Aproximación a la renta del tabaco en Canarias (1636-1730)

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APROXIMACIÓN A LA
RENTA DEL TABACO
EN CANARIAS
FATIMA MELIAN PACHECO ^ 1 1 ¡¡^••••H 1
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APROXIMACIÓN A LA RENTA
DEL TABACO EN CANARIAS
(1636-1730)
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FATIMA MELIAN PACHECO
APROXIMACIÓN A LA RENTA
DEL TABACO EN CANARIAS
(1636-1730)
SANTA CRUZ DE TENERIFE
1986
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Fotocomposición
e impresión: LITOGRAFÍA A. ROMERO, S. A.
Avda. Ángel Romero, s/n.
Santa Cruz de Tenerife
ISBN 84-398-8217-3
D, L TF.: 1.494-1986
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ÍNDICE
PRESENTACIÓN 9
PROLOGO 11
INTRODUCCIÓN 15
1.^ PARTE
HACIENDA Y RENTA DEL TABACO EN EL ÁMBITO DE LA
MONARQUÍA HISPANA 19
CAPITULO I: Evolución hacendística (2.'mitad xvi-1.« m.
XVIII) 21
1. Política y Hacienda 21
2. Organismos en materia fiscal 24
3. Rentas Estancadas en el Antiguo Régimen ... 26
CAPITULO II: Evolución administrativa de la Renta del
Tabaco 29
1. Primeras Imposiciones sobre el Tabaco 29
2. Aparición del Estanco 30
3. Privatización de la renta 31
4. Los intentos reformistas de Carlos II 35
5. La Reforma Borbónica 37
6. La Renta del Tabaco en el período de coyuntura
bélica 40
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8 ÍNDICE
CAPITULO III: Legislación de la Renta del Tabaco 45
1. Órganos Rectores 46
2. Empleados de la Renta 48
3. Tráfico de Tabaco 49
4. Fraude a la Renta 50
2." PARTE
LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 55
CAPITULO IV. Antecedentes. La Administración muni­cipal
57
CAPITULO V: Privatización de la Renta del Tabaco en
en Canarias 61
CAPITULO VI: Arrendamiento de Tabaco 71
1. Administradores generales 72
2. El Arriendo 76
3. Arrendamientos Insulares 79
4. Arrendamientos en Tenerife 82
CAPITULO Vil: La Renta del Tabaco en el último cuarto
del XVII 89
CAPITULO VIII: La Administración de la Intendencia:
un proceso conflictivo 101
1. Conflicto de competencias 102
2. Control de las Rentas Reales 1 05
3. Intendencia y Renta del Tabaco 1 í^7
4. Clero y Renta del Tabaco 111
5. Motín de Cevallos 115
6. Conexiones canario-cubanas 121
CAPITULO IX: La Administración directa ( 1 7 2 0 - 1 7 3 0 ) 125
CONCLUSIONES 1 33
BIBLIOGRAFÍA 139
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PRESENTACIÓN
Por la singular importancia que para la sociedad y la economía
Canarias tiene el sector tabaquero, TABACANARIA, S. A.,
está interesada en favorecer el mejor conocimiento del mis­mo
y contribuir, en la medida de sus posibilidades, en cuan­tas
iniciativas y proyectos propicien el conocimiento, defen­sa
y potenciación de dicho sector.
Como expresión de este espíritu, y bajo la supervisión del
Departamento de Historia Moderna y Contemporánea de la
Universidad de La Laguna, TABACANARIA, S. A., está fi­nanciando
un estudio sobre la historia del sector tabaquero
en Canarias, del cual forma parte el trabajo que ahora ve la
luz, y que ha sido realizado por la joven historiadora Fátima
Mellan.
Se trata de la primera investigación que se efectúa sobre
la Renta del Tabaco en Canarias, durante el período com­prendido
entre 1636 y 1730, constituyendo asimismo una
notable aportación al conocimiento de tal Renta en el ám­bito
de la Monarquía Hispana, falto todavía de un estudio
sistemático.
El trabajo que presentamos arroja una valiosa información
acerca de las peculiaridades Canarias en materia de admi­nistración
de la Renta del Tabaco, al tiempo que destaca la
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10 PRESENTACIÓN
importancia que el tabaco adquiere para nuestras islas
como intermediarías en los flujos de materia prima entre
América y España.
TABACANARIA, S. A., se siente orgullosa de presentar
esta investigación, y espera seguir colaborando con las ins­tituciones
culturales y docentes del Archipiélago en pro del
mejor conocimiento de nuestras raices.
ANDRÉS OLIVA VALDES
DIRECTOR GENERAL DE TABACANARIA, S A.
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PROLOGO
La publicación que hoy ve la luz. titulada Aproximación a la
renta del tabaco en Canarias, es el resultado, en su primera fase,
de un ambicioso proyecto de investigación sobre este tema, inserto
en el Plan de trabajo del Departamento de Historia de la Universidad
de La Laguna y del cual es autora Dña. Fátima Mellan Pacheco.
La importancia de este sector, en sus expresiones productiva y
comercial, alcanza su coyuntura más significativa y relevante en la
Historia del Archipiélago a partir de la década de los años sesenta
del siglo actual. Sin embargo, desde la fase posterior a la conquista-ocupación
de las Islas y en el proceso simultáneo y posterior de co­lonización-
articulación social, el tabaco desempeñará una función
especial en la dinámica socioeconómica de Canarias.
Desde una estricta óptica interna del Estado Moderno hispano,
el tabaco y otras rentas reales evolucionarán conforme a los vaive­nes
de la Hacienda castellana, presionada por la imperiosa necesi­dad
de la Corona de obtener recursos para sostener las costosas po­líticas
exteriores y la burocracia estatal en crecimiento. Entre las pri­meras
imposiciones sobre «rentas estancadas» durante el Antiguo
Régimen (s. XV-XVIll) y la aparición de la renta contemporánea, pa­sando
por el conflictivo proceso de privatización del arriendo de ta­les
rentas, para llegar hasta la fase contemporánea del Monopolio
estatal o Arrendataria del Tabaco, todo un prolijo y cambiable tras­toque
y cambio político-administrativo vertebrará la intervención pú­blica
en un sector activado por una creciente demanda y consumo
interno.
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12 PROLOGO
En Canarias, ene/ave privilegiado en los tráficos con Indias, la
actividad de comercialización se conjugará con la existencia de plan­taciones
ilegales de tabaco y el fraude fiscal. Así, la renta del tabaco
en Canarias pasará tempranamente de manos de los Cabildos (bási­camente
a partir de 1642) a la enajenación de la misma en favor de
particulares (fundamentalmente, a partir de 1650). Razones de ca­rácter
recaudatorio y de penuria de la Hacienda estatal explican este
proceso que conduce a la privatización del monopolio de la Corona
sobre este renglón económico.
Diferencias en cuanto a la secuencia temporal de implantación
en Canarias de los ajustes administrativos de la renta y en la asin-cronia
evolutiva del estanco en Canarias, nos permiten afirmar la
existencia de un sistema fiscal peculiar y diferenciado en el Archi­piélago
durante el Antiguo Régimen, extensible a otras rentas y figu­ras
fiscales.
Similitud, aún por investigar pormenorizadamente, con el estan­co
en la Isla de Cuba, ámbito privilegiado de emigración de los isle­ños
canarios y donde tantos «vegueros» —fundamentalmente pal­meros—
aportarán su esfuerzo y habilidoso quehacer. «Vegueros»
que cuando retornan a su Isla de origen, recubiertos sociológica­mente
de pautas de comportamiento «indiano», cultivarán el tabaco
en Las Breñas e iniciarán los primeros «chiringuitos» elaboradores
con tanta tradición entre los fumadores de dentro y fuera del Archi­piélago.
Analogía, asimismo, en cuanto a las resistencia al proceso
uniformizador y fiscalizador de la Hacienda real, en conflictos per­manentes
con «factores» e «Intendentes» como representantes rigu­rosos
del Poder central. El «motín de Cevallos», aún por estudiarse
en profundidad, es un exponente privilegiado que tendrá la represión
del contrabando y cultivo ilícito de tabaco como origen y excusa de
oscuro conflicto de competencias, negocios ilícitos de poderosos y
descontento popular frente al rigor centralista.
La investigación, pues, abre importantes horizontes al conoci­miento
de una parcela social y económica de la Historia del Archi­piélago
posibilitando —por término medio y al mismo tiempo—
abrir perspectivas al estudio de la fiscalidad del estanco y renta del
tabaco en el ámbito estatal.
Una investigación costosa y extremadamente lenta. Los impor­tantes
«vacíos documentales» y la dispersión de las fuentes existen­tes,
requieren de un esfuerzo pormenorizado, pulcro y sistemático
que nos permita crear la infraestructura documental sólida, sustento
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LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 13
inexcusable de una investigación histórica que tal se precie. El traba-
Jo iniciado en el Archivo General de Simancas, Archivo Histórico Na­cional,
Archivo de Indias, Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz
de Tenerife, del Monopolio, etc., debe completarse con el trabajo
complejo de series bien ponderadas de Protocolos notariales, apor­taciones
no estadísticas y datos a recopilar con inusitada paciencia
en Archivos extranjeros (Cuba, Reino Unido, Francia, etc.).
La primera piedra está ya puesta. Este estudio preliminar abre
las perspectivas a nuevas y sugerentes investigaciones. Pleitos so­bre
arrendamientos; antecedentes sobre fiscalidad del Archipiélago;
función de los primeros Cabildos; tráficos ilícitos y su importancia
en la economía y sociedad isleña; conflictos social y de poder en las
Islas-; resistencias más o menos explícitas al proceso uniformizador
borbónico; etc., son sólo algunas de las cuestiones conexas al estu­dio
que se proyectará en el tiempo hasta la época contemporánea.
Fátima Mellan, Joven investigadora, se ha arriesgado a estudiar
un tema difícil, monótono en ocasiones y escaso de apoyos biblio­gráficos
y documentales. Tesón, rigor y muchísimas horas de traba-
Jo, configuren los mejores valores de la institución investigadora de
esta historiadora.
Finalmente, debemos destacar la ejemplar conducta de «Taba-canaria,
S. A.», que, con su apoyo económico y publicístico, hace po­sible
esta investigación y, confiemos, su continuación hasta la ac­tualidad.
Un comportamiento empresarial estimulador y sugerente
que esperamos sirva de impulso a otras iniciativas y apoyos al servi­cio
del conocimiento de la historia social y económica del Archipié­lago.
Mi satisfacción, pues, por esta primera publicación. El deseo de
que continúe el trabajo y la colaboración en el logro de una historia
global y rigurosa del tabaco en Canarias.
OSWALDO BRITO GONZÁLEZ
PROFESOR TITULAR DE
HISTORIA MODERNA Y DE CANARIAS
Octubre, 1986.
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INTRODUCCIÓN
La renta del tabaco de Canarias requiere de un estudio específi­co,
como forma de verificar su importancia dentro de las figuras fis­cales
que la Hacienda castellana del Antiguo Régimen hace introdu­cir
en las Islas. Este trabajo —inicialmente Memoria de Licenciatu­ra—
tiene, pues, como objetivo principal el de aproximarse al cono­cimiento
de la evolución administrativa de la misma. Por su entidad,
se exige limitar cronológicamente la investigación al período
1636-1730, fechas teóricas que marcan, respectivamente, el esta­blecimiento
del monopolio del tabaco por la Corona de Castilla y el
definitivo ejercicio de la administración directa por la Real Hacienda.
Por otro lado, aunque en determinados momentos la investiga­ción
se centra de forma particular en una de las Islas (Tenerife), no
se trata de un estudio insular sino que engloba a todo el Archipiéla­go.
La razón fundamental de esta globalidad es la evolución conjun­ta
de esa administración para toda Canarias —salvo en determina­dos
momentos de la gestión municipal, como se verá—, y depen­diendo,
en una relación de jerarquía jurídico-administrativa, de los
centros rectores de la renta de Canarias sitos en Tenerife.
En este contexto espacial y temporal se vertebran dos grandes
epígrafes: el primero dedicado al estudio de la Hacienda y renta del
tabaco en el ámbito de la Monarquía hispana; el segundo, a la Renta
del tabaco de Canarias.
A la par que se determina el ámbito institucional en que se de­senvuelve
la administración tributaria (organismo de gestión fiscal),
nos acercamos a la evolución político-hacendística de la Monarquía
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16 FATIMA MEUAN PACHECO
que familiariza con una situación de depresión económica estructu­ral.
En la misma, las rentas estancadas (sal, rentillas, papel sellado,
tabaco...) van a veces condicionadas —en su condición de rega­ifas—
como uno de los ramos más afectados por los vaivenes de las
finanzas hispanas.
La renta del tabaco es objeto de atención especifica en el segun­do
capítulo. Antes de aproximarnos a la evolución administrativa del
estanco de las Islas, ha sido necesario establecer un modelo teórico
referencial de la Renta del Reino a partir del cual esclarecer las pau­tas
de esta evolución, y que marcase las similitudes y diferencias
oportunas si las hubiese. Ese modelo teórico ha requerido un esfuerzo
tanto o más importante que la propia investigación de la renta en las
Islas, pues no existen trabajos específicos sobre el tema. Será sus­ceptible
de correcciones, modificaciones o matizaciones según avan­ce
la investigación histórica regional: pero sintetiza en sus líneas ge­nerales
el desarrollo de la renta en la Corona de Castilla y cómo se in­corporan,
con mayor o menor conflicto, los demás reinos de la Mo­narquía.
Su elaboración se realiza contando con las noticias dispersas
y fragmentarias de la bibliografía hacendística del Antiguo Régimen,
de los limitados —y en ocasiones, pocos científicos— trabajos sobre
el tabaco, y, fundamentalmente, de un gran bloque documental de Or­denes
Generales de Rentas (O.GR.) existente en la sección de Ha­cienda
del Archivo Histórico Nacional (Madrid).
La citada fuente, a la par que permite prolongar la evolución de
la Renta del tabaco del Reino hasta las últimas décadas del XVIII,
posibilita el conocimiento de la normativa específica para el estanco
(Capítulo III). Los organismos rectores de la administración, los em­pleados
de la renta, el tráfico de tabaco y las leyes y provisiones
contra el fraude conforman los aspectos básicos de la legislación en
los momentos de la administración directa.
La segunda parte de esta investigación se ocupará, de forma espe­cífica,
de la renta del tabaco de Canarias. Articulándose en seis Capítu­los,
se desarrolla el estudio de su administración partiendo de la labor
municipal ejercida por los Cabildos antes y después del estanco del ta­baco
de 1636 (Capítulo IV). El control particular de la renta; el conoci­miento
de la actividad ejercida por los administradores generales de la
misma; el arrendamiento como procedimiento recaudatorio, y su utili­zación
a distintos niveles jurisdiccionales (regional insular, distrito terri­torial...)
conforman el contenido de los siguientes Capítulos.
La nueva fase que parece iniciarse con el ejercicio de la admi-
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LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 17
nistración directa por la Real Hacienda; el papel desempeñado por
la Intendencia en Canarias; la participación de los representantes re­gios
en el control del tabaco en las Islas; el acercamiento de los sec­tores
afectados, desde el punto de vista económico, por las nuevas
medidas fiscales sobre la renta; los motines desencadenados en
1720 como expresión de intereses opuestos y sus paralelos con fe­nómenos
americanos, articulan con entidad propia el Capitulo VIH.
El último capitulo se formula como aproximación al desenvolvi­miento
posterior del tabaco como renta independiente desde el punto
de vista hacendístico. Su afianzamiento en la década de 1720 a 1730
anticipa su uniformismo en la evolución que sufre en el siglo XVIII.
Las fuentes documentales sobre las cuales se sustenta la inves­tigación
se han localizado en distintos archivos locales, peninsulares
y extranjeros. El Archivo Histórico Provincial (A.H.P.) de Santa Cruz
de Tenerife con sus fondos de protocolos notariales y de hacienda,
así como la variada documentación (actas capitulares, reales cédu­las,
circulares, etc..) halladas en el Archivo Municipal de La Laguna
(A.M.L.L.), han permitido constatar la parte dedicada al desarrollo de
la administración local de la renta en las Islas.
Las consultas parciales de las secciones del Consejo y Juntas
de Hacienda (C.J.H.) y Contaduría Mayor de Cuentas (C.M.C., 3."
época), del Archivo General de Simancas (Valladolid); así como la
sección de Hacienda del Archivo Histórico Nacional (A.H.N.), han
fundamentado, por su parte, la posesión particular y de la Real Ha­cienda
en cada fase del estanco.
A demás se han utilizado como apoyatura documental: el fondo
de documentos canarios del Museo Británico, la recopilación de rea­les
cédulas de la Sociedad Económica de La Laguna, y la sección de
Papeles Varios de la Biblioteca de la Universidad.
Historias generales de la Hacienda del Antiguo Régimen de Gar­zón
Pareja, Artola y Fontana, y algunos trabajos monográficos de Ca-rande,
Ulloa y Domínguez Ortiz han permitido una visión general del
régimen fiscal. Las historias generales de Canarias (Viera, Millares
Torres, Dugour, Cioranescu...); los manuales del comercio canario-americano
(de Morales Padrón, Peraza de Ayala, Rumeu de Armas) y
múltiples estudios recientes recogidos en las publicaciones periódicas
completan el panorama bibliográfico. De esa relación resulta llamati­vo
el limitado número de trabajos específicos sobre la renta del taba­co
—inconveniente ya apuntado en la investigación—, así como la
parquedad de las noticias en las que reflejan alguna mención.
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1.» PARTE
HACIENDA Y RENTA DEL TABACO EN EL ÁMBITO
DE LA M O N A R Q U Í A HISPANA
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CAPITULO I
EVOLUCIÓN HACENDÍSTICA
(2.^ m. XVI-1.^ m. XVIII)
1. Política Y Hacienda
La decadencia económica aludida por los historiadores para
la Corona de Castilla se percibe en el estado de la Hacienda des­de
el siglo XVI. La regresión, señalada por UHoa para el reinado de
Felipe II, es reafirmada por Ramón Garande cuando recuerda las
grandes cantidades de dinero que se les adeudaban a los banque­ros
extranjeros por razón de sus préstamos. Medidas de sanea­miento
fiscal como las suspensiones de pagos de la Corona, la
creación de nuevas fuentes de ingreso (arbitrios eclesiásticos,
monopolios, derechos aduaneros), junto con algunas contribucio­nes
obtenidas de las Cortes («servicios»), se van a convertir en
constantes recursos destinados a cubrir los gastos del Estado.
La Hacienda castellana hubo de hacer frente a las guerras de
toda la Monarquía a lo largo de la centuria del XVII. Flandes y los
conflictos con Inglaterra y Francia exigieron de periódicas banca­rrotas
del Estado, de impuestos que gravaban los artículos de pri­mera
necesidad («Millones»), y de donaciones monetarias de los
particulares.
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22 FATIMA MELIAN PACHECO
La austeridad que exigía la economía del Reino no era practi­cada
por la Corte. Los gastos de la Casa Real y el mantenimiento
de los nobles que gravitaban en torno a ella eran cuantiosos; se
trataba de dilapidaciones suntuarias que afectaban sobremanera
el ya precario estado de la Hacienda.
El agravamiento en política exterior una vez terminada la tre­gua
de doce años con Holanda (1609-1 621), repercutirá, asimis­mo,
en las finanzas del Estado. El Conde-Duque de Olivares, en
un intento de hallar la equidad fiscal entre todos los territorios de
la Monarquía hispana en cuanto a las cargas públicas se refiere,
va a proponer la Unión de Armas en 1626. Se trataba de una
frustrante solución que de cualquier manera obligará a la Corona
a recurrir a los asentistas y prestamistas y a la devaluación mone­taria
en busca de algún alivio.
El año 1 627 marca el inicio de una nueva etapa de coyuntura
bélica en el reinado de Felipe IV. Esta se va a corresponder con
nuevos sacrificios fiscales en Castilla. Los estancos de la sal, del
aguardiente y del papel sellado, las lanzas, la media anata de ofi­cios,
los arbitrios sobre el tabaco, nuevas alteraciones de la mo­neda
y sucesivas suspensiones de pagos irán configurando el per­fil
fiscal de Castilla, sumándose a lo ya descrito anteriormente.
Pero la superación de las sublevaciones catalana y andaluza, el
ataque inglés en Cádiz y Santa Cruz de Tenerife, y la independen­cia
de Holanda y Portugal resumirán, asimismo, la ineficacia de
esas medidas.
Con Carlos II se inicia un período de recuperación financiera
según advierten los trabajos de Vicens Vives, Girard, Ghaunu, V i -
lar, Kamen y Garzón Pareja. Si bien no se crean nuevos impues­tos
y la situación de la Hacienda no mejorara, las iniciativas de
Medinaceli y Oropesa en la década de los ochenta señalan, sin
embargo, el afán reformista de los ministros ilustrados hispanos.
Serán la reforma monetaria, y la desaparición del sistema de
arrendamientos (1 683) las medidas más llamativas del reinado.
La sustitución del sistema de arrendamientos por la adminis­tración
directa del Estado será aún una aspiración de los gober­nantes.
A la centralización de los órganos rectores de la admins-tración
fiscal se oponían intereses económicos sedimentados du­rante
las décadas antecedentes; intereses que procedían funda­mentalmente
de los propios arrendadores de rentas.
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LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 23
La aureola que parece caracterizar el reinado de Carlos II se
fundamenta en el hecho de que rompe con los rasgos de conti­nuidad
de sus predecesores; sin embargo, se verá oscurecido, asi­mismo,
por la hacienda del primer borbón.
La Hacienda de Felipe V, ya en los albores del XVIII, destaca
por tres fenómenos fundamentalmente: el mantenimiento de las
figuras fiscales de las centurias anteriores; la adaptación de éstas
a la renovación administrativa, y la incorporación del régimen
fiscal castellano en nuevos territorios.
El incremento de tasas en las regalías de la Corona (rentas
estancadas y aduanas), algunas enajenaciones de rentas, y dona­tivos
forzosos de los particulares parecen mantener los primeros
años del reinado, supeditados por la coyuntura bélica de la Gue­rra
de Sucesión y las campañas de Italia. A partir de 1 707, cuan­do
se derogan los fueros de Aragón y Valencia y estos reinos
pierden sus exenciones fiscales, los gobernantes castellanos van
a exigir de los nuevos territorios que contribuyan a las cargas del
Estado. Sin embargo, la imposibilidad de integrar la fiscalidad
castellana por las patentes desigualdades acumuladas en su pro­pia
evolución, obligan a éstos a sustituir tal sistema por una canti­dad
«equivalente» a las rentas provinciales de Castilla.
Todo parece indicar que las reformas fiscales del primer cuar­to
de siglo afectaron más al funcionamiento de la Hacienda que al
propio sistema de imposición. Más que la creación de unos nue­vos
medios de adecuación al aparato estatal moderno, se produ­cirá
la adaptación del viejo sistema fiscal a las nuevas circunstan­cias.
Las Leyes de Nueva Planta, que suponen el reajuste en las
plantillas de los Consejos; la creación de un equipo ministerial; el
reforzamiento militar, pero sobre todo hacendístico, de la figura
del Intendente; el mantenimiento de unas Cortes simbólicas y la
creación de un ejército permanente resumen el afán por centrali­zar
y simplificar la administración. Desde el punto de vista del
funcionamiento de la Hacienda, el reinado de Felipe V fue profun­damente
innovador. La aplicación de la administración directa en
numerosos apartados de la fiscalidad hispana, concluyeron en
dos principios fundamentales en opinión de Miguel Artola: la ne­cesidad
de sustituir los arrendamientos de rentas para aumentar
los ingresos y las de sustituir la contribución indirecta por el siste-
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24 FAT/MA MELIAN PACHECO
ma catastraP. Ambos planteamientos quedan apuntados mar­cando
cuál va a ser el futuro de la Hacienda española en décadas
posteriores.
2. Organismos en materia fiscal
El Rey había de extender su soberanía sobre el conglomerado
de reinos que componían la Monarquía hispana; para atender to­dos
los asuntos de sus dominios va a verse asistido por los Con­sejos.
El gobierno de éstos no sufrirá cambios sustanciales duran­te
el siglo XVII, salvo el de acumular cada vez más amplias atri­buciones
en todos los asuntos públicos del Imperio. Entre éstos,
el control y organización de la fiscalidad exigía de una atención
especial, de ahí que surja la necesidad de crear el Consejo de Ha­cienda.
Aunque subsidiario del Consejo de Castilla, se erige como
órgano rector en la administración de las finanzas. Su actuación
desde 1 523 y a lo largo del siglo XVII va a centrarse en la de ar­bitrar
medios para cubrir las necesidades, al tiempo que ha de re­ducir
los gastos del Estado.
El principal problema con el que se enfrentará el Consejo de
Hacienda es el de su impotencia para un gobierno directo. Care­cía
de funcionarios propios que ejecutaran órdenes y cumplieran
leyes; debía confiar el cobro de los impuestos a los arrendadores
y a los funcionarios de la administración local. De su producto se
pagaba a los poseedores de juros y se daba consignación a los
prestamistas por sus asientos.
En apariencia el Consejo de Hacienda no tenía gastos de re­caudación
pues los impuestos estaban en arrendamiento (adua­nas,
sal, lanas, tabaco...); y los arrendadores de rentas tenían su
propio personal y pagaban a los dueños de juros situados sobre
dichas rentas. Pero en realidad esta delegación de la administra­ción
hecha por el Consejo le perjudicaba sobremanera: aparte de
las quejas de los contribuyentes por las arbitrariedades de los
arrendadores, se veía de continuo amenazado por la declaración
de quiebra por los mismos, dándose por irrecuperables los benefi­cios
en la mayoría de las ocasiones. Por otro lado, para apremiar
^ ARTOLA, M.: «La Hacienda en el Antiguo Régimen», p. 260.
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LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 25
los atrasos de las contribuciones en momentos de gran necesi­dad,
hubo de contar con funcionarios propios a los que se conocía
como «ejecutores». Existía, pues, una gran cantidad de personas
que se ocupaban indirectamente de la recaudación, aun cuando
los mecanismos de la administración en el siglo XVII no parecen
dejarlo claro.
Henry Kamen señala que será el Consejo de Hacienda el úni­co
de los Consejos que experimente algún cambio sustancial bajo
Carlos IP. Las necesidades de dinero para hacer frente a las deu­das
obligan al gobierno a realizar algunos cambios en la estructu­ra
financiera, como forma de adecuarse a los proyectos reformis­tas
del reinado.
Con el nuevo gobierno borbónico el Consejo de Hacienda,
como el resto de los Consejos, sufrirá ajustes en su plantilla, hasta
repartirse sus ministros en Salas sobre la base de la separación
de gobierno y justicia.
Entre los organismos fiscales las Cortes castellanas van a to­mar
un relevante papel. La creación de nuevos impuestos (como
por ejemplo, los estancos de la sal, papel sellado y tabaco), la am­pliación
de las alcabalas, y la permisión de venta de juros van a
ser algunos de sus cometidos.
Durante los últimos años del reinado de Felipe IV las peticio­nes
a los representantes del Reino por parte de la Corona serán
menos frecuentes. Se trata del resultado lógico de una política
imperialista en declive, que exigía de menos recursos monetarios.
El papel de las Cortes se irá, pues, perdiendo; situación que pare­ce
minar su ya limitada participación política.
La Regente Doña Mariana de Austria disuelve las Cortes en
Castilla cuando accede a la Corona, decretando a favor de las ciu­dades
la capacidad de votar arbitrios sin necesidad de que sus re­presentantes
se reuniesen^. La nueva fórmula acabó con la exis­tencia
de una institución considerada por algunos autores como
instrumento de la Corona". Su desaparición, sin embargo, provoca-
2 KAMEN, H.: «La España de Carlos II», p. 51.
3 ARTOLA, M.: Op. cit, p. 209.
"^ PÉREZ , J. y otros: «La frustración de un Imperio» (Historia de España, La­bor),
tomo V, p. 246 y ss.
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26 FATIMA MEUAN PACHECO
rá una concentración más férrea en los órganos fiscales. Felipe V
conservará las Cortes con carácter simbólico, el Consejo de Ha­cienda
tomará mayor importancia, y aparecerán nuevas instancias
que darán fe de que se produce una reforma administrativa.
La Intendencia, institución que tiene sus orígenes en las re­formas
de Carlos II, se convierte en uno de los elementos más re­levantes
de la nueva administración borbónica. La inspección de
la gestión fiscal de los municipios, el fomento del desarrollo eco­nómico,
y la mediación entre los pueblos y el poder central serán
algunos de los cometidos de los nuevos funcionarios.
El Intendente se convertirá en un agente del gobierno en las
provincias. Dependiente exclusivamente del poder central, las de­más
instancias administrativas permanecerán en un plano de co­laboración,
nunca de dirección. Desde el punto de vista hacendís­tico
sus decisiones sólo podrán apelarse ante el Consejo de Ha­cienda
como máxima institución fiscal; sin embargo, se trata de
una dependencia relativa si atendemos al declive de las Salas del
Consejo, y al afán centralizador del poder central.
La exacta administración de los nuevos órganos de la Ha­cienda,
su arraigo, así como la centralización de los ingresos, va a
permitir una política exterior activa. Pero no hay que olvidar que
estas reformas del XVIII afectaron fundamentalmente al funcio­namiento
de la hacienda más que al propio sistema fiscal, y que
este siguió siendo opresivo y desigual para el contribuyente.
3. Rentas Estancadas en el antiguo Régimen
Las regalías, dentro del capítulo de los ingresos o rentas de la
Corona, se definen como las prerrogativas que el soberano puede
ejercer en sus reinos por el derecho de su suprema autoridad.
Dos son los ámbitos del regalismo: la regulación del comercio en­tre
los reinos de la Monarquía, y el estanco de determinados fru­tos
o productos con fines recaudatorios.
El concepto de estanco implica el monopolio de producción,
fabricación y venta de determinadas mercancías en favor de la
Real Hacienda. Por su origen, M. Artola distingue entre aquellos
cuyos bienes el Estado monopoliza desde su producción (sal, ta­baco),
y aquellos estancos en que el Estado impone «servicios»
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LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 27
como fin último para recaudar unos ingresos imposibles de obte­ner
por vías fiscales conocidas (por ejemplo: papel sellado, lote­ría)
^
El ramo de las rentas estancadas evolucionará en el ámbito
de la Hacienda del Antiguo Régimen en una dirección clara: en el
aumento cuantitativo y cualitativo de las distintas bases fiscales
que lo componen.
En el s. XVI el sistema de estancos se aplica ya a algunos
productos cuya venta queda monopolizada, pero cuya producción
seguía siendo libre. Son fundamentalmente un conjunto de mine­rales
y otros artículos menores que en su unión compondrán lo
que se conoce como «siete rentillas»^. Hasta finales de esta cen­turia
serán con la sal las únicas rentas estancadas.
Ya en el s. XVII se crean otros estancos como el de la goma
(1 632) y el de los naipes (1 636). Se advierte, como en el caso del
tabaco (1636), la existencia de una primera fase en la que sólo se
cobran derechos de tránsito; se incluyen estos dentro del ámbito
del regalismo de la Corona. Si bien en sus inicios ninguno de los
estancos tendrá unos ingresos apreciables, el ramo de las rentas
reales toma amplitud.
La mayor parte de los nuevos impuestos del XVII fueron in­troducidos
como contribuciones del Reino para el pago de los
servicios extraordinarios. Más tarde, las propias Cortes que los
concibieron les cambian su natualeza convirtiéndolos en mono­polios
permanentes del Estado: el aguardiente y el tabaco son los
exponentes más claros.
Señala Artola que hasta 1 665 los estancos se situaron en las
«relaciones de rentas» al mismo nivel que las contribuciones de
los territorios forales'. Si tenemos en cuenta que estas últimas
eran poco relevantes para la Real Hacienda, en cuanto que el
peso de la Monarquía lo lleva Castilla —incluyendo gran parte de
las necesidades de dichos reinos—, podemos imaginar que los in-
5 ARTOLA, M.: Op. cit., p. 287.
^ Los historiadores no se han puesto de acuerdo para determinar exactamen­te
de qué elementos se trata. DOMÍNGUEZ ORTIZ, por ejemplo, cita el plomo, la
pólvora, el azufre, el almagre, el lacre y el bermellón. La composición del concepto
«siete rentillas» varía según los textos consultados.
7 ARTOLA, M.: Op. cit., p. 143.
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28 FATIMA MELIAN PACHECO
gresos fiscales provenientes del ramo de los estancos son aún
poco destacables.
Aunque los estancos son importantes en número en la época
de los Austrias, será en el s. XVIII cuando se desarrolle este ramo
de la Hacienda. Dos factores influyen en ello. En primer lugar, se
produce una extensión del ámbito sometido al estanco al incluirse
territorios antes exentos o con adminstraciones independientes.
Esta incorporación se da de forma clara, tras el fin de las hostili­dades
de la Guerra de Sucesión, en los reinos que se mostraron
contrarios a Felipe V como los de la Corona de Aragón^.
Por otro lado, se supera a lo largo de la primera mitad del si­glo
la incapacidad de la administración para asumir directamente
el cobro de los distintos artículos estancados —antes enajenados
por arrendamiento—, lográndolo definitivamente en 1749. Los
autores señalan que desde el momento de la implantación de la
admiración directa, los ingresos aumentan de forma exorbitante.
No es posible, sin embargo, un mínimo intento de cuantificación
para el período de los arrendamientos de rentas reales porque fal­ta
la base documental para ello. Queda dentro de lo posible que
los ingresos que recibía la Hacienda pocas veces alcanzara la tasa
de ingresos reales del arrendatario; pues éste contaba con el mar­gen
de beneficio que le proporcionaba su libertad para exigir la
tasa, y la amplia capacidad de defraudación.
Cada uno de los artículos estancados plantea una problemá­tica
diferente a la hora de la percepción fiscal, y una evolución
distinta a los demás. El estanco del tabaco se convertirá en la
partida más importante dentro del ramo de las rentas reales. La
naturaleza de este trabajo exige que sus avatares se expongan, de
forma particular, en un capítulo independiente.
s Entre las primeras disposiciones de sometimiento y adecuación fiscal de la
Corona de Aragón, aparecen implantados los estancos del papel sellado y del ta­baco.
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CAPITULO II
EVOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE
LA RENTA DEL TABACO
1. Primeras Imposiciones sobre el tabaco
Las noticias sobre el tabaco en España se hacen nnás fre­cuentes
cuando éste empieza a ser objeto de imposición. Las re­ferencias
más antiguas, en este sentido, corresponden al año
1614, aplicándose tarifas aduaneras a su entrada en el puerto de
Sevilla según su procedencia, clase y calidad. Así, tiene un grava­men
de entrada del 7,5 por ciento si procede de Cuba, del 2 por
ciento si es de Santo Domingo y del 1 5 por ciento si es de otros
lugares americanos ^ Estas tasas se completarían con los de las
«aduanas interiores» en su salida de Sevilla, y en su reparto por
todos los Reinos de la Península.
En 1 61 5 el Consejo de Hacienda rechaza la solicitud de Juan
Bautista Sobranes en la que propone el arrendamiento de los de­rechos
de explotación de tabaco, a cambio de 4.000 ducados
1 ALBIÑANA GARCÍA-QUINTANA, C: «Apuntes de historia fiscal del tabaco
en España», p. 25; inserto en «Sevilla y el tabaco», publicación de Tabacalera, 1984.
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30 FATIMA MELIAN PACHECO
anuales, aumentados en medio real por libra exportada^. La oferta
de Sobranes apunta cuál va a ser el otro elemento impositivo que
recargue al tabaco en sus primeras vicisitudes. En esta dirección,
por Real Decreto de 1 de mayo de 1 61 6, el Monarca establece el
derecho de un real y medio por libra de tabaco exportada. La im­posición
dictada por Felipe III hay que considerarla como «dere­cho
de regalía»; el Rey, como tal, tiene la facultad —inherente a
su propia potestad— de regular el comercio de sus reinos con ta­sas
aduaneras sobre distintos artículos.
Los ingresos debieron aumentar sustancialmente debido a la
expansión del tabaco en el ámbito hispano y por todo el Viejo
Continente. Dado el carácter de monopolio del comercio indiano
y el imparable derrotero del tabaco en su difusión por Europa, las
expectativas de beneficio eran claras.
El primer intento de estancar el tabaco, por cuenta del Reino,
data de 1 618 de manos de Duarte Eustasio^; pero el proyecto se
mostraba demasiado precoz. Por algún tiempo las disposiciones
posteriores girarán en torno a las tarifas aduaneras. Cuando en
1629 se arriende por primera vez el derecho de extracción de ta­baco
por casi 12 millones de reales y para un plazo de 5 años*,
parece cerrarse lo que podríamos llamar primera etapa de la evo­lución
impositiva que experimenta el tabaco en España; definién­dola
como aquella en la que se cobraban exclusivamente los de­rechos
sobre la circulación de la mercancía.
2. Aparición del Estanco
La relativa tranquilidad política que caracterizó el reinado de
Felipe III, se ve interrumpida por un nuevo período de hostilidades
con Europa en el reinado de su hijo. Felipe IV y su valido, el Con­de-
Duque de Olivares, inician una política marcadamente belige­rante
en el exterior. Los recursos de los que dispondrá el Estado
no serán suficientes para cubrir los gastos de las guerras; el dre­naje
de éstos y la incapacidad para acabar con los conflictos obli-
2 SARALEGUI Y MEDINA: «Disquisiciones Nicosianas», p. 204.
3 Ibi'dem.
* ARTOLA, M.: «La Hacienda en el Antiguo Régimen», p. 104.
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LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 31
gan a buscar nuevos impuestos^. Se solicitarán de las Cortes ser­vicios
extraordinarios de forma temporal inicialmente, que con
posterioridad se hacen permanentes. La concesión del «servicio»
de 2,5 millones de ducados, votado por las Cortes en 1 632, será
imposible de recaudar con prontitud por la anteposición de otros
arbitrios aún en vigor, como por ejemplo el «servicio» de Millones
de 1626 (en él se solicitó crucialmente dos millones, posterior­mente
ampliado a cuatro millones). Será necesario aplicar nuevos
derechos sobre el papel, el azúcar, la nieve y el tabaco para recau­dar
dicho servicio.
Sin embargo, la aplicación de la renta del tabaco sobre el
«servicio» de 2,5 millones no tuvo mayor repercusión. Al igual
que los azúcares de Granada, la renta del tabaco pronto se segre­gó,
convirtiéndose en una renta independiente.
Las Cortes de 1 634 deciden el estanco del tabaco en Castilla
y León, estableciéndose por Real Cédula del 28 de diciembre de
1 636 el monopolio del Estado en su entrada, venta y distribución.
El decreto fija un precio de 3 reales por cada libra de tabaco en
favor de la Corona, y se le exceptúa de cualquier otro gravamen.
También las Cortes de 1 638 se ocuparán del tema:
«Del tabaco se ha de hacer estanco como ahora le hay, y
ha de ser por mayor ó por menor, y su arrendamiento en
la forma y condiciones que se arrienda el estanco de la
pimienta; y mientras no estuviese en arrendamiento se
ha de cobrar en cada libra de tabaco, así de lo que hubie­ra
para venderse, como de regalo, a tres reales...»®
3. Privatización de la renta
El estanco del tabaco, arbitrado como recurso para financiar
la política expansiva y beligerante de la Monarquía junto con
otros nuevos impuestos, pronto será administrado por particula­res;
extendiéndose, durante prácticamente todo el s. XVII, el sis-
^ Con el fin de no reiterar éstos nos remitimos al capítulo correspondiente so­bre
la evolución hacendística.
6 GALLARDO FERNANDEZ: «Origen, progresos y estado de las Rentas...»,
t. Vil, p. 72.
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32 FATIMA MELIAN PACHECO
tema de arrendamiento de la renta. La Real Hacienda, acuciada
por la falta de recursos monetarios, no se plantea la formación de
un cuerpo de funcionarios que administre la renta, sino que tanto
su administración como los beneficios derivados se enajenarán
en favor de los hombres de negocios que con sus contribuciones
mantenían a la Monarquía.
El primer arriendo de tabaco lo tuvo Luis Méndez Henríquez,
en 1 638, por la cantidad de 4 0 cuentos''. A partir de entonces se
sucederán sin interrupción. Sin embargo las noticias que se con­servan
sobre ellos son fragmentarias, difíciles de secuenciar y, en
ocasiones, contradictorias.
Entre 1 642 y 1 647 se ajusta con Antonio de Soria (Tesorero
de Murcia) el arriendo del estanco del Tabaco del Reino; por 50
cuentos le es concedido, con la obligación de hacer un asiento de
1 00^. Garzón Pareja señala que de ellos sólo entregó 84 cuentos,
y se quedó con el resto por cuenta de sus intereses^; al tiempo
que se vio beneficiado por el fuero de asentista ^°.
En 1 650, finalizado ya el período con Felipe IV que podría­mos
denominar de economía de guerra, el tabaco vuelve a ser ob­jeto
de debate en las Cortes. Estas reconocen, de forma indirecta,
la concesión a perpetuidad del estanco en el reino de Castilla, eli­minándolo
así de los medios fiscales convenidos para la recauda­ción
de los «servicios» extraordinarios^\ Los ingresos desde en­tonces
se privatizarán más claramente en favor de los arrendata­rios,
convirtiéndose en una de las rentas más apetecidas por los
hombres de negocios de la época. Juan de Rosales arrienda el ta­baco
de Castilla durante diez años (a partir de 1 650) por valor de
57 cuentos; pero muerto en 1656, adquiere los derechos Diego
Gómez de Salazar, en 1662, más el uno y medio por ciento en
plata, obligándose a tener provisión de tabaco en polvo, hoja y ro­llo
y venderlo a unos precios determinados^^.
^ Un cuento tiene una equivalencia de 1.000.000 de maravedís.
8 DOMÍNGUEZ ORTIZ: «Política y Hacienda..», p. 226.
9 GARZÓN PAREJA: «Uso y tributación del tabaco», p. 470.
10 DOMÍNGUEZ ORTIZ: Op. cit, p. 143.
11 ARTOLA, M.:Op. cit, p. 104.
12 La libra de tabaco en polvo de olor se había de vender a 20 reales, y la libra
del de polvo sin olor y el tabaco en rollo a 14 reales (GARZÓN PAREJA, «Uso y
tributación...», p. 471.)
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LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 33
Las condiciones de las escrituras del arriendo son parcial­mente
conocidas, estando en función de las circunstancias político-financieras
en que se conciertan. Pero una cuestión es innegable:
el precio del arrendamiento crece progresivamente, dando fe de
la importancia de los beneficios de la renta e indicando el aumen­to
del consumo del género. En 1 663, el arriendo subió a 67 cuen­tos;
en 1670 Pedro de Campos hizo puja del cuarto por la renta
del Tabaco, que tenían los herederos de Jorge Bautista Carafa^^.
Garzón Pareja señala que una subasta era algo inconcebible años
antes^"*. El hecho da buena prueba de las apetencias sobre la ren­ta.
Los arrendatarios del tabaco del Reino se pueden englobar
bajo la denominación de burguesía financiera, así identificada por
M. Artola. Asentistas, hombres de negocios, agentes de compa­ñías
mercantiles o casas nobiliarias, prestamistas; poseedores de
grandes recursos monetarios que les permiten poder administrar
las rentas de la Corona. Aquí sólo se puede señalar su existencia
e importancia a falta de un conocimiento exhaustivo de tareas y
obligaciones, apartado que resulta aún más interesante que las
propias cifras que se obtengan de su acción económica.
Resulta difícil hacer un balance sobre su actuación. Los arbi­tristas,
oposición eterna de los gobernantes del XVII, acusan a los
arrendadores de rentas de esquilmar los recursos públicos que
administraban, de lesionar a la Hacienda Real siempre necesita­da.
Cangas Arguelles dice de ellos:
«...Era tan grande su influjo cerca del gobierno que toma­ban
las rentas al desperdicio, quedándoles una ganancia
de 100%. Quedaban al descubierto con la hacienda, y
alegando perdones logran recompensas...»^^.
La opinión pública también los condena como víctima directa
de sus excesos. Desde una perspectiva actual podemos decir, a
su favor, que fueron un elemento esencial en la administración
^•^ Se trata de un armenio a quien por privilegio real se le concede en 1 620 la
elaboración del tabaco de Sevilla.
1'' GARZÓN PAREJA: «La Hacienda de Carlos II», p. 240.
15 CANGAS ARGUELLES: «Diccionario de Hacienda», t. II, p. 231.
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34 FATIMA MELIAN PACHECO
del XVII; a falta de un funcionario público ocupan lugares estraté­gicamente
importantes en los órganos rectores del Estado.
Poco se conoce de los grandes arrendatarios del Tabaco del
Reino. El más citado por la bibliografía actual es Francisco Centa-ni.
Saralegui y Medina recoge que le fue adjudicada la renta en
1672 por siete años, a razón de 5.124.608 reales anuales, pero
que su recta y certera administración fue objeto de dudas, y esta
le fue retirada^®. Henry Kamen, por su parte, señala que se trata
de uno de los grandes financieros del reinado de Carlos II. Su ac­tividad
en el ámbito internacional, su papel como fundador de la
Junta de Comercio en 1679 y como miembro de la Contaduría
Mayor de Cuentas y del Consejo de Hacienda son, únicamente,
cartas de presentación.
Centani aparece en la década de los 80 como el administra­dor
por excelencia del vasto monopolio del tabaco. Probablemen­te
por su celo en la organización de la renta, esta no acusó la re­forma
monetaria de 1681. Según las cifras presentadas por Gar­zón
Pareja^'' se aprecia cierta estabilidad en el valor de la renta
del tabaco en comparación con la baja que se aprecia en los de
las rentas en general.
En 1682 Francisco Centani obtiene la prórroga de su arren­damiento
de tabaco por un servicio o provisión hecho en Flandes
de 120.000 reales de plata^^. El asentista, sin embargo, se ve
condicionado según consta en Real Orden del 5 de noviembre de
1683: Centani, al igual que todos los arrendadores de dicha ren­ta,
será objeto de «...intervención rigurosa...», de una estrecha vi­gilancia
sobre sus ingresos^^. La disposición se completa con la
formación de una Junta para el conocimiento de las causas de
fraudes, y la Superintendencia de la renta. Su creación anticipa
cuál va a ser el derrotero de la administración de la renta en los
años siguientes.
Aún, en 1683, se asiste a un nuevo arriendo de la renta del
reino por tres años a favor de Francisco López de Pereira y de
Manuel Aguilar. Pagarían un canon progresivamente más alto por
16 SARALEGUI Y MEDINA: «Disquisiciones...», p. 205.
1^ GARZÓN PAREJA: «La Hacienda de Carlos II», p. 319.
18 A.G.S., C.J.H., 1435 (dato recogido por GARZÓN, op. cit., p. 262).
19 A.H.N., Ordenes Generales de Rentas (O. G. Rtas), t. 8009, fol. 323.
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M RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 35
años, siendo de 2 4 0 cuentos de mrs. en el primer año, 2 5 0 en el
segundo y 300 en el tercero^°. Años antes (en 1678) la casa de
López de Pereira había quebrado, si bien al hacer el balance de
sus bienes resultó un activo sobre el pasivo. Se ignora el resulta­do
de su gestión, sólo que debió verse interrumpida por la impor­tante
disposición que aparece un año después.
4. Los intentos reformistas de Carlos II
En 1 684, dentro del contexto general de reforma fiscal, la ad­ministración
del monopolio del tabaco correrá a cargo de la Real
Hacienda. Se trata de un intento de los ministros ilustrados hispa­nos
de seguir la política económica desarrollada por Coibert en
Francia respecto al tabaco. Este dictó multitud de disposiciones
para regular la importación y exportación de los tabacos en rama;
reglamentó y restringió el cultivo; persiguió el fraude; y el 27 de
septiembre de 1674 logra de su rey (Luis XVI), el decreto de mo­nopolio
de fabricación de todas las clases de tabaco en beneficio
del Tesoro público^'.
Este intento coibertista fue aplicado en la Monarquía hispana
únicamente en los reinos de Castilla y León. El respeto por los
fueros de los otros reinos peninsulares se mantendrá aún intacto
hasta Felipe V; sólo en Aragón aparece el estanco del tabaco des­de
1 686, pero con una administración independiente en favor de
la Diputación, que a su vez la transferirá a particulares por arren­damiento^^.
Los resultados en la Monarquía hispana de esta política son
negativos. Ni la centralización de la administración en la Real Fá­brica
de Sevilla (Real Orden de 3 de mayo de 1 684), ni la imposi­ción
de penas a la fabricación o siembra de tabaco, ni la prohibi­ción
de comerciar libremente a los arrendatarios (R.O. 3 mayo
1684), hicieron posible el arraigo de este sistema. El régimen de
arriendos se mantendrá afianzado en el caso del tabaco (también
sobre el monopolio de la sal y las aduanas), porque la Real Ha-
20 GARZÓN PAREJA: Op. cit. p. 319.
21 SARALEGUhOp. cit, pp. 217-218.
22 ARTOLA: Op. cit., p. 248.
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36 FAT/MA MELIAN PACHECO
cienda no tiene en estos momentos la infraestructura necesaria
para llevar a cabo la administración directa. Las precarias venta­jas
obtenidas por los funcionarios puestos por el Estado, incapa­ces
por falta de preparación y tradición, y la necesidad imperiosa
de dar nuevos recursos al Real Erario, hicieron que en 1687 se
recurriera de nuevo al antiguo sistema.
Será Ramón Ruiz de Pessoa quien obtenga el arriendo por el
precio de 9 millones de reales anuales. Su interés por el monopo­lio
no era algo nuevo; ya en 1673 obtuvo los derechos por diez
años, privilegio que le fue suspendido por sus arbitrariedades. Sin
embargo, su contribución a las necesidades de la Corona en va­rias
ocasiones^^ se verán recompensada con esta nueva escritu­ra.
En 1691 será Pedro Parada el arrendatario del estanco du­rante
cuatro años; advirtiéndose un aumento progresivo del pre­cio
por años (de 5.328.352 reales en el primer año a 7.299.41 1
reales en el último). A fines de 1694 terminaba su asiento, pero
Parada obtiene una prórroga de su contrato hasta 1698. Esta re­sulta
conflictiva por cuanto será demandado por uno de los agen­tes
de Carlos II, concretamente por Wilser, ante el Consejo de
Hacienda. El arrendador le había prometido un pagaré de 6.000
doblones si mediaba ante el rey para conseguir la ventaja en el
estanco; una vez en su poder, omitió su pago^'*.
Diego de Montesinos es el arrendador que administró el es­tanco
del tabaco en los últimos años del siglo. Este tenía autori­dad
para actuar contra los defraudadores según las reglas esta­blecidas
en 1 684, aún en vigor. Con él se asiste a una subida del
arrendamiento del tabaco a 520.000 pesos-escudos de plata al
año; convirtiéndose así, y según palabras de Carlos II, en «...la
renta más principal de mi Real Hacienda».
En 1701 quebraba el arrendamiento de la Renta General del
Tabaco del Reino, a cargo de Luis Fernández de Rus y Soto-mayor.
El monarca se queja de la trayectoria del estanco;
23 Aparece como asentista o banquero real en 1675, 1676 y 1680, años en
los que envía un total de 292.333 escudos a Flandes (monto cuantificado a partir
de los datos de H. KAMEN, «La España de Carlos II», p. 570.
24 GARZON:Op. cit, p. 295.
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LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 37
«...experimentado de muchos años a esta parte este mis­mo
contratiempo en los que la han tenido, digo arrenda­do
de que resulta un grave perjuicio, y menoscabo a mi
Real Hacienda, no sólo en la falta de pagamento que
ofrecen los arrendadores, sino también en lo que se mi­nora
con este descrédito el principal de la misma Renta,
5. La Reforma Borbónica
Ante tan lamentable estado Felipe V resuelve, por Real Cédula
de 6 de abril de 1 7 0 1 , que se administre la renta del tabaco por la
Real Hacienda. Dispone las primeras medidas de cara a centralizar
la administración: se nombra a Eugenio de Miranda y Gamboa
como administrador de la Real Fábrica de Sevilla —único lugar de
donde se han de surtir los estanqueros del reino—; se dispone la
reglamentación sobre los empleados de la renta^^; y se crea una
Junta de Tabaco como órgano rector de la administración. Sus
componentes deben ser ministros de los distintos Consejos del
Gobierno del Estado; así por el de Hacienda asisten Fernando del
Mier (su gobernador), el Marqués de la Olmeda y Francisco de
Vans; por el de la Inquisición, Juan de Argaiz; y por el de Indias,
Diego Hermoso Romero, además de un fiscal (Diego Rifuelans de
Villasante) y un secretario (Juan Lope de Nogueral)^^.
Se trata de disposiciones limitadas en estos primeros años.
Su fin era aumentar la recaudación y reducir los gastos de la ad­ministración
a un mínimo en favor de la coyuntura política y béli­ca
que se origina con el advenimiento de los Borbones.
Lo más llamativo de la renta del tabaco en estos primeros
años del reinado de Felipe V es la inclusión de territorios antes
exentos, y la integración de otros que poseían administraciones
independientes.
25 A.H.N., O.G.R., Libro 8010, fol. 104-105 (R.O. 9 de abril de 1701).
26 A.H.N., O.G.R., Libro 8009, fol 106 (R.O. 9 de abril de 1 701): y libro 8010,
fol. 11 6-120 (R.O. 28 mayo 1701).
2^ La composición de esta primera Junta del tabaco se plasma en una Real
Orden de 30 de junio de 1 701 (A.H.N., O.G.R., Libro 8009, fol 1 35).
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38 FATIMA MELIAN PACHECO
Aragón, que mantenía el estanco en nnanos de la Diputación
foral que lo arrendaba, se incorpora al monopolio castellano sin
graves inconvenientes en 1 707, fecha en que se derogan los fue­ros
de Valencia y Aragón. Por estos años también lo harán Ma­llorca
y Canarias, dándose en éstas momentos conflictivos, como
veremos en el capítulo correspondiente de este trabajo.
Gallardo Fernández señala que el estanco del tabaco en Na­varra
se tomó por asiento en 1 709^^. Miguel Artola habla de una
solución intermedia en el caso de su administración, donde la
Diputación conservó la titularidad de la renta mientras los centros
rectores de la Hacienda se hicieron cargo efectivo de la misma
mediante un contrato de arrendamiento que dejaba beneficios
económicos al real erario. La fórmula aseguraba el control de la
circulación del tabaco, y se reforzaba con medidas específicas a
los guardas del tabaco de Navarra, no permitiendo el tránsito del
género sino a quiénes les era permitido en Castilla y Aragón^^.
Las Provincias Vascas se incorporan al monopolio del tabaco
del Reino en 1 71 7, en el momento en que desaparecen las adua­nas
del interior de la Península. Pero la queja de las Juntas de las
tres provincias, por lo que creían un atentado a sus singularida­des,
dio lugar a la revocación de la medida en 1 722. La vuelta de
las aduanas las convierte de nuevo en provincias exentas, lo que
fomentaba irreversiblemente el contrabando, en especial el de ta­baco;
motivo por el cual se hizo preciso afrontar la solución del
tema de forma particular.
Artola señala que la fórmula seguida entre el gobierno central
y las juntas provinciales era algo insólito desde el punto de vista
constitucional y económico^°. La Corona no se limitó a aceptar o
no la petición de los diputados de provincias (trámite habitual),
sino que pactó cuáles serían las medidas para perseguir el contra­bando.
El texto final, que se conoce como «Capitulado de 1 728»^'
28 GALLARDO FERNANDEZ: Op. cit., p. 73.
29 R.O. 6 de febrero 1713 (A.H.N.O.G.R., Libro 8010, fol. 389-392).
30 ARTOLA:Op. cit, p. 291.
3^ Se trata de verdadera capitulación en el caso de Vizcaya que, por mandato
de la R.O. del 22 de octubre de 1728, no podía importar los productos coloniales
al no haber ratificado la Convención del 20 de noviembre del año anterior (A.H.N.,
O.GR. Libro 801 2, fol 390-391).
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LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 39
renueva la libertad de introducir los productos coloniales (cacao,
azúcar, chocolate, etc.) y del tabaco; pero este género sólo podrá
circular dentro de Vizcaya, Álava y Guipúzcoa con permisos de
los diputados de cada provincia; y para su introducción en Castilla
y Navarra, con el de los empleados de la Real Hacienda, La reper­cusión
de estas disposiciones, sin embargo, hubo de ser limitada
como lo demuestran otras posteriores sobre el fraude del tabaco
en tales provincias.
Esta integración de la administración del monopolio del taba­co
por el Estado será definitiva, aunque de forma sólo teórica en
algunas de las regiones.
La impaciencia de la Real Hacienda por hacerse con los be­neficios
de la renta, no estará en coherencia con sus posibilida­des.
Si bien dictó numerosas providencias y disposiciones para la
reorganización del estanco en los primeros años del siglo, su ra­dio
de acción era limitado: se requería tiempo para suplantar a los
arrendatarios de la renta por funcionarios del Estado; se requería
aún mayores medios para instaurar la nueva administración bor­bónica.
Los arrendadores de rentas se mantendrán largo tiempo
en aquellas regiones y zonas de gestión tributaria de difícil acce­so.
Durante la primera mitad del siglo se tiende progresivamente
a la desaparición de estas situaciones particulares, como por
ejemplo no permitiendo su multiplicidad. Es decir, se introduce el
arrendamiento conjunto de todas las rentas de la provincia («ren­tas
provinciales»). Para estas fechas ya era un hecho innegable el
perjuicio que daban a la Real Hacienda. En un Memorial presenta­do
a su Majestad por don Francisco Máximo de Moya^^, expone
que no sólo contribuían a ellos los arrendadores, sino también los
titulares de subarriendos que defraudaban al fisco, pues tomaban
los tabacos fuera de los Estancos Reales. Hasta que el 1 749 no
desaparezca la figura del arrendatario, sustituido por agentes de
la administración pública, y la Hacienda asuma sus totales res­ponsabilidades,
las arbitrariedades, abusos, fraudes y corruptelas
se mantendrán. Para el estanco del tabaco se empieza a hablar de
recuperación general de los derechos de la Corona desde el Real
32 «Manifiesto universal de los males que, envejecidos, España padece». Ma­drid,
1 730 (GARZÓN: «Uso y tributación», p. 473).
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40 FATIMA MELIAN PACHECO
Decreto del 3 0 de diciembre de 1 730, en el que se exige lo regla­mentado
en la cédula de 9 de abril de 1701 : el fin definitivo de
los arrendamientos.
El rigor que se desprende de las disposiciones posteriores
consolidó los ingresos de la renta, aumentando sus valores pro­gresivamente.
Mientras existe una carencia de fuentes documen­tales
para cuantificar los ingresos de la renta en las primeras dé­cadas
del siglo, durante la que se puede llamar fase ilícita de la
administración; los datos son abundantísimos desde el momento
en que la Real Hacienda se ocupa de la administración. Fernán­dez
Albadalejo recoge el valor líquido del estanco de tabaco des­de
la década de los 3 0 ; que con datos de Uztariz permiten elabo­rar
una serie hasta 1 779. Los valores se caracterizan por un cre­cimiento
continuo, con breves altibajos durante todo el siglo.
La administración de la Real Hacienda es efectiva durante
todo el siglo; inalterable y coherente en su fin recaudatorio, refor­zará
el monopolio con reiteradas disposiciones y providencias so­bre
el resguardo de la renta, y contra el fraude y contrabando de
tabaco. Sin embargo, —todo hay que señalarlo—, aplicará sobre
la renta cargas excesivamente pretensiosas a sus posibilidades
reales, hecho que se hace evidente en el último cuarto del siglo.
6. La Renta de tabaco en el período de coyuntura bélica
A partir de 1 779 se inicia un nuevo período belicista tras tres
décadas de paz. La guerra con Inglaterra exigirá de recursos de
emergencia para hacer frente a las hostilidades. Donativos, prés­tamos
y empréstitos, y la creación de los vales reales fueron los
medios extraordinarios que cubrieron los gastos de la misma.
La renta del tabaco contribuyó, durante el primer año de gue­rra,
con un aumento en el precio de venta al por menor de 4 0 rea­les
por libra de tabaco en polvo y hoja, para hacer frente a los
gastos más urgentes (Real Orden de 21 de octubre de 1779 y
Real Orden de 27 de diciembre de 1 779)^^. Poco después debía
tomar medidas preventivas para evitar el desembarco de tabaco
de fraude por el Mediterráneo (Real Orden de 30 de abril de
33 A.H.N., O.G.R., Libro 801 1, fol. 451-452 y 552-554.
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LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 41
11BO)^'^. La diferencia entre el precio y los gastos de elaboración
y administración del tabaco era excesivamente alta, circunstancia
que contribuyó a aumentar el contrabando en el litoral levantino.
En 1780 las necesidades eran verdaderamente apremian­tes
y sobre la renta del tabaco se imponen los capitales de depó­sito
de todo el reino^^ los capitales procedentes de vínculos, y
mayorazgos^^ patronatos y obras pías que producirán un 3 por
ciento de interés a los inversionistas, interés que sería pagado por
la Real Hacienda.
Pero ni el donativo eclesiástico, ni la solicitud de servicio vo­luntario
a las Provincias Vascas, ni la aparición de los vales reales
fueron suficientes. La continuación de la guerra exigió de una pró­rroga
de la anterior imposición sobre la renta del tabaco mientras
prosiguieran las hostilidades o no se produjeran modificaciones^''.
Al año siguiente, y con el objeto de obtener los fondos sufi­cientes
para afrontar la continuación de la guerra, aparece el de­creto
del 1 7 de diciembre de 1 782, que anuncia la gestión de un
empréstito de 180 millones de reales de vellón^^. Para asegurar
la permanencia de éste se hipotecaba la renta de tabaco de «Eu­ropa
e Indias», considerada como el ingreso más saneado de la
Hacienda española, cuya cuantía superaba mucho más del grava­men
y los censos que ya tenía a su cargo (los censos al 3 por
ciento sobre la renta de 1 7 8 0 todavía estaban en vigor).
Se recurre a este empréstito porque la emisión de vales rea­les
ya no era posible. Tenía el atractivo de que una tercera parte
de las cantidades prestadas (60 millones de reales de vellón) po­dían
ser en créditos del reinado de Felipe V. Esta admisión permi­tía
extinguir esa deuda de la Corona, tanto con acreedores nacio­nales
como con extranjeros.
Se dan dos modalidades de préstamo: a censo redimible y a
renta vitalicia; los intereses se pagarían anualmente con los pro­ductos
de la renta del tabaco, a razón del 3 por ciento en el pri­mer
caso, al 7 por ciento si se suscribían sobre dos cabezas y al 8
3-* Ibídem.lib. 8032, fol. 134-141.
35 A.H.N., O.G.R., n." 2990 (R.O. del 1 5-1 9 y 30 de marzo de 1 780).
36 Ibídem, lib. 8032, fol. 208 (R.O. 23 marzo 1 780).
37 S.E.L 2/362, fol. 421-424(R.C. 8 marzo 1781).
38 Ibídem, fol. 83-88.
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42 FATIMA MELIAN PACHECO
por ciento si era una vida solamente. En ninguna de las dos for­mas
se hace distinción de edad, sexo, ni clase social. Sobre esta
idea Artola apunta que la imposición sobre el tabaco sigue un
proceso de liberalización^^.
Carlos III da el privilegio a los vasallos prestamistas de libe­rarse
de sus obligaciones en la guerra, y da palabra de pagar los
intereses puntualmente, elevará a la categoría de «norma inque­brantable
» el que las decisiones reales legislativas deben seguir
vigentes tras su muerte, con lo que obliga a sus sucesores al
cumplimiento de lo estipulado.
Miguel Muzquiz, entonces ministro de Hacienda, extenderá
una real orden de 6 de enero de 1 783 al Superintendente sustitu­to
y a los administradores generales de la Renta del Tabaco con
el Real Decreto antes citado inserto, para iniciar la recaudación'*°.
Pero llega la paz sin que el empréstito se haya abierto. La Real
Orden del 26 de mayo de 1 783 precisa la necesidad de que siga
en vigor «...con el fin de atender los notorios y graves empeños
que están resultas de la misma guerra...». Prolongando el plazo,
llegó a proporcionar a la Real Hacienda un capital de 39.688.937
reales"^; dada la diferencia con los 180 millones de reales de ve­llón
pretendidos, la operación se puede calificar de fracasada.
La renta del tabaco aún ha de verse afectada por una nueva
coyuntura bélica en la última década del s. XVIII. La guerra con
Francia exigía de medios extraordinarios, lo que obliga a Carlos IV
a restablecer, por Real Cédula del 9 de octubre de 1793, el em­préstito
de diciembre de 1782 con alguna variante"^. Con el au­mento
de 8 reales en libra de tabaco, proporciona unos ingresos
líquidos de 43.569.01 1 reales de vellón. Pese a sumársele a esta
cantidad otras de distintas rentas de la Corona, no se reunió lo
suficiente para financiar la guerra, y menos para pagar los intere­ses
de las deudas ya contraídas. Cangas Arguelles señala que
sólo los intereses sobre la renta del tabaco para el año 1797
«...suponen una carga de 4.664.806 reales, carga que se convier­ta
ARTOLA, M.; «La Hacienda del Antiguo Régimen...», p. 388.
•*o S.E.L., 2/362, fol. 83.
"•I MAULLA TASCON: «Las Rentas vitalicias en el s. XVIII», p. 12.
^^ SANTOS SÁNCHEZ: «Colección de todas las pragmáticas, cédulas, provi­siones...
». Tomo I, p. 396-402.
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LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 43
te en deuda pública en el nuevo siglo (en el Trienio Constitucio-nal)...
»''3.
Gardoqui, secretario de Hacienda desde 1 792, señala en una
Memoria que en la década de los 90 la renta del tabaco, igual que
las salinas, superó los diez millones de reales en todo momento'*'*.
Añadía además que los productos de todas las rentas eran «equi­tativos
a los gastos ordinarios del Estado», pero no tenía en cuen­ta
otros gastos como los créditos, ios de Hacienda y los militares
extraordinarios.
Se cuenta con los valores íntegros de la renta del tabaco para
los años que medían entre 1 779 y 1 807; obtenidos a partir de ia
Memoria de José Pinilla (1825), no se hace rebaja por el coste
del tabaco ni por ios gastos de recaudación, que según M. Artola
suponen de un 30 a un 4 0 por ciento del monto total. Una vez
corregidas las cantidades de ia renta para 1 7 8 3 - 1 8 0 7 se advier­te
cierto estancamiento en su evolución. La crisis económica ge­neral,
ei aumento de tasas en el precio del tabaco (un 20 por
ciento desde diciembre de 1794) y el consiguiente aumento del
tráfico fraudulento, así como ei nuevo sistema de recaudación
aplicado desde 1 799, serán las causas de diclia estabilidad.
La administración de la renta dei tabaco en estas últimas dé­cadas
de siglo, pese a las cargas a las que se ve sometida, conti­nuó
ei mismo régimen establecido tras la desaparición de ios
arrendamientos. Con el acceso de Miguel Cayetano Soler en la
secretaría de Hacienda en 1 799, comienza un período de refor­mas
tendentes a centralizar aún más ei sistema fiscal. Así por el
Real Decreto de 2 5 de septiembre es suprimida la administración
de la renta del tabaco vigente hasta esos momentos, y se procede
a su unificación con las demás rentas. Desde entonces todo lo re­ferente
ai ramo del tabaco se reserva al superintendente general
de la Real Hacienda. Con estas disposiciones se marca el fin y el
principio de etapas diferentes en la administración del tabaco.
'^^ CANGAS ARGUELLES: «Dice...», t. V, p. 1 63.
" " ARTOLA, M.: Op. cit., p. 361.
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CAPITULO III
LEGISLACIÓN DE LA RENTA DEL TABACO
El aparato legislativo sobre el que se asienta la renta del ta­baco
varía sustanciaimente según el período administrativo en
que se estudia el estanco. Durante su privatización, las disposicio­nes
reglamentadoras se insertan dentro de la normativa general
que se ocupa de las rentas reales, no guardándose especificidad
para la renta del tabaco en concreto.
El buen gobierno y administración de los arrendadores de las
rentas reales será el tema que ocupe más atención dentro de esa
normativa; la fraudulencia de sus gestiones, un continuo pretexto
para recurrir a las leyes penales de la época. Una de las más rele­vantes
es la concordia ajustada en 1654 entre el Inquisidor Ge­neral
y su Consejo, y el de Hacienda y Sala de Millones, en caso
de prenderse por causa de fe a algún arrendador de rentas rea-
\es\
En cuanto a las reglas que regulaban la administración de los
arrendadores de tabaco, sólo se tiene conocimiento de que guar­dan
consonancia con las condiciones y cláusulas de los asientos
A.H.N., Cons., lib. 1517, n." 23 (R.D. 7 septiembre 1654, Madrid).
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46 FATIMA MELIAN PACHECO
sobre el tabaco del Reino que se ajustaban con el Monarca. El
estudio de estos contratos —aún por hacer— había de dar más
luz sobre el tema.
Cuando la Real Hacienda se ocupa de la administración de la
renta —aunque sólo sea de forma teórica porque los arrenda­mientos
se prolongan en el tiempo—, el aparato legislativo se va
a enriquecer: no sólo en el número de sus leyes sino también en
el contenido de las mismas.
Como señalábamos en el capítulo anterior, se distinguen dos
momentos en el ejercicio de la administración directa de la renta
por la Real Hacienda: la tentativa frustrada de Carlos II en la dé­cada
de los 80, y la implantación definitiva que se ejerce con Feli­pe
V. Guardando las distancias cronológicas, el objetivo será el
mismo, la recuperación de la renta del tabaco para la Corona; lo
que se traduce en una reiteración de disposiciones en pro de tal
objetivo. Las reales cédulas, órdenes y decretos de Carlos II no
son, pues, un antecedente. Son la base sobre la cual se estructura
la legislación de su sucesor.
La creación y consolidación de los principales organismos de
la administración de la renta, los empleados, el tráfico de tabaco y
las leyes contra el fraude conforman los temas más sobresalien­tes
de la legislación.
1. Órganos Rectores
La Junta del Tabaco es la máxima instancia administrativa de
la renta. Su aparición en 1701 ha sido citada por algún historia­dor
como uno de los primeros elementos novedosos de la política
fiscal de Felipe V^. Creada a imitación de la establecida en
1683^, va a ocuparse inicialmente de todas las dependencias de
la renta del tabaco, y del conocimiento de las apelaciones y sen-tancias
civiles y criminales que de ella partan".
Sus miembros, aunque extraídos de los principales Consejos
castellanos (Hacienda, Castilla, Inquisición, Indias, Guerra), no
2 ARTOLA, M.: «La Hacienda en el Antiguo Régimen», p. 224.
3 A.H.N., Hacienda, Ordenes Generales de Rentas (O.G.R.), lib. 8009, fol. 323.
" Ibídem. lib. 8010,fol. 135-136.
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M RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 47
pueden ser intervenidos en sus dictámenes por ningún otro tribu­nal
externo a la propia Junta. En las reuniones, exigibles tres ve­ces
por semana, van a compartir el gobierno de la renta con el
Superintendente General de la misma; hasta que en 1730 se le
limitara exclusivamente a lo judicial^. La orden va a significar
una reducción en los ingresos de sus componentes, en tanto que
se les exime de recibir la asignación de una cuarta parte de todos
los comisos y condenas de la renta. Disposiciones posteriores van
a ir limitando sus atribuciones hasta que en 1788 será suprimido
como organismo rector, en favor de una mayor centralización ad­ministrativa
del Consejo de Hacienda^.
La Superintendencia General de la Renta, si bien durante la re­forma
hacendística de Carlos II parece detentarla la propia Junta
de Tabaco, en el XVIII va a particularizarse en una persona, den­tro
de la tendencia centralizadora de la administración. El cargo
será sucesivamente ocupado por el Marqués del Castillo, el Mar­qués
de Campoflorido, José Alonso del Páramo y Francisco de
Benagasi hasta la década de 1720''.
El Superintendente va a tener amplias facultades en el nom­bramiento
de subalternos y empleados de la renta; de tal manera,
que sin supervisión ningún administrador general o particular, te­sorero,
factor, visitador o ministro de resguardo podía ser admiti­do.
Podía subdelegar sus atribuciones en otras personas, igual
que lo hacían los Intendentes de provincia; pero incluso éstos,
con las extensas prerrogativas que disfrutan en materia de ha­cienda,
deben subordinarse al gobierno del Superintendente del
ramo^.
Con la creciente importancia que adquiere la renta, el Supe­rintendente
va a verse atendido en lo gubernativo por tres Direc­tores,
en función de los tres departamentos en que se dividirá el
Reino; a la vez que éstos se superponen a los Administradores de
partido.
5 Ibídem.lib. 8012, fol. 481-493.
6 Ibídem, lib. 8039, fol. 472 y 51 5-516.
^ Ibídem, lib. 8010, fol. 116-120 (R.O. 28 mayo 1701); lib. 8010, fol.
267-268 (R.O. 14 abril 1709); lib. 8011, fol. 392-394 (R.O. 23 noviembre
1718).
8 Ibídem, lib. 801 l.foi. 457-459 (R.O. 26 septiembre 1719).
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48 FAJIMA MEUAN PACHECO
2. Empleados de la Renta
Los dependientes o empleados de la renta van a ser objeto
de gran número de disposiciones a lo largo de todo el s. XVIII. Esa
proliferación de reglamentación no sólo va a proporcionar la nor­mativa
para una eficaz labor recaudadora, sino que además va a
establecer todo un cúmulo de prerrogativas, exenciones y limita­ciones
a los mismos.
La Real Orden de 28 de mayo de 1 701 sobre empleados^ va
a regular, en las primeras décadas del siglo, sus limitaciones, fun­damentándose
en las condiciones que en 1 6 8 4 se dieron para los
ministros y estanqueros de los arrendadores de la renta. Esta ley,
sin embargo, se va a ir enriqueciendo con disposiciones posterio­res:
la permisión a los dependientes de portar armas defensivas,
incluso aquellas que se prohibían a la generalidad^°; la de excep­tuarlos
de la obligación de alojamiento^', y de eximirlos de los
cargos concejiles'^; así como la obligación de los pueblos de
abastecer en lo necesario a las rondas de resguardo de la renta'^.
Pero no toda la legislación de la renta se muestra inclinada a fa­vorecer
con prerrogativas a sus dependientes, sino que le impon­drá
además algunas exigencias. Así, una R.O. de 4 de abril de
1 7 3 3 va a mandar que todos los empleados de la renta del taba­co
tendrán que ser casados. Se trataba de que no se cometieran
abusos por los administradores, y que los nombramientos de los
empleados no libraran a los mozos de las quintas''*.
La entidad de estas disposiciones va a verse oscurecida por
la Instrucción universal que para el gobierno de la renta aparece
el 26 de enero de 1740, manual al que han de recurrir los em­pleados
de la misma durante el resto del siglo'^.
9 Ibídem.lib. 8010, fol. 116-120.
10 Ibídem.lib. 8010, fol. 228 (R.O. 26 mayo 1708).
11 Ibídem.lib. 8010. fol. 240 (R.O. lOdic. 1708).
12 Ibídem.lib. 8013. fol. 33-34 (R.O. 9 julio 1731).
13 Ibídem. lib. 8013. fol. 172 (R.O. 4 noviembre 1734) y fol, 247 (R.O. 1 9 ju­nio
1737).
i'i Ibídem. lib. 801 3. fol. 89 (R.O. 4 abril 1 733).
1^ La R O. de 26 de enero de 1740 se encuentra recogida en la obra de GA­LLARDO
FERNANDEZ. «Origen, progresos y estados de las Rentas de la Corona
de España, su gobierno y administración», t. Vil. p. 1 61 y ss.
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LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 49
3. Tráfico de tabaco
Desde el punto de vista legislativo, el tráfico de tabaco no va
a ser de forma específica uno de los temas más atendidos. La ra­zón
principal, quizás, se halla en que ese tráfico se insertaba en el
conjunto de la normativa general que para el comercio tenía la
Monarquía respecto a las Indias.
El suministro de tabaco se hacía en los puertos americanos
habilitados para ello; siempre bajo el requerimiento de remesas
por la Real Hacienda. Una vez en territorio hispano, se procedía
al control de su desembarco en el puerto de llegada ^^ donde se
almacenaba en los depósitos de la renta o pasaba a la Real Fábri­ca
de Sevilla para su elaboración.
La distribución del tabaco hacia los distintos territorios hispa­nos
se hace por petición de los administradores de partido, no te­niendo
mayores inconvenientes, salvo en el caso de las Provincias
exentas como ya apuntamos en el Capítulo anterior.
En cuanto a las exportaciones de tabaco hacia al extranjero,
van a estar reguladas por un número de disposiciones de la renta
bastante limitado, si atendemos a la importancia del tema. Sólo
en 1 703 aparece una Real Orden en la que se prohibía cobrar de­rechos
sobre el tabaco extraído de Sevilla con dirección al extran-jero^^
Esa limitación queda relativamente justificada por la existen­cia
de tratados comerciales entre la Monarquía hispana y otros
estados. Así en 1 699 Adrián Antonio Toulón, favorecido por los
derechos que del azúcar y tabaco enrollado se introducían de Por­tugal
a España'^ verá interrumpido este privilegio a partir del
Tratado con Portugal del 18 de junio de 1701. En su artículo 4.°
se prohibía el tránsito de tabaco de uno a otro reino; la Adminis­tración
de la Renta se hará eco de lo estipulado señalando éste,
desde entonces, como comercio ilícito^^.
^ ^ Una R.O. de 11 de febrero de 1 705 señalaba la forma que había de hacer­se
en los puertos de Vizcaya (A.H.N., O.G.R., lib 8010, fol 175-176); otra del 28
de mayo de 1711 estipulaba lo conveniente para Cádiz (O.G.R., lib. 8010, fol.
367-370).
17 A.H.N.O.G.R, lib. 8010, fol. 147-150.
18 Ibídem, lib. 8010, fol. 27-77 (R.O. 16 mayo 1699).
19 Ibídem, lib. 8010, fol. 139-140.
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50 FATIMA MELIAN PACHECO
Respecto a Inglaterra, se advierte un mutismo legislativo to­tal
de la Administración General de la Renta del Tabaco. Las rela­ciones
mercantiles entre ambos estados estaban reguladas por el
Tratado de Madrid de 1 667. En él se eximía a las embarcaciones
inglesas de registro por parte de los empleados de rentas antes
de que desembarcaran las mercaderías (arte. 9); al mismo tiempo
que se les permitía fondear libremente en los puertos (arte. 10).
Estos privilegios favorecían el contrabando de tabaco, no pudien-do
ser castigado el fraude con las mismas penas que recibían los
subditos hispanos. El artículo 1 5 del citado Tratado señalaba que
si en el transporte de los géneros se hallasen algunos prohibidos,
se confiscarán sin más molestias a los introductores. Tal discrimi­nación
ante la Ley será cuestionada, un siglo más tarde, por Can­gas
Arguelles:
«...Al español se le atormenta con prisiones, con el segui­miento
de las causas, y con condenas de presidio, multas,
etc. y al inglés sólo se le aprenden los géneros de ilícito
comercio. ¡Que diferencia tan contraria a la razón!»^°
Las inmunidades comerciales inglesas se verán confirmadas
en Utrech (1 71 3), y prolongadas durante buena parte del s. XVIII,
como se desprende de una R.O. de 1 7 de diciembre de 1 760. En
ella la Renta exige de sus administradores y ministros que guar­den
los artículos de los tratados de 1 667 y 1713, relativos al co­mercio
de extranjeros^V
4. Fraude a la Renta
Desde el intento de reforma de Carlos II y durante todo el
s. XVIII, la administración de la renta va a ocupar buena parte de
su aparato legislativo a tomar medidas contra el fraude de taba­co.
La reiteración y frecuencia con la que aparecen las disposicio­nes
son el síntoma de que se trataba de un fenómeno verdadera­mente
corrosivo para la renta.
20 CANGAS ARGUELLES: «Dice, de Hacienda», t. I. p. 128.
21 A.H.N.,O.G.R.,lib. 8021, fol. 466-477.
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LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 51
El fraude al monopolio de la Real Hacienda se manifiesta de
distintas maneras: con la siembra de tabaco, en el aspecto fabril o
por contrabando comercial. Cada una de estas variantes será es­pecíficamente
penalizada por las leyes que impone la Administra­ción
de la Renta. La Real Orden del 3 de mayo de 1 6 8 4 se va a
caracterizar por dos aspectos: la rigurosidad de las penas y una
marcada discriminación social^^. Estos van a acentuarse con Feli­pe
V en la R.O. de 9 de abril de 1 701 ^^ que será reiterada en
ocasiones posteriores.
Las penas pecuniarias y los años de destierro y de presidio en
África aumentan progresivamente según el bajo nivel social del
defraudador (nobles, hidalgos, hombres llanos, serviles), y según
sea la primera o la tercera vez que cometan el delito. La desigual­dad
penal se hace patente en dos casos: la omisión de penas cor­porales
a los nobles, y la imposibilidad de confiscación de tierras
de siembra de tabaco si fueran de mayorazgo. La rigurosidad es
tan patente que se señala «...pena arbitraria que pueda llegar a la
muerte según las circunstancias de la culpa»^"*. Arguelles comen­tando
esta legislación dice:
«¡Ojalá que al señalarles las penas se hubieran consulta­do
las reglas de la moral; que no tendría tanto que llorar
la sana razón al compararlas con la índole de los delitos
que se tratan de corregir con ellas!»^^.
Pero la discriminación y la arbitrariedad judicial no van a es­tar
reñidas con el interés recaudador de la Real Hacienda. Nadie
estará exento de las penas por defraudación a la renta según lo
señalado en abril de 1 7 0 1 :
«...que para en quanto a los fraudes de esta Renta se sus­penda
qualquier fuero que a los delinquentes les compe­tan...
»2^.
22 Ibídem, lib. 8009, fol. 345-348.
23 Ibídem, lib. 8010. fol. 107-112.
2'^ Ibídem, nota 22 (artículo 3 de la cit. R.O.).
25 CANGAS ARGUELLES: «Dice...», t. III («delitos y penas de Hacienda»),
26 A.H.N.O.G.R, lib. 8010, fol. 106.
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52 FATIMA MEUAN PACHECO
No existe inmunidad ante la ley: ministros, corregidores y jus­ticias
que consientan o disimulen el contrabando serán destitui­dos^^;
los militares quedaron desaforados ante las causas de
fraude, siendo juzgados por los subdelegados de la renta y no por
el Consejo de Guerra^^, incluyendo tanto las guardias españolas
como a las walonas^^. Tampoco las altas jerarquías de la admi­nistración
de la renta permanecen al margen de las leyes prohibi­tivas:
en 1717 se prohibe al Superintendente General del ramo
que haga regalos de tabaco a los particulares^°.
Resulta expresivo que, dentro de toda esta legislación contra
el fraude de tabaco, sea al ámbito eclesiástico el más amonesta­do
en las primeras décadas del siglo. La fraudulencia advertida
bajo la inmunidad de la Iglesia, obligará a dictaminar al Nuncio
—a instancias de Felipe V— la pena de excomunión para el clero
que cometiera delito contra la renta reaP^ Los requerimientos
posteriores hacen suponer que los intereses económicos del clero
van a prevalecer antes que el sometimiento a la potestad regia^^.
Como señalamos en apartados anteriores, el órgano judicial
por excelencia es la propia Junta de Tabaco en sentencias tanto
civiles como criminales; siendo tribunal de apelación el Consejo
de Hacienda, en Sala de Millones. La existencia de tribunales pro­pios
para la renta del tabaco exime de intervenciones a la justicia
ordinaria (R.O. de 1 3 de abril de 1 71 5).
Otros múltiples aspectos relacionados con el gobierno de la
renta van a ser objeto de provisiones y dictámenes. Nombramien­tos
de altos funcionarios de su administración; la delimitación de
funciones para evitar interferencias; la unificación del tabaco
con otras rentas como forma de favorecer la centralización y el
ahorro en el gasto burocrático^^; y la imposición de cargas al pre-
27 Ibídem, lib. 8010, fol. 230 (R.O. 8 septiembre 1 708).
28 Ibídem, lib. 8011, fol. 5 (R.O. 9 abril 1705); lib. 8012, fol. 423 (R.O. 17
mayo 1729).
29 Ibídem, lib. 8012, fol. 469 (R.O. 31 octubre 1 730).
30 Ibídem, lib. 801 1, fol. 195-197.
31 Ibídem, lib. 801 1, fol. 147a.
32 Las Reales Ordenes de 1 8 de marzo de 1718, de 1 3 de abril de 1731 y de
1 1 de mayo de 1731 son una reiteración a los eclesiásticos para evitar el fraude.
33 La R.O. de 20 de febrero de 1 707 ordena una unificación con las rentas de
cacao y chocolate (O.G.R., lib. 8010, fol. 195-198) En 1739 serán los naipes los
que compartan la administración del tabaco.
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LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 53
CÍO de tabaco, como forma de recaudar fondos para la Corte y en­tidades
caritativas^^ son algunos de los temas que enriquecen el
capítulo de las leyes y decretos de la renta del tabaco.
La supresión definitiva de los arrendamientos de tabaco en
todos los territorios hispanos (R.D. 20 de diciembre 1730) y su
control por la Real Hacienda exige una atención pormenorizada a
las funciones de los administradores de partido, a las atribuciones
de los resguardos y cuerpos de vigilancia. Las disposiciones que
aparecen en la década de los 30 quedan compendiadas en la
«Instrucción de 26 de enero de 1 740» sobre las reglas universa­les
de la renta del tabaco.
•^^ Los recargos sobre el tabaco van a permitir: dotar de fondos a la Real Bi­blioteca
(R.O. 14 diciembre 1715); la construcción del Hospital de la Corte (R.O.
1 3 enero 1 722); recaudar fondos para el Monte de Piedad de Madrid (R.O. 1 5 oc­tubre
1723); y la publicación del Diccionario de la Real Academia española (R.O.
22 diciembre 1 723) (A.H.N., Secc. Ordenes Generales de Rentas).
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2.- PARTE
LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS
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CAPITULO IV
ANTECEDENTES.
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL
Los Cabildos insulares van a jugar un papel primordial en ma­teria
económica y hacendística. Como sede de los corregimientos
van a procurar protección a los intereses de la Corona. González
Alonso señala entre los cometidos del corregidor el de fiscali­zar
los arbitrios locales, para obtener un máximo de ingresos en
favor del Monarca ^ Ya desde la época de los Reyes Católicos, el
representante de la autoridad regia en los municipios asume las
facultades en materia fiscal, convirtiendo la Hacienda Real en
fundamento de la organización del Estado.
En la época de los Austrias, el papel del corregidor se centra
en la contabilización de las rentas municipales y su reparto a los
gastos de interés común. El abastecimiento de mercancías, el cui­dado
de los precios, la inspección de establecimientos de venta y
la promoción de obras y servicios, son algunas de sus atribucio­nes.
El Cabildo de Fuerteventura va a controlar —siguiendo esta
^ GONZÁLEZ ALONSO, B.: «El corregidor castellano». Estudios de la Historia
de la Administración. Instituto de Estudios Administrativos, Madrid, 1 970.
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58 FATIMA MELIAN PACHECO
línea— todo artículo que entra en el mercado insular; por eso, el
tabaco, incluso antes de ser estancado por la Corona, va a ser ob­jeto
de disposiciones reguladoras. En 1625, el Consejo ordena
que no se venda tabaco sino por una medida que está
en poder del alguacil de dicho Cabildo, bajo multa de seis reales^.
Más tarde, en momentos de penuria, limita su excesivo comercio
dentro de la Isla y prohibe la venta al por mayor, bajo pena de
diez mil maravedís a los infractores^.
Aparte de estas multas, no se tiene conocimiento de imposi­ciones
al tabaco con un fin recaudatorio antes del establecimien­to
del monopolio en 1 636. Sin embargo, tras el estanco los muni­cipios
se convier una isla de realengo o de señorío, van a percibir
en favor de la Corona los derechos que recaen sobre el tabaco.
La recaudación de las rentas debía ser eficaz, de manera que
los ingresos puedan cubrir las necesidades internas o los gastos
de la Monarquía. Por ello, se van a arbitrar dos procedimientos
para la percepción de los ingresos de la renta del tabaco: la admi­nistración
directa (estando para ello comisionado el corregidor en
el caso de las rentas reales), o el arrendamiento, según las condi­ciones
estipuladas en las Ordenanzas de 1 554.
La falta de fuentes documentales no posibilita, en estos mo­mentos,
el estudio pormenorizado de la Administración de la ren­ta
del tabaco en cada una de las Islas. Sin embargo, se tiene co­nocimiento
de que su evolución no fue paralela para todo el con­junto
del Archipiélago. Así Garzón Pareja da noticia de la venta
conjunta de los estancos de las Islas de Señorío'*. El hecho será
objeto de lamentación por el Consejo de Hacienda, pues teniendo
ajustado el arrendamiento del Tabaco de las Siete Islas en 6.000
ducados anuales, un particular se comprometía a la compra per­petua
en 28.000 ducados.
Los datos son más abundantes en el caso del estanco de ta-
^ Actas del Cabildo de Fuerteventura (2 de diciembre de 1 625). El control de
pesas y medidas se conoce como «aferimiento».
3 Ibídem, 22 de abril de 1 630.
* La consulta al Consejo de Hacienda lleva fecha de 1 9 de octubre de 1 647
(GARZÓN PAREJA: «Uso y tributación del tabaco», A.H.E.S., 1970, p. 428)
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LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 59
baco en Tenerife. Si bien el Concejo municipal va a proceder a su
recaudación, como forma de alcanzar los 60.000 ducados que se
exigen a la Isla en concepto del donativo de 1641, se ve imposi­bilitado
y pregona su arrendamiento en 1 642. La primera escritu­ra,
aparecida el veintiuno de diciembre de dicho año, va a favore­cer
a un particular durante tres años (1643-1645). A razón de
25.625 reales anuales de precio, se recauda en concepto del es­tanco
76.875 reales^.
Cumplido el arrendamiento en 1 645, se concierta otro en fa­vor
de Antonio da Costa d'Ared —almojarife de la Isla— por otros
tres años y una cuantía de 27.000 reales anuales®. El contrato,
sin embargo, se verá interrumpido. Una Real Cédula de Su Majes­tad
reclama la administración para la Corona y nombra al Capitán
General D. Pedro Carrillo de Guzmán, Administrador de la renta
del tabaco de las Islas, inhibiendo al Cabildo de esta tarea. La no­tificación
al Concejo (el 9 de octubre de 1647) suprime el arren­damiento
de Antonio da Costa, que sólo hubo de aportar en con­cepto
de la renta de ese año 26.124 reales'.
No se tiene documentación directa de la administración de la
renta por el Capitán General; sin embargo, se sabe que permane­ce
en el cargo hasta junio de 1650, momento en que es sustitui­do
por un nuevo Gobernador. Su mandato debía comprender to­das
las Islas como se desprende de un conflicto de competencias
con el juez de registros (Alonso Larrea) en un caso de contraban­do
de tabaco, en el que había de actuar como Juez administrador
de la Renta^.
En julio de 1 6 5 0 Juan de Betancurt y Vargas concierta con la
Corona un asiento a través de la Junta del Donativo. A cambio de
300.000 reales de préstamo como adelanto por el donativo que
^ Esta escritura fue rematada ante Salvador Fernández de Villarreal, escribano
mayor del Consejo de La Laguna (A.G.S., C.J.H., 1822; Informe de Matías Gramas
Villareal).
® A.M. de La Laguna. Fianza de 26 de septiembre de 1 645, ante el escribano
Agustín de Mesa.
' A.G.S., C.J.H., 1822. Informe presentado a la Junta de Donativo por Regui-lón
de Villareal (2 octubre de 1653).
^ MORALES PADRÓN, F.: «Cedulario...», t. II, p. 126-1 27. El conflicto alude al
hecho de una confiscación de seis petacas de tabaco de hoja que llegan en un na­vio
que arriba a las Islas procedente de Caracas (R.C. 4 de enero de 1 652).
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60 FATIMA MEUAN PACHECO
se solicita a las Islas, exige lo importado de la renta de tabaco en
el tiempo en que la administró D. Pedro Carrillo, así como lo co­rrespondiente
a los medias anatas de oficos y un interés del diez
por ciento de la cantidad prestada^. Tras la súplica ai Consejo de
Hacienda, se comisiona a Alvaro de Navia para que cobre los
atrasos respecto al tabaco^°. Su gestión se desconoce pero que­da
limitada en el momento en que la renta de tabaco en Canarias
es empeñada a favor de D. Baltasar de Vergara y Grimón.
De la renta del tabaco en Tenerife se obtenía más de 3.000
ducados por año según consta en una Real Cédula de primero de
mayo de 1 6 5 3 " . Desviados los ingresos a favor de un particular,
el Monarca se ve en la obligación de prorrogar el tiempo de per­cepción
de la totalidad del importe del donativo de 60.000 duca­dos
solicitado por la Corona. Son onflictivos: la tranquilidad inter­na
se ve amenazada por las sublevaciones de Portugal y Catalu­ña.
El Cabildo tinerfeño, por acuerdo del veinte de agosto de di­cho
año, manda hacer a sus escribanos mayores (Matías Gramas
Villareal y Antonio Reguilón Villareal) una relación del importe de
determinados arbitrios desde el año 1642, con el fin de recaudar
la cantidad que resta del donativo. Tomando los oficios de sus an­tecesores
en el cargo, elaboran por separado sendos informes so­bre
beneficios obtenidos por las albóndigas, vendedores y estan­co
del tabaco de la Isla^^.
Las intervenciones del Cabildo sobre el estanco del tabaco de
la Isla parecen cesar con la antes citada petición. La renta del ta­baco
de Canarias va a continuar su aporte a los gastos de la Mo­narquía;
pero su administración va a variar sustancialmente, en
tanto en cuanto, los ingresos obtenidos por concepto del estanco
van a revertir de forma exclusiva en un particular.
9 A.G.S., C.J.H. 1 822 (Madrid, 12 julio de 1 650).
•10 Ibídem (súplica fechada en IVIadrid, 1 agosto de 1651).
" A.M.LL, R-XIII, n.''26.
^^ A.G.S., C.J.H., 1822. Ambos informes están fechados en La Laguna, el 2 de
octubre de 1 653.
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CAPITULO V
PRIVATIZACIÓN DE LA RENTA DEL TABACO
EN CANARIAS
A partir de 1 6 5 0 entramos en una nueva fase administrativa
de la renta del tabaco de Canarias. La Corona por necesidad de
recursos para proseguir con su bélica política exterior, se ve obli­gada
a enajenar en favor de particulares los derechos sobre el es­tanco
real. El concepto de enajenación conlleva, en esta ocasión,
la transferencia sobre la titularidad de dicho estanco, así como
sobre la administración de su renta. Se puede hablar desde este
momento de una privatización del monopolio de la Corona.
La transferencia del impuesto se hace en forma de asiento, es
decir, a través de un contrato suscrito entre el interesado y la Co­rona,
cuya elaboración compete al Consejo de Hacienda. Sus ca­racterísticas
formales han sido estudiadas para el XVI por Ramón
Carande\ Miguel Artola señala que ya en esta centuria se da el
nombre de asiento a la negociación de anticipos de dinero, he­chos
en tiempo, lugar y moneda, con frecuencia distintos de
^ GARANDE, R.: «Carlos V y sus banqueros», t. III, p. 1 1 y ss. (Publicado en
«Sociedad de estudios y publicaciones» Madrid, 1 968.)
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62 FATIMA MELIAN PACHECO
aquellos en que se hace el pago^. Para el s. XVII, tal definición
puede aún considerarse como válida.
El contrato, que puede ser individual o colectivo, es decir, con
uno o más asentistas, compromete a entregar una suma de dine­ro
determinada (llamada «provisión»), en el lugar, para el objeto y
por el tiempo estipulado por la Corona. A cambio el Monarca
debe «consignar» al particular una renta para que se cobre el im­porte
del asiento; cantidad que se verá incrementada con gastos
e intereses. Las consignaciones más utilizadas serán todas aque­llas
rentas libres o parcialmente comprometidas, incluidas las
rentas reales —sobre las que el Monarca tiene más fácil acceso
por razón de su regalía—, y la plata de Indias.
La concertación del préstamo implicaba la transferencia de
fondos de un lugar a otro de la Monarquía, fundamentalmente
fuera del ámbito peninsular. En consecuencia el asentista se verá
sujeto a los cambios de la moneda y a los gastos de transporte
del mismo. Al tiempo que, como señala Domínguez Ortiz, juega
un papel fundamental pues,
«...regula la corriente de numerario, convirtiéndola de
discontinua a continua»^.
Bajo este esquema D. Baltasar de Vergara y Grimón, vecino de
Tenerife, concierta con Felipe IV un asiento con fecha del 14 de
octubre de 1650. Compra a perpetuidad y por juro de heredad
«...los derechos del estanco del tabaco de las Siete Islas de Cana­ria
», por un precio de 120.661 escudos, 7 reales y 6 maravedíes
de vellón*. La cantidad se librará a la Real Hacienda de la siguiente
manera: 95.000 escudos en efectivo y el resto en medias anatas^.
2 ARTOLA, M.: «La Hacienda en el Antiguo Régimen», p. 67.
3 DOMÍNGUEZ ORTIZ: «Política y hacienda de Felipe IV», p. 85.
'' De las referencias halladas sobre la cuantía de la compra, esta parece ser la
más precisa (A.G.S., C.M.C. 3.' época, leg. 1 32, n." 5). Otras fuentes dan un monto
de 80.000 ducados (A.G.S., C.J.H., 1822; R.C. de 1653 sobre un donativo para
Canarias); o rebajan a 60.000 reales de vellón el precio de la renta (Museo Británi­co,
fondo Egerton, 2083).
^ El conocimiento del asiento de 1650 ha sido posible por alusiones indirec­tas.
Si bien el texto fue localizado, no se pudo utilizar por el mal estado de conser­vación
del documento.
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LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 63
Como los ingresos fiscales ordinarios que realiza la Corona
de Castilla a lo largo del XVII no bastaban para cubrir totalmente
los gastos militares de la Monarquía, el asiento aparece en un
contexto de anormalidad política, en momentos de máxima ur­gencia.
El contrato va a permitir a la Corona obtener recursos di-nerarios
de forma inmediata, cuando supuestamente falta liquidez
en la tesorería de la Real Hacienda, y mientras se solicita de las
Cortes algún «servicio» extraordinario.
En la década de los cuarenta van a ir apareciendo nombres
sin que ninguno de ellos destaque de forma notoria. Las grandes
estirpes de banqueros reales estudiadas por Ramón Carande para
el s. XVI^, son reemplazadas por figuras irrelevantes, que a cam­bio
del arrendamiento de una renta dan provisiones a la Corona.
Como ejemplo encontramos a un tesorero de Murcia, Antonio de
Soria, que en 1644 anticipa 150.000 ducados a cambio de la
Renta del Tabaco del Reino.
Los años que median entre las suspensiones de pago de
1 647 y 1 652 son fundamentales en el desarrollo de las finanzas
hispanas. Los asentistas extranjeros se retractan (ante las quie­bras)
de concertar nuevos contratos; momento que es aprove­chado
por los hombres de negocios españoles^.
En 1650 Luis de Haro, entonces presidente del Consejo de
Hacienda, recurre a los mercaderes de Sevilla en busca de em­préstitos
para el sostenimiento de las cargas de la Monarquía.
Domínguez Ortiz ha señalado que fueron en su mayoría provisio­nes
para los Países Bajos, préstamos que se consignaron con la
plata llegada de Indias. En este contexto de necesidad perentoria
de dinero para los gastos imperiales, y a las puertas de una nueva
quiebra del Estado (suspensión de pagos de 1652), se inserta el
asiento de D. Baltasar de Vergara y Grimón por el tabaco de Ca­narias.
Si bien no es posible dar la biografía de D. Baltasar de Verga­ra
de forma minuciosa, hay ciertos datos de su figura que lo con­vierten
en un elemento singular en las Canarias de mediados del
XVII. Las noticias que se han obtenido le señalan como un rico
mercader isleño que se ocupa de hacer transacciones comercia-
6 GARANDE: Op.cit.
7 DOMINGUEZORTIZ:Op. cit, p. 141.
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64 FATIMA MEUAN PACHECO
les de cierta importancia con los puertos del Atlántico. Cádiz y
Sevilla, Amberes, La Habana y distintos puertos ingleses serán ci­tados
en su testamento como ejes de sus negocios. El comercio
de los vinos canarios parece ocupar un apartado importante en
éstos, según se desprende de los contactos mantenidos con el
traficante londinense John Paige^. Si bien sólo podemos, por el
momento, especular sobre sus actividades como cosechero de v i ­des
en las tierras del mayorazgo de Gorborana en el Realejo de
Arriba; debieron éstas respaldar la actividad mercantil. Esta pare­ce
ser la fuente inicial de su riqueza, convirtiendo a Baltasar Ver-gara
en un personaje con los suficientes recursos monetarios
para hacer préstamos al Rey.
Su mentalidad capitalista le lleva a invertir su dinero en nego­cios
de beneficios seguros, y ya a mediados del XVII, el estanco
del tabaco se apuntaba como la partida más importante de las
rentas reales. Si a ello unimos que dicha renta en Canarias —su
medio más inmediato— se encontraba sin enajenar y que el índi­ce
de consumo era positivo, las ventajas de la compra del estanco
del tabaco de las Islas eran claras.
Por su capacidad para el préstamo, su mentalidad inversio­nista
y la supuesta dedicación a administrar una renta de la Coro­na,
se le podría encasillar en lo que Artola llama burgués financie­ro^.
Para Domínguez Ortiz y Garzón Pareja se encontraría mejor
definido como «hombre de negocios» del XVII.
Sobre ellos la historiografía habla siempre negativamente,
porque aparecen voluntariamente y como oportunistas en los
momentos más angustiosos para el Reino. Por ello, el Monarca se
ve obligado a hacerles importantes concesiones. De las concerta-ciones
entre la Corona y Don Baltasar, éste obtiene ventajas eco­nómicas,
pero también sociales.
Antes de plantear cuáles fueron éstas, hay que señalar que,
en general, se corren dos tipos de riesgos en las relaciones entre
la Corona y el asentista-prestamista. En primer lugar, que la Co­rona
puede declarar «suspensión de pagos» de los préstamos he­chos
por los asentistas, o retrasarse en el pago efectivo de los
8 Ver «The letters of John Paige, London Merchant, (1648-1658)», editados
por G.F. Steckeley. London Record Society, 1 984.
9 ARTOLA, M.: Op. cit, p. 21 5.
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LA RENTA DEL TABACO EN CAÑAR/AS 65
mismos. En caso de quiebra o demora, la deuda que fue contraída
a corto plazo por el asiento, se amortiza a largo plazo con la crea­ción
masiva de «juros» ^°.
Por otro lado, también puede ocurrir el incumplimiento por
parte del asentista. Este se puede declarar en quiebra, no librando
la cantidad concertada con la Corona; o bien defraudando a la
Corona en su gestión de arrendamiento.
La compra en empeño de los derechos del estanco de tabaco
de Canarias hecha por D. Baltasar de Vergara no estará exenta de
conflictos con la Corona.
En 1650, Felipe IV comisiona a Juan de Góngora, Marqués
de Almodóvar, por entonces presidente del Consejo de Hacienda,
para que averigüe la legitimidad y validez de la venta de oficios y
regalías hechas en las Islas en momentos en que las necesidades
de la Monarquía exigían de recursos prontos". Se le concede ple­na
jurisdicción en su tarea, inhibiéndose a Consejos, Audiencias,
Chancillerías, Corregidores, Alcaldes, jueces u otros ministros del
derecho de apelar en sus decisiones. Este cargo le llevará años
más tarde a denunciar ante la Reina Regente, Doña Mariana de
Austria, las arbitrariedades en la venta del tabaco de Canarias.
Juan de Góngora, a través de diligencias secretas, comprue­ba
que Baltasar de Vergara y Grimón compró el estanco de las Is­las
por la cantidad de 60.000 reales de vellón de renta, mientras
se beneficiaba con 30.000 ducados anuales. El hecho afectaba
sobremanera a la Real Hacienda, lo que insta a la Regente a pro­seguir
la investigación de manos del Marqués de Almodóvar^^.
Finalmente el fiscal de la Real Hacienda introduce demanda
de nulidad del asiento de 1 650, y señala «lesión enormísima» a la
^0 Esta modalidad de deuda (en juros) se caracteriza porque para hacer efec­tivos
sus intereses, estos debían estar «situados» sobre una renta. Entendemos
que el «situado» consiste en el derecho prioritario que tiene el particular de tomar
ciertas cantidades de dinero directamente de los ingresos de una renta y lugar
concretos. Avanzado el s. XVIII la renta de tabaco del Reino será objeto de esta
medida.
^ ^ Museo Británico, fondo Egerton, leg. 2083 (R.C. de 3 de junio de 1 650 in­serta
en la R.C. de 20 enero 1 667).
^2 Ibídem. (R.C. 20 de enero de 1 667). Por entonces, el Marqués de Almodó­var
había abandonado la presidencia del Consejo de Hacienda, y era nombrado ad­ministrador
de los fondos para gastos secretos de la Monarquía.
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66 FAT/MA MEUAN PACHECO
Corona en dicha venta y privilegio por el alcance que se da en su
administración. El pleito entre D. Baltasar de Vergara y el Consejo
y Contaduría Mayor de Hacienda se prolonga durante años,
iniciándose de manos de Andrea Piquinoti por designación real ^^.
Inhibidos el Capitán General y la Audiencia de Canarias, la
sentencia condena a don Baltasar a restituir a la Real Hacienda el
estanco de las Islas, y el dinero que importó durante su adminis­tración.
Se determina que el arrendamiento sería de 60.000 rea­les
anuales, los que debe de ingresar en Hacienda con un siete
por ciento de interés anual. Por Auto del 1 1 de marzo de 1671 se
obliga al asentista a proveer 68 cuentos de maravedís de vellón
al tesorero del Consejo de Hacienda, bajo pena de embargo de
sus bienes''*.
La justicia se mostraba poco férrea en este caso en compara­ción
con lo que se estipulaba para los defraudadores de las rentas
reales. Cuando en 1715 Juan de la Ripia —contador de S.M.—
compendiara la legislación antecedente sobre la administración
de rentas reales, señalará al respecto lo siguiente:
«Cualquier persona que defraude y usurpe las rentas, te­niendo
oficio en las mismas rentas, pierde todos sus bie­nes
y será desterrada para siempre de estos Reinos. La
misma pena corren los que, aunque no tengan oficio, den
favor, ayuda o consejo; restituyendo lo defraudado, más
un cuarto por ciento de todo ello. Si es arrendador pierde
todos sus bienes y destierro perpetuo»'^.
La sentencia a Vergara y Grimón no le conformará; de mane­ra
que apela al Consejo de Hacienda en Sala de Justicia (12 de
diciembre de 1 673). La vista será presidida por cinco «aconados»
del Consejo de Castilla nombrados, a propósito, por la Reina Doña
Mariana. La composición de este tribunal demuestra las compe­tencias
judiciales en materia fiscal de dicho Consejo; así como el
13 Ibídem.
1" A.G.S., C.M.C. 3." época, leg. 1 32, n.» 5.
15 RIPIA, J. de la; «Práctica de la adminstración y cobranza de las Rentas
Reales, y visita de los ministros que se ocupan de ellas» (Madrid, 1715), lib. Vil,
fol. 34.
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LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 67
carácter subsidiario del de Hacienda. Por Auto de 1 7 de julio de
1 6 7 4 se detiene el embargo de los bienes mientras «...se hace en
las dichas Islas de Canarias la información del valor de dicha ren­t
a » '^
En esta ocasión Su Majestad comisiona a Gutiérrez Laso de
la Vega, de la Audiencia de Canarias, para tal tarea'^. Este estipu­la
que el precio del arrendamiento anual del estanco de las Islas
es mucho mayor de lo que en otra ocasión se apuntó, montando
94.000 reales. La Real Hacienda se ve alcanzada en 2 8 cuentos,
836.141 maravedíes de vellón.
Mientras llegan estas noticias al Consejo, se produce la
muerte de don Baltasar (Madrid, 13 de octubre de 1674). En su
testamento lega el estanco de tabaco de las Islas a su sobrino
Diego de Alvarado Bracamonte, legando, en consecuencia, el
pleito con el Consejo de Hacienda'^. La solución al mismo sólo
será posible con una nueva concertación con la Corona, como ve­remos
en su momento.
De la lesión o quebranto que sufre la Real Hacienda por ra­zón
del alcance en la venta del estanco de Canarias, se desprende
la existencia de grandes beneficios en favor de Vergara y Grimón.
Pero no obtuvo únicamente ventajas económicas: sus prestacio­nes
monetarias a la Corona le procurarán el ascenso social. Ade­más
de la provisión hecha en 1 6 5 0 por el estanco del tabaco, sir­ve,
en otra ocasión, a su Majestad con 34.000 maravedíes de a
ocho, para ayuda de galeras^^. Por estas prestaciones, Carlos II
concede el 1 8 de marzo de 1666 a don Baltasar de Vergara el tí­tulo
de primer Marqués de Acialcázar. El título fue precedido del
Vizcondado o Señorío que lleva el mismo nombre en el Reino de
Sevillano.
^ 6 A.G.S., C.M.C., 3.» época, 132, n.° 5, fol. 6.
1^ Ibídem, fol. 30-31.
'^ A.H.P. S/C de Tenerife, 3140, fol. 604, (Copia del testamento, fechado en
Madrid, el 14 de octubre de 1 674, ante el escribano Juan García Blanco).
'9 FERNANDEZ BETHANCURT: «Nobiliario de Canarias», t. IV, p. 951
(nota 1).
^° ATIENZA, J.: «Diccionario Nobiliario». La concesión jurisdiccional de la Vi­lla
de Acialcázar probablemente llevaría implícita el disfrute de sus derechos fisca­les.
Bajo estas concesiones de títulos se esconde una enajenación de la Corona
Que pocas veces es recordada por la historiografía.
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No se trata de una casualidad que se le haga esta concesión
en Sevilla. Domínguez Ortiz nos da noticia de una consulta con fe­cha
de 5 de enero de 1653 sobre el estanco de tabaco de la ciu­dad
y su partido. En ella se señala que le fue hecho un asiento a
Baltasar de «Guevara» por 170.000 escudos colocados en Flan-des^
V La confusión que pueda suscitar el cannbio de apellido del t i ­tular
—que parece ser un error de transcripción—, queda solventa­do
al poder verificar la posesión de ambos estancos de tabaco (de
Canarias y de Sevilla) en manos del primer Marqués de Acialcázar.
Sobre el estanco sevillano se señala en su testamento:
«...desde luego en la vía y forma que mejor puedo y a lu­gar
de derecho nombro a Doña Francisca Viña de Alvara-do
(...), por sucesora de dicho Marquesado y estado de
Acialcázar (...) y para los alimentos del estado del Mar­quesado
dejo los 170.000 ducados de plata del estanco
de tabaco de Sevilla que su Magestad me empeño para
que le goce según y en la forma que me toca por Real
Cédula de S.M.»".
Y respecto al tabaco de Canarias se determina lo siguiente:
«...a Don Diego de Alvarado, mi sobrino, todo lo que toca­re
de la renta del estanco de tabaco en las Islas de Cana­ria
en propiedad para el susodicho y sus herederos, para
que lo reciba y cobre lo que corriere desde el día de mi
fallecimiento en la misma forma que a mi me pertenece
en virtud de la Cédula Real de S.M. sin limitación, ni inter­vención
de cosa alguna...»^^.
21 DOMINGUEZORTIZ:Op. cit, p. 141.
22 Esta disposición sobre el estado de Acialcázar y el estanco de tabaco sevi­llano
será objeto de pleito entre sus herederos. Florentina Viña de Vergara y Jo-seph
Mesa y Lugo, Marqueses de Torrehermosa, obtienen sentencia a su favor por
la Chancillaría de Granada (6 de febrero de 1685), al no ceñirse Francisca Viña a
las condiciones estipuladas en el testamento de su tío (A.H.N. Cons., 30.909).
Años más tarde, el Marqués de Mejorada y Breña presenta una segunda suplica­ción
al Consejo de Castilla, sentenciando éste en favor de Francisca Viña y su ma­rido,
Esteban Llarena Calderón (Resolución de 9 de junio de 1 694; A.H.P. S/C de
Tenerife,, leg. 31 52, s.f).
23 A.H.P. S/C de Tenerife, 3140, fol. 604.
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LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 69
Teniendo en cuenta la posesión de ambos estancos de taba­co
en una misma persona, se podría quizás especular sobre el
grado de dependencia de uno sobre el otro, a falta, por el momen­to,
de documentación que lo constate, preferimos centrar nuestra
atención sobre cuál fue el derrotero posterior de la administración
de tabaco de las Islas.
Hemos de finalizar este apartado de la evolución del tabaco
de Canarias señalando, que Baltasar de Vergara y Grimón fue
algo más que un hombre de negocios en el XVII canario. Con
mentalidad racional invierte en uno de los apartados económicos
de las Islas con el fin de obtener pingües beneficios, fundamental­mente
el ascenso social. Convertido en Marqués de Acialcázar,
engrosa las filas de la aristocracia canaria; esa aristocracia nueva
que—según palabras de Domínguez Ortiz—, «...surge de las mer­cedes
de los Austrias y de las necesidades de las finanzas...»^".
2" DOMÍNGUEZ ORTIZ: «Política fiscal y cambio social...», p. 104.
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CAPITULO VI
ARRENDAMIENTOS DE TABACO
La enajenación del estanco de tabaco en favor de un particu­lar
significa la concesión de poderes para la recaudación de los
ingresos de la renta. Baltasar de Vergara y Grimón subarrienda
ios estancos insulares como sistema de recaudación y de admi­nistración.
El arrendamiento del tabaco de las Islas adquiere un matiz
distinto de relación con los del período precedente. Si bien si­guen
existiendo arriendos parciales por Islas, como en la etapa de
los Cabildos; en primera instancia, y englobándolos, se da otro
para el conjunto del Archipiélago.
En este sentido podemos distinguir en el arrendamiento del
estanco de tabaco de Canarias tres niveles:
1) El correspondiente a los arrendadores y administradores ge­nerales
que se suceden por nombramiento de don Baltasar;
2) el de los distintos arrendadores insulares;
3) y el de las jurisdicciones y estancos de la renta en Tenerife.
Se trata, sin duda, de un esquema simplificado de la adminis­tración,
en el que se hace hincapié sobre la jerarquización de los
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72 FATIMA MEUAN PACHECO
niveles inferiores. Así, por ejemplo, la obtención de un arriendo de
tabaco insular depende de los administradores generales, al tiem­po
que el arriendo de la jurisdicción depende del principal de la
Isla. Suponemos la existencia del tercer nivel —partidos jurisdic­cionales
y estancos— en las demás Islas, ya que se constata en
Tenerife dependiendo, en este caso, de los administradores gene­rales.
1. Administradores generales
A D. Baltasar de Vergara lo encontramos, en la mayoría de
las ocasiones, residiendo en la Villa de Madrid, muy cerca de la
Corte. Era lo conveniente para quien buscaba privilegios y favores
del Rey. Ello, sin embargo, tiene como contrapartida el que debe
abandonar la gestión directa sobre su patrimonio, hacienda y ne­gocios
y ceder poderes a otros para su administración. Será el
Capitán Marmaduke y Randon, un comerciante inglés avecindado
en la Isla de Tenerife, quien adquiera la administración, gasto y
cobranza del estanco de tabaco por seis años, aun antes de la
concertación del propio asiento del año 1 6 5 0 ' . El hecho es signi­ficativo,
en tanto que este comerciante adelantará 55.000 duca­dos
a D. Baltasar, como anticipo de la cantidad que le exige Feli­pe
IV por la compra en empeño de los derechos del estanco del
tabaco en Canarias.
La administración de la renta es transferida por Vergara y
Grimón, mediante escritura de arrendamiento con fecha de dos
de febrero de 1 658, a su sobrino Diego de Alvarado Bracamonte.
Si bien queda probada la existencia del documento por múltiples
referencias posteriores, la escritura es en la actualidad ilegible por
el mal estado de conservación del protocolo notarial que la repro­duce^.
Sin embargo, la intervención de Diego de Alvarado como ad-
' El poder tiene fecha de 3 y 6 de enero de 1 649 ante el escribano de la V de
Madrid, Francisco Núñez de la Torre (cit. en A.H.P. S/C. de Tenerife, leg. 500, fol.
542).
2 A.H.P. S/C. de Tenerife, leg. 703 del escribano Gaspar González de Espino­sa
de La Laguna.
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LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 73
ministrador general del tabaco se hace patente, apareciendo
como el concertador de los arrendamientos parciales durante lar­go
tiempo. Dicha gestión sólo parece verse interrumpida, indirec­tamente,
cuando delega en otros por ausencia, o con ocasión de
un conflicto de intereses con su tío.
Mediante un poder, fechado en Madrid el 25 de junio de
1661 ante el escribano del Rey Joaquín Blanco, D. Baltasar de
Vergara y Grimón otorga la administración de bienes y haciendas
libres y Mayorazgos a D. Benito Viña de Vergara y Llarena^. Entre
las concesiones dadas se señala explícitamente:
«...y así mismo le doy poder para que en el dicho mi nom­bre
pueda recibir y administrar y administre los estancos
del tabaco que tengo en las Siete Islas de Canaria según
y como me pertenecen...
(...) Y por cuanto tengo dado poder para la dicha ad­ministración
del estanco del tabaco a D. Diego de Alvara-do
Bracamonte, residente en las dichas Islas, dejándole
como le dejo en su buena toma y opinión se le revoca de
todo y por todo según y como en el se contiene para que
no use más de él y pido a cualquiera le haga noticia de
esta revocación para que repare el perjuicio que haya lu­gar
el derecho»"*.
Tras esa suspensión de poderes de Diego Alvarado existe un
impago de cantidades que debía satisfacer a D. Baltasar por ra­zón
del arriendo del año 58. Así se constata en una carta de pago
a su nombre, donde se plasma la entrega de 30.000 reales de
plata en favor del arriendo^.
La revocación de poderes no contentó a Diego Alvarado; liti­gando
ambas partes por la administración del estanco de Cana­rias.
Alvarado, amparándose en la escritura del 58; Benito Viña
—su cuñado— de acuerdo con el citado poder. El pleito parece
^ Benito Viña, unido por matrimonio con doña Juana de Alvarado Bracamon­te,
será cuñado, asimismo, de Diego de Alvarado. Otros datos biográficos se en­cuentran
recogidos en el «Nobiliario de Canarias», t. I, p. 1 1 6.
" A.H.P. S/C. de Tenerife, teg. 3129, fol. 359 (Es copia del original).
5 Ibídem, leg. 31 3 1 , fol. 128 (Carta de pago, marzo de 1663).
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haber estado recogido en la escribanía de Matías Orannas, pero
se trata de una documentación igualmente ilegible^; por lo que
las referencias se han obtenido de protocolos notariales contem­poráneos.
La administración de la renta pierde coherencia durante al­gún
tiempo. Mientras D. Baltasar se encuentra ocupado en man­tener
sus derechos de propiedad del estanco de tabaco de Cana­rias
ante el Consejo de Hacienda, se superponen en las Islas
arrendamientos, poderes y competencias de una y otra parte. En
este contexto, Diego Alvarado de un poder a su hermano Cristó­bal
para continuar la administración. El documento resulta suma­mente
enriquecedor pues en él quedan recogidas las funciones
del administrador general del tabaco de las islas':
—Podrá hacer arrendamientos con las personas que libre­mente
elija, a los precios y cantidades concertadas de co­mún
acuerdo. Los arrendamientos deberán guardar unas
condiciones o cláusulas que aseguren el cobro.
—Quitar o sustituir a los guardas o ministros de los distintos
puertos de las Islas, así como a los estanqueros que no
cumplan con su obligación según las escrituras.
—Nombrar en cada Isla, ciudad, villa o lugar a los jueces con­servadores
necesarios para el aumento de la renta; convir­tiéndoles
en agentes contra el fraude, y ejecutores de los
castigos según lo legislado por Su Majestad.
El pleito por el control de la renta se plasma en las continuas
delegaciones que hacen los litigantes en otros personajes, funda­mentalmente
en el Capitán Lorenzo de la Cruz, escribano de la Vi­lla
de La Orotava, que recibe poderes de ambas partes^. Final­mente,
el conflicto concluye con la concertación de una nueva es-
6 Ibídem, leg. 825 (escribano de La Laguna, Matías Dramas, años 1660-63).
7 Ibídem, leg. 1667,fol. 85.
8 Poder de Alvarado el 1 7 de febrero de 1666 ante el escribano Diego Ramí­rez
(A.H.P. S/C. de Tenerife, 1387, s.f.); poder de B. Viña de 7 de Julio de 1666
ante el escribano Miraval Rivero (cit. en A.H.P. S/C. de Tenerife, 3134, fol. 461);
poder de Alvarado de 30 de octubre de 1668 desde Madrid (A.H.P. S/C. de Tene­rife,
3137, fol. 121).
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LA RENTA DEL TABACO EN CANARIAS 75
critura de arrendamiento entre D. Baltasar y D. Benito Viña^. El
nuevo arrendador hubo de abandonar, sin embargo, la gestión so­bre
la renta cuando pasa a Madrid como Diputado General de Te­nerife
en la Corte de S.M., donde le sorprende la muerte en el año
1669.
En la administración general del estanco de las Islas se en­contraba
entonces Juan de Iriarte, cargo que conserva por órde­nes
de la nueva titular del arrendamiento, Juana de Alvarado, y
por las del Marqués de Acialcázar'°.
La importancia que adquiere este administrador general del
tabaco de las Islas, excede el ámbito de sus competencias sobre
la renta. Juan de Iriarte será el apoderado de todos los bienes que
tiene el Marqués de Acialcázar en las Islas. Su gestión sobre el
patrimonio nobiliar se ve interrumpida por la muerte de D. Balta­sar,
pero el reconocimiento a su tarea queda expreso en una de
las cláusulas del testamento:
«...Por quanto Juan de Iriarte me está administrando mis
bienes en las Islas de Canaria mando se le den dos mil
ducados por una vez»''.
Hay que señalar que este Juan de Iriarte que aparece en el
último tercio del XVII en La Orotava, concertando subarriendos
de estancos de tabaco de las Islas, no parece ser el mismo Juan
de Iriarte y Echevarría que inicia la estirpe en el Puerto de la Cruz.
Si nos ceñimos a los datos aportados por Guigou Costa'^, nues­tro
Iriarte tendría sólo un año de edad cuando gestionaba sobre el
tabaco de Canarias. Se trata, pues, de personas distintas, o hay
datos que exigen una revisión.
^ De esta escritura no se tiene más noticia que su fecha, el 12 de junio de
1666 (A.H.P. S/C, 3134, fol. 461 y ss), pues el protocolo notarial de M. Dramas
ha desaparecido.
' ° Poder fechado en el pago de Gorborana (Realejo de Arriba), el 1 7 de febre­ro
de 1671 por Juana de Alvarado Grimón (A.H.P., S/C. de Tenerife, 3138, fol.
35).
1' A.H.P. S/C. de Tenerife, 3140, fol. 604 y ss.
'2 GUIGOU COSTA, D. M.: «El Puerto de la Cruz y los Iriarte». Prólogo de Al-varez
Delgado, Tenerife, 1 954.
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2. El Arriendo
En las escrituras de arrendamiento, junto con un conjunto de
datos variables (titular, precio del arrendamiento, cantidad de ta­baco
abastecida...), aparece un gran bloque de cláusulas de condi­ciones
que determinan el contrato. Estas no sufren cambios nota­bles
en el tiempo, dando a las escrituras de arriendo de tabaco
una uniformidad que las identifica de forma particular. En todas
las ocasiones se trata, exclusivamente, de contratos «...de permi­sión
de la venta y distribución de tabaco» para el lugar concreto
del arriendo. Ello limita cualquier intento del arrendatario para tra­ficar
con el género fuera de su ámbito.
El comercio de tabaco en las Islas es controlado por el admi­nistrador
general del estanco. Cuando se trata del arrendamiento
de una Isla, se estipula que el titular puede suministrarse libre­ment