su familia»64, finalizando su ale-gato,
que de no residir su patrono en esta isla, la procesión no
se llevaría a cabo con la seriedad y decencia que quiso el fun-dador.
Conclusos los autos, con fecha 1 de septiembre de 1761, se
dictaba por la Real Audiencia, nuevo auto por el cual se revo-caba
el anterior de fecha 11 de marzo de 1755, disponiendo el
recibimiento de los autos a prueba y la entrega de los bienes
y sus frutos a persona justa para su guarda y custodia provi-sional65.
En virtud del nuevo auto proveído por la Real Audiencia, el
teniente general de La Palma, designaba la persona para la
custodia provisional de los bienes y frutos del patronato, que
recayó en Manuel Márquez de Aguiar, por nombramiento hecho
el 29 de marzo de 1762, que poco efecto tuvo, pues de hecho,
estos bienes seguían estando de manera irregular, primero en
poder de Guisla Boot y más tarde en poder de su cuñada Bea-triz
Van de Walle.
En medio de este interín, tiene lugar el fallecimiento de Je-rónimo
y Nicolás de Guisla, los dos hijos de Juan Domingo de
Guisla Boot —ya en estado de viudedad desde hacía más de cin-co
años—, menores que fallecían respectivamente el 9 y el 22
de febrero de 1762, triste desenlace que comunicaba el pro-curador
de Urtusáustegui, por cuanto la cuñada de aquel,
D.ª Beatriz Van de Walle, personada en los autos desde el día 3
de marzo, se había apoderado irregularmente de los bienes del
patronato tres días más tarde, bienes que hasta ese momento
se encontraban en poder de Guisla Boot.
Así las cosas, Beatriz Van de Walle presenta ante la justicia
de La Palma, escrito solicitando la posesión civil y natural de
64 A.H.P.L.P., Exp. 9308, fol. 17.
65 A.H.P.L.P., Exp. 9308, fol. 20 vto.
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dichos bienes en su calidad de inmediata sucesora por incum-plimiento
de la cláusula o disposición testamentaria del funda-dor
en cuanto a la residencia como condición y no modo por
parte, de D.ª Ursula de Lugo Viña y Frías y D. Gaspar de Acosta
Frías.
Ante la petición de Beatriz Van de Walle, el alcalde mayor
de La Palma, licenciado Mateo López de León, dicta nuevo de-creto
de fecha 5 de marzo de 1762, autorizándole la posesión
de los bienes que solicita; ordena, que se aporten a los autos el
testimonio de las citadas disposiciones testamentarias; y por úl-timo,
señala que se le entregue testimonio de todas las diligen-cias,
para que pueda presentar en forma, escrito de contradic-ción.
El 22 de marzo siguiente, Beatriz Van de Walle, formaliza su
escrito de oposición argumentando que es la inmediata suceso-ra
«sin que la Justicia pueda enervar la obligacion impuesta a
D. Juan de Urtusaustigui y no querer cumplir esa condicion im-puesta
por D. Ignacio Andres de Frias, sobre residencia y al no
cumplirla pierde su derecho al patronato ya que la finalidad es
conservar el propio honor memoria y gloria del testador y el bene-ficiario
no puede elegir los gravamenes y condiciones que le sean
agradables y favorables y siendo los bienes propios del Licenciado
D. Ignacio de Frias hallamos identica la doctrina para su obser-vancia
(…)». Continúa diciendo, que el hecho que D.ª Ursula de
Lugo Viña y Frías, haya de seguir a Urtusáustegui en su condi-ción
de buena esposa, no significa que ello pueda coartar su
libre voluntad, y que ambos estén obligados a residir en la isla
de Tenerife, que es donde su marido tiene radicados sus ca-sas,
vínculos y mayorazgos, pues de hecho, los bienes que
la citada Ursula de Lugo, disfruta en La Palma en su condi-ción
de única heredera de sus padres y abuelos maternos, son
cuantiosos, suficientes para mantenerlos con la grandeza y de-cencia
de su estirpe, y si deciden residir en La Orotava, es por-que
sencillamente prefieren establecer su residencia en esa vi-lla.
Finaliza el escrito, solicitando el recibimiento a prueba de
los autos.
El 26 de abril de 1762, el alcalde mayor de Santa Cruz de
La Palma, licenciado León, decreta el recibimiento a prueba de
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los autos. Cada parte propone su lista de testigos para el inte-rrogatorio
de preguntas.
Por parte de Urtusáustegui, deponen el subdiácono Jeróni-mo
José de la Rocha de 23 años, Juan José Smalley, de 47 años,
Santiago Rodríguez de León, de 48 años y finalmente, Feliciano
Romero Leal, clérido presbítero de 38 años de edad, todos ellos
vecinos de esta ciudad. Las respuestas de los testigos propuestos
por esta parte, tratan en definitiva de demostrar que los consor-tes
Urtusáustegui-Lugo Viña, no disponen de suficientes bienes
en la isla de La Palma para mantenerse según su status social.
Así lo declaraba el testigo Jerónimo José de la Rocha, en su in-terrogatorio
del día 22 de marzo, al contestar a la segunda pre-gunta
que «los bienes que disponen en esta isla no son capaces
para mantenerse con la decencia de sus calidades, por no ser
bastantes y penzionados con tributos»66. Además, todos los testi-gos
manifestaban que tales bienes no eran suficientes, para
poder alimentar y educar el crecido número de hijos que tienen,
pero que por el contrario si disponían de ellos, en la isla de
Tenerife. Además, las posibilidades de que sus hijos puedan en-contrar
alguna prebenda o cargo en el futuro en la isla de La
Palma, era mucho más dificultoso que de residir en la de
Tenerife.
Por otro lado, los testigos presentados por D.ª Beatriz Van
de Walle, eran Santiago Pinto Van de Walle, clérigo presbítero,
de 57 años, Baltasar Montero, de 40 años, José Policarpo García,
de 68 años, José Rafael Montesdeoca, de 32 años y Laureano
Arturo, de 49 años, todos así mismo, vecinos de Santa Cruz de
La Palma. Estos testigos declaran que la última intención del
fundador, era que realmente sucediera como patrono, alguna de
las hijas de D. Luis Van de Walle, ya que su sobrina D.ª Ursula
de Lugo Viña, tenía ya de por sí, y por su matrimonio, un gran
patrimonio y que era evidente que no iba a trasladar su resi-dencia
a La Palma, por lo que era esencial que el patrono resi-diera
siempre en esta isla para poder celebrar con decencia,
honor y lustre, la memoria que había instituido en la festividad
de nuestra señora de la O.
66 A.H.P.L.P., Exp. 9308, fol. 65.
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En efecto, así lo reconocía el presbítero Santiago Pinto que
comparecía el 22 de marzo ante el alcalde mayor. A la pregunta
de sí sabe que «Aviendo fundado el Licenciado Don Ignacio
Andres de Frias presbitero un patronato con los llamamientos que
contiene la clausula (...) para que avia llamado la Sucesion de
dicho Patronato a su sobrina Doña Ursula de Lugo y Frias y
Viña, si su voluntad era de que lo gosase Persona que residiera en
esta Ysla», éste contestaba que «habiendo fundado el Licenciado
D. Ignacio Andrés de Frías un patronato, este le dijo que como
D.ª Ursula de Lugo residia en Tenerife era su animo que sucedie-ran
los hijos del capitan D. Luis Van de Walle porque eran mas
pobres y ademas D.ª Ursula estaba muy bien casada y por su cor-tedad
no iba a venir a La Palma ya que su voluntad era que lo
gozaren la susodha. por residir en esta isla y poder conservar su
nombre, honor y memoria de su apellido»67.
En igual sentido, deponían los testigos Montero y García, el
día 27 de marzo y Montesdeoca y Arturo el día 29 inmediato68.
Concluido el periodo de prueba, ambas partes presentan sus
respectivos escritos de conclusiones, en el sentido de sus preten-siones.
Urtusáustegui, lo presenta el 4 de mayo de 1762. En dicho
escrito, insiste en que la verdadera intención del presbítero Frías,
era mantener y conservar con el paso del tiempo la memoria del
apellido Frías, cuestión que solo se conservaría en el caso de que
su esposa D.ª Ursula, sucediera en el patronato, al tratarse de
personas del mismo apellido y linaje, y tan solo en el caso de
que no hubieran parientes con el mismo apellido, solo en ese
caso podrían entrar los demás a la sucesión, «ya que la finali-dad
del testador fue la inmediacion de Sangre, apellido y su con-servacion
en la vinculacion citada que hicieron D. Simon de Frias
y D.ª Esperanza Van de Val, Abuelos del fundador y bisabuelos de
la mujer de su parte (...) y no teniendo dicho fundador de su
apellido y proximidad de sangre a quien llamar entra a los lla-mamientos
de la contraria, y si bien es cierto que la causa final
de cualquier disposicion es Ley, (...) en las fundaciones de Mayo-
67 A.H.P.L.P., Exp. 9308, fol. 76 vto.
68 Ibídem, fols. 79 vto.-88.
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razgos, vinculos y Patronatos es tambien causa final de los fun-dadores
conservar su memoria, Apellido, honor (...) y esta conser-vacion
no se logra con vivir en esta isla o en otra (...) pero si se
conserva por el apellido, sangre y congruentes vienes para el Lus-tre
(...)»69.
Además, argumentaba que su esposa D.ª Ursula de Lugo
Viña, fue llamada a suceder en el patronato después de haber
contraído matrimonio con persona que residía en Tenerife, por
lo que en virtud de este matrimonio, su esposa tuvo que cam-biar
de residencia, sin posibilidad de fijarla en la isla de La Pal-ma,
dada la escasez de los bienes que disponía uno y otro cón-yuge,
y la propia circunstancia del matrimonio «le imposibilitaba
a cumplir materialmente esa condicion impuesta», pero por otro
lado, las demás obligaciones impuestas por el fundador al pa-trono,
pueden ser cumplidas en su totalidad sin necesidad de que
éste haya de residir en la isla de La Palma.
Por su parte, el procurador Romero Pintado en nombre de
D.ª Beatriz Van de Walle, presentaba sus conclusiones el 22
de mayo. En su escrito, insistía en que hay que observar si
D.ª Ursula de Lugo Viña, había cumplido con la condición im-puesta
por el fundador para obtener el patronato, pues de no
cumplirla, debía ser declarada su representada como legítima
poseedora por ministerio de ley de la posesión civil y natural,
pues como dicen los autores Rey y Nicolás «es eficas la condizion
puesta por el testador de que los Sucesores en el Mayorasgo esten
obligados a habitar o tener Su residencia en cierta Ciudad, Villa o
lugar vajo la pena de perder los Bienes del Mayorasgo o Patrona-to
». A mayor abundamiento, considera que es totalmente lícito
que cualquier persona pueda imponer en sus fundaciones, cua-lesquiera
gravámenes, y en el supuesto de incumplir sus condi-ciones,
pierde todo el derecho al llamamiento, pues la finalidad
del que instituye solo se consigue fijando la residencia en el lu-gar
establecido por el fundador. Y esta es precisamente, la
«condicion impuesta absoluta y final voluntad por el testador, y
es la unica interpretacion que dan los autores en relacion a las
voluntades confusas y dudosas y si algunos señalan que ello no
69 Ibídem, fol. 89 vto.
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debe interpretarse de ese modo en el caso de mujeres que se casan
con varon con domicilio fuera de su lugar, y tienen que mudarse
para no contradecir a su marido, no por ello se va a quebrar la
voluntad del testador difunto sobre todo cuando se trata de dos
personas llamadas al Mayorasgo»70.
Finalizaba sus conclusiones, arguyendo que por la prueba
testifical practicada, se determina claramente que el ánimo y
última finalidad del fundador era «que sucediere D.ª Ursula de
Frias si viviera en La Palma y si no, las hijas del Cap.n D.n Luis
Van de Val, ya que estos si viven en La Palma».
Concluido este trámite de primeras conclusiones, y con ca-rácter
previo al dictado del auto definitivo, ambos litigantes pre-sentan
de manera resumida nuevas conclusiones. Si bien la re-presentación
de D.ª Beatriz Van de Walle, se limita a tener por
reproducida todas sus alegaciones y peticiones, la representación
de Urtusáustegui en un intento de acreditar los escasos bienes
que dispone el matrimonio en la isla de La Palma, acompaña
a su escrito relación de recibos de tributos de cuyas pensio-nes
son beneficiarios, los cuales daban a su favor un total de
ochocientos setenta y ocho reales con seis cuartos y tres mara-vedíes71.
El 1 de septiembre de 1762 dictaba López de León en la ciu-dad
de Santa Cruz de La Palma su Auto Definitivo, por el que
en virtud de las condiciones testamentarias impuestas por el
fundador, adjudicaba la posesión civil y natural de los bienes del
patronato a favor de D.ª Beatriz Van de Walle y Guisla72.
La reacción de Juan Antonio de Urtusáustegui, no se hizo
esperar, pues tres días más tarde, el 4 de septiembre presentaba
escrito de apelación que formalizaba ante la Real Audiencia de
Canarias, solicitando la nulidad del Auto Definitivo del 1 de sep-tiembre.
70 A.H.P.L.P., Exp. 9308, fol. 103.
71 Ibídem, fol. 124. Pagaban los citados tributos Domingo Van de Walle,
cinco pesos; Juan de Paz, 7 reales 7/4 ; Manuel Marquez de Aguiar, 144
reales ½; Licenciado Pérez, 63 reales y 7/4; Antonio Amoronte León, 56
reales y ¾; la madre abadesa del convento de religiosas claras, 4 reales ½;
y el padre guardián del convento de San Francisco,73 reales ½.
72 Ibídem, fol. 143.
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Interpuesta la apelación en tiempo y legal forma, la Real
Audiencia dicta una Real Provisión fechada el 28 de septiembre
de 1762, comunicando a D.ª Beatriz Van de Walle, la interposi-ción
del escrito de «apelacion, nulidad y agravio, (...) sobre el pa-tronato
que fundo D. Ignacio Andres de Frias contra el Auto
Definitivo», para que en el improrrogable plazo de 40 días, se
personara con procurador, extremo que cumplimenta el 29 de
noviembre siguiente.
En este estado, el 15 de enero de 1763, el procurador Carlos
Pérez López, en nombre y representación de Juan Antonio de
Urtusáustegui, presenta su escrito de apelación, solicitando una
vez más, se le haga entrega de todos los bienes del patronato y
se le declare su poseedor civil y natural, ya que el testador de-signó
a D.ª María Teresa de Acosta Frías, por su heredera usu-fructuaria
y patrona de una dotación piadosa, y fallecida ésta,
dispuso que todos sus bienes, derechos, acciones y fundado pa-tronato
recayeran en su esposa D.ª Ursula de Lugo Viña y Frías.
Urtusáustegui, manifestaba que se había producido un gran
error judicial en el citado Auto Definitivo, al haberse transferi-do
en D.ª Beatriz Van de Walle, «la posesion civil y natural por
ministerio de la ley y por esto se le mantuvo en la corporal», a
pesar de la disposición testamentaria del fundador, pues aunque
éste designó a D.ª Ursula de Lugo Viña y Frías sin circunstan-cias
modificativas, salvo la simple condición de residencia, ello
debe interpretarse en un error al declararse por condición y no
modo la precisión de habitar en la isla de La Palma, siendo así
que el modo no debe asumirse, por riesgo a incumplir el orden
de los llamados a suceder en el patronato, pero aún así, supo-niendo
que la condición de la residencia fuera para la mencio-nada
D.ª Ursula, condición rigurosamente potestativa, además,
ha de entenderse que su cumplimiento sea fácil y sencillo.
Considera totalmente absurdo el hecho de pretender que
D.ª Ursula de Lugo al tiempo de su soltería y para cumplir esta
condición, tuvo que haberse trasladado a la isla de La Palma;
contraer matrimonio sin el permiso correspondiente de sus pro-genitores
y luego obligar a su esposo a abandonar sus vincula-ciones
y mayorazgos en la isla de Tenerife, «pues es principio
basico del derecho que toda condicion es reputada por imposible
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que de hecho no se puede cumplir sin alguna dificultad, sin vio-lacion
de las buenas constumbres Civiles y naturales y en ultima
voluntad se reputa tal condicion por no puesta (...)», y por todo
ello debe dictaminarse que «(...) la Condicion puesta por el
testador al Heredero Legatario en el sentido que ha de vivir en
cierto y determinado lugar en este caso viola la libertad natural y
por tanto la causa impulsiva viene vestida de evidente torpeza por
el conocimiento del testador de las leyes y las buenas Costumbres
Civiles y naturales y el derecho tiene desterradas tales condiciones
de las ultimas voluntades. Los testadores pueden disponer a su
voluntad condiciones y gravamenes pero no cuando tales condi-ciones
son contrarias a las leyes»73.
Finaliza su escrito de conclusiones solicitando se declare que
su representado tiene todo el derecho a mantener la posesión
civil y natural de los bienes del patronato, pues en definitiva no
tiene lógica el que un posterior llamado a una sucesión sea ju-dicialmente
preferido, a un anterior designado, como en este
supuesto.
Once días más tarde, el 26 de enero inmediato, el procura-dor
Ponce Ravelo, presentaba las conclusiones de su represen-tada,
solicitando la confirmación en todos sus extremos del Auto
Definitivo. Exponía que el lustre de las personas y familias se
conserva cuando los bienes vinculados se mantienen unidos, y
esta es la manera de conservar la memoria del fundador.
Después de desgranar las circunstancias personales de todos
los llamados al patronato, manifiesta que en virtud de las con-diciones
impuestas por el presbítero Frías, el Auto Definitivo dic-tado
por el juez ordinario debe ser tenido como «justo y confor-me
a derecho digno de confirmar a D.ª Beatriz en la actual
corporal». Argumenta que el apelante no puede manifestar la
invalidez de las condiciones impuestas por el fundador, pues el
interés de éste es conservar su memoria y honor y quiere que
los sucesores residan en su misma isla, ya que «residiendo en otra
parte se perderia la memoria del fundador por lo que dicha
condicion tiene toda fuerza y virtud»74.
73 A.H.P.L.P., fol. 160.
74 A.H.P.L.P., Exp. 9308, fol. 163.
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Además, recuerda que el fundador como letrado en activo
conocía la diferencia entre la condición y el modo pues advertía
que «si ello no se cumple, hay la pena de privasion».
Continúa señalando que resulta innegable, que D.ª Beatriz
Van de Walle ha sucedido en esta fundación, sencillamente por
residir en esta isla, mientras que la parte contraria aunque ten-ga
la condición de inmediata sucesora no ha cumplido con las
condiciones impuestas, pues es evidente que el fundador no lla-ma
a la sucesión, sino a aquellos que cumplieran las condicio-nes
señaladas. De todo lo cual se infiere que no cumpliendo la
condición de residir en la isla de La Palma no cumple con la
expresa voluntad del testador, por lo que Urtusáustegui no pue-de
pretender que se le transfiera el dominio de los bienes que
no tiene «insi impleta conditione habitandi». Además, el funda-dor
señaló que «para el caso que sucediera D.ª Ursula que residia
en Tenerife con sus padres, no se viniera a la buenaventura a la
isla de la Palma sino que cuando se casara tuviera su residencia
en ella»75.
Finalizado este primer trámite de conclusiones, las partes
presentaban ante la Real Audiencia segundos escritos de conclu-siones.
Por último, el Presidente, Regente y Oidores de la Real Au-diencia
de Canarias, dictan con fecha 26 de mayo de 1767, su
Auto de Vista definitivo76.
D.ª Beatriz Van de Walle, satisfecha con el Auto de Vista dic-tado
por la Real Audiencia por el que se le reconocía como
única poseedora y patrona de los bienes del patronato fundado
por el presbítero Frías, interponía el 1 de junio de 1767 —y
transcurrido el plazo legal sin que Urtusáustegui hubiera inter-puesto
apelación—, nuevo escrito solicitando de esa alta instan-cia
judicial, que se declarase el Auto de Vista por «consentido y
pasado en autoridad de cosa jusgada».
Cinco días más tarde, presentaba nuevo escrito solicitando la
remisión de los autos al Relator, para su correspondiente infor-me
preceptivo.
75 Ibídem, fol. 170.
76 A.H.P.L.P., Exp. 9308, fol. 181.
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En vista del plazo transcurrido sin que la representación de
Urtusáustegui hubiera interpuesto apelación, la Real Audiencia
dicta oficio de fecha 20 de junio siguiente declarando firme el
Auto de Vista de 26 de mayo anterior.
Sin embargo, Juan Antonio de Urtusáustegui no estaba dis-puesto
a permitir que unos parientes con peor derecho suceso-rio
que su mujer, se salieran con la suya y ganaran esta batalla
legal. Su reacción es de imaginar. Dispuesto a no avenirse en lo
más mínimo, interponía el 26 de febrero de 1768, demanda en
forma de juicio ordinario y de propiedad contra D.ª Beatriz Van
de Walle, y solicitaba la correspondiente real provisión ordina-ria
de emplazamiento.
Esta nueva vía jurídica abierta por Urtusáustegui, tuvo el
efecto deseado y así el 5 de octubre de 1768, la Real Audiencia,
dictaba nuevo auto admitiendo la demanda de propiedad, des-pachando
al mismo tiempo provisión de emplazamiento a la
demandada77.
Tras más de siete meses de espera, sin noticias de D.ª Bea-triz
Van de Walle, el 20 de mayo de 1769, la representación de
Urtusáustegui vuelve a presentar escrito ante la Real Audiencia,
quejándose de que a pesar de la personación efectuada por
aquella en esta apelación —el 19 de diciembre anterior—, ésta
no había presentado aún alegación alguna, en vista de lo cual,
el alto tribunal dictaba nueva provisión requiriendo a la deman-dada
para que presentara las alegaciones oportunas.
Desde entonces, ya no consta en este expediente, ningún
escrito de alegaciones que hubiera interpuesto la parte apelada.
Desconocemos el motivo por el cual no existe constancia de ello.
En cuanto al expediente judicial, existe una última diligencia
dictada por la Real Audiencia fechada el 27 de mayo de 1769,
por el cual el alto tribunal recibe los autos a prueba.
Con posterioridad al recibimiento a prueba de los autos, tan
solo hay cuatro escritos presentados por la parte apelante. El
primer escrito, esta fechado el 27 de mayo de 1769; el segundo,
el 3 de octubre siguiente; el tercer escrito, fechado el 4 de julio
de 1770; y el último, el 18 de julio de 1770. En todos estos es-
77 Ibídem, fol. 187.
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critos, la representación de Urtusáustegui solicita y reitera que
estando estos autos en periodo de prueba, hay atracado en el
puerto de Canaria, el buque llamado «Nuestra Señora del Ro-sario
», con destino a la isla de La Palma, a fin de remitir a esa
isla, los autos para la práctica de la prueba.
Estas son las últimas diligencias judiciales existentes en el
expediente de referencia. A partir de este instante perdemos toda
pista acerca del proceso judicial.
De todo ello, podemos afirmar que no consta claramente el
resultado final del proceso de demanda en juicio ordinario y de
propiedad; sin embargo, del examen de otros documentos, sabe-mos
que la nueva maniobra de Urtusáustegui finalmente fraca-só,
pues de hecho D.ª Beatriz Van de Walle y Guisla disfrutó los
bienes de este patronato hasta el día 29 de enero de 1799, que
otorgaba ante el escribano José Manuel de Salazar, escritura de
cesión del patronato a favor de su hermano José Antonio Van
de Walle Guisla y de sus tres sobrinos.
VII. CONCLUSIONES
A pesar de no haber podido examinar la totalidad del nuevo
procedimiento judicial de demanda en juicio ordinario y de pro-piedad,
interpuesto por Juan Antonio de Urtusáustegui contra
Beatriz Van de Walle, sabemos de sobra por otros documentos
consultados, su resultado final.
Tan sólo, me gustaría hacer una pequeña reflexión en cuan-to
a la resolución judicial dictada y a los efectos que se derivan
de ella.
En relación a la primera de las cuestiones planteadas, que
se refiere en sí mismo al contenido de la escueta y concisa reso-lución
judicial dictada el 26 de mayo de 1763 por la Real Au-diencia
de Canarias, por virtud de la cual disponía la posesión
de los bienes integrantes del patronato en favor de D.ª Beatriz
Van de Walle, quiero señalar que leida ésta con detenimiento,
hay que llegar a la firme conclusión, que es conforme y se ajus-ta
a derecho. En efecto, la resolución judicial parte de la premi-sa
primordial de la «Condición y no Modo» de la claúsula fijada
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por el fundador, esto es, el patrono ha de residir obligatoriamen-te
en la isla de La Palma. Su incumplimiento lleva aparejada la
pérdida de todo derecho. Por ello, al incumplir Urtusáustegui y
su esposa, esta claúsula condicional, perdían todo derecho pre-ferente
sobre los bienes del patronato. Hasta aquí, todo resulta
bastante claro.
En cuanto a los efectos que se derivaron de la misma, que-dan
en el aire algunos interrogantes. Como es posible que una
persona y su descendencia, que no fueron llamados bajo nin-gún
concepto ó título jurídico en el testamento del fundador,
pudieran suceder y disfrutar los bienes de un vínculo o patro-nato,
sin contradicción ni oposición alguna. Por este mismo
razonamiento, también nos preguntamos, el motivo del porque
fallecida D.ª Beatriz Van de Walle, última sobreviviente de las
llamadas a suceder por el fundador, no recayera este patronato
en algunos de los hijos del matrimonio Urtusáustegui-Lugo Viña,
que también habían sido llamados a la sucesión, sin la rigurosa
condición que se le había impuesto a sus padres, esto es, el re-sidir
forzosamente en la isla de La Palma.
Sabemos que Juan Antonio de Urtusáustegui y su esposa
D.ª Ursula de Lugo Viña y Frías, perdieron sus derechos preferen-tes
sobre el patronato, por incumplir precisamente la rigurosa
condición de residir en la isla de La Palma. Sin embargo, falleci-da
sin sucesión alguna Beatriz Van de Walle así como las demás
hermanas llamados en el testamento a la sucesión del patronato,
queda sin respuesta la pregunta de que con que derecho dispuso
ésta última señora, para ceder a su vez, los bienes del patronato
Frías a su hermano y sobrinos, en perjuicio de otras personas que
habían sido llamadas a suceder, como en el caso de la descenden-cia
legítima del matrimonio Urtusáustegui-Lugo Viña.
Mucho me temo, que fallecidos los dos cónyuges del matri-monio
Urtusáustegui-Lugo Viña en la isla de Tenerife, sus hijos
y descendientes, no tuvieron conocimiento de la artimaña de
Beatriz Van de Walle en el año 1799, o enterados de ello, no
quisieron iniciar nuevos procedimientos judiciales farragosos,
máxime cuando ello podía significar otros veinticinco años o
mas de nuevas actuaciones, con los consiguientes costes econó-micos
que ello conllevaría.
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Y es precisamente por estas dudas e interrogantes que no
sabremos y que dejamos en el aire, lo que hace que realmente
consideremos que se trata de un litigio realmente peculiar, pues
si bien, el proceso concluye con una resolución judicial acerta-da
y ajustada a derecho, de su consecuencia final resulta el in-cumplimiento
del espiritu del fundador, esto es, que suceda en
los bienes del patronato algunos de los llamados a suceder en
su testamento, bien en las personas designadas nominalmente
o en las de sus descendencias legítimas. Como hemos podido
ver, no fue así, pues finalmente disfrutaron estos bienes una lí-nea
familiar que si bien estaba emparentada con algunas de las
personas designadas en el testamento del fundador, no habían
sido en absoluto llamados a suceder en el patronato.
De cualquier manera, hemos visto que al igual que otros
muchos pleitos que se desencadenaron en la misma época, trans-currieron
más de veinticinco años desde la muerte del funda-dor,
con el inicio de las primeras actuaciones judiciales, hasta el
momento que se dictó por la Real Audiencia, la sentencia defi-nitiva
del patronato Frías, en favor de Beatriz Van de Walle y
Guisla.