Las convulsiones políticas de 1808 en canarias y el grupo Protoliberal de Gran Canaria : una interpretación de las estrategias de grupo y el leguaje político en la crisis del Antiguo Régimen

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LAS CONVULSIONES POLÍTICAS DE 1808
EN CANARIAS Y EL GRUPO «PROTOLIBERAL»
DE GRAN CANARIA: UNA INTERPRETACIÓN
DE LAS ESTRATEGIAS DE GRUPO
Y EL LENGUAJE POLÍTICO EN LA CRISIS
DEL ANTIGUO RÉGIMEN
P O R
PEDRO JOSÉ RODRÍGUEZ BENÍTEZ
RESUMEN
La invasión napoleónica de España en 1808 generó en Canarias una
lucha por el poder político en el seno de sus grupos dominantes, que trajo
consigo la quiebra del sistema institucional de gobierno local del Anti-guo
Régimen. Este conflicto por el poder no sólo se manifestó a través
del comportamiento político concreto de esos grupos dominantes y sus
redes clientelares, sino que supuso también el desarrollo de un nuevo len-guaje
político liberal —con conceptos como los de soberanía, nación,
pueblo y participación— por parte de un sector de las elites canarias al
que identificamos como «grupo protoliberal».
Palabras clave: Liberalismo, grupo protoliberal, grupos dominantes,
redes clientelares, soberanía, nación, pueblo, patria y participación polí-tica.
ABSTRACT
Napoleon invasion of Spain in 1808 generated in the Canary Islands
a fight for political power within their dominant groups, that brought
about a crash in the institutional system of local government of the Old
Regime. This fight for power was shown not just through the concrete
political behaviour of those dominant groups and their clientelar networks,
but also contributed to develop a new liberal political language —with
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1. INTRODUCCIÓN
El año de 1808 debe ser considerado, sin duda alguna, como
una fecha clave para la quiebra del sistema institucional del
Antiguo Régimen en España. A pesar de la distancia que las
separa del continente europeo, las Islas Canarias no quedaron
ni mucho menos al margen de los cambios políticos e ideológi-cos
que se produjeron en la Península por aquellas fechas. Por
el contrario, los políticos canarios participaron también del de-bate
ideológico Absolutismo versus Liberalismo —o Antiguo Ré-gimen
versus Nuevo Régimen— que había comenzado a desa-rrollarse
más allá de los Pirineos a finales del siglo XVIII.
Tradicionalmente la historiografía canaria ha venido susten-tando
una concepción de la historia de las Islas en la Edad
Moderna que gira inexcusablemente en torno al carácter singu-lar
de Canarias en el contexto de la Monarquía española. Esta
singularidad, que se atribuye tanto a su medio ambiente natu-ral
y posición geoestratégica como a los privilegios —básicamen-te
fiscales y comerciales— con que la Corona distinguió a sus
vecinos y moradores después de la Conquista, constituye uno de
los principios fundamentales sobre los que se apoya la gran
mayoría de las interpretaciones que hasta época reciente se han
ofrecido sobre la sociedad canaria y su acontecer histórico. La
consecuencia, por otra parte lógica, de esta forma de concebir
la Historia consistía en que Canarias quedaba, muchas veces,
relegada de los sucesos históricos y de los movimientos cultura-les
que se producían en la Península o en Europa, o que, como
mucho, éstos y aquéllos se vivían en las Islas con un inevitable
e irreparable retraso en el tiempo. En este sentido, el paso des-de
una pretendida singularidad al alegato «victimista» ha sido
moneda común en la historiografía.
concepts like dominion, nation, people and participation— by a sector of
the canarian elites that we designate as «protoliberal group».
Key words: Liberalism, protoliberal group, dominant groups, clientelar
networks, dominion, nation, people, motherland and political partici-pation.
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Es cierto que el lenguaje político utilizado por las oligarquías
canarias del Antiguo Régimen en sus comunicaciones con el
gobierno de la Monarquía estaba teñido de esta peculiar mane-ra
de interpretar la realidad. Los discursos de los diputados y
mensajeros enviados a la Corte por los cabildos de las Islas para
negociar la concesión de determinados privilegios y mercedes
centraban su interés en resaltar las difíciles condiciones de vida1
que debían afrontar los miembros de la sociedad canaria para
procurar su supervivencia y la del cuerpo político que represen-taban.
Naturalmente, el objetivo que perseguían los grupos do-minantes
al esgrimir estas argumentaciones consistía en expo-ner
ante la Corte una situación lo suficientemente desesperada
como para garantizar la concesión a las Islas de los privilegios
solicitados. Sin embargo, no se debe obviar el hecho de que aun-que
estos privilegios y mercedes eran presentados por las elites
canarias como favorecedores del bien de la comunidad, en mu-chos
casos su solicitud venía auspiciada por motivaciones o in-tereses
puramente estamentales.
Al margen del estudio minucioso, caso a caso, que merece-rían
los argumentos utilizados por las elites canarias para justi-ficar
sus peticiones, y del debate que pudiera entablarse en tor-no
al grado de penetración de los discursos «victimistas» de las
elites en la historiografía canaria, lo cierto es que el análisis
histórico a menudo nos demuestra que esa pretendida singula-ridad
de las Islas debe ser observada bajo lupa. En este sentido,
si nos atenemos al estudio de los sucesos ocurridos en 1808,
tanto en los discursos de las autoridades locales como en su
práctica política concreta es posible identificar la presencia de
algunos elementos característicos que homologan el ideario de
las elites de Canarias con los procesos ideológicos y políticos
generales del resto de la Monarquía.
La historiografía canaria del siglo XX ha destinado algunas
de sus producciones bibliográficas al análisis de los sucesos que
tuvieron lugar en las Islas durante el bienio 1808-1809. En sínte-
1 Nos referimos a la fragmentación del territorio, la lejanía con respec-to
a la Península, la pobreza del medio natural, las dificultades para el
poblamiento y para la defensa de las costas, etc.
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sis, los estudios disponibles han centrado su análisis en la re-construcción
de una secuencia de hechos relevantes que, por
orden cronológico, podrían ser resumidos en los siguientes:
a) La prudencia, cuando no indecisión, que presidió la con-ducta
del Comandante General de las Islas —marqués de
Casa Cagigal— ante las noticias que llegaban desde la
Península a mediados de junio de 1808, y que anuncia-ban
la insurrección popular contra los franceses.
b) Casi al mismo tiempo, la rapidez y oportunismo de los
movimientos desplegados por los políticos tinerfeños,
agrupados en torno al Cabildo de la Isla, para intentar
capitanear los cambios en el sistema de gobierno tradi-cional
de Canarias y orientarlos de tal manera que sus
intereses particulares resultaran favorecidos. Nos referi-mos,
sobre todo, a la creación de la Junta Suprema de
Tenerife —impulsada por la Junta proclamada en Sevi-lla—,
y a la destitución del Comandante General Cagigal,
nombrando a Carlos O’Donnell en su lugar.
c) De finales del mes de junio data la favorable acogida que
el Gobernador de las Armas de Gran Canaria —José Ver-dugo
de Albiturría Da-Pelo— y los magistrados de la
Real Audiencia dispensaron al capitán de la goleta «La
Mosca», Mariano Isasvíribil, portador de las proclamas
de José I.
d) A finales de julio, y por orden del nuevo Comandante Ge-neral,
se concretan los arrestos del Gobernador militar
José Verdugo y del Regente y el Fiscal de la Real Audien-cia
por obra de Juan Creagh.
e) Paralelamente se observa una considerable resistencia del
Cabildo de Gran Canaria y de la Audiencia a acatar las
órdenes de la Junta Suprema constituida en Tenerife.
Esta actitud cristaliza en 1 de septiembre de 1808 en la
celebración de un cabildo general en Gran Canaria, que
nace con vocación de permanente y que, ayudado por la
Real Audiencia, se constituye en el órgano defensor del
sistema político antiguorregimental en las Islas.
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f) En el marco de estos acontecimientos se puede detectar
también la presencia de un grupo de políticos y perso-najes
destacados de la sociedad grancanaria que, en con-tra
de las tesis dominantes en el Cabildo secular y en la
Real Audiencia, muestran en sus discursos una notable
afinidad con las nuevas ideas liberales y con el sistema
de gobierno sustentado sobre la base de la Junta Supre-ma
de Tenerife.
Considerada de manera global, la producción historiográfica
canaria que se ha ocupado de profundizar en los acontecimien-tos
ocurridos durante el bienio 1808-1809 presenta una serie de
avances que merecen ser comentados. De esta manera, y parti-cipando
de los conceptos historiográficos de su tiempo, nos en-contramos
primeramente con estudios que pueden ser encuadra-dos
en la «historia institucional» o «historia política tradicional»,
para la cual los órganos destacados del poder político y militar,
y los hombres que los rigen, son los verdaderos responsables del
devenir histórico de las sociedades humanas. Dentro de esta lí-nea
historiográfica destacamos los trabajos debidos a Buenaven-tura
Bonnet y Reverón, Antonio Rumeu de Armas y Marcos
Guimerá Peraza2.
En época más reciente, Agustín Millares Cantero ha presen-tado
una visión bien distinta sobre el asunto que nos ocupa, y
que podemos encuadrar dentro de la historia de las «facciones
de clase». Las claves de la interpretación histórica de Millares
son, por un lado, el descubrimiento de la presencia de una
estructuración en facciones de clase de base territorial y econó-mica
dentro de la sociedad canaria de principios del siglo XIX; y,
por otro, la lucha por la «capitalidad» de las Islas. De esta ma-nera,
en su estudio los protagonistas del proceso histórico resul-
2 BUENAVENTURA BONNET Y REVERÓN, La Junta Suprema de Canarias. La
Laguna (Tenerife): ed. Editorial Interinsular Canaria, 1980. A. RUMEU DE
ARMAS, Prólogo de B. BONNET Y REVERÓN, La Junta Suprema de Canarias.
La Laguna (Tenerife): ed. Editorial Interinsular Canaria, 1980, tomo I.
MARCOS GUIMERÁ PERAZA, El marqués de Villanueva del Prado y don José
Murphy en la Junta Suprema de Canarias (1808-1809). La Laguna: ed. Ins-tituto
de Estudios Canarios, 1993.
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tan ser las «clases dominantes» de Gran Canaria y Tenerife,
también citadas como «clases privilegiadas», o como grupo de
«oligarcas» o de «patricios».
Como rasgo común, debemos señalar que los trabajos perte-necientes
a ambas líneas historiográficas participan de una vi-sión
insularista de los procesos históricos. Uno de los enfoques
ensalza el comportamiento de los políticos tenerfeños que pro-movieron
la formación de la Junta Suprema de Tenerife, a pe-sar
de los escollos y resistencias que llegaban procedentes de
Gran Canaria (sobre todo desde su Cabildo secular y la Real
Audiencia). El otro, representado por Agustín Millares, intenta
dignificar la conducta de las autoridades grancanarias, interpre-tándola
en clave del «pleito insular» que las enfrentaba con las
tinerfeñas3.
Nuestro objetivo con este trabajo de investigación consiste en
contribuir a un nuevo planteamiento historiográfico en la con-sideración
del problema. Pensamos que las macrocategorías de
clasificación y de organización de la sociedad, entre las cuales
se pueden incluir los conceptos de «oligarquía» o «clase domi-nante
» de Gran Canaria y Tenerife, no son suficientes para en-tender
completamente lo que sucedió. La comprensión del pro-ceso
histórico que se desarrolló en 1808-1809 exige, por el
contrario, el enriquecimiento del debate, de forma que, junto
con la lectura basada en «facciones de clase», se puedan incor-porar
3 nuevos niveles de análisis:
a) En primer lugar, la importancia que tienen las redes so-ciales
y, en especial, las relaciones de familia en la cons-titución
de los núcleos de poder; aunque teniendo muy
presente que en el seno de un mismo linaje podemos
encontrarnos con individuos que mantengan posiciones
enfrentadas en el desarrollo del proceso histórico.
3 Para profundizar en el origen del «pleito insular» consúltese JUAN RA-MÓN
NÚÑEZ PESTANO, La Nivaria triunfante y su capital gloriosa o los oríge-nes
del pleito insular. La Laguna (Tenerife): ed. Servicio de Publicaciones
de la Universidad de La Laguna, 2001.
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b) En segundo lugar, el estudio del lenguaje (ideas y con-ceptos)
utilizado por los sujetos directamente involu-crados
en la escena política.
c) Y, en tercer lugar, los juegos políticos protagonizados por
los actores concretos.
Creemos firmemente que los individuos que impulsaron la
convocatoria del Cabildo General Abierto en Tenerife (en cuyo
seno se proclamó la Junta Suprema de La Laguna), aquellos
otros que promovieron la constitución del Cabildo General Per-manente
en Gran Canaria y el resto de los políticos que tuvie-ron
alguna participación en el conflicto de 1808, no se movían
únicamente sobre la base de la defensa de «facciones de clase»
o condicionados por posicionamientos insularistas más o menos
definidos. Se trata más bien de sujetos concretos, involucrados
en relaciones sociales específicas (como la tejida en torno a la
figura del marqués de Villanueva del Prado), con un soporte
cultural determinado (que nos remite a la Ilustración francesa
y a los principios básicos del Liberalismo moderado), y con inte-reses
diferentes y diferenciados (de manera que podemos encon-trarnos
a representantes del mismo grupo social integrados en
bandos contrarios). Partiendo de esta premisa, intentaremos
analizar en este trabajo el papel político concreto de un gru-púsculo
de la clase dominante de Gran Canaria que durante el
bienio de 1808-1809 se mostró cercano o proclive a la Junta
Suprema de Tenerife, que colaboró con ella, y que en sus dis-cursos
manifestaba un nuevo lenguaje político, el cual, aunque
inspirado originariamente en el ideario iusnaturalista de la «Es-cuela
de Salamanca», en su estructura y contenido seguía di-rectamente
los conceptos de soberanía nacional y de participa-ción
política del Liberalismo.
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2. LA LUCHA POR EL PODER ANTES DE 1808:
EL ENFRENTAMIENTO DE BLOQUES
Las desavenencias internas que surgieron en 1808 en el seno
de las elites canarias en torno al sistema de gobierno político
que debían adoptar las Islas acabaron por plasmarse en dos pla-nos
diferentes, aunque complementarios, de la realidad social.
Por una parte, los desacuerdos se manifestaron bajo la forma
de un conflicto por el poder, que se desarrolló a escala local y
estatal, y en el marco del cual se pueden objetivar las diferentes
actitudes y conductas políticas de los miembros de los grupos
dominantes. Pero, en segundo lugar, la lucha política se confi-guró
también como un proceso de cambio ideológico que es
posible rastrear en los discursos de los personajes implicados en
el debate. Al menos así sucede dentro del grupo social de los
«poderosos» en Gran Canaria, en el cual se puede detectar un
discurso plagado de ideas alternativas a las esgrimidas por las
autoridades oficiales, y que se distancia de la política de bloques
enfrentados (clase dominante de Gran Canaria-clase dominante
de Tenerife) que había prevalecido hasta ahora.
La elite grancanaria había comprobado cómo su homónima
de Tenerife logró acrecentar sus cotas de poder paulatinamente
a lo largo el siglo XVIII, y más aún a finales de dicha centuria.
Destaquemos, en este sentido, la creación del Juzgado privativo
de Indias, que desde 1708 estuvo en manos de la familia Casa-buena;
la llegada a Tenerife del Juez factor de tabacos en 1717
o la del Intendente General de Canarias a Santa Cruz en 1718;
el establecimiento de la Administración General de Rentas Rea-les
en 1761, de la Real oficina de Correos en 1762, de la Junta
de Fortificaciones en 1785 y del Real Consulado de Comercio en
1787; la creación de una guarnición militar fija en Tenerife con
la llegada del Batallón de Canarias en 1793 y de los regimien-tos
de Ultonia y América en 1799. Asimismo debemos recordar
la ardua lucha entablada por la clase dominante de Tenerife
para tratar de establecer la Universidad Literaria, de trasladar
la Real Audiencia a Tenerife —algo que había venido intentán-
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dose en repetidas oportunidades desde el siglo XVII— y de dividir
la diócesis de Canaria en dos obispados.
Los éxitos notorios de los grupos gobernantes tinerfeños no
debieron pasar desapercibidos para la generalidad de los políti-cos
grancanarios. Con toda seguridad, se puede presumir la
existencia de cierto malestar entre los políticos de Gran Canaria
con lo que aparentemente constituía una clara inclinación ha-cia
los intereses tinerfeños por parte de la Monarquía borbónica.
Sirva únicamente de botón de muestra la carta que en 9 de
enero de 1789 Pedro Russell4, comerciante residente en Gran
Canaria, dirige a Agustín Ricardo Madán5, canónigo y agente del
4 La familia Russell, de origen irlandés, forma parte la burguesía mer-cantil
que se asentó en el barrio de Triana de Las Palmas de Gran Canaria
durante el siglo XVIII. Los hermanos Pedro y Andrés Russell fundaron una
compañía comercial en Las Palmas en 1774, la cual, entre otros negocios,
y por encargo de la Casa de Juan Cólogan e hijos con sede en La Orotava,
se ocupó de recaudar el producto líquido de los bienes desamortizados y
vendidos durante el reinado de Carlos IV en cumplimiento de la Real Cé-dula
de 25 de septiembre de 1798. Como miembros destacados de la elite
de la ciudad, los propios hermanos Russell se beneficiaron con la compra
de algunos de estos bienes desamortizados. VICENTE SUÁREZ GRIMÓN, La
propiedad pública, vinculada y eclesiástica en Gran Canaria, en la crisis del
Antiguo Régimen. Las Palmas de Gran Canaria: ed. Excmo. Cabildo Insular
de Gran Canaria, 1987, tomo II, p. 820. También nos consta que Pedro
Russell ejerció el cargo de apoderado del mayorazgo de Arucas en 1800.
Ibidem, tomo I, pp. 490-491. En cuanto a su participación en la política
local, debemos recordar que Pedro Russell, capitán de Milicias y Secreta-rio
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria,
fue vocal del Cabildo General —luego también Permanente— de Gran Ca-naria
que inauguró sus sesiones en 1 de septiembre de 1808. FRANCISCO DE
QUINTANA Y LEÓN (Marqués de Acialcázar), «Epílogo» en JOSÉ AGUSTÍN
ÁLVAREZ RIXO, Cuadro histórico de estas Islas Canarias de 1808 a 1812. Las
Palmas de Gran Canaria: ed. Ediciones de «El Gabinete Literario», 1955,
p. 324. Asimismo, sabemos que en 1812 resultaría elegido alcalde constitu-cional
de la ciudad de Las Palmas. ISIDORO ROMERO Y CEBALLOS, Diario
cronológico histórico de los sucesos elementales, políticos e históricos de esta
isla de Gran Canaria (1780-1814), tomo II. Las Palmas de Gran Canaria:
ed. Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria, 2002, p. 203.
5 Agustín Ricardo Madán, presbítero, nació en el Puerto de la Cruz
—isla de Tenerife— y murió en Gran Canaria en 1796. Doctorado en dere-cho
canónico por la Universidad de Oviedo, fue racionero de la Catedral
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Cabildo Catedral de Canaria en Madrid. Russell empieza por
manifestar la dificultad que atraviesan los fondos de propios del
Cabildo de la Isla por aquellos años, atribuyendo a las nuevas
medidas políticas tomadas desde la Administración central toda
la responsabilidad en la génesis de aquella situación:
...porque el Ministerio de Guerra se ha introducido a arreglar
y distribuir estos caudales, que en ninguna manera son de
su inspección, y se llevan a Santa Cruz el sobrante injusta-mente,
porque este ayuntamiento sólo tiene la obligasión de
municionar los tres castillos de su adopción, pero con los
de Tenerife nada tiene, ni con los de La Palma, y si es por-que
quieren extender este ramo al de fortificasión de las tres
yslas no hay justicia para eso, siendo obligado a ellos Su
Magestad por el uno por ciento del donativo de las tres yslas
para que las fortifique, y por eso le pagamos 7 por ciento,
aunque el derecho real es sólo de 6, y así lo dicen las gra-cias
y privilegios reales de los reyes nuestros conquistadores,
y varios de sus subcesores, que nos han libertado de pagar
otra alguna cosa, que el derecho de almojarifasgo de seis por
ciento, cuyos privilegios y libertades soy de opinión pidamos
a este nuevo monarca confirme por merced en su exal-tación6.
Como podemos apreciar, Russell se queja del perjuicio que
sufre la isla de Gran Canaria a costa de los cabildos de Tenerife
y La Palma, en esta ocasión con motivo del uso de los fondos
de propios de los cabildos para contribuir a la defensa de las
Islas. La autonomía de que disfrutaban los cabildos o concejos
de realengo en Canarias exigía de cada uno de ellos la asigna-ción
de partidas específicas para equipar y mantener en buen
estado los castillos de dotación concejil. A cambio del pago del
6 por ciento del almojarifazgo a la Hacienda real, los cabildos
de cada una de las islas de realengo habían recibido de la Co-rona
unos privilegios y unas exenciones fiscales particulares
desde la primera mitad del siglo XVI. Además, cada una de las
de Canaria antes de pasar a Madrid como su diputado a Corte. JOSÉ DE VIE-RA
Y CLAVIJO, Noticias de las Historia General de las Islas Canarias, tomo II.
Santa Cruz de Tenerife: ed. Goya Ediciones, 1982, pp. 897-898.
6 ARSEAPT. Fondo Rodríguez Moure. Legajo III de Cartas, fs. 135 r-v.
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islas de realengo contribuía al fisco real con un donativo adi-cional
—el 1 por ciento de las mercaderías que entrasen y salie-sen
de sus puertos7—. De esta manera, la extracción de fondos
del cabildo de una de las Islas para destinarlos a los castillos de
dotación concejil de otra se consideraba una intromisión intole-rable
de la Administración central y una grave infracción del
pacto sellado con la Corte.
Al margen del almojarifazgo del 6 por ciento, la oligarquía
de Gran Canaria, al igual que su homóloga tinerfeña, era con-traria
al establecimiento de cualquier otro impuesto o arbitrio,
como el del 1 por ciento:
Del uno de esta ysla no quiciera que hablácemos, sino para
desaprobarlo, y pedir que se suprima como impuesto, y todo
impuesto es contra el fuero y privilegio de las Yslas...8.
Pero lo que más dolía a la oligarquía grancanaria era que
los fondos del Cabildo se destinaran a sufragar los gastos de
cualquier obra o institución que tuviese su sede en la isla de
Tenerife, como por ejemplo la del Real Consulado de comercio
o la construcción de un hospicio en Santa Cruz:
...tenemos reclamado el ½ por ciento que se nos ha recarga-do
para el Consulado, porque aquí estamos todos de opi-nión,
que nada, por bueno o útil que sea, queremos a costa
de impuestos, pues nada es mejor ni más útil que nuestra
libertad, único mayorasgo de estos pobres ayslados9.
7 La Corona ya había intentado implantar de forma permanente el arbi-trio
del 1 por ciento en las Islas desde el siglo XVII. La férrea oposición de
los cabildos, aduciendo los privilegios de franquicia de que eran poseedo-res,
hizo que su cobro se hiciera únicamente durante períodos de tiempo
concretos a cambio de que su producto fuera asignado por la Corona al
capítulo de fortificaciones del territorio insular. Ésta era la teoría, porque
las manifestaciones de los capitulares dan a entender que no siempre fue
ése el destino de los fondos recaudados. De esta manera, las oligarquías
concejiles de cada una de las islas de realengo se mostraron renuentes a la
renovación del arbitrio, lo cual provocó tensas relaciones con los coman-dantes
generales, fieles defensores de su implantación. JOSÉ DE VIERA Y
CLAVIJO, Noticias..., ibidem, pp. 359-363.
8 ARSEAPT. Fondo Rodríguez Moure. Legajo III de Cartas, f. 134 r.
9 Ibidem, f. 134 r-v.
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Definitivamente, las elites de Gran Canaria eran conscientes
del éxito que presidía las gestiones de los políticos tinerfeños en
la Corte10, y de que muchas veces esto iba en contra de los inte-reses
de aquella isla. Esto queda bien patente en las siguientes
palabras de Russell:
Sus paisanos de vuestra merced [la clase dirigente de Te-nerife]
lloran su bobería de haverse clavado con el ½ por
ciento del Consulado, ½ por ciento sobre liensos bastos para
el muelle, dos quartos sobre cada cabesa que suve al mue-lle,
y otras diabluras contra que nosotros [la clase dirigente
de Gran Canaria] protextamos, y reclamamos, y sobre que
representaremos luego que se discipe algún nublado, y raye
alguna luz... En Canaria no queremos nada bueno que nos
traiga el mal pestilente de cargas, pechos, ni alcabalas, cien-tos,
millones, ni otros impuestos, sino el diezmo de Dios y el
7 por ciento al Rey. Nada más11.
Todos estos acontecimientos, en definitiva, y en palabras de
Agustín Millares Torres:
...dieron lugar a que en la Gran Canaria se llegase al fin a
comprender el peligro que corrían las antiguas prerrogativas
de una isla, que, hasta aquella época, se había considerado
sin oposición como capital de la provincia12.
10 Agustín Millares hace hincapié en el ascendiente que algunos políti-cos
nacidos en Tenerife tenían en las altas instancias de la Corte. Esta in-fluencia
podía ser ejercida de manera directa y personal por ellos mismos,
o bien indirectamente, a través del contacto con autoridades que, después
de haber desempeñado algún cargo en Tenerife, ahora tenían poder de de-cisión
en la administración estatal. A. MILLARES TORRES, Historia General
de las Islas Canarias, tomo IV. Las Palmas de Gran Canaria: ed. Edirca, 1977,
pp. 151-152.
11 ARSEAPT. Fondo Rodríguez Moure. Legajo III de Cartas, fs. 135 v-
136 r. Russell se quejaba en especial de que mientras que con anterioridad
las licencias para la exportación de mercancías eran expedidas por el Go-bernador
de Gran Canaria, al cual se pagaba la cantidad de 6 reales de
vellón de Castilla por cada una, ahora que las expide el Comandante Gene-ral
de la Provincia, residente en Tenerife, cuestan 4 duros y 2 pesetas, dine-ro
que, según sus propias palabras, va ...para el hospicio [de Santa Cruz].
Ibidem, f. 136 r.
12 A. MILLARES TORRES, Historia de la Gran Canaria, tomo II. Las Pal-mas
de Gran Canaria, 1860-1861, p. 149.
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De esta manera, cuando el 11 de julio de 1808 el Cabildo
General Abierto de Tenerife decide la creación de una Junta
Gubernativa Suprema de Canarias con sede en La Laguna, la
destitución del Comandante General Cagigal y su sustitución por
Carlos O’Donnell, y, en tercer lugar, la subordinación de la Real
Audiencia a la Junta Suprema, la plana dirigente del Cabildo de
Gran Canaria, en su mayoría, y con el apoyo interesado de los
magistrados de la Audiencia, se resistió a obedecer las directri-ces
que llegaban desde Tenerife. Por el contrario, su reacción
consistió en mantenerse firme en la defensa del orden anti-guorregimental,
y de unos derechos y privilegios particulares de
su isla que consideraban más amenazados que nunca.
3. UN CAMBIO EN EL JUEGO POLÍTICO TRADICIONAL
DE LAS ELITES DE LAS ISLAS
3.1. En Gran Canaria se produce una fractura
excepcional en la política de bloques:
los “protoliberales”
Según el análisis de Agustín Millares Torres, el avance de las
tropas napoleónicas por el suelo peninsular no habría ejercido
un especial efecto aglutinador sobre el conjunto de los sectores
dominantes de Gran Canaria. Éstos no presentarían un perfil
homogéneo por aquellos tiempos, sobre todo en lo que se refie-re
a su posicionamiento acerca de la persona que debía ocupar
la jefatura del Estado:
...había en Las Palmas dos partidos, en embrión todavía, de
los cuales uno deseaba que Napoleón se apoderase de las
riendas del gobierno, y con la fuerza de su genio levantara a
la España de la postración en que se hallaba, y otro, el más
numeroso, que rechazando con indignación toda interven-ción
estrangera, creía que el nuevo rey [Fernando VII] era
bastante para obrar aquel milagro y devolvernos nuestra
pasada grandeza13.
13 Ibidem, p. 158. Sobre la elite grancanaria de principios del siglo XIX
se ha llegado a asegurar que estaba dividida en dos bandos principales: el
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14
A pesar de que esto pone en tela de juicio cualquier visión
monolítica de los sujetos históricos encartados en la crisis de
1808, en palabras de Agustín Millares la diversidad de opiniones
que presentaba el grupo de poder grancanario no configuraba
bloques definidos de individuos que pudieran ser encasillados
plenamente en una u otra postura. Según su forma de interpre-tar
el perfil ideológico de los sectores dominantes grancana-rios,
la indecisión era la pauta común entre los miembros de la
elite14.
Sin embargo, del análisis de la documentación disponible
hasta la fecha puede deducirse algo más que la existencia de
opiniones confrontadas. Lo cierto es que, si bien la dirección
final de las decisiones tomadas por los políticos del Cabildo de
Gran Canaria fue de oposición a la Junta Suprema recién pro-clamada
en Tenerife, entre estas autoridades capitulares, y des-de
otros ámbitos de la vida pública grancanaria, se alzaron vo-ces
que se inclinaban por el pacto, la obediencia y la unión con
la nueva institución erigida en Tenerife. Los individuos que
componían esta disidencia en el seno de las elites grancanarias
eran portadores de un mensaje ideológico novedoso y diferen-ciado
—próximo al Liberalismo—, que además consideramos un
factor fundamental a la hora del análisis histórico para poder
identificarlos en sus actuaciones en la vida pública como un
grupo provisto de personalidad propia. Si este trabajo de inves-tigación
encierra para nosotros algún sentido, éste deriva de la
posibilidad de reconocer un conjunto de ideas y de prácticas
políticas en torno a las cuales se pudo reunir en la coyuntura
de 1808 este sector destacado de las elites grancanarias, al que
a partir de ahora denominaremos grupo «protoliberal». En esto
nos hacemos deudores de la línea marcada por los estudios de
los investigadores clásicos del pensamiento político en la Edad
Moderna y Contemporánea como Pierre Vilar, para el cual, se-gún
A. Elorza, sólo tiene verdadera importancia:
tradicionalista y el ilustrado. ALFONSO ARMAS AYALA, «Graciliano Afonso, un
prerromántico español», en Separata de Revista de Historia Canaria (julio-diciembre
de 1957 a enero-diciembre de 1962), La Laguna (Tenerife), 1963,
p. 20.
14 Ibidem, p. 149.
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...la historia coyuntural del pensamiento, esto es, las formas
ideológicas incorporadas por una corriente de pensadores,
portavoces de un grupo social dado y en un momento his-tórico
asimismo determinado15.
Pero antes de analizar sus actitudes políticas y el bagaje ideo-lógico
que las sustentaba, debemos comenzar por identificar a
los sujetos concretos que encarnaron esta disidencia «proto-li-beral
» dentro de los grupos gobernantes grancanarios. Conside-rados
desde una perspectiva global, se trataba de individuos
pertenecientes a los sectores dominantes de la sociedad del An-tiguo
Régimen, y de los cuales podemos hacer una primera cla-sificación
atendiendo a la posición desde la cual participaban en
la vida pública:
a) En su mayoría eran miembros de la terratenencia aris-tocrática
insular —poseedora de vínculos y mayorazgos—,
al mismo tiempo que ostentaban empleos destacados en
el Cabildo secular y en las Milicias Provinciales. Entre
ellos tenemos a José de Quintana Llarena, que en 1808
era regidor perpetuo del Cabildo de Gran Canaria,
subteniente de las Milicias Provinciales16, y que, según la
estadística elaborada por Escolar y Serrano17, disfrutaba
de 5 fundaciones viculares a principios del siglo XIX.
Otros integrantes eran los regidores perpetuos Agustín de
la Rocha —también poseedor de seis vinculaciones por
aquellas mismas fechas18— y el teniente Francisco Aguilar
15 A. ELORZA, La ideología liberal en la ilustración española. Madrid: ed.
Tecnos, 1970, p. 14.
16 Además, José Quintana Llarena ya había resultado electo en 1807
como Síndico Personero de la Isla, cargo que desempeñaría nuevamente
en 1815 y 1833. Asimismo, consta que por real despacho de 3 de junio de
1829 fue ascendido al grado de coronel del Regimiento de Milicias Pro-vinciales
de Las Palmas. FRANCISCO FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Nobilia-rio
de Canarias, tomo II. Santa Cruz de La Palma: ed. Juan Régulo, 1954,
pp. 736-737.
17 VICENTE SUÁREZ GRIMÓN, La propiedad pública..., tomo II, op. cit.,
p. 576.
18 Ibidem.
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y Romero19. Cabe incluir en este grupo al capitán de
Milicias Juan Gregorio Jáquez de Mesa y Solís20, que en
19 Éste había sido elegido Diputado del Común del Cabildo en 1807.
ISIDORO ROMERO Y CEBALLOS, Diario cronológico..., op. cit., p. 123. Además
ostentaba el cargo de Gobernador del Castillo de San Francisco del Risco.
Fue elegido por el Cabildo General Permanente de la Isla para representar-le
en la Junta de Tenerife junto con José de Quintana Llarena, pero nada
más regresar a Gran Canaria, con el grado de capitán, fue puesto en
prisión.«Apéndice I», en FRANCISCO DE QUINTANA Y LEÓN (Marqués de
Acialcázar), «Epílogo», en JOSÉ AGUSTÍN ÁLVAREZ RIXO, Cuadro histórico...,
op. cit., p. 195.
20 La familia Jáquez llega a Canarias en 1622 con el asentamiento de
Juan Jáquez del Ángel como mercader en Tenerife. Allí casa con María de
Mesa y Espínola, de cuya unión nace el capitán Lorenzo Jáquez de Mesa y
Espínola. Del enlace de éste con Antonia de Castro Machado y Fiesco
Salvatierra (natural de La Laguna) nace en el Realejo Alto Juan Gregorio
Jáquez de Mesa y Castro, que desempeñará el cargo de Alguacil Mayor de
la Real Audiencia de Canarias. En 1697 éste casa en la Catedral de Canaria
con María Gabriela de la Guerra Gallego y Algirofo, hija del capitán Fran-cisco
Gallego Altamirano —regidor de Gran Canaria— y de Tomasa Antonia
Algirofo Calderín y Ossorio. Es así como los Jáquez de Mesa pasan a Gran
Canaria. De este último matrimonio nace en esta isla Juan Nepomuceno
Jáquez de Mesa y Gallego, capitán de los Reales Ejércitos, que el 12 de
junio de 1747 casa en el Sagrario de la Catedral de Santa Ana con Teodora
Acedo y Béthencourt (hija del capitán Juan Antonio Acedo y de Ana de
Béthencourt y Franquis, ambos naturales de Santa María de Guía). Éstos
tuvieron por descendiente a Agustín José Jáquez de Mesa y Acedo, Alguacil
Mayor de la Real Audiencia de Canarias por juro de heredad, quien el 20
de enero de 1772 casa con Josefa Fernanda Pacheco-Solís y Caraveo de
Grimaldi en la iglesia de Los Remedios de La Laguna (Tenerife). Éstos
fueron los padres de Juan Gregorio Jáquez de Mesa Pacheco-Solís, último
titular del mayorazgo de la Casa Jáquez de Mesa, nacido en La Laguna el
25 de junio de 1775. Don Juan Gregorio fue coronel de Milicias del Regi-miento
provincial de Guía, así como Caballero de Cruz y Placa de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo. Asimismo, consta como el último
miembro de su linaje que ejerció el cargo de Alguacil Mayor y Fiel Ejecu-tor
de la Real Audiencia de las Islas de forma perpetua por juro de here-dad.
Juan Jáquez de Mesa se casó con Estébana Merino Ruiz de Quesada,
igualmente titular del mayorazgo de su casa (la de Merino), y patrona de
la capilla de la Trinidad en la iglesia parroquial de Santiago en Gáldar.
FRANCISCO FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Nobiliario..., ibidem, p. 872. Todos
estos datos nos sugieren que Juan Jáquez de Mesa debía disponer de un
destacado patrimonio rústico en los lugares de Guía y Gáldar. De hecho, en
el expediente de la visita y reconocimiento de baldíos y realengos de Guía
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1808 resultó electo como Síndico Personero General del
Cabildo21. Fuera del ámbito capitular, debemos mencio-nar
la presencia de Miguel Quintana, capitán del Regi-miento
de Milicias de Las Palmas y tío del regidor José
de Quintana Llarena22; del capitán de Milicias Pablo Ro-mero23
—hijo del regidor perpetuo Isidoro Romero y
Ceballos, y, por lo tanto, miembro de otra de las familias
aristocráticas de Gran Canaria, poseedora de numerosas
propiedades, rentas y vínculos—; y de Juan Megliorini,
que en 1806 había comenzado a desempeñar el empleo
de Castellano o Gobernador del castillo de San Francis-co,
alias del Rey24.
b) Otros pertenecían al ámbito eclesiástico o ejercían car-gos
importantes en la Catedral de Canaria. Éste es el
caso de Graciliano Afonso25, doctoral de aquella Santa
Iglesia en 1808, quien también había resultado elegido
como Síndico Personero General de la Isla en 180626. En
palabras de Alfonso Armas Ayala, en la coyuntura poste-rior
a la proclamación del Cabildo Permanente de Gran
Canaria:
...[Graciliano] Afonso empieza a jugar a la conspira-ción
y es acusado de connivencia con los detenidos por
de 1808 Jáquez de Mesa, en calidad de esposo de Estébana Merino, apare-ce
como titular de dos trozos de tierra en dicho lugar usurpados al realengo
unos treinta años atrás. Archivo Municipal de Guía de Gran Canaria. «Ex-pediente
sobre visita y reconocimiento de los baldíos pertenecientes a di-cho
pueblo». Año 1808. Sin clasificar. Agradecemos sumamente la colabo-ración
prestada por el genealogista Miguel Rodríguez Díaz de Quintana para
la elaboración de esta pequeña referencia a la genealogía de la familia
Jáquez de Mesa.
21 ISIDORO ROMERO Y CEBALLOS, Diario cronológico..., op. cit., p. 131.
22 FRANCISCO FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Nobiliario..., ibidem, pp. 732-734.
23 ISIDORO ROMERO Y CEBALLOS, Diario cronológico..., ibidem, tomo I,
p. 32.
24 Ibidem, tomo II, p. 118.
25 Graciliano Afonso era amigo íntimo del regidor José de Quintana
Llarena y del Síndico Personero Juan Jáquez de Mesa. ALFONSO ARMAS
AYALA, «Graciliano Afonso, un prerromántico...», op. cit., pp. 77, 81 y 348.
26 ISIDORO ROMERO Y CEBALLOS, Diario cronológico..., ibidem, p. 116.
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18
el Gobernador Creagh. Con él, Pablo Romero, Isidoro
Romero, José Quintana y otros tantos amigos que se
reunían a comentar los sucesos y noticias que desde
Cádiz llegaban27.
c) Y, por último, debemos citar a otros individuos pertene-cientes
al estado llano, como Manuel Pestana, a quien en-contramos
como uno de los doce vecinos representantes
del partido de Vegueta durante la celebración del Cabildo
Abierto de Gran Canaria el 1 de septiembre de 1808.
A pesar de que la lista de nombres pueda parecernos larga,
no a todos ellos cabe atribuirles el mismo papel como aglu-tinadores
de este grupo «protoliberal» dentro de la elite gran-canaria.
Según las informaciones que hemos podido recabar de
las fuentes consultadas, al triunvirato formado por José de
Quintana Llarena, Juan Jáquez de Mesa y Graciliano Afonso
cabe concederle cierta primacía dentro del grupo. En primer
lugar, porque estos tres personajes aparecen como usuarios ha-bituales
de un nuevo lenguaje político que se muestra altamen-te
crítico con el sistema de gobierno del Antiguo Régimen. En
segundo lugar, porque constituían los vehículos de comunica-ción
y de defensa de aquel discurso en el ámbito de los poderes
institucionales del momento en Canarias y en la Península. Y,
en tercer lugar, porque eran quienes se encargaban de llevar a
la práctica personalmente, o con la ayuda de otros, los pasos que
consideraban oportunos para el logro de sus fines. El resto de
los citados pueden ser considerados como apoyos necesarios y
colaboradores vitales de aquellos tres para desarrollar la acción28.
En la práctica, los «protoliberales» de 1808 apoyaron a la
recién constituida Junta Suprema de Tenerife, con la cual, apar-te
de confluir en las estrategias políticas que debían adoptarse
en los momentos de crisis, compartían una afinidad ideológica
27 ALFONSO ARMAS AYALA, «Graciliano Afonso», en Historia General de las
Islas Canarias, tomo IV, p. 302. Edirca. Las Palmas de Gran Canaria, 1977.
28 Por ejemplo, la detención del Regente y del Fiscal de la Audiencia
por Juan Megliorini; o la participación de Manuel Pestana y de los tenien-tes
José Falcón y Pablo Romero en la conjura que pretendía la detención
del capitán Isasvíribil.
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importante. Al menos así cabe pensarlo con respecto del mar-qués
de Villanueva del Prado, presidente de la Junta Suprema,
quien, como tendremos oportunidad de comprobar en las si-guientes
páginas, manifiesta en sus escritos políticos un lenguaje
que nos recuerda bastante al manejado por el grupo «proto-liberal
». Esta coincidencia se concreta básicamente en una con-cepción
liberal del poder político, como consecuencia de la cual
se apela de forma insistente a los conceptos de «soberanía na-cional
», de «propiedad» y de «participación» como los principios
fundamentales que deben regir en la constitución y funciona-miento
de las comunidades políticas.
Pero, además de la afinidad en los postulados ideológicos,
hay otro factor que debe ser considerado a la hora de analizar
la relación entre los «protoliberales» y la Junta Suprema de
Tenerife. Nos referimos a la notable influencia de que disfruta-ba
la figura del marqués de Villanueva del Prado en la política
canaria de finales del Antiguo Régimen. Este dominio se ejercía
a través de un conjunto de redes sociales tejidas a lo largo y
ancho del Archipiélago, que, incluso, involucraban a institucio-nes
tan destacadas como el Cabildo Catedral de Canaria, y que
alcanzaban también a los miembros más destacados del grupo
«protoliberal».
3.2. ¿Un nuevo lenguaje político en las Islas en 1808?
Un primer acercamiento a la documentación de archivo que
recoge los planteamientos ideológicos fundamentales del grupo
«protoliberal» de Gran Canaria en 1808 resulta suficiente para
constatar la presencia de un nuevo lenguaje en las elites cana-rias.
Este lenguaje supone el uso reiterado de un conjunto de
términos y conceptos —como los de «nación», «pueblo» o
«patria»— cuya incorporación al discurso político local cabe ca-talogar
de novedosa. Al menos podemos pensar así de los signi-ficados
que se pretende otorgar a las palabras, aunque en rea-lidad
éstas ya formaban parte, con acepciones diferentes, del
ideario político tradicional del Antiguo Régimen. Por lo tanto,
en este caso consideramos más apropidado hablar de la existen-
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cia de una reinterpretación o redefinición de viejos conceptos
más que de un lenguaje surgido totalmente ex novo.
Debe resaltarse que los integrantes del grupo «protoliberal»
se presentan a sí mismos como portadores de una alternativa al
sistema político del Antiguo Régimen, del cual se desmarcan
ideológicamente de manera explícita para criticarlo y proponer
su sustitución, tomando como base de sus postulados unos prin-cipios
de legitimidad del poder que resultaban absolutamente
innovadores en el panorama político de las Islas. Desde el pri-mer
momento, la lectura de sus discursos nos lleva a conside-rar
la posibilidad de que ese nuevo lenguaje político obedezca a
la influencia ejercida en los políticos canarios por las ideas libe-rales
que circulaban por el continente europeo desde finales del
siglo XVIII. En efecto, como veremos en las próximas páginas, el
contexto en que se usan los vocablos «pueblo» —como deposi-tario
del poder político supremo—, «patria» —en el sentido de
comunidad política— y «nación» —como comunidad de todos los
individuos libres e iguales—, parece inspirado en la tradición
ilustrada de finales del Antiguo Régimen y en las ideas liberales
surgidas en el marco de la Revolución Francesa.
Por otra parte, debemos señalar que este ideario político del
grupo «protoliberal» encuentra una inspiración más remota en
la tradición «iusnaturalista» castellana de los primeros siglos de
la Edad Moderna29; motivo por el cual no debe extrañarnos que
29 Esta tradición «iusnaturalista» se funda en los principios sustentados
por los autores de la Escuela de Salamanca y por otros juristas-teólogos de
los siglos XVI y XVII, a quienes se considera como auténticos protagonistas
de lo que se ha convenido en llamar «Segunda Escolástica». De este grupo
de intelectuales, que acometió la renovación del pensamiento tomista, cabe
destacar, por la marcada influencia que tuvieron sus ideas en las doctrinas
políticas de su tiempo y en las de los siglos posteriores, al dominico To-más
de Vitoria (1492-1546) —fundador de la Escuela de Salamanca—, y a
los jesuitas Francisco Suárez (1548-1617) y Juan de Mariana (1535-1624).
PERE MOLAS RIBALTA, Manual de Historia de España. Edad Moderna (1474-
1808). Madrid: ed. Espasa-Calpe, 1988, pp. 215-216. La tradición «iusna-turalista
» castellana del siglo XVI debe ser considerada como un precedente
destacado de otros tratadistas clásicos europeos que, en el siglo XVII y a
principios del XVIII, desarrollaron la doctrina del derecho natural para ex-plicar
el origen del poder de los gobernantes y la constitución de los cuer-pos
políticos. Nos referimos concretamente a Hugo Grocio (De iure belli et
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sus discursos estén provistos de un considerable bagaje de tér-minos
y de significados típicos del viejo lenguaje del derecho
natural que legitimaba el sistema político del Antiguo Régimen.
De todas maneras, aunque en los discursos de los «proto-liberales
» grancanarios podemos encontrar muchas ideas que
nos transportan al «iusnaturalismo» castellano de los siglos XVI
y XVII30, debemos recalcar que su incorporación al nuevo len-pacis,
1625), Samuel Pufendorf (De iure naturae et gentium libri octo, 1672;
y De officio hominis et civis iuxta legem naturalem libri duo, 1673), Richard
Cumberland (De legibus naturae disquisitio philosophica, 1672), J. B.
Bossuet («Discurso sobre la Historia Universal», 1681), John Locke («Dos
tratados de gobierno», 1689), Fénelon («Las aventuras de Telémaco», 1699),
Thomasius (Fundamenta iuris naturae et gentium ex sensu communi
deducta, 1705) y Gian Vincenzo Gravina (Origines iuri civilis, quibus ortus
et progressus iuris civilis, ius naturale gentium et XII Tabulae explicantur,
1708). PAUL HAZARD, La crisis de la conciencia europea. Madrid: ed. Alian-za,
1988, pp. 227-238.
30 Contamos con alguna referencia que nos permite aventurar la posibi-lidad
de que, en su formación académica, estos «protoliberales» granca-narios
hubieran entrado en contacto con el pensamiento de los autores del
«Neoescolasticismo». De hecho, nos consta que el catálogo de libros del
Seminario Conciliar de Las Palmas elaborado en 1782 por el Padre
Rodrigo Raymón y Alemán —encargado de la Biblioteca diocesana instala-da
en aquella institución— contenía algunas obras de Juan de Mariana.
JOSÉ ANTONIO INFANTES FLORIDO, Un seminario de su siglo: entre la Inquisi-ción
y las Luces. Las Palmas de Gran Canaria: ed. El Museo Canario, 1977,
pp. 97-99. Con toda probabilidad el repertorio bibliográfico que se custo-diaba
en el Seminario Conciliar incluía también a otros autores de la mis-ma
época, hecho que nos parece de gran importancia puesto que el docto-ral
Graciliano Afonso, uno de los adalides del grupo «protoliberal», estuvo
vinculado a la institución entre 1790 y 1806, primero como seminarista y
luego como profesor de Filosofía. ALFONSO ARMAS AYALA, «Graciliano...»,
op. cit., p. 302. Del Doctoral se apunta también que leyó a Pufendorf, algu-na
de cuyas obras se encontraban en la biblioteca del Seminario Conciliar
de Las Palmas. Ibidem, pp. 34-35. Por otra parte, también sabemos que las
elites de las Islas estudiaban a autores medievales como Duns Escoto. Así
se lo aseguró a George Glas un estudiante durante su visita a las Islas: ...me
informó que mi compatriota Duns Scotus era el mejor lógico que jamás
produjera el mundo. GEORGE GLAS, Descripción de las Islas Canarias, 1764.
La Laguna (Tenerife): ed. Instituto de Estudios Canarios, 1976, p. 129.
Recordemos que la concepción de Scoto sobre la «distinción formal» ex
natura rei alcanzó una influencia decisiva en el desarrollo de la filosofía
política «iusnaturalista» de la Edad Moderna. ANDRÉ DE MURALT, La estruc-
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guaje político pasa por una redefinición de los conceptos e
ideas del derecho natural realizada a la luz de los nuevos prin-cipios
liberales que se habían originado en la Revolución Fran-cesa.
En realidad, la formación del ideario político de los miem-bros
del grupo «protoliberal» nos remite necesariamente al últi-mo
cuarto del siglo XVIII y primera década del XIX, cuando los
obispos de la diócesis de Canaria —Cervera, Herrera, Tavira y
Verdugo— facilitaron el conocimiento por parte de los profeso-res
y estudiantes del Seminario Conciliar de las doctrinas más
innovadoras del pensamiento político europeo, especialmente de
aquéllas que procedían de Francia (jansenistas y enciclopedistas
básicamente)31.
A pesar de que la Inquisición hubiera prohibido la circula-ción
de buena parte de estas publicaciones, los intercambios
comerciales propiciaron la entrada en las Islas de las obras de
Montaigne, Condillac, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Tam-burini
o Maoli32. De hecho, sabemos que desde las dos últimas
décadas del siglo XVIII Graciliano Afonso, y otros eclesiásticos que
enseguida se convertirían en defensores de la causa liberal
(como Frías, Gordillo o Ruiz de Padrón), pudieron leer en el
Seminario Conciliar estos textos. De esta manera, no sólo pare-ce
lícito afirmar que el Seminario constituyó ...«el factor decisi-vo
para la Ilustración insular»33, sino que sus aulas fueron el
foro más destacado en que se acogieron, leyeron y difundieron
por vez primera en Canarias las ideas del Liberalismo. Allí se
formaron buena parte de ...«los diputados de 1812, de 1821 o
tura de la filosofía política moderna. Sus orígenes medievales en Escoto,
Ockham y Suárez. Madrid: ed. Istmo, 2002.
31 ALFONSO ARMAS AYALA, Graciliano Afonso: prerromántico e ilustrado.
Las Palmas de Gran Canaria: ed. Excmo. Cabildo Insular de Gran Canaria,
1993, pp. 11-14. Del mismo autor, «Graciliano Afonso, un prerromántico...»,
op. cit., p. 35.
32 Al parecer, la convivencia con la población insular de los prisioneros
franceses residentes en las Islas (detenidos bajo sospecha de querer intro-ducir
en ellas las ideas revolucionarias) resultó fundamental para la difu-sión
de estos textos. ALFONSO ARMAS AYALA, «Graciliano Afonso, un prerro-mántico...
», op. cit., p. 35.
33 Ibidem, p. 47.
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de 1823»34. Un ejemplo de esto es el propio Graciliano Afonso,
que en 1821 resultó elegido diputado a Cortes por la provincia
de Canarias. Por orden del Jefe político Soverón dirigida al Ca-bildo
Catedral de Canaria, Afonso redacta en 1821 un edicto
para defender y explicar las bases políticas del nuevo régimen
constitucional liberal. En este texto, Afonso parece haber madu-rado
de manera definitiva las ideas que junto a Jáquez de Mesa
y Quintana Llarena defendiera en 1808. De hecho, podemos
afirmar que las lecturas y reflexiones desarrolladas por Afonso
en los años precedentes sobre los trabajos de Rousseau, Mon-tesquieu,
Voltaire y Locke alcanzaron en este texto tal grado de
solidez, que no deja lugar a dudas acerca de la ideología políti-ca
de su autor:
Ya no temeréis persuadir que son virtudes la Independencia,
la Libertad y la Igualdad, ante la Ley, la Soberanía de la
Nación, y que ser fieles a ésta y a la Constitución es la mayor
de las virtudes sociales y la que más complace a la Divini-dad
Criador del Hombre para que viviese baxo las Leyes de
la Equidad y la Justicia»...35.
Pero la difusión de las ideas renovadoras en el campo de la
Literatura, la Filosofía y la Teología no se produjo únicamente
entre los clérigos, sino que tuvo un alcance más general entre
la elite insular, de forma que la nobleza y la alta burguesía
agrocomercial participaron también de su conocimiento36. De
34 ALFONSO ARMAS AYALA, Graciliano Afonso: prerromántico..., ibidem,
p. 85.
35 Ibidem, p. 110.
36 Sabemos que las obras de Rousseau se encontraban en la biblioteca
del marqués de Villanueva del Prado o en la de Segundo Franchy. Ibidem,
pp. 31 y 45. A finales del siglo XVIII el viajero francés Bory de Saint-Vincent
describe de la siguiente manera la gran aceptación que la ideas francesas
habían alcanzado entre la elite de Tenerife: Confieso que nunca he sentido
tanto la ventaja de ser francés; jamás había experimentado un movimiento de
orgullo nacional tan fuerte como cuando he visto a extranjeros instruidos
alabar a Francia con entusiasmo e, incluso, quizás con exceso. ¿Quién podía
rechazar semejante testimonio? Quienes lo manifestaban, lejos del escenario
de nuestras facciones, conocían la revolución por los periódicos ingleses y
franceses, ambos parciales, aunque en sentido contrario, y nos han juzgado
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ahí que para nada nos resulte sorprendente que Quintana
Llarena o Jáquez de Mesa, miembros de las elites de las Islas,
compartieran con Afonso las premisas fundamentales del nuevo
lenguaje liberal, el cual reflejaba en sí mismo una concepción
distinta del poder y de la participación en la vida pública.
Las pruebas más fehacientes de la ideología liberal compar-tida
por los «protoliberales» de 1808 la tenemos, efectivamente,
en sus discursos, cuyo análisis empredemos a continuación. En
primer lugar, destacaremos que este grupo «protoliberal» se
muestra partidario de cambiar el viejo modelo de Estado del
Antiguo Régimen, lo que le lleva a manifestar un gran descon-tento
con los magistrados de la Real Audiencia y con un régi-men
capitular que, en su opinión, parecía otorgar satisfacción
únicamente al interés particular en detrimento del bien público.
Pero, ¿qué razón había conducido a este grupo de personas
a una pérdida de confianza tan importante en las autorida-des
del Antiguo Régimen? El argumento que expresan se basa
en los criterios de representatividad y de participación, y así
lo esgrimen cuando tratan de los magistrados de la Real
Audiencia:
Este cuerpo bien conoce que no representa con su escaso nú-mero
bastantemente al Pueblo: que a él le consta que al con-trario
casi todas sus deliveraciones están reducidas a un solo
voto...37.
Debemos tener presente que en el Antiguo Régimen prima-ba
la idea de que las autoridades ejercían sus funciones en re-por
un justo término medio; nos han aprobado en nuestros principios, apar-tando
los ojos de los excesos que nos deshonraban, si no eran comunes a
todas las revoluciones. Admirando nuestra infatigable generosidad, viendo los
límites de una Francia floreciente después de una larga guerra, extendidos
por victorias que sólo nuestro valor podía conseguir, al hablarme exclama-ban:
“Usted pertenece a una gran nación, que solamente la odian sus enemi-gos
porque no la pueden igualar”. J. B. G. M. BORY DE SAINT-VINCENT, Ensa-yos
sobre las Islas Afortunadas y la antigua Atlántida o compendio de las
Historia general del Archipiélago. La Orotava (Tenerife-Islas Canarias): ed.
José A. Delgado Luis, 1988, p. 143.
37 Representación del Síndico Personero General de Gran Canaria, Juan
Jáquez de Mesa, ante el Cabildo en 26 de julio de 1808.
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presentación del Príncipe38, siendo éste ...el único origen de au-toridad
y jurisdicción39. Más tarde, a raíz del nuevo lenguaje li-beral
nacido de la Revolución Francesa, las autoridades serán
concebidas como la representación del pueblo, es decir, de un
colectivo de individuos que también va a ser objeto de definición.
En otras palabras, se apostará por la «voluntad popular» como
principio de legitimidad de los gobernantes. Esto constituirá un
cambio radical en la interpretación sobre el origen del poder,
pues en el Antiguo Régimen la doctrina al uso era la que otor-gaba
un origen divino al poder del Príncipe.
Los «protoliberales» de 1808 expresan una teoría sobre el
origen del poder que definitivamente debe ser catalogada de li-beral,
producto de la cual consideran que debe ser el pueblo
quien ...afianze y autorize40 a los gobernantes. Parece evidente
que nos encontramos ante una definición clásica del concepto
de «soberanía nacional» o «soberanía popular»41.
38 MIGUEL ARTOLA, Antiguo Régimen y revolución liberal. Barcelona: ed.
Ariel, 1983, p. 123.
39 MIGUEL ARTOLA, La Monarquía de España. Madrid: ed. Alianza, 1999,
p. 20, y JOSÉ MARÍA GARCÍA MARÍN, Teoría política y gobierno en la Monar-quía
hispánica. Madrid: ed. Centro de Estudios Políticos y Constituciona-les,
1988, p. 52.
40 Representación del Síndico Personero General de Gran Canaria, Juan
Jáquez de Mesa, ante el Cabildo en 26 de julio de 1808.
41 Con este pensamiento, los «protoliberales» de 1808 recogen y desa-rrollan
desde la óptica liberal una idea expresada por Francisco de Vitoria
ya en la primera mitad del siglo XVI, según la cual se debía conceder a la
comunidad política la facultad para determinar su propia forma de gobier-no,
así como para designar a sus gobernantes o representantes dentro del
sistema elegido. MARCELINO OCAÑA GARCÍA, El hombre y sus derechos en
Francisco de Vitoria. Madrid: ed. Ediciones Pedagógicas, 1996, pp. 109-110.
El mismo autor considera que el sujeto del poder civil es la «república» y
que, por tanto, ...es en la república donde reside la facultad correspondiente,
la potestad que reciben los gobernantes. Ibidem, p. 120. Sin embargo, hay
autores que consideran que de la interpretación de Vitoria sobre el origen
del poder no se infiere que haya un acto voluntario de cesión por parte de
la comunidad, sino que al elegir a sus gobernantes ésta lo único que hace
es transferirles una capacidad de autogobierno que le es inherente por mor
de la ley natural. JOSÉ ANTONIO FERNÁNDEZ SANTAMARÍA, El Estado, la guerra
y la paz. El pensamiento político español en el Renacimiento, 1516-1559.
Madrid: ed. Akal, 1988, p. 82. Juan de Mariana se expresa también en tér-
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Seguidamente, y con el objetivo de aclarar con precisión el
significado de este concepto de «soberanía nacional», los «proto-liberales
» afrontan la tarea de determinar a quién corresponde
asumir la representación del «pueblo». Su propuesta consiste en
la creación de ...una junta de sus propietarios representantes de
todas sus clases42. Parece que los propietarios constituyen el
único sector de la sociedad que verdaderamente cuenta desde el
punto de vista de la representación y la participación políticas,
y que, por lo tanto, sólo los intereses de aquel grupo deben ser
los defendidos por las autoridades que ellos mismos van a auto-rizar.
Resulta evidente que los «protoliberales» manifiestan aquí
un nuevo concepto de «propiedad», el cual nos parece coheren-te
con la nueva concepción de «soberanía nacional». La propie-dad,
y no el estatus o los privilegios estamentales, constituye así
la capacidad de los individuos para participar en la vida pública
y para asumir la representación política de la comunidad.
De manera homóloga, el marqués de Villanueva del Prado,
en sintonía con el programa de los liberales que elaboraron la
Constitución de Cádiz de 1812, considera que la propiedad es
...«el principio constitutivo y orgánico de toda sociedad»43. Asimis-mo,
el Marqués propone la constitución de ... «unas Cortes elegi-das
en representación de la propiedad, a base de un voto censitario
proporcionado a la renta»...44. En esta junta de propietarios o
«Cámara de la Propiedad» la nobleza ya no participaría en su
minos parecidos cuando estima que, por ley natural, la autoridad primaria
reside en la sociedad en su conjunto, y que los pueblos, con el objetivo de
perseguir el bien común, adoptan determinadas formas de gobierno y tras-ladan
la autoridad a quienes eligen por gobernantes a través de un pacto o
contrato. PEDRO JIMÉNEZ GUIJARRO, Mariana (1535-1624). Madrid: ed. Edi-ciones
del Orto, 1997, pp. 17-19. En este sentido, Mariana es considerado
como un tardío representante de la doctrina política «pactista» bajome-dieval,
según la cual la «república», a través de un pacto, cede parte del
poder supremo al Príncipe. JOSÉ MARÍA GARCÍA MARÍN, Teoría política...,
ibidem, p. 78.
42 Representación del Síndico Personero General de Gran Canaria, Juan
Jáquez de Mesa, ante el Cabildo en 26 de julio de 1808.
43 ALONSO DE NAVA Y GRIMÓN, Obras políticas [Ed., introd. y notas por
Alejandro Cioranescu]. Santa Cruz de Tenerife: ed. Aula de Cultura de
Tenerife, 1974, p. 30.
44 Ibidem, p. 32.
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calidad de estamento privilegiado, tal y como sucedían en las
cámaras o parlamentos antiguorregimentales, ...«sino como re-presentante
de la propiedad territorial»45, es decir, en virtud de su
probada capacidad para llevar las riendas de la comunidad po-lítica.
Además, los «protoliberales» consideran que la decisión so-bre
el nuevo sistema de gobierno que debían adoptar las Islas
debiera ser tomada en el seno de las antiguas corporaciones
antiguorregimentales (cabildos ordinarios o cabildos generales),
pues en ellas se encuentran representados mayoritariamente los
propietarios de las Islas:
...no puede permitir que un negocio de tanta importancia se
vaya a tratar sin ser en Cabildo General o quando menos
desde el momento que tenga efecto la reunión de todos los
caballeros regidores...46.
Como podemos deducir de estas primeras referencias a las
ideas de los «protoliberales», el fundamento del sistema político
propuesto tenía, a semejanza de lo que sucedía en el Antiguo
Régimen, un carácter censitario, lo cual concuerda perfecta-mente
con el Liberalismo francés de los girondinos, en cuyas
fuentes habían bebido los miembros más destacados del grupo.
En definitiva, se apuesta por un nuevo concepto de «soberanía
nacional», pero, tal y como había sucedido en Francia, por una
soberanía nacional censitaria en el marco de la doctrina liberal.
Ese poder soberano que parecían querer asignar al pueblo como
conjunto de individuos, en realidad se concede a una asamblea
representativa de aquél que reservaba para los grupos dominan-tes
la elección y el ejercicio del gobierno.
El hecho de que los «protoliberales» propongan que la im-plantación
en la sociedad del concepto liberal de «soberanía
popular» se realice a través de los cabildos —instituciones de
base estamental—, en absoluto resta coherencia a sus plantea-mientos
políticos. La política tiene, en buena medida, una dosis
importante de pragmatismo, y para los «protoliberales» de 1808
45 Ibidem, p. 33.
46 Ibidem.
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debía resultar más práctico y eficaz aprovechar el marco insti-tucional
existente para llevar sus ideas a la realidad que pensar
en la creación de nuevos órganos revolucionarios (lo cual expon-dría
la viabilidad de su proyecto a un riesgo que no desea-ban
o no podían asumir). Estos políticos se encontraban in-tegrados
plenamente en el marco institucional del Antiguo Ré-gimen
y consideraban que éste era el mejor cauce para intro-ducir
en la comunidad política los nuevos conceptos e ideas del
pensamiento liberal. A la larga, no sólo las ideas, sino que tam-bién
las propias instituciones capitulares resultarían, a través de
este mecanismo, redefinidas y renovadas, puesto que su exis-tencia
y su funcionamiento ya no se explicarían en tanto
que representación corporativa de la sociedad estamental, sino
como representación de los individuos propietarios de la comu-nidad.
Otro de los conceptos más repetidos por los «protoliberales»
de 1808 era el de «patria»47, y, en íntima conexión con éste, tam-bién
los de nación y pueblo. El vocablo patria para este grupo
«protoliberal» de Gran Canaria en 1808 no significaba única-mente
...el lugar, ciudad o país en que se ha nacido48, tal y como
sucedía en el marco del esquema clásico de ideas políticas del
Antiguo Régimen. Es cierto que hablan de «patria» en su acep-ción
territorial para referirse al suelo de Gran Canaria o, en un
sentido más amplio de la palabra, al del conjunto de las Islas.
Sin embargo, al hablar de «patria» parecen hacer referencia
también a la comunidad política, es decir, al conjunto de indivi-duos
dotado de una serie de leyes, privilegios y derechos parti-culares
que propician su bienestar, orden, tranquilidad y «con-servación
», valores que se considera necesario defender frente a
las desviaciones y a los abusos cometidos por los gobernantes
irresponsables.
Conocido el real decreto de 6 de junio de 1809, por el cual
la Junta Central ordenaba la disolución tanto de la Junta Su-prema
de Tenerife como del Cabildo General Permanente de
47 PIERRE VILAR, Hidalgos, amotinados y guerrilleros. Pueblo y poderes
en la historia de España. Barcelona: ed. Editorial Crítica, 1982, p. 221.
48 J. FERNÁNDEZ SEBASTIÁN y J. F. FUENTES (dirs.): Diccionario político y
social del siglo XIX español. Madrid: ed. Alianza Editorial, 2002, p. 512.
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Gran Canaria49, el marqués de Villanueva del Prado interpreta-ba
las consecuencias de este hecho también en función de este
concepto de «patria». En la opinión del Marqués, con su actua-ción
contraria a la Junta Suprema de Tenerife (a la cual se re-fiere
con el calificativo de «autoridad patriótica»), las autorida-des
políticas grancanarias habían contribuido a sofocar desde su
constitución:
...el germen feliz y casi espontáneo de una administración
patriótica, que no se produce cuando ni como se quiere y
que, cultivado con inteligencia, habría dado sin duda ines-timables
frutos de fidelidad, de fortaleza y de prosperidad
común50.
Los «protoliberales» plantean una situación en que a la «pa-tria
», según su razonamiento, le asiste ...el Derecho natural y de
gentes, de manera que la comunidad siempre debe tener ...pleno
conocimiento de las alteraciones sustanciales i exensiales que le
executen en sus leyes51. Resulta así que únicamente la comuni-dad
política dispone de la prerrogativa esencial e irrenunciable
para autorizar cambios en su legislación positiva. Sólo la comu-nidad
política es soberana («soberanía nacional») y, en conse-cuencia,
siempre que ese cuerpo político conserve en sus manos
el poder máximo de decisión o soberanía podrá aspirar a dotar-se
de unas autoridades y de unas instituciones de gobierno efi-
49 Este real decreto de la Junta Central fue emitido como consecuencia
de la pugna «sin salida» que las elites de las dos islas, desde el dominio
que ejercían en ambas instituciones (Junta Suprema de Tenerife y Cabildo
General Permanente de Gran Canaria), habían sostenido ante las más altas
instancias de la Administración central con el objetivo de alcanzar la legi-timación
de su supremacía en el gobierno político del Archipiélago.
50 El subrayado es nuestro. ALONSO DE NAVA Y GRIMÓN, Obras..., op. cit.,
p. 162.
51 Representación del Síndico Personero General de Gran Canaria, Juan
Jáquez de Mesa, ante el Cabildo en 1808/07/26. Los conceptos de «ius
naturale», derecho natural o ley de la naturaleza y de «ius gentium» o ley
de las naciones fueron definidos por los teóricos tomistas del siglo XVI en
el marco de sus estudios sobre las leyes que rigen en las sociedades políti-cas.
QUENTIN SKINNER, Los fundamentos del pensamiento político moderno.
Tomo II. La Reforma. México D. F.: ed. Fondo de Cultura Económica, 1986.
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caces52. A pesar de la evidente deuda histórica que estas ideas
mantienen con respecto de los más conspicuos representantes de
la «Nueva Escolástica», y en especial con las de Francisco de
Vitoria y Francisco Suárez53, consideramos que los propósitos de
52 Esto es una herencia del pensamiento desarrollado por los humanis-tas
cívicos en la segunda mitad del siglo XV (Salutati, Bruni o Poggio).
QUENTIN SKINNER, Los fundamentos..., tomo I, op. cit., 1986.
53 Ambos autores consideran que el derecho natural y el derecho de
gentes constituyen, por una parte, el origen del poder de la comunidad
política, y, por otra, el fundamento del pacto entre gobernados y gobernan-tes
a través del cual aquéllos ceden a éstos la autoridad para ejercerlo en
pro del bien común y de la «conservación de la república». JOSÉ ANTONIO
FERNÁNDEZ SANTAMARÍA, El Estado..., op. cit., pp. 71-106. Según Suárez y
Vitoria, en la clasificación de los distintos tipos de derecho el «de gentes»
se sitúa entre el «natural» y el «positivo», aunque más cercano a este úl-timo.
Ibidem, p. 106 y MARCELINO OCAÑA GARCÍA, El hombre..., op. cit.,
pp. 145 y 201-202. De todas formas, según Vitoria, como el derecho de
gentes establece ...unas normas con rango de ley que obligan tanto a los
individuos como a las naciones, no se puede aceptar bajo ningún concepto
que sea violado o suspendido. Ibidem, p. 147. Tomás y Valiente ha puesto
de manifiesto la teoría defendida por algunos seguidores de la doctrina
«iusnaturalista» del poder (como Bodin, Mariana o Saavedra Fajardo), se-gún
la cual existen «determinadas leyes civiles» o «leyes fundamentales» en
las cuales se sustenta la estructura de la «república». De acuerdo con esta
interpretación, a los gobernantes les corresponde la indispensable protec-ción
y defensa de dicha legislación positiva (no de derecho natural) si se
quiere conseguir la «conservación de la república». FRANCISCO TOMÁS Y
VALIENTE, «El gobierno de la Monarquía y la administración de los reinos
en la España del siglo XVII», en La España de Felipe IV, tomo XXV de la
Historia de España Menéndez Pidal, Madrid, 1982, pp. 39-43. Los tratadistas
del «iusnaturalismo» aún van más lejos y, en relación con la posible rever-sión
de la autoridad en el pueblo, consideran que, en virtud del derecho
natural y de las gentes, la comunidad política queda autorizada para opo-nerse
a la actuación de las autoridades y gobernantes que, a través de la
violación de las leyes fundamentales con que la propia comunidad se ha
dotado, amenacen con su destrucción. Estos planteamientos también pode-mos
rastrearlos en los escritos de los teóricos «sorbonistas» del Estado del
siglo XVI. Éstos consideran que la autoridad política es inherente y deriva
del cuerpo del pueblo, el cual la delega en los gobernantes. Además, pien-san
que la comunidad política no puede hacer entrega definitiva de ese
poder original y absoluto en la persona del gobernante, pues con ello haría
cesión de su derecho para conservar la vida y para defenderse. De esta
manera, se plantea como lícito que cualquier gobernante sea depuesto por
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los «protoliberales» eran más ambiciosos y se dirigían a la im-plantación
de un régimen liberal.
Para los miembros del grupo «protoliberal», en una situación
caracterizada por la ausencia del monarca y por la activa cola-boración
con los invasores de los principales órganos de gobier-no
del Estado (Consejo de Castilla, Audiencias y Capitanes Ge-nerales),
la autoridad máxima que el pueblo —depositario
original— había delegado en el monarca debía recaer nueva-mente
en aquél. Estos hombres de principios del siglo XIX de-nuncian
...la infidencia en los jueces y autoridades... que gobier-nan
la comunidad política de las Islas, y que, según su parecer,
de persistir, ...causaría toda nuestra ruina y destrucción [de la
patria]. Por consiguiente, en esta situación, que ellos mismos
califican de ...imperiosa necesidad, que es la suprema ley de los
pueblos54, queda plenamente legitimada la recuperación de la so-beranía
por parte del pueblo.
En su opinión, los magistrados del sistema político anti-guorregimental
han faltado a las obligaciones contraídas con la
«patria» en el momento de recibir de ella la autoridad máxima
para gobernarla. Estos deberes consisten, según sus propias pa-labras,
en atender al «bien público», esforzarse por conseguir el
«orden» y la «paz» social y, en definitiva, velar por la «conserva-los
súbditos cuando no actúe en beneficio de la comunidad sino en su des-trucción.
QUENTIN SKINNER, Los fundamentos..., op. cit., tomo II, 1986. En
definitiva, se muestran favorables a la deposición por parte de la comuni-dad
de los gobernantes que se extralimiten en sus funciones o dejen de
servir al bien común. Ésta es la postura mantenida por Francisco Suárez
(MARCELINO OCAÑA GARCÍA, El hombre..., op. cit., p. 203) o por el mismo
Juan de Mariana, el cual juzga que la república nunca pierde la capacidad
para velar por el respeto de sus leyes o derechos fundamentales, de forma
que si el gobernante los vulnera, aquélla puede resistírsele y volver a ejer-cerlos
directamente. PEDRO JIMÉNEZ GUIJARRO, Mariana..., op. cit., p. 56.
Según Juan de Mariana, el pacto entre la «república» y el gobernante sólo
suponía una cesión parcial e incompleta de la jurisdicción suprema, lo cual
habilitaba a aquélla para ejercer un irrenunciable «derecho de resistencia».
JOSÉ MARÍA GARCÍA MARÍN, Teoría política..., op. cit., p. 319. De parecida
opinión es Diego de Saavedra Fajardo, otro tratadista español del siglo XVII.
Ibidem, p. 303.
54 Representación del Síndico Personero General de Gran Canaria, Juan
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ción» de la comunidad. Se trata de conceptos que nos remiten
al pensamiento político humanista europeo del siglo XVI55 y a la
tradición de la «Nueva Escolástica» castellana, según los cuales
el objetivo primordial de todo gobierno consiste en mantener el
buen orden, la armonía y la paz entre los individuos que com-ponen
la comunidad política, y en promover el bien común.
Desde este punto de vista, la comunidad que se esfuerza por
proteger esos principios es una comunidad que procura su pro-pia
conservación. La corrupción de los gobernantes consiste, por
lo tanto, en fomentar el desorden y en despreciar el interés ge-neral
y público en beneficio del particular.
A lo largo de la Edad Moderna en el pensamiento político
europeo se mantuvo esta misma tradición de la búsqueda del
«bien común» y del «orden público» como objetivos básicos de
cualquier cuerpo político56, siendo finalmente traspasada como
legado ideológico también a los ilustrados del siglo XVIII en tér-minos
como los de «felicidad común», «interés público» o «utili-dad
pública y general». El propio movimiento ilustrado de las
Islas en la figura de José Viera y Clavijo cuenta con un destaca-do
representante de esta forma de entender los fines primordia-les
de las comunidades políticas, y más concretamente los de los
cabildos de las Islas57. De ahí que no nos deban extrañar los
motivos que estos «protoliberales» aducen para considerar que
los magistrados del Antiguo Régimen habían dejado de ejercer
correctamente sus potestades: ...nada se atiende al bien público,
y sí sólo a los interezes particulares58. Pero, sin lugar a dudas,
como ocurrirá más tarde con los reformadores de las Cortes de
Cádiz, los miembros del grupo «protoliberal», aunque inspirados
55 QUENTIN SKINNER, Los fundamentos..., op. cit., tomo I, 1986.
56 J. A. MARAVALL, Estado moderno y mentalidad social (siglo XV a XVII),
tomo II. Madrid: ed. Revista de Occidente, 1972, pp. 208-225.
57 Hubo un tiempo en que las islas y ciudades de las Canarias formaban
como otros tantos estados y repúblicas griegas, cada una gobernada por sus
fueros, privilegios y ordenanzas municipales; cada una bajo la particular
vigilancia de un senado de hombres enteramente consagrados a la felicidad
común y a cuya cabeza ponía la Corte un magistrado que animaba el vigor
del cuerpo. JOSÉ DE VIERA Y CLAVIJO, Noticias..., op. cit., tomo II, p. 103.
58 Representación del Síndico Personero General de Gran Canaria, Juan
Jáquez de Mesa, ante el Cabildo en 26 de julio de 1808.
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en la tradición del derecho natural, aspiran a alcanzar un or-den
social, que, siendo el reflejo del orden natural, se concibe
no ya como un orden estamental, sino como un orden que tie-ne
en la propiedad el criterio fundamental sobre el que se sus-tenta
la jerarquía social59.
En íntima relación con todo lo comentado hasta aquí, los
«protoliberales» se muestran partidarios de que, en la situación
de riesgo vital que sufre la comunidad política canaria en 1808,
sean los propios naturales de las Islas quienes tomen el mando
y defiendan sus intereses: ...quiero que mi patria reconosca una
autoridad que decida de su suerte en caso de una desgracia en la
Penínzula...60. El objetivo que parecen perseguir con este cam-bio
en la naturaleza territorial y representativa de los gobernan-tes
consiste en tener la seguridad de que las autoridades:
...executen sus funciones libremente, o para estar ciertos de
que ellas obran siempre a favor de las Canarias, y que su
interés individual es idéntico con el nuestro, o que con des-precio
de nuestra patria no dirijirán siempre sus miras
[h]acia la Penínzula como el sentro de sus intenciones61.
De este fragmento de texto, y del sentido que de sus pala-bras
se trasluce, parece lícito deducir que al menos algunos
miembros de los grupos dominantes del Archipiélago —en este
caso, los «protoliberales»— habían desarrollado un grado impor-tante
de conciencia particularista sobre su existencia como cla-se
política diferenciada, y sobre la posición específica y peculiar
de las Islas como entidad política integrante de la Monarquía
española62. Esta especificidad y esta particularidad, que se expre-san
en un momento de grave dificultad tanto para España
59 J. FERNÁNDEZ SEBASTIÁN y J. F. FUENTES (dirs.), Diccionario..., op. cit.,
pp. 487-488.
60 Ibidem.
61 Ibidem. El «desprecio de nuestra patria» por parte de los gobernan-tes
en el ejercicio de sus funciones consiste en el desprecio por las leyes,
los privilegios y los derechos que distinguen a la comunidad política de las
Islas, lo cual parece que supera claramente estricta la territorialidad del
concepto de patria que se manejaba en el siglo XVIII.
62 Este asunto será objeto de estudio en nuestra tesis doctoral.
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como para las Islas, parecen generarse en el marco de la lucha
contra unas autoridades, las del Antiguo Régimen, que no res-pondían
a las expectativas de los individuos que componían este
sector de los grupos dirigentes.
Según sus propias palabras, hasta entonces el ejercicio del
poder en Canarias sólo había pretendido dar satisfacción a los
intereses de autoridades de procedencia peninsular o, en defini-tiva,
de las autoridades del Estado, postergando los de las Islas.
De este planteamiento cabe deducir, en primer lugar, que para
este sector de los grupos dominantes grancanarios los intereses
del Estado y los del Archipiélago a menudo resultaban contra-dictorios.
Pero, en segundo lugar, y en el marco de la ausencia
de un poder político definido, claro y fuerte en la Administra-ción
del Estado, y de las propias dificultades de comunicación
generadas por el conflicto contra los invasores franceses, pare-ce
como si la lejanía de las Islas con respecto de cualquier po-der
legítimo que pudiera constituirse en la Península con voca-ción
de gobernar sobre el conjunto de la Monarquía —léase
Junta Suprema de Sevilla— se acrecentaba. Unos gobernantes
que fueran naturales de las Islas, no sólo desde el punto de vis-ta
territorial sino, y sobre todo, cuyo nombramiento correspon-diera
a la sociedad canaria, defenderían mejor los intereses lo-cales.
Quizá sea esta la razón por la cual el Personero Jáquez
de Mesa hace la siguiente reflexión ante el Cabildo de Gran
Canaria:
¿Pero esta junta [la Suprema de Sevilla] tendrá tanta fuer-za
y eficasia ocupada en tan bastos negocios para proveer a
nuestra conservación? ¿Esperaremos a la lentitud de los re-cursos
ultramarinos para impedir un golpe que causaría
toda nuestra ruina y destrucción? Nada menos: reconos-camos
en efecto a la Suprema Junta de Sevilla como repre-sentante
del señor don Fernando 7º; pero ya que ella no
puede velar inmediatamente sobre nosotros ni precaber los
desórdenes arriva expuestos, establéscanse juntas...63.
La visión particularista que tanto sobre las Islas como sobre
su elite dirigente manifiestan los «protoliberales» grancanarios
63 Representación del Síndico Personero General de Gran Canaria, Juan
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en 1808 culmina de manera simbólica con la expresión del con-cepto
«pueblo canario». Entre los papeles que fueron requisa-dos
a Esteban Quintana de Llarena64 por aquellas fechas, y que
se conservan en el fondo documental de la Biblioteca Municipal
de Santa Cruz de Tenerife, nos encontramos con una descrip-ción
de los sucesos que se vivieron en Las Palmas de Gran Ca-naria
a raíz de la llegada el 25 de junio de 1808 al Puerto de
La Luz de la goleta llamada «La Mosca» —portadora de las
proclamas de José Bonaparte65—. El autor del texto bien pudie-ra
ser el doctoral Graciliano Afonso66.
El relato señala cómo los habitantes de Las Palmas eludían
encontrarse entre sí para comentar el asunto, ...los ignorantes
temiendo el saver, y los savidores por evitarce la simpar molestia
de desir [que] éste era el estado del pueblo canario...67. Creemos
de vital importancia la expresión conjunta de ambos vocablos
(«pueblo» y «canario»), pues de ella se puede colegir que algu-nos
miembros de las elites habían tomado conciencia de la sin-gularidad
política de las Islas, atreviéndose incluso a ponerla por
escrito. La crisis política de 1808, con el riesgo manifiesto que
64 Hermano menor del regidor José María de Quintana Llarena.
65 La narración comienza por indicar la desazón que generó en la po-blación
de Las Palmas la noticia transmitida por los marineros del susodi-cho
barco sobre el destronamiento de Fernando VII a manos de los france-ses:
...a las tres de la tarde del [25] de [junio] dio fondo en frente de esta
ciudad principal, en el Puerto de la Luz, un barco cuya extraordinaria vandera
junto con haver satisfecho en moneda francesa a unos pescadores, añadién-doles
sobre su resistencia, sería la corriente en lo subsesivo, con las es-preciones
de su capitán dichas a unos pescadores a su vordo, llenaron a su
havitantes de la maior consternación, pálidos, agoviados.... B.M.T. Caja 75,
Legajo 5, Expediente 3. «Expediente sobre la sedición habida en Las Pal-mas
de Gran Canaria el 26 de julio de 1808, contra la Junta Suprema es-tablecida
en Santa Cruz de Tenerife a raíz de la invasión napoleónica en la
Península. Papeles aprehendidos a Esteban y José Quintana, Juan Jaques y
otros».
66 FRANCISCO DE QUINTANA Y LEÓN (Marqués de Acialcázar), «Epílogo»,
en JOSÉ AGUSTÍN ÁLVAREZ RIXO, Cuadro histórico..., op. cit., p. 299.
67 B.M.T. Caja 75, Legajo 5, Expediente 3. «Expediente sobre la sedi-ción
habida en Las Palmas de Gran Canaria el 26 de julio de 1808, contra
la Junta Suprema establecida en Santa Cruz de Tenerife a raíz de la inva-sión
napoleónica en la Península. Papeles aprehendidos a Esteban y José
Quintana, Juan Jaques y otros». El subrayado es nuestro.
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corrían las Islas de quedar aisladas de la Península, constitu-ye
así un primer factor condicionante, aunque no el único,
para que se produjera este cambio en la percepción de la iden-tidad
del conjunto de los canarios por parte de los sectores pri-vilegiados.
Un segundo factor que se puede aducir para explicar los
motivos por los cuales los políticos canarios de 1808 apelan de
forma insistente a la «singularidad» en sus argumentaciones
políticas guarda estrecha relación con el nuevo concepto de «so-beranía
nacional» recientemente incorporado. Si los miembros
del grupo «protoliberal» de 1808 consideraban al pueblo como
fuente primaria de soberanía, era de esperar que sintieran un
mayor acercamiento o inmediatez con respecto del sujeto que
era origen del poder y ante el cual debían rendir cuentas las
autoridades y las instituciones canarias —el pueblo canario—.
Dicho de otro modo, frente a una concepción del poder como
otorgado por el Príncipe, la reivindicación de la «soberanía po-pular
» aproximaba a los gobernantes de las Islas a los goberna-dos,
o sea, a los individuos que componían la comunidad y que
les habían autorizado para ejercer sus funciones a través de un
pacto que obligaba a ambas partes.
Por otra parte, la forma de gobierno local que proponen los
miembros del grupo «protoliberal» pasa por la sustitución del
viejo sistema basado en Cabildos/Audiencia/Capitán General por
otro nuevo, que emane de la voluntad del pueblo de las Islas.
Según sus propias expresiones es al ...Cuerpo moral de la Pro-vincia68,
a quien toca la deliveración de la manera del gobierno
que debe darse...69, y poner fin al estado de corrupción en que se
encontraba por aquellas fechas.
No debemos pasar por alto la expresión de «Cuerpo moral
de la Provincia» utilizada por el Personero Jáquez de Mesa en
68 Según Kantorowicz cuando se habla del «cuerpo moral» del Estado
o de cualquier agregación política se está aludiendo a la comunidad políti-ca
concebida como la resultante de la razón natural, como una institución
con fines morales intrínsecos y un código ético propio (sus metas tienen
como finalidad el bien). ERNST H. KANTOROWICZ, Los dos cuerpos del rey.
Un estudio de teología política medieval. Madrid: ed. Alianza, 1985, p. 204.
69 Representación del Síndico Personero General de Gran Canaria, Juan
Jáquez de Mesa, ante el Cabildo en 26 de julio de 1808.
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su representación de 26 de julio de 1808 ante el Cabildo de
Gran Canaria. Resulta lícito interpretar que para esta forma de
concebir el espacio político de las Islas, la provincia de Canarias
era una entidad compuesta por dos cuerpos: un «cuerpo políti-co
» o institucional, constituido por el conjunto de órganos, au-toridades
y jueces de la comunidad política de las Islas, encar-gados
de velar por sus leyes, privilegios y derechos, de gobernar
y de impartir justicia; y un «cuerpo moral» o místico, expresión
ideal de una comunidad de individuos iguales, los del Archipié-lago,
reunidos con el fin de alcanzar el bienestar de todos sus
miembros. Según esta manera de interpretar el conjunto de los
órganos y las corporaciones que encarnan la representación del
«reino» o «provincia» de Canarias, ambos cuerpos debían fun-cionar
en perfecta armonía para que la comunidad de individuos
obtuviera el beneficio que anhelaba con la formación de aque-lla
agregación política. En cierta manera, parece que el «cuer-po
moral» debía ser la proyección o representación ideal de un
«cuerpo político», cuya existencia se sustentaba en aquel dere-cho
natural y de las gentes a que aludíamos con anterioridad.
En palabras de Jáquez de Mesa el «cuerpo moral» es el único
capacitado para realizar un acto ...tan libre y expontáneo...70, de
ejecutar un derecho tan esencial para la comunidad, como es
el de decidir qué sistema de gobierno se desea adoptar, qué le-yes
deben elaborarse y qué autoridades deben elegirse para eje-cutarlas
y protegerlas.
A resultas de todo lo anterior, Jáquez de Mesa concluye que
es el «pueblo» quien debe autorizar y confirmar a sus autorida-des.
Pero además, como únicamente al «cuerpo moral de la
Provincia» corresponde pronunciarse sobre el sistema de gobier-no
de las Islas, podríamos deducir que ese «pueblo» y ese «cuer-po
moral de la Provincia» en realidad constituían una misma
entidad, es decir, que los vocablos «pueblo» y «cuerpo moral de
la Provincia» hacían referencia al mismo concepto.
En una época en la que se proponía formalmente que el
«pueblo» fuera soberano en la elección de sus magistrados, y en
la que ciertos sectores de los grupos dominantes de las Islas
70 Ibidem.
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reclamaban para sí el derecho a tomar las riendas del gobierno
local —aunque sin pretender extrañarse del marco de la Monar-quía
española— consideramos totalmente lógico el hecho de que
el concepto de «pueblo canario» cobrara viabilidad, y viniera a
sustituir al antiguo de «vasallos» de las Islas, más vinculado con
el Antiguo Régimen y con el Absolutismo monárquico. De todas
maneras, sería erróneo pensar que la transición desde la vieja
tradición discursiva antiguorregimental hacia un nuevo lengua-je
político se había llevado a efecto de una manera tan rauda y
aséptica. En realidad, éste debió ser un largo proceso que, al
igual que en el conjunto del país, tardaría décadas en comple-tarse.
De hecho, en el mismo texto en que Graciliano Afonso nos
habla del «pueblo canario», también nos manifiesta el lamenta-ble
estado en que se encontraban los ...buenos basallos del rey...71
en Gran Canaria, para referirse con ello a las persecuciones
y encarcelamientos que sufrieron los miembros del grupo
«protoliberal» por parte del Cabildo General Permanente de
la Isla.
Un tercer factor decisivo en el proceso de formación de una
identidad política diferenciada en el seno de las elites canarias
nos remite a la visión del espacio político de las Islas que mani-fiestan
los individuos pertenecientes a los sectores dominantes
de la sociedad. Más concretamente, nos referimos a la aspira-ción
de los políticos canarios de 1808 de que las Islas fueran
reconocidas por las autoridades del Estado con la categoría de
«reino» integrado en el seno de la Monarquía hispánica, pues
con ello Canarias alcanzaba el derecho a tener representación
en la Junta Central.
Durante su estancia en la Península como enviado de la
Junta Suprema establecida en Tenerife, José Murphy trabajó
para que los diputados de Canarias, como los de otras provin-cias
de la Monarquía, fueran admitidos en la Junta Central
constituida en Aranjuez en 25 de septiembre de 1808. En carta
71 B.M.T. Caja 75, Legajo 5, Expediente 3. «Expediente sobre la sedi-ción
habida en Las Palmas de Gran Canaria el 26 de julio de 1808, contra
la Junta Suprema establecida en Santa Cruz de Tenerife a raíz de la inva-sión
napoleónica en la Península. Papeles aprehendidos a Esteban y José
Quintana, Juan Jaques y otros».
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dirigida al marqués de Villanueva del Prado —presidente de la
Junta Suprema de Tenerife—, fechada en 8 de octubre de 1808,
Murphy se expresaba en los siguiente términos sobre el estado
de dichas negociaciones:
Los diputados que fueron de Valladolid, Cartagena y Cádiz
no fueron recibidos por no ser reinos. Las Canarias sí lo son,
y por esta razón han sido admitidos los de Córdoba y Jaén,
porque Córdoba es un reino y Jaén otro distinto del de Sevi-lla
y Granada...72.
Debemos tener en cuenta que como el «reino» era la unidad
básica de la organización territorial del Estado español en el
Antiguo Régimen, en consecuencia, la Monarquía española, con-siderada
desde la perspectiva de la Administración central, con-sistía
en ..un conjunto de reinos distintos73. En el caso de Cana-rias,
y, aunque la documentación oficial emitida por la Corte a
lo largo de la Edad Moderna se refiera a las Islas habitualmen-te
con el apelativo de «reino de Canaria»74, incorporado en un
cuerpo político superior constituido por los «reinos de la Coro-na
de Castilla», la susodicha nomenclatura parecía hacer men-ción
únicamente a las Islas de realengo, es decir, a Gran Cana-ria,
Tenerife y La Palma. Además, podemos considerar que, al
margen de la creación del tribunal de la Real Audiencia como
órgano superior de justicia y gobierno del Archipiélago, y del
cargo de Capitán General o Comandante General de Canarias
que asumía el mando militar en las Islas (además de controlar
otros ramos de la Administración —como el fiscal—), en reali-dad
los cabildos o concejos constituían el punto culminante de
39
72 MARCOS GUIMERÁ PERAZA, El marqués de Villanueva del Prado y don
José Murphy en la Junta Suprema de Canarias (1808-1809). La Laguna: ed.
I. E. C., 1993, p. 65.
73 MIGUEL ARTOLA, Antiguo Régimen..., op. cit., p. 123.
74 El espacio político de las Islas comenzó a configurarse a finales del
siglo XV y primera mitad del siglo XVI. Un momento clave fue el final de la
conquista de Gran Canaria, y la real provisión de los Reyes Católicos dic-tada
en 20 de febrero de 1487, por la cual dicha isla quedaba incorporada
a la Corona de Castilla. LIBRO ROJO DE GRAN CANARIA O GRAN LIBRO DE
PROVISIONES Y REALES CÉDULAS. Las Palmas de Gran Canaria: ed. Excmo.
Cabildo Insular de Gran Canaria, 1995, pp. 113-115.
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decisión política en el ámbito local y los órganos clave en la
comunicación administrativa con los consejos y tribunales de
la Monarquía.
Con el paso del tiempo, los grupos privilegiados de las islas
de realengo fueron desarrollando la conciencia de que Canarias
constituía una entidad con personalidad jurídica propia y dife-renciada
dentro de la Corona de Castilla. Esto se puede obser-var
con mayor claridad en el siglo XVIII. Se trata de una con-ciencia
regnícola que surge en torno a la defensa de un conjunto
de privilegios y leyes con que la Corona había distinguido a es-tas
islas desde el momento de su conquista, y que en el si-glo
XVIII parecían encontrarse más en peligro que nunca. Por
una parte, las mayores atribuciones de poder conferidas por la
Corte a los Comandantes Generales, y a los oidores y regente
de la Audiencia de Canarias, así como la creación del cargo de
Intendente a principios de la centuria, generaron frecuentes
roces con los cabildos de las Islas bajo la forma de conflictos de
competencias75. Estas decisiones políticas tomadas por la admi-nistración
borbónica pretendían ejercer un mayor control sobre
las finanzas de las corporaciones municipales para paliar con
ello la maltrecha situación de la Hacienda estatal. Pero, por otro
lado, y en la búsqueda del mismo fin, la Corona implementó
también las medidas de persecución del contrabando en el co-mercio
canario-americano, lo que afectaba de lleno a la econo-mía
de las Islas pues el comercio ilícito constituía un volumen
considerable del tráfico comercial global. Las negociaciones de
los nuevos reglamentos comerciales, junto con la defensa de
unos privilegios y libertades concedidos durante siglos —y que
conformaban una especie de constitución del «reino» de Cana-rias—,
parece que terminaron por convencer a las oligarquías
locales de las islas de realengo de la comunidad de sus intereses
y de sus destinos.
Si ésta era la realidad que se había vivido en las Islas a lo
largo de la Edad Moderna, era hasta cierto punto normal que
los políticos canarios de principios del siglo XIX se sintieran in-
40
75 J. R. SANTANA GODOY, «Crisis Económica y conflictos sociales en Cana-rias
(1660-1740)», en A. MILLARES TORRES, Historia General de las Islas Cana-rias,
tomo IV. Las Palmas de Gran Canaria: ed. Edirca, 1977, pp. 200-201.
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quietos ante la posibilidad de que Canarias se quedara sin re-presentación
en la Junta Central, y con ello sin capacidad para
participar en las decisiones políticas que afectaran al Archipié-lago
en un momento de extrema dificultad como el que se vivía
en 1808. Sin embargo, no deja de extrañarnos que miembros y
representantes de una junta como la de Tenerife, que en la prác-tica
pretendía terminar con el viejo sistema de gobierno del
Antiguo Régimen —colocando a la Real Audiencia y al Coman-dante
General bajo su control—, persistan en el uso de un tér-mino
como el de «reino», tan ligado al viejo lenguaje. Más ex-traño
puede resultar aún si pensamos que estos representantes
de los políticos tinerfeños mantenían un duro pulso con las au-toridades
del Cabildo grancanario y de la Real Audiencia por lo-grar
el reconocimiento de la Junta Central como el poder su-premo
en el Archipiélago. Pero la paradoja alcanza mayor
dimensión aún si recordamos que la real provisión de incorpo-ración
de la isla de Gran Canaria a la Corona de Castilla era la
máxima justificación de la existencia de un «reino» en las Islas
con personalidad jurídica propia, de un reino al que, además,
la documentación oficial emitida por la Corona refería como
reino de «Canaria» o de la «Gran Canaria»76.
En una carta dirigida al marqués de Villanueva del Prado en
6 de junio de 1809 por Antonio Porlier y Acosta, uno de los dos
nuevos representantes enviados por la Junta de Tenerife ante la
Central en abril de 1809, comenta que los dirigentes de esta
última:
...no quieren concedernos el título de provincia de Castilla,
o quieren que no seamos más que las provincias de Améri-
41
76 En 1820, después de la división del obispado de Canarias, Miguel
Minguini y Juan Bautista Casañas y Frías —respectivamente, defensores de
los intereses del ayuntamiento y del Cabildo Catedral de Las Palmas ante
la Corte— intentaron encontrar ...en el archivo de Simancas los “decretos de
capitalidad expedidos por los Reyes Católicos entre el 484 hasta el 520”.
ALFONSO ARMAS AYALA, «Graciliano Afonso, un prerromántico...», op. cit.,
p. 116. El objetivo, esta vez, consistía en demostrar documentalmente que
la capital del Archipiélago había residido oficialmente en la ciudad de las
Palmas, para que se cumpliera así su deseo de que se anulara aquella divi-sión
y la diócesis fuera reunificada.
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ca; y como de allá no enviarán diputados las provincias
como la nuestra, no tenían intención de que nosotros lo
enviásemos77.
Sin embargo, según cuenta Buenaventura Bonnet, antes de
volver a Tenerife en marzo de 1809 Murphy recibió la seguri-dad
por parte de la Junta Central de que ...las Canarias eran un
antiguo reino, y que por consiguiente tenían derecho a enviar sus
diputados78.
El cambio del término más tradicional de «reino» por el más
moderno de «provincia» no creemos que tenga demasiada im-portancia
práctica, pues consideramos que se utilizan en el mis-mo
sentido79. Lo verdaderamente importante es la distinción que
se hace del espacio político de Canarias con respecto del que
formaban las provincias americanas, pues a éstas no se les iba
a otorgar el derecho a enviar diputados a la Junta Central por
no tener el carácter de «reino de Castilla». Los representantes
de las Islas consiguieron que se admitiera esta diferencia con las
posesiones españolas en América y que Canarias tuviera sus
diputados en la Central. Sin embargo, al mismo tiempo, algu-nas
voces cualificadas entre los políticos canarios, como la del
marqués del Sauzal, se mostraban tremendamente preocupadas
por dejar bien patente el derecho que asistía a las Islas, en caso
de que los franceses se hicieran definitivamente con el control
de la Península, a unirse con:
...cualesquiera posesi��n de la Monarquía española, que pre-cisamente
han de ser muchas y muy considerables, a donde
no alcance el yugo de los usurpadores, y en que se conserve
la lealtad y reine la augusta familia de nuestros legítimos
soberanos80.
42
77 BUENAVENTURA BONNET Y REVERÓN, La Junta Suprema de Canarias,
tomo I. La Laguna (Tenerife): ed. Editorial Interinsular Canaria, 1980, p. 261.
78 Ibidem, p. 261, n. 24.
79 La división de los diferentes reinos de la Monarquía en provincias que
se produjo por parte de la administración borbónica en el siglo XVIII parece
que carecía de relevancia desde el punto de vista gubernamental en el An-tiguo
Régimen. MIGUEL ARTOLA, Antiguo Régimen..., op. cit., pp. 123-124.
80 Se trata de un extracto del oficio enviado en 28 de diciembre de
1808 por la Junta Suprema de Tenerife al Cabildo Permanente de Gran
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Gaspar de Franchi Mesa y Ponte81, tercer marqués del Sauzal
y vocal de la Junta Suprema de Tenerife creada en 1808, tam-bién
deja bien clara su opinión al respecto en un memorial que
dirige al marqués de Villanueva del Prado, presidente de aquel
organismo. En su escrito, el marqués del Sauzal se muestra
partidario de terminar definitivamente con la falta de reconoci-miento
y de obediencia que las autoridades grancanarias pres-taban
a la Junta Suprema por los peligros que de esa situación
podrían derivarse para el conjunto del Archipiélago. En sus pa-labras,
uno de los más graves consiste en el riesgo de perder
...nuestra libertad [de las Islas] de unirnos con las Américas si la
España quedase subyugada82.
Con anterioridad referíamos que en íntima relación con los
vacablos «patria» y «pueblo», los liberales españoles se preocu-paron
también por definir un nuevo concepto de «nación», que
superara el de ...indicativo de procedencia e identidad cultural...
que tenía para los ilustrados españoles del siglo XVIII83. Pues bien,
entre algunos sectores de la Ilustración española se empezó a
desarrollar al mismo tiempo otra idea de «nación española»,
más ligada a la de patria y de ciudadanía, que venía definida
por la capacidad de los individuos para participar en las deci-siones
políticas84. Será este concepto de «nación» el que alcance
mayor eco en forma de herencia entre los liberales españoles del
siglo XIX.
Según la opinión de Pierre Vilar, en el caso de España el uso
del vocablo «nación» es más indicativo de la ruptura con el len-guaje
del Antiguo Régimen y de la llegada de la nueva ideolo-gía
liberal que las referencias al término «patria», pues para este
43
Canaria para intentar aunar fuerzas en torno a la defensa de los derechos
de las Islas. BUENAVENTURA BONNET Y REVERÓN, La Junta..., op. cit., p. 180.
81 Gaspar de Franchi Mesa y Ponte (1740-1813) fue capitán del Regi-miento
provncial de Milicias de la Orotava. Se integró en la sección de
policía general y beneficio público de la Junta de Tenerife de 1808, y for-mando
parte de la comisión de educación pública. Ibidem, pp. 336, 338 y
374-n. 20.
82 AHPSCT. Fondo Zárate Cólogan. Memoriales a la Junta de La Laguna.
83 J. FERNÁNDEZ SEBASTIÁN y J. F. FUENTES (dirs.), Diccionario..., op. cit.,
p. 469.
84 Ibidem.
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último existía una definición tradicional más asentada y cerca-na85.
En definitiva, parece que «nación» era un concepto más
específico del Liberalismo.
En el lenguaje del grupo «protoliberal» grancanario la pala-bra
«nación» se utilizaba en dos sentidos. Por una parte, la
«nación» es el Estado, y así lo hemos visto cuando se propugna
que el Cuerpo moral de la provincia sea quien decida la forma
de gobierno de las Islas y la manera en que debe unirse aquél a
la «Nación» —léase Estado— en la cual esté reinando la dinas-tía
de los borbones. Sin embargo, cuando analiza la situación
política española de 1808 subsiguiente a las abdicaciones de
Bayona, Juan Jáquez de Mesa considera que la ...Nasión siem-pre
fue fiel [a la dinastía borbónica], pero la corrupsión ha esta-do
en el Gobierno86. Se puede interpretar aquí que el comporta-miento
fiel se atribuye a una comunidad política libre, la
«nación española», que no ha sucumbido al despotismo de los
invasores87 como sí lo han hecho sus instituciones de gobierno.
Después de haber analizado las principales innovaciones in-troducidas
en el ideario político por el grupo «protoliberal», con
el uso de conceptos como los de «nación», «pueblo», «patria» y
«propiedad» en el sentido que lo habían hecho los liberales
moderados de la Revolución Francesa, y que lo harán los
doceañistas de las Cortes de Cádiz, creemos disponer de argu-mentos
suficientes para catalogar a los miembros de este sector
de los políticos canarios como los primeros liberales de las Islas.
Como corresponde a una época de transición, sus argumenta-ciones
no siempre tienen la claridad que sería de desear, y, con
frecuencia, las definiciones de los conceptos pueden parecernos
intercambiables (así sucede con los significados atribuidos a
«patria» y «pueblo», por ejemplo). Sin embargo, consideramos
que las directrices básicas de sus planteamientos políticos y de
su concepción del poder nos remiten sin duda alguna al Libera-lismo.
44
85 PIERRE VILAR, Hidalgos, amotinados..., op. cit., pp. 235-236.
86 Representación del Síndico Personero General de Gran Canaria, Juan
Jáquez de Mesa, ante el Cabildo en 26 de julio de 1808.
87 J. FERNÁNDEZ SEBASTIÁN y J. F. FUENTES (dirs.), Diccionario..., op. cit.,
p. 471.
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3.3. ¿Fueron las nuevas ideas o los intereses de grupo
—léase familia u otras vinculaciones no sanguíneas—
los que forzaron el cambio en las estrategias
y en las alianzas de la elite?
Las operaciones desplegadas por el grupo «protoliberal» de
Gran Canaria ante la favorable recepción que el Gobernador
José Verdugo dispensara al capitán Isasvíribil, en favor de su
arresto, juntamente con la representación que el Personero
Jáquez de Mesa hizo ante el Cabildo de la Isla en 26 de julio de
1808 para solicitar el apoyo y la colaboración de la corporación
capitular con la Junta Suprema proclamada en Tenerife, cons-tituían
pruebas suficientes de que la disidencia interna disponía
de una capacidad de maniobra que convenía no despreciar en
contra de las tesis oficiales del Cabildo. La mayoría de los capi-tulares,
agrupados en torno a la figura del regidor perpetuo
Fernando del Castillo88 —tercer conde de la Vega Grande de
45
88 Fernando Bruno del Castillo (1774-1819) pertenecía a la familia más
destacada de los grupos dominantes grancanarios a finales del Antiguo Ré-gimen.
Era poseedor de 9 vínculos en el momento de su matrimonio con
Luisa A. Amoreto, quien a su vez era titular de otros tres más. De entre
todos, destacan los mayorazgos de la Casa Amoreto, núcleo central de las
propiedades rústicas del Conde, que estaban situadas básicamente en
Tirajana, Telde y Las Palmas, y que ocupaban una superficie superior a las
9.000 fanegadas. Las tierras ubicadas en el actual municipio de Telde pare-ce
que se encontraban entre las de mejor calidad, destacando en este sen-tido
el cortijo de Juan Gallegos, el cercado de la Sardina y parte del
heredamiento de la Vega Mayor. VICENTE SUÁREZ GRIMÓN, La propiedad
pública..., op. cit., tomo II, pp. 608, 625 y 668. Además de ser regidor per-petuo
del Cabildo, Fernando del Castillo era Ministro calificado y familiar
del Santo Oficio, y ostentaba el cargo Alférez Mayor perpetuo y hereditario
de la Isla, función en la cual le habían precedido ocho de sus antepasados
familiares. La importancia del ejercicio de este empleo era fundamental-mente
protocolaria y ceremonial, puesto que el Alférez Mayor ocupaba el
primer asiento en el Cabildo detrás del Corregidor, portaba el pendón de la
Conquista en las procesiones conmemorativas y, por último, también se
encargaba de realizar las proclamaciones de los reyes de España. En una
sociedad estamental y jerarquizada como la del Antiguo Régimen, en la cual
la adquisición de prestigio social y la demostración del mismo en el marco
de las actividades públicas se convertía en objetivo primordial de las clases
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Guadalupe—, cayó bien pronto en la cuenta de la dificultad que
entrañaba la presencia entre sus filas de un grupo de individuos
que apostaban por los nuevos aires de cambio político que lle-gaban
desde Tenerife. Sus apoyos más patentes se quedaban
reducidos al Corregidor, Antonio Aguirre —compadre del Gober-nador
Verdugo89—, y a los magistrados de la Real Audiencia,
lógicamente muy interesados en defender la legitimidad de un
sistema de gobierno antiguorregimental que les concedía una
privilegiada posición de poder en el conjunto del Archipiélago.
Para conseguir sus objetivos, los defensores del Antiguo Régi-men
en Gran Canaria, con la más rancia terratenencia aristo-crática
insular al frente (representada por el conde de la Vega
Grande), no dudaron en buscar y en fomentar el apoyo popular
necesario para sostener su oposición a las directrices políticas
auspiciadas desde Tenerife y respaldadas por las demás islas. A
los intereses que presentaban como grupo social privilegiado que
ostentaba el poder, debemos añadir, íntimamente ligados con
aquéllos, los intereses familiares y personales que, en el caso
presente, van a matizar de manera definitiva las conductas ex-hibidas
por los actores principales durante el desarrollo del con-flicto.
La llegada a Gran Canaria de Juan Creagh90, juntamente
con la detención y traslado a Tenerife del Regente y el Fiscal de
46
privilegiadas, el cargo de Alférez Mayor cobraba su auténtico interés. FRAN-CISCO
FERNÁNDEZ DE BETHENCOURT, Nobiliario..., op. cit., tomo I, p. 347.
89 JOSÉ AGUSTÍN ÁLVAREZ RIXO, Cuadro histórico..., op. cit., p. 13.
90 El coronel Juan Creagh Powles, vocal de la Junta Suprema de
Tenerife en 1808, fue comisionado por el nuevo Comandante General, Car-los
O’Donnell, para sustituir a José Verdugo de Albiturría Da-Pelo —sobri-no
del obispo Manuel Verdugo— como Gobernador de las Armas de Gran
Canaria en calidad de interino. Pero Juan Creagh contaba ya con una larga
trayectoria en la vida pública de las Islas. Así, en 1789, cuando ejercía el
cargo de Gobernador de las Armas de Lanzarote, su sustitución por Fran-cisco
Aguilar Martínez por parte del Comandante General interino, José de
Avellaneda, provocó una «asonada» de los grupos sociales marginados de la
Isla. Este alboroto parece que estuvo promovido por el que en aquella
época era capitán Juan Creagh. Además, sabemos que en 1806 recibió or-den
del Comandante General para sustituir al por entonces Gobernador
militar de Gran Canaria, José Verdugo de Albiturría —hermano del Obis-po—,
el cual pasaría a desempeñar el mismo empleo en la isla de Tenerife.
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la Real Audiencia, exigían una respuesta rápida y eficaz por
parte de los defensores del sistema político del Antiguo Régimen.
Más aún cuando:
Al hacerse registro de papeles en la habitación del Goberna-dor
Creagh apareció entre ellos una reciente carta del citado
O’Donnell para que procediese a detener y enviarle a Tenerife
a los colosos de Rodas91.
Pero, ¿a quiénes cabe identificar como esos «colosos de
Rodas», cuya detención habría encargado supuestamente el
Comandante General O’Donnell a Juan Creagh? El regidor del
Cabildo de Gran Canaria Isidoro Romero y Ceballos cuenta en
su diario que mientras llegaba la fecha del 1 de septiembre de
1808, día para el cual se había convocado un cabildo general
con el objetivo oficial de elegir a los vocales que debían re-presentar
a la Isla en la Junta Suprema de Tenerife, en Las
Palmas:
...se aumentaron los sobresaltos en los ciudadanos que, por
aver opinado contra la Junta, temían ser sorprehendidos
para ser condusidos en la misma forma que los ministros de
la Real Audiencia a Tenerife, y con este temor andavan como
fugitivos sin perno(c)tar en sus casas, prinzipalmente algu-nos
ministros de dicho tribunal, el conde Vega Grande, el
capitán don Juan María de León y otras muchas personas92.
Fernando del Castillo —conde de la Vega Grande— y Juan
María de León y Romero —también regidor perpetuo del Cabil-do93—,
podrían ser identificados como los «colosos de Rodas».
47
ANTONIO DE BÉTHENCOURT MASSIEU, «La asonada de la “pobrera” de Lanza-rote
en 1789. Reflexiones sociopolíticas», en Anuario de Estudios Atlánti-cos,
34 (1988), pp. 445-476.
91 FRANCISCO DE QUINTANA Y LEÓN (Marqués de Acialcázar), «Epílogo»,
en JOSÉ AGUSTÍN ÁLVAREZ RIXO, Cuadro histórico..., op. cit., p. 299.
92 ISIDORO ROMERO Y CEBALLOS, Diario cronológico..., op. cit., tomo II,
p. 143.
93 Juan Bautista María de León y Romero (1770-1834) aunaba en su
persona los mayorazgos de ambas casas nobiliarias, la de León y la de
Romero. Además de ser regidor perpetuo del Cabildo de Gran Canaria y de
actuar como vocal del Cabildo General Permanente constituido en 1 de
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Pero, ¿en qué había consistido su labor para que desde la Junta
Suprema de Tenerife se les tildara de aquella manera y su de-tención
se convirtiera en objetivo irrenunciable? Básicamente, se
les acusaba de promover y de sustentar desde el Cabildo y des-de
la Real Audiencia una actitud de no-reconocimiento a la
Junta Suprema, así como de proclamar la desobediencia hacia
sus disposiciones y órdenes.
Según se desprende de la documentación consultada, sabe-mos
también que ...alguno de los referidos colosos hubo de ser
avisado del impensado viaje... a Tenerife que la Junta Suprema
les había preparado. Su reacción no se hizo esperar, de manera
que ...en unión de otros que también se temían represalias fueron
los promotores del movimiento94, es decir que auspiciaron la pre-paración
de un motín popular en la ciudad de Las Palmas. Ante
el éxito que había presidido las actividades de los grupos diri-gentes
tinerfeños (léase, constitución de la Junta de Tenerife el
13 de julio de 1808, y su aprobación por la Suprema de Sevilla
el 17 de agosto de 1808; destitución del marqués de Casa
Cagigal, Comandante General de Canarias, y su sustitución por
Carlos O’Donnell a instancias de la Junta Suprema; y arresto de
los magistrados de la Audiencia y del Gobernador Verdugo), re-sultaba
lógico que los defensores del Absolutismo en Gran Ca-naria
trazaran un plan con el objetivo de recabar el apoyo so-cial
necesario para que sus pretensiones tuvieran algún margen
de viabilidad, y para que los sujetos que las sostenían pudieran
maniobrar con libertad. Básicamente el plan consistía en alte-rar
el orden público a través de la promoción de motines y tu-multos
populares principalmente en la ciudad de las Palmas,
pero también en los diferentes distritos de la Isla.
Sobre el perfil de los participantes en el motín de la ciu-dad,
las fuentes indican que éste habría sido secundado bási-camente
por miembros del campesinado de los lugares de la
48
septiembre de 1808, Juan María de León fue nombrado coronel primer
Jefe del Batallón de Leales Canarios el 5 de febrero de 1809 y coronel de
los Reales Ejércitos retirado en 31 de agosto de 1810. FRANCISCO FER-NÁNDEZ
DE BETHENCOURT, Nobiliario..., tomo I, op. cit., pp. 483-486.
94 FRANCISCO DE QUINTANA Y LEÓN (Marqués de Acialcázar), «Epílogo»,
en JOSÉ AGUSTÍN ÁLVAREZ RIXO, Cuadro histórico..., op. cit., p. 299.
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Isla95, llegándose a precisar que procedían mayoritariamente del
distrito de Telde. Y en cuanto al momento de su estallido, no
parece casual que, para asegurarse el factor sorpresa, sus pro-motores
lo hicieran coincidir con la inaguración del Cabildo
General el 1 de septiembre de 1808, pues la susodicha sesión
capitular extraordinaria se había convocado oficialmente con
unos fines totalmente contrarios a los que verdaderamente se
perseguían.
El principal argumento utilizado para sublevar a la pobla-ción
y orientarla hacia la defensa de sus intereses particulares
de poder consistió en propalar la idea de que la Junta Suprema
de Tenerife preparaba de manera secreta e inminente una inva-sión
de Gran Canaria, con ocupación de su territorio por parte
de tropas militares procedentes de aquella isla. Se insistía en que
los políticos tinerfeños no sólo habían concebido el objetivo de
deponer a las autoridades residentes en Gran Canaria (prueba
de lo cual eran las destituciones y arrestos del Gobernador Ver-dugo
y de los magistrados de la Real Audiencia), sino que tam-bién
pretendían privar a los habitantes de la Isla de los fueros y
privilegios concedidos por la Corona a lo largo de los siglos, y
en los cuales, según su particular opinión, se sustentaba y legi-timaba
la supremacía tradicional de que había gozado Gran
Canaria en el conjunto del Archipiélago96. En palabras del mar-
49
95 Los amotinados en su mayoría eran gente forastera traídos a Las Pal-mas
para provocar el desorden. Ibidem.
96 Las manifestaciones de temor expresadas por las autoridades de Gran
Canaria de que desde Tenerife se organizara una invasión con tropas de
aquella isla no desaparecieron en 1808. En repetidas oportunidades el Ca-bildo
General Permanente de Gran Canaria dirigió bandos a la población
para prevenirla de un posible ataque y solicitar su colaboración en la de-fensa
del territorio insular en el caso de que aquél se hiciera efectivo. La
siguiente cita textual es parte de uno de dichos bandos, cuya fecha de emi-sión
exacta, aunque debe corresponder a los años de 1808 ó 1809, desco-nocemos:
...sí recela el Cabildo, a vista de las amenazas y violencias que se
nos han hecho, y que generosamente hemos tratado de sacudir, que tal vez la
fuerza armada de Tenerife podrá quererse emplear contra nuestra pacifica-ción...
B.M.T. Caja 75, Legajo 5, Expediente 3. «Expediente sobre la sedi-ción
habida en Las Palmas de Gran Canaria el 26 de julio de 1808, contra
la Junta Suprema establecida en Santa Cruz de Tenerife a raíz de la inva-sión
napoleónica en la Península. Papeles aprehendidos a Esteban y José
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qués de Villanueva del Prado, en un memorial enviado a la
Regencia desde Tenerife el 30 de marzo de 1810, las autorida-des
grancanarias:
...alucinan al inocente pueblo haciéndole creer que Tenerife
aspira a cierta superioridad en la Provincia y despertando así
los envejecidos celos de aquella isla rival...97.
Según las fuentes, los promotores del motín fueron ...parti-darios
de las mismas personas que habían participado en el reci-bimiento
de la gente de la Junta de Bayona98, es decir, colabora-dores
del Gobernador José Verdugo, del Corregidor Antonio
Aguirre y de José Vázquez Figueroa99, asesor del Gobernador en
la recepción del capitán Isasvíribil. Pero, ¿a quiénes se pretende
aludir como «partidarios» de los «bayonistas»? Dado que para
el desarrollo del motín en Las Palmas la participación del ele-mento
popular procedente de los lugares de la Isla cobraba gran
importancia, la colaboración activa en este asunto de Fernando
del Castillo y de la red clientelar que como gran propietario de
tierras sustentaba en el distrito de Telde debió convertirse en
prioritaria. Las fuentes consultadas lo dejan bien claro:
...el señor Conde de la Vega Grande, individuo de dicho Ca-bildo,
tuvo arte de influir a los teldenses y particularmente a
sus dependientes y mayordomos, para que se presentasen en
esta ciudad y fomentasen el motín, siendo las principales
cabezas, un tal Sosa y Zurita, que animaban al seducido
populacho100.
50
Quintana, Juan Jaques y otros. Papel reserbado en donde se halla una de-lación
secreta y un papel agnónimo que todo contiene tres foxas útiles».
97 ALONSO DE NAVA Y GRIMÓN, Obras..., op. cit., p. 155.
98 FRANCISCO DE QUINTANA Y LEÓN (Marqués de Acialcázar), «Epílogo»,
en JOSÉ AGUSTÍN ÁLVAREZ RIXO, Cuadro histórico..., op. cit., p. 299.
99 José Vázquez Figueroa fue vocal del Cabildo General Permanente de
Gran Canaria inaugurado en 1 de septiembre de 1808, en el cual actuaba
con el cargo de Síndico Personero General de la Isla, empleo en el cual
sustituyó a Juan Jáquez de Mesa.
100 «Apéndice I», en FRANCISCO DE QUINTANA Y LEÓN (Marqués de Acial-cázar),
«Epílogo», en JOSÉ AGUSTÍN ÁLVAREZ RIXO, Cuadro histórico..., ibi-dem,
p. 191.
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Las fuentes también citan a Juan María de León y Romero,
a los reverendos agustinos Raymond y Ramos, y a los beneficia-dos
de Telde y Agaete como colaboradores vitales en la conduc-ción
del elemento popular que se dio cita en el motín101. Sin
embargo, todo parece indicar que, por su actuación, el conde
de la Vega Grande y Francisco Alonso Tuero, oidor decano de
la Real Audiencia, pueden ser considerados como las figuras
principales que garantizaron el éxito de la revuelta. De hecho,
se sabe que el día del motín Tuero dio satisfacción al clamor po-pular
que demandaba la libertad de los presos sin pena capital
y que, una vez alcanzados los primeros objetivos, juntamente
con el Conde entregó ...a los amotinados campestres, en las ca-sas
que para esto estaban ya destinadas..., dinero para que se
brindasen...102.
De todas maneras, los planes de los rectores del Cabildo de
Gran Canaria no se detuvieron aquí, sino que también dirigie-ron
sus acciones contra las personas que desde sus puestos res-pectivos
habían sustentado y promovido la tesis de colaboración
con la Junta Suprema de Tenerife, o sea, contra los «protolibe-rales
». De esta manera, el motín de Las Palmas y la sucesión
de tumultos populares que se produjeron en el resto de la Isla
por las mismas fechas103 crearon las condiciones necesarias para
proceder al arresto de Juan Creagh y al de aquéllos que colabo-raron
activamente en la detención del Regente y del Fiscal
de la Audiencia —el Corregidor Aguirre y Juan Megliorini—. Y
además:
...pocos días después del motín a que anteriormente nos he-mos
referido se trajo a Las Palmas desde la Villa de Gáldar,
en clase de detenido, al capitán del Regimiento de Guía
D. Juan Jáquez de Mesa y se le arrestó en el Castillo de San-ta
Ana, sin otra acusación que la de haber hecho manifes-taciones
acerca de las personas que produjeron el motín
de referencia, procediendo igualmente contra los regidores
D. Agustín de la Rocha y D. José de Quintana, no obstante
52
101 Ibidem, pp. 193-194.
102 Ibidem, p. 195.
103 BUENAVENTURA BONNET Y REVERÓN, La Junta..., op. cit., tomo I,
pp. 104-108.
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que eran individuos del mismo cabildo y la del capitán D.
Pablo Romero y el paisano don Manuel Pestana, con fútiles
pretextos cuando en el fondo solamente eran opuestos a las
arbitrariedades que cometía...104.
Según las fuentes, también se propició un tumulto popular
en Guía contra el alférez del regimiento de dicho lugar, Rafael
Bento105, y se acusó de conniviencia con Creagh al r