La industria de la sal : un negocio privado, 1500-1800

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LA INDUSTRIA DE LA SAL: UN NEGOCIO PRIVADO, 1500-1800
Anuario de Estudios Atlánticos
ISSN 0570-4065, Madrid-Las Palmas (2008), núm. 54-I, pp. 541-591
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LA INDUSTRIA DE LA SAL:
UN NEGOCIO PRIVADO, 1500-1800
P O R
ANTONIO M. MACÍAS HERNÁNDEZ
RESUMEN
Los pescadores canarios sustituyeron a los peninsulares en la pesca de
Berbería en la segunda mitad del siglo XVI gracias a una nueva técnica en
la preparación de las capturas: el pescado salpreso. Esta elaboración reque-ría
el empleo de grandes cantidades de sal, y la expansión de la pesquería
corrió entonces paralela a la de la industria salinera. Las dos iniciativas
industriales más importantes de la historia moderna insular tuvieron, pues,
un destino común. Este artículo examina el marco institucional que regu-laba
las salinas canarias, sus ciclos y rentabilidad, y señala el momento en
que fueron capaces de cubrir la demanda doméstica.
Palabras clave: Economía, Historia de la Sal, Historia Económica, Sali-na,
Pesquería.
ABSTRACT
The canary fishermen replaced the Iberian fishermen in the fishing of
Berbería in second half of century XVI thanks to a new technique in the
preparation of the captures: the fish salpreso. The elaboration required the
use of great amounts of salt, and the expansion of the fish ran then compa-res
to the one of the salt industry. The two more important industrial
initiatives of insular modern history had, then, a common destiny. This
article examines the institutional frame that regulated the canary salt mi-nes,
its cycles of formation and yield, and indicates the moment in that they
were able to cover the domestic demand.
Key words: Economy, History of salt, Economic History, Salt mine,
Fishery.
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El profesor Rumeu de Armas dedicó dos trabajos a las pes-querías
españolas en la costa occidental africana durante los
siglos XV y XVI, y en ambos textos subrayó la necesidad de pro-fundizar
en este apartado de la historia económica española y,
singularmente, de Canarias. Nuestro ilustre investigador aportó
valiosos datos y sugerencias analíticas y concluyó su estudio con
una observación muy acertada, aunque quizás un tanto amar-ga:
«de cuantas actividades España desplegó en el continente
africano» en aquellas dos centurias, «no quedó más que la pes-ca.
Los humildes hombres de mar siguieron siempre leales a la
acción africanista de España, con un esfuerzo digno de mejor
suerte»1.
Comencemos entonces por aclarar quienes eran estos «hu-mildes
hombres de mar» y los orígenes de sus pesquerías atlán-ticas.
Se remontan al menos a mediados del siglo XV, y aunque
conocemos aún muy poco acerca de su magnitud —continúa el
profesor Rumeu—, debieron tener cierta importancia si conside-ramos
que fueron motivo de discordia entre las coronas de Por-tugal
y Castilla por la definición de sus áreas de influencia y
dominio político-económico en el África occidental. Los tratados
de Alcaçobas (1479), de Tordesillas (1494) y, finalmente, de
Sintra (1509), resolvieron la disputa entre los dos reinos ibéri-cos2,
y el área comprendida entre los cabos Aguer y Bojador
quedó para los intereses castellanos y de todas las gentes de la
Europa que se dieron cita en la colonización de Canarias.
1 Recordemos que Rumeu incluye su primer trabajo en el volumen que
dedicó a la presencia española en el África atlántica y cuya primera versión
fue publicada en 1955 por el Instituto de Estudios Africanos (citamos aquí
por la edición corregida y ampliada de 1996), es decir, coincidiendo con la
pérdida de la soberanía española en el territorio de Sidi-Ifni. El segundo
trabajo, que modificada y ampliada el primero, se editó como artículo en
el Anuario de Estudios Atlánticos en 1977, y dos años antes y por el Acuer-do
Tripartido de Madrid España cedía su antigua colonia del Sahara occi-dental
a Marruecos, lo que supuso un duro revés para las pesquerías espa-ñolas
en esta región.
2 Sobre estos tratados, la mejor síntesis y por lo que aquí comentamos
se encuentra en Rumeu de Armas (1996: 161-168, 221-248 y 509-542). La
primera edición de esta obra es de 1955, pero se cita en este texto por su
segunda edición, de 1996.
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Este último proceso empezó a principios del siglo XV, con la
acción del normando Jean de Béthencourt. Sin embargo, no
alcanzó su verdadero significado sino en la primera mitad del
siglo XVI, y ocurrió entonces un cambio importante de protago-nistas
en el escenario pesquero atlántico-africano frecuentado
hasta entonces por los armadores y marinos españoles. Porque
si los vascos, cántabros, gallegos y, sobre todo, los andaluces
fueron los pioneros en esta pesquería, su presencia se vio susti-tuida
desde el último cuarto del siglo XVI por una flota que te-nía
como origen y destino únicos los puertos insulares3. Cabe,
pues, concluir, que todo el mérito de haber mantenido la acción
de España en esta costa occidental africana desde el siglo XVI
hasta el primer tercio del siglo XX correspondió en exclusiva a
los pescadores canarios4.
Sabemos, sin embargo, muy poco sobre esta sustitución de
los armadores y marinos peninsulares por los canarios en la
pesca de Berbería, así como sobre la secular presencia de estos
últimos en este caladero durante el período moderno5. Ahora
bien, una cosa es bien cierta: la sustitución no obedeció a un
hecho fortuito o, simplemente, a los vaivenes de la fortuna.
Debemos, por tanto, plantearnos las sugerencias analíticas que
permitan esclarecer porque donde unos pescadores fracasaron
otros encontraron feliz y duradero acomodo. Y mi sugerencia
es la siguiente: la pesca de Berbería quedó para los pescadores
insulares desde el último cuarto del siglo XVI gracias a su inno-vación
tecnológica en las elaboraciones pesqueras y a un mer-cado
que aceptó de inmediato el nuevo producto, el pescado
3 Rumeu de Armas (1977). Lobo Cabrera (1980).
4 El retorno de la flota peninsular a este caladero se produce tímida-mente
en el último cuarto del siglo XIX, para intensificarse luego su pre-sencia
en el período autárquico, compartiendo entonces la pesquería con
la flota española que tenía como base los puertos canarios y, por supuesto,
con las flotas extranjeras, sobre todo a partir de mediados de la década de
1955. Sobre estas cuestiones, véase Macías Hernández (1982). Díaz de la
Paz (1988 y 1993).
5 Esperamos que la tesis de Álvaro Díaz de la Paz, de próxima presen-tación,
y a quién debo muchas de las notas de este texto, aclare este impor-tante
capítulo de la historia económica insular.
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salpreso, y en este proceso tecnológico desempeñó un papel de
singular importancia la industria salinera canaria.
El caladero de la pesca de Berbería era rico en especies de
gran importancia pesquera; eran, además, adecuadas para la
salazón. En unos pocos días de intensa faena, un buque de cin-cuenta
toneladas, procedente de sus bases peninsulares, realiza-ba
las capturas necesarias para llenar su bodega, que efectuaba
luego de preparar el pescado en tierra (lavado, secado y ligera
salazón). Pero un grave obstáculo se oponía al desarrollo de
estas pesquerías: el litoral del caladero era extremadamente hos-til
a los intereses cristianos. Los pescadores sufrieron numero-sos
y continuos contratiempos (muertes, robos, cautiverio y es-clavitud)
a manos de las tribus nómadas que frecuentaban este
territorio, atraídas, sin duda, por la actividad mercantil del ene-migo
cristiano, y los acuerdos firmados por los reinos de Castilla
y Portugal con los Jarifes eran, en realidad, papel mojado6.
Convenía entonces ensayar un cambio tecnológico que per-mitiera
realizar las dos faenas de la pesquería (capturas y pre-paración)
en el propio buque y, por supuesto, convenía también
buscar los consumidores del nuevo producto. Pues bien, ésta fue
precisamente la gran innovación tecnológica de los pescadores
canarios, siendo sus paisanos los principales consumidores. En
vez de transformar las capturas en pescado seco y ligeramente
salado en una tierra hostil, los pescadores canarios llenaban las
bodegas de sus buques con sal procedente en su mayor parte
de las salinas insulares, iban al caladero, pescaban las especies
adecuadas (cherne, samas, tasartes, corvina) para elaborarlas
como pescado salpreso en el propio barco, y retornaban a sus
bases en las islas para vender su carga en el mercado local7,
6 Sobre estos tratados y su reiterado incumplimiento, véase Rumeu
(1996).
7 La nueva técnica hizo desaparecer por completo la amenaza ber-berisca,
pues la hostilidad se trasladó ahora al mar. Desde sus bases de Salé
y Argel, los piratas atacaban los barcos pesqueros e, incluso, se planteó sin
éxito a finales del siglo XVII la supresión de la pesquería para evitar que los
marinos apresados renegasen de su fe. Cf. Anaya Hernández (1982) y
Rodríguez Yanes (2001). Pero, como veremos más abajo, la nueva ofensiva
berberisca, ahora en el mar, tuvo también una respuesta exitosa por parte
de los pescadores insulares.
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pues el consumo de esta elaboración fue muy elevado entre la
población canaria, especialmente a partir de mediados del siglo
XVII, cuando el pescado salpreso se convirtió en la base proteí-nica
de las clases populares y llegó incluso a la mesa de las cla-ses
algo más acomodadas. Las dos industrias marítimas m��s
relevantes de la historia moderna de Canarias tuvieron, pues,
una misma historia.
Este artículo aporta nuevos datos e interpretaciones sobre
una parte de esta historia, es decir, sobre la industria de la sal8.
Examina, en primer término, el marco jurídico-fiscal que regu-laba
esta industria desde la conquista del territorio hasta fina-les
del siglo XVIII. Revisa y amplia la información disponible so-bre
las iniciativas encaminadas a la construcción de salinas y
los proyectos que lograron consolidarse, y estima, por último, la
magnitud del consumo aparente de sal en la segunda mitad del
siglo XVIII con el fin de comprobar el grado en que fue cubierto
por la producción salinera insular, coincidiendo con la etapa en
que esta industria alcanzó su máximo esplendor durante el pe-ríodo
moderno.
1. EL MARCO JURÍDICO-FISCAL SALINERO
Los nautas europeos que buscaban una ruta marítima a las
fuentes del oro africano, de cuyo Eldorado formaban parte las
míticas Islas de la Fortuna de la literatura medieval, es decir, las
Canarias Insulae reales de los textos romanos9, redescubrieron
estas islas a mediados del siglo XIV. Luego, a principios del XV, el
normando Jean de Béthencourt arrebató Lanzarote y Fuerte-ventura
al poder indígena y todo el territorio insular quedó bajo
el dominio de la Corona de Castilla, creándose al efecto el Se-ñorío
de Canarias. Los sucesores en este señorío lograron defen-der
sus derechos de la constante injerencia lusitana e hicieron
8 Advierto al lector que abordé este tema en un texto de 1989, que
ahora corrijo y amplio con nuevos datos y sugerencias.
9 La tesis que relaciona el redescubrimiento de las Islas con las expedi-ciones
financiadas por el capital mercantil en búsqueda del oro africano ha
sido defendida por Macías Hernández (2001).
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efectivo el poder señorial en El Hierro y La Gomera. Finalmen-te,
el resto del territorio insular (Gran Canaria, Tenerife y La
Palma), con un número más elevado de gentiles y mayor fera-cidad
y riqueza, fue conquistado por iniciativa regia en el últi-mo
cuarto de aquella centuria10.
Dicho esto, ¿existían auténticas salinas en las islas, construi-das
obviamente por su población protohistórica? ¿Qué ocurrió
entonces con este patrimonio y su producción salinera? ¿Finali-zada
la conquista de cada isla, este patrimonio y todo el comer-cio
de su preciado producto quedaron bajo control regio o se-ñorial
en sus respectivos ámbitos insulares de dominio?
Recordemos al respecto que este control y marco institu-cional
salinero no era en absoluto nada nuevo a la altura del
siglo XV. Desde los tiempos medievales, la renta de la sal consti-tuía
uno de los ingresos señoriales, como monopolio real estaba
ya implantada en las regiones castellanas donde la Corona hizo
valer su regalía de la sal11, y, por último, las salinas del reino
nazarí, una vez conquistado, pasaron de inmediato a formar
parte del patrimonio regio12.
Los cocederos naturales: una propiedad común
La doble modalidad de conquista del Archipiélago y el inte-rés
de sus protagonistas por la renta de la sal permiten soste-ner,
por un lado, que todas las salinas existentes en el nuevo
territorio formarían parte del patrimonio regio o señorial y, por
otro, que ambos poderes conservarían bajo su estricto control
esta importante fuente de ingresos. Sin embargo, nada de esto
ocurrió porque, simplemente, no había salinas en las islas13; su
10 Los rasgos generales de la conquista y colonización pueden consul-tarse
en Aznar Vallejo (1982) y Fernández-Armesto (1997), y el papel del
comercio exterior en la formación de la nueva economía, asociado a la im-plantación
y expansión de una economía agroexportadora basada en el azú-car,
en Macías Hernández (2002).
11 Pastor de Togneri (1963).
12 Malpica Cuello (1981), Torrejón Chávez (1997).
13 Los estudios sobre el poblamiento protohistórico de las Islas aluden
a una colonización dirigida por los púnicos o bien por los romanos y con
mano de obra libio-bereber. Su objetivo sería, entre otros, el de explotar
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comunidad protohistórica, sin duda, numerosa, pero dispersa en
forma de pequeños núcleos por todo el territorio insular, cubría
su demanda de sal mediante la recolección de la que se forma-ba
en los cortos y abundantes cocederos naturales diseminados
por todo el litoral14.
Finalizada la conquista, su marco jurídico-institucional de-terminó
que todos estos cocederos naturales fueran patrimonio
regio o señorial en sus respectivos ámbitos insulares, como lo
fueron las tierras, las aguas y todos los recursos, incluyendo los
vencidos. Por consiguiente, la recolección de la sal de estos
cocederos naturales y su posterior venta podían haber engrosa-do
las rentas regias o señoriales, como ocurrió de inmediato con
las denominadas simientes de estimación —orchilla, conchas
marinas y ámbar gris—. Pero tampoco fue este el caso, quizás
porque no había cocederos naturales cuyas dimensiones hicie-ran
rentable el control de su sal o permitieran el establecimien-to
y a bajo coste de una industria salinera regia o señorial15.
los recursos pesqueros, cuya preparación requiere el empleo de la sal. Se
sugiere entonces la existencia de salinas en las islas. No obstante, las prue-bas
a favor de esta acción colonizadora no son concluyentes, ni tampoco
las prospecciones arqueológicas en busca de dichas salinas. En todo caso,
aquí no cuestionamos su existencia; sostenemos únicamente que, de haber-se
hallado pruebas de su obra en los momentos de la conquista, hubieran
formado parte del patrimonio regio o señorial. Sobre este poblamiento
protohistórico y sus consecuencias, véanse los trabajos incluidos en Gon-zález
Antón (2004).
14 Es muy difícil estimar el gasto de sal en la comunidad indígena. No
obstante, sabemos que consumían carne y pescado seco, de modo que su
consumo anual per cápita fue inferior al de las poblaciones históricas que
empleaban la sal como principal conservante. Parece, pues, razonable si-tuar
el consumo indígena en una media anual de cinco kilos (13,7 gr/día),
que aplicada a su población en la fase final de su protohistoria (80.000
habitantes), obtenemos un consumo anual aparente de 400 toneladas, es
decir, 5.714 fanegadas. Esta cantidad podía obtenerse de los cocederos na-turales
—labrados en algún caso para mejorar su rendimiento— si conside-ramos
que su sal bastó para cubrir la demanda de los habitantes de
Lanzarote, El Hierro y Fuerteventura en 1800, cuando sus densidades eran
de 19,1, 14,9 y 7,5 hab./km2, mientras que la indígena fue como media de
10,7 hab./km2. Sobre esta población y su economía véase Macías Her-nández
(1992 y 1995).
15 Confirma esta tesis la salina de El R��o, en Lanzarote, de propiedad
señorial. Cf. infra.
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Estas razones pueden parecer insuficientes. Pero, en todo
caso, permite explicar por el momento que el dominio útil o usu-fructo
de todos los cocederos naturales existentes en las Islas,
de poca sustancia y provecho para convertirse en monopolio
regio o señorial, fuera declarado propiedad común por decisión
de los propietarios de su dominio eminente, al igual que las tie-rras,
montes y aguas que quedaron bajo este dominio luego de
los repartimientos. Cada vecino podía recoger libremente la sal
necesaria para abastecer su casa o para vender su corto exce-dente
en el mercado insular, sin que tuviera que pagar por ello
derecho o impuesto alguno.
Además, mientras que la actitud rentista de los señores se
concretó únicamente en beneficiar la principal renta de su se-ñorío
jurisdiccional —el denominado derecho de quintos o im-puesto
de aduanas16—, en el caso regio dicha política se funda-mentó
en un régimen de libertades de naturaleza fiscal y
mercantil17. De ahí que las islas de realengo estuvieran exentas
del pago de la alcabala a partir de 1528 —hasta este año afec-taba
sólo a los extranjeros—, así como de cualquier otro grava-men
sobre el consumo —exención hecha de las sisas municipa-les—
hasta la arribada de esta imposición con el Trienio Liberal,
cuya exacción afectó entonces a todo el archipiélago. Por su-puesto,
la exportación de sal al mercado interior o regional o al
mercado exterior abonó desde un primer momento los derechos
aduaneros regios o señoriales.
La documentación disponible confirma este marco institu-cional
en el que se desenvolvió, con carácter general, la reco-lección
y el comercio de la sal procedente de los cocederos na-turales.
Así, en el caso del territorio señorial, los dueños del
señorío mantuvieron su cesión al común del dominio útil de los
cocederos naturales, limitándose los representantes de su autori-dad,
la Justicia y Regimiento, a evitar el desabastecimiento de
la isla mediante recortes en la libertad de saca de la sal, fijando
sus precios en años de penuria o bien prohibiendo todo estanco
16 Sobre este importante y controvertido tema de la historia del régi-men
señorial de Canarias, sigue siendo de obligada consulta la obra de
Roldán Verdejo (1967).
17 Bernal y Macías (2007).
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en la recolección. Así, en una información testifical de 1605 se
indica que
en las dichas yslas de Lanzarote y Fuerteventura ay disposi-ción
de muchas partes de la costa para hacer salinas, y de la
que de suyo se guasa con las aguas vivas, sin que nadie la be-neficie,
se sustentan los vezinos de las dichas dos yslas y la
Pesquería, y que la toman sin licencia los que quieren ir por
ella18.
Un siglo más tarde, la Justicia y Regimiento de Fuerte-ventura
reiteró el carácter comunal de la recolección de la sal
en los cocederos naturales:
Por ser muchos los vecinos y no haber en la isla salinas, sino
sólo algún charco que poca sal recoge, habiendo falta de ella,
acordaron cerrar la saca de la sal... Y que ninguna persona
esté de un día para otro en la costa cogiendo sal, sino sólo la
que hubiere en un día y necesitare para su gasto; y si llegare
un vecino y la viere cogida, la podrá alzar, pagando al que la
cogió a tres reales fanega, dejándole la que hubiere menester.
En los lugares se venderá la sal a cinco reales fanega19.
Esta política concejil persistió a lo largo de la centuria, pues
se reitera en enero de 172720 y, de nuevo, en marzo de 1737,
cuando los capitulares «acordaron que se cele no se coja la sal
por particulares estanciándose de día y de noche en las salinas,
sin que sea a los precios regulares por este Cabildo»21.
El territorio realengo contaba también con abundantes
cocederos naturales, sobre todo en la franja costera meridional
de Gran Canaria, donde se construirán las salinas más impor-tantes
del Archipiélago. Y al igual que en las islas de señorío,
estos cocederos eran propiedad común y los vecinos recogían la
sal y la vendían en el mercado local sin pagar derecho alguno.
18 Macías Hernández (1989: 211-212).
19 Roldán Verdejo (1967: II, 163-164). Acuerdo del 1-09-1700.
20 Roldán Verdejo (1967: II, 275). Acuerdo del 13-01-1727. El acuerdo
indica «que se observe el auto del buen gobierno del Alcalde Mayor en
cuanto a la sal que se coge en las salinas», es decir, en los cocederos natu-rales,
pero desconocemos el contenido de dicho auto.
21 Roldán Verdejo (1967: III, 52). Acuerdo del 13-03-1737.
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La autoridad concejil se limitó a fijar los precios de venta de la
sal —aunque no parece que esta intervención fuera aplicada con
rigor22—, a garantizar el abastecimiento del mercado y a man-tener
el carácter comunitario de los cocederos.
La libertad en la producción y venta de la sal conoció, sin
embargo, un breve paréntesis intervencionista; en primer lugar,
de la hacienda local, que conocemos al menos en el caso del
municipio de Tenerife. En 1519 su Justicia y Regimiento incor-poró
a los bienes de propios de la hacienda insular y con licen-cia
regia las «salinas de la isla», es decir, todos sus cocederos
naturales, cuya producción y venta de sal puso en arriendo23,
obligándose el arrendatario a tener abastecida la isla24. La deci-sión
se tomó con el fin de evitar «hacer repartimientos o echar
sisas entre los vecinos» para sufragar los gastos comunitarios,
pero la penuria de la hacienda concejil obligó de inmediato a
imponer una sisa sobre la sal y otros productos25. Finalmente,
es posible que los otros dos municipios de realengo (La Palma y
Gran Canaria) adoptaran también esta política fiscal; en todo
caso, sabemos que el municipio de Gran Canaria obtuvo licen-
22 Al menos en el caso de Tenerife. Las únicas actas municipales que se
conservan en buen estado son las de este municipio y en ellas constan los
precios y tasas de los mantenimientos, aunque la serie presenta numerosas
y muy amplias lagunas. Pues bien, nuestro estudio en preparación sobre
los precios ha consultado esta fuente y sólo en contados años de la primera
mitad del quinientos aparece mencionada la sal y para hacer referencia a
la renta de las salinas o a los cocederos naturales.
23 La decisión se aprobó en acuerdo de 7 de enero de 1519, argumen-tando
que, de lo contrario y con el fin de incrementar los ingresos de pro-pios,
«sería forzoso hacer repartimientos o echar sisas entre los vecinos y
sería muy perjudicial, y considerando que de la dicha renta de la sal no
viene perjuicio alguno, la mandan poner y que con el mensajero se envíe a
suplicar a sus Altezas que lo hayan por bien». Cf. Serra Ràfols y Rosa
Olivera (1970: 20-21).
24 Esta obligación se recoge en acuerdo de 3-08-1520 y en relación con
una situación de desabastecimiento del mercado insular. Cf. Serra Ràfols y
Rosa Olivera (1970: 62).
25 Serra Ràfols y Rosa Olivera (1970: 163). El acuerdo de 13-09-1522
señala un aumento de la sisa sobre varios productos, incluida la sal, pero
alude a una elevación de los tipos que ya se cobraban, de modo que la sisa
sobre la sal debió establecerse en fecha anterior.
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cia regia en 1527 para imponer una sisa sobre los principales
mantenimientos para costear parte de los salarios de los oidores
de la recién creada Real Audiencia de Canarias, con sede en la
capital insular, Las Palmas26.
La siguiente amenaza contra la libertad en la industria y
venta de la sal llegó de la Corte. En 1515 concedió su regalía
de la sal en todas las islas a F. Jiménez de Almorox. Pero la
oposición del municipio de Tenerife a perder su renta de las
salinas naturales, argumentando «que es poca cosa e de poco
provecho»27 —como, en efecto, lo era, pues no aparece esta ren-ta
en sus ingresos de propios—, logró frenar las aspiraciones
regias, y la recogida y comercialización de la sal de los cocederos
naturales siguió siendo una actividad libre de toda intervención
regia.
La industria salinera: un negocio privado
La recolección de la sal de los cocederos naturales bastaba
para cubrir la demanda, pero por las razones que luego vere-mos
la industria salinera inició su andadura en determinadas
áreas insulares hacia la década de 1530. Interesa entonces pre-cisar
que esta industria fue desde su implantación un negocio
privado y que la normativa vigente en la Corona de Castilla a
partir de 1564 no se aplicó a las salinas insulares28. No obstan-te,
durante el período moderno, este negocio conoció algunos
cambios de relieve en sus apartados institucional e impositivo,
si bien no condicionaron de manera significativa el desenvolvi-miento
de la actividad.
Durante el siglo XVI, los interesados en la industria salinera
solicitaban a los concejos de realengo tierras baldías en el lito-ral
para construir salinas, sin que tuvieran que abonar canon
alguno por la concesión29; tenían, pues, el mismo trato que los
colonos agraciados con aguas y tierras en los repartimientos. Los
26 Cullén del Castillo (1995: 277).
27 Rosa Olivera y Marrero (1986: 415).
28 Ulloa (1977: 374-407).
29 Cf. infra.
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municipios de señorío podían también ceder terrenos del común
para la fábrica de salinas, pero la única industria que se cons-truyó
en esta centuria y hasta el último cuarto del siglo XVIII fue
por iniciativa señorial, como luego veremos.
Este marco jurídico inicial de la industria salinera se man-tuvo
hasta 1605, cuando la Corona ordenó a su Real Audiencia
de Canarias la apertura de un expediente sobre las salinas insu-lares
con el fin de incorporarlas a su Real patrimonio30. La ini-ciativa
regia no prosperó, entre otras razones, por la dificultad
de controlar una actividad que se basaba fundamentalmente en
la recolección de sal en los abundantes concederos naturales
dispersos por toda la geografía insular. Pero la construcción de
nuevas salinas a partir de 1605 requería licencia de la Corona,
así como la confirmación regia de la merced de tierras realengas
otorgada por el municipio para la fábrica de salinas, debiendo
ahora sus industriales pagar, como el resto de los beneficiarios
de tierras realengas, un canon fijo con destino a los propios31.
Finalmente, la licencia regia fue también preceptiva para cons-truir
salinas en el territorio señorial, como demuestra la real
cédula que con este objeto obtuvo en 1677 Fernando Matías
Arias de Saavedra, señor de Fuerteventura32.
La expansión de la industria salinera en el último tercio del
siglo XVIII atrajo de nuevo el interés regio por hacer valer su
regalía de la sal. Los directores generales de rentas reales advir-tieron
del peligro que representaba para los intereses regios el
desarrollo de una industria cuya oferta superase la demanda
interior, pues entonces los industriales podrían conducir el exce-dente
al mercado indiano. Y como la exportación canario-ame-ricana
abonaba menos derechos que los que se exigían en las
30 La disposición regia puede consultar en Macías Hernández (1989:
210-213).
31 El Cabildo vendió tierras realengas a censo perpetuo durante el si-glo
XVII, pero no se ha podido localizar la facultad regia que autorizaba
estas ventas. La Real Audiencia sostuvo el carácter realengo de este patri-monio
y discutió al municipio su enajenación, resolviendo en 1645 que
todos los agraciados debían pagar un canon con destino a los propios.
Cf. al respecto Suárez Grimón (1988: I, 249-257).
32 Macías Hernández (1989: 214-215).
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aduanas peninsulares, «cesará [entonces] la extracción de las
sales de la Mata y de Cádiz, en que se interesa mucho más la
Real Hacienda».
Convenía entonces al Real Erario establecer en las Islas el
monopolio de la sal y con tal objeto solicitó informes al admi-nistrador
de rentas reales de Canarias. Pero el diligente funcio-nario
se mostró en desacuerdo con la propuesta. Señaló en 1780
y, de nuevo, en 1787, que era muy difícil hacer valer la regalía
de la sal en unas islas con abundantes y dispersos cocederos
naturales, que la producción actual de la industria no cubría su
consumo y, sobre todo, que
el establecimiento de alfolíes en estas Islas de cuenta de la
Real Hacienda, sobre lo que Vuestras Señorías se sirven pe-dirme
informe, no creo pueda serla útil. Prescindiendo de los
inconvenientes, tiempo y mucha maña que se necesitaría para
salir felizmente en plantificar estanco en unas islas que sola-mente
tienen el del Tabaco y reclaman siempre sus privi-legios33.
En resumen, el marco jurídico-institucional de la industria
salinera en el Archipiélago durante su historia moderna parece
claro por lo que respecta a la intervención regia en este nego-cio.
La Corona no logró hacer efectiva en las Islas su regalía de
la sal, entre otras razones, por la tenaz oposición de sus vasallos
a cualquier modificación en sus privilegios fiscales y mercanti-les.
Esto significa que todo isleño con suficiente capital pudo
ejercer libremente esta industria y todas las solicitudes para fa-bricar
salinas recibieron sin cortapisa alguna el necesario res-paldo
regio desde que se impuso este requisito legal en 1605.
Ahora bien, el capital y la licencia regia no eran los únicos
requisitos para fundar un establecimiento salinero. Se precisa-ba
también contar con los derechos de propiedad sobre el lito-ral
adecuado para construir la salina y sobre su territorio cir-cundante,
pues la explotación debía contar con un entorno
agrario inmediato con el fin de cubrir su demanda estacional
de fuerza de trabajo.
33 Macías Hernández (1989: 156).
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Comencemos por las islas de señorío. La construcción de
salinas en este territorio, con excelentes condiciones naturales
en el litoral de Lanzarote y Fuerteventura, requería la precepti-va
licencia regia, como ya hemos señalado. Pero esta licencia
se concedió en 1677 a su señor territorial, mientras que, ahora,
en la segunda mitad del setecientos, quienes solicitaron permiso
regio para fabricar nuevas salinas en este territorio eran los
miembros de una elite rural enriquecida con el comercio del
grano en el mercado interior. La Corona se mostró favorable a
la concesión, en la línea ilustrada de mejorar la economía de
un territorio con recursos exclusivamente agropecuarios, pero
convenía, según el funcionario de rentas reales, oír el parecer
de los señores, pues las islas les
pertenecen no por privilegio de señorío sino por privilegio de
conquista que hicieron a sus expensas, tocándoles el terreno
y suelo, y como tales dueños enfitéuticos los datan con el
pacto que les parece34.
Y el parecer de los señores fue determinante. El único pro-yecto
para construir una segunda salina en Lanzarote fue soli-citado
en 1775 por su gobernador de las armas, el rico hacen-dado
y gran impulsor de la actividad económica insular, el
coronel Manuel de las Armas Scorcio Bethencourt35. La Corona
autorizó la construcción por real orden de 25 de marzo de 1775;
sin embargo, el proyecto no prosperó por la oposición del señor
de la isla, el marqués de Belamazán, propietario de la primera
y única salina insular36.
Un caso parecido ocurrió en Fuerteventura. A finales de la
década de 1770, su nuevo señor, Francisco de Lugo y Saavedra,
solicitó a la Corte la construcción de una salina en el término
de la Hondurilla. La obra motivó un ruidoso pleito con uno de
sus ricos vasallos, Juan del Castillo Olivares, quien pidió tam-bién
a la Corona facultad para tal fin en 1786, alegando, ade-
34 Macías Hernández (1989: 163).
35 AGS (Archivo General de Simancas). Secretaría y Superintendencia de
Hacienda, leg. 2.013.
36 Macías Hernández (1989: 159).
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más, que las tierras de la Hondurilla le pertenecían como suce-sor
en el mayorazgo fundado en 1677 por Francisco de Mora-les37.
La pretensión fue impugnada por Francisco de Lugo, ale-gando
para ello la facultad otorgada a su antecesor en 1677.
El pleito se sustanció en primera instancia ante la Real Au-diencia
de Canarias, la cual falló en junio de 1784 en favor de
Francisco de Lugo; por su parte, Castillo Olivares apeló a Sevi-lla,
cuyo auto, de 17 de agosto de 1786, revocó la sentencia del
tribunal canario y autorizó a Castillo Olivares para que en el
plazo de cuatro años levantase la obra, precedida ésta de la
correspondiente licencia regia, la cual obtuvo por real orden de
13 de setiembre de 1787. Pero Francisco de Lugo persistió en
su derecho, alegando que el lugar era de señorío y la facultad
dada en 1677 a su antecesor; el pleito se cerró en 1791, que-dando
Francisco de Lugo en posesión de la salina por real or-den
de 7 de julio de este año38.
Así pues, los señores, propietarios de salinas en un caso
(Lanzarote) o con intereses en el desarrollo de esta industria en
otro (Fuerteventura), se opusieron a toda construcción de sali-nas
por parte de sus vasallos. Una oposición que ejercían en
virtud de su dominio eminente sobre todo el litoral y las tierras
de su entorno, pues su dominio útil pertenecía a sus vasallos en
calidad de propiedad común por decisión de los primeros due-ños
del señorío.
¿Qué ocurrió en el caso del territorio realengo? Aquí debo
referirme, en primer término, a los derechos de propiedad sobre
el litoral adecuado para construir salinas. Recordemos que se
trataba de tierras realengas cuyo dominio útil pertenecía al co-mún
por decisión regia. Pero recordemos también que este ca-rácter
comunitario quedó restringido en el caso de Tenerife al
incorporarse todos los cocederos naturales existentes en esta isla
a la hacienda municipal en 1519. Un hecho institucional que
supuso dos cosas: el arrendamiento y estanco de toda la reco-lección
de la sal de los cocederos naturales en beneficio exclusi-vo
de la hacienda concejil, y la pertenencia del litoral más apto
37 AGS. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 2.013.
38 AGS. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 2.013.
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para la construcción de salinas a los propios del municipio. Por
consiguiente, cabe sostener que esta incorporación inhibió el
desarrollo salinero en esta isla, que no dispuso de salinas hasta
finales del siglo XIX, a pesar de que desde mediados del siglo XVI
contaba con la mayor población y riqueza del Archipiélago, así
como de zonas adecuadas para el establecimiento de esta indus-tria
en el sureste insular.
Pero esta hipótesis pierde significado si consideramos que la
hacienda concejil no percibió renta alguna por la sal de sus
cocederos naturales por ser «poca cosa e de poco provecho». El
aprovechamiento de esta sal fue, pues, patrimonio común y el
municipio decayó en el ejercicio de su derecho de propiedad.
Además, este derecho afectó únicamente a la propiedad útil, de
modo que se mantuvo el carácter realengo del dominio eminen-te
de los terrenos baldíos de todo el litoral. Por consiguiente,
todo interesado en el desarrollo de la industria salinera en esta
isla, así como en La Palma, podía solicitar a la Corona las tie-rras
baldías que considerase necesarias para su fábrica, abonan-do
a los propios de cada isla, como en el caso de Gran Canaria,
un moderado canon enfitéutico, como veremos más abajo.
Más verosímil me parece un segundo argumento, referido en
concreto a los derechos de propiedad sobre los terrenos inme-diatos
al litoral adecuado para el establecimiento de salinas. Así,
en el caso de Tenerife, estos terrenos pertenecían a grandes
patrimonios y sus titulares no mostraron interés alguno por el
desarrollo salinero39. Por el contrario, lo ocurrido en el caso del
litoral sureste de Gran Canaria, su principal área de expansión
salinera, confirma esta tesis. Sus industriales promovieron el
quehacer agrario en las tierras que poseían en el entorno de su
39 Me refiero a las zonas de El Médano y Los Cristianos, donde final-mente
se construyó una salina a finales del siglo XIX. Los terrenos inmedia-tos
al litoral en la primera zona pertenecían al Heredamiento de Vilaflor,
propiedad del marquesado de Fuente de Las Palmas, que desde finales del
siglo XVI explotó este patrimonio mediante la cesión de amplios lotes en
enfiteusis. La segunda zona, de Los Cristianos, era propiedad del mar-quesado
de Adeje; el régimen de tenencia de la tierra era también indirecto
y a finales de la década de 1760 pasó a manos del conde de Mondéjar y de
Bélgida, con residencia en Madrid, quedando todo el fundo en manos de
sus apoderados o administradores.
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establecimiento con el fin de disponer de la fuerza de trabajo
estacional que requería la industria40.
Aclaremos, por último, el apartado impositivo. La venta de
sal de la industria salinera quedó libre de todo impuesto regio,
al igual que la venta de la sal recogida en los cocederos natura-les.
En realidad, el único gravamen de importancia sobre la
industria salinera fue su diezmo.
No podemos aún precisar la fecha de su percepción por el
Cabildo catedralicio de la Diócesis canariense y demás interesa-dos
en la renta decimal, por cuanto la documentación referida
al siglo XVI fue destruida en el incendio de las casas consistoria-les
perpetrado por los holandeses en 1599. En todo caso, la pri-mera
noticia al respecto procede de las salinas de Lanzarote,
que aparecen abonando su correspondiente diezmo de manera
individualizada en 1631, de modo que es muy probable que su
pago tuviera fecha anterior y fuera percibido dentro del conjun-to
de diezmos denominados menudos.
Ahora bien, se trata de la industria salinera radicada en el
territorio señorial. Porque en el caso de la situada en el territo-rio
realengo, el pago de su cuota decimal comenzó en propie-dad
mucho más tarde, hacia finales de la década de 1670. Has-ta
entonces, las únicas salinas que abonaban diezmo eran los
cortos cocederos existentes en la costa noroeste de Gran Cana-ria,
pero sin que se hiciera sentir sobre sus «industriales» la
presión impositiva, pues el propio Cabildo eclesiástico reconocía
que poco o nada podía recaudarse de «unos charcos de pobres
hombres, cuya miseria ha embarazado el que de ellos se cobre»
la cuota decimal41. Mientras tanto, la única industria saline-ra
del territorio realengo, la fundada en aquella isla y en 1537
por Pérez Calvillo, como veremos luego, no abonaba diezmo al-guno.
Las cosas cambiaron hacia la década de 1660. La expansión
de la industria salinera, motivada por los elevados precios de la
sal (cf. gráfico 1), animó al Cabildo catedralicio a exigir su diez-mo.
Comenzó entonces, en 1668, un pleito que tuvo como pro-
40 Cf. infra.
41 Cazorla León (1995: 162).
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tagonistas al impulsor de la industria en este momento, Anto-nio
Lorenzo de Béthencourt y Ayala42, y a Juana Westerling,
propietaria desde 1654 de la salina más antigua de la isla, la
fundada por Pérez Calvillo, y cuya administración corría a car-go
de su primer marido, el capitán Francisco Amoreto Manrique.
Los industriales basaron su excepcionalidad tributaria en el
privilegio obtenido por el municipio de Gran Canaria en 1528,
ganado precisamente por la institución en contra de la preten-sión
eclesiástica de exigir el diezmo de diversas «menudencias»43,
y, por supuesto, en la costumbre inmemorial de no pagar diez-mos
de la sal. El Cabildo catedralicio, por su parte, argumentó
que esta costumbre carecía de valor legal.
Los industriales lograron el apoyo de la Real Audiencia en
1669. El Cabildo apeló entonces al Consejo de Castilla, que dictó,
como era de esperar, dado el interés regio en la materia decimal,
a favor del clero en 1671, aunque remitió la causa al tribunal
eclesiástico de la diócesis canariense. Los industriales optaron por
continuar el pleito ante este Tribunal y recurrieron su sentencia
desfavorable ante el Tribunal eclesiástico de Sevilla, que confir-mó
la sentencia del ordinario de Canarias en 1683. A partir de
este momento, la industria salinera del territorio realengo se vio
obligada a pagar su correspondiente diezmo.
No obstante, hubo una excepcionalidad, la de la salina de
Juana Westerling, administrada por su segundo esposo, el regi-dor
Cristóbal Vandama. El Cabildo le exigió el diezmo de la sal
42 El Tribunal basó su autoridad en esta real orden de Carlos V y en el
hecho de que «en esta isla no se ha pagado el diezmo de la sal que en ella
se ha fabricado», es decir, en el carácter inmemorial de la prescripción. La
sentencia puede consultase, así como todo el pleito de la sal, en Cazorla
León (1995: 159-163).
43 En efecto. La merced regia, solicitada por el regidor Juan de
Escobedo en nombre de la Justicia y Regimiento de la isla, denunciaba que
el clero, además de exigir el pago íntegro del diezmo de los azúcares, cuyo
pleito tenía ya una larga ejecutoria, pretendía «el diezmo de los conejos
que caçan y del pescado que pescan en la mar y de la harina que muelen
en los molinos e de la leña y madera e de la teja e ladrillo e de otras di-versas
cosas de menudencias que nunca se pidieron ni llevaron después que
la dicha ysla se ganó e pobló de xpstianos fasta agora». La disposición re-gia
puede consultarse en Cullén del Castillo (1995: 291). Pero, como ve-mos,
no se menciona el diezmo de la sal.
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«que fabrican en las salinas que poseen en el término y costa
de Maspalomas, así de las antiguas que fueron del licenciado
Alonso de Saavedra, abuelo de la dicha Juana, como de las
que nuevamente a fabricado y agregado a las antiguas el di-cho
D. Cristóbal Vandama»44.
La pretensión del clero, sin embargo, tenía dudoso funda-mento
jurídico, pues era del todo cierto el alegato de Vandama,
es decir, «la prescripción inmemorial de no pagar dicho diezmo
de la sal que se coge en dichas salinas antiguas». El regidor
consideró, además, que las salinas nuevas «deben gozar del
mismo derecho por ser accesorias y aumento de dichas anti-guas
». Ahora bien, lo costoso del pleito y su incierto desenlace
llevaron al Cabildo a aceptar la propuesta de Vandama en abril
de 1679: pagaría diezmo únicamente la sal que se cogiese en las
salinas nuevas, mientras que las antiguas continuarían siendo
exceptuadas de su abono. Vandama murió este año y la propie-taria
de la salina la cedió a su hijo Alejandro Amoreto Manrique
a cambio de una renta anual vitalicia45. Las salinas más anti-guas
de la isla serían conocidas a partir de ahora como «sali-nas
viejas de Amoreto»46.
44 Archivo Catedralicio de la Diócesis Canariense (ACDC). Libros de
Acuerdos, lib. 21, acta del 14-14-1679, sf.
45 Juana Westerling cedió sus bienes a sus dos hijos, Alejandro y Jacinta
Amoreto, a cambio de una pensión anual de 3.000 reales. Ambos llegaron
a un acuerdo de partición, pero Alejandro planteó pleito a su hermana,
casada con Lorenzo Manrique, por sentirse damnificado en el reparto.
Desistió luego en su demanda por consejo de su madre y, según ésta, «se
aplicó a trabajar en las salinas, en las cuales ha hecho muchas mejoras que
valen muchos ducados». Y sabemos que, en efecto, realizó estas mejoras y
amplió la primitiva salina entre 1682 y 1696, abonando diezmo de tales
ampliaciones bajo la rúbrica de «salinas nuevas de Amoreto. Sobre la de-claración
de Juana Westerling, véase Archivo Histórico Provincial de Las
Palmas (AHPLP). Sección Protocolos Notariales, escribano Lázaro de
Figueroa, leg. 1.432, fols. 66 vto-68 vto.
46 En 1777, cuando el Cabildo Catedralicio intentó exigir el diezmo de
todas las salinas pertenecientes al mayorazgo de Amoreto, su propietario,
Fernando del Castillo Ruiz de Vergara, manifestó que no ponía el menor
reparo en seguir pagando el diezmo de «las salinas que fueron de Bandama,
las que fueron de Doña Jacinta de Ayala, que nombran de La Caleta, y tajos
que ha adelantado en su tiempo, que es de lo que se diezma la que es real
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En resumen, la industria salinera canaria fue siempre un
negocio reservado a la iniciativa privada, y el intento regio por
incorporarlas a su Hacienda y estancar la producción y el co-mercio
de la sal no dio resultado alguno. La Corona debió en-tonces
conformarse con percibir los derechos aduaneros sobre
la exportación de sal (6% ad valorem entre 1528-1661 y 7% lue-go
de este año) y, desde 1671, las tercias reales o dos novenos
del diezmo de las salinas existentes en el territorio realengo47.
Pero la percepción de derechos aduaneros sobre la exporta-ción
de sal era cosa de poco provecho. La única sal que se ex-traía
de las Islas era la que cargaban los barcos para ir a la
pesca de Berbería. Y como esta sal «no paga derecho aduanero
alguno» por la imposibilidad de su percepción, al cargarse los
buques en el litoral donde se ubicaban las salinas, el derecho
aduanero se trasladó «al pescado que llega salado con la mis-
CUADRO 1
FISCALIDAD Y RENTA ESTIMADA DE LA INDUSTRIA DE LA SAL,
1675-1684
Notas: La fanegada de esta isla equivale a 5.503,66 m2 y la fanega de sal a 70 kg.
Fuente: Hemos tomado como ejemplo la salina construida por Antonio de Béthencourt. Su
producción puede consultarse en Macías Hernández (1989) y los precios de la sal en el cuadro 2.
y verdaderamente sal, y no de las salinas de la casa de Amoreto, que siem-pre
han sido exceptuadas, de que tiene ejecutoria». Cf. ACDC. Legajo del
diezmo de la sal, s.c.
47 La Corona no percibía tercias reales en las islas de señorío. Sobre
este punto, véase Macías Hernández (1988).
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ma sal» a los puertos insulares48. Por consiguiente, la industria
salinera pagaba solamente dos rentas, el canon a la hacienda
concejil por el litoral que ocupaba y el diezmo a la Iglesia, y
podemos estimar el importe de estas dos rentas; representaba a
finales del siglo XVII el 10,5 por ciento de los ingresos brutos de
la industria (cf. cuadro 1). Puede, pues, afirmarse que desde el
punto de vista de la fiscalidad regia no hubo ningún impedi-mento
al desarrollo de la industria salinera en el Archipiélago.
2. LOS ESTABLECIMIENTOS SALINEROS
Las explotaciones salineras se construyeron durante el perio-do
moderno en Gran Canaria, tierra realenga, por iniciativa de
su terratenencia, y en Lanzarote y Fuerteventura por iniciativa
de sus respectivos señores; en el resto de las islas no se fabrica-ron
salinas. Hay constancia, no obstante, de haberse realizado
en Tenerife obras con este fin en la costa de Los Silos hacia
176549, y los directores de rentas aluden en 1769 a la fábrica
debida a Antonio de Franchy50. Se mencionan también dos rea-
48 Macías Hernández (1989: 155). Este gravamen no fue, sin embargo,
suprimido por la real orden de 4 de mayo de 1785, inspirada en el marco
de una política económica dirigida a potenciar la actividad pesquera en las
Islas. La disposición puede consultarse en Macías Hernández y Ojeda Ca-brera
(1988: 149).
49 El cronista Lope de la Guerra y Peña señala en su visita al lugar de
Los Silos: «vimos también el modo en que se podría sacar el agua para
formar las salinas i un Bufadero que se hizo a este fin»; y más adelante
añade: «vimos también las salinas que emprendió hacer Caraveo, obra cos-tosa
i que parece que según el estado en que se halla, se pudiera conseguir
hazer sal». De ambos textos se desprende que nos hallamos ante una sim-ple
iniciativa y, además, muy costosa. En todo caso, sabemos que la inicia-tiva
del comerciante tinerfeño Bartolomé Montañés, encaminada a poten-ciar
la participación tinerfeña en la actividad pesquera en el banco
sahariano, se vio obstaculizada por la inexistencia de salinas en Tenerife,
debiendo recurrir a la importación y cargar de sal en las existentes en
Lanzarote o Gran Canaria. Las referencias se encuentran en Guerra y Peña
(2002: 159 y 161). Finalmente, debo señalar que todavía hoy se recogen
pequeñas cantidades de sal en los cocederos de esta zona.
50 AGS. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 2.013.
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les órdenes sobre construcción de salinas en La Palma51; la pri-mera,
de 20 de noviembre de 1769, autorizó a Jerónimo de
Guisla la fábrica de unas salinas en el litoral situado en las
proximidades de sus haciendas, e igual facultad se otorgó por
real orden de 29 de agosto de 1771 a Nicolás Massieu Salgado.
Ahora bien, estos proyectos, que trataban de optimizar la
producción de sal de los cocederos naturales preexistentes, no
lograron sus objetivos durante este período. Y decimos esto por-que
no hubo diezmos de la sal en Tenerife y La Palma —recor-demos
que la sal recogida en los cocederos naturales no abona-ba
diezmo alguno—, y las escasas referencias estadísticas
disponibles tampoco señalan la existencia de salinas en estas dos
islas, a pesar de la favorable disposición regia a su construcción
y de contar Tenerife con el mayor volumen de población e in-greso
del Archipiélago durante este período52. La demanda de sal
de estas islas debió, pues, cubrirse con la que cuajaba en sus
dispersos y pequeños cocederos naturales y mediante importa-ciones
procedentes del exterior y de las salinas de Lanzarote y
de Gran Canaria. Igual ocurría en el caso del territorio señorial
de La Gomera, al menos hacia 1800, mientras que la mayor
parte de los vecinos del señorío herreño obtenían su sal de los
cocederos naturales53.
Los primeros establecimientos
La más antigua industria salinera que por ahora conocemos
se construyó a los pies del denominado Acantilado de El Río, en
el litoral noroeste de Lanzarote. Su fábrica se debió a Sancho
de Herrera (1442-1534), primer señor de la isla, y su construc-ción
se ejecutó como muy tarde hacia la década de 1530, apro-vechando
al efecto un auténtico cocedero natural54. En 1545, su
51 Macías Hernández (1989: 157). Merino Martín (2006).
52 Cf. infra.
53 Decimos esto porque no consta importación alguna de sal en esta isla
en la Estadística de 1800. Es posible, no obstante, que los libros de la
aduana señorial de años anteriores revela estas importaciones.
54 El lugar ofrece condiciones óptimas para la industria: elevada tempe-ratura
y constante viento. Además, no se requiere elevar las aguas para lle-
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nieto y sucesor en el señorío, Agustín de Herrera y Rojas (1537-
1598), primer marqués de Lanzarote desde 1584, heredó siete
partes de estas salinas, y las otras siete restantes fueron para su
otro nieto, Diego Sarmiento55.
La información testifical de 1605 —cuyo objetivo, como ya
se ha dicho, era incorporar las salinas canarias al patrimonio
regio— indica de manera escueta que en Gran Canaria «ay otras
salinas, pero que dan poca sal y que se proveen de fuera la que
falta»56. Pues bien, documentos muy anteriores confirman la
existencia de estas salinas y sitúan sus orígenes en la década de
1530, al tiempo que permiten insistir en el marco institucional
que favoreció el primer desarrollo de la industria de la sal en el
territorio realengo.
En 1537, Francisco Pérez Calvillo, vecino de Telde, solicitó
al municipio un trozo de tierra baldío «comarcano a la mar»,
situado entre Aldea Blanca y Pozo Lentisco, más allá de la
margen derecha del barranco de Tirajana, «para edificar salinas
y hazer sal»57. En 1542, otro vecino de Telde, Hernando Díaz de
Morón, efectuó igual solicitud, esta vez de un terreno baldío en
la costa de Telde, lindado con sus cañaverales; pedía también al
Concejo, con el fin de amortizar la elevada inversión que reque-ría
su establecimiento58, que ningún otro vecino fuera agracia-do
con igual merced en todo el litoral comprendido entre su
futura industria y el barranco de Guiniguada, que bordeaba por
el lado norte el territorio sobre el cual se asentaba la capital
insular59. Finalmente, interesa señalar que ambos peticionarios
eran originarios de la Baja Andalucía y tenían un avezado co-nocimiento
de la industria salinera y del marco institucional que
potenciaba su desarrollo, pues el primero, Pérez Calvillo, inclu-ye
esta observación en el texto de su solicitud:
nar los cocederos y los tajos; un canal permite la entrada del agua en los
cocederos y desde aquí se distribuye luego a los tajos.
55 Macías Hernández (1989: 210-211).
56 Macías Hernández (1989: 155).
57 Ronquillo y Aznar (1998: 103-104).
58 El peticionario alude a la necesidad de construir un molino de vien-to
para elevar las aguas y llenar los cocederos y tajos.
59 Ronquillo y Aznar (1998: 105-106).
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«que sepa vuestra señoría que en Cádiz y en el Puerto de
Santa María y en el Puerto Real, que son puertos de mar, los
Consejos dan a cualquier vezino y persona que quisiere ser
salinero e hazer sal sitios para ello en la costa»60.
Así pues, parece ser que durante este período los Concejos
del realengo andaluz tenían facultad para otorgar mercedes de
tierras en el litoral con destino a la industria salinera; y recor-demos
que en el caso de Canarias el dominio eminente de la
tierra baldía de propiedad común correspondía a la Corona en
el territorio realengo, pero su municipio podía repartirla entre
el colonato y no se requería en este momento licencia regia para
construir salinas.
El municipio resolvió favorablemente ambas solicitudes bajo
ciertas condiciones —sus interesados debían realizar la obra en
un plazo de dos años y vender la sal «a un precio justo»— y,
por supuesto, negó a Hernando de Morón toda concesión con
carácter de monopolio, pues una de los rasgos singulares del
municipalismo isleño es su rechazo a toda licencia con aquel
añadido. Ahora bien, no consta que el de Morón levantase su
industria, mientras que el camino que por la banda de Agüímes
conducía a la salina de Pérez Calvillo aparece citado en merce-des
de tierras realengas de 1551 y 155361. El lugar será conoci-do
como Punta de las Salinas y así es referenciado por primera
vez en el mapa insular que el ingeniero cremonés Leonardo
Torriani levantó hacia 159062.
En resumen, a mediados del siglo XVI existían al menos dos
industrias salineras de importancia en el Archipiélago: la citada
de El Río, en Lanzarote, y la situada en la costa de Aldea Blan-ca,
en Gran Canaria, es decir, en el litoral más adecuado para
levantar esta industria, pues será aquí, en la Punta de las Sali-nas,
donde se construirán las salinas más importantes de esta
isla63. En segundo lugar, desconocemos la producción, pero la
60 Ronquillo y Aznar (1998: 104).
61 Ronquillo y Aznar (1998: 218 y 576). Cf. infra.
62 Torriani (1978: 89).
63 El lugar ofrece condiciones óptimas para la industria: elevada tem-peratura
y constante viento. Además, mientras que la salina propuesta por
Hernando de Morón había que construir un molino para elevar las aguas y
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información testifical de 1605 afirma que en la salina de El Río
«se hazen hasta cuatrocientos cahíces de sal de doce fanegas
cada caíz»64.
¿Cuál fue el destino de esta producción industrial y, por con-siguiente,
qué fuerza motriz impulsó el primer desarrollo salinero
insular? Sin duda, la industria del salpreso. La citada fuente
testifical señala que la producción de sal de la salina de El Río
abastecía la demanda de las pesquerías y de los vecinos de
Lanzarote y Fuerteventura, pero debió dominar la primera, pues
parece evidente que la mayor parte de la población de estas dos
islas —unos 4.000 habitantes por aquella fecha— podían cubrir
sus necesidades de sal con la que cuajaba en los abundantes
cocederos naturales. En segundo lugar, cabe afirmar que esta
salina fue la principal suministradora de sal de la pesquería del
salpreso en el caladero de Berbería frecuentado por la flota in-sular
en este momento, es decir, la zona marítima situada entre
Lanzarote y Fuerteventura y el litoral africano, y cabe incluso
añadir que la producción de esta salina lanzaroteña bastaba
para cubrir la demanda de sal de la pesquería65.
En tercer lugar, la fundación de los dos primeros estableci-mientos
salineros coincide con los inicios de una presencia des-tacada
de los armadores canarios en el caladero de Berbería66,
con la génesis del mercado insular del salpreso y con las prime-llenar
los cocederos, en la Punta de las Salinas no se requería esta costosa
obra de ingeniería; un canal permite la entrada del agua en los cocederos y
desde aquí se distribuye luego a los tajos. Sobre este punto, véase González
Navarro (1996).
64 Macías Hernández (1989: 210).
65 Un breve ejercicio estadístico, meramente ilustrativo en todo caso,
permite corroborar esta tesis. Consideremos que toda la sal de la salina de
El Río se destinase a la pesquería. Sus 400 cahíces de sal anuales equiva-len
a 336.000 kilos (un cahíz es igual a 840 kilos), es decir, permiten salar
unos 840.000 kilos de pescado salpreso, dado que cada kilo de salpreso
lleva 0,40 kilos de sal. Pues bien, suponiendo que el consumo interior de
esta elaboración sea en este momento similar al de la segunda mitad del
siglo XVIII, de 16 kilos por persona y año, como luego veremos, aquella
pesquería alimentaría a unas 52.500 personas. Y téngase en cuenta que la
población regional ascendía en 1585 a 52.605 habitantes. Sobre este extre-mo,
véase Macías Hernández (2004).
66 Rumeu de Armas (1977); Lobo Cabrera (1980).
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ras intervenciones de las autoridades locales en la comercia-lización
de sus pesquerías en el mercado interior. Un mercado
cuyo número de compradores se incrementó en la segunda mi-tad
de la centuria, cuando la crisis azucarera, muy grave en el
caso de Gran Canaria, castigó las rentas, especialmente de los
menos favorecidos, y de ahí que la intervención municipal tu-viera
por objeto la defensa del consumidor, pues el pescado
salpreso recibió desde este momento la consideración de bien de
primera necesidad para las clases trabajadores.
La primera anotación al respecto procede de las actas del
Cabildo de Tenerife, las únicas disponibles para este período de
la historia isleña, y se remonta a 1540. En diciembre de este año
los ediles acuerdan que los diputados de meses —los regidores
responsables de vigilar el precio de los mantenimientos— eviten
que los regatones controlen la oferta de pescado seco y salado
para que se venda a los precios establecidos67. El acuerdo de 16
de noviembre de 1548 es más preciso; el Cabildo determinó la
venta directa de los pescados salados e trechados que se traen de
la costa de Berbería por los pescadores y maestres de los navíos
y a los precios fijados por los diputados de meses68.
La intervención municipal en la cotización del salpreso fue
constante a partir de ahora, al menos en el caso del municipio
de Tenerife, y suponemos que igual política practicaron el resto
de los municipios insulares. Los ediles argumentaban que el
pescado salpreso era el alimento común de las clases trabajado-ras,
de modo que su precio no podía exceder de 18 mrs.; pues
bien, este precio, con algunas oscilaciones, a veces acusadas por
motivos bélicos, se mantuvo desde el último cuarto del siglo XVI
hasta la década de 1730, cuando comenzó una tímida tenden-cia
alcista que se afianzó luego de las medidas ilustradas en
orden a la liberalización del mercado interior69.
Finalmente, a finales del siglo XVI y primer tercio de la cen-turia
siguiente se produjo un proceso de concentración de esta
67 Marrero, M., y al., (1997: 243).
68 Marrero, M., y al., (2000: 187).
69 Sobre los precios del pescado salado, véase Macías Hernández
(1989). No obstante, debo aclarar que la serie publicada en este artículo es
incompleta.
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primera industria salinera, aunque las referencias disponibles no
permiten sostener con rigor esta tesis. Interesa, además, desta-car
que el protagonista de esta sugerente concentración indus-trial,
el regidor perpetuo y alguacil mayor de Gran Canaria Pe-dro
Westerling Bentrilla, pertenecía a un zaga familiar de origen
flamenco con intereses en la industria del salpreso en el ca-ladero
de Berbería70.
Recordemos que el primer marqués de Lanzarote, Agustín de
Herrera y Rojas, y su hermano Diego Sarmiento heredaron por
iguales partes la salina construida por Sancho de Herrera. Pero
el marqués no destacó en la esfera de la economía y en 1570
vendió toda su pertenencia al capitán Juan Martel Peraza de
Ayala, pariente de la familia señorial y hermano de la esposa
de Diego Sarmiento, María de Ayala. La entrada de Pedro
Westerling Bentrilla en el negocio salinero comenzó con su ca-samiento,
por los años 1593 o 1594, con la hija de este matri-monio,
Juana de Mendoza Sarmiento de Herrera y Rojas, que
recibió como dote cinco partes de las siete que poseía su padre.
El negocio salinero debió de interesarle al matrimonio, pues
en 1598 adquirió las siete partes que poseía Juan Martel Peraza
de Ayala, de modo que, de las catorce partes de la salina de El
Río, doce quedaron en manos de la familia Westerling-Sarmien-to.
Finalmente, su alianza con otras familias de origen flamen-co
y genovés asentadas en Gran Canaria, con cargos en la mi-licia
y la administración local (Vandama, Gesquier, Azuaje) y con
el objetivo común de explotar el negocio de la sal y la pesquería
del salpreso, queda de manifiesto cuando Pedro Westerling Sar-miento
de Mendoza (1595-1651)71, heredero de las doce partes
de la salina de El Río, se convirtió en el principal industrial
70 Los escasos testimonios sobre esta actividad indican la presencia de
una minoría flamenca radicada en la ciudad de Las Palmas de Gran Cana-ria,
que, por otro lado, fue desde un primer momento el enclave principal
de la flota pesquera dedicada a esta pesquería. Cf. al respecto Lobo Cabre-ra
(1980).
71 He tratado de precisar su patrimonio a partir de su testamento. En
las páginas dedicadas en el Nobiliario de Canarias a esta familia consta que
testó el 26-08-1651 ante Alonso de Rojas, escribano de Santa Cruz de
Tenerife, pero su protocolo no existe en el Archivo Histórico Provincial de
Santa Cruz de Tenerife (AHPSCT).
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salinero de Canarias al casar en 1629 con María Magdalena
Fernández de Saavedra Gesquier y Azuaje72, pues esta última
aportó al matrimonio la segunda salina existente en las Islas, es
decir, la construida en el sureste de Gran Canaria por Francis-co
Pérez Calvillo, que había pasado a poder de la familia
Saavedra en fecha que no hemos podido aún determinar.
No obstante, el matrimonio Westerling-Saavedra no parece
que disfrutara por mucho tiempo su propiedad de la salina de
El Río. El pleito por el estado de Lanzarote acabó con el reinte-gró
de buena parte de las tierras enajenadas al discutido mayo-razgo,
y la salina se incorporó de nuevo al señorío. Así aparece
al menos hacia 1679, cuando su arrendatario, en representación
del marqués de Lanzarote, se obliga a continuar abonando el
pago del diezmo al Cabildo catedralicio73.
El segundo ciclo salinero
La producción de sal de las salinas de Lanzarote y de Gran
Canaria, junto con la sal que cuajaba en los cocederos natura-les74
y la importada, debieron de cubrir la demanda interna, pues
no se construyeron nuevas salinas hasta la década de 1660,
cuando comenzó el segundo ciclo expansivo de esta industria,
que debe relacionarse con un nuevo desarrollo de su industria
asociada, la del salpreso. Y aunque las causas de este nuevo
ciclo expansivo de ambas industrias no se conocen con exacti-
72 Consta que testó el 27-12-1654 ante el escribano de Las Palmas Juan
de Vergara Renta, pero su protocolo núm. 1.302, depositado en el Archivo
Histórico Provincial de Las Palmas (AHPLP), no se puede consultar debi-do
a su deterioro.
73 Cazorla León (1995: 162).
74 Destacaban, como ya se ha dicho, los cocederos existentes en
Lanzarote y Fuerteventura y en el litoral noroeste de Gran Canaria, priva-tizados
en la primera mitad del siglo XVII. Los propietarios de estos
cocederos, situados en la costa de Arucas y de Gáldar y labrados para in-crementar
su productividad y con un origen quizás indígena, abonaban un
canon a los propios, lo cual significa que su privatización ocurrió cuando
—primera mitad del setecientos— las mercedes de tierras realengas conce-didas
por el municipio abonaban este canon.
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tud, los testimonios disponibles sugieren que obedeció a un
cambio muy significativo en la dieta proteínica de origen ani-mal
de la población canaria; es decir, al aumento cada vez más
generalizado del consumo de pescado salpreso en detrimento del
consumo de carne de producción local y de pescado importado.
Hacia la década de 1660, la economía insular conoció los
primeros síntomas de una recesión económica que se agudizó a
partir de 1680 y alcanzó su nivel más crítico en las décadas
CUADRO 2
PRECIOS DE LA SAL EN EL MERCADO DE TENERIFE
(MARAVEDÍS DE ISLAS POR FANEGA)
Fuente: Macías Hernández (1989: 194-195).
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centrales de la centuria siguiente75. La especialización vitivinícola,
vinculada a los mercados europeos y coloniales y centro neurál-gico
y motor de toda la economía regional, inició su declive y
mermó las rentas de quienes hasta entonces consumían bacalao
y otras pesquerías procedentes del Noroeste europeo, así como
las mejores carnes de la cabaña insular. Aislamos así la causa
primigenia de la mayor demanda de salpreso. La contracción de
la renta determinó la parcial sustitución del consumo de bacalao
y de carne por el pescado salpreso; una sustitución que si bien
fue prácticamente total en el caso de las clases populares, acabó
por afectar a las clases algo más acomodadas.
Carecemos, no obstante, de la información estadística preci-sa
para demostrar con total acierto este cambio en las pautas
de consumo. Pero los libros del gasto ordinario de los conven-tos
más ricos del Archipiélago ofrecen una prueba inequícoca de
nuestra tesis; a partir de la década de 1680 anotan regularmen-te
raciones de pescado salpreso, siendo ocasional las de bacalao
y, en este caso, se trata de un consumo extraordinario, motiva-do
por las fiestas del patrono del convento o para agasajar a
visitantes distinguidos. Además, en un contexto de caída de las
rentas familiares, los precios relativos de los bienes que compo-nen
la cesta de la compra permiten también explicar esta susti-tución
del bacalao y la carne por el pescado salpreso.
En efecto. Durante estos años de recesión, el precio medio
de la libra doble (920 gramos) de bacalao osciló entre los 48 y
los 60 maravedís, de carnero, entre 72 y 96, y de cabra, la car-ne
más barata, no bajó de 48 maravedís, mientras que la libra
doble de salpreso valía 18 maravedís; es decir, la libra de salpreso
era 2,6 veces más barata que la libra de carne de cabra o de
bacalao76. Finalmente, interesa también señalar, a título compa-rativo,
que el jornal de un peón agrícola en esta etapa de rece-sión
no superaba los 96 maravedís, que, por supuesto, percibi-ría
los días en que la fortuna le brindaba un empleo.
75 Macías Hernández (1995).
76 En mi tesis doctoral elaboré de manera parcial series de precios agra-rios
y manufacturados a partir de los libros del gasto ordinario de los con-ventos
de Tenerife. En este momento preparó una edición de estas series,
completando sus lagunas y ampliando la muestra de productos.
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Las solicitudes de licencias a la Corona para confirmar las
mercedes de tierras realengas otorgadas por el municipio para
construir salinas, así como las concesiones regias con este fin,
se fundamentaron principalmente en la demanda de sal para
una industria del salpreso vinculada a la demanda doméstica,
como se afirma en la real cédula de 1673 autorizando la cons-trucción
de salinas:
En consideración al beneficio común que se seguirá a los ve-cinos
de la dicha Isla y a los pobres de ella, que su principal
sustento depende de la pesquería, y que con tener sal a pre-cios
acomodados se excusarán de comprarla a los extranjeros
que hacen grangería de ella77.
Los testimonios aportados demuestran un aumento en la
demanda y consumo de salpreso. Sus industriales requerían más
sal para atender esta demanda y su precio experimentó un acu-
GRÁFICO 1
PRECIOS DE LA SAL EN EL MERCADO DE TENERIFE
(mrs/fanega)
77 Cazorla León (1995: 193). Real cédula autorizando la construcción
de su salina a Antonio Lorenzo de Béthencourt y Ayala.
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sado incremento (cf. cuadro 2 y gráfico 1), incentivando enton-ces
la construcción de nuevas salinas. Y como las principales
unidades de la flota insular dedicada a la pesquería en el
caladero africano seguían teniendo su base operativa en Gran
Canaria, el nuevo ciclo industrial salinero tuvo como escenario
el litoral sureste de esta isla.
Ahora bien, en esta localización de la industria salinera de-sempeñaron
un papel significativo los cambios ocurridos en el
caladero africano frecuentado por la flota pesquera insular.
Hasta entonces, cargaba sal en las salinas insulares, sobre todo
en la salina de El Río (Lanzarote) y se dirigía luego al caladero
africano; pero la insuficiente producción local en este momento
obligaba a una parte de la flota a comprar sal en la factoría de
Arguín, en Cabo Blanco, para faenar luego al Norte de cabo
Bojador.
Las cosas cambiaron cuando la piratería berberisca amena-zó
con éxito la actividad pesquera78. Convenía entonces cargar
toda la sal en las Islas para luego ir directamente a faenar algo
más hacia al sur de cabo Bojador, hacia Cabo Blanco, lo más
lejos de aquella amenaza. Asistimos entonces a una caída de la
producción salinera de la salina de El Río y a nueva y más in-tensa
puesta en valor del litoral sureste de Gran Canaria con
condiciones naturales muy adecuadas para la construcción de
salinas. Además, su proximidad al nuevo caladero reduciría la
duración de la pesquería y sus riesgos, lo que haría más renta-ble
la actividad.
En resumen, a la altura de la década de 1660 se daban con-diciones
muy propicias para un segundo ciclo de expansión de
la industria salinera. Y el primer protagonista de este segundo
ciclo fue Antonio Lorenzo de Béthencourt y Ayala (1623-1696),
regidor perpetuo de Gran Canaria y sargento mayor de sus mi-licias
provinciales. No parece que tuviera hasta entonces intere-ses
en el negocio salinero o en la pesquería del salpreso, pues,
de acuerdo con la relación de bienes embargados a Antonio
Lorenzo en pago de las costas del pleito por el diezmo de la sal79,
78 Anaya Hernández (1982; 2006).
79 Cazorla León (1995: 168-177).
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sus únicos ingresos procedían de la actividad agropecuaria.
Cabe, por consiguiente, sostener que su estrategia inversora en
la industria salinera tenía por objeto beneficiar los dineros acu-mulados
en la primera actividad, aprovechando al efecto los ele-vados
precios de la sal como consecuencia de la nueva expan-si��n
de la industria del salpreso.
El lugar elegido para levantar la nueva factoría fue la Pun-ta
de las Salinas80, es decir, una franja litoral próxima a la sali-na
construida en 1537 por Pérez Calvillo. Y lo primero que hizo
el nuevo empresario fue resolver el principal problema que obs-taculizaba
todo establecimiento en esta zona: la constante ame-naza
de la piratería berberisca. El 22 de marzo de 1667 obtuvo
permiso regio para levantar a su costa la Casa-Fuerte de Santa
Cruz del Romeral, con el privilegio de quedar vinculado el car-go
de alcaide en su familia81. En enero de 1669 el municipio le
concedió cuatro fanegadas de tierras realengas (22.146,28 m2)82,
con cargo de un real de plata por fanegada con destino a los
propios83, y la real cédula de 16 de noviembre de 1673 autorizó
la concesión de la merced y la construcción de la salina.
El segundo impulsor de la industria salinera grancanaria
durante este período fue el capitán Francisco Amoreto Man-rique
(1621-1669)84, junto con su hijo, el sargento mayor Alejan-dro
Amoreto (1655-1706). Porque si Antonio Lorenzo de Bé-thencourt
construyó la pequeña fortaleza con el fin de proteger
los establecimientos salineros de la piratería berberisca, el lugar
era un auténtico despoblado, de modo que había también que
invertir dineros en una acción colonizadora agropecuaria cuya
función sería la de aportar la fuerza de trabajo estacional que
requería la industria.
80 En su testamento, fechado el 19 de marzo de 1696 y ante el escriba-no
Lucas Bethencourt Cabrera, sólo alude a la salina y fortaleza, sin espe-cificar
nada sobre su estado y cuantía de la inversión realizada. AHPLP.
Sección Protocolos Notariales, leg. 1.477, fol. 110.
81 Bonnet y Suárez y de La Rosa Olivera (1959: III, 684).
82 La fanegada de Gran Canaria equivalía a 5.503,66 m2.
83 Cazorla León (1995: 146).
84 Consta que testó el 17-03-1669 ante Baltasar González Perera, escri-bano
de Las Palmas, leg. 1244, pero este protocolo no se puede consultar.
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Y, al igual que en el caso de Béthencourt, el capitán Amoreto
tampoco era un industrial salinero. En realidad, su entrada en
este negocio se debió a su casamiento en 1654 con Juana
Westerling Sarmiento, hija del matrimonio Westerling-Saavedra,
que recibió en dote la salina que poseía esta familia en la Pun-ta
de las Salinas, es decir, la construida en 1537 por Pérez
Calvillo y que en fecha indeterminada había pasado a propie-dad
del licenciado Alonso Fernández de Saavedra, abuelo ma-terno
de dicha Juana Westerling. El capitán Amoreto no parece
que ampliara los cocederos y tajos, pero hizo todo lo necesario
para consolidar su explotación al crear las bases de la hacienda
agropecuaria e industrial que sería luego el principal patrimo-nio
del Condado de la Vega Grande de Guadalupe.
En fecha que aún no hemos podido precisar, adquirió al re-gidor
Pedro Espino de Herrera todas las tierras aledañas al lito-ral
salinero, es decir, el término de Juan Grande, hasta enton-ces
dedicado a la actividad pecuaria. Pero su principal inversión,
teniendo en cuenta la elevada aridez del lugar, fue la compra
de los dos tercios del caudal de agua del Heredamiento de Al-dea
Blanca, que irrigaba con las aguas de escorrentía del ba-rranco
de Tirajana las tierras de este término, situado en los lí-mites
del fundo. Y realizadas estas compras, el capitán Amoreto
construyó las primeras viviendas de los colonos medianeros de
Juan Grande e inició una intensa labor roturadora, vinculada a
la producción de cereales para el mercado interior (cf. mapa 1).
La ampliación de la industria salinera familiar correspondió
a su hijo Alejandro Amoreto, en pugna con el fundador de la
casa-fuerte, Antonio Lorenzo de Béthencourt, y con su hijo y
sucesor, José Jacinto Lorenzo de Béthencourt. La Real Audien-cia
paralizó la obra que había comenzado en 1679, pero Amo-reto
consiguió ganar en apelación en 1682, y las salinas apare-cen
diezmando por primera vez en 1684 bajo el nombre de Salinas
nuevas de Amoreto, pues las salinas viejas, como ya quedó di-cho,
no abonaban diezmo. Y podemos valorar el esfuerzo inver-sor
de Amoreto si consideramos que las salinas nuevas tenían
en este momento ciento y doce tajos y su producción media de
sal en el decenio 1684-1693 fue de 339 fanegas anuales, a una
media por tajo de 3,03 fanegas. Aplicando este rendimiento pro-
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MAPA 1.—SITUACIÓN DE LA INDUSTRIA SALINERA DE GRAN CANARIA A FINALES DEL SIGLO XVIII.
4. Salinas del Condado y de Rocha.
5. Ribera que se disputa entre Rocha y Condado.
6. Barco Quebrado.
7. Juan Grande.
8. Aldea Blanca.
9. Barranco de Tirajana.
10. Tabaibales o terrenos incultos.
11. Tierras labradías del Condado.
1. Salinas de Rocha, que fabricó Antonio
Lorenzo.
2. Casa-fuerte del Castillo del Romeral.
3. Salinas del Condado de la Vega Grande.
Fuente: AHPLP, Sección Audiencia, exp. 1.222.
35
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medio a los 217 tajos de las salinas viejas, su producción media
anual en dicho decenio sería de 656,81 fanegas (cf. cuadro 3),
de modo que Alejandro Amoreto amplió el negocio salinero fa-miliar
en un 32 por ciento.
Además, continuó la labor colonizadora de su padre; asentó
nuevos colonos en régimen de medianería en el término de Juan
Grande y en 1682 obtuvo real orden para privatizar las aguas
realengas que discurrían por el Barranco de Tirajana85. Y de
todo ello dejó constancia en la escritura de mayorazgo que con
licencia real fundó en 1696, al señalar por bienes del mismo:
las salinas nuevas y viexas que tenemos en la jurisdicción de
Tirajana, que las viexas tienen ciento y ochenta tajos y la char-ca
treinta y siete tajos y un cozedero, y las nuevas tienen
ciento y doze tajos y otros quarenta que aún no dan sal y sus
casas y todas las tierras que les tocare, que son desde el Pozo
del Lentisco hasta Aldea Blanca, que son sus linderos, y será
una legua de distancia, en que hay montes y ganados, y de
ellas hay algunas desmontadas, que es el lomo del Moral, el
cercado del Juncal y el Llano de Juan Grande, que estas se-rán
cuatrocientas fanegadas de tierra, en las cuales están las
casas de nuestra habitación, graneros y ermita de la advo-cación
de Nuesta Señora de Guadalupe y muchos árboles fru-tales
y olivos, y asimismo seiscientas fanegadas de tierra en
Aldea Blanca, que están a continuación y son desmontadas,
con veinte y dos días de agua que llaman del Heredamiento
de la Aldea, y cinco días más que dicen de los Negros, todo
por la acequia de dicha Aldea, con que se riegan dichas tie-rras
en que ay algunas casas y árboles frutales, que todo está
en un cuerpo desde dichas salinas hasta el barranco de
Tirajana86.
¿A cuánto ascendió la inversión realizada en este segundo
ciclo industrial salinero? ¿Podemos sugerir algún indicador, si-quiera
sea a título meramente aproximativo, que muestre su
85 Cazorla León (1995: 195).
86 AHPLP. Sección Protocolos Notariales, escribano Lázaro de Figueroa,
leg. 1.431, fols. 355 vto-356 rto. Además, Alejandro Amoreto dejó a su viu-da
en usufructo vitalicio «62 tajos que fabricamos en dichas salinas en el
año de ochenta y cuatro y otros cuarenta que fabricamos en el año pasado
de noventa y cinco».
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rentabilidad con objeto de comprender las razones económicas
que justificaron esta expansión industrial?
Los testimonios disponibles indican que Antonio Lorenzo de
Béthencourt invirtió unos ocho mil pesos, es decir, 64.000 rea-les
de plata, mientras que los ingresos salineros estimados para
el decenio 1675-1680, sin descontar los gastos de explotación,
ascendieron a una media anual de 4.834 reales (cf. cuadro 1).
No parece, pues, que la inversión fuera rentable, pues suponien-do
que los gastos de explotación absorbieran la mitad de los
ingresos (2.417 reales de plata), el período de amortización del
capital invertido superaría los veinticinco años. Pero la referen-cia
sobre esta inversión se debe a un nieto del empresario e in-cluye
los dineros gastados en la construcción de la salina y de
la casa-fuerte87.
Debemos, por consiguiente, hallar otro indicador que permi-ta
aclarar la bonanza del negocio salinero y nada mejor que
comparar los ingresos generados por esta inversión en términos
de la otra posible, la agrícola. En este sentido, a finales del si-glo
XVIII, una fanegada de pan sembrar situada en la zona de
costa del sureste de Gran Canaria —donde, como hemos dicho,
se ubicaban las salinas— «raro es el año que produce por la
escasez de lluvias, pero cuando hay abundancia de ellas dan 20
CUADRO 3
PRODUCCIÓN DE SAL DE LAS SALINAS DE AMORETO, 1684-1693
Nota: La producción media de las salinas nuevas se ha estimado a partir de su diezmo y
la de las salinas viejas aplicando la producción media por tajo de las salinas nuevas al número
de tajos de las salinas viejas. Una fanegada equivale a 70 kilos.
87 Cazorla León (1995: 146)
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y 30 fanegas de cebada y 15 de trigo»88. Aceptemos entonces un
rendimiento promedio de cinco a seis fanegas de trigo para fi-nales
del siglo XVII, cuando, por otro lado, el rendimiento debió
ser mayor si tenemos en cuenta el carácter de nueva roturación
del término; como el precio medio de este grano en el mercado
interior rondaba en estos años los 18 reales de plata, el ingreso
bruto de una fanegada de pan sembrar sería de 100 reales,
mientras que dicho ingreso en la fanegada de la explotación
salinera de Antonio Lorenzo de Béthencourt, con una exten-sión
de cuatro fanegadas, alcanzaba la suma de 1.344 reales
(cf. cuadro 1). Así pues, la inversión en el negocio salinero en el
último cuarto del siglo XVII fue muy rentable.
Durante la primera mitad de la centuria siguiente no hubo
nuevas iniciativas industriales; entre otras razones, por la caída
de los precios de la sal (cf. cuadro 2 y gráfico 1), lo cual sugiere
que la oferta de la industria y de los cocederos naturales, junto
con las importaciones, bastó para cubrir la demanda. Ahora
bien, cabe destacar las ampliaciones realizadas. Así, en el caso
de la salina de Antonio Lorenzo de Béthencourt, su muerte en
1696 originó la división de la propiedad entre su viuda y sus
cuatro herederos. Pero los nuevos propietarios continuaron la
expansión de la industria. Así, en el caso del segundo alcaide de
la Casa-Fuerte del Romeral, José Jacinto Lorenzo de Béthen-court
y Ayala, en 1709 solicitó al municipio veinte fanegadas con
la preceptiva obligación del canon anual de un real de plata por
fanegada con destino a los propios89. La petición no prosperó
por la oposición de Francisco Amoreto Manrique y Béthencourt,
pero el alcaide amplió, sin duda, el número de tajos de su sali-na,
pues en las notificaciones sobre el diezmo de 1709 se alude
a las salinas nuevas, cuyo diezmo asciende a 35 fanegas, siendo
el de las salinas viejas de 47 fanegas90, lo cual supone un incre-mento
en la producción de más del 70 por ciento.
El nuevo alcaide no disfrutó de los beneficios de su inversión;
murió en su fortaleza el 17 de abril de 1712, defendiendo su
patrimonio de la piratería berberisca. El vínculo que fundó su
88 Hernández Rodríguez (1983: I, p. 366).
89 Cazorla León (1995: 158-159).
90 ACDC. Libros Borradores de Maravedís, s.c.
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padre con la alcaldía y su parte de la industria pasó a su her-mana
Ángela Teresa, casada con el coronel Cristóbal de la Ro-cha
y Béthencourt, miembro destacado de la terratenencia de
Gran Canaria91. De esta forma, en la segunda década del sete-cientos,
las salinas del Castillo del Romeral se convirtieron en
salinas de La Rocha; de Pedro Soler, dueño del Heredamiento
de Chasna o de Vilaflor (Tenerife), casado con Blanca Lorenzo
de Béthencourt, el cual adquirió en 1723 las pequeñas salinas
abiertas por su administrador, y el conjunto se denominó des-pués
de 1727 salinas de Valcárcel en virtud del matrimonio de
Beatriz Soler de Padilla con el capitán Cristóbal de Valcárcel y
Ponte, alférez mayor, regidor y corregidor de Tenerife y La Pal-ma.
Finalmente, la salina de La Caleta, heredada por Lorenza
de Ayala de Salazar y Rojas, viuda desde 1696 de Antonio Lo-renzo
de Béthencourt, conoció también mejoras y ampliaciones
gracias al citado administrador Bandama.
En segundo lugar, cabe también destacar la consolidación de
la industria por parte de Francisco Amoreto Manrique y Bé-thencourt
(1679-1733), heredero del mayorazgo de Amoreto, que
continuó la labor colonizadora en su patrimonio sureño y favo-reció
su industria salinera. En enero de 1716 adquirió a los
herederos de Lorenza de Ayala, viuda de Antonio Lorenzo de
Béthencourt, la parte no vinculada de las salinas del Romeral,
situadas en un extremo de esta salina y denominada salina de
La Caleta92, las cuales agregó a su mayorazgo en 1733, junto
con otros bienes93.
91 Cazorla León (1995: 149).
92 El origen de esta compra es el siguiente. En 1688 y 1689, Alonso de
Ayala Rojas y Heredia, padre de Lorenza de Ayala, fue hacedor de las ren-tas
decimales de La Gomera y El Hierro, teniendo como fiador a Gaspar
Montesdeoca Tamariz. El hacedor no hizo frente a sus obligaciones, el
Cabildo eclesiástico exigió a su fiador el abono de las deudas y este último
reclamó a Lorenza de Ayala el dinero que abonó por su padre. Ante el
impago, traspasó su derecho a Francisco Amoreto Manrique, que demandó
a los herederos de Lorenza de Ayala. La Real Audiencia ordenó el 15 de
enero de 1716 darle posesión a Amoreto de las salinas (cocederos, tajos,
parte de casas y demás accesorios). La compra afectó a la parte de la salina
no vinculada. Cf. al respecto Cazorla León (1995: 209).
93 AHPLP. Sección Protocolos Notariales, escribano Lorenzo Rodríguez
Gómez, leg. 1586, fol. 347 vto.
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Los nuevos establecimientos
Durante el último cuarto de esta centuria y primeros lustros
de la siguiente la economía regional conoció un ciclo de esplen-dor.
Sin embargo, las referencias disponibles sugieren que la
bonanza enriqueció a los propietarios de la tierra, pues las ren-tas
del trabajo no siguieron el ritmo acelerado de los precios.
Las desigualdades en la distribución de la renta agraria aumen-taron
y hubo un creciente malestar social, debido, en el ámbito
rural, a la privatización de la tierra y el agua de propiedad co-munal
por la terratenencia, con el consiguiente proceso de
proletarización campesina, y, en el ámbito urbano, por los ele-vados
precios de las subsistencias94.
CUADRO 4
EXPORTACIONES DE PESCADO
SALPRESO DE GRAN CANARIA
A TENERIFE
Nota: El quintal doble equivale a 92 kilos.
Fuente: Hernández Rodríguez (1983: I, 456)
El tercer ciclo industrial salinero se desarrolla precisamente
en este contexto y, por supuesto, tiene como estímulo los eleva-dos
precios de la sal (cf. cuadro 2 y gráfico 1), motivados por la
demanda de una industria que debe atender el incremento del
consumo de salpreso en el mercado interior. Y es que la carne y
el bacalao ya eran un auténtico bien de lujo para las clases
populares. El precio medio de la libra doble (920 gramos) de
bacalao osciló ahora entre los 100 y los 120 maravedís, de ca-
94 Macías Hernández (1995: 238-243).
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bra, la carne más barata, no bajó de 100 maravedís, mientras
que la libra doble de salpreso valía 22 maravedís; es decir, la li-bra
de salpreso era ahora casi cuatro veces más barata que la
libra de carne de cabra o de bacalao95. En cuanto al jornal de
un peón agrícola en esta etapa de expansión se situaba en tor-no
a los 140 maravedís; sin duda había subido, pero debe ob-servarse
que el precio del pan, en tono a 864 maravedís como
máximo en la fase depresiva, había conocido un fuerte incre-mento
en los años finales del setecientos, alcanzado los 1.800-
2000 maravedís.
El consumo de salpreso era, pues, el único aporte proteínico
de origen animal de buena parte de la sociedad isleña. Un con-sumo
que podemos ahora precisar con cierta aproximación. Los
quince barcos de la matrícula de Gran Canaria dedicados a la
pesca de Berbería en 1800 abastecían de salpreso a esta isla y a
Tenerife, y conocemos las partidas anuales entradas en esta úl-tima
isla durante el quinquenio 1800-1804 (cf. cuadro 4). El
promedio de entradas anuales fue de 1.115.426 kilos, lo cual
supone un consumo de 16,2 kilos por habitante y año a princi-pios
del siglo XIX.
El siguiente dato proviene de la flota de Berbería de La Pal-ma,
compuesta en 1800 de tres buques, los cuales
suelen hacer regularmente 6 viajes al año y cada uno trae
2.000 arrobas de pescado salado, de modo que los tres barcos
traen 36.000 arrobas...; 20.000 se consumen sólo en esta isla y
las 16.000 restantes en Tenerife y Canaria96.
Realizados los ajustes oportunos, resulta que la población
palmera consumía en estos años un total de 460.000 kilos de
salpreso, a una media anual de 16,0 kilos por habitante.
Finalmente, el testimonio de uno de los principales industria-les
salineros, José de la Rocha Alfaro, propietario de las salinas
del Castillo del Romeral, abunda en nuestra tesis, al sostener en
95 En mi tesis doctoral elaboré de manera parcial series de precios agra-rios
y manufacturados a partir de los libros del gasto ordinario de los con-ventos
de Tenerife. En este momento preparó una edición de estas series,
completando sus lagunas y ampliando la muestra de productos.
96 Hernández Rodríguez (1983: II, 183).
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1787 que la demanda de sal sea ahora de tal envergadura que
las salinas de la isla solamente aportan la mitad del consumo,
pues de las 24.000 fanegas que gastarán anualmente dichos
barcos, apenas producen las salinas de Canaria 12.000, vién-dose
de consiguiente obligados sus dueños [de los barcos] a
comprar las otras 12.000 del Reyno de Portugal o de otras
partes a precios subidos97.
Surgieron entonces nuevas iniciativas salineras en Tenerife,
La Palma, Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, pero no
todas prosperaron. Hemos ya mencionado los casos fallidos de
Tenerife, La Palma y Lanzarote. En Gran Canaria, la primera
iniciativa industrial fue ampliar las salinas existentes. Así, en el
caso de las salinas de Amoreto, ya hemos aludido al esfuerzo
inversor realizado por su principal agente, Alejandro Amoreto, y
continuado luego por su hijo, Fernando Amoreto Manrique. Su
única hija, Luisa Amoreto del Castillo, heredó el mayorazgo
fundado por su abuelo y casó con Fernando Bruno del Castillo
Ruiz de Vergara, primer conde de la Vega Grande de Gua-dalupe,
que fue a la postre el que convirtió la industria salinera
familiar en la más importante del Archipiélago, pues aportaba
el 40 por ciento de la producción regional en el último cuarto
del siglo XVIII (cf. cuadro 4). Pues bien, en su testamento expre-sa
claramente la continuidad de esa actividad, al fabricar
dos bodegas para encerrar sal en las Salinas de Abajo, que
hacen una y otra siete mil y quinientas fanegas. En las sali-nas
de la Caleta hice otra bodega que hace tres mil fanegas,
en las que adelanté la tercera parte del cocedero y otra ter-cera
parte de tajos; y en las que llaman nuevas y viejas, a más
de haber crecido los cocederos y reparádolos con aseo de
guardapolvos, les añadí doscientos sesenta y tres tajos en esta
forma; en donde se denomina la Charca, ciento y cinco; en el
Tabaibal, ciento y cuatro; en la Cabezada del Minote, cinquen-ta
y quatro, en cuyas fábricas y la que asímismo hice en re-parar
dicho Minote de buena argamasa para defenderla de las
97 AGS. Secretaría y Superintendencia de Hacienda, leg. 2.013. El volu-men
de sal demandado por la industria pesquera es algo exagerado, como
veremos luego, pero tenía por objeto justificar la petición.
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humedades, que así a estas salinas como a las inmediatas les
acarreaban los inviernos, he gastado más de dos mil pesos98.
En marzo de 1787, argumentando la escasez de sal para la
industria pesquera y su necesaria importación de Portugal, soli-cita
de la Corona facultad para convertir en salinas cuatro
fanegadas de su propiedad, donde llaman Barco Quebrado, en las
costas de Aldea Blanca, e inmediatas a las salinas que ya posee,
obteniendo real orden favorable en 13 de setiembre de 178799.
Las salinas de la Casa-Fuerte del Castillo del Romeral o de
Rocha conocieron también mejoras y ampliaciones. Su propie-tario
en este momento, Antonio de La Rocha Béthencourt, ar-quitecto
insigne, dotó a la pequeña fortaleza de mejores defen-sas
y amplió la explotación, invirtiendo en todas estas obras la
suma de 24.254 reales, según recoge en su testamento, fechado
en 1783100. Por su parte, su sucesor, José de la Rocha Alfaro,
pidió facultad para convertir en salinas doce fanegadas de tie-rras
realengas inmediatas a su explotación y fue autorizado a
realizar la obra por real orden de 16 de febrero de 1789101.
En cuanto a los nuevos proyectos salineros, cabe mencionar
el intento de construir salinas en La Isleta102, pero todos los in-formes
insistieron en que el lugar no reunía condiciones ade-cuadas
para la industria. Tales condiciones únicamente se da-ban
en el sureste insular y aquí se levantó una nueva salina. El
solicitante inicial de la licencia fue en 1779 Miguel Domingo
Ruiz de Mendoza. Su proyecto era establecer salinas en el lito-ral
realengo próximo a sus tierras de Sardina, en concreto, en
la Punta de Tenefe. Los administradores de rentas informaron
98 AHPLP. Sección Protocolos Notariales, leg. 1.844, s.f.
99 Ibídem. No obstante, esta solicitud tropezó con otra pedida por el
propietario de la salina del Castillo del Romeral, que pretendía ampliar sus
tajos y cocederos por la parte norte del Castillo, hacia el barranquillo de-nominado
Barco Quebrado. La Real Audiencia ordenó la paralización de
la obra en 1787, pues ambos interesados no tenían licencia regia para su
ejecución. Al final la salina se construyó y por otra del Conde. Cf. AHPLP.
Sección Audiencia, leg. 1.222.
100 AHPLP. Sección Protocolos Notariales, leg. 1.845, fols. 147-148.
101 Ibídem.
102 Macías Hernández (1989: 179).
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favorablemente103, pero la salina fue construida por el represen-tante
de Mendoza en Madrid, José Hipólito Verdugo, que pidió
también 10-12 fanegadas de tierras realengas en la costa de
Tenefe para construir salinas con las mismas condiciones que
las contenidas en las concesiones otorgadas al conde de la Vega
Grande y al coronel Antonio de la Rocha. La disposición regia
llega el 13 octubre del citado año y las salinas son construidas
de inmediato104, diezmando desde 1798, no sin antes ocurrir un
pleito cuyo desenlace desconocemos105.
La segunda solicitud fue presentada por José Benítez de
Lugo y Mesa, pidiendo treinta fanegadas de tierras realengas en
Barco Quebrado, en las tierras inmediatas a las salinas del con-de
de la Vega Grande; el solicitante alega los méritos y servicios
prestados a la Corona por sí y sus antecesores y la
utilidad considerable, por ser tan necesaria la sal en dichas
Islas, no sólo para el uso doméstico sino para el ramo de pes-ca
que sus naturales hacen en la costa de África, que proveen
a todas las Islas por ser el alimento del común de sus habi-tantes
y tan corta porción que producen varias salinas que
tienen diversos particulares, vecinos de las Islas, que no al-canza
y necesariamente se trae de Portugal y otras partes para
poder executar dicha pesca106.
103 Ibídem.
104 El fundador de esta salina falleció en 1799 y en su testamento no se
recoge noticia alguna sobre la inversión realizada; solamente especifica la
fábrica de las salinas en Barco Quebrado. AHPLP. Sección Protocolos Nota-riales,
leg. 1.967, fols. 296 y ss.
105 Las partes implicadas en dicho pleito son, por un lado, José Hipólito
Verdugo y, por otro, Agustina Scort Yanes, viuda de José Miguel Ruiz de
Mendoza, y fue sustanciado ante el corregidor de la isla por iniciativa de
esta última. Su denuncia se basaba en que la indicada salina fue solicitada
por José Domingo Ruiz de Mendoza en abril de 1791 por mediación de
José Hipólito Verdugo, a la sazón en la Corte. Verdugo le escribió desde
Madrid disuadiéndole del proyecto, el cual, luego de la muerte de aquél,
solicita para sí; además, la viuda denuncia que las tierras sobre las que
proyecta Verdugo establecer las salinas pertenecen la vínculo de su difunto
marido y los testigos presentados por Verdugo para sostener su naturaleza
realenga «eran sus parciales, medianeros y dependientes». AGS. Dirección
General de Rentas, leg. 3.094. Segunda remesa.
106 Archivo Histórico Nacional. Consejos, leg. 1.652, exp. 6.
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El Consejo de Castilla pidió informes a la Audiencia y es
probable que hubiera una relativa oposición por parte de los
propietarios de salinas colindantes al proyecto, dada la lentitud
en sustanciarse. El informe de la Audiencia le fue favorable, si
bien consideró conveniente reducir la concesión a doce fane-gadas
y establecer un plazo de cuatro años para la construcción
de la salina. La real orden de 14 de marzo de 1795 recogió esta
propuesta, pero la salina no llegó a fabricarse por razones que
aún desconocemos.
Finalmente, ya hemos mencionado la abundancia de coce-deros
naturales en Fuerteventura. La recolección de su sal cu-bría
la demanda de los vecinos e incluso se exportaba al merca-do
interior. Su primer proyecto salinero, de 1677, por iniciativa
señorial y con licencia regia, no prosperó; pero el segundo, co-menzado
en la década de 1780, inició su producción en 1800.
CUADRO 5
PRODUCCIÓN DE LA INDUSTRIA SALINERA EN 1780 Y 1800
Fuentes: Macías Hernández (1988: 185). Hernández Rodríguez (1983). Elaboración propia.
Queda por examinar si fue rentable la inversión en el nuevo
ciclo salinero y una respuesta aproximada podemos extraerla de
la inversión realizada por el primer conde de la Vega Grande.
Según su declaración testamentaria, gastó unos dos mil pesos107,
es decir, 40.000 reales de vellón de Castilla, durante el período
en que administró la salina de su mayorazgo, y conocemos su
producción total en 1787, dado que la fuente decimal sólo per-
107 Hemos considerado que se refiere a pesos fuertes, equivalentes a 20
reales de vellón de Castilla.
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mite aproximarnos a una parte de la misma, pues las viejas
salinas de Amoreto, pertenecientes también al mayorazgo, no
abonaban diezmo, como quedó ya dicho. Pues bien, en 1787
toda la industria salinera del Condado producía anualmente
6.000 fanegas de sal108, que a los precios medios de la década de
1780, de 12,5 reales de vellón por fanega, suponían un ingreso
bruto de explotación de 75.000 reales anuales. Queda claro,
pues, que las inversiones realizadas en el tercer ciclo industrial
salinero fueron también muy rentables.
3. PRODUCCIÓN Y CONSUMO DE SAL
Los datos disponibles sugieren que fue ahora, en este su ter-cer
ciclo, cuando la producción salinera insular comenzó a cu-brir
la demanda interna. La industria producía hacia la década
de 1780 unas 14.100 fanegas; destacaban las salinas de Gran
Canaria, con el 78,7 por ciento de la oferta, aunque este gua-rismo,
deducido de la cuota decimal, no es del todo seguro, pues
no sabemos aún la producción total de las salinas viejas de
Amoreto, que no pagaban diezmo (cf. cuadro 5). Veinte años
más tarde, la producción industrial salinera se había incremen-tado
a 22.560 fanegadas, reiterándose de nuevo el protagonismo
de las salinas grancanarias.
Ahora bien, si queremos conocer si la oferta salinera local
cubría la demanda, debemos agregar a la producción industrial
la sal recogida en los cocederos naturales y, por supuesto, cal-cular
la magnitud de la demanda. Este cálculo es, además, muy
necesario, pues si al consumo aparente de sal le restamos las
importaciones y la producción de la industria salinera, la dife-rencia
resultante sería la producción estimada de los cocederos
naturales.
El consumo aparente de sal se deduce de aplicar a las cifras
de población de los censos de 1787 y 1802 el consumo medio
de sal por habitante y año (cf. cuadro 6)109. Así, este consumo
108 Macías Hernández (1988: 185).
109 Estos consumos de sal per cápita pueden parecer excesivos, pues
superan los 7,3 kilos/año admitidos para las poblaciones preindustriales,
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aparente ascendía a 29.815 fanegas en 1787 y a 33.908 en 1802.
En cuanto a las importaciones, conocemos su montante para
ambos años, siendo en el primero de 12.498 fanegas110 y de 2.087
en el segundo111; es decir, una reducción del 83,3 por ciento que
CUADRO 6
CONSUMO APARENTE DE SAL EN 1787 Y 1802 (en fanegas)
Nota: La fanegada de sal equivale por término medio a 70 kg.
Fuentes: a) Población en Macías Hernández (1995). b) Consumo de sal: para Tenerife, La
Palma y Gran Canaria, 13,7 kg/habitante y 7,3 para el resto de las islas. Cf. nota 109.
pero esta ratio debe incrementarse en el caso isleño por el elevado nivel de
consumo de sal del pescado salpreso, de 0,40 kilos de sal por kilo de
salpreso. No obstante, los consumos de sal propuestos deberán revisarse a
media que mejoremos nuestro conocimiento de la presencia del salpreso
en la dieta de los insulares, plenamente consolidada en el siglo XVIII.
110 Macías Hernández (1989: 186).
111 Datos tomados de la Estadística de Escolar. Cf. Hernández Rodríguez
(1983).
CUADRO 7
ESTIMACIÓN DE LA OFERTA TOTAL DE SAL EN 1787 Y 1800
Fuente: Macías Hernández (1989). Elaboración propia.
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fue compensada por el incremento de la producción local y por
una mayor explotación de los cocederos naturales, al subir su
recolección estimada de 3.217 a 9.261 fanegas (cf. cuadro 7). Y
aunque cabe dudar de esta última magnitud, el acusado retro-ceso
de las importaciones —prácticamente desaparecen luego de
1800— en un contexto de crecimiento de la demanda sugiere
que esta última fue cubierta por la oferta salinera local.
CONCLUSIONES
Las dos industrias más singulares de la historia económica
de Canarias del período moderno tuvieron un destino común e
interrelacionado. Comenzaron según los indicios por ahora dis-ponibles
a mediados del siglo XVI, cuando los insulares descu-brieron
una nueva técnica, la del pescado salpreso, que permi-tía,
por un lado, eludir la amenaza que sufrían los pescadores
en el litoral del caladero africano y, por otro, cubrir a bajo pre-cio
el elevado consumo de pescado de la población que tenía
limitado el acceso a otra fuente proteínica de origen animal. Por
esta razón, los ciclos de la industria salinera y del salpreso ca-balgaron
juntos y dibujaron con su trayectoria las etapas de
esplendor y penuria de la sociedad insular, medidas con el in-dicador
macroeconómico más correcto, la distribución de la ri-queza.
Al principio, durante el siglo XVI, la demanda de salpreso y,
por consiguiente, de sal, creció en Gran Canaria cuando el
mercado que consumía aquella elaboración aumentó en efecti-vos
en la segunda mitad de la centuria, es decir, cuando la cri-sis
azucarera castigó las rentas, especialmente de los menos fa-vorecidos.
Mientras tanto, las poblaciones trabajadoras de otros
ámbitos insulares demandaron también el salpreso, pero en
menor medida en el caso de Tenerife y La Palma, pues sus eco-nomías
vitivinícolas, caracterizadas por el predominio de la pe-queña
y mediana propiedad, generaron la suficiente renta como
para adquirir en el exterior el selecto bacalao y demás pescados
del Noroeste europeo, al tiempo que consumían las carnes de la
cabaña insular y regional.
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La economía entró en recesión hacia la década de 1660.
Comenzaron entonces las penurias y, de nuevo, asistimos a un
ciclo de expansión de la industria salinera y del salpreso, acele-rado
ahora por la crisis vitivinícola. Y aunque esta expansión
industrial se detuvo en la primera mitad de la centuria siguien-te
y la oferta de sal de la industria y de los cocederos naturales,
junto con las importaciones, bastaron para cubrir la demanda,
nuestras dos industrias retomaron su ciclo expansivo hacia
1770, cuando el consumo de salpreso experimentó un nuevo
incremento, pues el crecimiento económico del último cuarto del
setecientos tuvo su lado social amargo, es decir, aumentó las
desigualdades en la distribución de la renta.
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