Resumen histórico documentado de la Autonomía de Canarias

              Resumen histórico y documentado de la autonomía de Canarias
^-.^.;l* í
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
RESUMEN HISTÓRICO
DOCUMENTADO
DE LA AUTONOMÍA
DE CANARIAS © Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
U MEMORIA
RESUMEN HISTÓRICO
DOCUMENTADO
DE LA AUTONOMÍA
DE CANARIAS
MANUEL VELAZQUEZ CABRERA
ISLAS CANARIAS
1994
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
Velázquez Cabrera. Manuel
Resumen histórico y documentatio de la Autonomía de Cananas
Manuel Velázquez Cabrera - Islas Canarias
Vrceconceieria de Cultura y Deportes, 1994 124 p : 2] cm
- 1 Derecho autonómico-Historia-Canarias 1 Canarias
Vícenconsejerla de Cultura y Deportes, ed I] Titulo 342 26 1460 41) (094)
VICECONSEJERO DE CULTURA Y DEPORTES
Miguel Cabrera Cablera
DraECTORA GENERAL DE CULTURA
Hilda Mauricio Rodríguez
DIRECTOR DE PUBLICACIONES
Carlos Gaviño de Franchy
DIRECTOR DE LA COLECCIÓN
José A, Alemán
COORDINACIÓN
Imaco 89, S,L
DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Montse Ruiz
FOTOCOMPOSICIÓN
Color - Relax, S L,
IMPRESIÓN
Nueva Gráfica, S.A L
AGRADECIMIENTOS
Herederos de Manuel Velázquez Cabrera
ISBN OBRA COMPLETA; 84-7947-1662
ISBN I" VOLUMEN: 84-7947-1670
D,L. 1" VOLUMEN: TF. 2891
O para el texto; Herederos de Manuel Velázquez Cabrera
O para el prólogo: Herederos de Bernardino Correa Viera
Ficha catalográfica realizada por la Biblioteca
Pública del Estado de Las Palmas de Gran Canaria
VICECONSEJERÍA DE CULTURA Y DEPORTES
GOBIERNO DE CANARIAS
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
ÍNDICE
INTRODUCCIÓN 9
p Nota preliminar 11
Sobre la presente edición 13
PRÓLOGO A LA EDICIÓN DE 1973 15
•
RESUMEN HISTÓRICO DOCUMENTADO DE LA AUTONOMÍA DE CANARIAS 27
• A los hijos del archipiélago canario 29
A las cortes 37
Conclusiones de la asamblea de Santa Cruz 54
Conclusiones de la asamblea de Las Palmas 56
Disposiciones transitorias 66
Artículos adicionales 66
Post nubila phoebus 68
VIAJE PLEBISCITARIO 71
• Conferencias en Barcelona 75
Conferencia con Moret 82
Conferencia con Canalejas 110
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
INTRODUCCIÓN
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
NOTA PRELIMINAR
En 1973, el Cabildo Insular de Gran Canaria publicó el «Resumen
Histórico Documentado de la Autonomía de Canarias», del abogado
majorero Manuel Velázquez Cabrera. La edición constaba de quinientos
ejemplares. El trabajo lo fechó el autor en 1913 y gira en torno al denomina­do
«plebiscito» que las islas de Lanzarote, Fuerteventura, El Hierro y La
Gomera elevaron a las Cortes de la mano del propio Velázquez con el áni­mo
de lograr un sistema de representación y de autogobierno que las saca­ra
de la órbita del pleito insular entre Las Palmas de Gran Canaria y Santa
Cruz de Tenerife que llevaba ya demasiado tiempo en el centro del escena­rio
político de las islas reclamando la exclusiva de todas las atenciones y
esfuerzos.
La oportunidad del «plebiscito» la dio el Gobierno de la Nación que,
deseoso de acabar con el viejo enfrentamiento, dirigió en 1910 a las corpo­raciones
e instituciones de las islas un cuestionario acerca del régimen
administrativo que consideraban el adecuado para solucionar la denomi­nada
«cuestión canaria» y acabar con las disputas. Con más o menos mati­ces,
Las Palmas y Santa Cruz respondieron de acuerdo con sus tesis
encontradas de siempre, unidad provincial o división. Manuel Velázquez,
sin embargo, vio la ocasión, redactó el «plebiscito», lo pasó a la firma de la
población y se plantó en la Península —Barcelona, primero; Madrid, des­pués—
dispuesto a defender el planteamiento que sería claro precedente
de la ley de Cabildos de 1912. Es verdad que la solución cabüdicia la preco­nizaban
también otras personas, pero ninguna tuvo la capacidad de inicia­tiva
y la audacia de Velázquez que, además, supo moverse con acierto en
11
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
los ambientes políticos de Madrid consiguiendo para el «plebiscito» impor­tantes
apoyos parlamentarios.
Para quienes conocieron hace veinte años este texto —del que la
mayoría sólo tenían referencias indirectas— estuvo claro que era el expo­nente
de uno de los momentos de mayor creatividad político-administrati­va
del archipiélago y que había arrancado, significativamente, no de las
dos islas principales, que no veían más allá de los términos de su pelea ya
secular, sino de las que venían padeciendo las resultas negativas de un
pleito estéril.
La publicación del texto de Velázquez, en 1973, se produjo al ce­rrarse
la gran polémica que acompañó a la elaboración de la ley de Régi­men
Económico y Fiscal (REF) de 1972, en la que se pretendieron introdu­cir
también reformas administrativas en sentido autonomista, lo que resul­taba
entonces imposible, bajo el franquismo, por lo que el «Resumen...»
vino a ser un documento esclarecedor que añadir al mejor conocimiento
de la historia política de Canarias de cara a la transición democrática que
se produciría años después. De su virtualidad hablan las vicisitudes de las
actuales reformas estatutaria y del sistema electoral en las que laten, a
poco nos fijemos, con las correspondientes «actualizaciones», los proble­mas
que Velázquez detectara en su día y que le impulsaron a actuar, aun­que
existan notorias diferencias entre lo que planteaba el «plebiscito» y los
insularismos de hoy
No es mal título para iniciar una colección de las pretensiones de
La Memoria, que busca rescatar y volver a poner en circulación las reflexio­nes
de quienes nos han precedido sobre distintos aspectos de Cananas.
Es preciso recuperar y tener bien presentes esas aportaciones que pare­cen
condenadas al olvido de una generación a otra pero que contienen no
pocas claves explicativas.»
12
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
SOBRE LA PRESENTE EDICIÓN
No es preciso decir mucho más como mtroducción a la edición del
«Resumen...» —o del «plebiscito», si se prefiere— porque hemos respetado
el prólogo que a la de 1973 hiciera Bernardino Correa Viera. En él se recoge
la semblanza de Velázquez y se narra la forma en que se gestó el plebiscito.
Además, el propio Correa Viera tenia también las cosas muy claras y no
desaprovechó la oportunidad de apuntar sus ideas acerca del nunca bien
resuelto problema administrativo que encontrara en la ley de Cabildos uno
de los acercamientos más imaginativos y ajustados a la modernidad de su
tiempo. Tiene el prólogo de Bernardino Correa, pues, e! suficiente valor en
sí mismo como para eximirnos de reiteraciones innecesarias.
Añadimos en esta ocasión el diario del «Viaje plebiscitario». Manuel
Velázquez escribió, de su puño y letra, las incidencias de aquel peregrinar
de Barcelona a Madrid entre las que figuran sus encuentros con Maura,
Romanones, Canalejas, Lerroux, Pí y Arsuaga, etcétera, ofreciéndonos el
testimonio directo de lo que opinaban acerca de la «cuestión canaria». El
«plebiscito» encontró apoyos, como hemos dicho, pero también reticencias
que son ¿extrañamente? actuales: algunos políticos pensaban que Canarias
pedía demasiado y temían que en otros lugares de la Península se solicitara
lo que el «plebiscito» consideraba imprescindible para las islas.
El diario del viaje, transcrito directamente del original manuscrito
que conserva la hija de Velázquez, Carmen, se refiere a personajes conoci­dos
y lo recorre, en todo momento, la sombra de Fernando de León y Casti­llo.
Manuel Velázquez era consciente de que el «plebiscito» supondría la
definitiva muerte política de León y Castillo, al que consideraba un caci­que,
y de la misma opinión participaban varias de las figuras políticas a las
que presentó su proyecto. El diario, hasta ahora inédito, es buen comple­mento
de la obra de Velázquez y bastante revelador de los entresijos de la
política de la época. En algunos casos se han añadido al texto notas en
cursiva acerca de los personajes citados. •
13
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
PROLOGO
a la edición de 1973
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
Vamos a comentar la obra de don Manuel Velázquez Cabrera, un
hombre soterrado bajo el silencio y el olvido, y que jugó un gran papel en la
importante historia del régimen local de las Islas Canarias.
Para don Manuel, la isla es la más vigorosa personalidad geográfica
que existe, sobre la que debe montarse su administración y gobierno. La
isla-está por encima de la Provincia y de cualquier otra división adminis­trativa.
En algunos ejemplos se verá claramente su idea: la sanidad y bene­ficencia
son insulares. Una carretera nace en la isla y muere en ella, y no
tiene nada que ver con las caneteras de las demás islas y menos con las
del resto de la nación, etc., etc.
En síntesis, esta fue la doctrina que sentó don Manuel Velázquez
Cabrera, promotor y artífice de los Cabildos Insulares en su «plebiscito»,
duramente atacado cuando lo concibió e injustamente olvidado en los 59
años transcurridos desde entonces ahora, a pesar de que los Cabildos han
sido las corporaciones que más han contribuido a resolver el «problema
canario», y el único camino para terminar con él, el día que lleven los prin­cipios
que anteceden a sus últimas consecuencias y se creen los instru­mentos
y órganos de contacto con el Gobierno de la Nación.
Quien lea la obra que presento, verá que don Manuel Velázquez
Cabrera fue un perfecto caballero, lleno de pundonor, que renunciaba los
cargos o los dimitía, cuando contemplando el camino de la acción eficaz,
preveía la imposibilidad de actuar o cualquier forma indigna de obrar jQué
tiempos y qué hombre!
Poseía asimismo una voluntad indomable y pertinaz. La vida con
sus crueldades y durezas le forjó y lo puso a punto para resistir sin desma­yo
la lucha con unos cacicazgos bien enraizados y prestigiosos en mérito a
17
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
sus obras patrióticas, pero que al fin y al cabo, usaban y abusaban de los
procedimientos propios de los caciques.
Don Manuel nació en Tiscamanita el 11 de noviembre de 1863, un
diminuto lugar de la extensa y despoblada Fuerteventura, perteneciente al
Ayuntamiento de Tuineje. Sufre la orfandad materna a los tres años; y mien­tras
el padre, de los mismos nombres y apellidos, viaja de un sitio a otro
espoleado por los negocios, que le conducen a la ruina y a la expatriación,
allá en el interior de la República Oriental del Uruguay, donde trabajaban ya
hombres que habían sido medianeros de sus fincas y algunos familiares.
Gracias a la solicitud y cariño de su hermano mayor, don Miguel,
que regentaba el comercio de la casa y ejercía de hecho la «Patria Potes­tad
», pudo recibir la indispensable mstrucción primaría en las escuelas
públicas de tres de los municipios majoreros: 'I\iineje, Pájara y Antigua.
Próximo a los doce años, llamado por el padre, va a su encuentro en
compañía de su hermano Sebastián, de diecisiete años de edad. Por mu­cho
espíritu aventurero que querramos atribuirle, el paso del uno al otro
hemisferio, en un viaje trasatlántico que duró 18 días, debió presentarles
situaciones angustiosas y críticas, siendo la mayor la que se produjo a la
llegada: pocos días antes, el amantísimo autor de sus días, había muerto
en el Hospital de la Misericordia de Montevideo.
Este, que podríamos llamar «extrañamiento» de Fuerteventura, dura
casi un año, y los dos hermanos en edades tan tempranas conocen de sú­bito
las asperezas que lleva consigo el trabajo para ganarse la propia vida;
sueños que se rompen de golpe; responsabilidades que apresan la fértil
imaginación de la niñez y de la juventud, angustias, orfandad y soledad, a
pesar de lo buenos que fueron con ellos los amigos de su difunto progeni­tor,
que les atendieron durante este tiempo.
Subrayo estos detalles de la vida de don Manuel, ya que los consi­dero
elementos básicos de la formación de su carácter cauto, hábil, inteli­gente
y tesonero.
18
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
El viaje de regreso a la tierra amada, a través de Cabo Verde y Gi-braltar,
aunque más largo en tiempo, debió ser más ilusionado: le aguarda­ban
los hermanos, el hogar y los amigos.
Desde que llega, lee mucho, pero indiscriminadamente, y tras una
crisis de pubertad en la que interviene el Padre Hilario, misionero de en­tonces,
ingresa en el Seminario Diocesano de Las Palmas, distinguiéndose
por su aplicación que le hace merecer becas tras becas. A los cinco años
de seminario se traslada a La Laguna para hacer el bachillerato, y de Tene­rife
a Madrid para cursar la canora de Derecho, obteniendo los títulos co­rrespondientes,
y adquiriendo el conocimiento adecuado de los políticos y
de la política de sus tiempos.
Con esta preparación, nuestro hombre queda colocado en su esce­na,
y nadie mejor que él puede relatar las duras luchas y peripecias para
llegar al fin que se propuso; es por tanto obligado, para conocerlo, leer el
«Resumen Histórico Documentado de la Autonomía de Canarias».
Con el «Plebiscito» en la mano, comienza su viaje de persuasión. No
va derecho a Madrid, como lo hubiera hecho cualquiera otro que quisiera
algo de las Cortes y del Gobiemo de la nación. Fue a Barcelona para entre­vistarse
con el jefe de los regionalistas y con las figuras de la oposición al
régimen y al Gobiemo, y en Madrid mantiene la misma técnica y propósi­to.
Todos los personajes que reciben su visita se admiran del increíble aban­dono
de las islas menores.
La maniobra le ha salido perfecta, pues ya no se podrán silenciar
con habilidades políticas la voz de aquellos ciudadanos que firmaron el
«Plebiscito». La oposición al régimen está advertida de la honradez y justas
aspiraciones de aquellos españoles marginados.
Pero él no se propone escandalizar ni hacer demagoga: solamente
cree, y trata de conseguirlo, que el tema de las islas menores, y el de Cana­rias
en general, tenga ámbito y resonancia nacional.
19
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
Sucesivamente va visitando también a los políticos del régimen,
para terminar con el Presidente del Congreso (a la sazón el Conde de
Romanones), y el del Gobierno, el malogrado y nunca bien llorado don
José Canalejas, que hace suyas las ideas y conclusiones de don Manuel,
y que tras los debates del Congreso y del Senado, quedan incorporadas a
la Ley
Las ideas desarrolladas en el «Plebiscito» tuvieron una lenta elabo­ración:
son productos del estudio de la Historia del Derecho del Régimen
Local de las Islas Canarias, desde que ellas fueron incorporadas a la Coro­na
de Castilla hasta nuestros días, y de grandes meditaciones sobre el acon­tecer
político, económico y administrativo del periodo histórico que le tocó
vivir y donde tuvo que actuar.
En medio de la loca y apasionada algarabía de las campañas
divisionarias, don Manuel tuvo paz y sosiego para pensar que la «isla» es­taba
por encima de la provincia y de la región. En una palabra, que las
Cananas constituyen un archipiélago compuesto de siete islas, donde la
geografía manda con tal rigor, que el régimen jurídico que sirva para admi­nistrarlas
y gobernarlas, tiene que ceñirse a cada una de ellas, como el
guante a la mano. Su acierto lo confirma la historia de los Cabildos Insula­res
desde su creación a la fecha.
Casi sm excepción, los hombres cultos del siglo xa creían con fir­meza
en lo que ellos llamaban el «progreso»; camino indefinido de perfec­ción
que no permitía restablecer instituciones precedentes, sm que el que
lo intentase fuese tildado reaccionario, calificativo mal sonante en el siglo
de las luces. Volver a los Cabildos era volver a la visión que de las Islas
Canarias tuvieron los Reyes Católicos, a mi manera de ver la más acertada
y realista de cuantas se han tenido del Archipiélago. Y no se diga que este
régimen jurídico administrativo insularista del tiempo de los Reyes Católi­cos
nació de la pura casualidad, pues SS. MM. llevaron sus preocupacio­nes
y desvelos a dotar a Gran Canaria, la primera que ellos conquistaron,
de un Fuero propio, cuando ya habían desaparecido hacía mucho tiempo
20
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
los ordenamientos de esta naturaleza. Es un producto tardío, muy elabora­do,
de la ciencia jurídico-administrativa de los Reyes Católicos, y es un
Índice muy expresivo del aprecio que sentían por estas tierras lejanas, que
contrasta con el olvido en que se las tuvieron durante grandes períodos de
la historia subsiguiente.
Existe un estudio profundo, meticuloso y concienzudo de don Pe­dro
Cullen del Castillo, Archivero que fue del Excelentísimo Ayuntamiento
de Las Palmas, con el título de «Real Cédula de Incorporación y Fuero Real
de Gran Canaria», editado por la Corporación en el año 1947, y que todos
los inquietos por nuestros temas deben consultar, pues llena esa laguna de
la investigación histórica del Derecho patrio. Tampoco puede extrañar
mucho que existan estas lagunas, pues aún es mucho peor que algunas
gestas históricas de los hijos de estas tierras, de verdadera trascendencia
europea, ya que marcan el inicio de hegemonía marítima de las Provincias
unidas (Holanda), no se les cita en los compendios de la Historia de Es­paña,
como por ejemplo el ataque de Van der Doez a Gran Canaria con
10.000 hombres que fueron derrotados, escuadra que luego llegó en sus
correrías hasta el Brasil.
Aun admitiendo como cierta la tesis del Profesor de la Universidad
de La Laguna y secretario de la Mancomunidad Interinsular, don Leopoldo
de la Rosa Olivera, de que el Fuero de Gran Canaria no se aplica a las islas
conquistadas después de ésta, es decir La Palma y Tenerife, es lo cierto
que ambas tuvieron sus Cabildos Insulares y sus gobernadores respecti­vos,
o sea, que la administración de todas las islas se hacía en forma auto­nómica
y con las mismas autoridades e instituciones.
Durante un período de casi dos siglos no existieron ni disputas ni
luchas interinsulares de carácter hegemónico. El régimen jurídico local creó
en los habitantes de estas tierras un espíritu de armonía y convivencia que
les permitió progresar lentamente, a pesar de las forzadas emigraciones a
las Américas, promovidas por la Administración, a cambio de la facultad
de comerciar con el Nuevo Mundo.
21
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
Los habitantes de las islas estaban obligados a defender su integri­dad
territorial, y sus milicias supervivieron hasta el pasado siglo: sus cua­dros
de mando y oficialidad se integraron en el ejé''^'*'" """-r-al, entre mi
niñez y mi juventud.
Sin ostensibles variaciones en las instituciones y régimen local, el
inmenso imperio español creó un centralismo creciente y un espíritu cas­trense
con marcada tendencia a la unidad de mandos, que en las islas se
tradujo en el nombramiento de Capitanes Generales.
En la «Historia de Canarias» de don José de Viera y Clavijo, Libro
Xni, capítulo 35, se leen los siguientes títulos: «Suplican las Islas al Rey no
les envíen Capitanes Generales ni Presidentes». «No lo consiguen». «Los
Regentes se suprimen». «Empiezan los Corregidores». El contenido de es­tos
títulos están constituidos por las palabras que el Regidor y Capitán,
don Alonso de Uarena y Carrasco, dirigió al Cabildo reunido en La Laguna,
las cuales fueron así:
«Señores: Yo me acuerdo de que por los años de 1594 a 95, habién­dose
unido este Cabildo y los demás de nuestras islas con el eclesiástico
de Canarias, para suplicar al Sr. Felipe n se sirviese atender a los inconve­nientes
que se padecieron cuando don Luis de la Cueva vino para Presi­dente
y Capitán General, el Rey en fuerzas de nuestras representaciones,
no dudó restituir la Audiencia a su Regente, las islas a sus gobernadores,
las fortalezas a un presidio moderado, lo militar a su antiguo pie y toda la
provincia a una paz octaviana. Al presente vivimos nosotros felices bajo la
dirección de un caballero de tantos portes y calidades, cual es el Sr. Diego
de Alvarado y Bracamance, el conservador de la isla, el que ha hecho tan­tas
obras públicas, el que nos ha traído las aguas con más abundancia a la
Ciudad, el que ha hermoseado y fortalecido a Garachico, el que ha
municionado a Santa Cruz, el que ha socorrido a los pobres. Sin embargo,
escriben de la Corte que se trata de enviamos un Presidente y Capitanes
Generales...».
22
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
De las precedentes manifestaciones se colige el amor de los cana­rios
a sus instituciones, y su repulsa a las autoridades supra insulares.
En el mundo imperial y universal de los Austrias, las guerras y cam­pañas
militares se sucedían sin interrupción. A los hombres se les calibra­ba
por su participación en los hechos bélicos. Mientras el militarismo cre­cía,
la ciudadanía burguesa perdía peso y poder.
Los Borbones inauguran la dinastía, importando de Francia cargos
como el del Intendente, pieza clave de la política de entonces; los Capita­nes
Generales abandonan la Presidencia de la Real Audiencia en manos
de los Regentes, y ellos se van tras la Intendencia que era más efectiva.
La brillante participación en las gestas españolas de algunos hijos
de familias notables de Tenerife, destiñen un tanto los ordenamientos de
los Reyes Católicos, sin anularlos.
Así llegamos al siglo XK, donde la Constitución de 1812 terminó
con la división de España en reinos, principados y provincias, desapare­ciendo
la variedad en el régimen local, especialmente a partir de la Ley de
1832 o Ley de Provincias.
Las Provincias, al igual que los Departamentos Franceses, son una
proyección en pequeño de la Organización Central, diríamos que en cada
una de las capitales de provincia se reproduce el Estado, pero en forma
embrionaria. Los Gobiernos usaban esta trama política para centralizar y
distribuir el producto de la recaudación de las contribuciones e impuestos.
En nuestro país se atribuyó a todas las Diputaciones Provinciales un cupo
dinerario por lo que valía la pena ostentar el título de capital de Provincia,
extremo que no era tan absorbente en las tierras firmes peninsulares, por
la solidaridad que tienen los problemas como consecuencia de la continui­dad
geográfica, pero que era terriblemente periudicial en el Archipiélago
Canario por las razones que da don Manuel.
El pleito capitalino primero y el divisionista después, tuvieron un
encono grande. Los mejores talentos del Archipiélago se debatieron esté-
23
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
rilmente en una lucha fuera de toda medida y de toaa ponaeración. A pe­sar
de que participaron en las contiendas políticas los hombres de talla
nacional, «los cuneros», que obtuvieron actas de diputados por las Islas, «el
problema canario», lejos de resolverse, se embrollaba.
Hubo momentos de distensión, a los que siguieron otros de frenesí.
Varias generaciones tuvieron como único ideal la división de la Provincia.
Era tal la obsesión temática, que canarios y tinerfeños pedían ser una o
dos provincias iguales a las demás de España, y no comprendían por tanto
que ese no era el camino. Tenían que ser una o dos provincias diferentes a
las del resto de España, es decir, como mandaba y manda la geografía.
Del pleito divisionista los lectores tienen dos trabajos de indudable
valor: uno es de don Prudencio Morales y Martínez de Escobar, que titula
ISLAS CANARIAS, EL PROBLEMA DE SU RÉGIMEN ADMINISTRATIVO,
edición patrocinada por el Exorno. Ayuntamiento de Las Palmas, impresa
en la Tipografía del Diario de Las Palmas, el año de 1910. Y otra de don
Marcos Quimera Peraza, Notario, con los títulos de EL PLEITO INSULAR,
LA CAPITALIDAD DE CANARIA Y LA DIVISIÓN DE LA PROVINCIA, pu­blicadas
en el Anuario de Estudios Atlánticos, años de 1967 y 1968, núms.
13 y 14.
El talento perspicaz y vivo de don Alvaro de Figueroa, Conde de
Romanones, Ministro de la Gobernación que acompañó a S.M. el Rey Al­fonso
Xni, en el viaje que hizo a Canarias en el año 1906, descubrió la ver­dadera
causa de todos los malentendidos desconocida por los propios ha­bitantes
de las islas, cuando en la Memoria de este Viaje, que publicó en la
«Gaceta de Madrid» de 21 de abril de 1906, dice: «La primera observación
de cuantos viven en las islas es la de extrañarse de la forma administrativa,
aplicada a un grupo de islas, donde ni la centralización es posible, ni el
sistema con que se gobiernan pedazos de territorios unidos entre sí tiene
aplicación posible».
Las observaciones de Romanones aventaron en Gran Canaria la con­ciencia
divisionista, que había estado un tanto adormecida años atrás. Aun-
24
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
que él atribuyese esas observaciones a los canarios, son fundamentalmen­te
suyas, y en ellas toma pie el pensamiento de don Manuel Velázquez
Cabrera.
En el tradicionalmente nombrado «PROBLEMA CANARIO» se con­siguieron
grandes aciertos y soluciones en lo económico con la implanta­ción
de los Puertos Francos, que permitió crear una estructura basada en
la posición geográfica. Con la Ley de Cabildos Insulares, se consigue otro
acierto de la misma magnitud en el orden jurídico-administrativo y de Go­bierno.
Antes y después de la Segunda Guerra Mundial, los Puertos Fran­cos
sufrieron ataques pertinaces que preocuparon seriamente a los habi­tantes
del Archipiélago, pues veían afectadas las posibilidades de vida,
preocupación que compartieron los Cabildos Insulares, que tienen monta­das
sus haciendas sobre arbitrios que gravan las importaciones de los pro­ductos
isleños. De cierta manera, este ensamblaje contribuyó a salvar lo
que con tanto trabajo, y en el curso de más de un siglo, se había consegui­do.
Durante el pasado año y en lo que va de éste, una Comisión com­puesta
por representantes del Gobierno, concretamente del Ministerio de
Hacienda, en unión de los Procuradores en Cort;es, y fundamentalmente
con los Presidentes de los Cabildos y otras personalidades, ha establecido
unas Bases para crear un nuevo régimen económico fiscal del Archipiéla­go,
que desde mi punto de vista tiene el valor de ratificar el sistema de
Puertos Francos y el de los Cabildos Insulares, cuyas haciendas se fortale­cerán
con fuentes contributivas, que hasta hoy son estatales.
Cuando estas Bases se tornen en Ley y cuando esta Ley sea inter­pretada
con las disposiciones complementarias al efecto, se habrá dado un
paso hacia adelante, pero esto no es todo lo que necesitamos para que las
Islas Canarias puedan progresar en la forma más conveniente para España
y para las Islas mismas.
25
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
Esta especial organización administrativa, económica y fiscal ayu­dará
mucho en la solución del complejo «Problema Canario». Permitirá a
los hombres públicos de estas tierras encontrar soluciones para muchas
cuestiones locales, pero aún Canarias tendrá que andar mucho camino antes
de que la inteligencia entre la España peninsular y la transmarina sea per­fecta.
Hay que evitar por todos los medios que sólo sea el canario residen­te
en las Islas el especialista de los temas del Archipiélago.
Si en este mundo de hoy queremos que la hispanidad de estas tie-nas
mantengan la tónica que le imprimieron los Reyes Católicos, habrá
que llevar el latido vital de canarios al seno del Gobierno. Un Ministerio o
un organismo con el rango que sea, dependiente de la Presidencia, debe
ser el punto de unión de la España peninsular y la insular del Atlántico. Los
problemas de cada isla deben ser colectados en un presupuesto que se
nutrirá de todo o parte de las actuales contribuciones, diferente al nacio­nal,
como diferente es su posición geográfica, su clima, sus fuentes de
riqueza y sus funciones atlánticas.
Esta es la obligada proyección del pensamiento y de la obra de aquel
hombre modesto, cauto, hábil e inteligente que nació en Tiscamanita y
murió en Madrid, su ruedo de brega, en una habitación del Hotel Universal
el 19 de diciembre de 1916.
Repare cada isla el olvido de tan eximio patricio, perpetuando su
nombre en calles y plazas, para ejemplo de todos los hombres que tienen
que seguir luchando por el engrandecimiento del Archipiélago Canario y
de España.
• BERNARDINO CORREA VERA
26
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
RESUMEN HISTÓRICO
DOCUMENTADO
DE LA AUTONOMÍA
DE CANARIAS
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
A LOS HIJOS DEL ARCHIPIÉLAGO CANARIO
Ha terminado la batalla: el iris de la paz se extiende por el archipié­lago
afortunado, y ya constituyen las siete islas Canarias siete familias
unidas por los vínculos del amor, la justicia y el trabajo; y se aprestan a
conquistar el puesto a que les da derecho la Historia y la Geografía.
Mi pequenez no me exime del deber de declarar y publicar verda­des
que deben saber todos los hijos de Canarias, para honrar debidamente
a los espíritus nobles y generosos que contribuyeron a redimirnos: es más,
entiendo que estoy obligado a ello, por circunstancias especiales que me
han encadenado al desenvolvimiento de los sucesos.
No es la vanidad, ni la pedantería las que me obligan a hacer estas
manifestaciones, sino un sentimiento de justicia y de gratitud, y el dere­cho
de legítima defensa de mi persona, que precisamente por su peque­nez,
no debo tolerar que se la disminuya más, calificándola de tinerfeña o
de acanariada, según cuadró a la prensa de Las Palmas o de Santa Cruz, y
dando la callada por respuesta cuando me dirijo a los directores de los pe­riódicos
pidiendo rectificación de sus gratuitas afirmaciones.
La batalla se ha librado en toda la línea; los ejércitos beligerantes
acumularon durante muchos años poderosos medios ofensivos y defensi­vos
en el campo de batalla; y ésta se ha desarrollado hasta en sus más
pequeños detalles con toda precisión y claridad; y como ha sido principal­mente
con la pluma, no hay peripecia que no esté documentada.
Los términos o extremos de la batalla eran claros y precisos: el Ar­chipiélago
canario, sujeto como las demás provincias españolas, a la Ley
provincial vigente, era absorbido por la capital provincial, sin que los servi­cios
de la organización de la Ley alcanzaran, por su condición insular, a las
29
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
demás islas del Archipiélago; y Tenerife, al amparo de la Ley, defendía el
saneado usufructo del contingente provincial y sus adherencias. Gran Ca­naria,
que por su vitalidad creciente, se consideró con fuerzas para romper
la coyunda de Santa Cruz, planteó la batalla, invocando su engrandeci­miento,
para obtener la creación de una nueva provincia de las tres islas
orientales y territorios africanos. Las razones que en pro y en contra se
alegaron, se omiten, en honor a la brevedad. Las cinco islas restantes, su­jetas
política y económicamente, cada grupo a su cabeza respectiva, care­cían
de toda voluntad e iniciativa, y hasta sus corporaciones oficiales no
se atrevían a negar sus firmas, para todo lo que se les ordenase. Santa Cruz
y Las Palmas eran los dos únicos cerebros directores del Archipiélago; e
invocando la misma Ley provincial, ambas deducían, a fuerza de lógica,
conclusiones diametralmente opuestas: la primera, que era necesaria la
unidad provincial, hasta como base de la unidad nacional; la segunda, que
se imponía la división, como base esencial de la vida de las tres islas orien­tales:
pero todo sobre la base de la Ley provincial. Las cinco islas restan­tes,
que veían iban ganando poco con cambiar de amo, y se exponían a un
recargo de impuestos provinciales; los más débiles callaban, por miedo o
por la persuasión de su impotencia, y los más fuertes protestaban por con­veniencia.
Ya en 1892, las islas de Lanzarote y Fuerteventura habían experi­mentado
un movimiento de aproximación, para obtener representación en
la Diputación Provincial, con el fin de realizar sus aspiraciones; pero enca­denada
por compromisos a Gran Canaria no pudo realizarlos Lanzarote; y
Fuerteventura sólo obtuvo de los políticos y propietarios canarios la contes­tación
de «que podían nombrar un diputado provincial hijo de
Fuerteventura, siempre que se pusiera a las órdenes de don Femando de
León y Castillo». Hay que decir que el propuesto fue el firmante del presen­te
folleto; como también que rechazó la investidura, por considerarla
indecorosa, para sí y para su isla, con tal condición.
Pero la solidaridad entre Lanzarote y Fuerteventura fue creciendo
al calor de la alta personalidad de don Leandro Fajardo; y ya en 1896 libra-
30
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
ron ambas islas unidas la batalla contra los políticos canarios; y por prime­ra
vez se sentaron en los escaños de la Diputación Provincial, diputados,
conejeros y majoreros, que carecieran de toda clase de compromisos con
politices tinerfeños ni canarios. Pero ¡dolorosa victoria que costó la vida
del Ídolo de Lanzarote, arrebatada por su asesino la noche misma de la
elección!
Durante los cuatro años en que el firmante se honró con la investi­dura
provincial adquirió el convencimiento pleno, y así lo comprueba la
historia no interrumpida de la Diputación en lo que alcanza la memoria, de
que los intereses de cada isla no solamente son distintos, sino hasta opues­tos
entre sí, al extremo de no poderse, en justicia, resolver ninguna cues­tión
provincial sino cuando interesa a las islas que disponen de la mayoría
de la Diputación; pues ésta no se reúne, sino cuando conviene a los políti­cos
respectivos. Ejemplos palpables de ello se le ofrecieron repetidos y a
cual más notable.
Deseando realizar la aspiración de Lanzarote y Fuerteventura, pro­puso
en unión de sus compañeros que la Diputación pidiera al Gobierno la
creación del disttito electoral para diputado a Cortes por ambas islas: los
diputados por Tenerife se opusieron, como un solo hombre, alegando que
era darle un diputado más a Gran Canaria; los políticos canarios se habían
opuesto antes, alegando que no podían consentir en la independencia de
ambas islas. ¡Y todos reconocían que era legal y justa la pretensión!
Desde 1860, un ilustte hijo de Fuerteventura legó una cantidad para
levantar un hospital en aquella isla, cuya cantidad usufructuaba un prote­gido
de la política: fue de necesidad que el firmante formara el número
quince y estuvieran sin aprobarse los presupuestos provinciales cuatro días,
para que soltaran la presa. Se construyó el hospital, y ¡hace diez años que
está cerrado, ya sin techo y amenazando ruina; habiendo consignación
para montarlo!
En 1898, y por las necesidades de nuestros desastres antillanos, se
gravó la industria hullera con un impuesto sobre el carbón, conrespondién-
31
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
dolé a esta provincia 500.000 pesetas: entonces se unieron los diputados
por Las Palmas y por Santa Cruz y propusieron a la Diputación que solicita­ra
del Gobierno que levantara la contribución de las casas carboneras, y ¡la
derramara sobre las siete islas del Archipiélago! Tal monstruosidad no pudo
prosperar, porque los diputados rurales formaron bloques con el firmante; y
se impidió tal injusticia.
¿A qué seguir? Sería interminable y todos los canarios saben al gra­do
de abyección moral, política y administrativa a que se llegó con los pac­tos
políticos; los Puertos Francos, etc., etc., que llegó a asquear a los políti­cos
honrados de la Metrópoli.
Entonces vio el firmante la imposibilidad de remediar el mal dentro
del régimen provincial establecido; constituido, como se hallaba, un
cacicazgo, que como grapa de hierro inmovilizaba todo movimiento re­dentor
de cada isla; y comprendió que sólo rompiendo la Ley provincial en
sus aplicaciones de unidad al Archipiélago, para que cada isla se adminis­trara
a sí propia, y que como entidad natural tuviera personalidad legal y
política, podía aspirar a su redención.
Pero a la vez comprendió que era punto menos que imposible la
realización de este ideal, y convencido de la inutilidad de sus esfuerzos
dentro de un organismo hábilmente combinado por el caciquismo, y enra­recido
de todo ambiente moral, renunció en marzo de 1900 su acta de di­putado
provincial; porque entendió que el hombre que tiene conciencia de
lo que debe a su pueblo, y lo que se debe a sí mismo, no puede prestarse,
bajo ningún pretexto, a contribuir a envilecer al primero, ni a abyectarse a
sí propio, a pesar de lo imperiosas que resultan las necesidades de la natu­raleza
humana.
Retirado a su hogar, entrevio un rayo de esperanza, para la realiza­ción
de la regeneración de Canarias, con lo que aparentemente más pare­cía
negarla; con el resurgimiento divisionista de la isla de Gran Canaria.
32
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
Comprendió que la potencialidad económica, cada día creciente, de esta
isla no podía resignarse a tolerar la expoliación de una capital inferior en
riqueza y porvenir; y aguardó con una paciencia felina durante diez años,
en que se realizaron, aunque anticipados, sus cálculos.
En 1906, y con motivo del viaje de S.M. al Archipiélago canario, el
Ministro que le acompañó, Sr. Conde de Romanones, actual Presidente del
Consejo de Ministros, escribió una memoria, resucitando el viejo pleito de
la división de la provincia de Canarias. Esto prendió el fuego de viejos ideales
y de nuevas aspiraciones de independencia en Gran Canaria; y como por
encanto surge un partido poderoso levantando la bandera de la división de
la provincia, sin paliativos ni reformas; literal el programa de los divisionistas
de 1850.
Pero los años y la civilización no transcurren en balde; y dentro de
la ciudad de Las Palmas, del núcleo divisionista, se levantaron voces de
espíritus fuertes, anteponiendo las ideas autonómicas a las ideas
divisionistas, iniciando la campaña el valiente periodista Ramírez Doreste,
lo que le valió el que las turbas quisieran apedrearle la Redacción de su
periódico; pero los partidarios de la división, temerosos de que la falta de
unidad en las falanges de las tres islas orientales, pudieran comprometer el
éxito de la batalla, se cierran a toda clase de razones y empleando desde el
ridículo y la coacción hasta la amenaza, hicieron enmudecer a los espíritus
amantes de la libertad y de la justicia. Sólo el partido republicano federal,
con su jefe Franchy y Roca a la cabeza, sostuvo gallardamente sus convic­ciones
en la prensa y en la tribuna, hasta la terminación de la jomada, en
que libró ruda batalla en Madrid, para la aprobación de la Ley
Y la batalla empezó a desenvolverse en toda la línea: las prensas de
las dos capitales pasaron, en temperatura, del cárdeno al rojo, y del rojo al
blanco; sosteniendo cada una que la fehcidad del archipiélago canario es­taba
en administrar una o las dos el contingente provincial de las siete
islas: y sostenía, cada una, que peligraba hasta la unidad nacional si no se
la dejaba en el pacífico usufructo del producto del trabajo de las demás. Y
33
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
llovieron paladines de aquende y allende los mares, para defender tan no­bles
causas, aunque con finalidades más o menos parlamentarias. Y caye­ron
sobre la Villa y Corte numerosas y poderosas comisiones, para conven­cer
a los directores de la política nacional de que la regeneración de Cana­rias
consistía exclusivamente en que nos administrara sólo Santa Cruz, o
ésta y Las Palmas.
Los espíritus fuertes y justos se dan en todos los pueblos; y en San­ta
Cruz como en Las Palmas, se levantaron amantes de la autonomía, que
volvieron por los fueros de la equidad y de la justicia, en defensa de las
islas menores. Pero les cupo, aunque no en tanto grado, porque el peligro
no era tan inminente, igual suerte que los autonomistas de Las Palmas; los
hicieron enmudecer ante la suprema razón del salud populis.
Pero la batalla arrecia con una R.O. del 16 de abril de 1910, en que
el Gobierno presenta un cuestionario, que debían contestarlo todas las
entidades y corporaciones de Canarias; y los políticos de Santa Cruz vie­ron
en peligro su derecho de beato possidenti (bienaventurado el que po­see)
y comprendiendo el avance de las doctrinas autonomistas y el efecto
favorable que surtiría en las demás islas, empiezan a proclamar las prime­ras
doctrinas autonomistas: y su Comisión en Madrid, en julio de 1910, al
contestar al Cuestionario dice literalmente:
«Observaciones relativas a una nueva organización de la provincia
de Canarias».
«Importa no hacer una excepción de la provincia de Canarias en lo
que se refiere a la organización que las leyes han dado a las peninsulares y
por ello que se preconice en este trabajo, que debe subsistir la Diputación
Provincial conforme lo ha estudiado la Constitución del Estado, como enti­dad
representativa de la que se denomina Provincia. Las diferencias que
en este sentido traten de establecerse por el influjo de personalidades po­líticas
o por disposiciones gubernativas poco estudiadas, serán siempre
perturbadoras de la tranquilidad de las islas.
34
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
— La Diputación Provincial de Canarias se constituirá con la repre­sentación
de cada uno de los diez partidos judiciales que existen en las
islas en la actualidad; cada uno de los cuales elegirá tres diputados provin­ciales.
— Ninguna otra alteración se hará respecto al funcionamiento de
la Corporación provincial de Cananas que continuará como lo preceptúa la
Ley. A los ayuntamientos de la islas se les dará aquel realce que deben
tener por su significación y por el importante papel que desempeñan.
— Los Cabildos insulares se establecerán con los prestigios debi­dos
para representar la personalidad de cada isla».
Tales son los organismos que deben existir en Canarias en lo que se
relaciona con los asuntos a que se contrae el cuestionario para la informa­ción
dispuesta por la R.O. de 16 de abril de 1910.
Las atribuciones y deberes que les asignan a los Cabildos se sinte­tizan
en «Rodearlo de todos los prestidos, para que pueda excitar el celo
de los Ayuntamientos; pero nada de administrar el contingente provincial».
Los políticos de Las Palmas no se quedaron atrás; y respondiendo a
la información ordenada por la R.O. citada de 16 de abril de 1910, concibie­ron
y realizaron la idea, única en su género por lo peregrina, de hacer que
los treinta y ocho municipios de las tres islas orientales contestaran al cues­tionario
presentado por el Gobierno, copiado literalmente uno de otro con
puntos y comas, desde la cruz a la fecha.
Entresacamos, por lo extenso, los párrafos principales de la «Orga­nización
político-administrativa», que pedían para la nueva provincia:
«El régimen vigente en todo el territorio nacional, con sus ventajas
e inconvenientes intrínsecos, que unas serán ampliadas y otros corregidos
por el Poder legislativo, en el tiempo y en la medida que impongan la expe­riencia
de las necesidades públicas, debe subsistir en Canarias, sin adop-
35
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
tar otro especial que establezca diferenciación, ocasionada a menoscabar
la absoluta identificación del territorio insular con el peninsular».
«Dos provincias, con los organismos y Autoridades que les son pro­pios,
es la organización más adecuada al modo de ser del Archipiélago».
«Dentro de ella pueden disfrutar las islas de conveniente autono­mía,
aplicando con amplio sentido descentralizador la ley Municipal, y es­timulando
y formando las asociaciones o mancomunidades de los Ayunta­mientos
de cada isla autorizadas por el art. 80 de la propia ley para fines de
interés común».
Con lo expuesto queda sintetizado el concepto que hasta julio de
1910 tenían los políticos de Santa Cruz y de Las Palmas de la autonomía
que necesitaba el Archipiélago canario.
Huelga decir que, como asteroides de los mismos sistemas
planetarios, todas las entidades oficiales, de recreo y particulares, reco­rrieron
las mismas órbitas, con insignificantes desviaciones.
Entonces entendió el firmante que había llegado el momento de
exponer a la faz de la Nación las verdaderas necesidades del Archipiélago
canario, según las había conocido en los cuatro años que se sentó en los
escaños de la Diputación Provincial.
Entonces redactó el plebiscito; malo seguramente por ser obra suya,
pero sincero por haber derramado en él toda su alma, todo su amor a las
peñas canarias. No le preocuparon las probables, casi seguras, contrarie­dades
y amarguras, que no pudo menos de prever; por el estado de excita­ción
a que habían llegado los ánimos; porque entendió que la redención de
la tierra canaria estaba exclusivamente en la Autonomía plebiscitaria. Sólo
dudó de sus fuerzas, pero acudió a las más poderosas mentalidades cana­rias,
y siente al manifestarlo así el momento de más legítimo orgullo de su
vida; porque se vio apoyado por ellas, empezando por el Dr. Teófilo Martínez
de Escobar, el Ingeniero León Castillo y otros que no cita por no herir mo-
36
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
destias; quienes no solamente aprobaron la idea, sino que coadyuvaron y
le animaron a realizarla; aunque dudando siempre de su éxitx) por el estado
político insular y nacional.
Pero era tal la firmeza de sus convicciones, estaba tan arraigada en
su espíritu la persuasión de la justicia de la causa que defendía, que no
vaciló un momento en sacrificarlo todo, para convertir en realidad sus sue­ños
de regeneración de Canarias, o por lo menos dejar sembrada la semilla
para que algún día brillara sobre este Archipiélago el sol de la equidad y de
la Justicia.
Entonces convocó a los hijos de las islas menores residentes en Las
Palmas, para exponerles su proyecto, que acogieron con entusiasmo; y como
centro de propaganda, para recoger firmas en las cuatro islas plebiscitarias.
Y el día 21 de julio de 1910 salieron en los correos, para los dos grupos, los
ejemplares del documento que literalmente dice:
PLEBISCITO
Que los hijos de las islas menores del Archipiélago Canario
LANZAROTE, GOMERA, FUERTEVENTURA y HIERRO, elevan a las Cá­maras
de la Nación.
A LAS CORTES
Los vecinos y naturales de las islas de Lanzarote, Gomera,
Fuerteventura y Hierro, provmcia de Canarias, que suscriben, ante las Cá­maras
Colegisladoras, con el más profundo respeto, y ejercitando el dere­cho
Constitucional de petición, exponen: Que habiendo llegado a nuestro
37
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
conocimiento por la Prensa nacional y provincial, que en el seno del Gabi­nete
del Gobierno de S.M., se agita la idea de conceder al Archipiélago
canario una organización política y administrativa distinta de la actual:
nos creemos con el derecho y en el deber, de elevar nuestras voces ante el
Supremo Poder de la Nación por si los altos Cuerpos Colegisladores esti­masen
justas nuestras peticiones.
Las islas menores del Archipiélago canario, que lo son Lanzarote,
Gomera, Fuerteventura y Hierro, con un total de 23 municipios, 3.119 kiló­metros
cuadrados de superficie y 52.534 habitantes, según el último cen­so,
a quienes tenemos la convicción de representar los firmantes, se ven
en la necesidad de acudir en forma de plebiscito ante el Congreso de los
Diputados y Senado, para exponer sus necesidades; ya que no tienen re­presentantes
propios, que vuelvan por sus derechos; porque en cerca de
un siglo que llevamos de régimen representativo, parece imposible, pero
es verdad, ni un solo hijo de estas cuatro islas ha ostentado la representa­ción
de la tierra en que nació, ante las Cámaras de la Nación.
De esta falta de representación propia de cada isla, nace como con­secuencia
lógica el desconocimiento del llamado Problema Canario en su
verdadero aspecto, que debe ser el fomento moral y material de todas y
cada una de sus islas: no, sobre si debe dar la unidad, o la división de pro­vincia
al Archipiélago; que podrá importar a una o dos islas, pero no a las
restantes; digan lo que quieran, y por los motivos que ellas se sabrán, las
Corporaciones oficiales de todas las islas.
Por otra parte, no nos explicamos cómo puede discutirse y votarse
en Cortes una Ley especial para regir y administrar un territorio considera­do
peninsular, en que repetimos están sm representación, de siete, cuatro
islas, que representan cerca de la mitad del territorio total del Archipiéla­go,
y 52.534 habitantes; si el Gobierno de S.M. que hoy felizmente rige los
destinos de la Nación, y los representantes de ésta, que al jurar sus altos
cargos se penetraron de los estrechos deberes que contrajeron, hasta con
38
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
la última pulgada de territorio español, no hacen suyas nuestras voces,
penetrados de la justicia de nuestra causa, saliendo en defensa de nuestra
orfandad, pues hasta nuestros pequeños políticos, para poder vivir, se han
visto en la necesidad de tomar carta de naturaleza en la política de las islas
mayores. La teoría de los cuestionarios y de los referendums planteados,
no son sino ardides de los viejos estrategas políticos de las islas mayores
para sorprenderse mutuamente. Lo único serio, noble y posible es el ple­biscito;
a él apelamos si es que nos dejan realizarlo.
No es nuestra intención, ni es este el momento de formular cargos
contra los causantes de este estado de cosas, que hasta nos excluyen de la
condición general de españoles; porque se da con nosotros el caso anóma­lo,
de que contando esta provincia, en el último censo, con 364.398 habi­tantes,
no tenga sino siete Diputados en el Congreso; que siempre han
sido, y son de las islas mayores; quedando por lo tanto fuera de la Cons­titución
del Estado (artículo 27) 14.398 españoles, reducidos a una condi­ción
análoga a los bubis de Fernando Poo.
Y no se diga que las islas menores, que representamos, votan dipu­tados
con las mayores; porque buen cuidado han tenido éstas, de mcorpo-rarlas
así por el sistema de circunscripciones, para ahogar su pequeño con­tingente
electoral en el número de cada una de las mayores; como se prue­ba
con la siguiente estadística del último censo oficial:
CIRCUNSCRIPCIÓN DE TENERIFE, GOMERA Y HIERRO
Tenerife "^"^ ^® electores: 28.669
Gomera W.: 3.547
Hierro Id.: 1.446
4.993
39
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
CIRCUNSCRIPCIÓN DE GRAN CANARIA, LANZAROTE Y
FUERTEVENTURA
Círan Canaria Total de electores: 27.557
Lanzarote Id.: 4.198
Fuerteventura Id,: 2.948
7.146
¿Es posible, que por ningún procedimiento, por ningún sistema de
los conocidos hasta el día, puedan tener representantes en Cortes las islas
menores?
Pero la equidad y la lógica están por encima de todas las combina­ciones
engendradas por deseos más o menos altruistas y el Problema cana-río,
circunscrito, hasta hace poco, a la contienda entre los dos colosos,
Tenerife y Gran Canaria, que luchan egoísta y desesperadamente por
devorarse la una a la otra, ha dado margen a que salga a la luz la parte
noble del problema: las legítimas y equitativas aspiraciones de las.islas
absorbidas y preteridas.
Sólo los ciegos o los obcecados por el egoísmo son incapaces de ver
la solución del Problema canarío: basta conocer la composición y estructu­ra
de este Archipiélago, su distancia de la madre patria, su distribución en
siete territorios, que abarcan una extensión de mar de más de doscientas
leguas; sus intereses completamente distintos entre sí, por no decir opues­tos;
la diversidad de producciones agrícolas, que constituyen la riqueza de
cada isla; sus industrias y comercio, que ninguna afinidad tiene de las unas
para con las otras, sino para con Europa, África y América, donde envían
sus productos y surten sus comercios; ejerciendo las mayores el monopolio
del tráfico a la sombra de sus únicos puertos, con grave perjuicio de las
menores, etc., etc., basta conocer esto, repetimos, para comprender la mons­truosidad
administrativa a que hemos estado sujetos tres cuartos de siglo,
equiparándonos en un todo a cualquier provincia peninsular, de las que
40
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
somos esencialmente distintas por constitución, no por españolismo; e in­crustándonos
al martillazo del expedienteo, multa y procedimiento de apre­mio,
la ley provincial vigente; ahogando nuestras voces y matando todas
nuestras iniciativas; al extremo de que islas verdaderamente ricas perma­necen
en el atraso y en la miseria más completa.
Se necesita desconocer en absoluto este Archipiélago para ignorar
que cada isla forma una entidad, con su riqueza, sus aspiraciones y hasta
su modo de ser distinto de las demás. En toda provincia peninsular existe
una solidaridad de intereses y aspiraciones entre todos los pueblos que la
forman, y aún con los de la región que constituyen, porque todo lo que
haga en beneficio de un pueblo redunda en provecho más o menos directo
del inmediato, y la riqueza se difunde; en Canarias, por el contrario, debido
a su manera de ser insular, la riqueza que se fomente en una isla, no sola­mente
no refluye en las otras islas, sino que atrayendo a sí el Comercio,
perjudica a las demás; a tal extremo es esto verdad, que si se diera el caso
desgraciado de desaparecer alguna o algunas de estas islas, por un fenó­meno
sismico, en nada alteraría la vida económica y administrativa de las
demás: el que niegue estas verdades no tiene, para convencerse de lo con­trario,
sino fijarse en lo que ocurre entre Tenerife y Gran Canaria con rela­ción
a las demás islas del Archipiélago. Si La Palma fomenta alguna rique­za,
lo debe al comercio que de sus productos sostiene con Europa y Amé­rica;
y esto gracias a la protección recabada por sus diputados para sus
industrias: azúcares y tabacos. Lanzarote, Gomera, Fuerteventura y Hierro
¿en qué las ha beneficiado el fomento de la riqueza de Gran Canaria y
Tenerife? Su población sigue estacionaria; su deuda provincial y munici­pal
creciendo, su emigración aumentando y su estado de incultura, el más
atrasado de la Nación española.
Como que demostramos todo lo que decimos, y para evitar pesadas
estadísticas en los diversos aspectos del desarrollo de un país, presenta­mos
sólo, por comprenderlos a todos, el del aumento de población de los
dos últimos censos oficiales.
41
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
9.873 11.662
14.239 15.762
95.837 128.059
6.240 6.789
16.689 18.321
42.830 46.503
111.309 137.302
CENSO DE POBLACIÓN
1887 1900
Fuerteventura
Gomera
Gran Canaria
Hierro
Lanzarote
Palma
Tenerife
Hay que tener en cuenta que el insignificante aumento que resulta
en las islas menores, es debido a la mayor perfección en la práctica del
empadronamiento.
Tampoco hay que olvidar que Santa Cruz de Tenerife, que aparece
en el censo con 35.655 habitantes, es sabido de todos que se aproxima a
50.000; y Las Palmas de Gran Canaria, que figura con 43.960, excede de
60.000 habitantes.
Si desde el punto de vista económico pasamos al político-administrativo,
las injusticias suben de punto, al extremo de engendrar el
estado de violencia en que vivimos; pues nuestro contingente provincial
va a invertirse íntegro en la Capital de la provincia, que en nada beneficia
a las demás islas. Tomemos como ejemplo la función más elevada de la
Administración provincial, como es la Beneficencia; y vemos que Gomera
y Hierro carecen en absoluto de toda clase de hospitales; Lanzarote ha
tenido que cerrar el suyo por falta de subvención provincial, y Fuerteventura,
que a expensas de un hijo ilustre fabricó uno, hace diez años, está aún
cerrado, porque la Diputación no lo subvenciona con un céntimo para dar­le
una taza de caldo a un enfermo. Huérfanas las islas menores de todo
centro de Beneficencia, tienen sus enfermos menesterosos que acudir ne­cesariamente
a los Hospitales provinciales de Santa Cruz y Las Palmas; y
no hay para qué decir que es difícil, sino que la mayor parte de las veces es
42
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
imposible trasladar a los enfermos de una isla a otra; máxime con unos
itinerarios de correos interinsulares cada ocho días; para a la postre llegar,
si antes no muere como es natural por el viaje, al Hospital provincial, don­de
tampoco tienen cabida, la mayor parte de las veces, por hallarse todas
las camas ocupadas; teniendo que entregarse a la caridad pública, albergán­dose
en miserables tugurios.
En obras públicas, en que cada isla debe tener su Centro de más o
menos importancia, según su extensión, que estudie su manera de ser, su
riqueza y su modo de fomentarla; sus necesidades y manera de combatir­las
o remediarlas, nada de esto hay; sólo Tenerife y Gran Canana se repar­ten
esta protección del Estado. Hasta tal punto son ignoradas por nuestro
Cuerpo de Obras Públicas las condiciones esenciales de riquezas de cada
isla, que basta un hecho, trascendental por cierto, para demostrarlo. Hace
algunos años, en que sólo por caridad, para mitigar el hambre que por falta
de cosechas por escasez de agua se padece, viene construyéndose en
Fuerteventura una carretera: ¡donde no hay un carro que la recorra!, por la
sencilla razón que no hay nada que transportar; al paso que siendo, como
es la isla de más y mejor extensión de tierra agrícola del Archipiélago, pe­rece
de sed por no alumbrar sus aguas subterráneas, que la haría induda­blemente
una de las islas más ricas del Archipiélago.
Es tal el abandono que en este punto, como en todos, sufren las
islas menores, que una isla tan importante y rica como Gomera, con 378
kilómetros cuadrados de superficie y seis Municipios, abundante en agua
como ninguna, lo mismo que en montes, y con 15.762 habitantes, no posee
una pulgada de carretera ni un mal desembarcadero; lo mismo debe decir­se
de la isla del Hierro.
Si de lo relativo al ramo de Obras Públicas pasamos al de Adminis­tración,
subleva al ánimo lo que ocurre con una absoluta y abusiva supedi­tación
a las oficinas centrales provinciales; donde no hay expediente que
no empiece por imponer un gestor retribuido, que en provecho propio y
ajeno lo hace interminable.
43
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
No queremos relatar el Via Ciucis a que está sujeto el que comete la
locura de promover un expediente solicitando autorización para explotar
aguas, minas o plantear alguna industria; pues ha habido quien haya aban­donado
empresas lucrativas, por absorber el expediente o lo que se desti­naba
a las obras.
Si de estos vicios burocráticos pasamos a los demás ramos de la
Administración, el desconcierto es por lo menos igual a los anteriores ab­surdos
reseñados: pósitos, higiene, instrucción pública, política, etc., de
cada uno de estos ramos de la Administración, podíamos hacer un análisis
superficial como los anteriores; pero huelga, si se tiene en cuenta la mane­ra
de ser de este Archipiélago, y la Ley provincial que a martillazos se nos
ha incrustado. Imposible parece, pero es lo cierto, digan lo que quieran,
que aún no ha habido un Gobernador Civil de esta provincia que haya
recorrido las islas de Lanzarote, Gomera, Fuerteventura y Hierro, para co­nocer
y remediar sus necesidades y corregir los abusos de los funcionarios
y subalternos. Pero nuestros representantes en Cortes, es decir, los de las
islas mayores, no les han ido en zaga; pues tampoco ha habido uno que se
haya tomado tal trabajo. Entre otros muchos males que engendra este pu­nible
abandono, debe contarse como principal, el ser esta la provincia más
analfabeta de España, pues hay un 64 por 100 que no saben leer ni escribir.
Si no fuera bastante lo expuesto, para demostrar que la solidaridad
canaria no existe sino en los labios de los que viven a la sombra de la polí­tica,
vienen otros hechos, más poderosos aún, con su fuerza incontrastable
a demostrarlo; sin contar con los odios africanos latentes entre Tenerife y
Gran Canaria, exteriorizados en actos de todos conocidos, hay otros ya
olvidados, como el ocurrido en 1851 en que la peste colérica diezmaba la
población de Gran Canaria; entonces la Autoridad Civil de Santa Cruz de
Tenerife ordenó la monstruosidad de quitar los timones de los buques surtos
en Las Palmas para impedir todo contarte con Tenerife.
No hay quien ignore en este Archipiélago las calamidades que por
langosta o sequía afligen a las islas menores en años determinados; tan
44
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
crueles, que han formado épocas. El actual es uno, que en la isla de
Fuerteventura ha dejado reducido sus habitantes a una tercera parte, por
la total pérdida de sus cosechas, que ha sumido a la isla en la mayor de las
miserias.
Estos casos, que entran de lleno en la Sección 1" del capítulo 1°
del «Reglamento general para el repartimiento y administración de la con­tribución
de inmuebles, cultivos y ganadería», el 30 de septiembre de 1885,
en que deben las Diputaciones provinciales pedir el perdón de las
contribuciones de los pueblos damnificados en la tercera parte de sus co­sechas,
levantando el resto de la provincia la cantidad perdonada, no se ha
dado un solo ejemplo de que la Diputación de Canarias haya solicitado
este beneficio para las desgraciadas islas damnificadas. Esto tiene por ori­gen
que Lanzarote y Fuerteventura rara vez han contado con Diputados
provinciales propios, cuyas voces son ahogadas por el número; y porque
Gomera y Hieno, más desgraciadas aún que las anteriores, en este punto,
ni aún forman distrito electoral para diputados provinciales, por estar ab­sorbidas
por el distrito de Santa Cruz de Tenerife, que con sus 8.371 electo­res
ahogan siempre los 4.993 electores de Gomera y Hieno.
Otros hechos de tanta o más importancia que el anterior es la peti­ción,
repetidas veces formulada, como suprema aspiración de sus ideales,
por las islas de Gomera y Hierro, Lanzarote y Fuerteventura, a la Diputa­ción
Provincial, para que recabe del Ministro de la Gobernación la crea­ción
para ellas de dos distritos, a fin de tener representación en Cortes a
que tienen perfecto derecho, según el censo y la Ley fundamental del Esta­do.
Todas las peticiones duermen el sueño de los justos, hasta la última
formulada por los diputados de Arrecife en noviembre de 1896.
Es más: incorporadas Lanzarote con 4,198 electores a Guía de Gran
Canaria con 11.892 electores; y Fuerteventura con 2.948 a Las Palmas con
15.665, formando los distritos de estos nombres; naturalmente, jamás pu­dieron
obtener representación en Cortes. Pero como el censo de las tres
islas orientales excediera, con mucho, de 120.000 almas, y hubiera que
45
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
aumentar el número de diputados, en vez de crear el distrito de Anecife,
como era justo y equitativo, se formó por la Ley de 5 de abril de 1904 la
circunscripción de Las Palmas con tres diputados, englobando a Lanzarote
y Fuerteventura con 7.146 electores a Gran Canaria con 27.557, para ha­cerle
imposible de todo punto obtener, ni aún probabilidades de una mino­ría.
¡Injusticia estéril y egoísta!; porque la isla de Gran Canaria sola, debe
hoy tener tres diputados por exceder de 100.000 almas su población. Pero
hay que reconocer que esta injusticia no es exclusivamente de Gran Cana­ria:
la aprendió de Tenerife, que excediendo, con mucho, de 100.000 habi­tantes,
absorbió y anuló con su circunscripción a Gomera y Hierro, para
hacerles igualmente imposible o estéril todo movimiento de redención.
¡Estas son las dos islas que perturban a todos los gobiernos de la
Nación, disputándose el sacrificio de administrarnos y velar por nuestro
progreso!
Sus diputados no son menos. Cuando en marzo de 1900 se votó en
Cortes la Ley de Puertos Francos, no hubo un diputado canario que alzara
su voz pidiendo la reducción de aranceles; enriqueciendo con su silencio a
las Sociedades rematadoras, casi en su totalidad de las islas mayores, a
costa de la alimentación de sus representados.
Cuando en 1900 se votó en Cortes la Ley de Puertos Francos y en
ella se gravaron los cereales que de Canarias se importaban en la Penínsu­la,
tampoco hubo un diputado canario que protestara ni alzara su voz con­tra
tamaña monstruosidad, y sabido es que cuando la isla de Fuerteventura
disfruta de años abundantes de lluvias, su mercado de cereales es Sevilla,
donde por su cantidad hace bajar los precios, quedando con ello cerrado su
único mercado exterior.
¿A qué seguir? Sería superfino cansar la atención de la Cámara.
Reconocido, como debe estarlo, que la verdadera causa de este es­tado
monstruoso de cosas es la aplicación a este Archipiélago, indebida­mente
llamado Afortunado, para las islas menores, de la Ley provincial vi-
46
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
gente; urge remediar el mal, dándole la organización que la razón y la equi­dad
aconsejan, dada su naturaleza especial, y al que es acreedor por su
españolismo siempre probado y jamás desmentido; si la Madre patria no
quiere dar el espectáculo a las cien naciones que frecuentan estos puertos,
de nuestra incultura y pésima admmistración interior.
No tenemos que ir muy lejos para hallar el remedio de nuestros
males: nuestra misma Historia nos da la solución del hoy tan cacareado
Problema canario; ésta nos demuestra que desde la Conquista en 1483 hasta
principios del siglo XK, cada Isla, ya de realengo, como lo eran las de Gran
Canaria, Tenerife y Palma, llamadas mayores; ya de señorío, como eran
Lanzarote, Gomera, Fuerteventura y Hierro, llamadas menores, tenían to­das
y cada una de ellas, además de las Autoridades que administraban
cada pueblo, su Cabildo o Corporación, que representaba la totalidad de la
isla, presidido por su Alcalde Mayor: Corporación, que entendía sólo de los
asuntos que afectaban a toda la isla o a unos pueblos con otros de la misma
isla, o de ésta con las demás del Archipiélago; y de las exposiciones que en
interés de la propia isla o del Archipiélago tenían que elevar a la Corona;
por ser entonces desconocido el sistema parlamentario. Y en todo ese lar­go
período de cerca de cuatro siglos, la equidad y la ley concedió a cada
una, como no podía menos de suceder
No se entienda, por lo dicho, que queremos retrogradar a la forma
de gobierno de aquellos tiempos, sino tomar de ella lo que la equidad y el
buen sentido aconsejan, en armonía con los adelantos políticos de las na­ciones
cultas.
Para realizarlo, debemos partir del principio, establecido por la Na­turaleza,
y que no podemos desconocer, so pena de volver a caer en los
mismos absurdos que hoy lamentamos de reconocerle a cada isla, donde
existan Corporaciones municipales, establecidas con arreglo a nuestras
Leyes, una entidad poKtica administrativa y judicial, como se le reconoce
municipal; entidad política que debe tener su representación en las Cortes
de la Nación para representar y defender los intereses de cada isla, que por
47
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
modestos (hoy) no dejan de ser tan sagrados como los de las islas mayores.
Debe tener, por lo tanto, cada Isla un diputado a Cortes y su Juzgado de
Instrucción; y las que excedan de 50.000 almas, dos; las que de 100.000,
tres; y así sucesivamente, conforme lo preceptúa la Constitución del Esta­do.
Y no se arguya la pequenez de la isla del Hieno, pues aparte de que
tanto y más pequeños hay distritos peninsulares, la excepcionalidad de su
esencia insular y distancia de la Madre Patria impone la especialidad de la
Ley que pedimos y que exigen las circunstancias y el porvenir, cada vez
más floreciente, de este Archipiélago.
De tan imperiosa y urgente necesidad como nuestra vida política y
judicial es nuestra vida administrativa, por las razones fundamentales ale­gadas:
de igual manera que la primera, urge modificar la segunda, dando a
cada isla una organización autónoma, en que cada una de ellas pueda
desenvolver sus iniciativas y energías propias, y satisfacer sus necesidades,
sm entorpecer ni que la entorpezca la acción de las otras islas. Irracional y
doloroso es suponer que para que una isla tenga personalidad, es necesa­rio
absorber y anular las restantes. Esta autonomía en nada quebranta, por
el contrario consolida y robustece la unidad Nacional, siendo todas hijas
de la Madre España, y no hijastras como hasta el presente lo somos.
La autonomía administrativa que pedimos en nada quebranta, tam­poco,
la unidad regional desde el punto de vista de organismo Nacional;
quédense en buena hora las islas mayores, y buen pw les haga, con su
Gobierno Civil, su Capitanía General, sus Obispados y Audiencia, que en
nuestro recto modo de pensar, bien estará cada Centro donde de derecho y
justicia deba quedar, pues no es posible dar todos estos Centros a cada
isla; nosotros pedimos lo que entendemos que de justicia y equidad nos
conesponde: nuestra representación en Cortes, que defienda nuestros de­rechos
y lleve a la faz de la Nación nuestras peticiones de protección y
mejoramiento; nuestra administración autónoma, inspeccionada por un
representante del Gobiemo en cada isla, de más o menos categoría, según
la importancia de ésta, que impida que nuestro contingente provincial vaya
a consumirse en otra isla, y del cual no tenemos el menor aprovechamien-
48
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
to; y Juzgados de instrucción en Fuerteventura y Hierro en justa y equita­tiva
compensación de los ofrecidos en el viaje de S.M. a este Archipiélago,
que por juegos malabares de estos políticos, resultaron creados en Telde
de Gran Canaria y Granadilla en Tenerife.
Hasta nosotros ha llegado el rumor de que el Gobierno de S.M. tie­ne
el proyecto de elevar el número de los representantes en Cortes de este
Archipiélago; y esto que debía ser una esperanza para nosotros, ha hecho,
por el contrario, que nuestros temores suban de punto, pues tenemos la
convicción íntima de que los juegos malabares de los políticos de las islas
mayores a que hacíamos referencia anteriormente, lograrán distribuirlos
entre las dos Circunscripciones de Tenerife y Gran Canaria, como ya han
hecho con los Juzgados condenando a las islas menores a una orfandad
perpetua.
El sistema de Circunscripciones, que es el racional para las islas
que excedan de 50.000 almas, porque cada isla forma una esencialídad,
una región indivisa, con intereses y aspiraciones comunes y modo de ser
idéntico; en el que tendrán su debida representación las minorías, que es
la esencial característica de este sistema electoral; sería absurdo para las
islas que no lleguen a ese número, si se las incorpora a otras mayores, que
con su numeroso contingente electoral las ahogaría, como ha sucedido
siempre.
Estas son, en síntesis, las aspiraciones de las islas menores de Ca­nanas,
que respetuosamente elevamos a la consideración de las Cámaras
colegisladoras; en cuyo elevado criterio confiamos hallar el protector de
estas abandonadas islas, promulgando la Ley especial que pedimos; con lo
que se cortarían de raíz las luchas fratricidas que envenenan a las islas
mayores y que esclavizan y anulan a las menores sm esperanzas de reden­ción;
poique ninguna tendría interés en acapararse una capitalidad que no
¡e reportara ¡ucro alguno; y se realizaría el gran principio de moral y de
derecho que cada isla viviría de lo suyo y de su trabajo, no del trabajo de
las demás, suum cuique tribuere.
49
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
Entonces sería el Archipiélago Canario lo que debe ser; unidas sus
islas por el amor y el trabajo; apoyadas en la base sólida de la Justicia,
única capaz de regenerar y engrandecer a los pueblos; el centro mercantil
de tres contmentes, y la avanzada de la Madre España en el Atlántico, que
va a abrazar a su esclarecida hija la América española.
Sólo los espiritus cristalizados en la época de Calomarde pueden
asustarse o sonreírse, al pedir, como pedimos, esa limitada y absolutamen­te
necesaria autonomía: los que saben que Suiza reconoce, dentro de su
nacionalidad, con la independencia de los demás Cantones, que son ver­daderas
nacionalidades, al Cantón de Unterwalden, con 12.500 habitan­tes;
y que Inglaterra ha dado una Constitución especial a la minúscula isla
de Man, con 53.500 almas, a pocas millas de su costa, y que el Imperio
alemán reconoce la libertad de las ciudades hanseáticas; esos no se asus­tan
ni se ríen; piensan que una Nación como la nuestra sólo debe imitar a
la nación más culta y a las dos más poderosas de la Tierra.
Anhelamos que los representantes de las islas mayores, rindiendo
tributo a la justicia y a la equidad, que nacen de los datos estadísticos y
razones expuestas, sean los primeros defensores de nuestra justa causa; y
así lo esperamos confiados en su elevado criterio. El representante de la
Isla de la Palma que por más de un concepto, está en el caso de tutelar
nuestro derecho, y hacer suyas nuestras peticiones, merecerá bien de su
isla, porque resultará casi tan beneficiada como las nuestras.
Por todos los hechos y razonamientos expuestos respetuosamente
pedimos y esperamos de los Cuerpos colegisladores se sirvan promulgar
una Ley especial para el Archipiélago Canario, apoyada en las siguientes:
B A S E S
Pnmera: Cada una de las islas Canarias que tenga menos de cin­cuenta
mil almas, y Municipios constituidos según nuestras leyes, elegirá
50
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
un diputado a Cortes; las que excedan de esa cifra de población, elegirán a
otro por cada cincuenta mil almas más, o fracción de esta cantidad.
Segunda: Cada una de las islas Canarias, que tengan Municipios
constituidos según nuestras leyes, se regirá con su autonomía propia en
todos los órdenes administrativos, que en la actualidad conciernen a la
Diputación Provincial; creándose al efecto, en cada isla, una Junta, en que
estén debidamente representados todos los pueblos de la misma y en cuya
gestión intervenga de modo directo el Gobierno de la Nación: al efecto se
reglamentará la constitución de esta Junta, determinando el límite de la
acción del Gobierno.
Tercera: Las Juntas a que se refiere la base anterior tendrán las atri­buciones
necesarias para la defensa y dirección de los intereses morales y
materiales comunes a todos los pueblos de cada Isla y para establecer los
medios de relación necesarios a la defensa de intereses que afecten a todo
el Archipiélago.
Este documento, que no ha habido periódico de ¡a provincia que
haya querido reproducirlo, fue suscrito en las cuatro islas menores, en me­dio
del mayor entusiasmo, por 3.388 firmas; contándose, entre ellas, las de
la casi totalidad de sus intelectuales y autoridades.
La política de Santa Cruz y Las Palmas, que no dormían estudiando
y calculando las peripecias de la batalla, para asegurar su éxito, vieron un
peligro en esta tercería de mejor derecho, que, dentro del pleito provincial,
preparaban las islas menores; y ni tontos ni perezosos, los primeros obtu­vieron,
ignoramos aún por qué medios, apoderarse de los plebiscitos fir­mados
de la isla del Hierro, que fueron a parar al caballeroso don Antonio
Domínguez Alfonso, en Madrid; y los de Gomera, faltando a lo convenido,
dejaron de concurrir el día prefijado, para su remisión al Congreso. Los
políticos de Las Palmas fueron más gallardos en su resolución para ahogar
el débil grito de las islas menores. Enviaron a Arrecife sus dos diputados a
Cortes, acompañados de una falange dorada, haciendo toda clase de ofre­cimientos
a cambio de la entrega de los míseros plebiscitos firmados. Allí
51
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
se conserva aún viva la memoria de sus gestiones sin éxito, gracias a un
valiente plebiscitario, de corazón tan firme como de elevada inteligencia,
que a tiempo pudo evitar la sorpresa, y de un banquete en que no reinó
toda la paz octaviana que hubiera sido de desear. De paso por Fuerteventura
no se atrevieron ni a intentarlo siquiera.
Y he aqui al firmante, cual otro caballero manchego, a horcajadas
en el flaco rocinante de su plebiscito en dirección a Barcelona el 13 de
octubre de 1910, en medio de la rechifla de los divisionistas que tuvieron
conocimiento de su aventura. A Barcelona lo llevó la esperanza de que
apoyaran su idea las altas mentalidades del regionalismo catalán. Y con
cartas de su amigo Sr Brosa Roger lo recibió el jefe de los nacionalistas Sr.
Corominas y Montaña; quien, después de larga conferencia, hizo suya la
causa plebiscitaria, y puso a su defensa los once diputados de su mmoria.
Días después fue recibido por el subjefe de los radicales, Sr. Iglesias (don
Emiliano), quien con igual nobleza y grandeza de alma que el Sr. Corominas
abrazó la defensa de las ideas plebiscitarias y ofreció el apoyo de los dipu­tados
de su partido.
El 27 de octubre salió para Madrid el aventurero argamasillesco,
cada vez más enamorado de su Dulcinea, la Autonomía Canaria, y más
empeñado en desencantada de malandrines unitarios y divisionistas.
En Madrid, su primer paso fue presentarse, con una carta de su
amigo el Sr. Franchy y Roca, a don Francisco Pi y Arsuaga, espíritu grande
y elevado, que desde el primer momento se hizo cargo del problema cana­rio,
y a pesar de su ecuanimidad olímpica, heredada de su glorioso padre,
su espíritu vibró de indignación ante las injusticias de que eran objeto las
islas menores de Canarias. Entonces, sin vacilaciones ni vaguedades, no
solamente hizo suyo el plebiscito, smo que pidió ser él quien lo presentara,
apoyara y defendiera en el Congreso, lo que efectuó en la sesión del 19 de
noviembre; obligándome la veracidad de los hechos a consignar que el
único diputado de la Cámara que se levantó a impugnar el plebiscito fue el
Sr Moróte, diputado por Las Palmas; como también que faltándole los ple-
52
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
biscitos firmados del Hierro y los de Gomera, acudió al tenedor de los pri­meros,
don Antonio Domínguez Alfonso, diputado a Cortes por Tenerife,
rogándole la entrega, para presentarlos al Congreso, los plebiscitos firma­dos
que había recibido del Hierro; llegando en su caballerosidad, no sola­mente
a entregarle los documentos pedidos, reconociendo, con ello, que
era a quien únicamente le pertenecían; sino a unir su firma a la del autor
del plebiscito, telegrafiándole al Alcalde de San Sebastián de la Gomera,
rogándole enviara los firmados de aquella isla, lo que verificó dicha Autori­dad:
entregándolos luego el Sr. Domínguez Alfonso al firmante; y que éste
entregó después al Sr Pi y Arsuaga, unidos a los de Lanzarote, Fuerteventura
y Hierro, para formar el bloque deseado de las cuatro islas menores.
Y el hidalgo manchego fue recibido por el Sr Lerroux, por el Sr
Moret, por el Sr. Zulueta, por el Presidente del Congreso, Sr. Conde de
Romanones, y otros, y últimamente por el Presidente del Consejo de Minis­tros,
Sr Canalejas, y todos le prestaron atención; y todos reconocieron la
justicia de su causa; y todos le ofrecieron su protección y apoyo en el mo­mento
en que las Cámaras resolvieran el problema canario. jY sólo le vol­vieron
la espalda, y hasta le calificaron de loco, los que por muchos moti­vos
estaban en el deber de apoyar las aspiraciones de las islas menores!
Y estas noticias, que el telégrafo comunicó, cayeron como una bom­ba
sobre Las Palmas y sobre Santa Cruz; y entonces se dieron cuenta los
políticos altruistas de que el Archipiélago estaba formado por algo más
que por dos islas, y que alguien más que los tinerfeños y canarios tenían
derecho a la vida.
Entonces acudieron ambos, dentro de sus respectivos principios y
de la realidad de los hechos, a honrosas transacciones; y para condensar
sus resoluciones acordaron celebrar dos Asambleas magnas, una en cada
capital, el mismo 19 de febrero de 1911. Sus actas constan escritas y publi­cadas;
y las prensas de los pueblos rivales se encargaron, a su debido tiem­po,
de descubrir, aunque apasionadamente, las faltas que cada una come­tió
en su celebración.
53
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
A nuestro propósito basta consignar literalmente sus conclusiones;
y aun algunas extractadas por ser demasiado largas.
CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA DE SANTA CRUZ
Conviene y es aspiración del Archipiélago canario que éste consti­tuya
una sola provincia, respetando el derecho de Santa Cruz de Tenerife a
ser la capital, conforme lo estableció la Ley de 27 de enero de 1822.
Reformas en ¡a Adminístiación Pública.
«Organización Municipal de Canarias». — La que corresponde con
arreglo a la Ley de Administración Local que rija en la Nación.
«Organización Insular». — En cada isla un Cabildo o Consejo resi­dente
en la Capital de la isla, compuesto de representantes elegidos por
sufragio directo dentro de ellas, debiendo verificarse las elecciones en la
forma ordinaria.
A estos Cabildos se debe conceder, dentro del tenltorio de su juris­dicción,
análogas facultades a las que otorga la Ley a las Diputaciones
Provinciales en la actualidad.
Los municipios de cada isla satisfarán su contingente al Cabildo
insular respectivo, para atender con él al sostenimiento dentro del territo­rio
de las fundaciones o establecimientos de carácter benéfico o de ins­trucción
y a ejecutar obras púbücas de utilidad general.
«Organización Territorial». — Diputación Provincial compuesta de
representantes nombrados por sufragio directo de los electores de las siete
islas en proporción de 1 por cada 10.000 o fracción superior a 5.000 habi­tantes
(o el número que se considere conveniente fijar), con todas las atri­buciones
autonóimcas, económicas y administrativas que sin quebrantar
54
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
la unidad de gobierno, ni la nacional, permitan el libre desarrollo de las
iniciativas isleñas para el bien común.
La Diputación debería asesorar al Gobierno en todos los proyectos
de Ley, decretos y resoluciones ministeriales que afectaran a la manera de
funcionar de la Administración y organismos de todos órdenes en el terri­torio
canario, a fin de que en ningún tiempo estas resoluciones pudieran
resultar en contradicción con las que regulen el sistema regional del Archi­piélago.
«Delegación del Gobierno». — En cada isla, excepto en Tenerife,
debería haber un delegado con las atribuciones del que hoy funciona en
Las Palmas y además con las de velar cerca de los Cabildos por el cumpli­miento
de la Ley, y a ser posible con facultades económicas; pudiendo for­malizar
los ingresos y pagos de la Hacienda pública que conesponden a
cada isla, en aquellas donde no se creen funcionarios especiales del ramo,
siendo en este orden dependientes del Delegado de Hacienda residente en
esta Capital.
«Procedimiento contencioso-administrativo». — El tribunal provin­cial
de lo contencioso residirá en Santa Cruz de Tenerife, Capital de la pro­vincia,
constituyéndose en la forma que determina el artículo 15 de la Ley
de lo contencioso, lo cual presupone la creación en la Capital del organis­mo
judicial necesario al efecto.
«Ministerio de Fomento». — Como superior jerárquico de las Jefa­turas
de Obras Públicas y Montes, radicará en Santa Cruz de Tenerife una
Inspección General de esos ramos.
«Ministerio de Gracia y Justicia». — Se respetará en la Ciudad de
Las Palmas la existencia de la capitalidad de la Audiencia Territorial de
Canarias.
Se establecerá en Santa Cruz de Tenerife, Capital de la provincia,
una Sección de esa Audiencia Territorial para conocer los asuntos civiles y
55
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
crimmales y contencioso-administrativos correspondientes a Itenerife, Pal­ma,
Gomera y Hierro.
«Ministerio de la Marina». — Se creará con capitalidad en Santa
Cruz de Tenerife una Comandancia General exenta de Marina, cuya juris­dicción
abarcará todo el Archipiélago y las posesiones españolas todas del
Oeste del continente africano, conservando así la unidad de mando de es­tos
apartados territorios nacionales.
«Ministerio de Instrucción Pública». — Se restablecerá en la Ciu­dad
de San Cristóbal de la Laguna de Tenerife la antigua Universidad de
San Fernando, suprimida por R.D. de 17 de septiembre de 1845, satisfa­ciendo
así los anhelos de las Islas Canarias y facilitando elementos de cul­tura.
Representación en Cortes.
Que es dé necesidad urgente e inaplazable, que las islas de
Lanzarote, Gomeía y Hieno se constituyan en distritos que elijan diputa­dos,
con mdependencia de las islas mayores, Tenerife y Gran Canaria.
Que cada una de las expresadas islas menores debe formar un dis­trito,
que elija un Diputado, representante peculiar de la misma, por ser
incompatibles entre sí sus intereses y sus aspiraciones.
¡Fuerteventura no merecía los honores y representación; pero sí el
Hierro!
CONCLUSIONES DE LA ASAMBLEA DE LAS PALMAS
1.° Que inmediatamente se abran las Cortes, se lleve a ellas un pro­yecto
de Ley dividiendo al Archipiélago canario en dos provincias.
56
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
2° Que dentro de este proyecto de división se otorgue la mayor
descentralización administrativa posible para todas y cada una de las is­las.
3.° Creación del distrito electoral de Lanzarote y Fuerteventura, con
los organismos necesarios, para que puedan hacerse las operaciones elec­torales
con entera independencia.
4.° Creación de un Juzgado de primera instancia y de instrucción
en Fuerteventura.
En esta Asamblea se gastó menos tiempo, porque apenas duró una
hora; menos tinta como se ve; y menos conversación, porque sólo habló el
Alcalde de Las Palmas; sin que a los otros dos Alcaldes de las capitales de
Lanzarote y Fuerteventura, que también presidían, se les ocurriera decir
una palabra sobre asuntos tan graves para sus islas, como los que trataban
las conclusiones expuestas.
Hay que hacer constar que la isla de La Palma celebró también su
Asamblea en medio del mayor entusiasmo; y predominando en ella, más
acentuadas que en ninguna, las doctrinas autonomistas; pero, dentro de
su grupo occidental, también se oponían a la división de la provincia.
El resultado de las Asambleas fue una orientación más o menos
franca, más o menos vergonzante, en sentido autonomista, de las tres islas
mayores; pero siempre aferradas a su obsesión de unitarismo o divisionismo
provincial.
Y las huestes divisionistas acentúan su presión sobre el Gobierno,
para que lleve a las Cortes el Proyecto de reformas de Canarias: y el 8 de
mayo de 1911, se lee en el Congreso el Proyecto llamado de Merino, por ser
el Ministro de la Gobernación que lo confeccionó.
Este Proyecto era radicalmente divisionista; y se concretaba exclu­sivamente
a dividir, dentro de la vigente Ley provincial, en dos provincias
57
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
el Archipiélago Canario. Nada de representación parlamentaria a cada isla;
nada de Administración propia a los intereses exclusivos de cada una; nada
de facultades autonómicas para fomentar cada cual sus intereses. Palma,
Gomera y Hierro debían seguir unidas al yugo de Tenerife; y Lanzarote y
Fuerteventura sólo cambiaban de amo y quedaban sujetas a Gran Canaria.
No había redención. Los divisionistas habían triunfado en toda la línea.
Entonces, y puede afirmarlo el que suscribe, el Sr. Pi y Arsuaga
celebra una detenida conferencia con el Sr. Canalejas, y en ella le demostró
que la única solución justa, racional y política del problema canana, con­sistía
en concederles las reformas plebiscitarias pedidas por las islas me­nores.
Así debió entenderlo el eminente estadista, cuando le prometió, en
la misma conferencia, incluir las bases del Plebiscito en las reformas que
introduciría en el Proyecto. Promesa que la cumplió en el «Dictamen de la
Comisión parlamentaria», leído en el Congreso el 10 de junio de 1911.
El Dictamen de la Comisión parlamentaria venía a ser un nuevo
Proyecto de reforma administrativa de Canarias; pero en el fondo no era
sino el mismo Proyecto divisionista de Merino, con ligeras variantes, in­cluyendo
las bases autonómicas del Plebiscito.
En síntesis, dividía en dos provincias el Archipiélago canario, con­cediéndole
primacía a la del grupo occidental, un diputado a Cortes a cada
isla, y una autonomía inconcreta y concesiones administrativas a todas las
islas.
El efecto que el Dictamen produjo en el Archipiélago canario fue
vario, como era de esperar. En Tenerife produjo una explosión de disgusto;
pues no solamente mataba sus ideales dividiendo la provincia, sino que
aflojaba las lazos burocráticos sobre las tres islas, que quedaban sujetas a
su administración. Gran Canaria, aunque le halagaba su amor propio obte­ner
la victoria y ser cabeza de provincia, le humillaba ser de categoría infe­rior,
quedar en algunos extremos sujeta a Tenerife, y no se explicaba una
capitalidad provincial sobre dos islas semiautónomas y semisujetas a
58
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
Tenerife. A pesar de esto, su prensa, aunque con distingos y reservas, aplau­dió
el Dictamen. Las islas menores, según el grupo a que pertenecían, veían
la nueva reforma de distinta manera. Sólo los plebiscitarios, y no todos, se
abrazaron al Dictamen como un paso gigantesco en la Autonomía canaria,
esperando que el tiempo purificara sus impurezas. En este punto hay que
consignar que, ya sea por las razones apuntadas, o por otras que descono­cemos,
el caso fue que a pesar de lo relativamente numerosa que es la
prensa periódica en Canarias, no hubo un periódico en el Archipiélago que
defendiera de lleno la nueva reforma; sólo unos autonomistas de corazón
fundaron en Santa Cruz de la Palma un modesto pero valiente y bien escri­to
semanario titulado «El Dictamen», en defensa del nuevo proyecto. Y huel­ga
decir que sufrió las iras, no sólo de la prensa de Tenerife sino aún de la
misma de La Palma.
Tenerife, que vio reducidos sus dominios a menos de la mitad, y
casi segura una completa derrota, redobla sus esfuerzos, enardeciendo a
sus huestes con el fuego de la Autonomía. Y caen nuevas Comisiones so­bre
Madrid, que ya plantean el Problema canario en sentido francamente
autonomista, único que podía con lógica y con justicia resolver el conflicto.
Y se enardece, de nuevo, la pelea; y se abren, por el Gobierno, infor­maciones
verbales en el Congreso, donde van los mejores paladines a rom­per
sus lanzas; y el Sr. Canalejas, cumpliendo noblemente los compromisos
contraídos, plantea en el Congreso el Problema canario, con toda la solem­nidad
y amplitud que quieran darle los contendientes; y el fragor de la ba­talla
llega a su período álgido con la presencia en Madrid de las numerosas
Comisiones enviadas por Tenerife y Gran Canaria.
Y los esforzados campeones libran batallas homéricas defendiendo
hasta las más débiles trincheras, y entran en fuego todas las armas de ambos
contendientes, y se ponen en juego todos los medios defensores y destruc­tores,
y llueven sobre el campo de batalla de Madrid y Canarias artículos
de periódicos incendiarios, y se escriben libros y folletos, algunos tan nu­tridos
de erudición, como vacíos de lógica y de moral, y se califica de trai-
59
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
dor en calles y plazas al que tiene la osadía de tener criterio propio; y sur­can
el aire, como áspides de fuego, la reticencia, la injuria, la calumnia y la
amenaza, que el público enardecido comenta, y con ellas flagela a sus víc­timas,
y durante muchas noches hubo que custodiar hogares modestos y
tranquilos con guardias municipales y de Orden Público. ¡Sólo por el delito
de defender la Autonomía canana!
Y como los principios que cada bandera defendía eran viciosos,
fácil le fue a su adversario destruirlos con la fuerza de la razón y de la lógi­ca;
y se destruyeron mutuamente la unidad y la división; y resplandeció,
como no podía ser menos, el principio autonómico plebiscitario. Su bon­dad
no necesitaba defensa.
Allí se aquilata el oro puro, allí se contrasta el metal precioso de la
justicia, de la equidad y de la razón, para convertirlo en preceptos coerciti­vos,
en artículos de leyes y reglamentos que tracen los nuevos rumbos del
porvenir del Archipiélago canario; y allí quedarán reducidos a escorias y
materia vil las unidades y las divisiones, hijas de los egoísmos y de las
concupiscencias
Y a las altas temperaturas de aquella jomada, la mayor que registra
la Historia de Canarias, en la que todos lucharon como buenos; porque
todos terminaron por defender la peña en que nacieron, sin miras egoístas
de absorción de las demás islas, se destiló gota a gota el metal purísimo,
mil veces más valioso que el oro y el radium, de la autonomía insular ple­biscitaria
de Canarias.
Y el español ilustre, el nunca bien alabado en Canarias, el verdade­ro
padre del Archipiélago, porque a él le debemos principalmente la vida
de la libertad, de la justicia y del amor, que es la verdadera vida de los
pueblos cultos; el gran Canalejas, tomó sobre sus hombros todo el peso de
la Ley razonándola él solo en el Congreso, como celoso de que alguien le
disputara la gloria de su paternidad; y aceleró su aprobación, como te­miendo
por misterioso presentimiento que le faltara vida para legar a Ca-
60
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
narias el tesoro de su porvenir. Él y su Gobierno presentaron a las Cortes y
éstas votaron la siguiente:
LEY
Artículo 1.° El territorio de la Nación española que constituye el
Archipiélago canario, cuya capitalidad reside en Santa Cruz de Tenerife,
conservará su unidad, atendiéndose los servicios públicos en el modo y
forma que se determina en esta ley
Art. 2.° El Archipiélago canario mantendrá su organización actual
en los ramos militar y judicial, continuando como hasta aquí establecidas,
con jurisdicción en todo él, la Capitanía General en Santa Cruz de Tenerife
y la Audiencia Territorial en Las Palmas.
Art. 3.° Completando su organización, se establecerá por el Minis­terio
de la Guerra un Gobierno militar en la isla de La Palma, que será desem­peñado
por un general de brigada.
Art. 4.° Para facilitar la más pronta y económica administración de
los asuntos judiciales, por el Ministerio de Gracia y Justicia se creará una
Audiencia provincial en Santa Cruz de Tenerife, en iguales condiciones
que las existentes en las demás capitales de provincia, con facultades para
el nombramiento de los jueces, fiscales y adjuntos de los Tribunales muni­cipales
de Tenerife, Palma, Gomera y Hierro, funcionando en ella el Tribu­nal
Contencioso-administrativo.
Para la celebración de los juicios orales en lo criminal continuarán
actuando las secciones como hasta aquí, constituyéndose en las poblacio­nes
del Archipiélago indicadas por la ley
Por el Ministerio de Gracia y Justicia se crearán Juzgados de pri­mera
instancia e instrucción en los pueblos de Los Llanos, en la isla de La
61
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
Palma, en las capitales de las islas de Hierro y Fuerteventura, uno en Icod
de la isla de Tenerife, y habrá dos en Las Palmas, que se denominarán de
Triana y Vegueta. La creación de los nuevos Juzgados no alterará el nú­mero
de Diputados provinciales que corresponda elegir en cada isla o co­marca.
Art. 5.° Se crearán Corporaciones administrativas denominadas
Cabildos Insulares en cada una de las siete islas que forman el Archipiéla­go
canario.
El Cabildo insular tendrá un número de vocales proporcional a la
población de su isla respectiva, siendo los de Tenerife y Gran Canaria uno
por cada 5.000; los de La Palma, uno por cada 2.000 y los de las cuatro islas
restantes, uno por cada 1.000.
La elección de los vocales se hará por sufragio directo en el plazo
de dos meses, a contar desde la publicación del reglamento de esta ley
renovándose en lo sucesivo por mitad cada dos años en la época de la
elección bienal de los Ayuntamientos.
Las atribuciones de los Cabildos serán:
a) Propias, o sea, de la exclusiva competencia de los mismos.
Las que el artículo 74 de la ley Provincial atribuye a las Diputacio­nes
provinciales, en cuanto sea propio y peculiar de cada una de las islas.
b) Como Corporaciones de categoría superior a los Ayuntamientos,
las que se atribuyen a las Diputaciones y Comisiones provinciales por los
artículos 75 de la ley Provincial, y 7, 21, 76 y 165 de la ley Municipal y Real
decreto de 24 de marzo de 1891.
c) Funciones consultivas en materia de aguas, fomento, instrucción,
sanidad, beneficencia y obras públicas, en todo lo que respecta a cada una
y según se determina en el artículo 102 de la ley Provincial.
La Hacienda de los Cabildos insulares estará constituida:
62
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
Primero: Por los recursos que procedan, así de rentas o productos
de toda clase de bienes, derechos o capitales que por cualquier concepto
les pertenezcan y no formen parte hoy de la Hacienda provincial o de esta­blecimientos
que dependan de los Cabildos, como las obras públicas, ins­tituciones
o servicios costeados de sus fondos.
Segundo: Por las subvenciones voluntarias de los Ayuntamientos.
Tercero: Por los arbitrios y demás recursos autorizados por la ley
Municipal a los Ayuntamientos, previo inforaie de los mismos.
Los Cabildos insulares consignarán como primera partida de su pre­supuesto
anual la suma que les haya sido repartida por las Diputaciones
provinciales en concepto de contingente.
Un reglamento dictado por el Gobierno dentro del plazo de cuatro
meses a partir de esta ley determinará el funcionamiento de los Cabildos
insulares, el carácter de sus resoluciones y los recursos que contra los mis­mos
proceda.
Para asuntos de interés común a dos o más islas se autorizan las
mancomunidades de Cabildos.
Art. 6.° La Diputación provincial del Archipiélago canario funcio­nará
con arreglo a lo prevenido en la ley Orgánica de 29 de agosto de 1882
y demás disposiciones vigentes en todo lo que sea compatible con los Ca­bildos
insulares.
El Gobierno podrá establecer delegaciones en el Archipiélago ca­nario
con arreglo a las disposiciones vigentes.
Art. 1° Se crearán en la ciudad de Las Palmas una Jefatura de Obras
Públicas y organismos para los servicios económicos del Estado con igua­les
funciones que los establecidos en las capitales de provincia. En cada
isla menor se creará una Depositaría-Pagaduría.
63
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
Se creará un distrito forestal en Las Palmas y una oficina auxiliar
del distrito forestal, hoy existente, en Santa Cruz de La Palma.
Esta última tendrá además una Administración-Depositarla, una
oficina auxiliar de Obras públicas, una Administración de Correos en San­ta
Cruz de La Palma y una estafeta de Correos en Los Llanos. Se creará
una oficina auxiliar en Arrecife.
Por el Ministerio de Hacienda se creará una Administración subal­terna
en Arrecife y por el de Fomento se creará una Granja Agrícola en
Guía de Gran Canaria. Y se creará una hijuela de la Granja Agrícola de
Cananas en el Valle de la Orotava.
Art. 8.° Se autoriza al Ministerio de Instrucción pública en La La­guna
para establecer centros docentes en relación con las necesidades
del Archipiélago.
Se crearán Escuelas de Artes y Oficios en las islas de la Palma,
Lanzarote y Gomera, y una Escuela de Comercio en Las Palmas.
La Escuela Municipal de Artes y Oficios que existe en Santa Cruz
de Tenerife se elevará a Escuela del Estado, ingresando su profesorado en
el escalafón oficial.
Art. 9.° La provincia de Canarias elegirá tres Senadores como ac­tualmente.
En cada isla y ante las Secciones de la Junta Provincial del
Censo, votarán los respectivos compromisarios y diputados provinciales y
el escrutinio general se verificará en la capital de la provincia.
La división electoral para Diputados a Cortes será la siguiente:
1.° La isla de Tenerife formará un distrito que ele0rá tres Diputa­dos;
la de La Palma nombrará uno, como actualmente, y las de Gomera y
Hierro constituirán cada una un distrito, eligiendo su Diputado; estable­ciéndose
Secciones independientes de la Junta provincial del Censo, las
que han de funcionar en Santa Cruz de La Palma, en San Sebastián de la
64
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
Gomera y en Valverde. Si el censo de población de la isla de La Palma
acusase cifra mayor a 50.000 almas, eleguá dos Diputados: uno por el dis­trito
de Santa Cruz de la Palma y otro por el distrito de los Llanos.
2.° La isla de Gran Canaria formará un distrito que elegirá tres Di­putados,
la de Lanzarote uno y la de Fuerteventura otro, constituyendo
Secciones independientes de la Junta provincial del Censo que deben es­tablecerse
en Arrecife y Puerto de Cabras.
Art. 10.° Se autoriza al Ministro de Hacienda para que promulgada
la presente ley requiera a la Sociedad Arrendataria de Tabacos para conve­nir
el restablecimiento de lo estipulado en la base 8.^ del contrato que se
celebró el 20 de octubre de 1900 entre el Estado y dicha Compañía, por el
cual se adquirían anualmente hasta 100.000 kilogramos de tabaco en rama
de producción canaria, y para convenir también la venta en comisión del
tabaco elaborado de la provincia.
En su virtud, quedan derogadas las Reales órdenes del 23 de no­viembre
de 1899; 19 de febrero y 1.° de noviembre de 1903, y el tabaco en
rama producido y cultivado en Cananas, y la elaboración del mismo por la
industria del país se considerará como producción española, quedando,
por tanto, comprendido entre los demás productos exceptuados que se
enumeran en el artículo 7 de la ley de 5 de marzo de 1900, siempre que el
referido tabaco en rama sea destinado a las fábricas del monopolio, y el
elaborado a la venta en comisión por la Sociedad Arrendataria. Dicha co­misión
se fijará por el Ministro de Hacienda, a propuesta de la Compañía,
pues nunca podrá exceder del 25 por 100 sobre el precio convenido para la
venta al público del producto elaborado.
Art. 11.° Sin perjuicio de las actuales franquicias arancelarias, que
disfruta el Archipiélago canario, se autoriza al Ministro de Hacienda para
establecer en las ciudades de Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas, Santa
Cruz de La Palma y Arrecife, zonas libres para las mercancías de tránsito a
plazas extranjeras.
65
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
Art. 12 ° La nueva organización determinada por esta Ley sólo po­drá
ser modificada por otra Ley.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primeía. Dentro de los seis meses siguientes a la publicación de
esta ley se convocarán las elecciones de Diputados a Cortes por los nuevos
distritos de Lanzarote, Gomera, Fuerteventura y Hierro.
Segunda. La organización establecida por la presente ley quedará
implantada dentro del término de seis meses, debiendo dictar el Gobierno,
con la conveniente anticipación, las disposiciones reglamentarias que juz­gue
pertinentes.
Tercera. Cuidará también el Gobierno, al organizar los servicios ad­ministrativos
de Canarias, de unificar las gratificaciones de residencia y
cómputo, el tiempo de servicio de que disfrutan los funcionarios del Esta­do
en dichas islas, fijando las que deben percibir desde la fecha indicada
en la primera de estas disposiciones.
ARTÍCULOS ADICIONALES
Primeío. Esta ley no empezará a regir mientras no se dicte el Regla­mento
de los Cabildos insulares, el cual quedará pubhcado en el improrro­gable
término de cuatro meses.
Segundo. Quedan derogadas todas las disposiciones que se opon­gan
al cumplimiento y ejecución de la presente Ley
Por tanto:
Mandamos a todos los tribunales. Justicias, Jefes, Gobernadores y
demás Autoridades, así civiles como militares y eclesiásticas, de cualquier
66
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar la pre­sente
ley en todas sus partes.
Dado en Palacio, a once de julio de mil novecientos doce.
YO EL REY
El Presidente del Consejo de Ministros, José Canalejas.
Cumpliendo lo preceptuado por la Ley en su Art. 5.°, el Gobierno
aprobó el «Reglamento provisional para el régimen de los Cabildos insula­res
en las islas Canarias» en 14 de octubre del mismo año. Consta de 84
artículos y de 4 disposiciones transitorias. No solamente desarrolla los fun­damentos
de la Ley sin alterarlos, smo que fija y precisa las atribuciones,
organización y funcionamiento de los Cabildos insulares, constituyendo
organismos autónomos tan perfectos, en cada isla, que son reputados,
por toda la prensa de la provincia, como verdaderas Diputaciones provin­ciales,
resultando cada isla, en lo que le es propio y peculiar, regida y ad­ministrada
por sí misma, sm intervención de las demás islas. Más aún,
tienen la capacidad legal para mancomunarse entre si dos o más islas, en
todo lo que sea de interés común para las mismas. Munificencia espléndi­da
de las Cortes con el País canario, que le da a cada isla una facultad
soberana de Estado autónomo, en todo lo que se relacione con sus intere­ses
morales y materiales, i Supremo ideal de los autonomistas plebiscitarios,
pedido en su base tercera y facultad no soñada siquiera por ningún políti­co
canario!
Comparemos las peticiones plebiscitarias con las concesiones le­gales
que esencialmente reforman la antigua Ley
Nada esencial concede la nueva Ley de Canarias que no se pida en
el Plebiscito.
67
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
POST NUBILA PHOEBUS
Ya todas las islas Canarias son mayores de edad y tienen represen­tación
en el Parlamento: ya todas se gobiernan y administran a sí mismas:
y ya no hay injerencias ni absorciones políticas ni económicas de unas a
otras, si cada una es digna de los derechos que le ha concedido la Repre­sentación
Nacional: ya cada una tiene personalidad jurídica para desarro­llar
y fomentar sus intereses morales y materiales, sm que legalmente pue­da
haber quien la cohiba ni limite en un ápice, teniendo, como tienen,
representación en Cortes que defienda sus derechos.
Si la esclavitud ha echado tan hondas raíces en el corazón canario,
que no pueda vivir sin amos que lo exploten, perdido es el fruto de tamaña
jornada. Pero si se dan cuenta de su libertad actual, de sus derechos y de
sus deberes, para con su tiena y para consigo mismos, los Cabildos serán
lo que deben ser, el núcleo de los hombres amantes de su isla, que tracen el
rumbo que la conduzca a su prosperidad y engrandecimiento; disponien­do
de sus representantes en Cortes como de sus mandatarios legales: ideal
plebiscitario.
Los que amamos a la autonomía y al engrandecimiento de Cana­rias,
debemos tener confianza en el porvenir. El hombre que hoy rige los
destinos de la Nación fue el que resucitó el Problema canario; fue el primer
político de altura que vino a estas islas, acompañando a S.M. de Ministro
de jornada, a estudiar, sobre el terreno, sus necesidades; y el primero que
se penetró del estado monstruoso político-social de este Archipiélago. Por
eso prestó su decidido y eficaz apoyo al Plebiscito de las islas menores, en
1910, siendo Presidente del Congreso, tomando a su cargo su defensa, por
considerarla la más justa causa del Problema canario. Esas promesas que
hizo efectivas presidiendo el Congreso, las ha hecho también presidiendo
al Consejo de Ministros. La muerte nos arrebató a un Pi y Arsuaga y a un
68
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
Canalejas; pero la estrella de Canarias, que hoy empieza a brillar, nos ha
dado a un Conde de Romanones, heredero digno de aquellos grandes hom­bres.
Al tinerfeño, al acanariado, al enemigo de Las Palmas, al hombre
con el corazón lleno de odio, pues con todos esos hombres se ha motejado
al firmante, sólo le queda la satisfacción del deber cumplido, por haber
aportado su grano de arena a la regeneración del Archipiélago canario; el
júbilo inmenso de poder abrazar a todos los canarios como hombres libres,
que sabrán realizar los ideales de cada isla, sin que les preocupen los pri­meros
pasos, que forzosamente han de ser vacilantes; pero que nada signi­fican
en la vida de los pueblos; y el orgullo legítimo de ver desencantada a
su Dulcinea, la tierra canaria de malandrmescas tutelas, que tantas amar­guras
le hicieron pasar en la Diputación Provincial.
Libres sois, para recoger el fruto de esa jornada cruenta, o para es­terilizarla;
pero no olvidéis jamás, rindiendo un tributo de justicia, que esa
libertad la debéis a los esfuerzos titánicos de los divisionistas canarios, sin
los cuales hubiera sido vuestra esclavitud eterna.
Si sois agradecidos, levantadle en vuestro corazón un monumento
a las grandes figuras de Pi y Arsuaga y Canalejas, verdaderos padres de
Canarias: y haced que sus retratos ocupen sitio preferente en las Salas
Capitulares de vuestros Cabildos: que, seguramente, nadie lo podrá atri­buir
a adulación, y su falta, sí, a negra ingratitud.
No olvidéis, por último, que si la Representación Nacional os con­cedió
tal número de libertades y privilegios, es porque os reputó hombres,
íntegros y patriotas, no sólo individual, sino colectivamente. Y que una
Ley se revoca con otra Ley
• MANUEL VELÁZQUEZ
Las Palmas, febrero 1.° de 1913.
69
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
PLEBISCITO
Base Primera
Cada una de las islas Canarias que ten­ga
menos de 50.000 almas y Munici­pio
constituido según nuestras leyes,
elegirá un diputado a Cortes, la que
exceda de esa cifra de población ele­girá
otro por cada 50.000 almas más,
o fracción de esta cantidad.
Base Segunda
Cada una de las islas Canarias que
tenga Municipios constituidos se­gún
nuestras leyes, se regirá con au­tonomía
propia en todos los órdenes
administrativos que en la actualidad
concierne a la Diputación Provincial.
Creándose al efecto, en cada isla,
una Junta en que estén debidamen­te
representados todos los pueblos
de la misma.
Y en cuya gestión intervenga de
modo directo el Gobierno de la Na­ción.
Al efecto se reglamentará la Cons­titución
de esa Junta, determinando
el limite de la acción del Gobierno.
Base Teiceía
Las Juntas a que se refiere la base
anterior, tendrán las atribuciones
necesarias para la defensa y direc­ción
de los intereses morales y ma­teriales
comunes a todos los pueblos
de cada isla, y para establecer los
medios de relación necesarios a la
defensa de los intereses que afec­ten
a todo el Archipiélago.
LEY
Articulo 9.°
La división electoral para di­putados
a Cortes será la siguiente:
— Concede exactamente todo lo
que se pide en esta base.
Artículo 5.°
Se crearán corporaciones adminis­trativas
denominadas Cabildos in­sulares
en cada una de las siete is­las
que forman el Archipiélago Ca­nario.
— Las atribuciones de los Cabildos
serán: sustituir todas las que.la Ley
señala a las Diputaciones, en cuan­to
sea propio y peculiar a cada una
de las islas.
El Cabildo insular tendrá un núme­ro
de vocales proporcional a la po­blación
y su elección se hará por su­fragio
directo.
Art. 6.° El Gobierno podrá estable­cer
delegaciones en el Archipiéla­go
canario con arreglo a las disposi­ciones
vigentes.
Art. 5.° Un Reglamento dictado por
el Gobierno dentro del plazo de 4
meses determinará el funciona­miento
de los Cabildos, el carácter
de sus resoluciones y los recursos
que contra los mismos proceda.
Art. 5.° Para asuntos de interés co­mún
a dos o más islas se autorizan
las mancomunidades de Cabildos.
Art. adicional 2° Quedan derogadas
todas las disposiciones que se opon­gan
al cumplimiento y ejecución de
la presente Ley.
70
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
VIAJE PLEBISCITARIO
{Diario de Manuel Velázquez)
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
Salí de Las Palmas en el «Saboya» el 13 de octubre de 1910, a las 11
de la noche. Me dieron un departamento solo, número 17. Va a bordo una
compañía dramática italiana del director signor Laguardia. Llegué a Barcelo­na,
después de un viaje feliz, el 17, a las 4 de la tarde y me instalé en el
Hotel Falcón. Salí de Barcelona el 26 a las 8 y media de la noche. Llegué a
Madrid a las 11 de la mañana del 27. Salí de Madrid para Cádiz el 29 de
noviembre a las 8,20 Llegué a Cádiz el 30 a las 12,25. Salí de Cádiz en el
«C. Wilfredo» el 2, 5 tarde.
El estado político, económico y administrativo de las islas menores
se refleja perfectamente en el plebiscito; por estar tomados los hechos de
su exposición de la Estadística y de la observación, se ve que su condición
no puede ser más lamentable.
Ahora bien, si nos fijamos en la manera de ser del archipiélago y en
nuestra organización nacional, vemos perfectamente que no es posible
ponerle remedio al estado lamentable de las islas menores, por esfuerzos
que se hagan, sino por variación de leyes y procedimientos que imponga
el poder central. La razón de esto es sencilla de comprender; a las islas
menores, por su pequenez y relativa miseria y sobre todo por la máquma
social constituida, les es imposible moverse sin que sean arrastradas por
Tenerife o Canaria (de La Palma no hay que hablar porque forma coto redu­cido).
Sus relaciones mercantiles, económicas, los propietarios absentistas
y principalmente la máquina política caciquista actual, las encadenan a
las dos islas mayores en forma tal que les es materialmente imposible mo­verse
SI no es en el sentido que les marquen las mayores, y éstas, ya sabe­mos
como lo han hecho siempre: el mismo hecho reciente del escamoteo
73
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
de los plebiscitos del Hierro y del resultado de la reunión de alcaldes de la
Gomera lo confirman.
Aunque parezca lo dicho en oposición con la explosión de entu­siasmo
que experimentaron las islas menores firmando el plebiscito,
ejecutando un acto de oposición a las islas mayores, resulta una verdadera
paradoja que explica mejor que nada lo que afirmamos. Las islas menores
vieron en el plebiscito (repartido en un día por todas ellas) la historia exac­ta
de su preterición y condensadas sus aspiraciones en sus bases; de ahí
su explosión de entusiasmo traducido en la casi totalidad de las firmas de
todos los colores políticos de sus hijos con la sola excepción de los excesi­vamente
egoístas y cautos
Cuando ambas islas mayores se dieron cuenta del hecho y pesaron
las consecuencias de la tercería que las menores le ponían a su pleito, viendo
el efecto moral que en las Cananas produciría la historia de tantos egoís­mos,
en el preciso momento de fallar su litigio, pusieron una y otra todos
los medios a su alcance para hacer abortar el plebiscito.
Canaria envió a Lanzarote y Fuerteventura a una comisión por sus
únicos diputados a Cortes, su juventud aristocrática (Manrique, Bravo,
Delgado) y sus hombres populares (Meló) e Ingeniero Jefe (Orencio y ayu­dantes)
con el inocente y caritativo propósito de apoderarse, por medio de
ofertas, de los plebiscitos firmados o, en último término, arrancarles una
adhesión a la división provincial: dada la actitud que hallaron en Arrecife,
ni intentaron siquiera lo primero pero sí lo segundo ofreciéndoles hasta la
autonomía que pedían en el plebiscito; pero ni aún esto consiguieron, sino
de los miembros del Ayuntamiento que ya habían contestado al Cuestio­nario
según sus deseos, como se demostró en el banquete que se celebró
en honor de los diputados. En Fuerteventura le pasó algo parecido a la
Comisión en Gran Tarajal.
Tenerife empleó otro procedimiento más hábil y más sencillo: como
no pudo impedir las firmas, se apoderó dulcemente de los plebiscitos fir-
74
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
mados, valiéndose en Gomera y Hierro de sus muñidores políticos, quie­nes
obtuvieron su nombramiento de representantes para presentar los ple­biscitos
en el Congreso a favor del diputado hijo de Tenerife señor Do-minguez
Alfonso, en cuyo poder se encuentran, faltándose con ello al com­promiso
de que los representantes fueran sólo hijos de cada isla.
CONFERENCIAS EN BARCELONA
Don José Die
(Aleta, 1862. Secretario del Gobierno Civil de Barcelona desde ene­ro
de 1909)
Me recibió mi antiguo y verdadero amigo. A pesar de su espíritu y
carrera ordenancista y lo avanzado del espíritu del plebiscito, lo aplaudió y
me ofreció su concurso por creerlo justo y legal.
No pudimos tratar el asunto a fondo por falta de tiempo pues la
Secretaría del Gobierno no le deja un momento libre.
Conservó en depósito los plebiscitos firmados y hoy 20 [de octubre]
me dio una carta para don Salvador Raventós, secretario particular de
Canalejas, que dice así:
«Excmo. Sr. D. Salvador Raventós. Mi querido amigo: será portador
de ésta el que lo es mío, don Manuel Velázquez, abogado de Canarias, quien
te hablará de una cuestión de importancia que le lleva a Madrid, y en el
que te agradeceré mucho hagas en su obsequio cuanto te sea posible por
tratarse, como te he dicho, de un buen amigo».
Quedamos en que el resultado de esta carta determinaría nuestra
futura línea de conducta, enviándome él las cartas que yo le pidiera desde
Madrid por los entorpecimientos que pudieran presentarse.
75
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
Don Pedio Coiominas
Jefe del partido republicano Unión Nacionalista Catalana. Diputa­do
a Cortes, director de «Els Poblé Cátala»
Solicité una conferencia y la tuve el 19 de 7 a 8 y media de la noche.
Le expuse a grandes rasgos la cuestión plebiscitaria, dejando la parte esta-distica
al plebiscito, que ofreció estudiar: requinté un poco sobre fiechos
de mi vida de diputado y sobre el estado político y administrativo del Ar­chipiélago;
entonces empezó a formularme preguntas, como el mejor in­quisidor
Sin duda mis respuestas debieron satisfacerie porque me dijo que
era justa y simpática nuestra causa, que entendía debia apoyarla su parti­do,
que en la actualidad cuenta con once diputados; que él escribiría a
quien hacía de presidente en Madrid; y a pesar de mis observaciones es­cribió
en el acto y dice así:
«20 Octubre de 1910. Sr D. José Zulueta. Distinguido amigo: me
recomiendan de Canarias al Sr D. Manuel Velázquez portador de un ple­biscito
que elevan a las Cortes las islas menores de aquel Archipiélago. Se
trata de un problema autonomista al cual, en mi modo de sentir, no pode­mos
negar nuestro apoyo. Creo más, por el concepto que he podido formar
de la cuestión hablando con el Sr Velázquez, creo que las islas menores,
sobreponiéndose a las rivalidades entre Tenerife y la Gran Canaria, adop­tan
una táctica, ofrecen una solución más justa y aún más política. Espero
que Ud. le escuchará y que contribuirá, en cuanto de Ud. dependa, a la
más simpática introducción en Madrid del representante de las islas me­nores
».
Disertamos luego sobre creación y demarcación de distrito electo­ral,
sentando y sosteniendo la teoría del plebiscito, con la cual pareció es­tar
conforme y hasta adujo razonamientos en su pro, combatiendo, de paso,
al proyecto del Gobierno en la nueva demarcación de diputados a Cortes;
añadiendo que aunque el Gobierno no plantee la cuestión canaria en esta
legislatura, tendrán sus compañeros que llevar al Parlamento la cuestión
76
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
de la primera base del plebiscito por la relación que tiene con las necesida­des
del pueblo catalán
Disertamos también sobre la segunda base del plebiscito y yo sos­tuve
las teorías plebiscitarias por ser inaplicable a Cananas la Ley provin­cial
en todas sus partes; estando conforme con nuestros principios. Me
argüyó el conflicto que traerian al Gobierno las islas mayores, de apoyar el
plebiscito: le contesté que la división sólo se sostenía en Canaria, y eso por
un grupo que ni aún creía en ella y sólo la utilizaba como arma política
local; que tenía el convencimiento de que la misma Canaria era plebiscita­ria,
como también La Palma, por las manifestaciones que los intelectuales
de una y otra isla (Colegio de Abogados y ponencia) habían hecho; que
sumadas en esa aspiración las seis islas, carecía de fundamento el derecho
que invoca Tenerife y caería por su base su actitud amenazadora. Enton­ces
reconoció lo justo y político de nuestro plebiscito.
Finalmente me dijo que iría a Madrid dentro de 15 días y yo le ofre­cí
esperarle allí ese tiempo.
Don Emihano Iglesias.
OctubTe 26.
Diputado a Cortes, segundo jefe del partido de Lerroux; abogado
gallego, hombre duro y seco en su conversación.
Le expuse, con algunos antecedentes, la misión que me llevaba a
Madrid y mi presencia en Barcelona a solicitar de estos elementos regio-nalistas
el apoyo de que carecíamos en el Congreso.
Le expliqué superficialmente el estado político de Canarias y las
bases del plebiscito, cuyo origen y desenvolvimiento le desanollé. No abrió
la boca durante todo mi relato, ni me formuló una pregunta, cosa que me
77
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
cohibió un poco; pero no dejé de decir todo lo que necesité. La prueba de
ello está en que sólo me dijo, y eso con palabra seca; «Tengo conocimiento
del caciquismo en Canarias del Sr. León y Castillo y nuestro partido apoya­rá
a las islas menores porque entendemos justas sus peticiones y porque
entran dentro de nuestro programa; a tal extremo que, si el Gobierno lleva
la cuestión al Parlamento, mtervendremos en ella como caso nacional; de
no llevarla, la provocaremos nosotros por entrar de lleno dentro de nuestros
principios regionalistas. Celebro que ustedes no se ocupen de la división
de la provincia; ya sé que Franchy [José Fianchy y Roca, Las Palmas 187Í-
México 1944. Fundador y jefe de Partido ííepubíicano Federal de Las Pal­mas.
Diputado a Cortes, Fiscal General de la República y ministro de indus­tria
y Comeraol tiene igual criterio. Tenga Ud. la seguridad de que todos
los partidos radicales les apoyaremos; ya nos veremos en Madrid». Y volvió
la espalda y se puso a hablar con otro.
Yo seguí hablando con Rafael Quena [del Río, Las Palmas 1885-Ma-dríd
1955. Diputado del Partido Republicano Radical de Lerroux. Fue minis­tro
de Obras Públicas], que había llegado por último; quien me dijo que
había hablado a Lerroux antes de salir para París sobre mi viaje y preten­sión
a Barcelona; y que le había contestado que estaba pronto a ayudar­nos.
Me despedí del Sr. Iglesias que, contra su costumbre, lo hizo finamen­te.
Este hombre me produjo una impresión rara, por su sequedad y por
su acometividad. Indudablemente son éstos los hombres aparentes y ne­cesarios
para las conmociones sociales por la dureza de su espíritu y por la
impetuosidad de sus acometidas.
Declaro que los dos regionalistas que he tratado me merecen el más
alto concepto como arietes revolucionarios. Veremos qué hacen en el Con­greso
con nuestra causa.
Salí para Madrid el 26 a las 7 y cuarenta en el rápido y llegamos a la
estación del Norte a las 11 de la mañana del 27.
78
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2010
En cuanto descansé y almorcé, no pude resistir el deseo de visitar
la Universidad donde encontré al mismo portero mayor de mis tiempos de
estudiante, que me reconoció en el acto, como otro portero más joven que
yo conocía: recorrí los claustros experimentando una de las emociones más
hondas de mi vida, al evocar todos mis recuerdos de estudiante, mis he­chos
y mis glorias. Cada aula despertaba memoria de hechos ya casi olvi­dados