Reflejos de un conflicto eclesiástico : el traslado a Telde de la sede del Cabildo Catedral a comienzos del siglo XIX

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REFLEJOS DE UN CONFLICTO ECLESIÁSTICO:
EL TRASLADO A TELDE DE LA SEDE
DEL CABILDO CATEDRAL A COMIENZOS
DEL SIGLO XIX
P O R
PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS
1. INTRODUCCIÓN
La crisis del Antiguo Régimen en Canarias tuvo unas con-secuencias
funestas para la región, su estructura productiva y
su organización sociopolítica, situación que influyó y repercutió
en algunos aspectos de evidente trascendencia hasta fechas
recientes. La recesión económica incidió drásticamente en la
formación social regional y en la desarticulación de la estruc-tural
complementaridad entre las islas, dando lugar a una no-table
pauperización de las clases populares que veían incre-mentados
sus efectivos de forma progresiva. El propio grupo
de poder buscó alternativas para mantener y aumentar los in-gresos
hasta ese momento detentados mediante el incremento
de la presión sobre el campesinado, la acaparación de bienes
inmuebles, fuera esta realizada de forma legal o no, etc. Ade-más
se entró en una espiral de conflictividad entre los diversos
sectores de los poderes insulares en su intento de convertirse
cada uno de ellos en el grupo socieconómico predominante en
la región y, a su vez, ser los únicos interlocutores políticos vá-
PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS
224 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
2
lidos con el Estado, tal como se observó con el tumultuoso li-tigio
emprendido entre los poderosos de Gran Canaria y
Tenerife durante el período de las juntas de 1808-1810 1.
A esta élite sumida en un conflicto interno y atenazada por
sus preocupaciones para mantener a toda costa sus ingresos
económicos y predominio social pertenecían los miembros del
Cabildo Catedral. En estas fechas los prebendados se encon-traban
mediatizados por unas profundas contradicciones inter-nas,
pues la politización de la vida social en las islas les afec-taba
de manera directa, ya que muchos de sus componentes
estaban unidos por lazos de sangre, filiales o económicos con
parte de los miembros de los sectores del poder enfrentados.
La crispación se había instalado en el seno del Cabildo en los
años de 1808-1810 cuando, para evitar posibles consecuencias
de funestos resultados, habían renunciado sus integrantes a
apoyar explícitamente a cualquiera de los grupos de poder de
Tenerife o Gran Canaria. Pero ello no evitó una profunda fi-sura
y crisis política en el Cabildo entre los partidarios de las
posturas enfrentadas que, con posterioridad, se transformaron
en enfrentamientos entre eclesiásticos con ideas absolutistas y
liberales o entre favorables o no a la división de la diócesis,
último peldaño alcanzado por la controversia entre los pre-bendados.
También el Cabildo Catedral se encontraba sojuz-gado
por una grave crisis económica, organizativa, ideológica,
social y de autoridad en una etapa donde las transformaciones
generales habían minado los sólidos basamentos eclesiásticos
que, en fases pretéritas los habían encumbrado hasta llegar a
convertirse en uno de los máximos representantes del poder
real en la región. La caída de las rentas de los diezmos, la
intervención real en las finanzas del clero, la multiplicación de
contribuciones, la creciente laicización y anticlericarismo de la
sociedad, la falta de alternativas pastorales al socorro espiri-
1 B. BONNET Y REVERÓN, La Junta Suprema de Canarias, Santa Cruz
de Tenerife, 1981; M. GUIMERÁ PERAZA, El Pleito Insular (1808-1936), San-ta
Cruz de Tenerife, 1976; A. MILLARES CANTERO, «1810: ¿Conspiración se-paratista
en Las Palmas? Propuesta de reinterpretación sobre el “trienio
detonante” del pleito insular decimonónico», en Revista de Historia de
Canarias, núm. 174, pp. 255-375, La Laguna, 1984-1986.
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REFLEJOS DE UN CONFLICTO ECLESIÁSTICO 3
tual de los fieles, el antagonismo estéril contra los proyectos
ilustrados de reforma del clero emprendida por varios obispos
(Venegas, Tavira, Verdugo) o el laberinto ideológico en que
habían caído la mayoría de sus miembros, permitió manipu-lar
a ciertos sectores de los poderes insulares, utilizar las opi-niones
de la entidad y sus decisiones en beneficio de las pos-turas
que defendían.
La trayectoria del Cabildo Catedral de Canarias se inició a
partir de su fundación oficial el 22 de mayo de 1483, cuando
en Sevilla se realizaron sus primeros estatutos, donde estuvie-ron
presentes para elaborarlos y dar fe, entre otros, el obispo
de la diócesis Juan de Frías 2. El Cabildo Catedral en las islas
existía como tal institución, en muchos casos sólo como mero
recurso retórico, desde la fundación del obispado del Rubicón
en la isla de Lanzarote, siendo su primer vicario, provisor y
presidente el franciscano Jean Le Verrier 3. Después de Verrier
apenas si se conocen miembros efectivos del Cabildo, en todo
caso se reducirían a uno o dos, salvo el deán Juan Bermúdez
que participó en 1478 en la conquista de Gran Canaria y pro-longó
su mandato hasta 1496. Hasta la citada fecha de 1483
el resto de los componentes del capítulo, si los había, serían
simplemente cargos honoríficos o sin plena jurisdicción en las
islas.
Tras la creación de la diócesis del Rubicón, los problemas
para su funcionamiento debieron sucederse, quizá por las pro-pias
características socioeconómicas y políticas de la isla don-de
se ubicaba la sede, su virtual interinidad o las posibilida-des
de acogida que propiciarían otras islas en plena etapa de
conquista. Así, apenas transcurridas tres décadas del estable-cimiento
de la diócesis del Rubicón se registran ya varias
disposiciones papales para conceder el traslado de la sede
obispal desde Lanzarote a la isla de Gran Canaria y, con ella,
a la propia Catedral y su clero adjunto. Tales mandatos, como
2 A. MILLARES TORRES, Historia General de las Islas Canarias, tomo III,
Las Palmas de Gran Canaria, 1977.
3 Le Canarien. Crónicas francesas de la conquista de Canarias, Santa
Cruz de Tenerife, 1986; A. RUMEU DE ARMAS, El Obispado de Telde. Misio-neros
mallorquines y catalanes en el Atlántico, Madrid, 1986.
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4
el del papa Eugenio IV datado el 25 de agosto de 1435 o el de
Sixto IV el 29 de agosto de 1482 4, no fueron efectivos hasta
la definitiva pacificación de Gran Canaria, el asentamiento de
una sustancial población y, además, seguramente, tras diluci-darse
su nuevo emplazamiento entre los núcleos de Gáldar,
Telde o Las Palmas. El obispo, la Catedral y el Cabildo se
instalaron en su nueva sede posiblemente el 20 de noviembre
de 1485, aunque los prebendados ya habían elaborado sus
primeros estatutos internos en el citado año de 1483 y quizá
estaban emplazados con anterioridad en Las Palmas. Ni en los
estatutos del citado año ni en el total de los 172 elaborados
desde esas fechas y vigentes en 1636 se mencionaba una reso-lución
sobre el lugar de ubicación de la sede cabildalicia ni
una prohibición taxativa que impidiera la movilidad de su sede
oficial desde Las Palmas a otro lugar de la isla o Archipiéla-go,
ya que su localización en un primer momento fue un he-cho
accidental y obligado por la reubicación y determinación
del propio grupo de poder insular y no por decisión explícita
de una jerarquía eclesiástica. De esta manera, los prebendados
cabildalicios en Canarias seguirán las determinaciones esta-blecidas
por la reforma gregoriana de los siglos XI-XII, cuando
se obligaba y unía la corporación de clérigos formados por
capitulares a una iglesia catedral concreta, para que éstos
pudieran adquirir una personalidad jurídica propia respecto a
otras instituciones eclesiásticas.
Al igual que otros Cabildo peninsulares, los prebendados
canarios no ocuparon y desempeñaron siempre sus tareas en
su sede oficial e, incluso, en varios períodos debieron por fuer-za
mayor desplazarse a otros núcleos de población de la isla
en su intento de escapar de los ataques piráticos y las epide-mias.
Hasta el comienzo del siglo XIX, estos traslados momen-táneos
no tuvieron un carácter oficial y de proclamación de
sede interina alternativa a la tradicional de Las Palmas.
4 J. DE VIERA Y CLAVIJO, Noticias de la Historia general de las Islas Ca-narias,
Santa Cruz de Tenerife, 1980.
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REFLEJOS DE UN CONFLICTO ECLESIÁSTICO 5
2. LOS PRECEDENTES
El primer intento de traslado momentáneo del Cabildo des-de
Las Palmas a otros lugares de la isla se produce en el in-vierno
de 1523, tras declararse en Gran Canaria una grave
epidemia de peste. Los prebendados, un reducido número a
causa de las reiteradas renuncias, permutas y prolongadas
ausencias de varios de sus componentes, vieron con preocu-pación
la extensión de la enfermedad por la ciudad y entre sus
propios servidores, temiendo que les afectara y quedara el
culto en la Catedral sin el debido servicio. El propio Cabildo
denunciaba en febrero de ese año «que por todos los pecados
quiere con sus (...) castigar esta ciubdad, según lo creen y
parece por las muchas personas que en este pueblo an falle-sido
y falleçen y las que pueden huyen y se van desta cib-dad
» 5. La epidemia se prolongó durante varias semanas, inci-diendo
sobre el número de prebendados y reuniones del
Cabildo, el cual apenas se pudo convocar ante la falta de
miembros que habían huido al campo o a la isla de Tenerife.
Finalmente, no se llevó a cabo la intención de traslado hacia
otra localidad al amortiguarse la epidemia, aunque otra vez en
1528 se vuelven a reproducir las mismas escenas de contra-dicción
entre los capitulares tras un nuevo brote de la enfer-medad.
En ese año los prebendados acordaron no celebrar
más reuniones cabildalicias hasta que «la pestilençia no seje
en esta ciudad y agora de nuevo torna a mudar», como única
manera de «asegurar la salud e vida», para evitar temores y
sólo se acudiera a las convocatorias cuando se avisara, per-diendo
el no asistente la mitad de las distribuciones de las
horas. Al que se había asentado en otro lugar de Gran Cana-ria
se le permitía volver en quince días y si estaba en otra isla
tendría de plazo hasta un mes, bajo pena de no ganar rentas
si faltaban a los llamados 6.
5 ARCHIVO DEL CABILDO CATEDRAL DE LA DIÓCESIS DE CANARIAS, Actas
del Cabildo, tomo I, Acuerdo de 23-2-1523.
6 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo I.
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228 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
6
Pero a estos dos períodos de epidemias que casi obligaron
al Cabildo a evacuarse al completo fuera de Las Palmas, se
sucedieron otros dos episodios de especial relevancia, singu-larizadores
del tránsito entre los siglos XVI y XVII en Gran Ca-naria.
Uno de ellos fue el ataque de la flota neerlandesa a Las
Palmas a mando de almirante Van der Does, el cual se tradu-jo
en el asalto y toma por las armas de la ciudad, la cual es-tuvo
bajo el poder de los corsarios entre el 26 de junio y el 4
de julio de 1599. Antes del ataque y después de dar aviso del
peligro las autoridades civiles, los capitulares habían enviado
hacia Santa Brígida, Utiaca y Teror los ornamentos e imáge-nes
de la Catedral y papeles del Cabildo, instalándose ellos
mismos en esos pagos para escapar del fragor de la batalla.
El Cabildo Catedral no se reunió oficialmente desde el 18 de
junio hasta el 8 de noviembre de 1599, aunque si se realizaron
acuerdos o encuentros entre sus integrantes durante este pe-ríodo
no quedó ningún dato sobre los mismos ni existieron
referencias a ellos en actas posteriores, quizá para evitar pro-clamar
una sede cabildalicia interina durante este período por
la posible conflictividad que podía ocasionar en una etapa de
tanta emergencia. Lógicamente, los encuentros entre los capi-tulares
se celebraron para concretar actos como las fiestas con
cierto arraigo popular —Virgen del Pino, Día de difuntos—,
decidir sobre aspectos como el remozamiento, reconstrucción,
limpieza de la Catedral, de la sede cabildalicia o de las casas
particulares de cada prebendado y de mantener la contabili-dad
de las partidas diezmadas. Pero ningún acto tuvo rango
oficial ni constó en acta alguna, ya que su celebración hubie-ra
significado la titularidad interina del Cabildo y Catedral en
el lugar de reunión.
Los posteriores brotes de peste registrados en la ciudad
desde 1601 hasta 1606 7 no influyeron en el cese de las reunio-nes
del Cabildo, aunque el 22 de abril de 1602 los preben-dados
informaban al obispo, Francisco Martínez, de que la
ciudad «está muy apestada, los que enferman no escapan por-que
no hay medicinas ni médico y los sirujanos se van mu-
7 A. ANAYA-A. ARROYO, «La Peste de 1601-1606 en las Islas Canarias», en
Revista de Historia Canaria, núm. 174, pp. 175-202, La Laguna, 1984-1986.
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REFLEJOS DE UN CONFLICTO ECLESIÁSTICO 7
riendo, y en casi todas las casas de la ciudad ay contagio y en
casa de los señores prebendados an caydo muchos enfermos,
a cuya causa están muchos fuera de sus casas y otros en los
campos y servidores del choro, monasillos, múçicos, capella-nes
an muerto diez u doze personas, y apenas se pueden
escusar de tratar con gentes apestadas por tener ya todas oca-sión
desta enfermedad» 8. La epidemia incidió en el volumen
de las reuniones de los prebendados y en el número de sus
integrantes, contando muchas de ellas con 6 miembros de los
21 nombrados y obligados en ese momento, siendo ejemplo
de ello el encuentro celebrado el 22 de abril cuando sólo asis-tieron
el deán Francisco Mexía, el prior Ruiz de Salazar, el
arcediano de Fuerteventura Bartolomé Polo y los canónigos
Armas, Sarabia, Muñoz y Cairasco 9.
Pero lo que no propició la grave epidemia, sí lo hizo la
alarma de un nuevo asalto pirático a Las Palmas, que generó
un sentimiento de inquietud generalizada entre los preben-dados
y resto de vecinos. De inmediato, se mandó, como en
otras muchas ocasiones, los ornamentos, dinero y papeles de
la Catedral y el Cabildo al campo y varios prebendados se di-rigieron
hacia diversas localidades fuera de Las Palmas para
la búsqueda de refugio. Esta precipitada salida motivó que en
el período comprendido entre el 31 de mayo de 1602 y el 24
de diciembre de ese año, por encontrarse el libro de actas
fuera de Las Palmas, se anotaran los acuerdos de las reunio-nes
en un cuadernillo aparte que, con posterioridad se fijó al
libro oficial de registros de los cabildos. El posible asalto y el
recrudecimiento de la epidemia de peste coadyuvó al incre-mento
de las ausencias de los clérigos en las reuniones. La
8 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo IX, Acuerdo de 22-4-1602.
9 Además de éstos, el Cabildo Catedral se conformaba en dicho año
por los racioneros: Antón Vega, Garci Gómez, Hernando del Castillo, Sal-vador
Gil, Gabriel Núñez, Jerónimo Álvarez de Segura, Rodrigo de
Betancor y Alonso Lezcano. Los canónigos eran: Pedro Espino, Juan de
San Juan, Gonzalo Hernández de Medina y Juan Bautista Espino, además
del arcediano de Tenerife, Fernando Díaz de Vera, el maestrescuela, Pedro
Camino, ausente en la Península, y el chantre, Martín García de Cenice-ros,
sobrino del obispo, quedando el resto de las plazas cabildalicias vacas
en ese momento.
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8
situación de inasistencia de los prebendados se mantiene has-ta
julio de 1602, cuando se declara el fin de la peste y se rea-lizaron
procesiones y misas de gracias —se celebra una misa
mayor, fiesta e iluminarias y se dispuso que la población se
«regosixe con chirimías e músicos»—, con especial dedicación
al Cristo de la ermita de la Vera Cruz de la ciudad. Tampoco
en este año se encontraron los suficientes argumentos entre
los prebendados para trasladar la sede cabildalicia a Teror o
Santa Brígida, ya que los pocos miembros presentes en Las
Palmas siguieron gestionando adecuadamente el culto, las ren-tas
y las decisiones tomadas en este período, que en ningún
caso fueron trascendentes para evitar posteriores litigios con
los ausentes.
En las épocas de epidemias y de alarmas de posibles ata-ques
piráticos a Las Palmas era cuando menos podía el Cabil-do
controlar las ausencias de sus miembros, ante el pavor a
la enfermedades o muerte, el aislamiento forzoso de otros al
contraer el mal o no querer regresar a la ciudad para no
contagiarse. En ellas se planteaban dudas sobre el manteni-miento
de las reuniones, los encuentros en otros lugares o la
situación plateada en la ciudad respecto al culto. Ejemplo de
esta situación fue el citado año de 1602, cuando en pleno apo-geo
de la epidemia de peste en Las Palmas, el canónigo Juan
de San Juan huyó de su casa y la ciudad al observar síntomas
de la enfermedad en un familiar, lo cual participó al Cabildo
mediante una carta, justificando su marcha, que no fue volun-taria,
pues «por huir del peligro haçe la ausençia e protesta
ganar su renta en todo el tienpo que estuviere ausente». Así,
el miedo generado entre los capitulares provocó un gran
descontrol en el seno del Cabildo, ya que a los capítulos de
febrero de 1602 sólo asistieron ocho, acordando los reunidos
obligar a los miembros estantes en la ciudad —canónigos
Medina y Castillo y racionero Betancor— a que vinieran bajo
pena de no ganar sus rentas, de la misma forma se mandaba
una carta perentoria al arcediano de Tenerife comunicándole
el fin de su ganancia, si no regresaba a servir en la Catedral
en 20 días 10. Meses después, el agravamiento de la epidemia
10 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo IX, Acuerdos de 11 y 25-2-1602.
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REFLEJOS DE UN CONFLICTO ECLESIÁSTICO 9
dio motivo a mayores miedos y ausencias, así el capítulo del
22 de abril contaba con seis personas, a causa, según el canó-nigo
Gaspar de Armas, que la ciudad «a muchos meses está
apestada, que cuya causa a hecho muchas ausencias a el cam-po,
porque no hay otro reparo en ella por no aver médico, ni
aver medicinas y va pereçiendo la gente que está en la çiudad,
e se sale por la misma ocasión, pues va tan adelante el mal
que protesta ganar su renta, pues ay tan eminente peligro de
la vida en ella».
Pero todas estas vicisitudes no fueron causa suficiente para
el traslado de la sede del Cabildo a otro pago de la isla, ni
que los capitulares se reunieran en sesión plena para diluci-dar
sobre cualquier tema. La «inmemorial» presencia de los
capitulares en Las Palmas, la propia Catedral y su culto y el
prestigio de los capitulares en mantener la tradición impidie-ron
en todo momento el traslado de éste por causa mayor a
otro cualquier lugar de la región hasta el siglo XIX.
3. LA EPIDEMIA DE FIEBRE AMARILLA DE 1811
De la misma intensidad mortífera e influencia psicológica
sobre la población como las ya citadas fue el brote de fiebre
amarilla declarado en Las Palmas en el verano de 1811 11, el
cual provocó una elevada mortalidad en el vecindario y en el
propio seno del Cabildo al segar en 20 días la vida de cinco
capitulares, incidir en la fuga masiva de los vivos y en la
ausencia de casi todos los ministriles del servicio de la Cate-dral.
Las señales de alarma de un posible brote epidémico se
habían recibido de la Junta de Sanidad de La Orotava, donde
se instaló un cordón sanitario, y de la Junta de Sanidad de
Cádiz, ciudad afectada gravemente por la fiebre amarilla. El
comandante general de las islas, Duque del Parque, en cuaren-
11 Una relato pormenorizado de los sucesos y estragos de la fiebre
amarilla sobre la población Guía, Las Palmas y Telde fue realizado por el
médico J. DE SANTA CLARA, Memoria de lo ocurrido en esta isla de Gran
Canaria con la invasión de fiebre amarilla en los años 1810-1811, Las Pal-mas
de Gran Canaria, 1863.
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10
tena desde su arribo a Gran Canaria, mandó el 25 de di-ciembre
de 1810 a prevenir todo lo necesario para impedir la
entrada de enfermos en las islas y el Ayuntamiento de Gran
Canaria pidió al Cabildo Catedral nombrara una diputación
para, conjuntamente, ir a Teror y comenzar un novenario en
el santuario de la Virgen del Pino como única intercesora de
la población, a lo que pusieron inconvenientes los prebenda-dos
por los numerosos litigios arrastrados contra los regidores.
Las diversas medidas preventivas no evitaron la propaga-ción
de la epidemia, que rápidamente se extendió entre la
población, desnutrida y empobrecida, nombrando de inmedia-to
el Cabildo Catedral a un teniente de cura y a un sacristán
para que administrara los sacramentos, comuniones y extre-maunciones
por la calle a los enfermos, con una sobrerenta
diaria para el primero de 2.040 maravedís y la mitad para el
segundo. El 4 de enero de 1811 el obispo Manuel Verdugo
pedía, en voz de la Junta de Sanidad, se buscara un sustituto
al teniente de cura nombrado, en ese momento enfermo, ya
que era muy difícil encontrar eclesiástico en la ciudad, sólo
quedaba como único cura en la parroquia Juan de Frías, por
la huida masiva de estos. el prelado recordaba que si los en-fermos
eran muchos y si «el ministro que hiciere la admi-nistración
quedase degregado y de esto se siguiere falta de
servicio correspondiente de la parroquialidad, el Cabildo pro-veerá
el remedio nombrando en caso necesario un yndividuo
suyo que supla por el degregado 12».
Pronto el Ayuntamiento de Gran Canaria comenzó a solici-tar
contribuciones a la Mesa Capitular a causa de sus graves
carencias presupuestarias, la imposibilidad de sostener duran-te
mucho tiempo un cordón sanitario adecuado y mantener los
mínimos suministros de cereales a la población. El 19 de fe-brero
el Cabildo contribuía con una ayuda de 153.000 mara-vedís,
aunque sus limosnas no impidieron que lentamente la
epidemia se extendiera por la ciudad, con especial virulencia
durante los meses del verano de 1811, generando la súplica
del Ayuntamiento y el clamor del vecindario que, para luchar
12 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXIV, Acuerdo de 4-1-1811.
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REFLEJOS DE UN CONFLICTO ECLESIÁSTICO 11
contra el mal, deseaban se trajera desde Teror a la Virgen del
Pino, como única taumaturga para conjurar la enfermedad,
aunque el Cabildo, celoso de sus prerrogativas en estas fun-ciones,
sólo accedió a su venida a partir del 19 de agosto. Por
otro lado, el Corregidor, como presidente de la Junta de Sani-dad,
daba datos alarmante de la situación de la epidemia de
fiebre amarilla en la ciudad al estar los barrios de Triana y
San Nicolás con un elevado número de enfermos por las ca-lles
a causa, juzgaba, de su «miseria, malos alimentos, falta
de aseo y asistencia de los enfermos», para cuyo socorro in-mediato
el Cabildo le entregó otros 153.000 maravedís. Ade-más,
los eclesiásticos a partir del 19 de agosto le notifican al
teniente de cura Agustín Betancurt que pasara al barrio de
San Nicolás y quedara allí «confinado y administrar los san-tos
sacramentos a los enfermos» con la obligación de colocar
en la ermita del lugar al Santísimo Sacramento y tener el edi-ficio
con toda decencia 13. A su vez, se mandaban a fray Mau-ricio
de San Felipe, carmelita, a administrar los sacramentos
a los enfermos residentes en el hospital de Vegueta, mientras
el provisional de Triana era adjudicado al teniente de cura
Mariano Rodríguez 14.
Incluso, por las mismas fechas, la propia Junta de Sanidad
de la isla prohibió la celebración de los días de San Bernardo
y San Agustín, patronos respectivamente de dos conventos de
la ciudad, y ni «se dixese misa los días de fiesta en las ermi-tas
estrechas con motivo de la enfermedad». A esta orden se
añadió, para evitar el peso psicológico sobre los enfermos, los
traumas en las familias y la pesadumbre general, se hicieran
13 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXIV, Acuerdo de 19-8-1811.
Betancurt era sustituto del cura Pedro Gordillo, dándosele un sueldo anual
de 204.000 maravedís.
14 El Cabildo accede a una petición del Provisor del obispado que
quería crear un hospital de convalecientes de Vegueta en el convento de
San Agustín, pasando los regulares a residir, mientras durara la epidemia,
al Seminario Conciliar, desocupado en esos días. Los capitulares acepta-ron
con tal que se mantuviera el servicio de la parroquia del Sagrario en
la iglesia del Seminario, hasta que se concluyera la nueva iglesia que se
estaba construyendo, véase A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXIV,
Acuerdo de 2-9-1811.
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12
procesiones fúnebres o se tocaran las campanas para los ofi-cios
y enterramientos.
La llegada de la Virgen del Pino el sábado 24 de agosto se
efectuó por la zona de la muralla norte de la ciudad, sirvien-do
de hospicio de acogida la ermita de San Telmo, ante la
imposibilidad de acceder por el barrio de San Nicolás a su
ermita por estar «confinado el punto de baxada». La imagen
venía acompañada por los tronos del Arcángel San Gabriel y
San Roque, además de los tradicionales de San Juan de
Arucas, San Lorenzo o Santa Brígida de La Vega. Pero el po-der
de la Virgen para conjurar la enfermedad en esas fechas
no fue suficiente, pues ésta arreció con gran fuerza a lo largo
de todo ese verano y otoño.
El Ayuntamiento, ante la gravedad y mortandad de la epi-demia
—en la isla ocasionó más de 2.000 muertos, de ellos
unos 300 fueron prisioneros franceses confinados en la ciu-dad
15—, recurre al Cabildo Catedral para solicitar nuevas con-tribuciones
especiales y de socorro a la población, incapaces
de ser cubiertas con otros 204.000 maravedís de limosnas en-tregados
por los prebendados. El 2 de septiembre los regidores
pedían se les hiciera un préstamo del fondo de la universidad
de La Laguna, aún no creada, o cualquier otra cantidad
disponible hasta un total de 11.730.000 maravedís para impe-dir
la muerte por inanición de la mayoría del vecindario, con
la garantía de que la corporación acudiría al gobierno de la
nación para la aprobación de la partida. La demanda no fue
correspondida por el Cabildo, al estar las arcas vacías, según
los eclesiástico, por la demora de la llegada de la renta de los
diezmos y el volumen de limosnas otorgadas a diversas enti-dades,
todo sacado de sus arcas, además, tenían el temor por
«el corto número de señores capitulares que existe en el día
en la iglesia (5) carecen de algunos conocimientos necesarios
del estado de los ramos de su administración, ni tampoco hay
contaduría formal que dé las noticias» por las ausencias en el
15 A. MILLARES TORRES, op. cit.; F. M. DE LEÓN, Historia de las Islas
Canarias (1776-1868), Santa Cruz de Tenerife, 1966; J. A. ÁLVAREZ RIXO,
Cuadro histórico de estas Islas Canarias de 1808 a 1812, Las Palmas de Gran
Canaria, 1955.
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REFLEJOS DE UN CONFLICTO ECLESIÁSTICO 13
campo de la mayoría de sus componentes, haciéndose un lla-mado
general de residencia a los ministriles de la Catedral y
a los capitulares 16.
La notable mortalidad entre los vecinos de la ciudad y,
especialmente, en el barrio de San Nicolás, se vio agravada
por el desamparo eclesiástico en administrar los santos sacra-mentos,
después afectar la enfermedad a teniente de cura
Agustín Betancurt. La situación era muy desesperada por el
galopante incremento de la mortalidad y las necesidades de la
población, propiciando la dimensión de la catástrofe la crea-ción
de una diputación civil de visita al Cabildo Catedral cu-yos
componentes fueron el alcalde mayor, don Juan Bayle
Obregón, el gobernador de armas, don Simón Ascanio, y el
diputado Francisco Penichet 17. La propuesta presentada a los
16 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXIV, Acuerdo de 2-9-1811.
17 Sólo a partir de la segunda mitad del siglo XIX se lograron realizar
importantes avances contra los brotes de la fiebre amarilla y su incidencia
en la población. Así, varios médicos asentados en las islas intentaron im-plantar
diversos procedimientos foráneos contra esta epidemia destacan-do,
entre otros, D. VÍCTOR PÉREZ, Sistema de aclimatación previa para evi-tar
la fiebre amarilla o disminuir su intensidad, Santa Cruz de Tenerife,
1880. A este trabajo se sumó el del afamado médico PATRICIO DE LA GUAR-DIA,
Método de curar la fiebre amarilla, Santa Cruz de Tenerife, 1871. En él
mencionaba diversas estrategias para combatir tres tipos de manifestacio-nes
febriles, según fuera su intensidad, algunas de ellas mediante métodos
ciertamente drásticos. En las tres modalidades reseñadas el paciente de-bía
ser sometido a una serie de lavativas para eliminar todas las impure-zas
de su organismo. El líquido de cada edema estaría formado por dos
cucharadas de miel de caña y una de aceite de oliva, bien batidas, cocina-das
con malvas hasta formar un tristel regular. Al enfermos se le pondrían
tantas lavativas como fueran necesario para la limpieza a fondo de los
intestinos, siendo compuesto el último de los edemas sólo por malvas y
unas gotas de aguardiente de caña. Al paciente, tras esta fase se le daría a
tomar una pequeña taza de agua de borraja con unas gotas de una compo-sición
especial para que sudara. El compuesto se realizaría a base de me-dia
libra de espíritu de vino (35-40 grados), ocho granos de quinina y una
onza de azahar. El paciente bebería sucesivas infusiones, cada cuatro ho-ras
durante dos días, para que aumentara su temperatura y sudara, ade-más
de abrigarse lo más posible. Trascurrido este tiempo y aliviado en su
dolor, comenzaría a tomar caldo de pollo, pasando luego a ingerir carne
de pollo o ternera asada y, sólo tras 15 días, comería algo de verdura. Si
la fiebre era perniciosa, se haría el mismo proceso pero en las lavativas se
PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS
236 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
14
capitulares era que se les entregara un total de 10.200.000
maravedís para la compra de víveres e intentar atajar la
enfermedad por el Ayuntamiento y la Junta de Sanidad. Las
iniciales reticencias a dar cualquier cantidad por el Cabildo se
suavizaron rápidamente, cuando la diputación los conminó y
amenazó a que «se vería precisada a usar de los vigorosos
medios que tiene a su arbitrio y exigue la salud pública por
ser éste uno de los casos en que los magistrados se hallan
autorisados para echar mano de qualquiera caudales en bene-ficio
de la humanidad». La contundente respuesta de la autori-dad
civil —nunca los regidores o sus representantes se habían
mostrado tan poco comedidos en sus propuestas al Cabildo,
señal de la debilidad en esos momentos de los capitulares—,
llevó a los prebendados a dictar órdenes a los contadores para
que revisaran las arcas y se cuantificara sus contenidos. En el
arca de la universidad de La Laguna gestionada por los capi-tulares
se hallaron un total de 4.409.805 maravedís y en la del
noveno extraordinario, las dos únicas con dinero de las cua-tro
existentes, 604.376, que sólo cubrían el 49,1% del dinero
demandado18. Ante este panorama, se generan nuevos requeri-mientos
de las autoridades civiles para que el Cabildo cediera
los cereales almacenados en la cilla del partido de la ciudad,
por reintegro o comprado a precio equitativo, aunque no se
pudo hacer nada ya que los eclesiásticos hacía días lo habían
distribuido entre sus servidores como forma de abonarle sus
salarios.
4. EL CABILDO CATEDRAL EN 1811
A comienzos del año 1811 el Cabildo Catedral estaba com-puesto
por un total de 29 miembros siendo estos el deán Mi-duplicaría
la cantidad de aceite, y si no sudaba con ese método «se cojen
tres piedras de cal virgen, como del peso de una libra, y se envuelven
separadamente, cada una en un pedazo de trapo mojado en aguardiente,
y luego en otro trapo enjuto, y los tres envoltorios se colocan entre sába-nas,
como a 4 pulgadas del cuerpo: uno junto a los pies y cada uno de los
otros dos al costado del cuerpo, paralelos al corazón».
18 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXIV, Acuerdo de 3-9-1811.
Núm. 48 (2002) 237
REFLEJOS DE UN CONFLICTO ECLESIÁSTICO 15
guel Mariano de Toledo, el arcediano de Canaria Antonio Ma-ría
de Lugo y Molina, el chantre Luis Manrique de Lara, el
tesorero Lorenzo Montesdeoca, el maestrescuela Andrés Arbe-lo,
el prior Antonio Jacinto Ruiz, el arcediano de Tenerife Cris-tóbal
Betancurt y Conde, el arcediano de Fuerteventura José
de Viera y Clavijo, los canónigos: Graciliano Afonso, Miguel
Camacho Acosta, Juan Navarro, Vicente de Armas, Santiago
Bencomo, José Francisco Borbujo, José Romero de Franquis,
Vicente Ramírez, Nicolás Briñes y Esteban Hernández Salazar
y los racioneros: Antonio Porlier, Agustín Cabral, Domingo
Suárez de Alvarado, Pedro del Castillo, Vicente Sánchez, Do-mingo
Albertos, Domingo de la Cueva, Enrique Hernández,
Diego Agustín Domínguez, Leonardo Reyes Calderón y Domin-go
García Abreu. Pero en el mes de septiembre, en pleno re-crudecimiento
de la epidemia, su número se había reducido
drásticamente, por el fallecimiento de cuatro prebendados a
causa de la fiebre amarilla —el deán, el chantre, el canónigo
Romero y el racionero Reyes 19— y las reiteradas ausencias de
los componentes del Cabildo. Las quejas de los pocos pre-sentes
se elevaron hasta el obispo Verdugo, denunciando que
unos se escusaban «por sus esquelas y otros no contestando a
las que se le pasaron», por lo que temían «que de día en día
se vaya disminuyendo ya enfermándose parte o todos de los
que actualmente están o saliéndose algunos al campo para
evitar la enfermedad, quedando de esta manera la ysla sin
servicio y la administración sin el debido orden por haberse
ausentado también los contadores y oficiales de la oficina».
En esos días sólo quedaban un contador y tres oficiales en
la oficina de la administración de las rentas, sin poderse
solucionar asuntos serios de las distribuciones, además de las
presiones ejercidas por las autoridades civiles sobre los fon-dos
de la Mesa Capitular y la Fábrica Catedral «y que llegará
el caso en que nos exijan hasta las alhajas de la yglesia» 20. En
19 Además, en los siguientes años fallecieron a causa de la misma
epidemia el canónigo Navarro —29-11-1812—, el racionero Domínguez
—6-7-1814—, el canónigo Camacho —20-9-1814— y el 7-10-1817 el
racionero Vicente Sánchez.
20 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXIV, Acuerdo de 7-9-1811. A
PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS
238 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
16
noviembre de 1811 el cabildo está integrado por el canónigo
Santiago Bencomo, el racionero Domingo Albertos y el secre-tario,
racionero Agustín Cabral, que tuvieron la obligación de
desempeñar todas las funciones internas y externas de la ins-titución
y sostener el culto de la Catedral. Los tres pre-bendados
determinaron asuntos sobre cuestiones de prés-tamos,
ayudas y auxilio espiritual a la población de Las
Palmas o de celebraciones sin tener capacidad decisoria ple-na,
según los estatutos. Su situación fue aún más precaria
cuando los cereales y dineros procedentes de las islas no lle-garon
a Las Palmas, al estar cortada la comunicación con la
ciudad, reteniéndose más de 2.550.000 maravedís en Tenerife,
y desde lugares como Guía, infectado por la epidemia, se re-clamaban
rápidos auxilios al vecindario. En todo caso, los
hacedores no sabían muy bien donde remitir el dinero y ce-reales,
al no tener comunicaciones con ellos los capitulares y
«no saber donde se ha establecido el Cabildo» 21.
5. EL INTENTO DE TRASLADO DE LA CATEDRAL
Y DEL CABILDO
El resto de los capitulares vivos se habían refugiado en
Telde desde donde, a los tres residentes en Las Palmas, se les
envió una carta el 28 de enero de 1812 citándolos a un pleno
extraordinario en dicho lugar, aprobado previamente por el
obispo Verdugo, a fin de tomar las medidas oportunas para
«trasladar la Catedral con sus oficinas anexas a algún pueblo
del interior de la ysla en el caso de renovarse la epidemia».
En su defecto, les soclitaban el voto por escrito a los tres au-sentes
al no poder desplazarse a dicho pueblo por miedo a
que fueran portadores de la enfermedad. Los capitulares de
Las Palmas se negaron a admitir las disposiciones y presu-puestos
de la reunión en base a los estatutos, la tradición
inmemorial, la prohibición de traslado de la sede cabildalicia
los contadores y sochantres que quedaban se les daría 340 maravedís dia-rios
y a los oficiales y ministros la mitad.
21 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXIV, Acuerdo de 14-11-1811.
Núm. 48 (2002) 239
REFLEJOS DE UN CONFLICTO ECLESIÁSTICO 17
y los sucedido en otros lugares del reino, en especial por los
«gravísimos inconvenientes y funestas consecuencias que van
a resultar de una novedad tan extraña, como es la celebración
de un cabildo fuera de su ygleçia y aula capitular, sin cuyo
requiçito ningún señor ausente por ningún título, ni pretexto,
puede combocar cabildos ni practicar actos de esta naturale-za,
lo que siendo por el mismo hecho ilegítimos no podrán
producir otro resultado que la de una triste divición de sus
compañeros», por lo que se debería esperar para la citada re-unión
al término de la epidemia y el posterior período de
cuarentena 22.
La actitud de rebeldía de los tres capitulares sitos en Las
Palmas, unidos en el período de 1808-1810 a las posturas
propugnadas por el grupo de poder de Tenerife y a la mili-tancia
absolutista más enconada, fue contestada por carta del
obispo de 3 de febrero, pidiéndoles su participación mediante
su voto por escrito para ayudar a tomar decisiones de peso
en dicha reunión, pues él la autorizó además de tratarse en
ella sobre el posible traslado provisional de la sede Catedral.
Bencomo fue partidario de denunciar el hecho ante las
autoridades supremas, a quien creía correspondía autorizar la
validación de la nueva sede, para lo cual demandó al obispo
permiso para pasar a la Península y defender «el honor del
Cabildo y el suyo», otorgándosele para ello licencia por seis
meses y la renta de su prebenda. Los reunidos en Telde, inten-tando
calmar los ánimos, evitar agrandar las fisuras internas
22 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXIV, Acuerdo de 31-1-1812.
Los tres capitulares citaban como ejemplos las epidemias que asolaron
Granada, Murcia, Cartagena, Cádiz y Sevilla sin dar lugar a la traslación
de sus cabildos catedrales, además cuestionaban la capacidad económica
de la Mesa Capitular para poder llevar todos los ornamentos, papeles y
administración hacia Telde y la posibilidades de alojamiento en dicho pue-blo
para los ministros y sus familias. Pedían no se celebrara el cabildo de
4 de febrero, pues se verían en la necesidad de comunicarlo a la superio-ridad.
En Telde se encontraban los arcedianos Lugo y Viera; los canónigos
Abad, Navarro, Ramírez, Briñes, Afonso y Fernández y los racioneros
Suárez, Castillo y Porlier. No pudieron concurrir el tesorero, el prior, el
arcediano de Tenerife, los canónigos Armas y Borbujo y el racionero
Domínguez, estando todos ellos de acuerdo con dicha reunión.
PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS
240 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
18
que ocasionarían graves consecuencias y posibles castigos de
las autoridades superiores por no consultarlas para el posible
traslado, acordaron no denominar a su reunión cabildo pleno,
sino mero encuentro para tomar las medidas oportunas si
volvía a resurgir el mal, además de rogar al Consejo de Regen-cia
les autorizara a establecer en otra ocasión de semejantes
características la sede del Cabildo y de la propia Catedral en
algún lugar de la isla liberado de la enfermedad, siempre que
el culto en la Catedral en Las Palmas se mantuviera y fuera
servido por los capitulares y ministros con permanencia vo-luntaria
en la ciudad.
El 5 de febrero de 1812 el arcediano Lugo remitía una car-ta
a sus compañeros en Las Palmas en términos aclaratorios
de la situación, donde se hacía especial hincapié en que los
reunidos no pretendían eludir la autoridad suprema de la na-ción,
aunque era necesario y oportuno celebrar un pleno
extraordinario en Telde «sin mención de ocurrir por lizencia
al supremo Govierno» 23.
Tras el permiso del obispo, los prebendados se congrega-rían
el 4 de febrero en Telde, en una casa del arcediano Lugo,
transcurriendo el encuentro dentro de los términos habituales
de un cabildo ordinario. Allí, se vieron tres oficios del obispo
donde se otorgaba su consentimiento para la reunión y se dio
lectura a los votos de los prebendados que no pudieron asis-tir,
salvo los citados, todos conformes con lo que se deter-minase
en el encuentro. Para evitar futuros litigios se trató
entre los presentes si se le daría a la reunión rango de cabil-do
ordinario, votándose que sólo era un intercambio de impre-siones
«de individuos particulares del cuerpo del Cabildo» y
no debía alcanzar ni la categoría de cabildo extraordinario.
Con la incorporación a partir de mediados de febrero del
canónigo Borbujo a las reuniones de los tres prebendados que
quedaron en Las Palmas y la proclamación por la Junta de
Sanidad del fin del brote epidémico, se dio inicio al regreso
de los prebendados a la ciudad, operación que duró hasta co-mienzos
del mes de marzo. De inmediato, se empiezan a ha-
23 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo XLIV, Acuerdo de 10-2-1812.
Núm. 48 (2002) 241
REFLEJOS DE UN CONFLICTO ECLESIÁSTICO 19
cer las pesquisas necesarias sobre todo lo acontecido desde la
última reunión cabildalicia, más de tres meses, y si Bencomo
había remitido al Consejo de Regencia, tal como amenazó, el
oficio de 10 de febrero firmado por los tres capitulares presen-tes
en Las Palmas, además de indagar quién lo trasladó y el
agente que lo hizo.
La reunión general de 16 de marzo de 1812 reprobó todos
los acuerdos tomados por los tres capitulares reunidos en Las
Palmas, negándose la acusación de responsabilidad en la de-jación
de funciones por los capitulares huidos, ausentes o re-fugiados
en el campo «pues, que no teniendo el oficio de cura
animarum y mediando el interéz de la religión y de la patria,
únicos motivos que podían obligarles a permanecer en ella,
aún con peligro de sus vidas, usaron del derecho natural de
conservarlas para que no se disminuyese en adelante el culto
divino», siguiendo la constante de dicho Cabildo en que «en
tales casos han acordado siempre pudiesen sus yndividuos
retirarse de la ciudad a los lugares sanos de esta ysla, y aún a
qualquiera otro de los demás dentro del obispado». La próxi-ma
vez, continuaban los prebendados, debía seguirse el ejem-plo
de los capitulares de Sevilla en la época de la epidemia
de landres o de San Agustín de Hipona, cuando echó en suer-te
a quien debía tocarle estar y asistir a los enfermos, «inclu-sos
los ausentes, quienes si les hubiese tocado a algunos la de
venir a asistir a los enfermos hubieran expuesto con gusto sus
vidas en cumplimiento de los deberes, que en circunstancias
tan apuradas les prescriben el ministerio sacerdotal y la cari-dad
cristiana». El Cabildo alegaba que sus miembros se mar-charon
de la ciudad en el último momento, pues todos, inclui-da
la población, no creían que fuera una epidemia y «pasaba
por reboltoso el que entonces hablaba de peste» e, incluso, los
capitulares desengañados por lo que estaban viendo temieron
salir de la ciudad por «lebantar contra sí el grito del pueblo y,
a caso, un tumulto si llamaban a cabildo para acordar la sali-da
de los que quisiere», aunque se pudo efectuar la salida y
no dejar detrás ningún prebendado, ya que el culto en la Ca-tedral
e iglesia del Sagrario estaba cubierto por los dos cu-ras
y sus tenientes. Sólo si hubieran muerto todos los clé-
PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS
242 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
20
rigos disponibles debían haber venido los prebendados a la
ciudad 24.
La conclusión final de esta reunión fue la de negar los acuer-dos
de los cabildos realizados en Las Palmas y la comunica-ción
de Bencomo al monarca, aunque elogiaban el sacrificio
inútil que realizaron quedándose en la ciudad. Cabral, el único
asistente a este cabildo de los tres que se quedaron en la sede
cabildalicia, se retractó delante del Cabildo de todos sus votos
y decisiones realizadas con sus otros dos compañeros, además
de explicar que en esos momentos votó conjuntamente con
Bencomo y Albertos para «evitar disgustos» con ellos pues le
habían «dado muchos por no convenir en algunas cosas con su
modo de pensar». El Cabildo escribió una larga misiva al Go-bierno
Central sobre lo sucedido y a sus dos agentes ante éste,
para que desaprobaran y evitaran posibles castigos ante el
desaforado memorial de Bencomo, lo que lograron, además de
obtener del Consejo de Regencia la posibilidad de trasladar a
Telde la sede del Cabildo e interinamente la Catedral en caso
de nuevas emergencias, siempre que se elaborara un plan ade-cuado
para realizar tales operaciones 25.
Tras tener constancia de esta resolución se conminó al
obispo Verdugo a que escribiera a los beneficiados de Telde
sobre las nuevas propuestas del Cabildo en caso de rebrote
epidémico y la posibilidad de un traslado general, si lo per-mitía
en Consejo de Regencia, de la sede cabildalicia y Cate-dral
a ese lugar. Los capitulares pedían pronta contestación a
ambos escritos, pues en mayo de 1812 la Junta de Sanidad
volvía a publicar un bando para que salieran de la ciudad o
tomaran las medidas adecuadas los vecinos «que no hubiesen
padesido el contagio de la fiebre amarilla» 26. La alarma au-mentó
cuando el 18 de mayo se localizó a un vecino con los
síntomas, para cuyo reconocimiento e información el Cabildo
envió al doctor Nicolás Negrín, dándolo el médico como sos-pechoso
de portar la enfermedad.
24 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXIV, Acuerdo de 16-3-1812.
25 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomos LXIV y LXV. Acuerdos de 10-2
y 16-3-1812.
26 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXV, Acuerdo de 13-5-1812.
Núm. 48 (2002) 243
REFLEJOS DE UN CONFLICTO ECLESIÁSTICO 21
Al unísono, ante lo perentorio de la situación, el Cabildo
nombraba una comisión formada por el arcediano Lugo, el
tesorero Montesdeoca, al canónigo Fernández Abad y el doc-toral
Afonso para realizara un proyecto de evacuación urgen-te
a Telde de la Contaduría, culto catedralicio y sede cabilda-licia.
El 20 de mayo el plan se daba a conocer al resto de los
componentes del Cabildo, estructurándose en un total de 23
puntos. De ellos destacaban, entre otros: Si el Cabildo se
desplazara a Telde, se debía nombrar una comisión extraordi-naria
de 10 capitulares para trasladarse y conducir a la secre-taría
y Contaduría con su personal y papeles, además de
mantener el gobierno de la iglesia y administración de la cau-sa
decimal; a los cabildo ordinarios, para su validación, de-bían
concurrir, como mínimo, una dignidad, dos canónigos y
dos racioneros, todos citados por el pertiguero o el que hi-ciera
de tal en ese momento; se iría de manteo a los cabil-dos
y no con ropas curales, mientras no llegara el caso de
celebrar en Telde los santos oficios; las comisiones serían de
10 capitulares de los tres gremios; la Contaduría tendrá el
mismo trabajo y horario que en Las Palmas, donde quedaría
un oficial obligado a sacar el correo, dirigiendo a Telde las
cartas y viceversa; se hará por la Contaduría una lista de pa-peles,
libros, etc., llevados a Telde, encargándose los propios
oficiales de colocarlos y guardarlos en cajas; los señores que
permanecieran en Las Palmas cuidarán de todos los aspectos
de los que se encarga el Cabildo pleno, y si no tienen perso-nal
adecuado nombre interinos; la celebración de oficios di-vinos
en Telde se haría sin capas para los cantores; los
prebendados estantes en Las Palmas «tengan obligación de
reçidir allí los que se quedasen en la ciudad», salvo los enfer-mos;
no se dejaría de hacer misa cantada en la ciudad con
diácono y subdiácono, y si faltaba un capitular lo sustituyera
un capellán real o un sacerdote; a todos los que fueran a
Telde se les adelantaría un tercio de sus salarios para su sus-tento,
alojamiento, etc. El arcediano Lugo, el tesorero Mon-tesdeoca,
el doctoral Afonso y los racioneros Cabral, Castillo
y Porlier serían la comisión encargada del posible traslado a
Telde.
PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS
244 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
22
El obispo Verdugo aprobó dicho plan el 22 de mayo de
1812, siempre que retornara con virulencia la epidemia, tras
lo que el Cabildo comenzó a enviar ornamentos y cajas de
papeles a Telde sin esperar la resolución del Consejo de Re-gencia.
Esta se obtuvo el 14 de mayo, aunque la noticia de su
aprobación sólo se recibió en Las Palmas el 29 de ese mes a
través del diputado en Cortes don Fernando Llarena 27.
6. EL CABILDO CATEDRAL EN TELDE. LA CONTINUIDAD
DE UN CONFLICTO
El rebrote de la epidemia en la primavera de 1812 llevó al
Cabildo a poner en marcha la primera fase del plan de eva-cuación,
enviando a Telde los ornamentos y objetos menos
imprescindibles, al mismo tiempo que daban a todos los mi-nistros
un adelanto de un tercio de sus salarios para la com-pra
de alimentos y poder alquilar viviendas en dicho lugar, si
en último término se tomaba la decisión. Tras el agravamien-to
de la situación, el Cabildo dispuso el envío a Telde de los
papeles económicos el jueves 11 de junio, cerrándose con lla-ve
a partir de ese día la Contaduría en Las Palmas y comen-zando
su labor en aquella localidad el 18 de junio. El traslado
de los documentos se hizo tras la elaboración de la lista de
todos los legajos y actas que debía entregarse al presidente del
Cabildo para su posterior control y recuento. La documen-tación,
bolsa económica de la Mesa Capitular y los demás fon-dos
custodiados por los prebendados irían en carros acompa-ñadas
por los tres capitulares llaveros, dos contadores, dos
oficiales, cuatro soldados y un cabo, estos últimos para evitar
posibles asaltos de malhechores por el camino. En Telde se
entregaría la carga a los llaveros y a otros dos capitulares re-sidentes
ya allí, a donde debía llegar la comisión de capitula-
27 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXV, Acuerdo de 29-5-1812.
Después de tres votaciones, los diez capitulares elegidos para pasar a Telde
fueron el arcediano Lugo, el tesorero Montesdeoca, los canónigos Abad,
Ramírez, el doctoral y el magistral, y los racioneros Castillo, Hernández,
Cabral y Porlier.
Núm. 48 (2002) 245
REFLEJOS DE UN CONFLICTO ECLESIÁSTICO 23
res en 18 de ese mismo mes28. Aún hasta el 19 de junio se
celebraron misas por los prebendados en la Catedral, aunque
sólo la llamada «cantada», mientras se establecían el resto de
misas, horas, vigilias, etc., en la parroquia de Telde, acuerdo
en el que no votó el canónigo Albertos, ni por sí ni por el voto
delegado de Bencomo 29. Así, entre el 20 de junio y el 15 de
noviembre de 1812 el Cabildo tiene su sede de reunión en
Telde, aunque la real orden oficial permitiendo su traslado se
recibe por el obispo Verdugo el 27 de junio. El cura del Sa-grario
Frías quedó a cargo del auxilio espiritual de la parro-quia
de Las Palmas, aunque a éste, por temor al contagio, se
le permitió salir de la ciudad, siempre que colocara en su
puesto un interino.
A Telde acudieron prontamente representantes del Ayunta-miento
de Las Palmas solicitando préstamos monetarios para
el abastecimiento del vecindario, el control de la epidemia y
la lucha contra la plaga de cigarra que agostaba los campos
insulares. Se le concedieron 1.020.000 maravedís, sacados del
fondo de la universidad de La Laguna, en calidad de reinte-gro,
pero sin poder cederle más al estar vacías el resto de
bolsas de dinero 30.
El canónico Santiago Bencomo, residente en Las Palmas
como en la anterior ocasión, se opuso de forma vehemente al
traslado de la sede cabildalicia y pronto demostró su desagra-do
a través de una misiva dirigida a sus compañeros. En ella,
además de quejarse de la situación, expresaba no saber cómo
28 Al sargento y a los dos soldados que custodiaban el dinero se les
dieron órdenes de regresar a la ciudad para que pasaran el 2 de septiem-bre
a Tenerife, pero, ante la súplica del Cabildo, se mantuvieron por el
gobernador militar, don Simón Ascanio, hasta el final de la estancia de los
capitulares en Telde, custodiando el posterior transporte de los caudales a
Las Palmas.
29 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXV, Acuerdo de 11-6-1812.
30 El Cabildo el 15 de septiembre desestimó una súplica del alcalde de
Las Palmas, don José de Quintana Llarena, que demandaba 3.750.000
maravedís para la compra de harina destinada al abastecimiento de los veci-nos.
Los capitulares se negaron por no tener fondos en sus arcas y debér-seles
por aquella entidad aún 4.080.000 maravedís de un préstamo anterior,
véase A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXV, Acuerdo de 15-9-1812.
PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS
246 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
24
actuar para el cumplimiento de las órdenes dejadas por el
Cabildo, al retirarse sus compañeros sin determinar «qué ha-cer
con el culto de forma pública y entendible por todos».
Bencomo pedía órdenes al Cabildo pues, desde el 20 de ju-nio,
sólo se había celebrado una misa diaria cantada, ya que
los ministros se negaban a oficiar más, «lo que ha escandaliza-do
a muchas personas, viendo tan desolado un templo desti-nado
para la perpetua santificación del Señor, las que creen
que esto ha sido dispuesto de intento en odio a la ciudad y,
lo que es peor, en odio al culto del Señor», para evitar esto,
él había resuelto pasar al Coro y rezar allí las horas acompa-ñado,
aunque las más veces solo, como forma de evitar el es-cándalo
general. Solicitaba al Cabildo mandara, junto a la
celebración de mayor número de misas, el rezo diario de las
horas canónicas, días clásicos, vísperas y tercias y en los sá-bados
la celebración de la misa de Nuestra Señora, aunque
nada se hizo para su remedio por la carencia de servidores.
El Cabildo contesta despectivamente a Bencomo, al recordar-le
que todo estaba previsto, que los ministros sólo estaban
obligados a dicha misa y, si el canónico no conocía la situa-ción
y mandatos, era por «una ignorancia voluntaria», reali-zando
todos esos aspavientos por no residir en Las Palmas el
resto del Cabildo. Los capitulares concluían su misiva recor-dando
que el presunto odio a la ciudad de los eclesiásticos era
falso y «solamente personas malignas, nada religiosas y pestes
de la sociedad cristiana y civil, pueden proferir palabras tan
atrevidas contra un cuerpo de sacerdotes notoriamente vene-méritos
de la Yglesia y del Estado» 31.
Un acontecimiento político excepcional acaeció mientras el
Cabildo Catedral estaba en su sede interina de Telde, como fue
la proclamación y la jura de la Constitución de Cádiz. El Co-mandante
General remitió el 3 de agosto de 1812 tres ejem-plares
de la nueva ley al Cabildo para su publicación y la
celebración de un juramento público de las autoridades, seña-lándose
para tal celebración por los capitulares el día 8 de
agosto en Telde, en las horas de la mañana, después de la hora
31 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXV, Acuerdo 7-7-1812.
Núm. 48 (2002) 247
REFLEJOS DE UN CONFLICTO ECLESIÁSTICO 25
de Coro. Ese mismo día la acatarían por la tarde todos los
miembros de la Contaduría y al día siguiente se celebraría,
después de la hora de nona, una misa y «Te Deum» por la
buena nueva y la implantación venturosa de la ley 32. La epi-demia
no permitió a los prebendados residentes en Las Pal-mas
—el sector más opuesto al traslado del Cabildo de sede y
el de carácter más conservado y absolutista, caso de los canó-nigos
Briñes, Armas, Bencomo y Fernández y el racionero
Albertos, salvo el doctoral Afonso— a asistir a la reunión ex-traordinaria
convocada para el 8 de agosto de 1812 en Telde,
donde se debía jurar la Constitución, aportando todos ellos
vagas excusas para no ir. Incluso, el Cabildo debió enviar a Las
Palmas a uno de sus miembros refugiados en Telde, el racio-nero
Porlier, para predicar el exhorto el día de la Constitución,
seguramente porque ninguno de los presentes en Las Palmas
deseó hacerlo, ante la actitud del cura Juan de Frías de no
celebrar la misa de «Te Deum» si no participaba él en la
elaboración y proclamación de dicho exhorto, ante lo cual
Porlier se ofreció a realizarlo y de este modo «cortar etique-tas
sacadas tan mal a propósito y las miras de intriga que
encierra este asunto» 33. La fisura en el Cabildo queda de ma-nifiesto
cuando los presentes en Telde acuerdan que no gana-ran
sus compañeros de Las Palmas las rentas de aniversa-rios
ni distribuciones, pues sólo asistían a una misa cantada
diaria 34.
32 El Ayuntamiento de Gran Canaria pidió al Cabildo dos carga de
nieve para el refresco y ágape en la celebración de tal día, la cual se le
concedió. El 6 de agosto el Corregidor convidó a la jura del Ayuntamiento
a los prebendados y solicitó permiso para tomar los músicos de la Cate-dral,
que tendrían como misión tocar en la conmemoración y fiesta de la
solemne fecha el domingo por la noche. Los músicos también asistirían a
la función de juramento en la Catedral el lunes siguiente. Pese a la resis-tencia
inicial del Cabildo a ceder a sus ministriles, decían que eran nece-sarios
en Telde para ese mismo lunes celebrar el día de San Lorenzo, al
final decidieron enviar a varios de ellos como Agustín José de Betancurt,
Manuel Fragoso y alguno más. El acatamiento constitucional de las autori-dades
civiles se celebró en la Catedral con todo boato y, por primera vez,
sin la secular presencia de los prebendados.
33 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXV, Acuerdo de 9-8-1812.
34 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXV, Acuerdos de 7-7 y 14-8-1812.
PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS
248 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
26
El 6 de noviembre de 1812 la Junta de Sanidad expedía un
bando anunciando la ausencia de casos de fiebre amarilla en
la ciudad entre el verano y el otoño, además de dar permiso
desde el día 12 al tránsito de todos los vecinos y las mercan-cías.
Ese mismo día, se encargó al arcediano Lugo y los
racioneros Castro y Porlier comenzaran a organizar el trasla-do
de regreso a Las Palmas. Así, los oficios divinos conclu-yeron
en la iglesia de San Juan de Telde el día 13 de noviem-bre
y comenzaron otra vez en la Catedral de Las Palmas
el 14, en cambio, la Contaduría cesó sus tareas el 10 y
empezaron a ejercer su cometido en la ciudad el lunes 16. El
Cabildo participó en un oficio de despedida y agradeció en él
a los beneficiados de Telde su colaboración, además se le donó
a la población un reloj que sirviera de campana, bueno «para
los actos de religión como para los trabajos de la agricultura
y gobierno general de todo el pueblo» 35.
7. UN EPÍLOGO TUMULTUOSO
La situación de crispación en el Cabildo continuó y se
aumentaron las diferencias entre el sector más conservador y
divisionista, encabezado por Santiago Bencomo, y los que pre-tendían
un Cabildo Catedral más conciliador, constitucionalista
y antidivisionista representado, entre otros por el doctoral
Afonso. Tras el advenimiento de Fernando VII y la abolición
de la Constitución el peso de la facción filoabsolutista en el
seno del Cabildo Catedral aumentó, no sólo cuando Santiago
Bencomo accedió a cargo de deán en 1814 sino tras dársele
posesión de la chantría del Cabildo a su hermano, Pedro José
Bencomo, el 12 de enero de 1815, todo ello auspiciado por los
servicios y defensa de los principales presupuestos de la cau-
35 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXV, Acuerdo de 7-11-1812. El
precio de éste debía obtenerse de los fondos del hacinamiento de La
Orotava, sin necesidad de traer la campana, pues la había, siendo su costo
total de 255.000 maravedís. El acarreteo corría de cuenta del Cabildo y se
debía tener presente que con el reloj trajera las instrucciones del artífice
para montarlo.
Núm. 48 (2002) 249
REFLEJOS DE UN CONFLICTO ECLESIÁSTICO 27
sa fernandina y, lógicamente, por las importantes influencias,
independientemente de la valía de ambos, de su hermano Cris-tóbal
Bencomo, confesor real y posterior miembro del Conse-jo
y Cámara de Castilla. Tales valedores y mediaciones fueron
usadas por el grupo de poder insular tinerfeño para plantear
una cuestión pendiente desde hacia bastante tiempo, como era
la división del obispado, único modo de controlar una sustan-cial
parte de capitales regionales y una vía para alcanzar un
puesto de mayor rango sociopolítico frente a sus opositores de
Gran Canaria.
El deseo divisorio volvió a ser expuesto en el Cabildo de 1
de abril de 1815 por el escribano de la Real Audiencia Tomás
Oramas, el cual informó al Cabildo de cómo algunos diputa-dos
en la Corte deseaban erigir un obispado en Tenerife for-mado
por las islas de La Palma, El Hierro, la Gomera y
Tenerife. También daba cuenta de la comisión dada por la
Cámara Real a la Real Audiencia de Canarias para la elabo-ración
de un informe general sobre la cuestión. La real orden
se había evacuado el 29 de junio de 1814 por las Cortes de
Cádiz a instancia de un requerimiento fechado el 6 de sep-tiembre
de 1813 por los diputados canarios don Fernando de
Llarena y Franchy, don Antonio José Ruiz de Padrón y San-tiago
Key y Muñoz. El alegato se fundamentaba en temas
como la ausencia de visitas ad limina a las islas de los obis-pos
«tan recomendada por los sagrados cánones, apenas se
verifica cada diez o doce años, a causa de lo tempestuoso de
aquellos mares», situación ya conocida y empleada en muchas
ocasiones en los escritos de obispos y prebendados para soli-citar
mejoras y dádivas a la Corte, aunque pedían los citado
diputados se dilatara toda división hasta el cese o fallecimien-to
del obispo Manuel Verdugo, titular de la diócesis en ese
momento36. El alegato de los diputados se realizó en las Cor-
36 En la Península, en casi todas las diócesis se producen demoras en
la realización de las visitas del prelado. En Cartagena, antes de las efec-tuadas
en el siglo XVIII, no se había visitado por los obispos su territorio
en 170 años, sucediendo los mismo en Córdoba. A. CÁNOVAS BOTIA, Auge y
decadencia de una institución eclesial: El Cabildo Catedral de Murcia en el
siglo XVIII. Iglesia y Sociedad, Murcia, 1994; R. VÁZQUEZ LESMES, Córdoba y
su cabildo catedralicio en la modernidad, Córdoba, 1987.
PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS
250 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
28
tes de Cádiz y hacía hincapié en las reivindicaciones de las
islas occidentales esgrimidas desde tiempo atrás 37.
Tras la representación en la Cámara de los diputados ca-narios,
ésta el 1 de agosto de ese año aprobó comisionar al
regente de la Real Audiencia de Canarias para comenzar a
realizar un expediente y representación sobre la diócesis y su
posible división al Consejo de Estado, siendo comunicada la
orden al susodicho el 21 de octubre de 1814 38.
El Cabildo reacciona rápidamente a todos estos movimien-tos
de división de la diócesis y crea una comisión de valoració-n
el 5 de abril compuesta por el maestrescuela Arbelo, el doc-toral
Afonso y el racionero Albertos 39. Pero la junta, por
causas técnicas, no presentó el oficio demandado, quizá por
las tiranteces en el seno del Cabildo entre los que se negaban
y los que querían tal división, y se produce un acuerdo el 19
de julio de 1815 donde el Cabildo reconoce que los obispos
sólo han podido, en su mayoría, completar una sola visita a
las islas por las distancias entre ellas y lo «áspero y peligroso
de sus caminos», no pudiendo cumplir con el mandato del
Concilio de Trento cuando disponía que los prelados visitaran
todos los años o, en caso excepcional, cada dos su diócesis 40.
La situación llevó a los fieles a estar sin «oír la voz de su pri-
37 M. F. NÚÑEZ MUÑOZ, «La Diócesis de Tenerife. Apuntes para su his-toria.
De los orígenes hasta su restablecimiento definitivo», en Revista de
Historia Canaria, tomos XXXVI-XXXVII, pp. 33-72 y 121-154, La Lagu-na,
1978.
38 M. F. NÚÑEZ MUÑOZ, arts. cits.
39 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXVI.
40 J. DE VIERA Y CLAVIJO, op. cit.; F. CABALLERO MÚJICA, Canarias ha-cia...,
op. cit.; J. SÁNCHEZ HERRERO-M. LÓPEZ BAHAMONDE, «La visita ad
limina del obispo de Canarias don Fernando Suárez de Figueroa, 1590»,
en Homenaje a Manuela Marrero, tomo II, pp. 577-592, La Laguna, 1993; J.
SÁNCHEZ HERRERO, «Las visitas ad limina apostolorum de los obispos de
Canarias: Fray Juan de Guzmán, OFM (1622-1627) y Cristóbal de la Cá-mara
y Murga (1627-1635)»; del mismo autor, «La diócesis de Canarias a
través de las visitas ad limina. Siglo XVII» y «La diócesis de Canarias a tra-vés
de las visitas ad limina. Siglo XVII (segunda parte)», todos los artículos
en X, XI y XIII Coloquios de Historia Canario-Americana, tomo II, pp. 462-
480, y tomo II, pp. 515-556, Madrid, 1994, 1996 y 1998 (este último en
prensa).
Núm. 48 (2002) 251
REFLEJOS DE UN CONFLICTO ECLESIÁSTICO 29
mero pastor, diez, quince, veinte o más años que los manda-tos
que se dexan en las yslas para el mejor decoro del culto o
no se executan o se olvidan, sabiendo que el prelado que los
dictó no ha de volver a residenciar su observancia. Que
muchos de los fieles van a recibir el sacramento de la confir-mación
al mismo tiempo que sus hijos, a causa de tan dilata-do
tiempo que se pasa sin presentarse su obispo a adminis-trarlo,
y últimamente que los pobres de las demás yslas sólo
disfrutan del beneficio de las limosnas del obispado quando
los señores obispos van a executar sus visitas». El Cabildo veía
con preocupación la división de la diócesis, pues Gran Cana-ria,
Fuerteventura y Lanzarote formarían un obispado donde
las dos últimas «en cada cinco años sólo dan una cosecha re-gular,
otra mediana y las demás casi estériles». Se pedía se
dividiera formando una masa con el total del diezmo y se
repartiera por iguales partes a la mitad. Los partidarios de la
división fueron el deán Santiago Bencomo, el arcediano de
Canaria Lugo, el tesorero Montesdeoca, los canónigos Abad,
Afonso, y Fernández y los racioneros Albertos, Castillo, Abreu,
Cabral y Cuevas, casi todos ellos nacidos en las islas occiden-tales
del Archipiélago 41.
Este acuerdo fue recurrido por varios prebendados al no
estar presentes a la hora de la votación y, quizá a través de la
influencia de dichos capitulares o por sus propios intereses,
por el propio Ayuntamiento de Gran Canaria, el cual solicitó
en mayo de 1816 se le diera atestado de los estatutos sobre
las convocatorias en los asuntos más graves, testimonio de los
avisos entregados por el pertiguero del Cabildo a los señores
que estaban ausentes y cómo se obligó a acudir a los capitu-lares
comensales del obispo y jubilados para apoyar la pro-puesta
del deán Bencomo, a cambio de la promesa de la pro-visión
de los puestos vacantes en el futuro Cabildo. De forma
sorpresiva, los capitulares, seguramente los más cercanos a la
propuesta de evitar la división, accedieron a la intervención
del Ayuntamiento «por ceder esto en beneficio de esta Santa
41 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXVI, Acuerdo de 19-7-1815. Ya
el 26 de julio del arcediano de Tenerife, Cristóbal Betancurt protestaba de
tal decisión, al no habérsele llamado para el acuerdo.
PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS
252 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
30
Yglesia», a lo cual se negó el chantre Pedro Bencomo, esgri-miendo
lo alegado en numerosas ocasiones anteriores por el
Cabildo de no entregar certificados de sus acuerdos a otra
institución o particular, salvo por mandato real.
Una nueva reunión de los prebendados al día siguiente
desautorizaba las órdenes emanadas del Ayuntamiento y su
mandato de convocar a los ausentes o enfermos a nueva re-unión.
Aunque la polémica interna se mantuvo, pues los
miembros que votaron el 19 de julio mantenían que la convo-catoria
se había ajustado al estatuto y hora, mientras los ca-pitulares
oponentes lo negaban, al ser realizada la reunión sin
contar con los miembros más enconados contra la propues-tas,
y recurrían a la Real Cámara el 26 de agosto de 1815. El
arcediano Lugo, apoyado por los racioneros Albertos y Porlier,
contradijo en sucesivas reuniones el intento de eliminar los
acuerdos del citado cabildo, al ser aquél «legítimo y al que no
se puede atribuir nulidad, según los estatutos y costumbres de
esta santa Yglesia», constando su votación en el informe rea-lizado
por el regente. Los tres eclesiásticos solicitaban no se
revocara por el propio prestigio de la institución, la tradicio-nal
toma de decisiones inapelables y en base a los propios
estatutos. La fracción opuesta planteaba que las votaciones
posteriores sobre el asunto significaron su nulidad, porque
ningún acuerdo era irreformable, todos los votantes podían
enmendar su opinión y no existían los mínimos requisitos en
la convocatoria de reunión del 19 de julio.
En junio de ese año se volvió a retomar el tema con nue-vas
apelaciones, para evitar su revocación por parte del Arce-diano
de Canaria o el racionero García. El Cabildo, mediante
votación secreta volvió a invalidar la decisión de la citada re-unión
al tacharla de faltarle madurez y reflexión, además de
no convocarse a los capitulares ausentes y mediar intereses de
miembros del Cabildo, como se comprobaba por «las gestio-nes
practicadas por el señor deán en la protesta del señor ar-cediano
Betancor, ya imponiéndole silencio ya impidiendo la
discución sobre ella misma, por mal formada que estubiera
quando estaba conocida su intención, ya finalmente leban-tando
el Cabildo y no dando lugar en los siguientes a que se
Núm. 48 (2002) 253
REFLEJOS DE UN CONFLICTO ECLESIÁSTICO 31
volviese a tratar este asunto, manifiesta bastantemente los jus-tos
fundamentos que tenían para temer que si entraba en
discución se revocase como se ha revocado». Algunos de lo
capitulares recurrieron tal votación al no poder manifestar sus
ideas y presionarlos con gran autoridad el deán Bencomo, por
lo cual no respetó, según el parecer de los reunidos en junio,
el espíritu de la real orden para que se expusiera libremente
los deseos del Cabildo. El deán incumplió con otras normas,
como fueron la de no presentar el informe enviado por la co-misión
de capitulares al rey en el Cabildo y plantear su re-misión
a la Corte en una reunión extraordinaria en el Aguila
—atril situado en la Catedral donde se congregaban los pre-bendados
sólo para recibir noticias de alguna comunicación de
menor rango recibida ese día en el Cabildo— prohibidas para
asuntos tan importantes. También los prebendados opositores
recurrían las cantidades aportadas como ejemplificadoras de
las rentas decimales pertenecientes a la Mesa Capitular y a la
gruesa de las prebendas de sus miembros, acusándose al deán
de violentar la Contaduría para realizar trabajos extras cuan-do
no tenía facultad para ello. Además, le había solicitado a
los contadores informes sobre determinadas partidas, como la
barrilla, y se había presentado como parte en el expediente
divisionario, no siendo extraña esta actitud a los reunidos,
pues el deán Bencomo, «como la mayor parte de los que as-piran
a la división, son de la ysla de Tenerife y dicho señor,
siendo beneficiado de la ciudad de La Laguna, pretendió se
estableciese allí una colegiata, y aún insignuó éste ser su dic-tamen
en el primer Cabildo en que trató de este asunto deci-diéndose
después por la absoluta división».
El Cabildo no veía una razón de peso en que los obispos
no visitaran las islas de forma anual, pues los arribados al
Archipiélago «miran este primer obispado como escala para
ser trasladados después de estar en ella cinco o seis años, pre-textos
de salud y otros motivos de congruencia les sirven de
causales para su traslación», siendo muy pocos los que han
visitado las islas una vez y ninguno en cada año, lo cual con-tinuará
si se separaban las cuatro islas occidentales, porque
no iba a cambiar ni la tendencia de estos ni la orografía del
PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS
254 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
32
terreno. El remedio esgrimido por el Cabildo era la creación
de un obispo auxiliar o dos visitadores de la confianza del
obispo titular, con su correspondiente dotación, pues esa reali-dad
es mucho más activa e importante que «no estas visitas
continuadas y con el aparato que acostumbra a hacerse mu-chas
veces, causan más ruina y más perjuicio que edificación
en lo temporal y espiritual de los fieles». A través de los nom-brados
se llegaría a todos los lugares y se evitaría que la ma-yoría
de los fieles nunca vean a su obispo o reciban la confir-mación,
evitando, de paso, la multiplicación de prelados, pues
esto «disminuye el decoro de la dignidad con la multiplicación
de los individuos que la poseen». Si las visitas no se hacían a
las islas occidentales por los obispos era debido a su fragosi-dad
y la ausencia de caminos, alegando el Cabildo, que si de
verdad fueran a visitarse «sería preciso establecer siete obis-pos
verdaderamente apostólicos en cada ysla», proyecto trata-do
de ridículo y despreciable. A la vez, desmentían que mu-chos
quedaran sin confirmarse, porque los obispos no se
establecieron en las islas sólo en sus capitales sino que reco-rrían
siempre todos los lugares.
Otras de las preguntas que se realizaba en esta sesión el
Cabildo era cómo iba a influir el nuevo obispado en los pá-rrocos
y sus congruas, según el plan de beneficios de 9 de
junio de 1769 dictados por el Consejo Real. El Cabildo partía
de la idea que una nueva Catedral y el fasto de un obispo in-fluiría
en la dotación y ausencia de párrocos siendo, según los
reunidos, este el mal del plan beneficial al estrellarse en ello
«todos los deseos del gobierno en una diócesis en donde no
hay beneficios simples, sino que es preciso dotarlos de la masa
decimal, inútilmente hay un prelado quando no hay brazos
que le auxilien y sólo encuentren pastores indotados», al per-judicar
a la Fábrica Catedral las nuevas parroquias por sus
mínimas cogruas. La división, continuaban, no se ajustaba al
real decreto de 1 de febrero de 1815 donde se ordenaba la
formación de planes beneficiales con dotación de párrocos,
competente número de ministros, mejora en las funciones
eclesiásticas y ornamentos, lo que hacía prácticamente utópi-co
cumplir con el interés y dotación de parroquias, ya que se
Núm. 48 (2002) 255
REFLEJOS DE UN CONFLICTO ECLESIÁSTICO 33
vería «un prelado envilecido y un cabildo miserable sin llenar
las atribuciones de su ministerio».
Un aspecto más a tener en cuenta, era el presunto peligro
de rivalidad entre ambos obispados, pues se habían observa-do
graves disputas entre el grupo de poder de Tenerife y Gran
Canaria desde la cautividad de Fernando VII, al pedir los
tinerfeños no sólo el obispado sino el traslado de la Real Au-diencia,
crear un juez de las cuatro causas y proponer al rey
como única casa diezmera los productos decimales de la isla,
siendo «este el verdadero origen de esta solicitud y las provi-dencias
del gobierno deben encaminarse a destruir estas riva-lidades
populares que disminuyen la fuerza social y aniquilan
la caridad cristiana, como que parten de una intención vicia-da
y perversa». Finalmente, se criticaban los decenios de las
rentas eclesiásticas entregados sin conocimiento del Cabildo al
Consejo de Regencia por el deán Bencomo, calificados de
exorbitantes si se comparaban con la subida del precio de los
cereales a causa de la guerra, las reiteradas epidemias, infla-ción
y otras causas. En ellos, las cifras obtenidas de las ren-tas
de Fuerteventura y Lanzarote eran las de los años de bo-nanza,
quedando en disminución en las épocas de recesión y
cuando se erigieran sus parroquias. Si el rey se guiaba de los
registros aportados por sus compañeros divisionistas para
crear dos obispados, el antiguo quedaría «en subsistencia pre-caria
con sólo los productos de esta ysla y la esperanza de una
cosecha extraordinaria en los de Lanzarote y Fuerteventura».
A todo ello se sumaban otros males: la división del obispa-do
dispararía los gastos de representación, consumiendo los
patrimonios de los pobres y parroquias; el detrimento de los
donativos a la Corona, las tercias reales, el noveno, etc., al
crecer el número de congruas; con respecto a la retardación
de pleitos por existir un sólo obispado, el Cabildo pensaba que
no era motivo para dividirse la diócesis por «la comodidad de
treinta o quarenta litigantes»; a la alegación de la isla de
Tenerife de que produce tres millones de reales de la causa
decimal, la presencia en ella de un tercio de la población re-gional
y la remisión de dinero a Gran Canaria es negada por
los propios capitulares, al plantear que la mayoría de los
PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS
256 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
34
caudales destinados al rey y obispo —se recordaba el socorro
de Tavira a los pobres de La Laguna con el empeño de su pla-ta
y pectoral— quedaba allí e, incluso, las de los propios pre-bendados,
además de tener presencia en ella el gobierno mili-tar
y los órganos de la recaudación real; las necesidades de
Tenerife debían compatibilizarse con otras áreas del Archipié-lago,
caso de Lanzarote o Fuerteventura, con crónicas crisis
al dar sus campos buen rendimiento sólo uno o dos años de
cuarenta cosechas; etc.
Tras este prolijo alegato en contra de la erección del nuevo
obispado las posturas se mantuvieron irreconciliables entre
ambos sectores de capitulares. El chantre Pedro Bencomo, el
canónigo Pérez y el racionero Albertos protestaron todos los
puntos, en especial defendiendo la actitud del deán Cristóbal
Bencomo y el racionero Hernández, ausentes ya definitivamen-te
en Tenerife hasta la división de la diócesis. Los prebendados
votaron revocándose la decisión de julio de 1815 por 13 votos
contra 4, a lo cual Albertos replicó llamando a sus contrarios
la «parte menos sana» del Cabildo y negó la existencia de fun-damentos
sólidos desde el derecho para la anulación de aquel
acto 42. Las protestas arreciaron por parte del chantre, el cual
alegaba ajustarse a derecho el acuerdo de julio de 1815 y es-tar
en consonancia con lo demandado por el resto de los ve-cindarios
de las islas. Tachaba al resto del Cabildo de apro-vecharse
de la ausencia del deán en Tenerife para sacar
adelante su propuesta.
Pese a ello, de inmediato el Cabildo Catedral elaboró un
recurso para elevarlo a la Cámara Real y anular la decisión
de 19 de julio, deteniéndose, incluso, la salida de un barco
desde Las Palmas con destino a la Península con la intención
de que se trasladara en él rápidamente las diligencias.
Los ayuntamientos de otras islas, salvo el de Gran Ca-naria,
y la Real Audiencia estaban de acuerdo en la división,
aunque el fiscal, pese a los datos que propiciaban la existen-cia
de dos diócesis, no compartía la postura de los diputados
canarios en la Corte, ya que estos procuraron «aumentar en
42 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXVII, Acuerdo de 7-6-1816.
Núm. 48 (2002) 257
REFLEJOS DE UN CONFLICTO ECLESIÁSTICO 35
mucha parte más de lo que es devido varias razones en que
apoyaron su pretensión, faltando en otras aviertamente a la
verdad». Las graves acusaciones contra los representantes de
las islas, no evitaban que reconociera la necesidad de crear
dos obispados, por ser imposible que uno sólo pueda llevar
adecuadamente su labor pastoral, por las causa alegadas ya en
extenso. En todo caso, hasta nueva disposiciones, el fiscal pe-día
se remediara el pasto espiritual en la diócesis con la crea-ción
de un obispo auxiliar con sede en La Laguna, para no
perder el actual obispo y Cabildo parte de las rentas, mante-nimiento
del boato, suntuosidad de los edificios, etc., fomen-tándose
un competente número de ministros y vicarios para
las visitas y sin necesidad de duplicar los gastos.
En base al citado informe, el 4 de abril de 1816 el monar-ca
presentaba como obispo auxiliar de la diócesis de Canarias
a don Vicente Linares, prelado de Dansara (Palestina), el cual
se instaló en Tenerife el 12 de agosto de 1817, pasando dos
días más tarde a La Laguna. La razón del nombramiento fue
la precaria salud de Verdugo, fallecido el 27 de agosto de
1816, pero también la fuerte presión ejercida por el grupo de
poder tinerfeño en la Corte, donde sus representantes logra-ron
alcanzar la gracia real y transitoria de concederles un obis-po
auxiliar con una dotación inicial de 5.000 ducados. El Ca-bildo
Catedral acató la orden real y se limitó a otorgarle las
facultades de tal función en sede vacante y cartearse pun-tualmente
con Linares en los dos años y cuatro meses de su
estancia en las islas. Fernando VII ordenó, tras el informe
elaborado por la Cámara de Castilla de 5 de septiembre de
1818, se comenzara a negociar con la Santa Sede la erección
del obispado de Tenerife, pues la creación momentánea de la
figura de un obispo auxiliar no había aliviado las pretensio-nes
de los tinerfeños. Este, además, se veía limitado por la
fuerte oposición del Cabildo Catedral a su gestión y por los
ataques del Ayuntamiento de Gran Canaria.
Por carta del agente del Cabildo en Madrid, recibida el 5
de diciembre de 1818, éste comunicaba la evacuación de una
bula papal fechada el 1 de febrero de 1818 que aprobaba la
división del obispado de Canarias en dos diócesis. Dicha pri-
PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS
258 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
36
mera carta supuso una febril actividad en el seno del Cabildo,
al intentar mandar desesperadamente todos los certificados
solicitados desde la Corte sobre el valor de las prebendas,
para, en última instancia, conseguir que sus rentas y las en-tradas
habituales en el arca de la Fábrica Catedral no se re-bajaran
43. En la citada bula, Roma fijaba el 23 de noviembre
de 1819 como el momento de la separación, siendo refrendada
la fecha por un decreto del Consejo Real de 24 de marzo de
1819 y por una real cédula de 27 de agosto de 1819, que dis-ponía
su ejecución. Finalmente, la separación se produce el 21
de diciembre de 1819, día en que se pasa orden a la Junta de
Hacienda para la elaboración de las correspondientes liquida-ciones
y arreglos de cuentas. Las rentas quedarían separadas
desde la publicación del edicto en La Laguna, solicitándose
testimonio de éste al comisionado regio para fijar los térmi-nos
de la separación. El obispo auxiliar fue encargado por el
rey mediante la real orden de 27 de agosto de 1819 para que
supervisara la segregación de ambas catedrales y sus fondos
económicos, aunque posteriormente fue exonerado de dicha
labor por propia iniciativa.
Desde diciembre de 1819 se suspendieron las distribucio-nes
a todos los partícipes de los diezmos hasta nuevas órde-nes
y se retardaron el pago de los recudimientos a los intere-sados,
reservando los haberes de la Mesa Capitular y Fábrica
Catedral en manos de los hacedores para hacer su prorrateo
con arreglo al nuevo establecimiento de rentas. La Junta de
Hacienda solicitaba el envío de todos los papeles del obispado
canario depositados en la parroquia de la Concepción de La
Laguna, además de disponer se comenzaran nuevos libros de
reuniones de la Junta de Hacienda y reconocer al antiguo
obispo auxiliar como comisionado pontificio y regio, al cual
se le remitirían todos los papeles de los vecinos de la nueva
diócesis que solicitaran edictos. La masa monetaria de la Mesa
Capitular se ajustaría al nuevo reparto mandado por la bula,
que pasaba de las 32,5 prebendas anteriores a 33,5 porciones,
repartidas así: 6,8 % para el Deán; 3,7 % para el resto de
43 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXVIII, Acuerdo de 5-12-1818.
Núm. 48 (2002) 259
REFLEJOS DE UN CONFLICTO ECLESIÁSTICO 37
dignidades; 3,0 % para cada uno de los canónigos; 2,2 % para
cada racionero; y 1,5 % para los capellanes reales, añadiéndo-se
el valor de media ración a las 33 prebendas del cuadrante,
además de mantenerse los sobrevivientes y postmorten. Las
cuotas de misas y vestuarios no sufrieron alteraciones, al es-tar
determinadas por el trabajo de los propios prebendados, y
se sostuvo el cuadrante de 50 maravedís día 44.
También dentro del Cabildo se produjeron cambios en sus
miembros. Los más favorables en los años anteriores a la di-visión
vieron compensados sus esfuerzos con nombramientos
en prebendas de la diócesis nivariense. El racionero Domingo
Albertos pasó a desempeñar el cargo de tesorero —aunque
murió el 7 de febrero de 1820 sin poder posesionarse—, el
racionero Porlier ascendió a arcediano de La Palma, el canó-nigo
Juan José Pérez tomo el cargo de chantre, Cristóbal
Betancourt y Conde continuó de arcediano de Tenerife, como
lo era ya en la diócesis de Canarias, y el chantre Pedro
Bencomo desempeñó el cargo de deán en el recién creado
Cabildo. Santiago Bencomo fue agraciado por el monarca con
el grado de obispo de la diócesis de Astorga el 1 de octubre
de 1817.
En 21 de diciembre de 1819 se formó el Cabildo de Teneri-fe
en la iglesia de los Remedios, su sede, con los cuatro miem-bros
citados para hablar sobre sus recudimientos y divisiones
de la masa decimal. Pese a las tiranteces iniciales, las relacio-nes
entre ambos cabildos fueron desde el primer momento
cordiales, pues a la muerte de un integrante de cualquiera de
ellos, ambos realizaban las exequias de turno. A comienzos del
1820 se enviaron a Tenerife una copia de los estatutos deposi-tados
en Las Palmas, para que los miembros del nuevo cabil-do
se inspiraran en la elaboración de los de la nueva sede, y
diversa documentación sobre asuntos de jurisdicciones 45.
Las cordiales relaciones no evitaron que continuaran los
ataques en la Corte de los prebendados de la diócesis cana-riense
para anular el decreto de erección del obispado de
Tenerife, sobre todo durante el Trienio Liberal en una lucha
44 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXIX, Acuerdo de 3-1-1820.
45 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXIX.
PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS
260 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
38
que transcendía a ambos cabildos y se enquistaba en el pro-pio
conflicto entre los grupos de poder del archipiélago 46. En
mayo de 1820, los prebendados de Gran Canaria decían que
las cuentas de la Mesa Capitular no cuadraban, ya que las
aportaciones de las tres islas —Fuerteventura, Gran Canaria y
Lanzarote— al Hacinamiento General no cubrían todos los
gastos, excediendo los desembolsos a las entradas en 897.244
maravedís y el alcance total de las cuentas en aquel momento
era ya de 1.388.900.
El Cabildo, tras la entrada en vigor del régimen constitucio-nal,
parece que se apoyó en el nuevo cambio político para tra-tar
de que prosperara dicha reclamación, según se deduce de
sus palabras, alegando que no pudo acusar antes «por no ha-llarse
en la libertad para ello, a causa de las circunstancias que
obraban en aquel tiempo».
Se nombró para desplazarse a la Corte y tratar el asunto al
magistral Juan de Frías, que trasladó un largo expediente de
reclamación formado por el doctoral Afonso. A los contadores
se les pidió realizaran unas cuentas exhaustivas desde la paga
de San Juan de 1793 a la de Navidad de 1802 y otras desde los
abonos de San Juan de 1813 en adelante para adjuntarlos al
informe general del Cabildo. Así, el 8 de mayo los representan-tes
del Cabildo Catedral —el doctoral Graciliano Afonso fue
diputado regional en las Cortes en el bienio 1822-1823, lo que
le supuso posteriormente, por su actitud liberal, notables sin-sabores—
pasaban a denunciar en las Cortes la nulidad de la
división del obispado, «pues se obró sin admitir la audiencia
de este cuerpo para su debida substanciación, se formaron los
quinquenios por aquellos años de mayor cosecha y en que
mayor estimación tubieron los frutos para abultar las rentas
que tomaban los partícipes en la causa decimal, no obrándose
en esto como en otras cosas que se practicaron con aquella
puresa y buena fe que era debida, y s�� sólo con pasión y aca-loramiento
con otras razones que se han pulzado» 47.
46 M. F. NÚÑEZ MUÑOZ, arts. cits.; A. GUIMERÁ PERAZA, El Pleito Insular
(1808-1936), Santa Cruz de Tenerife, 1976; del mismo autor, Los diputa-dos
doceañistas canarios, Santa Cruz de Tenerife, 1976.
47 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXIX.
Núm. 48 (2002) 261
REFLEJOS DE UN CONFLICTO ECLESIÁSTICO 39
Los prebendados planteaban que Fernando VII accedió a
la división en base a las cuentas del decenio transcurrido en-tre
1803 y 1812, pero que éstas debían ejecutarse según los
datos aportados por el período que iba desde 1793 a 1802 y
el quinquenio transcurrido entre 1815 y 1819, todos ellos con
rentas inferiores al decenio ejemplificado en la división. En la
década de 1803-1812 la canonjía libre tenía una renta de
1.511.454 maravedís y la pensionada con la décima para el
fondo pío de 1.360.296,5, mientras que entre 1793-1802 la
canonjía adquiría 1.086.392,5 maravedís. En el quinquenio de
1815 a 1819 la prebenda tomaba 1.093.440 y la pensionada
997.866, deducidas las cuotas a pagar al subsidio y excusado
y a la orden de San Carlos. Incluso, al Cabildo se le plantea-ba
una nueva problemática sobre las pensiones establecidas
sobre la mitra pues éstas, evaluadas en 1820 en un total de
6.227.270 maravedís, no se sabía si debían continuar sobre la
Mesa Episcopal de Las Palmas o afectaría a las dos 48. Los ale-gatos
no sirvieron para variar la postura del monarca, que
mantuvo la división del obispado además de perseguir toda
oposición a su dictamen.
CONCLUSIONES
El Cabildo Catedral de Canarias experimentó en el tránsito
entre los siglos XVIII y XIX una notable transformación de su
papel socioeconómico regional, un evidente desequilibrio en su
tradicional política de neutralidad frente al resto de las insti-tuciones
y grupos, así como un considerable enfrentamiento
interno, de carácter político, que nunca se había registrado de
forma tan explícita en anteriores etapas. En el pasado el Ca-
48 A.C.C.D.C., Actas del Cabildo, tomo LXIX, Acuerdos de 8-5 13-9 y
14-10-1820. Las cargas sobre la mitra se dividían en: 109.820 maravedís a
la Real Orden de San Carlos; 340.000 al Montepío; 374.000 al Seminario
Conciliar; 37.400 al bibliotecario del Seminario; 112.200 al monasterio de
la Concepción de Garachico; 124.950 a los niños expósitos de Las Palmas;
168.300 a los expósitos de La Laguna; 1.496.000 a la Universidad de La
Laguna; y 3.464.600 a particulares.
PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS
262 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
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bildo Catedral se había significado por su poder ideológico,
decisorio y económico en la región, lo cual le permitió ser uno
de los principales interlocutores con el poder estatal. En este
proceso el grupo de poderosos de la región había introduci-do,
tras las primeras décadas de la colonización castellana, en
la entidad a gran parte de sus candidatos mediante la presión
ejercida en la Corte para que se eligieran a los miembros ade-cuados
en las ternas presentadas o, en otros casos, como com-pensación
a servicios prestados, etc. De esta manera, tácita-mente,
el sector de poderosos logró controlar a través de sus
familiares, miembros del clan representado o con clérigos de
familias afines una entidad de gran importancia para sus in-tereses,
no sólo por el volumen de riqueza que podía redistri-buir
sino también por la potestad decisoria e influencia que
ejercía sobre el resto del vecindario y ante los centros de po-der
de la Corte.
La citada situación se mantuvo durante gran parte del An-tiguo
Régimen, pero a partir de la segunda mitad del setecien-tos,
con una política regalista cada vez más notable y una
laicización de la sociedad de mayor calado, el Cabildo Cate-dral
no supo adaptarse a los nuevos procesos, aunque estos
reducían a los clérigos a casi meros servidores de la Corona.
Las líneas generales de la nueva política borbónica e ilustrada
contemplaban al clero como adoctrinadores, instructores y
guías de una población que debía instruirse, trabajar y produ-cir
más en beneficio de la clase dirigente y, a través de ellos,
del monarca. La Iglesia debía seguir la jerarquía impuesta por
las normas trentinas y el Concordato de 1753, sometiéndose
los prebendados del cabildo canario a su obispo y todos ellos
a los designios del monarca, patrono real de la diócesis de
Canarias desde 1486. Este nuevo panorama implicaba que las
rentas de la Iglesia e, incluso, las alhajas de los templos fue-ran
utilizadas en provecho de los proyectos ideados por los
monarcas para financiarlos, sostenerlos o, en caso de quiebra,
pagarlos, pues se elaboraban para reflotar la economía del
reino que muchas veces, como los vales reales, llevaron al
despilfarro de un considerable número de capitales. En todo
caso, la Iglesia y los Cabildos perdieron gran parte de sus
Núm. 48 (2002) 263
REFLEJOS DE UN CONFLICTO ECLESIÁSTICO 41
riquezas tras la fuerte presión impositiva de los monarcas con
la implantación de rentas como el noveno decimal, el fondo
pío beneficial o los sucesivos donativos al rey para ayudarle
en las diversas cuestiones de índole militar o civil planteadas
(Guerra con la Francia revolucionaria o Gran Bretaña, crea-ción
de la Universidad de La Laguna, del Seminario Conciliar).
Así, el Cabildo Catedral en Canarias se encontró a comien-zos
del siglo XIX empobrecido en sus rentas, con escaso crédi-to
político ante el monarca, disminuido en su papel social y,
ahora más que nunca, mediatizado por los grupos de poder
insulares que trasladaron a su seno las diferencias existentes
entre ellos. La política irrumpió en medio de una institución
que deseaba y había defendido su papel de presunta neutrali-dad
hasta ese momento, situación imposible de sostener aho-ra.
Si en etapas anteriores el grupo de poder sólo había teni-do
escasas fricciones internas gracias al buen funcionamiento
de la complementaridad económica regional, la capacidad de
captación de capitales foráneos o la presión sobre la propie-dad
agraria, ahora, las diferencias con las crisis se agudizan,
deseando todos sostener y captar un volumen mayor de ingre-sos
de capitales mediante la ampliación de sus intereses más
allá de su territorio tradicional para abarcar el control políti-co
de toda o parte de la región. En ese momento, el conflicto
se extendió a todas las instituciones, incidiendo con mayor
virulencia en el seno del Cabildo Catedral, donde estaban
representada mediante los prebendados las diversas tendencias
de los sectores poderosos implicados en la lucha.
A partir de esos momentos, sobre todo tras la crisis políti-ca
de 1808-1810, el Cabildo Catedral no tuvo, en general, un
control sobre los procesos sociopolíticos que le afectaban di-rectamente,
caso de la división de la diócesis o sobre las nue-vas
figuras institucionales creadas en los procesos constitucio-nales,
y cualquier circunstancia interna era aprovechada por
alguna de las facciones de prebendados para arremeter con-tra
las otras. La politización del Cabildo supuso un malestar
interno traducido en un abandono de ciertas funciones del
culto, deterioro en las recaudaciones, ausencias prolongadas
de algunos prebendados, caso del deán Santiago Bencomo, el
PEDRO C. QUINTANA ANDRÉS
264 ANUARIO DE ESTUDIOS ATLÁNTICOS
42
control y la denuncia entre los diversos miembros del Cabil-do
filoabsolutista o filoconstitucionalista, los reiterados conflic-tos,
etc.
En general, el Cabildo Catedral sólo fue un reflejo de la
sociedad de cada momento, si antes del siglo XIX los preben-dados
disfrutaron de cierta capacidad decisoria y ascendencia
social fue porque los grupos de poder insulares sólo intenta-ron
crecer económica y políticamente en sus ámbitos insula-res
tolerando y manipulando a la institución. Una vez alcan-zado
este objetivo, algunos sectores del poder desearon
convertirse en únicos referentes regionales aumentando la si-tuación
en complejidad, crispación y lucha donde se vio impli-cado
de lleno el Cabildo Catedral. La institución se dividió y
fisuró, pues una parte siguió defendiendo las ideas que tradi-cionalmente
había sostenido un sector del grupo de poder y
el propio Cabildo mientras otras, amparada en una nueva le-gitimidad
y estrategia sociopolítica, defendía lo contrario.
Independientemente de cual triunfó, el Cabildo Catedral per-dió
casi toda su influencia y crédito socioeconómico y políti-co,
quedando reducido a una institución sometida a los dictá-menes
de los prelados y, a través de ellos, de los monarcas
pues a partir de estos momentos fueron gran parte de la
centuria a remolque y, muchas veces, mediatizados por los
acontecimientos políticos.