Memorial ajustado del estado de Lanzarote : (sobre la incorporación a la Corona de Lanzarote y Fuerteventura) : 1771

              FERNANDO BRUQUETAS DE CASTRO es doctor en Historia
por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde
imparte docencia de varias asignaturas (Historia de la
Expansión Atlántica Europea, Historia de la Marginación
Social, Historia de! Trabajo Social e Historia de Canarias)
en las Facultades de Ciencias Jurídicas y Geografía e His­toria
de dicha Universidad. La línea de investigación que
ha elegido se centra en e! estudio de las Islas Canarias
durante la Modernidad, cuyo resultado se está viendo
plasmado en varias publicaciones: La esclavitud en Lanza­rote
(1618-1650), editado por e! Cabildo de Gran Cana­ria,
es su primera obra de importancia, realizada como
tesina o memoria de licenciatura, fue presentada en la Uni­versidad
de Las Palmas de Gran Canaria en e! año 1993
obteniendo la calificación de Sobresaliente por unanimi­dad
de! tribunal. En colaboración con otros profesores de
la ULPGC ha publicado diversos estudios, la biografía de
Don Agustín de Herrera y Rojas, 1 marqués de Lanzarotey e!
artículo Relaciones mercantiles y tráfico comercial de La
Palma con Cabo Verde, fueron realizados con e! doctor don
Manue! Lobo Cabrera; con Luisa Toledo Bravo de Laguna
Aproximación al estudio del diezmo en Lanzarote en la pri­mera
mitad del siglo XVII y San Borondón. El contexto
socioeconómico de la expedición de 1721. También en cola­boración
con otros profesores de la ULPGC y la Universi­dad
de La Laguna, participa en distintos proyectos de
investigación (Rehabilitación y puesta en uso público del
yacimiento arqueológico del poblado de Zonzamas), (El
comercio y la burguesía mercantil de la isla de La Palma en
el siglo XVIl), (Enciclopedia del patrimonio histórico de
Canarias), concedidos por la Consejería de Educación,
Cultura y Deportes de! Gobierno de Canarias. En solita­rio
ha colaborado con distintas revistas y participado en
congresos locales e internacionales, aportando en sus dife­rentes
artículos aspectos siempre inéditos de la historia de
Canarias (La Casa Fuerte de Santa Cruz del Romeral.
Genealogía de la familia Rocha), (Conflictos por los impues­tos
señoriales en Lanzarote y Fuerteventura), o (La población
de Fuerteventura en el siglo XVII!), son un claro ejemplo de
su actividad investigadora. Su tesis doctoral titulada Lan­zarote
en el siglo XVII (Gobierno y Administración) fue cali­ficada
con "Sobresaliente cum laude" por unanimidad, en
ella se analizan algunos aspectos de la presente obra; así
como de otros trabajos publicados por e! autor, de los cua­les
destaca e! libro de Nombramientos y títulos de la isla de
Lanzarote 1641-1685. A esta prolífica actividad hay que
sumar Outing en España, obra en la que combina la inves­tigación
y e! compromiso social.
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MEMORIAL AJUSTADO
DEL ESTADO DE LANZAROTE
(Sobre la incorporación a la Corona de Lanzarote y Fuerteventura)
1771
R u B e ó N
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Fernando Bruquetas de Castro
MEMORIAL AJUSTADO DEL
ESTADO DE LANZAROTE
(Sobre la incorporación a la Corona de Lanzarote y Fuerteventura)
Cabildo de Lanzarote
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© Cabildo de Lanzarote, 2001.
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Eva Rosa de León Arbelo, A. Félix Martín Hormiga y María
José Alonso GÓmez.
Diseño cubierta: Juanjo Luzardo (CDIS, Cabildo de Lanzarote)
Impresión: Litografía Valverde, S.A.L. - Irún (Guipúzcoa)
ISBN: 84 - 87021 - 80 - 8
Depósito Legal: S.S. - 501/2001
Printed in Spain
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A Manuel Juan Mateos y
David G. Hassan
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I" NDICE
PRÓLOGO................................................. 17
INTRODUCCIÓN ........................................... 21
MEMORIAL AJUSTADO DEL ESTADO DE LANZAROTE ...... 29
mSTORIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
DOCUMENTO 1 ............................................ 33
1. Sobre la incorporación a la Corona de las islas de Lanzarote y
Fuerteventura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2. Pleito de acreedores al Estado de Lanzarote .................... 34
3. El Señorío de Inés Peraza y sus herederos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4. Don Agustín de Herrera y Rojas, primer marqués de Lanzarote . . . . . 36
5. Nulidad del mayorazgo del primer marqués .................... 36
6. Testamento de la IV marquesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7. Arrendamiento de Domingo Pérez Acosta Falero (1677) .......... 39
8. Arrendamiento de Bemabé Tamariz (1678) .................... 40
9. Queja de los vecinos de Fuerteventura (1688) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
10. Recurso al Consejo de Hacienda ............. . . . . . . . . . . . . . . . . 40
11. Separación de Lanzarote y Fuerteventura (1693) ................ 40
12. Rentas de las capellanías fundadas por la IV marquesa (1698) . . . . . . 41
13. Recurso al Consejo (1700) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
14. Petición de don Juan Delgado Temudo .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
15. El Cabildo de Fuerteventura sobre fortificaciones. . . . . . . . . . . . . . . . 42
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16. El Señor de Fuerteventura sobre sus derechos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
17. Cobro de capellanías ...................................... 44
18. Resolución del Comandante General de Canarias. . . . . . . . . . . . . . . . 44
19. El comisionado pasa a Fuerteventura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
20. Recuento del Arca de Fuerteventura .......................... 46
21. Nuevo administrador de Fuerteventura ........................ 46
22. Excesos del comisionado en Fuerteventura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
23. Cese del administrador por el Alcalde Mayor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
24. Resolución del Consejo de Hacienda sobre el Arca .............. 48
25. Arrendamiento de la dehesa de Jandía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
26. Reclamación de la testamentaría ............................. 49
27. Protesta de las autoridades de Fuerteventura ................... 49
28. Petición de cuentas a la isla de Lanzarote ...................... 50
29. Embargo de las salinas (1709) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
30. Protesta de la madre de la marquesa (1714) .................... 51
31. Nuevo embargo de las salinas (1717) ......................... 51
32. Nuevo administrador de la testamentaría (1717) . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
33. Acuerdo entre la testamentaría y los señores de Fuerteventura (1718) 52
34. Nuevo marqués de Lanzarote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
35. Protesta del Síndico del convento de Atienza en la Audiencia ...... 53
36. Petición de embargo ...................................... 54
37. Ejecución del embargo .................................... 54
38. Resolución de la Audiencia ......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
39. Protesta del Síndico ....................................... 56
40. Mandato de la Audiencia (1723) ............................. 56
41. Pleito por la posesión del mayorazgo de Lanzarote . . . . . . . . . . . . . . . 56
42. El Consejo difiere el embargo ............................... 57
43. Justificación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
44. Petición de subasta de los Quintos (1726) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
45. Protesta del marqués de Velamazán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
46. Mandato de la Audiencia sobre el secuestro del Estado ........... 59
47. Secuestro de las rentas de Fuerteventura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
48. Pleito sobre la administración de Lanzarote .................... 59
49. Despacho para cobrar las deudas desde 1717 (1730) ............. 60
50. Auto para que el marqués pague al Síndico (1732) . . . . . . . . . . . . . . . 60
51. Auto para cobrar las capellanías (desembargos) (1734) ........... 60
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52. Dudas sobre la jurisdicción de la isla de Lobos. . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
53. Información ante el Alcalde Mayor de Lanzarote ................ 61
54. Arrendamiento de las orchillas de Fuerteventura ................ 62
55. Testamento del apoderado de la testamentaría y del Síndico (1740) . . 63
56. Auto sobre la administración de las islas (rentas de Lanzarote) (1674) . . 63
57. Auto de la Audiencia (1741) ................................ 64
58. Renuncia de la testamentaría a la administración de Jandía (1744) .. 65
59. Arrendamiento del huerto de Ajuí (1747) ...................... 65
60. Arrendamiento de las orchillas (1749) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
61. Bienes de doña Luisa Bravo (IV marquesa) .................... 65
62. Protesta de los vecinos de la dehesa de Ye ..................... 66
63. Bienes de Fuerteventura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
64. Orchillas de Fuerteventura "de la pared afuera" ................. 67
65. Derechos de los oficios de escribanos ......................... 67
66. Acuerdo sobre el Pleito de Quintos (1751) ..................... 67
67. Alza del secuestro por el Consejo de Hacienda (1765) ....... . . . . . 67
68. El Regente acuerda sobre las capellanías (cargas de las salinas: 1767). 68
69. Actualización de las rentas de las salinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
70. Resolución sobre el pleito de acreedores (capellanías: 1770) ....... 69
DOCUMENTO 3 ............................................ 71
1. Testamento de la IV marquesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
2. Certificación del testamento (1661) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
3. Copia autorizada (1770) . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . 81
DOCUMENTO 2 ............................................ 82
1. Sección del Memorial Ajustado (Testamento) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
2. Capellanías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
3. Mandas sueltas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4. Arrendamiento del Estado (1663) ............................ 88
5. Prórroga del arrendamiento (1674) ................. ......... 89
6. Petición de embargo de los bienes de la marquesa (1664) ......... 89
7. Pleito entre cuatro testamentarios (1664) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
8. Mayorazgo de Lanzarote (1665) ............................. 90
9. Intervención del marqués (1674) ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
10. Deudas de la marquesa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
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11. El marqués pide la posesión del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
12. Alegaciones de los diferentes testamentarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
13. Arrendamiento de Francisco García Centellas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
14. Fianza del marqués (deuda del arrendamiento de Simón de Herrera
Leiva) . . .. . .. .. . . .. .. . . . .. . . . . . . . .. . . . . ... . . . ... . . ... .. . 94
15. Allanamiento del marqués .................................. 94
16. Auto para dar el uso de Lanzarote al marqués (1674) . . . . . . . . . . . . . 95
17. Reconocimiento del arrendamiento de Francisco García Centellas . . . 98
18. Libramiento a favor del convento de Atienza (1675) ............. 99
19. Ejecución de los bienes por el Santo Oficio (1677) . . . . . . . . . . . . . . . 99
20. Ratificación de prórroga del arrendamiento de Francisco G. Centellas. 99
21. Cesión del marqués para pagar las Lanzas (1676) . . . . . . . . . . . . . . . . 99
22. Arrendamiento de Lanzarote (1677) .......................... 100
23. Arrendamiento de Lanzarote y Fuerteventura (1678) ............. 100
24. Protesta de los testamentarios ............................... 100
25. Autos contra el marqués. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 100
26. Inhibición del marqués (1680) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 101
27. Nuevo auto contra el marqués (1681) ......................... 102
28. Recurso del arrendador contra el marqués (1680) . . . . . . . . . . . . . . .. 102
29. Oposición del otro arrendador (Auto de la Audiencia: 1681) ....... 103
30. Liquidación de las cuentas (1682) ............................ 103
31. Decreto de la Audiencia (1682) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 103
32. Sentencia de remate de la Audiencia (1684) .................... 104
33. Mandamiento de la Audiencia (1684) ......................... 104
34. Subarrendamiento de Lanzarote (1680) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 105
35. Cesión y ratificación del subarrendamiento (1683) . . . . . . . . . . . . . .. 105
36. Mandamiento contra el marqués (1685) ....................... 106
37. Resistencia del marqués (1688) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 106
38. Reforma de los Quintos de Fuerteventura (1688) ................ 107
39. Cédula del Consejo de Hacienda (1690) ....................... 107
40. Poder del Síndico de Atienza (1692) .......................... 108
41. Auto sobre la jurisdicción de Lanzarote (1693) . . . . . . . . . . . . . . . . .. 108
42. Notificación del auto al marqués (1694) ....................... 108
43. Rentas de capellanía (1698) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 110
44. Auto contra el marqués (1698) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
45. Despacho para la administración de Fuerteventura . . . . . . . . . . . . . .. 111
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46. Embargo de las rentas de la IV marquesa (1698) ................ 111
47. Nombramiento de agente y administrador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 111
48. Sustitución de poderes (1699) ............................... 112
49. Excusas sobre el Pleito de Quintos (1699) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 113
50. Despacho del Consejo de Castilla (1700) ...................... 113
51. Auto del Capitán General (1700) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 113
52. Petición del administrador al Capitán General (1700) . . . . . . . . . . . .. 114
53. Petición del Cabildo de Fuerteventura sobre fortificaciones (1700) .. 114
54. Protesta del Señor de Fuerteventura (hipoteca de las salinas y los
Quintos: 1700) ........................................... 115
55. Petición del Síndico de Atienza al Capitán General .............. 116
56. Deuda a los conventos por las capellanías . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 118
57. Auto del Capitán General sobre Fuerteventura y Lanzarote (1700) .. 118
58. El Juez de Comisión pasa a Fuerteventura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
59. Negativa en Fuerteventura alegando el Secuestro. . . . . . . . . . . . . . . . 120
60. Apresamiento del Alcalde y regidores de Fuerteventura . . . . . . . . . .. 120
61. Apertura del Arca de Fuerteventura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 121
62. Determinación del Capitán General sobre Quintos ............... 122
63. Liquidación del dozavo de Fuerteventura ...................... 123
64. Allanamiento de los acreedores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 124
65. Mandamiento del juez de comisión. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
66. Reintegro al arca y pago a los acreedores ...................... 126
67. Nuevo recuento del arca de Fuerteventura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 126
68. Nombramiento de nuevos depositarios ........................ 126
69. Alegaciones sobre la administración .......................... 127
70. Liquidación del Arca ...................................... 128
71. Nota sobre el dozavo de Fuerteventura ........................ 129
72. Protesta de Juan Delgado Temudo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
73. Liberación de los presos de Fuerteventura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
74. Recurso sobre los excesos del comisionado .................... 130
75. Provisión del Alcalde Mayor de Fuerteventura (1701) ............ 130
76. Excusa del administrador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 130
77. Apelación a la Audiencia (1701) ............................. 131
78. Choque de jurisdicción con el sargento mayor .................. 131
79. Barcos en el puerto de Tostón ............................... 131
80. Embargo de bienes por parte del Alcalde Mayor. . . . . . . . . . . . . . . .. 132
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81. Arrendamiento de la dehesa de Jandía y orchillas (1701) ....... . .. 132
82. Poderes del Síndico de Atienza .............................. 132
83. El Juez eclesiástico contra la testamentaría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 133
84. Reiteración de la anterior (1706) .......................... . .. 133
85. Apelación a la Audiencia por parte del Síndico ................. 134
86. Petición del Síndico en Lanzarote ............................ 134
87. Apelación a la Audiencia: petición del Secuestro del Estado ....... 135
88. Mandamiento de Secuestro por parte de la Audiencia (1708) . . . . . .. 136
89. Disconformidad en cuanto al dozavo de Fuerteventura . . . . . . . . . . .. 136
90. Auto de la Audiencia sobre Fuerteventura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 136
91. Disconformidad del Cabildo de Fuerteventura .................. 136
92. Subasta del arrendamiento de Jandía (protestas por ello) .......... 137
93. Remate de la dehesa de Jandía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
94. Cesión del Remate ........................................ 137
95. Secuestro de la dehesa de Jandía ............................. 138
96. Arrendamientos de Jandía .................................. 138
97. Embargos de las salinas, orchillas y escribanía (1709) ............ 139
98. Nueva administración (1716) .. . . . . . . .... . . .... . . ... . . . .. . . .. 139
99. Pormenores del embargo de 1708 ............................ 141
100. Acuerdo entre el administrador y los Señores de Fuerteventura (1718). 141
10 1. Aprobación de la testamentaría de la IV marquesa (1719) ......... 144
102. Toma de posesión del nuevo marqués (1718) ................... 145
103. La Audiencia desestima una protesta de 1714 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 145
104. Petición de embargo de las salinas y orchillas . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 145
105. Alegaciones del marqués: pormenores de los arrendamientos ...... 146
106. Petición de embargo del Estado por parte del Síndico. . . . . . . . . . . .. 149
107. Mandamiento de ejecución del embargo de orchillas y sal ........ 150
108. Cuentas pertenecientes al convento de Atienza . . . . . . . . . . . . . . . . .. 151
109. Auto de la Audiencia sobre las cuentas (1719) .................. 151
110. Autos de la testamentaría contra el marqués .................... 152
111. Auto del Provisor del Obispado para que el marqués deje libre la isla. 152
112. Apelación del convento de Atienza a la Audiencia (1721) ......... 153
113. Mandamiento de la Audiencia al Alcalde Mayor de Lanzarote . . . . .. 154
114. Provisión de la Audiencia (1722) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
115. Petición de prórroga a la Audiencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 154
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116. Prórroga del embargo de los bienes del Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155
117. El marqués patentiza su indefensión .......................... 156
118. Pleito sobre la posesión del mayorazgo de Lanzarote ............ , 157
119. Petición de la testamentaría al Cabildo de Lanzarote sobre Quintos
(1726) ................ , ................................ , 160
120. Petición de anulación de los arrendamientos ante la Audiencia ..... 162
121. Remate de las salinas y orchillas ...... . ..................... , 162
122. Requerimiento del Síndico al Alcalde Mayor de Lanzarote ........ 162
123. Protesta del Síndico del convento de Atienza ................... 163
124. Despacho del Alcalde Mayor de Lanzarote .................... , 163
125. Recurso ante la Audiencia ................................. , 163
126. Petición de la testamentaría ante el Alcalde Mayor de Lanzarote
(1728) ................................................. , 163
127. Respuesta del marqués de Velamazán ........................ , 164
128. Auto de la Audiencia a favor del marqués (1728) .. . . . . . . . . . . . . . . 165
129. Fianza del marqués ....................................... 166
130. El Síndico pide el secuestro de Fuerteventura . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 166
131. El comisionado pide las diligencias .......................... , 166
132. Petición de la testamentaría en la Audiencia (sustitución de poderes) . . 167
133. Insistencia del Síndico ante la Audiencia ...................... 167
134. Despacho del Visitador eclesiástico de Madrid ................. , 167
135. Provisión auxiliatoria del Consejo ........................... , 168
136. Petición del Síndico y la testamentaría ante el provisor del Obispado
(1731) ................................................. , 168
137. Intervención del Metropolitano de Sevilla (1731) ............... , 168
138. Nueva petición de los testamentarios a la Audiencia (1732) ....... , 169
139. Provisión de la Audiencia (1732) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 169
140. Administración de los bienes embargados (1732) . . . . . . . . . . . . . . . . 169
141. Embargos ............................................... 170
142. Apoderados de las salinas .................................. 170
143. Mandamiento de la Audiencia (1734) ......................... 171
144. Acuerdo sobre la isla de Lobos (1735-1737) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
145. Referencia sobre el pleito de Quintos en Fuerteventura (1735) . . . . . . 172
146. Información del marqués ante el Alcalde Mayor de Fuerteventura . . . 173
147. Arrendamiento de las orchillas (1736) ........ , . . . . . . .. .. . . . . .. 175
148. Auto del Visitador eclesiástico de Madrid (1739) ............... , 175
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149. Testamento de Manuel Femández de Castro (1740) .......... . . .. 176
150. Poder del Síndico del convento de Atienza (1741) ............... 177
151. La testamentaría acude a la Audiencia (1741) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 178
152. Auto de la Audiencia (1741) ................................ 180
153. Arrendamiento de la dehesa de Jandía (1744) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 181
154. Arrendamiento del huerto de Ajuí (1747) ...................... 183
155. Arrendamiento de la dehesa de Jandía (1747) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 183
156. Arrendamiento de las orchillas (1749) .. . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . .. 183
157. Petición de la testamentaría al Vicario General (1750) ............ 183
158. Bienes del Estado de Lanzarote (1750) ........................ 184
159. Contradicción de los vecinos de la dehesa de Ye ................ 186
160. Arrendamiento de las orchillas (1751) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 186
161. Bienes del Estado en Fuerteventura (1751) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 186
162. Transacción del Pleito de Quintos (1751) ...................... 188
163. Sentencia del Consejo de Hacienda (1765) ..................... 189
164. Auto sobre las capellanías (1767) ............................ 190
165. Venta de bienes por parte de la testamentaría (1724) ............. 191
166. Certificado (1770) ........................................ 191
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PRÓLOGO
El Memorial Ajustado del Estado de Lanzarote, de 1771, constituye una
nueva aportación del profesor Bruquetas, en la línea que nos tiene acostum­brados.
Nos oferta, con la seriedad y generosidad habitual, una obra que nos
va a permitir profundizar aún más en el conocimiento de las islas de Lanza­rote
y Fuerteventura.
Previa ha sido la publicación de las Actas del Cabildo de Lanzar9té en el
siglo XVII, lo que ha supuesto una valiosa aportación documental pára el es­tudio
y análisis de la administración de la isla y de su vida cotidiana; de un
inestimable valor para los historiadores y estudiosos en general, pues nos
ofrece datos sobre: economía, sociedad, medioambiente, geografia de la isla,
infraestructuras, etc. Datos que tienen además la virtud y el valor sobreañadi­do
de que se presumía su desaparición; sin embargo, la perseverancia de Bru­quetas
y la precaución de Francisco Hernández Delgado, que en su momento
fotocopió las Actas antes de su desaparición, pues hoy en día los originales se
encuentran en "paradero desconocido", nos han legado para la posteridad una
documentación de inestimable valor para el estudio de la una isla, Lanzarote,
que en cuanto a su Historia, resulta aún bastante desconocida.
En la misma línea de investigación se sitúa el trabajo realizado con el
doctor Lobo Cabrera D. Agustín de Herrera y Rojas, I Marqués de Lanzarote
sobre el señorío; así como también sumamente significativo para el esclare­cimiento
de la administración de la isla y el señorío, resultará su tesis docto­ral,
que en estos momentos ha cumplido ya los trámites para su defensa.
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Fernando Bruquetas "coge el testigo" de una labor iniciada en la década
de los 90 en el seno del Departamento de Ciencias Históricas de la Universi­dad
de Las Palmas de Gran Canaria, por el doctor Lobo Cabrera y por la que
suscribe, con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las islas de
Lanzarote y Fuerteventura, que se ha visto reflejada en una serie de publica­ciones
de temática diversa y en foros diferentes. Línea que no ha acabado
aún y que ha empezado a dar sus frutos con Fernando Bruquetas, con el doc­tor
Alexis Brito González y que tendrá continuidad futura en el trabajo de
Dolores Padrón Artiles sobre la isla de Fuerteventura.
Hemos de destacar que el profesor Bruquetas posee una trayectoria pro­fesional
nada común, fruto de una vocación tardía, pues accede al estudio de
la licenciatura después de la Diplomatura de Profesor de EGB, y de una aza­rosa
y rica trayectoria vital, a una edad que superaba al menos en una gene­ración
a sus compañeros de clase. Sin embargo, la diferencia generacional
nunca ha sido un obstáculo para él, pues ha sabido subsanar las dificultades
e integrarse plenamente con sus compañeros. Ha sido, además, capaz de ad­quirir
una madurez intelectual y de capacitarse en el "oficio de historiador" y
hoy en día da muestras de una vigorosa producción. Prueba de ello es su
nueva entrega sobre Memorial Ajustado de la isla de Lanzarate, de 1771,
donde nos muestra una nueva aportación documental de la evolución de los
pleitos sobre el señorío de Lanzarote, a través de sus diferentes etapas suce­sorias,
con el testamento de la IV Marquesa doña Luisa Bravo de Guzmán,
entre otros documentos interesantes. Así como la separación de la isla de
Fuerteventura y las subsiguientes rentas de la mencionada isla, y su adminis­tración,
en lo concerniente al siglo XVII. En lo que respecta a la centuria si­guiente,
los pleitos entre autoridades locales y los señores, más las reclama­ciones
de las autoridades que representan a la Monarquía; los sucesivos
embargos de las valiosas rentas de las salinas y de las rentas insulares en ge­neral,
serán el sino de la centuria decimoséptima, tanto en la isla conejera,
como majorera. Se aporta además, la documentación que se genera en la Ha­cienda
Real sobre las cuestiones en litigio: orchilla, salinas, lo cual no da la
oportunidad de contrastar las fuentes, pero al mismo tiempo, de añadir la
versión oficial al respecto, ofertándonos las cifras de la Hacienda española.
Sin necesidad de especificar en cada uno de los tipos documentales que
el Memorial ... nos ofrece, ni en los datos específicos sobre cada una de las
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cuestiones mencionadas, salta a simple vista, sólo con el ojeo del índice de la
obra ofertada por el profesor Bruquetas, la riqueza documental y la valiosa
aportación en datos de la más variada condición: geográficos, económicos,
jurídicos, sociales, sobre los islotes, caso de Lobos, que suponen para el co­nocimiento
de ambas islas y de la Historia de Canarias en general, una rique­za
inestimable.
La introducción que forma parte de la misma obra, significa asimismo la
reflexión del autor sobre el material aportado, así como los posibles caminos
de investigación que se puedan seguir tras la consulta del Memorial ... Quizá
sólo se echa en falta por puro egoísmo, como lectora e investigadora, la in­corporación
de un índice analítico y topográfico, que facilitaría aún más la
labor de consulta de tan magno trabajo.
Un valor añadido a la obra que analizamos lo supone el hecho de que la
única noticia que poseemos sobre la existencia del Memorial ... nos la da Vie­ra
y Clavijo en sus Noticias de la Historia General de las Islas Canarias en
su tomo 1, página 731 y siguientes, con lo que tiene la eficacia de presentar­nos,
en un solo corpus documental, pero extenso, la relación de todos los
pleitos suscitados entre sus aspirantes, por los derechos de posesión sobre
Lanzarote y Fuerteventura; las demandas sobre las rentas de ambas islas en­tre
sus propietarios, administradores y la Monarquía. Los sucesivos episo­dios
del Pleito de Quintos, así como el compendio de todo ello por parte de
La Secretaría de Gracia y Justicia, para elevarlo a la consideración y evalua­ción
del Consejo de Hacienda.
En definitiva, un amplio resumen efectuado por la Administración cen­tral,
que nos permite acercamos a cuestiones todavía problemáticas de la
Historia de la isla de Lanzarote, como el propio Pleito de Quintos, así como
a interesantes noticias acerca de la vida social, económica y cotidiana de am­bas
islas. Una rica aportación, en suma, que se ofrece a los investigadores en
general para que puedan profundizar en sus respectivos trabajos.
Queremos destacar asimismo, la amplia labor de pesquisa y búsqueda do­cumental
realizada por Bruquetas, lo cual es reflejo, a nuestro juicio, de su
capacitación como historiador, que le ha conducido a efectuar un rastreo por
los Archivos insulares: Lanzarote, Provincial de Las Palmas, Acialcázar, así
como en los nacionales: Simancas e Histórico Nacional, además del ducal de
Medina Sidonia en Cádiz, a la búsqueda de cualquier dato que le permitiese
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2013
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enriquecer la investigación que estaba en curso. Ello le ha permitido el ha­llazgo
de interesantes documentos, entre los que se encuentra el Memorial ...
Sólo nos resta recomendarles la consulta y lectura del Memorial Ajustado
del Estado de Lanzarote, con la confianza de que les resultará de suma utili­dad
para el enriquecimiento de sus conocimientos sobre las islas más orien­tales
del archipiélago canario: Lanzarote y Fuerteventura, las más huérfanas,
por otra parte, de información. Como asimismo no queremos finalizar nues­tra
aportación a la mencionada obra sin dejar de destacar la oportunidad del
Cabildo de Lanzarote, a través de su Servicio de Publicaciones, responsabili­dad
de D. Carmelo García Déniz, Consejero de Educación y Cultura, y como
brazos ejecutores de la misma Doña Eva de León y'D. Félix Hormiga, que
muestran una gran sensibilidad hacia la publicación de la labor historiográfi­ca
de los investigadores canarios, y no sólo sobre temas lanzaroteños, sino
sobre todos aquellos que muestren una grado de interés y cientificidad y que
tengan como ámbito de estudio las islas del archipiélago canario.
A la política editorial del Cabildo lanzaroteño se une la del impulso de la
investigación, por medio de las Jornadas de Estudios de Lanzarote y Fuerte­ventura,
conjuntamente con el Cabildo majorero, lo cual constituye para no­sotros
un débito aún mayor. Gracias a la labor de estas instituciones y de
otras del archipiélago, caso del Cabildo de Gran Canaria, que muestran la
misma sensibilidad, podemos establecer objetivos en la investigación, desa­rrollarlos,
bien de forma directa por nosotros mismos, o bien a través de
nuestros discípulos, de forma más gratificante, pues suponen una manera de
proyección de la labor profesional que se desempeña.
En el caso de Fernando, permítasenos la licencia, se une además la cir­cunstancia
de una larga y fecunda amistad, que ha pasado desde la relación
alumno-profesora, allá por la década de los 70, hasta la más reciente de dis­cípulo
y colega, en las aulas universitarias. Esperemos que estas razones pro­fesionales
y afectivas no se hayan mezclado demasiado a la hora de dar pie a
estas líneas. Sólo nos resta pues, agradecerle la deferencia que ha tenido para
con nosotros, ofertándonos la posibilidad de prologar esta obra, que sin duda
resultará muy significativa en la historiografía de Lanzarote y Fuerteventura.
Tafira Alta 16 de noviembre de 2000.
ELISA TORRES SANTANA
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INTRODUCCIÓN
El Memorial Ajustado del Estado de Lanzarote fue realizado en el año
1771, con el objetivo de estudiar la pertinencia de incorporar a la Corona
las islas de Lanzarote y Fuerteventura, dos de las cuatro del Señorío de
Canarias. Con esta intención, don Pedro de Villegas, quien ejercía en
aquellos momentos de Regente, mandó recopilar toda la información que
hacía referencia a la jurisdicción de ambas islas, entre la que destacaban
varios pleitos que formaban un importante corpus documental, realizado
durante casi dos siglos.
En primer lugar, se trataba del conocido como Pleito de Acreedores a
los bienes de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Este pleito se había
seguido en la Real Audiencia de Canarias desde principios del siglo
XVII y había durado hasta mediados del siglo XVIII, exactamente hasta
el año 1747.
Cuando el Regente comenzó a estudiarlo se percató de la imposibili­dad
de llevar a buen término sus intenciones, por lo que consideró oportu­no
encargar un resumen de las informaciones más relevantes que contenía.
La ingente cantidad de papeles de que se componía así lo aconsejaba,
pues dicho pleito se encontraba esparcido en 148 piezas "y otras muchas
que en ellas se enunciaban y no se pudieron recoger por más diligencia
que se empleó", tal y como el mismo Regente comentaba.
Estas 148 piezas comprendían el mismo número de legajos, a la ma­yor
parte de los cuales le faltaban muchas hojas, componiéndose las exis-
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2013
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tentes de más de 14.000 hojas en muy mal estado y difíciles de leer; por
lo que ordenó levantar un memorial, el cual fue encargado a un letrado
hábil y a un papelista escogido, a los que se les previno cuál era el modo
de realizarlo.
El estudio y transcripción que hacemos aquí respetan el orden del Me­morial
original, disponiendo las diferentes secciones de la misma forma que
se hayan en los legajos conservados en el Archivo General de Simancas.
En la primera parte del Memorial se hace un ligero historial del Seño­río
de Canarias, partiendo de doña Inés Peraza y sus sucesores. En este
sentido la genealogía de los progenitores del primer marqués de Lanzaro­te
difiere de otras aportadas por diferentes autores; ya que el Memorial
considera a éste como hijo de Sancho de Herrera, no su nieto, tal y como
dice Viera y Clavija en su obra]. Aunque eso sí, se trataba de un hijo na­tural
de Sancho de Herrera; pues en unas diligencias seguidas por el San­to
Oficio de 1550, se encomienda a Agustín de Herrera su cumplimiento,
como señor de las islas, y a doña Catalina Escobar de las Roelas, como
tutora y administradora del susodich02
•
El historial continúa resumiendo todas las vicisitudes por las que atra­vesó
el Señorío, en las que se insertan los problemas que afectaron a cada
uno de los titulares del mismo, hasta el año 1771. Es de destacar la reso­lución
tomada por la Real Audiencia de Canarias a mediados del siglo
XVII, tras el fallecimiento del tercer marqués de Lanzarote, al otorgar el
Señorío como bienes libres a doña Luisa Bravo de Guzmán, madre de
aquel, pese a la oposición mostrada por el duque de Huceda, uno de los
Grandes de España y personaje de mucha influencia en la monarquía.
l. VIERA Y CLAVIJO. J.: Historia de Canarias, Goya ed. Santa Cruz de Tenerife, 1982, 2 vol.,
tomo 1, pág. 728.
2. Archivo Acialcazar. Leg. Herrera, 1. El licenciado Padilla, inquisidor apostólico, despachó un
mandamiento ante Juan de Vega, secretario del Tribunal del Santo Oficio, para prender a Diego
Martínez, vecino de Lanzarote. y lo dirigió a don Agustín de Herrera, señor de las islas, y a
doña Catalina Escobar, como tutora y administradora; pero no la llama madre del mismo. Es
evidente que si la dicha Catalina Escobar, segunda mujer de Sancho de Herrera, hubiera sido
madre de Agustín de Herrera, no se habría omitido por el inquisidor licenciado Padilla. Por lo
que este es otro argumento para demostrar que era hijo natural. Así lo dice el propio marqués
de Acialcazar en una ficha suelta.
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2013
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En esta primera parte se inserta el pleito sobre los acreedores al estado
de la isla, en el que se incluyen los distintos arrendamientos a que fueron
sometidas ambas islas durante los siglos XVII y XVIII. Asimismo, tam­bién
se trata el pleito de Quintos en esta parte de la obra.
La segunda parte del documento (que en el original aparece con el
n° 3) trata de las capellanías fundadas en su testamento por la cuarta mar­quesa
de Lanzarote, doña Luisa Bravo de Guzmán; ya que este artículo
incidió en una nueva partición del Señorío, y provocó un nuevo pleito
que amplió los ya existentes sobre la pertenencia de las islas, así como el
que trataba de las rentas de las mismas (las más importantes de las cuales
eran las de los Quintos).
La tercera parte del documento (en el original con el n° 2) es una sec­ción
del propio Memorial Ajustado sobre las capellanías expresadas en el
epígrafe anterior, donde se incluyen algunas mandas sueltas del Testa­mento
de doña Luisa Bravo. En esta parte se amplían los diferentes con­ceptos
por los cuales se llegó a pleitear.
Este resumen del Memorial Ajustado incluye también otros memoria­les
que se habían ido realizando por temas o sobre los distintos pleitos
que concernían a las islas de Lanzarote y Fuerteventura. El original de
los mismos fue consultado por Viera y Clavijo cuando elaboraba su His­toria
General, pues los cita en varias ocasiones: unas veces lo hace del
Memorial Ajustado en el pleito de Quintos y otras lo hace del Memo­rial
Ajustado en el pleito del Estado de Lanzarote3
, después de Viera
ningún otro historiador volvió a consultar estas fuentes, que acabaron por
desaparecer de los fondos de los archivos canarios. La pesquisa que he­mos
realizado en los archivos nacionales para documentar nuestra tesis
doctora14 tuvo como resultado, entre otros, localizar este importante cor­pus
documental que ahora aportamos a los estudiosos e interesados en la
historia de Canarias.
3. VIERA Y CLA VUO, J.: Historia ... opus cit., pp. 556 Y 608.
4. BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Lanzarote en el siglo XVII (gobierno y administración),
inédita.
© Del documento, los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2013
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En la actualidad disponemos del resumen de ambos pleitos, recopila­dos
en los años en que Viera daba luz a su obra, cuando se dirimieron los
mismos. Por ello, la importancia de esta obra no sólo radica en presentar
un corpus documental inédito, sobre aspectos de gran relevancia de la
historia de Canarias, sino que además, conocemos los resultados de los
pleitos por cuya causa fue confeccionado.
El Memorial Ajustado sobre el Estado de Lanzarote incluye, en el do­cumento
número 1, en su primera parte, la forma en que don Agustín de
Herrera y Rojas, primer marqués de Lanzarote, obtiene once de las doce
partes en que había sido dividido el Señorío de Lanzarote y Fuerteventura.
El dozavo restante permaneció en la casa de sus parientes de apellido
Saavedra, quienes siempre se intitularon Señores de Fuerteventura; aunque
bien es cierto que bastante desmejorado, pues este dozavo quedó dividido,
recayendo una tercera parte en la casa de los duques de Medinaceli, y las
otras dos en los descendientes de la familia originaria. Con el tiempo resul­tó
aminorado, al irse gravando con diferentes tributos5
, como demuestra el
alegato presentado en la Audiencia de Canarias en 1589, en el cual Lucas
de Betancor y de Cabrera, quien se intitulaba señor de Fuerteventura, pedía
autorización para usar el tratamiento de "don", ya que se lo denegaba don
Gonzalo de Saavedra, señor de la mayor parte de la isla. La petición se jus­tificaba
diciendo que don Gonzalo tenía arrendado su quinto aquel año a
Luis Peraza en 170 doblas, de las que cabía a su tercio 56 doblas, de las
cuales pagaba 1.500 ducados de tributo a los herederos de Hernán Martel
Peraza, más otros 200 ducados de tributo perpetuo a la iglesia de aquella
isla; todo lo cual era cerca de un treinta y seisavo de Fuerteventura, mien­tras
que Lucas de Betancor era señor de un dozavo entero de la isla.
El memorial inserta la nulidad del mayorazgo instituido por el primer
marqués a favor de sus hijas ilegitimas6
, pues en él vinculaba lo que le
5. Archivo Acialcazar. Leg. Bethencourt, n. Ficha personal del marqués de Acialcazar.
6. Archivo Acialcazar. Leg. Herrera,!. En el año 1642 fue protocolizada en el registro de Juan
Gil Sanz, escribano público de Gran Canaria, una fundación de mayorazgo hecha por don
Agustín de Herrera y Rojas, marqués de Lanzarote, ante el escribano de aquella isla Francisco
Amado, en cabeza de doña Constanza de Herrera, hija "natural" del referido marqués, en el año
1576. Asimismo, se encuentra la legitimación de sus hijas, doña Constanza y doña Juana, ante
Su Majestad, (folio 149 recto l.
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pertenecía en las dos islas a favor de aquellas, a quienes llamaba a la su­cesión
en primer lugar, y en su defecto al segundo de la casa de Denia.
Esta cláusula trajo consigo el primer pleito por la titularidad del Señorío,
pues al fallecer el segundo marqués, dejó un hijo que también murió en
edad pupilar, por lo que su viuda, sin otros herederos, se vio obligada a
pleitear con los que acudieron al Consejo pretendiendo la titularidad (ya
que se consideraban llamados a ella, como descendientes de la segunda
línea de la casa de Denia): estos eran el duque del Infantado, el duque de
Huceda y otros. A ellos se opuso doña Luisa Bravo, viuda del segundo
marqués, diciendo que le correspondía todo lo que había pertenecido a su
hijo, como su heredera abintestato.
Sin embargo, el Señorío ya había sufrido una división previa cuando
falleció la segunda esposa del primer marqués: pues, doña Mariana Man­rique
instituyó por herederos a sus "sobrinos", don Cristóbal y doña Ma­ría
Enríquez, de todo cuanto le pertenecía en las islas de Lanzarote, que
eran cuatro dozavas partes de los productos de la isla. Don Cristóbal fa­lleció
de corta edad, heredando íntegramente los dozavos de aquella he­rencia
su hermana doña María Enríquez, esposa del licenciado don José
de Luna Peralta, teniente de Corregidor que fue de la isla de Tenerife7
,
quien ejerció de Juez de Residencia en Lanzarote en el año 16558
•
Esta partición en las rentas de Lanzarote trajo al matrimonio Luna una
serie de litigios con la nueva marquesa doña Luisa Bravo de Guzmán, he­redera
universal de su hijo, don Agustín de Herrera, los cuales transigie­ron
en octubre de 16449
, por un documento celebrado en Las Palmas con
el maestre de campo don Juan de Castilla Aguayo, segundo marido de
7. Archivo Acialcazar. Leg. Herrera, 1. Doña Mariana testó ante Gaspar de los Reyes Albertos,
escribano público de Lanzarote, el 14 de junio de 1624. Bajo este testamento murió en la
ciudad de Las Palmas el mismo año.
8. BRUQUETAS DE CASTRO, F.: Lanzarote en el siglo XVII (gobierno y administración) ...
opus cit.
9. Archivo Acialcazar. Leg. Herrera 1. En este año consta documentalmente haber visitado las
islas el marqués consorte de Lanzarote, don Juan de Castilla Aguayo, con el fin de levantar una
leva para acudir a la guerra de los estados de Flandes. También ese año visitó la isla de
Lanzarote con amplios poderes de su esposa, y en uso de ellos enajenó la dehesa de Y é Y la
huerta de Famara a Marcial Martín, vecino de Lanzarote.
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doña Luisa Bravo. En virtud de este convenio, doña María Enríquez, asis­tida
de su esposo, el licenciado Luna Peralta, cedió a favor de la marque­sa
propietaria de Lanzarote tanto los derechos que ostentaba sobre las sa­linas
de La Graciosa, como en los bienes que años atrás había enajenado
la difunta marquesa doña Mariana. A cambio recibió un censo anual de
12.000 reales impuesto sobre el estado o señorío de las mismas litigadas
salinas 10.
Desde 1644, año en que el Consejo declaró que no eran de recibo las
reclamaciones de los litigantes, doña Luisa Bravo ostentó la titularidad y
obtuvo la posesión de los bienes del Señorío de Lanzarote y Fuerteventu­ra;
pues argumentando aquella declaración así lo solicitó en la Real Au­diencia
de Canarias, y le fue concedido.
A partir del año 1661 vuelve a complicarse la historia señorial de las
Canarias orientales, pues se produce una nueva división, debido al testa­mento
de doña Luisa Bravo de Guzmán. En él ordenaba que la isla de Lan­zarote
se agregase a los mayorazgos de su casa, de la cual era sucesor su
primo don Diego Bravo de Guzmán. También ordenaba que de las rentas
de las salinas de Lanzarote se sacasen 600 ducados, con los cuales dotó dos
capellanías, fundando una de ellas en el convento de Los Ángeles de Ma­drid,
y la otra en el convento de San Francisco de la villa de Atienza.
Con respecto a la isla de Fuerteventura declaró que su voluntad era
que todo lo que le tocaba quedase por bienes libres, para que sus albaceas
dispusiesen para pagar las memorias y fundaciones del testamento.
En lo concerniente al título de conde de Lanzarote ordenó que se ven­diese
en su justo valor y precio, sin embargo, este título formaba parte
del marquesado que ostentaba, pues había sido otorgado previamente al
primer marqués por Felipe II; por lo que nunca se había pagado derechos
de sucesión por él, de ahí que los titulares del marquesado se intitulasen
10. Archivo AciaJcazar. Leg. Herrera, 1. En ficha suelta el marqués de Acialcazar cita el Archivo
Histórico Nacional, Inquisición de Canarias, legajo 11, signatura 2.373. Del archivo original de
la misma Inquisición en esta isla se acredita que los referidos "sobrinos" fueron hijos naturales
de la marquesa con el canónigo don Pedro Espino de Brito, natural de La Palma, siendo en esta
ciudad de Las Palmas donde vivieron, cosa generalmente conocida.
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condes y marqueses de Lanzarote, pero sólo abonaban los derechos del
último.
A partir de este momento los diferentes pleitos resurgen y entran en
escena otros protagonistas. El Señorío quedó en manos de titulares ab­sentistas,
residentes en la Corte, propietarios de mayor patrimonio en
otros ámbitos geográficos, para los que el marquesado de Lanzarote era
sólo una parte importante de él; pero no la mejor ni más apreciada.
Los nuevos señores reiteraron la política de la cuarta marquesa duran­te
su viudedad y pusieron en manos de arrendadores el Estado de Lanza­rote.
Estos arrendamientos también trajeron nuevas complicaciones: por
una parte se realizaban en personajes foráneos, desconocedores de las
particularidades isleñas; por otra parte, el arrendamiento del Estado in­cluía
asumir todos los poderes en nombre de los verdaderos señores juris­diccionales,
lo que llevaba implícito la administración del Señorío y ha­cer
nombramientos de alcaldes, regidores, etc.; sin embargo, el problema
más grave que se desprendió de esta política fue el concerniente a las
rentas, sobre todo al derecho de quintos, ya que los quintadores nombra­dos
por los arrendadores y administradores del Estado trataban de cobrar
el impuesto de quintos (consistente en el 20 % de las exportaciones de di­ferentes
productos: cereales, animales y derivados) según el precio que
alcanzaban en el mercado los distintos productos en ese momento, cuan­do
generalmente se cobraba una cantidad estipulada tradicionalmente,
que no superaba el 6 % del valor de los mismos. Este hecho provocó
grandes protestas durante todo el siglo XVII, lográndose una rebaja del
impuesto en varias ocasiones, con los consiguientes pleitos en la Audien­cia
de Canarias y en el Consejo, hasta llegarse a un acuerdo a mediados
del siglo XVIII entre los señores (marqueses de Lanzarote) y los vecinos
de las dos islas orientales del archipiélago.
Para facilitar la consulta y estudio de este Memorial hemos incluido
algunos epígrafes en los apartados o párrafos más importantes del mis­mo;
aunque se conserva la misma redacción que en el original.
La estructura del trabajo da como resultado la transcripción de los tres
grandes documentos, divididos en diferentes apartados: el documento
Número 1, que incluye el historial del mayorazgo de Lanzarote, se com­pone
de 70 epígrafes en los cuales se resume casi todo el pleito de acree-
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dores al Estado de Lanzarote y Fuerteventura. El siguiente documento
(con el Número 3 en el original de Simancas) está dedicado exclusiva­mente
al testamento de la cuarta marquesa de Lanzarote, doña Luisa Bra­vo
de Guzmán. Por último, el documento Número 2 se compone de 166
epígrafes en los cuales se estudia, más detenidamente, todo el proceso de
los diferentes pleitos que ocuparon a las autoridades nacionales y de las
Islas, así como a los distintos personajes que optaban a la titularidad del
Señorío de las Canarias orientales. También se incluyen los pleitos sobre
la administración de Lanzarote y Fuerteventura, las rentas de las mismas,
así como los arrendamientos y las circunstancias por las que pasaron am­bas
islas a lo largo de los siglos XVII y XVIII.
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MEMORIAL AJUSTADO
DEL ESTADO DE LANZAROTE
A.G.S.
Secretaría de Hacienda, 722
1771
Sobre incorporación a la Corona de las islas de Lanzarote y
Fuerteventura.
Papeles pasados desde Gracia y Justicia para consulta
del Consejo de Hacienda.
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HISTORIAL
Yo, el infrascrito, escribano público del número de esta isla y de la co­misión
en que por la Real Cédula de S.M. está entendiendo el señor don
Pedro Manuel Fernández de Villegas, del Consejo de S.M., su Regente
en la Real Audiencia de estas islas, y electo para el Supremo Consejo de
Castilla, del pleito y concurso de acreedores al estado de Lanzarote y
Fuerteventura y sus incidencias.
Certifico y hago fe a los señores y demás que la presente vieren que
en el Memorial Ajustado hecho de mandado de Su Señoría de todos los
cuadernos de autos de que se compone dicho pleito, entre los artículos o
secciones que comprende consta la del tenor siguiente:
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DOCUMENTO N° 1
1. Sobre la incorporación a la Corona de las islas de
Lanzarote y Fuerteventura.
Don Pedro de Villegas, Ministro del Consejo y Regente que fue de la Au­diencia
de Canarias, hizo al Rey la representación adjunta, exponiendo lo
que resulta en substancia de los autos seguidos en aquella Audiencia por to­do
el siglo pasado y hasta el año 1747 entre los acreedores a los bienes y
rentas del Estado de las islas de Lanzarote y Fuerteventura.
La causa que le movió a representar, dice, ha sido la noticia formal que
tenía de tratarse muchos años hace de incorporarse a la Corona dichas islas,
y la necesidad que hay de conocer precisamente y deliberar quiénes son los
dueños de su jurisdicción y territorio, para proceder a la incorporación; y re­fiere
que para proporcionar este objeto se le dio comisión por Su Majestad
cuando fue a servir la Regencia de la Audiencia de Canarias para que dispu­siese
se determinara dicho pleito en toda la brevedad posible.
Como don Pedro de Villegas no expresa por qué vía se le dio la comisión
ni la noticia formal de que se trataba de la Incorporación de las islas de Lan­zarote
y Fuerteventura y ejecutó su representación por mi mano, se ha reco­nocido
si en la secretaría del despacho de mi cargo había algunos anteceden­tes
o papeles concernientes al pleito de que se trata o si por ella le había
dado al citado ministro la comisión que menciona.
y no habiéndose encontrado noticia alguna y dirigiéndose la representa­ción
al fin de facilitar la incorporación de las dos islas a la Corona, cuya ma­teria
corresponde al Ministerio de v.I., la paso a sus manos con los docu­mentos
que cita y la acompañan para que v.I. pueda dar cuenta de ella a Su
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Majestad con los antecedentes que hubiere en la Secretaría del Departamen­to
de Hacienda de su cargo, y tomarse por Su Majestad, con presencia de to­do,
la resolución correspondiente. Dios Guarde a v.I. San Ildefonso, 22 de
Julio de 1771. Manuel de Roda. Dirigido a don Miguel de Muzquiz.
Muy Señor mío, como Regente de la Real Audiencia de Canarias y en
virtud de comisión de S.M. conocí y determiné el pleito de acreedores a los
bienes y rentas del Estado de las islas de Lanzarote y Fuerteventura que duró
por todo el siglo pasado y lo que ha corrido del presente.
La noticia formal de que se trata muchos años hace de incorporar dichas
islas a la Corona y la necesidad que hay de conocer previamente y deliberar
quiénes son los dueños de su jurisdicción y territorio para proceder a la in­corporación
con menos embarazo, me ha puesto en precisión de hacer pre­sente
a S.M. lo que en orden a este particular resulta de los citados autos, ex­poniendo
según mejor he podido concertar los hechos truncados y confusos
que con toda diligencia se han sacado de entre los mismos autos sumamente
maltratados y disminuidos.
Ruego a v.I. se sirva pasar a las manos de S.M. la consulta y testimonios
adjuntos para que en vista de todo se sirva determinar lo que fuere más de su
Real agrado. Madrid, 28 de Febrero de 1771. Don Pedro de Villegas. Dirigi­do
a don Manuel de Roda.
2. Pleito de acreedores al Estado de Lanzarote.
Señor, por todo el siglo pasado y hasta el año 47 de este pendió en la
Real Audiencia de Canarias pleito de acreedores a los bienes y rentas del Es­tado
e islas de Lanzarote y Fuerteventura, dos de las cuatro de Señorío de las
Canarias.
Don Juan Miguel de Mortela, dignidad y canónigo de la santa Iglesia de
Calahorra, uno de los principales acreedores, acudió en el citado de 1747 a
S.M. representando que su crédito contra dicho Estado consistía en un censo
reservativo de 21.000 ducados de principal, cuyos réditos no se le habían pa­gado
hacía más de sesenta años, por lo cual pidió y obtuvo cédula Real para
que se pusiese en posesión de las fincas, bajo de aprecio de su valor y por el
descubierto en que quedase se le oyese entre los demás acreedores, come­tiéndase
el conocimiento privativo de aquel rédito y sus incidencias al Re­gente
que era y los que por tiempo fuesen de dicha Real Audiencia con las
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apelaciones de Vuestro Consejo; en cuya virtud la reasumió el que era enton­ces
y le han continuado sus sucesores.
En principios del año de 1768, cuando V.M. se sirvió mandarme pasar a
servir a dicha Regencia, se me hizo entender ser del agrado de V.M. y haber­se
pasado una orden Real a la Secretaría del vuestro Consejo de Hacienda
para que se tratase de incorporar a la Corona las anunciadas islas de Lanza­rote
y Fuerteventura, y que para proporcionarlo se evacuasen cuanto antes
los pleitos que había a las rentas del dicho Estado.
Con esta noticia y estimulado del deseo de servir prontamente conforme
a las intenciones de V.M. procuré inmediatamente que tomé posesión de la
enunciada Regencia instruirme del estado de dicho pleito de acreedores y ha­llé
ser imposible conseguirlo, aún cuando pospusiese por mucho tiempo la
asistencia al tribunal y demás cargos de la Regencia, porque el pleito estaba
esparcido en 148 piezas (sin otras muchas que en ellas se enunciaban y no se
pudieron recoger por mas diligencia que se empleó) que estando las más fal­tas
de muchas hojas, las que existían componían más de 14.000 maltratadas
y difíciles de leer, en cuya atención y para poder tomar el posible expediente
mandé que se formase Memorial Ajustado con atención y asistencia de las
partes, que cometí a un letrado hábil y de satisfacción junto con un papelista
escogido; los cuales le formalizaron como se les previno.
A la vista de él hallé que el pleito estaba sin substanciarse y en términos
de comunicar traslado de todas las pretensiones de los acreedores al Defen­sor
del Concurso; pero considerando que la prosecución de este pleito por
los términos regulares acaso, o sin acaso, consumiría más tiempo que el que
se había gastado hasta allí y que la perplejidad y confusión ejercería el mis­mo
paso, y teniendo presente que el pensamiento insinuado de incorporación
de dichas islas a la Corona dificultosamente podía llevarse a ejecución, a me­nos
que V.M. se llegase a instruir de lo que principalmente puede hacer cues­tionable
los derechos del actual marqués de dicho Estado, según lo que re­sulta
en el particular del enunciado pleito de acreedores y Memorial formado
en su vista; puse en la enunciada sentencia la cláusula comprendida en el tes­timonio
adjunto, señalado con el número tercero, en que reservé hacer a
V.M. esta consulta, dirigida a que con vista de los hechos que se expondrán,
según constan de las secciones de dicho Memorial, que acompaña testimo­niada
con el número segundo, pueda V.M. hacer tomar el expediente que
tenga por arreglado en un asunto tan intrincado y confuso, para proceder a la
incorporación.
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fueron espurias, habidas en otra mujer casada durante su matrimonio con do­ña
Inés Benítez de las Cuevas, con intención de vincular lo que le pertene­cía
en las dichas islas a favor de aquellas dos hijas. Obtuvo Real escripción
de Legitimación en el concepto de ser naturales y asimismo facultad Real
para fundar, como fundó, mayorazgo de los once dozavos, llamados para la
sucesión de él en primer lugar a doña Constanza y sus descendientes, en de­fecto
de ellos a doña Juana y los suyos, y a falta de unos y otros al segundo
(con esta expresión) de la casa de Denia; cuya fundación ratificó y aprobó su
mujer doña Inés Benítez.
Fallecida ésta pasó don Agustín de Herrera y Rojas a segundo matri­monio
con doña María Manrique Enríquez de la Vega, y de ella tuvo a
otro don Agustín de Herrera y Rojas, que se llamó marqués de Lanzarote y
poseyó los once dozavos y además las salinas llamadas de La Graciosa en di­cha
isla de Lanzarote, que compró su madre siendo viuda2
; pero se ignora si
la posesión de los once dozavos fue como bienes libres o vinculados3
•
6. Testamento de la IV marquesa.
Este segundo marqués tuvo de su matrimonio con doña Luisa Bravo de
Guzmán un hijo llamado asimismo don Agustín de Herrera y Rojas, que
también se tituló marqués de Lanzarote y falleció en edad pupilar, con cuyo
motivo y en suposición de haberse extinguido la línea de los Herrera acudie­ron
al Consejo el duque del Infantado, el de Huceda y otros, haciendo méri­tos
de la fundación de mayorazgo por don Agustín de Herrera y Rojas, pri­mer
marqués de Lanzarote, y valiéndose cada uno de la cláusula en que
llamó al segundo de la casa de Denia, pretendieron en el Consejo la tenuta
de aquel mayorazgo; pero se opuso doña Luisa Bravo de Guzmán diciendo
que le correspondía todo lo que había pertenecido en las dichas islas de Lan­zarote
y Fuerteventura a su hijo, el tercer marqués, como su heredera abin­testato,
sentando que aquellos bienes jamás habían sido tenidos por vincula­dos,
antes sí como libres, y que la fundación de mayorazgo que había
2. Doña Mariana compró las salinas a Pedro Westerling. Ver TORRES SANTANA, Elisa: "La
Casa Condal de Lanzarote. 1600-1625 (Una aproximación al estudio histórico de la isla)",
JI Jornadas de Historia de Lanzarote y Fuerteventura, pp. 303-329.
3. Segun Viera y Clavijo este patrimonio pasó al segundo marqués como bienes libres.
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querido hacer el primer marqués fue nula por defecto de capacidad que ha­bían
tenido sus hijas expureas para la sucesión.
El Consejo, después de haberse recibido diferentes justificaciones que tu­vo
por consultas, declaró en el año 1644 no ser caso de tenuta y recibo a las
partes su derecho para que usasen de él como les conviniese.
Con testimonio de esta Declaración y sentando que en ella se comprendía
virtualmente la de la nulidad de la fundación del mayorazgo, pidió la doña
Luisa en la Real Audiencia de Canaria la posesión de los citados bienes, y
sin embargo de la contradicción que hizo el duque de Huceda se mandó a la
doña Luisa Bravo, y en su nombre a su marido don Juan de Castilla Agua­yo,
se diese la posesión interina y confianza de dichos bienes, como con
efecto se le dio; quedando desde entonces hasta el presente suspensas las
pretensiones de los demás colitigantes.
Después, en el año de 1660, otorgó la doña Luisa Bravo de Guzmán su
testamento en esta Villa y Corte, cuyo testimonio acompaña bajo el número
tercero; en el cual ordenó entre otras cosas que la isla de Lanzarote se agre­gase
a los mayorazgos de su casa, de que era sucesor don Diego Bravo de
Guzmán, su primo, pero con la calidad de que éste o sus descendientes no
entrasen a disfrutar aquella agregación hasta que se venciese el pleito de pro­piedad,
que parece ser aquel que quedó reservado por el Consejo cuando se
litigó la tenuta y después por la Audiencia.
Ordenó también que de las rentas de las salinas de Lanzarote se sacasen
600 ducados, con que dotó dos capellanías, fundándolas, y mandando cum­plirlas
en el Convento de los Ángeles de Madrid y en el de San Francisco de
la villa de Atienza.
Por lo respectivo de la isla de Fuerteventura declaró ser su voluntad que
con todo lo a ella tocante y perteneciente quedase por bienes libres, de que
dispusiesen sus albaceas para las memorias y fundaciones del testamento, y
que el título de Conde se vendiese en el valor justo, para pagar los legados y
deudas y satisfacer otras disposiciones del testamento, por ser como era,
dicho título y todos los demás bienes, libres; y por tales los había sacado y
gozado.
Bajo esta disposición falleció doña Luisa Bravo en el año 1661. Suce­diola
en los mayorazgos de su casa don Fulgellcio Bravo de Guzmán, su
sobrino. Por muerte de éste se disputó la tenuta de dichos mayorazgos y en-
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tre ellos el de Lanzarote, como agregado por la misma, y se declaró a favor
de don Juan Francisco Duque de Estrada, el cual en el año 1664 acudió al
Visitador Eclesiástico de Madrid sentándolo así y refiriendo la fundación de
capellanías que se ha expresado, y que había nombrado por patronos de ellas
a los que fuesen marqueses de Lanzarote.
En atención a ello y a otras cosas que expuso, pidió y se le admitió al uso y
ejercicio de la testamentaría para que interviniese con los demás testamenta­rios
con calidad de dar cuenta de la ejecución de la última voluntad y disposi­ciones
de doña Luisa Bravo. A consecuencia de esto pidió al Visitador ecle­siástico
y éste, como ejecutor de aquella última voluntad y por lo que así
tocaba, mandó darle el uso y goce de la isla de Lanzarote, sus frutos, rentas,
aprovechamientos y todo lo anejo y perteneciente (sin embargo de la cláusula
del testamento de doña Luisa Bravo, en que prohibió la posesión real del ma­yorazgo
de Lanzarote hasta que se feneciese el pleito de propiedad) con varias
condiciones, y entre ellas, la de que don Fulgencio otorgase, como otorgó, es­critura
obligándose a pagar desde primero de Marzo de 1675 en adelante a los
capellanes de las que mandó fundar la enunciada doña Luisa Bravo.
7. Arrendamiento de Domingo Falero (1677).
Luego que el marqués tuvo a su favor esta providencia procedió, por sí
solo, a arrendar la isla de Lanzarote a favor de Domingo Pérez de Acosta
Falero, en el año de 1677, por espacio de seis años; y en el año de 1678, sin
hacer mención de aquel arrendamiento y de acuerdo con los testamentarios
de doña Luisa Bravo, arrendó ambas islas de Lanzarote y Fuerteventura a
don Bernabé Tamariz, el cual no pudo entrar por entonces al disfrute del
arrendamiento por tenerlo ocupado Falero, con cuyo motivo y en el año de
1680 demandó el Fiscal de Obras Pías ante el Visitador eclesiástico de Ma­drid
al marqués, sobre que diese satisfacción de las cantidades que había per­cibido
por mano del mismo Falero.
El Visitador defirió esta pretensión y, por no haber cumplido el marqués
con dar la cuenta, revocó aquel auto en que se había mandado dar el uso de
la expresada isla y que, en adelante, corriese la administración de ella por los
testamentarios para el leneficio y cumplimiento de las disposiciones de la
mencionada doña Luisa Bravo.
Después se trató de ajustar la cuenta con el expresado Falero y averiguó
que éste había entregado al marqués más de 124.000 reales, y que había pa-
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gado otras diferentes cantidades a los capellanes de las expresadas y a algu­nos
acreedores contra el estado, pero no se puede liquidar puntualmente a
qué ascendieron.
8. Arrendamiento de Bernabé Tamariz (1678).
Después que se concluyó el arrendamiento que el marqués había hecho a
Domingo FaJero, entró don Bernabé Tamariz a usar del que le había hecho
el mismo marqués y los testamentarios, cuatro de los cuales, sin concurrir el
marqués, justificaron el mismo arrendamiento en 4 de Junio de 1684, y en 20
de Julio del siguiente mandó el Visitador eclesiástico de Madrid notificar al
marqués de Lanzarote, y a quien más conviniese, despojasen y dejasen libres
las rentas, jurisdicción, mero y mixto imperio de las islas de Lanzarote y
Fuerteventura dentro de seis días, para que el señor Bernabé Tamariz usase
de ellas, a cuyo fin libró requisitoria. Mas no consta si con ella se hizo algu­na
diligencia, y sí que el año de 1688 ratificó el marqués por sí solo el arren­damiento
que estaba hecho a favor de Tamariz.
9. Queja de los vecinos de Fuerteventura (1688).
En aquel mismo año se quejaron los vecinos de Fuerteventura ante su Al­calde
Mayor de los excesivos derechos que se les exigían con el nombre de
Quintos (así se llaman en aquella isla y otras de las Canarias los que se pa­gan
por la extracción de carnes, granos y otras especies) y el Alcalde mandó
que se redujesen al uso antiguo; cuya providencia confirmó la Audiencia y
mandó se observase también en Lanzarote.
10. Recurso al Consejo de Hacienda.
Con este motivo se recurrió a Vuestro Consejo de Hacienda a nombre del
expresado marqués y de la testamentaría de doña Luisa Bravo de Guzmán,
y a su instancia se trajeron a él aquellos autos, se disputaron con los persone­ros
de Lanzarote y Fuerteventura, y se decidieron por último a favor de es­tos,
confirmando lo mandado por el Ordinario y la Audiencia.
11. Separación de Lanzarote y Fuerteventura (1693).
En el ínterin, y en 23 de Diciembre de 1693, proveyó un auto don Juan
Fernández de Frías, Visitador eclesiástico de Madrid, en que refiriendo to-
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dos los que habían dado sus antecesores en orden al cumplimiento de la últi­ma
voluntad y disposición de doña Luisa Bravo de Guzmán, mandó se di­vidiesen
las cargas y rentas de las dos islas de Lanzarote y Fuerteventura, se­parando
la de aquella como propia del marqués, y la de Fuerteventura como
propia de la testamentaría; que de ésta se hiciese cargo el arrendador y en su
data sólo se admitiesen las cargas que constasen ser cargas propias de la mis­ma,
prorrateando y dividiendo las que fuesen comunes a ambas, reservando
en sí nombrar Arrendador o Administrador de dicha isla, que el marqués res­tituyese
a la testamentaría lo que excediendo de la renta de Lanzarote hubie­se
percibido la de Fuerteventura, así por alimentos como en satisfacción de
las capellanías que eran a su cargo.
Este auto se notificó al marqués y él le consintió en todo y por todo.
12. Rentas de las capellanías fundadas por la IV marquesa
(1698).
Cuatro años después, en el de 1698, acudió fray Francisco de Prado,
religioso del Convento de San Francisco de Atienza, con poder de su Sín­dico
y del señor Bartolomé de Ocampo, capellán de la fundada en el Con­vento
de Los Ángeles de Madrid, al expresado Visitador eclesiástico solici­tando
la cobranza de rentas de dichas capellanías y, éste, teniendo presente
el auto que se acaba de sentar, mandó que don Manuel Duque de Estra­da,
en quien había recaído el marquesado de Lanzarote por muerte de su
padre don Juan Francisco, diese cuenta de lo cobrado de la isla de Fuerte­ventura
para el prorrateo mandado hacer y, asimismo, el cumplimiento de
dichas capellanías que eran a su cargo: que se embargase la isla de Lanza­rote
con los demás bienes libres que hubiesen quedado del marqués don
Juan Francisco hasta que diese la cuenta y ejecutase el prorrateo. Para el
cumplimiento dio comisión (que auxilió el Vuestro Consejo de Castilla) a
don Manuel de la Torre, fiscal, y a don Alonso Tinoco y Castilla, Oidor
de la Audiencia de Canaria, y nombró por agente de la testamentaría a don
Juan Delgado Temudo, presbítero, vecino de la villa de la Orotava de la
isla de Tenerife, dándole las facultades de administración; para que con in­tercesión
y despacho de aquellos comisionados percibiese cualesquier ren­tas
y efectos pertenecientes a la testamentaría de doña Luisa Bravo en
Lanzarote y Fuerteventura, y para la cobranza de las capellanías, consin­tiéndolo
los capellanes.
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13. Recurso al Consejo (1700).
El mismo don Juan Delgado Temudo, a quien el Visitador eclesiástico
dio este poder, le tuvo también del Síndico del Convento de San Francisco
de Atienza y del señor Bartolomé de Ocampo, para cobrar las rentas de las
dos capellanías. Con estas representaciones acudió sucesivamente a los co­misionados
del Visitador eclesiástico, que se excusaron a aceptar el encargo;
con cuyo motivo se acudió por parte del Síndico al Consejo de Castilla expo­niéndolo
así y pidiendo sobre carta de la auxiliatoria para que dichos comi­sionados
aceptasen y cumpliesen.
Pero el Consejo mandó librar despacho, como se libró en 18 de Mayo de
1700, para que el conde de El Palmar, Gobernador y Capitán General de
aquellas islas, cumpliese y ejecutase las comisiones del Visitador en todo y
por todo como en ellas se contiene.
14. Petición de Juan Delgado Temudo.
Don Juan Delgado Temudo presentó todos los despachos del conde del
Palmar y éste mandó entregarle, como apoderabiente de la testamentaría de
doña Luisa Bravo de Guzmán y su administración en la isla de Fuerteven­tura,
todos los efectos, maravedises y rentas que hubiese en ser o en depósito
en ella, y que las personas que hubiesen administrado desde el año de 1673
diesen cuenta con pago, apremiándoselas a ello y a que manifestasen los li­bros
de su administración, que ninguna persona impidiese a las que con
nombramiento de don Juan Delgado Temudo o con su poder administrasen
la isla de Fuerteventura, que se embargasen y secuestrasen todas las rentas
que estuviesen caídas, y procediesen en adelante en la isla de Lanzarote to­mándose
cuentas a los que la hubiesen administrado, y que se hiciese el pro­rrateo
que estaba mandado exhibiéndose los papeles necesarios. Para que tu­viese
todo ello efecto dio comisión al abogado don Domingo Contreras.
15. El Cabildo de Fuerteventura sobre fortificaciones.
Antes que éste pasase a evacuar su comisión y con noticia que tuvo de
ella, el Cabildo de Fuerteventura representó al conde del Palmar que el prin­cipal
fin para la conservación de los derechos de Quintos había sido para po­ner
aquella isla en estado de defensa, y que no tenía alguna; concluyendo
con que se mandase fabricar, desde luego, las fortificaciones que tuviesen
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por convenientes o depositar para ello la cantidad que estaba secuestrada. Y
en atención a esta representación mandó el conde del Palmar que el conoci­miento,
atento a la fortificación de que necesitaba la isla de Fuerteventura,
dejase en calidad de por ahora 50.000 reales en las Arcas del Secuestro y las
llaves en el Alcalde Mayor y dos regidores, para que los tuviesen a ley de
depósito.
16. El Señor de Fuerteventura sobre sus derechos.
Al mismo tiempo acudió a dicho conde del Palmar don Fernando Ma­thias
Arias y Saavedra, titulándose Señor de las islas de Lanzarote y
Fuerteventura y Alegranza (es un islote inmediato a la primera) y, dándose
por noticioso de lo que se había mandado, expuso que el cobro de rentas de
Fuerteventura sólo podía entenderse de lo que fuese de la marquesa de
Lanzarote y no de lo que a él le tocaba, lo cual se debía prevenir al Comi­sionado
para que, ante todas cosas, sacase de las rentas secuestradas los
dos dozavos que el don Fernando Mathias tenía en cada isla (no consta
que tuviese más que un dozavo en cada isla y de él los dos tercios y el res­tante
ser de la casa de Medinaceli), que también se debía prevenir al Comi­sionado
sacase lo que constase haber pagado el don Fernando Mathias
por los derechos de Quintos que se le hubiesen cobrado por la extracción
de los granos de sus cosechas y otros frutos que, como señor de ella, debía
sacar; así por el privilegio que tenía como dueño y haber estado él y sus
predecesores en posesión, como por las escrituras de transacciones que es­tos
hicieron con los marqueses de Lanzarote (consta una del año 1611 que
contenía entre otros particulares el de que la Casa de Saavedra pudiese ex­traer
de dichas islas sus ganados y frutos sin pagar derechos de Quintos), y
también se debían sacar del enunciado Secuestro los réditos que se le de­bían
de un censo de 24.723 reales de principal a que estaban expresamente
hipotecadas las salinas de Lanzarote y los Quintos de ambas islas, y pre­tendió
se mandase todo así.
A la vista de esta pretensión se convino don Juan Delgado Temudo en
que el Comisionado le diese el grado que compitiese, y el conde del Palmar
mandó que entregase a don Fernando Mathias, con fianza, lo que importa­sen
los dos dozavos de ambas islas de las cantidades que se hallasen en di­chas
Arcas, que en cuanto a la pretensión de las decursas del tributo siguiese
y pidiese su Señoría ante quien y como le conviniese, que el Comisionado,
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constándole haber pagado el don Fernando Mathias quintos de frutos su­yos,
le hiciese pago de lo que así se liquidase con la misma fianza.
17. Cobro de capellanías.
Igualmente acudió al conde del Palmar fray Joseph González Gómez,
religioso del Convento de San Francisco de Atienza, diciendo que fray
Francisco de Prado, del mismo convento, había pasado a las Islas al co­bro
de maravedís de las citadas capellanías; y que el nombramiento y fa­cultad
contenido en el auto del Visitador eclesiástico era con la condición
de que consintiesen los capellanes, los cuales no consentían, que el admi­nistrador
don Juan Delgado Temudo era eclesiástico y exento de la juris­dicción
de aquel Comandante, que la comisión se reducía a los términos de
una persona que pidiese y otra que mandase pagar, sin el estrépito que se
procuraba llevar, que con el aparato de ministros, escribanos y procurado­res
se quería consumir la hacienda defraudando las obras pías; por lo cual
pidió que la comisión no se entendiese con dicho Temudo, sino con otra
persona que recaudase e hiciese las diligencias convenientes depositando
el producto y de allí, con la intervención del Comandante, lo llevasen las
obras pías y demás personas a quienes perteneciesen, y de lo contrario pro­testó
que la facultad, administración u otra cosa que se hiciese no le parase
perjuicio.
Esta misma pretensión la produjo y conyubó el capitán Juan Manuel
Delgado, síndico del Convento de San Francisco de la ciudad de La Laguna,
presentando el poder que le había dado Juan de Sendejas, que lo era del de
Atienza, en el año de 1699 para cobrar las decursas de la capellanía que fun­dó
en el mismo doña Luisa Bravo.
18. Resolución del Comandante General de Canarias.
En su vista, y de lo que expuso Temudo, mandó el conde del Palmar
guardar lo proveído:
.- Que su comisionado numerase lo que hubiese en el Arca de depósito y
Aduana de Fuerteventura, liquidase las cuentas de lo que se estuviese de­biendo
a dicha Arca y pasase a su cobranza hasta el efectivo pago .
. - Que procediese al prorrateo de las cargas y obligaciones de ambas islas
y, resultando haber suplido la de Fuerteventura cantidades que debiesen ha-
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berse pagado de la de Lanzarote, se sacasen de su Arca y reintegrasen a la de
aquella .
. - Que tomando razón de lo que se estaba debiendo a las capellanías lo
pagase a don Juan Delgado Temudo, apoderado de los capellanes .
. - Que deducido esto, lo mandado pagar a don Fernando Mathias Arias
y depositar para fortificación, entregase el resto de dicha Arca al mismo Te­mudo,
como administrador de la testamentaría de doña Luisa Bravo .
. - Que lo que resultase de la Arca de Lanzarote reintegrara la de Fuerte­ventura
y pagara las capellanías que se han embargado.
19. El comisionado pasa a Fuerteventura.
Con todas estas prevenciones pasó el comisionado a Fuerteventura acom­pañado
de Temudo, un contador y un escribano, y mandó a cuatro regidores
de ella y al Alcalde Mayor y al escribano de Cabildo, a cuyo cargo estaba la
referida Arca, exhibiesen sus llaves. Ellos se excusaron, diciendo que los de­rechos
del Estado estaban secuestrados de orden de la Audiencia y en virtud
de despacho del Consejo de Hacienda, adonde se habían remitido los citados
autos sobre Quintos; por lo cual no podían poner de manifiesta la Arca, ni el
administrador nombrado por ellos y confirmado por la Audiencia dejar de
percibir los derechos que se fuesen venciendo, sin expreso mandato del Con­sejo
de Hacienda, y apelaron de cualquiera procedimiento del juez, pero él,
sin embargo, les apremió al exhibo de llaves con cárcel y, por no haberle
conseguido, pasó con asistencia de otros dos regidores a descerrajar la Arca,
en la cual se hallaron existentes 172.980 reales de buena moneda, 4.053 rea­les
y 30 maravedises de moneda de repudio en plata y 9.104 reales en cuar­tos
ruines, según se dice; cuyas partidas suman 188.693 reales y 30 marave­dises
de moneda provincial de Islas, que hacen de la Canaria 283.040 reales
y 5 maravedises, y además un vale de 3.144 reales y 4 maravedises hecho a
favor del Arca .por don Tomás de Cabrera, regidor de Fuerteventura, de to­do
lo cual dispuso el comisionado en esta forma:
.- Dejó depositados en el Arca 50.000 reales para fortificaciones .
. - Entregó a don Juan Delgado Temudo, como administrador de la testa­mentaría
de doña Luisa Bravo de Guzmán, 62.124 reales y 15 maravedís .
. - Entregó a don Francisco González de Socueva, arrendador que había
sido de los derechos de Quintos, 3.217 reales en cumplimiento de un despa-
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cho del conde del Palmar, para que se le devolviese lo que había pagado por
dicho arrendamiento en dos años y nueve meses que corrieron de él después
de secuestrados los mencionados Quintos .
. - Entregó al mismo don Francisco González de Socueva, en depósito,
como poderhabiente de don Fernando Mathias Arias 10.282 reales y 24
maravedís correspondientes al dozavo de que éste se decía Señor y, además,
16.000 reales para el seguro de la pretensión del mismo don Fernando, en
orden al reintegro de lo que justificase haber pagado por los derechos de ex­tracción
.
. - Depositó en el enunciado don Tomás de Cabrera y don Manuel de
Cubas, también regidor, 2.555 reales y 24 maravedís de buena moneda, los
4.055 de la repudiada y el vale de los 3.144 reales y 24 maravedís.
20. Recuento del Arca de Fuerteventura.
Después de que la moneda de plata buena que se halló en el Arca sumó
175.536 reales de islas, lo que el comisionado entregó y dejó depositado en
la conformidad expresada, además del mencionado vale y de los 4.053 reales
y 30 maravedís de moneda de repudio (en plata) importó 172.979 reales y 15
maravedís, y no consta qué destino dio a los 2.556 reales y 33 maravedís res­tantes
a la cantidad de buena moneda, ni a los 9.104 reales que se hallaron en
cuartos, como ni consta la inversión que tuvieron aquellas cantidades que
quedaron depositadas.
21. Nuevo administrador de Fuerteventura.
Hecho esto nombró don Juan Delgado Temudo a Antonio Delgado
Montañés, su sobrino, por Administrador para la isla de Fuerteventura; pi­dió
y mandó el comisionado que el que lo era nombrado por el Ayuntamien­to
y aprobado por la Audiencia entregase, como entregó compuso y apremia­do,
el libro y papeles de su administración, por los cuales se liquidó deber
existir en el Arca 211.579 reales y 24 maravedís, inclusa la moneda repudia­da
y cuartos ruines, sacando de alcance contra el administrador 15.288 reales
y 36 maravedís, y contra los depositarios 7.005 reales y 11 maravedís; cuyos
alcances pidió Temudo se le entregasen con lo demás que había quedado en
el Arca. Pero no resulta providencia alguna sobre ello ni sobre otra instancia
que hizo el mismo Temudo para que, de los 50.000 reales depositados para
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fortificaciones, se reservase una porción moderada en el supuesto de que no
era necesaria toda aquella, y se le entregase el resto bajo del allanamiento
que hizo de costear lo que faltase.
22. Excesos del comisionado en Fuerteventura.
Ínterin el comisionado procedía en los términos insinuados, mantuvo pre­sos
al Alcalde Mayor, cuatro regidores y escribano del ayuntamiento, que no
habían querido exhibir las llaves del Arca. Ellos, con este motivo, acudieron
a la Audiencia quejándose de los excesos del comisionado y obtuvieron pro­visión
para que éste no innovase, y su escribano pasase a hacer relación de
los autos o los remitiese originales, como los remitió, y en su vista declaró la
Audiencia en primero de Marzo de 1701 haberse excedido el comisionado
sacando del Arca del Secuestro el dinero del producto de Quintos. Declaró
por nulas todas las pagas y distribuciones que se habían hecho y mandó que
el mismo comisionado reintegrase al Arca todo el dinero que se hubiese sa­cado
de ella, así de pagos, costos y salarios, como por otro cualquier título,
causa o motivo, poniéndose las cosas en el estado que antes tenían; que se
diese cuenta de todo al Consejo de Hacienda y que, por lo perteneciente a los
bienes de la testamentaría de doña Luisa Bravo de Guzmán, el Capitán Ge­neral
y su comisionado pudiesen ejecutar el contenido de los autos del Visi­tador
eclesiástico de Madrid.
23. Cese del administrador por el Alcalde Mayor de
Fuerteventura.
Con inserción de este auto se libró el despacho correspondiente, pero
cuando llegó a Fuerteventura, ya se había retirado el comisionado con sus
dependientes y don Juan Delgado Temudo, dejando en libertad a los que te­nía
presos; por lo cual el Alcalde Mayor, que era uno de ellos, mandó que el
Administrador puesto por Temudo cesase en la administración dando cuen­ta,
que se restituyesen las llaves del Arca a los llaveros y se juntase el Cabil­do
para nombrar depositario, por haber fallecido el que lo era.
El Administrador se excusó a dejar su administración diciendo que su
nombramiento pendía del Capitán General, al cual acudió don Juan Delga­do
Temudo con noticia que tuvo de la providencia de la Audiencia y obtuvo
despacho cometido al Sargento Mayor de Fuerteventura, para que con el bra-
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zo militar retuviese aquellos caudales, como los retuvo, sin embargo de ha­ber
obtenido el Alcalde Mayor otro despacho de la Audiencia para que vol­viesen
a correr bajo de su antiguo manejo y, aunque se prosiguieron algunas
diligencias para separar al Administrador que había puesto Temudo y cobrar
de él los caudales que hubiese percibido, no consta del éxito que tuvieron.
24. Resolución del Consejo de Hacienda sobre el Arca.
Con efecto parece haberse dado cuenta de aquellas ocurrencias al Conse­jo
de Hacienda y, éste, algunos años después, libró despacho cometido a la
Audiencia para que hiciese reintegrar el Arca y poner las cosas en el estado
que tenían al tiempo de su fractura, procediendo contra los que percibieron
los caudales, contra sus fiadores o en cualquier manera obligados y, en de­fecto
de bienes de todos estos, contra el Comisionado don Domingo Rome­ro
y contra el conde del Palmar por el todo insolidum o por la parte que no
se cobrase de aquellos, para que obligase al administrador que puso Temudo
a dar cuenta con pago de su administración y para que se restituyesen a la
misma Arca cualesquiera cantidades que de los 50.000 reales consignados
para fortificaciones se hubiesen invertido en otros fines.
25. Arrendamiento de la dehesa de Jandía.
Por el año de 1701 otorgó el mismo Temudo, en calidad de Administra­dor
de la testamentaría de doña Luisa Bravo, arrendamiento de la dehesa de
Jandía, que es en la isla de Fuerteventura, por tiempo de nueve años a precio
de 3.300 reales, a favor de Lucas Gutiérrez Peña, y por no haber tenido
efecto desde entonces, se le ratificó en el año de 1705. Y aquel arrendador li­tigó
después la substancia de su arrendamiento con el síndico del convento
de San Francisco de Atienza, como se repetirá, sentando primero que el Visi­tador
eclesiástico de Madrid, en el expresado año de 1701 libró contra don
Juan Delgado Temudo, como administrador de dicha testamentaría y contra
otro cualquiera en cuyo poder hubiesen entrado las Rentas de ella, y a favor
de Juan de Sendejas, síndico del convento de Atienza, 136.921 reales de
plata correspondientes a 205.382 reales de vellón de Cusalla, que dijo ha­bían
de haber por las dos capellanías por doña Luisa Bravo hasta el día 26
de Noviembre de 1700, en que cumplían treinta y nueve años desde que mu­rió
la doña Luisa Bravo, en otra forma 87.301 reales de vellón correspon­dientes
a don Bartolomé de Ocampo y Mata, capellán de la fundada en el
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convento de Los Ángeles de Madrid, y además 17 .400 reales de vellón por la
conducción, a razón de 20%; y al convento de Atienza 84.150 reales de ve­llón,
con más 16.830 por la conducción; cuyas cantidades se entregasen to­das
a favor, digo, a fray Francisco de Prado, religioso de dicho convento,
apoderado de su síndico y residente en Islas, para lo cual libró el despacho
correspondiente.
Hasta el año de 1706 no se notificó a don Juan Delgado Temudo y en­tonces
respondió que, en cumplimiento de orden particular que le había dado
el mismo Visitador eclesiástico en el citado año de 1701, había entregado a
fray Francisco de Prado 1.200, que era cuanto había podido dar, pagados los
costos, salarios y remesas que había hecho al mismo Visitador, después de lo
cual no había entrado en su poder cantidad alguna, ni percibido las de los
arrendamientos que había hecho de propiedades tocantes a la testamentaría.
26. Reclamación de la testamentaría.
Con este motivo se acudió por parte del Síndico a la Audiencia y obtuvo
despachos, que auxilió el Provisor de aquel Obispado, para que en Lanzarote
y Fuerteventura se procediese contra todas las personas que debiesen a la
testamentaría. La misma parte requirió con aquel despacho al Alcalde Mayor
de Fuerteventura, éste le mandó que presentase memoria de los deudores, y
lo que hizo aquel desentendiéndose de ello, fue pedir posesión de los once
dozavos que habían correspondido a doña Luisa Bravo en la misma isla, pa­ra
cobrar de sus rentas el importe de dichos libramientos, sobre lo cual le
mandó el Alcalde acudir a la Audiencia, como lo hizo, pretendiendo se em­bargasen
aquellos once dozavos; y sin embargo de la contradicción que hizo
cierta pretensión de doña Agustina Interian, viuda del enunciado don Fer­nando
Arias y Saavedra, como tutora y curadora de unos nietos suyos,
mandó la Audiencia en el año de 1708 embargar los bienes de la testamenta­ría,
no entendiéndose los Quintos, en persona abonada que nombrase la Jus­ticia
y Regimiento de Fuerteventura de su cuenta y riesgo, y a satisfacción de
la parte de dicho Síndico, a quien el secuestrario fuese haciendo pago.
27. Protesta de las autoridades de Fuerteventura.
Notificada para ello la Justicia y Regimiento de Fuerteventura representó
sobre que se le eximiese de nombrar tal secuestrario a nombre suyo, expo-
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niendo no tenían noticia de que los marqueses hubiesen tenido allí otros bie­nes
que las once partes del derecho de Quintos, que estaban secuestrados,
otras once en la dehesa de Jandía y sus ganados, como en las orchillas, un
pomarcillo (o arboleda) en el pago de Ajui y un palacio caído, cuyas propie­dades
tenían arrendadas sus apoderados; y que los exponentes estaban en sus
oficios a costa de sus caudales por amor a la patria y sin otro interés. En cu­ya
vista libró la Audiencia nuevo despacho para que en calidad de por ahora
se secuestrase la Dehesa de Jandía en la persona que nombrase la misma Jus­ticia
y Regimiento, sin añadir que fuese de su cuenta, como efectivamente se
secuestró, e inmediatamente, en el año de 1709, sin embargo de la oposición
que hizo aquel Lucas Gutiérrez Peña a quien don Juan Delgado Temudo
había arrendado dicha Dehesa en el año de 1705, por espacio de nueve y pre­cio
de 300 ducados en cada uno, se arrendó en pública subasta a favor de
don Juan Ventura Umpiérrez por tiempo de nueve años y precio de 7.700
reales en cada uno.
Cotejando la parte del Síndico el arrendamiento que Temudo había he­cho
a Peña de la misma dehesa con el que se acababa de hacer, dedujo en la
Audiencia demanda de lesión contra el mismo Peña, con quien y con sus he­rederos
siguió pleito sobre esto y fueron absueltos de dicha demanda.
28. Petición de cuentas a la isla de Lanzarote.
Ínterin se practicaron todas estas diligencias por lo respectivo a la isla de
Fuerteventura, acudió la parte del mismo Síndico a la de Lanzarote, en donde
pidió y mandó su Alcalde que los administradores que habían sido de doce
años a aquella parte de las salinas, orchillas, isla de Lobos (es un islote conti­guo)
y demás bienes pertenecientes al Estado diesen cuenta con pago de lo que
habían redituado; pero no consta que sobre ello se hubiese hecho alguna dili­gencia,
y sí que la misma parte dijo en la Audiencia que aquel Alcalde era uno
de los que debían dar las cuentas, por lo que pidió comisión para otro.
29. Embargo de las salinas (1709).
La Audiencia no resolvió expresamente sobre ello, mas libró un despacho
en 3 de Agosto de 1709, mandando pagar al Síndico los dos libramientos
enunciados, en cuya consecuencia se embargaron las salinas, la renta de or­chillas
y la de la escribanía pública y de guerra.
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30. Protesta de la madre de la marquesa (1714).
En este estado quedaron las diligencias y no se puede averiguar el destino
de aquellas rentas ni que sobre ello se hubiese promovido alguna instancia,
hasta que en el año de 1714 acudió a la misma Audiencia doña Rosa María
Urbina, viuda de don Manuel Duque de Estrada, como madre, tutora y cu­radora
de doña Leonor Duque de Estrada, suponiendo que el convento de
Atienza estaba cobrando las rentas de ambas islas y pretendiendo se le sus­pendiese
la cobranza; cuya pretensión contradijo la parte del Síndico de di­cho
convento, y en su vista declaró la Audiencia no haber lugar a la preten­sión
y mandó que corriesen los despachos mandados ejecutar a favor de la
testamentaría de doña Luisa Bravo de Guzmán, y que si la marquesa tuvie­se
que pedir lo hiciese donde tocaba.
31. Nuevo embargo de las salinas (1717).
A resultas de esto se volvieron a embargar las salinas de Lanzarote, a ins­tancia
de la parte del Síndico quien, después, en el año de 1717 sentó en la
Audiencia haberse cumplido el arrendamiento de la Dehesa de Jandía y or­chillas
de Fuerteventura, por lo cual pidió y obtuvo despacho para que se
arrendasen, como se arrendaron nuevamente los ganados de dicha dehesa y
las orchillas de pared adentro en don Sebastián Truxillo por tiempo de nue­ve
años y precio de 530 ducados en cada uno, y las orchillas de pared afuera
a don Melchor de Arbelos Betancurt por el mismo tiempo, y precio de 90
ducados cada año.
32. Nuevo administrador de la testamentaría.
En el citado de 1717 refiriendo el Visitador eclesiástico de Madrid las
comisiones que se habían dado por aquel tribunal para la Administración de
las rentas de Lanzarote y Fuerteventura, y sentando que no se había dado
cuenta, ni se sabía el estado de ellas revocó todos los poderes antecedentes,
y nombró por Administrador de la testamentaría de doña Luisa Bravo a
don Juan Manuel Rosillo, el cual sustituyó su poder en don Thomas Ji­ménez
Arias, vecino de la isla de La Palma y residente en Madrid, para que
demandase cualquiera derechos pertenecientes a la testamentaría con pacto
de que ajustando el pleito que estaba pendiente en el Consejo de Hacienda
sobre el derecho de Quintos y, cobrándose lo demás que se debiese en las
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34. Nuevo marqués de Lanzarote.
En el ínterin falleció doña Leonor Duque de Estrada, marquesa de Lan­zarote,
y sentando don Fernando Bravo de Laguna haber sucedido en
aquel Estado, dio poder a don Gaspar de Salazar Carrasco, vecino de Lan­zarote,
en 2 de Noviembre de 1718, para que a su nombre tomase posesión.
35. Protesta del Síndico del convento de Atienza.
De este apoderado y del don Thomas Jiménez Arias, substituto del Ad­ministrador
de la testamentaría, se quejó la parte del Síndico del convento de
Atienza en la Audiencia diciendo que le impedían cobrar las rentas de los
arrendamientos de Lanzarote y Fuerteventura, por lo cual pidió se mandase a
los arrendadores que no acudiesen con ellos a otra persona, hasta que estu­viesen
pagados por entero los libramientos del Visitador eclesiástico; y la
Audiencia mandó que corriesen y se ejecutasen los despachos librados a fa­vor
de la testamentaría, a cuyo fin se libró el correspondiente y, tratándose de
cumplirle, en el año de 1719, ante el Alcalde Mayor de Lanzarote, y de que
se embargasen a prevención la sal y orchilla cogida y que se cogiese en
aquella isla, se opuso a ello el enunciado don Gaspar de Salazar Carrasco
diciendo que aquellos libramientos estaban ya satisfechos, que fray Francis­co
de Prado y los substitutos que tenía en Lanzarote y Fuerteventura proce­dían
con tropelía en este negocio, mostrándose partes a un tiempo por la tes­tamentaría
y por el convento de Atienza, que se habían debido pedir las
cuentas al padre Prado para liquidarlas y reconocer sus alcances, y no ha­berle
permitido ni a sus substitutos tantos atrasos como se habían causado al
Estado; que Pedro Bravo de Laguna sólo era marqués de Lanzarote y con­de
de Fuerteventura en el título, sin percibir algún aprovechamiento de las
rentas de su Estado; que don Thomas Jiménez Arias substituto del Admi­nistrador
de la testamentaría había vendido la Dehesa de Jandía (esto era in­cierto),
sin haberse determinado por el Consejo si era de bienes libres o agre­gada
a aquel estado (aunque entonces pendía en el Consejo el pleito sobre
tenuta del Mayorazgo de Lanzarote entre el don Fernando Bravo de Lagu­na
y otros, no se trataba, ni parece podía, de los bienes que correspondían a
dicho Mayorazgo); que el padre Prado había hecho varias extorsiones en las
dos islas y, en veinte años que había estado en ellas, había cobrado del arren­damiento
de la Dehesa de Jandía 140.000 reales a 7.000 en cada uno, de la
huerta de Ajui en Fuerteventura 150 reales al año, que hacen 3.000; de la isla
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de Lobos (es un islote inmediato a ella) a 200 reales por año, 4.000 reales; de
las orchillas a 2.000 reales cada año, 40.000 reales; cuyas partidas importan
187.000 reales. Que además se habían sacado como 200.000 reales del Se­cuestro
que había en Fuerteventura, que en Lanzarote había percibido por los
arrendamientos de orchillas y renta de la escribanía pública 30.500 reales.
y todas estas partidas importaban 417.500 reales que, rebajados de los
128.600 reales de los dos libramientos, se restaban debiendo al Marqués por
el Síndico del convento de Atienza 288.900 reales con más 5.000 reales que
había llevado aquel administrador que puso don Juan Delgado Temudo.
En consecuencia, pidió se suspendiesen los embargos que se querían hacer
y se liquidase la cuenta presentando las escrituras de arrendamientos hechos
por el padre Prado y sus apoderados, las cartas de pago, ejecuciones que
había seguido y certificaciones de lo que se había sacado del Arca de Fuer­teventura.
36. Petición de embargo.
Al traslado pretendió la parte del Síndico del Convento de Atienza que se
llevase a efecto el embargo pedido, para lo cual, procurando disminuir aque­lla
cuenta que formó el apoderado de don Fernando Bravo, dijo que sobre
las orchillas se estaba pagando un tributo considerable a la Inquisición (pare­ce
ser uno que hasta hoy cobra de 24.000 reales de principal impuesto sobre
otras fincas además de las orchillas); que el Cabildo eclesiástico de Canaria
cobraba de la Dehesa de Jandía 200 ducados cada año, en cuya cantidad ha­bía
estado arrendada algunos y en otros por poco más; que si don Juan Del­gado
Temudo y el Administrador puesto por él había percibido lo que se de­cía,
eso era cuenta con la testamentaría de doña Luisa Bravo por otros
aniversarios; que la cuenta tocaba privativamente a la Audiencia y a dicha
testamentaría; que doña Luisa Bravo había podido disponer de sus bienes li­bres
sin dependencia de otro.
37. Ejecución del embargo.
En vista de todo mandó el Alcalde Mayor ejecutar el embargo de orchi­llas
y sal, de cuyo auto apeló don Gaspar de Salazar Carrasco a la Audien­cia
y en ella se mandó que, precediendo fianza depositaria de parte del Síndi­co,
el Alcalde le hiciese pago y sin perjuicio oyese a los dos en Justicia.
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Aunque no consta que se hubiese dado la fianza, ni haberse hecho em­bargo
de las orchillas, parece se hizo de las salinas e inmediatamente des­pués
presentó la parte de don Fernando Bravo de Laguna en la Audien­cia
testimonio de una cuenta de algunas partidas que en dinero, tabaco y
otras especies había percibido un Donado, compañero de fray Francisco
de Prado, y pidió que la cuenta se ajustase en la misma Audiencia por ha­llarse
allí los autos, y haber contadores prácticos, dando la parte del Sín­dico
fianza a las resultas. Esta instancia se despreció mandando guardar lo
proveído, pero quedaron suspensas las diligencias para ello y, estándolo,
acudió la parte del Síndico a la Audiencia en el año de 1722, retocó aque­llas
especies que había dicho don Gaspar de Salazar Carrasco contra el
padre Prado y sus substitutos, dijo que eran malsonantes y contra la bue­na
reputación de aquel religioso, y pidió se mandase que el don Gaspar y
Juan de Á vila, que fue quien dio el pedimento por él, justificasen las par­tidas
que en él enunciaban dentro de un breve término y que, hecho o no,
se diese a la parte del Síndico para pedir lo que le conviniese en satisfac­ción
de la calumnia, y para que se le exonerase de la fianza depositaria
que va citada.
38. Resolución de la Audiencia.
La Audiencia mandó que el Alcalde Mayor de Lanzarote ejecutase las di­ligencias
que pedía la parte del Síndico, recibiendo las informaciones y justi­ficaciones
que por una y otra se diesen de las cantidades cobradas y, en el
término de dos meses, determinase como hallase corresponder.
Para su cumplimiento se libró Provisión y, notificado a aquel Provisor
que dio el pedimento referido, dijo que para averiguar lo que había percibido
el Síndico de Atienza era necesario sacar algunos instrumentos en Tenerife,
que para ello no tenía caudales, y pidió que se mandase, como se mandó, que
la Justicia de Lanzarote, en quien había recaído la administración de aquella
isla, le diese 50 ducados para los costos. La Justicia los libró contra Andrés
Fernández Castro, en quien estaban embargados más de l.000 reales proce­didos
de los bienes del Estado; éste dijo que el embargo era de orden del Vi­cario
eclesiástico y del Gobernador de las Armas de aquella isla, por lo cual
no podía entregarlos, y en estas diligencias se pasó el término prevenido y el
de otros dos meses más a que se prorrogó.
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39. Protesta del Síndico.
Refiriéndolo así la parte del Síndico ante el citado Alcalde dijo que la del
Marqués no había justificado cosa alguna substancial; que por cuenta de los
expresados libramientos sólo se habían recibido desde el año de 1707, en
que fray Francisco de Prado pasó a aquellas Islas, 73.631 reales y medio,
de que el Convento de Atienza y la testamentaría estaba entendido y sólo te­nía
abonado lo que de dicha cantidad quedase neto, sacando los costos y gas­tos
de dicho religioso, según la disposición de doña Luisa Bravo, y conclu­yó
con que se diese providencia sobre todo lo que tenía pedido. Al traslado
dijo el procurador de don Gaspar de Salazar Carrasco que se hallaba inde­fenso
por no habérsele entregado la cantidad librada para litis expensis, y
protestó no le parase perjuicio y justificase a su tiempo las partidas de que
había hecho cargo a fray Francisco de Prado y al Síndico de su convento, el
cual era alcanzado en muchos reales.
40. Mandato de la Audiencia (1723).
Remitidas estas diligencias a la Audiencia mandó en su vista y el 9 de Ju­lio
de 1723 guardar los proveídos anteriores en orden a que con fianza depo­sitaria
se procediese a pagar el importe de los dos libramientos al Síndico,
reservando proveer a su tiempo sobre lo demás que por parte de él se preten­día,
para todo lo cual se libró despacho cometido a don Gonzalo Betancurt,
vecino de Lanzarote, que parece empezó a cumplirle, aunque no se puede
averiguar en qué términos.
41. Pleito por la posesión del mayorazgo de Lanzarote.
Queda tocado que desde el año de 1718 en que murió doña Leonor Du­que
de Estrada se litigaba en el Consejo la tenuta del Mayorazgo de Lanza­rote
entre don Fernando Bravo de Laguna, don Martín Manuel de Caste­jón,
marqués de Velamazán, y don Joseph Sandalo Enríquez; estos dos
expusieron que el primero se había introducido en la posesión de dicho Ma­yorazgo,
cuyas rentas gozaba desde el año citado de 1718, con cuyo motivo
fomentaba dilaciones en el pleito que aún se hallaba en el artículo de admi­nistración;
y pidieron se mandase expedir provisión para que se depositasen
las expresadas rentas y el don Fernando pusiese en los depositarios las que
hubiese percibido ínterin se determinaba aquel artículo.
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42. El Consejo difiere el embargo.
El Consejo defirió a que se embargasen las rentas que se estuviesen de­biendo
y las que corriesen en adelante, pero nada dijo sobre que don Fer­nando
pusiese en los depositarios lo que hubiese percibido. Se libró la pro­visión
correspondiente que mandó cumplir la Audiencia de Canaria,
nombrando por administrador al enunciado don Gonzalo de Betancurt que,
con este motivo, se eximió de aquella comisión que le había dado la misma
Audiencia, y parece haberse formalizado el embargo en la isla de Fuerteven­tura,
sin que conste alguna diligencia por lo respectivo a la de Lanzarote.
Con noticia que tuvo de esto la parte del Síndico pidió y obtuvo nuevo
despacho de la Audiencia para que don Jerónimo Zapata, que pasaba de
Juez de Residencia a las dos islas, continuase las diligencias haciendo liqui­dar
lo que se debiese a la testamentaría de doña Luisa Bravo; con cuyo des­pacho
le requirió y pidió además que aquel Procurador que había formado
los cargos contra fray Francisco de Prado los justificase.
43. Justificación.
Al traslado dijo éste no haber sido su ánimo calumniar a fray Francisco de
Prado, que aquellos cargos fueron para que se descargase: que Prado no ha­bía
dado cuenta de las más de las partidas de que se le hacían; que si a este
procurador se le hubieran dado los 50 ducados librados habría hecho las justi­ficaciones,
y pidió se le mandasen entregar de los bienes secuestrados, y no ha­biendo
lugar a ello se le diese por libre y se entendiese la instancia del Síndico
con el don Gonzalo de Betancurt, el cual dijo que la parte del Síndico debía
abstenerse hasta la definitiva del Pleito pendiente en el Consejo de las cobran­zas
que intentaba hacer de los arrendadores particulares, quienes sólo debían
dar cuenta al mismo don Gonzalo, y pidió se mandase así; pero el Comisiona­do,
sin embargo, mandó hacer los pagamentos a la parte del Síndico, dándose
por él fianza depositaria, mas no consta que llegase el caso de darla.
44. Petición de subasta de los Quintos (1726).
Después, en el año de 1726, se expuso a nombre de la testamentaría, ante
el Cabildo de Lanzarote, que entre los demás derechos e intereses sobre que
había testado doña Luisa Bravo, aplicándolos a las obras pías, habían sido
los derechos de Quintos, los cuales se hallaban secuestrados en Arca destina­da,
en que debían existir cuando menos 57.000 reales; pero no se habían ha-
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llado en la última visita más que de 27.000 a 28.000, que casi se daban por
consumidos en salarios de secuestrarios, guardas, escribano, arquero y pen­siones
de los castillos, por lo cual, y para que el caudal no padeciese estos
perjuicios que podían consistir en que el secuestrario tenía estrechez con los
capitulares, pidió que el enunciado derecho de Quintos que debía rendir en
cada año a lo menos 15.000 reales, se rematase en pública subasta y en per­sona
abonada, nombrando secuestrario independiente del Cabildo, sobre que
protestó los daños y perjuicios. Y el Cabildo le mandó presentar poder para
acordar lo conveniente, pero no consta que lo hiciese, y sí que el mismo que
formó esta instancia ante aquel Cabildo a nombre de la testamentaría dedujo
en la Audiencia, como apoderado del Síndico del convento de Atienza, la de
que se sacasen, como se mandaron sacar y sacaron al pregón, los arrenda­mientos
de salinas y orchillas; que se remataron aquéllas en 2.050 reales y
éstas en 3.521 (no consta por cuantos años) a favor de don Pedro Rovin, que
obtuvo aprobación de la Audiencia, y a su consecuencia le otorgó la corres­pondiente
escritura en 11 de Marzo de 1727 don Melchor de Llarena, apo­derado
del Marqués de Velamazán, a cuyo favor había decido el Consejo el
artículo de administración de dicho Mayorazgo.
45. Protesta del marqués de Velamazán.
Posteriormente presentó el citado Manuel Fernández Castro, a nombre
del Síndico del convento de Atienza, en la Audiencia una fianza que él mismo
había hecho, a favor de dicho Síndico, en ciertos autos ejecutivos que se se­guían
en Fuerteventura, y pidió que se declarase haber cumplido, y se manda­sen
ejecutar las provisiones anteriores para el pago de los libramientos.
Al traslado de esta pretensión se dedujo, por parte del marqués de Vela­mazán,
la de que se declarase que el expresado Manuel Fernández Castro
no era parte, y mandase a la de la testamentaría dar cuenta de lo que había
percibido por razón de sus libramientos, sin que se le pagase cosa alguna
hasta que lo hiciese y se decidiesen los puntos y artículos que debían forma­lizarse,
especialmente sobre la supresión y extinción de las dos capellanías,
sobre todo lo cual expuso que las principales a quienes el Síndico del con­vento
de Atienza había dado sus poderes había fallecido, y no quedaba algu­na
legítima a quien se pudiesen entregar las cantidades que se pretendían;
que el Manuel Fernández Castro andaba alterando las Islas con recursos a
nombre de la testamentaría y de dicho Síndico, ya en la Audiencia, en el Tri-
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bunal de la Inquisición, en el del Ordinario Eclesiástico, y ya ante el Alcalde
de Lanzarote; que doña Luisa Bravo había situado los 600 ducados de renta
de las dos capellanías sobre la de las salinas de Lanzarote, en atención a que
ésta se reputaba por 2.000 ducados anuales, pero había llegado el caso de no
producir más que 2.000 reales con poca diferencia, y éstos no alcanzaban a
la satisfacción de los demás tributos que tenían sobre sí.
46. Mandamiento de la Audiencia sobre el secuestro del Estado.
A la vista de todo mandó la Audiencia hacer saber el estado de los autos
al convento de San Francisco de la villa de Atienza y a la testamentaría de
doña Luisa Bravo, y que en el ínterin la parte del marqués de Velamazán co­brase
las rentas pertenecientes al estado, dando fianza depositaria en el tér­mino
de un mes y, pasado sin hacerlo, el Alcalde Mayor de Lanzarote las se­cuestrase.
Con efecto se dio por parte del Marqués la fianza en el término preveni­do,
pero no se dio noticia de ello en la Audiencia, ni al parecer tuvo alguna
la parte del Síndico, porque pasado el mes prevenido pidió y obtuvo despa­cho
para que en suposición de no haberse dado la fianza se secuestrasen las
rentas.
47. Secuestro de las rentas de Fuerteventura.
En su cumplimiento se secuestraron en Fuerteventura las orchillas, la De­hesa
de Jandía y huerta de Ajui, como bienes pertenecientes a la testamenta­ría
y, por no haberse embargado más se quejó la parte del Síndico a la Au­diencia,
y obtuvo nueva provisión para que se hiciesen los embargos de
todos los demás bienes que se conociesen ser de dicha testamentaría, y el de­positario
diese fianza a satisfacción de aquella parte; pero no consta que con
este despacho se hiciese alguna diligencia.
48. Pleito sobre la administración de Lanzarote.
En el ínterin se siguió un pleito ante el Ordinario Eclesiástico de Canaria
entre el expresado convento, la testamentaría y el marqués, sobre que éste
dejase libre el uso de la isla de Lanzarote a dicha testamentaría, y así lo man­dó
el Provisor. El marqués apeló de aquella providencia para ante el Metro-
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politano de Sevilla, de quien obtuvo despacho citatorio y compulsorio, mas
no resulta si se prosiguió aquella instancia.
49. Despacho para cobrar las deudas desde 1717 (1730).
En 14 de Septiembre de 1730 obtuvo el Síndico del convento de Atienza
un despacho del Visitador Eclesiástico de Madrid (que auxilió el consejo)
con comisión a don Nicolás del Riego y a don Manuel de Barreda, Oidor y
Fiscal de la Audiencia de Canaria, para que entendiesen en lo tocante a la
testamentaría y obligación a los herederos u albaceas de don Juan Delgado,
a que diese cuenta de los caudales que habían entrado en su poder durante su
administración, y a los demás que después de él hubiesen corrido con ella y,
del alcance que resultase, se hiciese pago al convento de lo que se le estaba
debiendo, señaladamente desde el año 1717 en adelante, a razón de 300 du­cados
en cada una; pero tampoco consta que con esta comisión se practicase
alguna diligencia.
50. Auto para que el marqués pagara al Síndico (1732).
Al mismo tiempo dio el Síndico del convento de Atienza poder a fray
Gregorio Bustamante para que cobrase lo que se le debiese por razón de la
capellanía que fundó en él doña Luisa Bravo, y el Visitador eclesiástico de
Madrid habilitó al mismo fray Gregorio para que solicitase la satisfacción
de todo lo que se debiese a la testamentaría, en cuya consecuencia se insistió
a nombre de ella en la Audiencia en que se pagasen los dos libramientos
enunciados. Y, habiéndose citado al marqués, por retardado el traslado que le
estaba dado de igual pretensión, en vista de lo que expuso, se proveyó un au­to
en 10 de Septiembre de 1732, mandando que, dándose la fianza deposita­ria
por parte del Síndico de Atienza, se le hiciese pago de sus libramientos, y
dentro de un mes diese la cuenta de lo que había percibido. Y que el mar­qués
de Lanzarote ratificase las fianzas que tenía dadas o las diese de nuevo.
51. Auto para cobrar las capellanías (desembargos) (1734).
De este auto suplicó la parte del marqués y, en vista de lo que se expuso
por ella y por las de la testamentaría y Síndico de Atienza, se proveyó otro
en 28 de Marzo de 1733 mandando continuar la cobranza de los libramientos
a favor de las capellanías, pero sólo en las rentas de las salinas de Lanzarote
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y que, justificándose haber cobrado de ellas el marqués desde el tiempo de
su posesión por lo que esto importase, se procediese contra los demás bienes
del Estado y no en otra forma; y habiendo la parte del Síndico suplicado de
este auto en cuanto se ceñía a la cobranza de los libramientos a las rentas de
las salinas, se confirmó en todo y por todo, por otro de 8 de Junio de 1734 y,
en su consecuencia, obtuvo la parte del marqués despacho para que se de­sembargase
la sal, orchillas y casas palacio del mismo, que había embargado
el Alcalde Mayor de Lanzarote, a instancia del Síndico, ínterin pendían las
referidas instancias.
52. Dudas sobre la jurisdicción de la isla de Lobos.
Por aquel tiempo se suscitó entre el Apoderado del marqués y el de la
testamentaría la duda de si el islote que llaman de Lobos pertenecía a Lan­zarote
o Fuerteventura y, consiguientemente, la disputa sobre quién debía
administrarlo; pero la cortaron conviniéndose en que el Apoderado de la
testamentaría hiciese, en calidad de por ahora y sin perjuicio, el arrenda­miento
de ella con que la mitad de su importe se pagase al Apoderado del
marqués. Y al margen de la escritura que otorgaron sobre ello hay una nota
rubricada de éste, al parecer, que dice así: "está cobrado hasta el año de
1737 que cumplió en Mayo y de que estoy hecho cargo en cuenta final
del Señor Marqués".
53. Información ante el Alcalde Mayor de Lanzarote.
En el ínterin dio el apoderado de éste una información ante el Alcalde
Mayor de Lanzarote con cinco testigos que contestaron substancialmente
que, desde que falleció doña Luisa Bravo de Guzmán, habían quedado sus
testamentarios usando de las orchillas, Quintos (hasta que en el año de 1688
se secuestraron), ganados y demás rentas que la pertenecían y, desde enton­ces,
sus apoderados habían cobrado y cobraban todas las rentas; que don
Juan Delgado Temudo abrió las Arcas de Fuerteventura, llevó gran canti­dad
de dinero, dejó a un hermano suyo (no fue sino a su sobrino) adminis­trando
los derechos, y arrendó los demás bienes que pertenecían a la mar­quesa.
Algunos de dichos testigos contestaron por ciertos y otros dijeron ignora­ban
los particulares siguientes:
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.- Que de haberse vendido la Dehesa de Jandía, los quintos antes que se
secuestrasen y demás bienes, y el título de conde de aquella isla, y las orchi­Has,
que constan del testamento de doña Luisa Bravo de Guzmán, en que
confiesa se cogían de cuatro a cinco mil quintales, hubiera habido para pagar
los censos y acreedores, como aquella lo dejó ordenado .
. - Que de muchos años a aquella parte de todos los censualistas y acree­dores
que tenía la isla sólo había cobrado el Cabildo eclesiástico los 200 du­cados
de su tributo de la Dehesa de Jandía .
. - Que eran cortas las rentas que habían quedado en Fuerteventura, y por
ser tantas las cargas, sin haberse pagado por los testamentarios, estaban ella
y la de Lanzarote muy cargadas de tributos, y era imposible con lo que da­ban
las rentas alcanzara a pagar la correspondiente mitad a cada isla de las
pensiones decursas .
. - Que la Dehesa de Jandía estaba en litigio muchos años había, y despo­seída
la testamentaría por no haber pagado sus apoderados el tributo, por cu­yas
decursas se había originado el pleito (que no se haya entre los papeles
que se han podido recoger concernientes a esta dependencia) .
. - Que las orchillas estaban arruinadas por haberlas raspado los arrenda­dores
y de no dejar de cogerlas algunos años o dejar de rasparlas, se perde­rían
del todo .
. - Que por ser muchas las cargas y pocas las rentas de ambas islas, de no
ir pagándose con ellas, se imposibilitaría el libertarse una y otra isla.
Esta información se halló original entre varios papeles que se recogieron
cuando murió el citado apoderado del marqués.
54. Arrendamiento de las orchillas de Fuerteventura.
A poco tiempo después que la dio, se dieron en arrendamiento por parte
de la testamentaría y del síndico del convento de Atienza todas las orchillas
de Fuerteventura, por tiempo de nueve años y precio de 5.260 reales en cada
uno. Durante este arrendamiento y en 4 de junio de 1739 proveyó un auto el
Visitador eclesiástico de Madrid en que, sentado los anteriores de aquel tri­bunal,
y que don Juan Manuel Rosillo, último administrador, no había po­dido
por sus enfermedades continuar las diligencias de la testamentaría, dio
comisión al Provisor del Obispo de Canaria para que procediese a la averi­guación
de los arrendamientos de orchillas y Dehesa de Jandía, y si se ha-
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bían hecho con la solemnidad de derecho, las precauciones necesarias para
su conservación, y en caso de no, hacerlos de nuevo con las seguridades con­venientes
al mayor abundamiento de la testamentaría, teniendo presente que
para la validación de dichos arrendamientos había servido preceder aproba­ción
del citado tribunal, que se secuestrase en caso necesario el importe de
ellos y los nuevos fuesen con la calidad expresa de hacer los pagos en Ma­drid,
a excepción de las cargas que se debían pagar en aquellas islas, con to­do
lo demás que se hallase conducir para la más breve expedición y puntual
cumplimiento de la testamentaría, como también para que procediese contra
las personas a cuyo cargo hubiese estado la cobranza de cualesquiera efec­tos,
o que los debiesen a la testamentaría; y nombró por Administrador de
ella a don Rodrigo Angulo, que sustituyó su poder en don Juan López de
Vera, presbítero, vecino de Lanzarote.
55. Testamento del apoderado de la testamentaría y del
Síndico (1740).
Antes que con este poder se obrase cosa alguna que aparezca en los pape­les,
y en 28 de diciembre de 1740, otorgó su testamento Manuel Femández
Castro, vecino de Lanzarote, y declaró entre otras cosas que desde el año de
1720 había sido apoderado de la testamentaría y del síndico del convento de
Atienza; que había hecho cobranzas y rémoras por mano de fray Gregorio
de Bustamante (pero no expresó su importe); que sobre ello tenía dada
cuenta al Provisor de aquel obispado, y sólo le faltaba ajustar la de los gastos
que había hecho de caudal suyo propio en catorce o quince pleitos que había
seguido como tal apoderado, de orden de dicho fray Gregorio Bustamante,
que se le estaban debiendo todos los salarios personales; que las salinas se
habían arrendado por don Joseph Gutiérrez de Franchy, regidor de aquella
isla, el cual había cedido el arrendamiento en este testador, en don Juan de
la Cueva, Alcalde Mayor de la misma, y en don Juan López de Vera, te­niéndole
todos tres de compañía.
56. Auto sobre la administración de las islas (rentas de
Lanzarote) (1674).
Después se expuso en la Audiencia por parte de la testamentaría que en
virtud de la disposición de doña Luisa Bravo de Guzmán había tomado
en sí el manejo, uso y percepción de los frutos y rentas de dichas islas, con
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providencias de los Visitadores eclesiásticos de Madrid, hasta que en 14 de
agosto de 1674 proveyó el auto que va sentado arriba, admitiendo al mar­qués
de Lanzarote al goce de aquella isla, declarándola por propia suya, y
la de Fuerteventura por de la testamentaría, con obligación de llevar apeo,
liquidación y división de las rentas de ambas islas para el prorrateo de lo
que cada una debía pagar y disfrutar, cuyo apeo no se había ejecutado co­mo
debiera; que sin ello no se podía cumplir la disposición de doña Luisa;
que desde el año de 1688 en que se secuestraron los quintos, y hasta el cual
estaban rentando las islas 60.000 reales anuales, no producían la quinta
parte por falta de dichos quintos, menoscabo de las orchillas y de las sali­nas,
que se hallaban casi inútiles; y pidió se mandase llevar a efecto el
enunciado apeo de los bienes de ambas islas, haciendo averiguación de los
acreedores, sus fincas e hipotecas, afectas a los censos, y de las rentas a las
dos islas; que se citase a los acreedores o a sus apoderados para que ocu­rriesen
dentro del término que se les asignase a presentar sus legitimacio­nes
y nombrar peritos, y ejecutado se llevasen las diligencias a aquel tribu­nal
para la división de cargas y rentas a cada isla, según se le asignare. Y
en el ínterin se suspendiesen todas las diligencias pedidas por algunos
acreedores contra el estado, y protestó a nombre de la testamentaría averi­guando
lo correspondiente a cada uno satisfacerles de las rentas anuales en
lo que alcanzasen.
57. Auto de la Audiencia (1741).
La Audiencia en auto de 14 de noviembre de 1741 mandó hacer saber
esta pretensión a todos los acreedores e interesados en las dos islas por
los ausentes a sus apoderados, y que se pusiesen edictos en la forma ordi­naria.
Consta que se pusieron y que se notificó el despacho citatorio a los apo­derados
de don Manuel de Fuenmayor, uno de los acreedores de don Fran­cisco
Bauptista de Lugo, y a don Juan López de Vera, que tenía no sólo
los poderes de la testamentaría y del convento de Atienza, sí también del
marqués de Lanzarote.
Por no haber comparecido acullá la parte de dicha testamentaría, la rebel­día
se hubo por acusada, y se mandaron pasar los autos al Relator, en cuyo
estado quedaron sin determinación alguna sobre este particular.
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58. Renuncia de la testamentaría a la administración de Jandía
(1744).
Posteriormente y en 22 de mayo de 1744 otorgó don Juan López de Ve­ra,
a nombre de la testamentaría, una escritura en que dijo no ser útil a ésta
administrar de su cuenta la Dehesa de Jandía; que por lo mismo estaba
ajustado desde el año de 1742 en arrendada a don Francisco Bauptista de
Lugo