Aproximación al estudio de la esclavitud del negro en las Antillas españolas a través de la prensa tinerfeña en la segunda mitad del siglo XIX

              APROXIMACIÓN AL ESTUDIO DE LA ESCLAVITUD
DEL NEGRO EN LAS ANTILLAS ESPAÑOLAS A
TRAVÉS DE LA PRENSA TINERFEÑA EN LA
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO Xix
ASUNCIÓN DEL PILAR PÉREZ MARRERO
Universidad de La Laguna
Durante el siglo XIX, la esclavitud de negros en las colonias americanas
abrirá una serie de debates que culminarán con su abolición en el tercer ter­cio
de la centuria.
Si a comienzos del siglo comienzan a oírse las primeras voces en favor de
la abolición del tráfico y de la esclavitud del negro, no se abrirán grandes de­bates,
sino hasta la segunda parte del mismo, cuando, a nivel nacional, exista
una fuerte concienciación para terminar con un modo de producción caduco.
1. EVOLUCIÓN DE LA ESCLAVITUD EN LAS ANTILLAS
ESPAÑOLAS HASTA LOS COMIENZOS DEL SIGLO XIX
En 1501, por una Instrucción de los Reyes Católicos al gobernador de In­dias,
Nicolás de Ovando, se autorizó, por primera vez en la historia ameri­cana,
la introducción de negros ladinos procedentes de Sevilla.
Con esta autorización no sólo se pretendía sustituir al indio de los traba­jos
duros de las minas y las tierras, sino que, también, se aspiraba a que el
negro fuera el portador de la civilización y de la fe cristiana en aquellos luga­res
^
Era un hecho que el indio moría por los fuertes trabajos que desarrolla­ba,
por lo que era necesaria su sustitución por una mano de obra más resis­tente
y robusta.
Fray Bartolomé de las Casas fue uno de los personajes de la época que
ayudó a sustituir una mano de obra por otra. Su defensa del indio le llevó a
incitar la introducción de esclavos negros en las Indias para que realizaran
los trabajos que aquéllos ejercitaban.
En un Memorial de 1517, que envía a España, Las Casas propone la in­troducción
en las islas del Caribe de familias y labradores con privilegios y
1. DÍAZ SOLER, Luis Manuel: Historia de la esclavitud negra en Puerto Rico (1493-1890),
Madrid-Puerto Rico, 1953, pp. 1-9.
221
franquicias, aconsejando, a su vez, que éstos llevasen consigo negros de Cas­tilla
^
Pero, aunque sustituyó una esclavitud por la otra, cosa que reconoció con
el tiempo, no se le puede juzgar de que fuese el culpable de la introducción
de negros en el Nuevo Continente, pues éstos ya habían sido introducidos des­de
principios de siglo. De lo que sí se culpa el frayle es de haber contribuido
a ello, cosa que confiesa en su Historia de las Indias ^.
A lo largo de este siglo, se hizo perentoria la necesidad de llevar negros
hacia América para explotar sus riquezas. Ello fue lo que llevó a la Corona
a dar licencia a particulares para que llevasen aquel comercio al Nuevo Mun­do,
mediante una contribución económica al Tesoro Real. No obstante, ante
el desacuerdo por muchos afectados, se comenzó a forjar un comercio ilícito
en forma de contrabando con la ayuda de colonos y oficiales americanos.
Ante tales pérdidas económicas, Felipe II decidió otorgar asientos de negro
por creer que este sistema podría servir mejor a los propósitos de la Corona
y a las necesidades americanas, pero, tampoco, este sistema tuvo el éxito de­seado
"*.
A finales del siglo XVII y a lo largo del XVIII, las compañías comerciales
formaron parte del tráfico de negros. La «Real de Guinea», perteneciente a
Francia recibía privilegios del gobierno español en 1701 para que transporta­se
población negra al Nuevo Mundo. Con la firma del Tratado de Utrecht
en 1713, la «Compañía inglesa de los Mares del Sur» adquiría el monopolio
de negros, aunque se crearon nuevas compañías que participaron en el nego­cio
^.
En la segunda mitad del siglo xviii, se produce en Cuba una gran deman­da
de mano de obra esclava debido a las grandes transformaciones acaecidas
en el hinterland antillano. Unos de los primeros factores que contribuyeron
a ello, fue la ocupación de la isla por parte de los ingleses en 1762, lo que
dio lugar a un gran desarrollo del cultivo de la caña de azúcar, con la intro­ducción
de un gran contingente de negros y la apertura del comercio hacia
mercados internacionales. Todo ello en detrimento de otras producciones.
En esta época, las trece colonias inglesas en Norteamérica consiguen su
independencia de la metrópoli, dirigiéndose al mercado cubano para realizar
su comercio.
Además, surge otro acontecimiento histórico que contribuye a una mayor
2. SACO, José Antonio: Historia de la esclavitud, Madrid, 1974, pp. 171-182.
3. DÍAZ SOLER, L. M.: op. cit., pp. 13-18; CASAS, Bartolomé de las: Historia de las In­dias,
tomo III, (2.' edición). México-Buenos, 1965, pp. TTi-Tld.
4. DÍAZ SOLER, L. M.: op. cit., pp. 43-63.
5. Op. cit., pp. 72-92; SACO, J. A.: op. cit., pp. 197-204; VILA VILAR, Enriqueta: Pre­sencia
y fuerza del esclavo en América: trata, mano de obra y cimanorraje, en: «Estudios sobre la
abolición de la esclavitud», Anexo 2. Revista de Indias (1985), Madrid, 1986, pp. 107-108.
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dedicación azucarera por parte de los cubanos. La rebelión negra de Haití
(1791), fruto de los acontecimientos revolucionarios de su metrópoli en 1789,
dio lugar a, que pasara a Cuba gran parte de la tecnología del hasta ahora pri­mer
mercado azucarero mundial.
Al mismo tiempo que surgen estos acontecimientos revolucionarios, se es­tán
desarrollando en Gran Bretaña unas transformaciones de gran enverga­dura.
La Revolución Industrial, fruto de esos cambios, será un acontecimien­to
de plasmación mundial, que dará lugar a alteraciones políticas, económi­cas,
sociales e ideológicas.
En 1775 se comienza a debatir en el Parlamento británico la necesidad de
abolir el comercio de esclavos negros en sus colonias americanas. Esta deci­sión
causó una gran conmoción en las colonias españolas, motivo por el cual
se envió el 10 de febrero de 1789 un Informe a la Junta Suprema de Estado
en el que se proponía al gobierno metropolitano la concesión a españoles y
extranjeros de la práctica del comercio de esclavos negros, directamente de
África, por un período de dos o tres años. Este informe constituyó la base
de la Real Cédula promulgada el 28 de febrero de ese mismo año en la que
se concedía a «todo español domiciliado o residente en España o Indias pu­diese
pasar en embarcación propia o fletada a comprar negros a los lugares
donde se vendan llevando el dinero y frutos que necesitase para su com­pra...
», especificándose que «los negros debían ser de buena casta, la tercera
parte, a lo más, hembras, y las otras dos varones; sin permitirse la entrada y
venta de los inútiles, contagiados o que padeciesen enfermedades habitua­les...
» ^
Terminado el plazo de la primera Real Cédula, el representante del Ayun­tamiento
de La Habana, Arango y Parreño, se dirigió de nuevo al gobierno
de Madrid pidiendo una prórroga de la anterior autorización real. Como re­sultado,
fue otorgada otra Real Cédula el 20 de febrero de 1791, en la que
se ampUaba, por dos años más, a españoles y extranjeros el comercio de es­clavos
en la isla de Cuba, Puerto Rico, la provincia de Caracas, y, en esta
ocasión, al puerto de Cartagena y el Virreinato de Santa Fe.
Sin embargo, en agosto de este año, los esclavos negros de la parte fran­cesa
de Santo Domingo se alzan en rebelión, lo cual hizo surgir un temor por
parte de las autoridades españolas de una posible revuelta en sus colonias de
Ultramar. No obstante, tras haberse apaciguado los temores se decreta otra
Real Cédula el 24 de noviembre de 1791 por la que se ampliaba el comercio
de negros a seis años, tanto para subditos españoles como para extranjeros,
comenzándose a contar a partir del 1 de enero de 1792.
6. SACO, J. A.: op. cit., p. 206; MORENO GARCÍA, Julia: «España y los orígenes de la
abolición de la esclavitud (finales del s. xviii-comienzos del xix), en; Revista de Indias, núm. 177,
vol. XLVI, Madrid, enero-junio 1986, p. 205.
223
Otra última prórroga del comercio de africanos tendrá lugar con la Real
Cédula del 22 de abril de 1804, en la que se ampliaba el tráfico por 12 años
a subditos españoles y por 6 a los extranjeros, poniéndose como condición
especial que aquellos negros que se introdujesen fueran solamente bozales,
por el temor a un resurgimiento haitiano. Sin embargo, tras la perentoria ne­cesidad
de introducir «piezas de ébano» en las colonias españolas, esta últi­ma
condición no fue tenida en cuenta por hacendados y traficantes de escla­vos
''.
2. FASE DIPLOMÁTICA Y DE ABOLICIÓN DE LA TRATA EN LA
PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX
Al igual que los indios, los negros tuvieron sus defensores desde el si­glo
XVI. Tanto dominicos como jesuítas dedicaron gran parte de su quehacer
en la defensa del negro. Sin embargo, mientras la primera orden religiosa lo
defendió y condenó su esclavitud, la segunda no se atrevió a reprobarla abier­tamente
*.
En el siglo XVIII, el movimiento ilustrado inspiró y estimuló a los defen­sores
de los negros. Sin embargo, fue en el siglo XIX cuando, no sólo se co­menzó
a hablar de la esclavitud y del comercio de esclavos abiertamente, sino
que dichos temas fueron llevados a las Cortes, produciéndose un gran deba­te,
cuya duración alcanzaría casi toda la centuria.
No obstante, Vila Vilar y Maluquer de Motes hablan del «silencio» como
actuación política en este siglo. «Silencio ante una lacra necesaria, pero mo­lesta.
» «Es el mismo silencio —según Enriqueta Vila— mitad ignorante, mi­tad
hipócrita, en el que se observa a lo largo de todo el siglo xix: desde la
hipocresía de la propia Constitución de 1812, silenciada por la presión cuba­na,
hasta la Ley de 1880, que instituye el Patronato y que fue denunciada
por los aboUcionistas.» '
La «ley del silencio», como apunta Maluquer de Motes, que impera en
los sectores y corrientes más poderosos, «entendiendo que la esclavitud era
la mejor ahada del dominio español» '°.
7. SACO, J. A.: op. cit., pp. 205-212 y MORENO GARCÍA, J.; op. cit., pp. 205-207.
8. VILA VILAR, Enriqueta: La postura de la Iglesia frente a la esclavitud. Siglos xvi y xvii,
en Esclavitud y Derechos Humanos. Actas del Coloquio Internacional sobre la abolición de la
esclavitud, Madrid (2-4 diciembre de 1986), 1990, pp. 25-31.
9. VILA VILAR, Enriqueta: «Intelectuales españoles ante el problema esclavista», Anuario
de Estudios Americanos, tomo XLIII, Sevilla, 1986, pp. 204-205.
10. MALUQUER DE MOTES, Jordi: «Abolicionismo y resistencia a la abolición en la Es­paña
del siglo XIX», Anuario de Estudios Americanos, tomo XLIII, Sevilla, 1986, pp. 4-5 y 12.
224
A principios de siglo, comienzan estos debates con Isidoro de Antillón
que, por primera vez en España, plantea el tema de la abolición gradual de
la esclavitud en una disertación leída el 2 de abril de 1802 en la Real Aca­demia
Matritense del Derecho Español y Público.
Más adelante, en las diferentes sesiones de las Cortes de Cádiz, quedan
plasmados los sentires de los que están a favor y en contra del tráfico y la
esclavitud de africanos, destacando las actuaciones de determinados diputa­dos.
En la sesión del 26 de marzo de 1811, el mejicano Guridi y Alcocer pre­senta
ocho proposiciones donde pide la abolición gradual de la esclavitud
«para no perjudicar en sus intereses a los actuales dueños de esclavos». En
abril del mismo año. Arguelles presenta tres proposiones sobre la abolición
de la tortura de los negros y la supresión de su tráfico. Insistiendo nueva­mente
Antillón en sesión de agosto de 1813, sobre la abolición del tráfico de
africanos.
Estas actuaciones surtieron efectos en los hacendados y comerciantes cu­banos
pidiéndose que se dejase dormir los temas tratados por temor a un de­sequilibrio
interno en la sociedad antillana.
En las Cortes, el representante del Ayuntamiento, Sociedad Patriótica y
el Consulado de La Habana, Arango y Parreño, acusó al Estado de ser el res­ponsable
directo del statu quo establecido en las colonias de Ultramar. En su
opinión, no se podía modificar repentinamente una situación creada por los
soberanos españoles hacía trescientos años. Tras examinar las diferentes ex­posiciones
realizadas por los diputados y puntualizar que las Cortes reunidas
carecían de facultades para resolver un asunto de tanta trascendencia, logró
que los temas debatidos quedaran en el olvido momentáneamente ^^
Por su parte, el Parlamento inglés estaba haciendo gestiones desde fina­les
del siglo XVIII para abolir el tráfico de esclavos en sus colonias.
Hernández Sánchez Barba considera sospechoso que el Parlamento bri­tánico
dirija primordialmente la abolición al mar de las Antillas, mientras
que a mediados del xix existían en la India más de diez millones de esclavos
para los que no se llevaron las medidas abolicionistas '~.
Con la Revolución Industrial, Gran Bretaña necesitaba nuevos mercados
para vender sus productos, siendo la esclavitud un obstáculo para ello. Por
otro lado, las colonias españolas estaban haciendo una fuerte competencia a
11. VILA VILAR, Enriqueta: «La esclavitud americana en la política española del siglo xix»,
Anuario de Estudios Americanos, tomo XXXIV, Sevilla, 1977, pp. 563-588; SACO, J. A.: op.
cit., pp. 217-220; MORENO GARCÍA, J.: op. cit., pp. 220-226.
12. HERNÁNDEZ SANCHEZ-BARBA, Mario: «El abolicionismo en el mundo europeo:
mentalidad e ideología», en: Estudios sobre la abolición de la esclavitud. Anexo 2. Revista de In­dias
(1985), Madrid, 1986, pp. 123-126.
225
sus casi agotadas colonias antillanas, por lo que era necesario acabar con el
suministro de esclavos que activaba esa producción ^^.
Una vez abolido el tráfico en las islas inglesas en 1807, Lord Castlereagh
aprovechó las reuniones del Congreso de Viena para continuar con su pro­paganda
abolicionista.
Después de una serie de reuniones, las ocho potencias participantes fir­maron
en Viena la abolición universal del tráfico, el 8 de febrero de 1815.
Ante tal logro, el representante británico se acercó a la diplomacia española
para persuadir a su país en su intención de seguir con el tráfico de esclavos.
Aunque las negociaciones no fueron lo suficientemente convincentes por la
reticencia española, se firmó un tratado entre ambas potencias en Madrid el
23 de septiembre de 1817.
A través de dicho Tratado, S.M.C. se obligaba a que el tráfico de escla­vos
quedase abolido en todos sus dominios el 30 de mayo de 1820; no pu-diendo,
desde ese día, ningún subdito de la Corona de España comprar es­clavos
o continuar el tráfico de ellos en parte alguna de la costa de África
bajo ningún pretexto. Se concedía el plazo de cinco meses a partir de la fe­cha
citada, para que terminasen sus viajes los barcos que hubiesen sido legí­timamente
habilitados antes del expresado día 30 de mayo. De igual modo,
a partir de esa misma fecha, tampoco sería lícito traficar con esclavos en la
costa de África al Norte del Ecuador, concediéndose el plazo de seis meses
para los barcos que se habían despachado con anterioridad desde las costas
españolas hacia las de África.
Para compensar las pérdidas que tuvieren los españoles en el tráfico, el
gobierno británico se obligaba a pagar en Londres el 20 de febrero de 1818
la suma de cuatrocientas mil libras esterlinas a la persona que SMC designa­rá
para recibirlas. Constituyéndose como tribunales, para juzgar a los infrac­tores,
dos comisiones mixtas compuestas de un número igual de ambas na­ciones
con residencia, una, en un punto de la costa de África perteneciente
a Gran Bretaña y, otra, en otro lugar en Las Antillas españolas ^'^.
Con este tratado, Gran Bretaña no cubrió los objetivos previstos. Si bien,
los representantes cubanos elevaron una reclamación al gobierno español para
que prorrogase dicho acuerdo bilateral para una posterior época, no hubo ne­cesidad
de ello, pues el tráfico seguía con la misma intensidad del momento.
Pese a esta desidia ante el tratado hispano-inglés, en las Cortes del Trie­nio
Liberal se oyeron voces en favor de la abolición de la trata y de la escla­vitud
de negros.
El conde de Toreno, en la sesión del 23 de marzo de 1821, presentó una
13. HISTORIA DE CUBA: Dirección política de las FAR, La Habana, 1981, pp. 21-27.
14. SACO, J. A.: op. cit.; PHILIP, Jacqueline y CHAMPAGNAC, Yolande: «La Ley Pe­nal
y su aplicación», Anuario de Estudios Americanos, tomo XLIII, Sevilla, 1986, pp. 143 y 146.
226
moción para que se nombrase una comisión especial que propusiera las leyes
penales más convenientes para reprimir el tráfico de esclavos de África que
se hacía bajo'bandera española. Del mismo modo, el padre Várela, en si­guientes
sesiones, redactó una proposición de ley en la que, respetando los
derechos y concillando los intereses, se estableciesen la abolición lenta y gra­dual
de la esclavitud en las provincias hispanoamericanas ^^.
La respuesta al ineficaz cumplimiento del tratado de 1817 fue la firma de
otro nuevo Convenio, entre las mismas potencias, el 28 de junio de 1835. El
mismo ratificaba las cláusulas del anterior, ampliando algunas partes y for­mulando
nuevas cuestiones.
En este nuevo tratado se estipulaba que los buques negreros que llevasen
a bordo cualquier objeto que los delatase como tales, serían declarados de
«buena presa»; manifestándose, igualmente, que se desguazarían y venderían
sus trozos por separado, así como su cargamento, en libre subasta.
Acompañaban a este tratado tres anejos: en el primero, se daban instruc­ciones
a los buques de las reales armadas de Inglaterra y España destinados
a impedir el tráfico de esclavos; en el segundo, se formulaba un reglamento
para los Tribunales Mixtos de Justicia que habían de residir en La Habana;
y en el tercero, se pubhcaba otro reglamento para el buen trato de los negros
emancipados ^*.
Con este Convenio la persecución de la trata era un hecho. Sin embargo,
el tráfico ilícito se seguía ejercitando, y tanto autoridades antillanas como pe­ninsulares
recibían sus contribuciones por ello.
Es verdad que el tráfico de esclavos fue utilizado por las autoridades es­pañolas
como un obstáculo a las posibles pretensiones de las colonias, por re­sarcirse
de su poder político; pero, también es cierto que dicho obstáculo fue
apreciado por aquellos cubanos más ilustrados que vieron en el negro un im­pedimento
de progreso.
Las primeras máquinas de vapor, al igual que el primer trazado ferrovia­rio
se habían instalado en la segunda y tercera década de la centuria, lo que
significaba que la Revolución Industrial estaba en marcha en las colonias de
Ultramar, siendo la mano de obra esclava una obstrucción a la misma.
A estos factores se les unía el alto coste que estaba alcanzando la «pieza
de ébano», añadiéndose, además, el temor de una creciente población negra
que hacía pensar en un pasado haitiano.
La ilustrada población criolla veía cómo el final del tráfico y de la escla­vitud
de negros se acercaba a las colonias españolas, decidiendo poner su em­peño
en buscar algunas alternativas a esta población.
15. SACO; op. cit.
16. ARMARIO SÁNCHEZ, Fernando: «Esclavitud y abolicionismo en Cuba durante la re­gencia
de Espartero»,'en: Esclavitud y Derechos Humano^, A.C.I.A.E., Madrid (2-4 de diciem­bre
de 1986), 1990,.pp. 377-405; SACO: op. cit.
227
A comienzos de la década de los 40 la suspicacia cubana creció cuando
fue anunciado que el inglés David Turnbull había sido designado cónsul en
La Habana por el Ministro de exteriores Lord Palmerston.
Turnbull, cuando escribió su obra Travels in the West..., proponía la am­pliación
de atribuciones de las Comisiones mixtas para investigar individual­mente,
cada uno de los derechos de los esclavos introducidos en Cuba desde
1820. Para ello, indicaba que se añadiese un artículo adicional al Tratado de
1835 ^\
Por su parte, Lord Palmerston veía en Turnbull la persona idónea para
acabar con el aumento de la esclavitud en Cuba y dar al Tribunal Mixto de
La Habana una mayor facultad para investigar si los negros tenidos en aque­lla
isla habían sido o no importados desde el 30 de octubre de 1820 y si de­bían
o no ser puestos en Hbertad ^*.
Ante estos planteamientos los hacendados y comerciantes cubanos se alar­maron
al prevenir no solamente la abolición de su propiedad, sino, también,
el desequilibrio social que podrían provocar tales medidas. Y así lo comuni­caron
al gobierno de Madrid por medio de la Institución que los representaba.
La Junta de Fomento se dirigió al gobierno llamándole la atención res­pecto
a la influencia peligrosa que Turnbull podría ejercer en el orden social
en virtud de sus ideas aboHcionistas, e indicó la conveniencia de impulsar una
inmigación de colonos blancos para prevenir los peligros que amenazaban la
existencia en Cuba ^'.
Para combatir los planes de Palmerston se hizo necesario demostrar al go­bierno
inglés que tanto las autoridades cubanas como las españolas estaban
dispuestas a cumplir con los tratados firmados. Para ello, el gobierno consi­deró
oportuno sustituir al general Téllez Girón, moderado, por el general Val-dés
más proclive a cumplir con lo convenido, en la capitanía general de Cuba.
Cuando ocupó su cargo, Valdés hizo saber a los traficantes de esclavos
que les concedía el plazo de seis meses para que terminasen sus operaciones,
notificándoles que una vez vencido el mismo, serían perseguidos y juzgados
como infractores ^°.
Como Téllez Girón, Valdéz consideraba la figura de Turnbull una ame-
17. HERNÁNDEZ SANCHEZ-BARBA, M.: «David Turnbull y el problema de la escla­vitud
en Cuba», Anuario de Estudios Americanos, tomo XIV, Sevilla, 1957, p. 267; MORENO
GARCÍA, J.: «El abolicionismo en la política internacional del siglo xix: la actitud de España»,
en Estudios sobre la abolición de la esclavitud. Anexo 2. Revista de Indias (1985), Madrid, 1986,
pp. 158-159.
18. ARMARIO SÁNCHEZ, F.: op. cit., pp. 389-398.
19. HERNÁNDEZ SANCHEZ-BARBA, M.: op. cit., p. 276; ARMARIO SÁNCHEZ: op.
cit.; GUERRA Y SÁNCHEZ, Ramiro: Manual de Historia de Cuba, La Habana, 1980, p. 416.
20. GUERRA Y SÁNCHEZ, R.: op. cit., p. 417; ARMARIO SÁNCHEZ, F.: op. cit.,
p. 892.
228
naza para los intereses españoles. Si el primer capitán general se mantuvo ex­pectante
ante las actuaciones del cónsul inglés, el segundo se vio en la nece­sidad
de pedir al gobierno de Madrid que hiciese las gestiones oportunas para
sustituirlo de su cargo. En uno de sus informes, Valdés lo llegó a calificar de
«incitador de la población blanca hacia la independencia» ^'.
Los hacendados, al ver peligrar su propiedad legítima, por consentimien­to
de las autoridades, se vieron en la necesidad de recurrir a la protección de
los estados sureños de Norteamérica para salvaguardar sus intereses.
Por su parte, los Estados Unidos, que consideraban una intromisión la ac­tuación
inglesa en las colonias españolas, estarían dispuestos a auxiliar a Cuba
en caso de que su gobierno cediese a las pretensiones inglesas. Mientras Es­paña
no cediese ante Gran Bretaña su soberanía estaría asegurada en la
Isla 2^
Después de las presiones recibidas por parte de la élite cubana, la diplo­macia
española hizo todos los trámites pertinentes para la expulsión de Turn-bull
de Cuba, suceso que acaeció en noviembre de 1842, quedando solamen­te
el general Valdés como un obstáculo para los intereses de hacendados y
comerciantes antillanos.
Ante las protestas de la oligarquía negrera por la política abolicionista del
capitán general, el gobierno tranquilizó los ánimos al sustituirlo en su cargo
por el general O'Donnell.
Pero, a pesar de ver sus intereses protegidos por esta nueva política es­clavista
algunos hacendados comprendieron que había llegado la hora del
cambio. Se esforzaron más en su empeño cuando comenzaron a sucederse
una serie de conspiraciones esporádicas en los ingenios azucareros en la ju­risdicción
de Matanzas, que acabaron en 1843 con unas revueltas en cadena
a los gritos de «muerte, fuego y libertad» ^•'.
Hernández Sánchez Barba habla, en su estudio sobre «David Turnbull y
la esclavitud en Cuba», de la llamada «Conspiración de la gente de color con­tra
los blancos», en la que el cónsul británico planeó promover un levanta­miento
de los negros en la región de Matanzas prometiéndoles la ayuda in­glesa
y la creación de una república negra al estilo de Haití.
El autor se pregunta si existió realmente esta conspiración, llegando a
plantear tres corrientes de opinión: una, en la que los autores ponen en duda
la existencia de tal conspiración, hablando de un espejismo por el recelo de
las autoridades españolas; otra, que no se da a partido; y una tercera, en la
que se sostiene que la conspiración es la conjura más importante de las hasta
aquel momento ocurridas en Cuba ^*.
21. HERNÁNDEZ Y SANCHEZ-BARBA, M.: op. cit., pp. 415-421.
22. G U E R R A Y SÁNCHEZ, R.: op. cit., pp. 418-421.
23. GUERRA Y SÁNCHEZ, R.: op. cit., pp. 434-444; ARMARIO SÁNCHEZ: op. cit.
24. HERNÁNDEZ SANCHEZ-BARBA. M.: op. cit., pp. 292-293.
229
Por otro lado, Ramiro Guerra habla de la presunción de que la conspi­ración
era obra de las maquinaciones de TurnbuU, lo que llevó a los fiscales
a dirigir sus pesquisas contra un grupo de hombres de color libre de Matan­zas.
Personas de cierta cultura y de posición económica más o menos acomo­dada
como el poeta Plácido, Andrés Dodge, Luis Guillot, Santiago Pimienta
entre otros, y contra los blancos amigos de Turnbull o personas opuestas al
contrabando de africanos como Luz y Caballero, Del Monte, Marnes Serra­no,
etc. ^^
Roland Labarre, por su parte, califica, siguiendo a sus fuentes, de un
«complot por lo menos dudoso» y una «atroz maquinación» a la conspiración
de 1844. Excluye a Turnbull de la conspiración planeada, y culpa al general
O'Donnell de armar un entramado en contra de la abolición de la esclavitud
y de la anexión cubana a los Estados Unidos, buscando a lógicos culpables
que con su cultura y medios económicos podían mover a la población afecta­da
^\
Pese a estas interpretaciones, el resultado consecuente de aquellas cons­piraciones
fue una represión brutal. En esta ocasión, los hacendados pidie­ron
a las autoridades que se les facultara para descubrir por su cuenta las cons­piraciones
planeadas, utilizando los medios coercitivos necesarios.
El capitán general dictó algunas disposiciones por las que se otorgaba ple­nas
facultades policiales a los dueños de esclavos y a los mayorales, aprove­chando
la ocasión para apartar de los cargos públicos a todos los cubanos y
alentar el tráfico de esclavos ^^.
Tras estos acontecimientos, se hizo más perentoria la necesidad de buscar
nuevas alternativas a la población esclavizada. Pero siempre existían aquellos
hacendados y comerciantes más retrógrados que seguían introduciendo escla­vos
negros en la isla, y veían en la anexión a los Estados Unidos una salva­ción
para sus intereses.
Ante las nuevas presiones del gobierno británico y las pretensiones anexio­nistas
de algunos hacendados respecto a los Estados Unidos, el gobierno es­pañol
decidió promulgar la Ley Penal de represión de la trata que se incluía
en el tratado de 1835 ^**.
Antes de llevarse a las Cortes, las autoridades gubernativas decidieron en-
25. GUERRA Y SÁNCHEZ; op. cit.
26. LABARRE, Roland: «La conspiración de 1844: un "complot por lo menos dudoso" y
una "atroz maquinación"», en: Anuario de Estudios Americanos, tomo XLIII, Sevilla, 1986,
pp. 127-141.
27. GUERRA Y SÁNCHEZ: op. cit.; Historia de Cuba, pp. 124-128; MORENO GARCÍA,
J.: "Actitudes de los nacionalistas cubanos ante la Ley penal de abolición y represión del tráfico
de esclavos (1845)», en; Esclavitud y Derechos Humanos..., pp. 477-479.
28. MORENO GARCÍA, J.: El abolicionismo en la política..., pp. \5(>-\51; Actitudes de los
nacionalistas..., pp. 477-498; PHILIP Y CHAMPAGNAC: op. cit.. pp. 143-170.
230
viar a sus colonias un proyecto de ley, para que fuese examinado atendiendo
a tres cuestiones: los intereses que pueden ser afectados y bases sobre las que
debe promulgarse'la ley; tribunales encargados de juzgar las violaciones de
la ley; y medios de evitar perjuicios al comercio legal.
Las instituciones consultadas coincidieron en que se tenía que acabar con
el tráfico de esclavos, bien por motivos económicos o bien por motivaciones
sociales, aunque asegurando el mantenimiento de la esclavitud. Tanto las pe­nas
como los tribunales que formulaba el proyecto coincidía con sus parece­res.
Se mostraban de acuerdo, también en la necesidad de indemnizar a los
afectados, así como que fuese modificado el derecho de visita en los tratados
hispano-británicos para no perjudicar el comercio legal. Por su parte, los ha­cendados
también se mostraron en contra de la trata, lo cual traería más su­blevaciones
internas y más intromisiones británicas en Cuba. Al igual que las
instituciones, algunos fueron favorables a la inmigración de blancos. Pero en
lo que no estaban de acuerdo era en la investigación de los esclavos que se
encontraban dentro de sus haciendas, producto del comercio ilícito practica­do
desde 1820.
En líneas generales, la opinión sobre la Ley Penal era favorable entre los
miembros cubanos, pero, en ningún momento se hablaba de reprimir la es­clavitud,
aunque hubieran planteamientos de cubrir la escasez de mano de
obra con la inmigración de blancos ^^.
El proyecto y las opiniones de los consultados cubanos fueron llevados a
las Cortes donde se promulgó la ley el 2 de marzo de 1845.
En sus catorce artículos, reunidos en dos títulos, se establecían cuáles eran
los delitos y las penas correspondientes por practicar este tráfico, siendo el
artículo 9.° el que iba a garantizar los esclavos introducidos en las haciendas
después de los firmados tratados internacionales.
En el artículo 9." se pedía a las Autoridades superiores, los Tribunales,
Jueces ordinarios y Fiscales de SM que podían y debían proceder en sus res­pectivos
casos y según sus atribuciones, contra los que se ocupasen del co­mercio
ilícito, y fuese de oficio, ya por denuncia o declaración hecha con los
requisitos legales, siempre que llegase a su noticia que se estaba preparando
una expedición marítima de esta clase o que había llegado a tierra con car­gamento
de esclavos procedente del Continente de África; pero, en ningún
caso, ni tiempo podría procederse ni inquietar en su posesión a los propieta­rios
de esclavos con pretexto de su procedencia ^".
Este artículo era la garantía que pedían los hacendados para conservar
29. MORENO GARCÍA. J.: Actitudes de los nacionalistas.... pp, 481-490; PHILIP Y
CHAMPAGNAC: op.'Cit.
30. PHILIP, J, y CHAMPAGNAC. Y.: op. cit.. p. 169.
231
sus propiedades. Pero, pese a estar muchos de ellos en contra de la trata, se
seguían introduciendo nuevos contingentes de negros esclavos.
O'Donnell, en una carta escrita en agosto de 1844, afirmaba que «... si
se examinara las opiniones de la mayoría de los propietarios y hacendados
de este país (...) puede asegurarse que serían emitidas en contra de la intro­ducción
y aumento de la esclavitud; mas si se observa individualmente y par­ticularmente
la conducta de todos y cada uno de estos mismos hombres, ellos
son los que favorecen la trata, pues ni uno solo deja de comprar, bien direc­tamente,
bien por segunda mano los negros que se introducen de manera ile­gal
y clandestina ^^
Esta contradicción de pareceres era criticada por el gobierno inglés que,
mediante su cónsul en Cuba, veía cómo se seguían introduciendo esclavos ne­gros
en la isla, bajo la corrupción de las autoridades y el empeño infractor
de los hacendados más regresivos ^^.
La Ley Penal de 1845 no cubrió los objetivos planteados por el gobierno
británico y ello se reconoció en el Senado de 1866, cuando, por iniciativa es­pañola,
se promulgó otra Ley Penal de represión de la trata por responder
la primera a circunstancias y necesidades del momento ^^.
3. FASE PROPAGANDISTA: 1850-1870
En la segunda mitad del siglo XIX surge un movimiento abolicionista en
España y en sus colonias, que hace patente la necesidad de acabar con el trá­fico
y la esclavitud de africanos.
En estos momentos, surgen diferentes acontecimientos que provocan un
cambio de actitudes en los sectores más liberales de la sociedad española y
antillana. La corriente anexionista de Cuba hacia los Estados Unidos, a raíz
de la abolición de la esclavitud en las colonias francesas en 1848; el cambio
de actitudes de los capitanes generales, más favorables a las reformas colo­niales;
el tratado anglo-americano de 1862, que hace más dificultoso el co­mercio
ilícito de esclavos; la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos
en 1865, resultado de la victoria de un Norte industrial sobre un Sur agrícola
y esclavista; las conferencias internacionales en favor de la abolición de la es­clavitud,
etc., dan lugar a un nuevo sentimiento abolicionista y renovador.
En esa época, también tiene lugar un movimiento reformista que preten-
31. «Carta de Leopoldo O'Donnell del 10 de agosto de 1874», recogida por PHILIP, J. y
CHAMPAGNAC, Y.: op. cií., pp. 151-152.
32. PHILIP y CHAMPAGNAC: op. cit., pp. 158-161.
33. SAIZ PASTOR, Candelaria: «La esclavitud como problema político en la España del si­glo
XIX (1833-1868). Liberalismo y esclavismo». Esclavitud y Derechos Humanos..., p. 87.
232
de responder a aquellas leyes especiales prometidas a las colonias de Ultra­mar
en la Constitución de 1837.
El partido reformista apostaba por una serie de cambios a nivel político,
económico y social, y así lo hizo constar en la Junta Informativa celebrada
en Madrid desde el 30 de octubre de 1866 al 27 de abril del siguiente año.
El Real Decreto del 25 de noviembre de 1865 disponía que la informa­ción
comprendiera tres puntos: el primero, relacionado con la política; el se­gundo,
con la sociedad; y el tercero, con la economía.
En el segundo punto, el de la sociedad, se pedía la «manera de reglamen­tar
el trabajo de la población de color y asiática, y medios de facilitar la in­migración
más conveniente a ambas provincias ^*.
El 8 de noviembre de este primer año de información, los comisionados
reformistas puertorriqueños, Belvis, Acosta y Quiñones, presentaron a la Jun­ta
un informe en el que afirmaban que «la tendencia a conservar la esclavi­tud
de modo indefinido era absolutamente opuesta a la felicidad de Puerto
Rico (...) y a la de la nación española». En pocas palabras, reclamaron «la
abolición en su provincia de la funesta institución de la Esclavitud, la aboli­ción
con indemnización o sin ella si no fuere otra cosa posible; la abolición
sin reglamentación del trabajo libre o con ella si se estima de absoluta nece­sidad...
» ^^.
Los miembros del partido español, los comisionados no reformistas de
Cuba y el cuarto comisionado puertorriqueño, Zeno y Correa, se opusieron
a tal declaración por considerarla peligrosa. Recordaban lo sucedido en Hai­tí,
y se opusieron a la abolición y hasta que se tratase el tema en la Junta.
Zeno y Correa, por su parte, preveía una época de libertinaje, por lo que pe­día
la abolición gradual de los esclavos ^^.
Los comisionados reformistas cubanos, en un informe del 26 de noviem­bre,
aplaudían la decisión tomada por los puertorriqueños, señal de que el
trabajo libre estaba resuelto y en el que convivían tanto blancos como ne­gros,
pero hicieron constar que en Cuba era imposible llevar a cabo dichas
medidas. Los comisionados preferían para la isla una abolición gradual, su­brayando
que la situación en Cuba era diferente a la de Puerto Rico. Los re­formistas
cubanos supeditaban la cuestión social a la cuestión política; que­rían,
que primero se aboliese la «esclavitud de los blancos» para luego supri­mir
la de los negros ^^.
34. GUERRA Y SÁNCHEZ, R.: op. cit., pp. 621-622.
35. DÍAZ SOLER: op. cit., pp. 277-290.
36. GUERRA Y SÁNCHEZ: op. cit., p. 623.
37. GUERRA Y SÁNCHEZ: op. cit., pp. 623-624; DÍAZ SOLER: op. cit.; NAVARRO
AZCUE, C: La abolición de la esclavitud negra en la Legislación española, 1870-1886, Madrid,
1987, pp. 19-20; CEPERO BONILLA, R.: Abolición y azúcar, Barcelona, 1976, pp. 68-85.
233
En la sesión del 6 de diciembre, el comisionado reformista por Matanzas,
Ángulo Heredia, presentó una moción pidiendo que se declarase piratería la
trata de África, siendo aprobada tras el disgusto dé los afectados comisiona­dos
negreros ^*.
En el interrogatorio sobre la inmigración, el conde de Pozos Dulces pre­sentó
un informe en el que apostaba por la inmigración blanca, el trabajo li­bre
y el exterminio de la trata africana y de la inmigración asiática. Era fa­vorable
a las reformas políticas, económicas y sociales que transformaran el
sistema productivo existente por otro donde la seguridad, la fortuna y el bie­nestar
fuesen un hecho ^'.
El informe presentado por los antirreformistas no descartaba la inmigra­ción
de asiáticos y de negros, aunque, también abogaban por una inmigra­ción
blanca. El comisionado por el Gobierno, Ramón de la Sagra, veía un
peligro el que se dejasen de introducir africanos. Para él, éstos habían sido
un seguro colonial para España, por lo que al prescindir de sus servicios, los
blancos se encontrarían con las manos desatadas para hacer frente a la do­minación
española '^°.
3.1. LA SOCIEDAD ABOLICIONISTA ESPAÑOLA: 1865-1886
La Sociedad Abolicionista Española fue fundada en Madrid el 2 de abril
de 1865; como grupo propagandista y de presión desplegó su actividad a lo
largo de dos décadas para concienciar a las autoridades y opinión pública es­pañolas
y antillanas de la necesidad de acabar con la esclavitud del negro.
Con anterioridad a la fundación de la Organización el tema de la escla­vitud
era tratado por los «economistas» o librecambistas de los años 50 en
instituciones como La Sociedad Libre de Economía Política y la Academia
de Jurisprudencia y Legislación. Pero fue, con la llegada del puertorriqueño
JuUo Vizcarrondo, cuando al amparo de aquella primera Sociedad y a la de
la Asociación para la reforma de los Aranceles de Aduanas, surge la Socie­dad
Abolicionista Española a finales de 1864 y se legaliza al siguiente año.
La Sociedad, fruto del pensamiento de librecambistas y abolicionistas "*',
tiene por objetivo «propagar el principio de la abolición de la esclavitud y es­tudiar
los medios más convenientes para llevarlos a cabo» ^^. Consecuente
38. GUERRA Y SÁNCHEZ: op. ciu, p. 626.
39. Ibidem.
40. Op. cit., pp. 626-627.
41. GIL NOVALES, A.: «Abolicionismo y librecambismo», Revista de Occidente, núm. 59,
año VI (2." época), Madrid, febrero 1868, pp. 160-164.
42. ARROYO JIMÉNEZ, P.: «La Sociedad Abolicionista Española (1864-1886)», en: Es­clavitud
y Derechos Humanos...., p. 170.
234
con su apoliticismo, se declara extraña «a todo exclusivismo de escuela, toda
exigencia de iglesia y todo compromiso de partido», aunque siempre se la en­cuadre
en los sectores más liberales de la sociedad *^.
Tras una serie de paréntesis de su labor propagandista por actuación de
los gobiernos moderados (1866-1868, 1875-1879, 1881-1883), la Sociedad
Abolicionista despliega su propaganda a través de diferentes medios escritos
y hablados.
El Abolicionista, órgano de la organización junto a otros periódicos, como
La Discusión, La Propaganda, La Democracia, La Constitución, El Univer­sal
y otros, se encargarán de ser los portavoces de la Sociedad Abolicionista
y de todos los actos públicos y privados favorables a las reformas políticas,
económicas y sociales de las colonias de Ultramar.
Del mismo modo, se organizan diferentes actuaciones en público que, a
través de mítines o de concursos, manifiestan el estado del africano en Amé­rica
y la propuesta de su puesta en libertad.
Antes de 1868, la propaganda de la Sociedad consiste en poner de mani­fiesto
al negro en su ámbito social. Si se aboga por una abolición de la es­clavitud,
no se pronuncia el modo de llevarla a cabo, siendo los sentimientos
y la literatura, los principales protagonistas de la época '"*.
Con la Revolución Septembrina comienza una nueva etapa para el movi­miento
abolicionista. Si la época anterior es considerada como la de la gene­ración
de los «economistas» de los años 50; ésta, más radicalizada, tendrá
como a uno de sus principales protagonistas a Rafael María de Labra. De
ahí, que se haya hablado de una generación en torno a su figura '*^.
Con la Revolución, surge un movimiento abolicionista más activo y radi­cal.
Tras dos años de silencio (1866-1868), y con una nueva Junta Directi­va
''^, la Sociedad Abolicionista cobra un nuevo protagonismo en las esferas
españolas y en las de Ultramar.
A raíz de la Revolución, Labra presenta una propuesta sobre la abolición
de la esclavitud de todos los hijos de esclavas nacidos a partir del 17 de sep­tiembre.
La Junta Revolucionaria hizo suya dicha resolución y la trasladó al
Gobierno Provisional, que la aceptó y prometió hacerla, pronto efectiva •*'.
El 14 de noviembre de 1868, la Sociedad Abolicionista se dirige a la Na­ción
explicando cuáles habían sido sus actuaciones antes del acontecimiento
revolucionario de 1868.
43. GIL NOVALES: op. cit., p. 165.
44. POZUELO MASCARAQUE, B.: «El abolicionismo en la sociedad y literatura españo­las
durante la segunda mitad del siglo xix», en: Esclavitud y Derechos Humanos..., p. 154.
45. Véase nota 41.
46. En esta ocasión forman parte de la Junta Directiva José M." Orense como presidente y
Castelar, Sanromá, Gabriel Rodríguez y Labra.
47. ARROYO JIMÉNEZ: op. cit., p. 171.
235
El lema de su bandera, había sido sencillo y, quizá, vago: «La Sociedad
creía entonces que bastaba a sus fines gritar tan sólo abolición, pues frente
a ella se alzaban y con poderes en elevadas regiones, unos cuantos, o des­graciados,
o criminales, que a despecho de la voz de los tiempos y del ejem­plo
del mundo civilizado sostenían la eternidad de la esclavitud.» **
Con el suceso revolucionario, la Sociedad declara que estudiará y propon­drá
los medios necesarios para que «la transición del régimen de esclavitud
al de libertad se haga de un modo fácil y eficaz y con las menores perturba­ciones
posibles en los órdenes político, económico y social». Para ello busca
la inspiración en los ejemplos dados por Holanda y los Estados Unidos "*'.
Los antiesclavistas piden la abolición inmediata de la esclavitud, advir­tiendo
que había que tener cuidado, pues los esclavistas de ayer eran los abo-listas
graduales de hoy ^°.
En esta época, surge un gran contratiempo para la propaganda antiescla­vista
española: la Guerra Civil en Cuba, que da lugar a una paralización de
las acciones de la Sociedad Abolicionista en el Gobierno. Pero, sin embargo,
se siguen haciendo las gestiones oportunas para introducir reformas en la pe­queña
Antilla ^^.
En las Cortes de 1869 se promulga una Constitución que, aunque habla
de reformas para las colonias de Ultramar, no acoge la supresión de la escla­vitud.
No obstante, es en 1870 cuando se dicta por primera vez, una Ley de
Abolición de esclavitud para las islas de Cuba y de Puerto Rico.
Aunque supuso un paso importante en el abolicionismo español, esta ley
fue criticada por los defensores de los negros, por ser confusa y prestarse a
las pretensiones de los esclavistas. Los antiesclavistas veían en ella una forma
de evitar o retrasar la culminación de la servidumbre, y así lo hicieron saber
en sus diferentes actuaciones públicas del siguiente año ^^.
A comienzos de 1872, la Sociedad Abolicionista dirige una carta al mi­nistro
de Ultramar, Topete, declarando la necesidad de hacer cumplir el ar­tículo
21 de la Ley Preparatoria de 1870, que prometía una ley de emancipa­ción
de esclavos con indemnización.
Con la subida al poder del partido radical, los abolicionistas se dirigen al
Gobierno para denunciar el incumplimiento de la Ley Preparatoria y el de la
48. Eco del Comercio, núm. 1.767, p. 1. Santa Cruz de Tenerife, sábado, 19 de diciembre
de 1868.
49. Ibidem.
50. Ibidem.
51. ARROYO JIMÉNEZ: op. cit., p. 172.
52. NAVARRO AZCUE, C: La abolición de la esclavitud negra en la legislación española,
1870-1886, Madrid, 1987, pp. 97-99; ARROYO JIMÉNEZ: op. cit., pp. 172-173; LOPEZ-O-CON
CABRERA, L.: «El movimiento abolicionista español a través de la revista La América
(1857-1886)», en: Esclavitud y Derechos Humanos..., p. 213-215.
236
publicación de su reglamento. Este fue firmado el 5 de agosto de 1872 por
el ministro de Ultramar Gasset, y publicado en Cuba el 23 de septiembre,
no satisfaciendo a los defensores de los esclavos por considerarlo retrógrado.
En este año se constituye un movimiento contra la propaganda abolicio­nista.
La Liga Nacional, creada a partir de los conservadores Círculos Hispa-no-
Ultramarinos, es partidaria del mantenimiento del statu quo colonial acu­sando
a la Sociedad Abolicionista de ser enemiga de la unidad nacional y de
estar subvencionada por intereses extranjeros para causar la pérdida de las
provincias de Cuba y Puerto Rico ^^.
El 24 de diciembre de 1872 el ministro de Ultramar Mosquera, presenta
un proyecto de abolición inmediata e indemnizada de la esclavitud en Puerto
Rico.
La propaganda esclavista toma impulso en esta época, y, a través de la
prensa, acusa al Gobierno y a los abolicionistas de ser los culpables de las
trágicas consecuencias que podía traer esta medida ^^.
Por su lado, la Sociedad Abolicionista inicia una campaña en 1873, con
un mitin en el Teatro de la Opera, el 23 de enero, con el objetivo de infor­mar
a la opinión pública de lo favorable que sería la abolición de la servi­dumbre
en Puerto Rico ^^.
El 22 de marzo de dicho año es promulgada la Ley de Abolición, en cuyo
primer artículo queda para siempre suprimida la esclavitud en la isla de Puer­to
Rico. Su reglamento no tarda en editarse como el de la Ley Moret. En
abril del mismo año se otorga «El Reglamento para la aplicación y cumpli­miento
de la Ley de 22 de marzo».
El voto de la Sociedad Abolicionista no fue unánime con esta ley por con­siderarla
con grandes defectos.
Otra época de silencio, 1875-1879, hizo acallar a los abolicionistas en reu­niones
públicas. Sin embargo, éstos utilizaron diferentes escritos para hacer
su propaganda. El Abolicionista, ya como revista quincenal, se encargará de
publicar folletos, cartas y exposiciones ^*.
Después de diversos proyectos presentados en las Cortes, se aprueba el
13 de febrero de 1880 la Ley de Abolición de la Esclavitud en Cuba, o la,
también llamada «Ley de Patronato» que somete a esta institución a los es­clavos
recién emancipados por ocho años. Su reglamento, publicado el 8 de
53. MARTÍNEZ CARRERAS, J. U.: «La abolición de la esclavitud en España durante el
siglo XIX, en: Esclavitud y Derechos Humanos..., pp. 75-76.
54. ARROYO JIMÉNEZ: op. cit., p. 175.
55. Ibidem; cfr. con El Radical de Cananas, núm. 16, Santa Cruz de Tenerife, 21 de febrero
de 1873, pp. 2-3.
56. Véase un estudio de PÉREZ PRENDES y MUÑOZ DE ARRACO: «La revista El abo­licionista
(1865-1876) en la génesis de la abolición de la esclavitud en las Antillas españolas», en:
Anuario de Estudios Americanos, tomo XLIII, Sevilla, 1986, pp. 215-240.
237
mayo, era considerado por los abolicionistas peor que la misma ley, pues per­mitía
el uso del cepo y del grillete según las faltas cometidas por los patroci­nados
^^. Su campaña se dirigía, en estos momentos, a la abolición para siem­pre
de dichas penas corporales.
Con una nueva Junta Directiva y con Labra a la cabeza, la sociedad hace
peticiones al Gobierno, en febrero de 1881, para que se estableciesen en las
islas de Cuba y Puerto Rico una Sociedad Abohcionista similar a la española
y una Asociación Protectora de Libertos, propuestas denegadas por el Ejecu­tivo.
Tras otro paréntesis de silencio (junio de 1881 hasta agosto de 1883) la
Sociedad Abolicionista reclama del Gobierno la supresión de los castigos cor­porales
y la de la Ley de Patronato.
Por el Real Decreto de 27 de noviembre de 1883 se suprime la utilización
del cepo y del grillete, estableciéndose que las faltas de los patrocinados se
castigan con la reducción de salarios o con encierros en horas y días de des­canso
por un plazo máximo de 24 horas ^*.
En 1886, la Sociedad Abolicionista presiona al Ejecutivo para que supri­ma
la Ley de Patronato. Tras llevar esta propuesta a las Cortes, el Gobierno
autoriza al ministro de Ultramar para que suspenda dicha ley, quedando abo­lida
por el Real Decreto del 7 de octubre de 1886 el patronato en la isla de
Cuba ^^
Una vez abolida la esclavitud en las colonias españolas. La Sociedad Abo­licionista
veía su misión cumplida. Su recorrido histórico culminó en el mis­mo
año del de la esclavitud en las colonias españolas.
Al comienzo de este apartado, hemos comentado cómo la Revolución de
1868 supuso un cambio en la propaganda de la Sociedad Abohcionista, sien­do
ésta la época de una generación en torno a una nueva figura, Rafael M."
de Labra *°. Sus pensamientos y sus actuaciones ayudarán a poner fin a la
lacra social de las colonias de Ultramar.
Para Labra no se puede separar la cuestión colonial de la social: la una
sin la otra no pueden comprenderse.
Critica la asiduidad con que suben y bajan los partidos políticos al poder,
lo cual no les permite estudiar con más profundidad los problemas de difícil
solución. Habla de la falta de visión general respecto a la evolución de las
provincias de Ultramar; de su desigualdad política-jurídica respecto a la Pe­nínsula,
e incluso respecto a la misma isla de Puerto Rico, y del desconoci-
57. ARROYO JIMÉNEZ: op. cií., p. 179.
58. Op. cit., p. 180.
59. Op. cit., pp. 180-181.
60. Véase el pensamiento abolicionista de Rafael M." de Labra en HERNÁNDEZ DE RUI-GOMEZ,
A. y GONZÁLEZ DE HEREDIA, C: op. cit., pp. 183-204.
238
miento generalizado de los políticos españoles sobre los problemas exactos
que más acuciaban a la Gran Antilla.
Plantea un mismo sistema jurídico de derechos y deberes en las colonias
de Ultramar asimilándolas a las provincias españolas, para evitar brotes de
separatismo.
Labra considera de gran importancia el trabajo libre en los esclavos para
lo cual sería necesario que los hacendados poseyeran un capital para dispo­ner
de esta nueva mano de obra.
Prevé que con la abolición de la esclavitud haya una escasez de mano de
obra, problema que se podría subsanar al fomentarse una inmigración blanca
con garantías y libertades.
La indemnización a los antiguos dueños de esclavos es aceptada por La­bra
desde el punto de vista económico, pues con ella el daño causado en las
haciendas se vería aminorado.
4. FASE LEGISLATIVA: 1870-1886
4.1. LA LEY PREPARA TORIA DE 1870
4.1.L Antecedentes recientes
Antes de llevarse a las Cortes el proyecto de ley sobre la abolición de la
esclavitud, surgen diversas proposiciones, que pretenden aportar datos, para
que se efectúe la Ley de Abohción.
Después de haberse anotado las diferentes proposiciones que se dieron
en las Cortes del primer tercio del XIX, y de haberse plasmado los resultados
de la Junta Informativa de 1866, aparece un nuevo proyecto el 6 de enero de
1867, al que le acompañarán una proliferación de ellos en las Cortes de 1869.
El proyecto presentado por el General Dulce, en la fecha antes citada,
pretendía mediante un informe, solucionar el problema de la esclavitud en
las Antillas.
En su contribución, no sólo hablaba de una reforma social, extinguiendo
la esclavitud y adoptando mano de obra blanca, sino que, también, incluía
una reforma administrativa y económica, con la reducción de aranceles y la
reorganización de la administración ultramarina *\
En las Cortes de 1869, el ministro Becerra forma una Junta para preparar
una Ley de Abolición para Puerto Rico, pues Cuba estaba en estado de in­surrección.
A ella se presentan diferentes proyectos:
61. NAVARRO AZCUE: op. cit., p. 22; DÍAZ SOLER: op. cit., pp. 286-287.
239
— Proyecto de Padial y Labra, 1 de octubre de 1869, en el que se pro­ponía
la abolición de la esclavitud a partir del 1 de enero de 1870 con indem­nización.
— Proyecto de Pastor y Prieto que tenía por título: «Bases de un proyec­to
de ley para la abolición simultánea de la esclavitud en la isla de Puerto
Rico, con la indemnización de su valor, por el sistema de la coartación legal
y en el plazo de 3 años y 6 meses.» Disponía en dos grupos la división de
esclavos por edades: el primero, de 7 a 15 años y de 51 a 69; el segundo, de
16 a 20 años, no pudiendo sobrepasar el primer grupo los 400 escudos y los
del segundo 600. Los menores de 7 años y los mayores de 60 no estaban in­cluidos
en la tasación ni en la indemnización.
— Proyecto de Olivares y Cortés Llanos. Proponía la manumisión de los
esclavos varones mayores de 65 años y de las hembras mayores de 60, de los
hijos de esclava nacidos a partir del 17 de septiembre de 1868, y de los de­más
esclavos que obtendrían su hbertad por coartación iniciada por ellos mis­mos
o por el Gobierno.
— Proyecto Vázquez, Puig y Valdés, 8 de octubre de 1868. Planteaba la
manumisión de los hijos de esclavos nacidos a partir de la fecha del proyecto
y de los mayores de 65 años. Al resto de los esclavos se les daba una aboh-ción
gradual con indemnización a sus dueños, con un presupuesto anual de
600.000 escudos.
— Proyecto de Manuel Becerra. Proponía la transformación de la escla­vitud
en una obligación al trabajo *^.
Junto a estos proyectos de carácter oficial, aparecen otros de individuos
particulares que plasman sus opiniones en garantía de sus intereses. Estos
nuevos proyectos son:
— Proyecto de un propietario cubano, 1863. Fija la aboUción en un pe­ríodo
de 20 años, niega la indemnización de aquellos esclavos introducidos
por contrabando, y acepta la contribución económica para el resto.
— Proyecto del coronel Francisco Montaos, 1865. Propone abolir la es­clavitud
mediante la coartación de los negros, sin que se llegue a crear pro­blemas
en la organización del trabajo, en la propiedad, ni en la contribución
con el Estado. Divide a los esclavos en 5 series según su edad: 1 a 21, 21 a
40, 40 a 60, 60 a 70, 70 en adelante. Y prefija su coartación en 600, 400 y
200 pesos para la segunda, tercera y cuarta serie respectivamente esperando
que la primera serie llegue a los 21 años para ser coartada, mientras que la
última queda excluida de tal tasación.
— Proyecto de López de Letona, titulado «La isla de Cuba, reflexiones
sobre su estado social, político y económico». Propone la represión eficaz de
62. NAVARRO AZCUE: op. cil., pp. 22-27.
240
la trata, la revisión y reforma de las disposiciones que regulaban el trabajo y
el trato dado a los esclavos por sus dueños, la declaración de la libertad para
los que nacieran en servidumbre a partir del proyecto, y la fijación de un bre­ve
plazo para dejar libres por completo a los emancipados.
— Libro publicado por Francisco de Armas titulado «De la esclavitud en
Cuba». Partidario de una abolición gradual, proponía alterar el sistema de tra­bajo
y mejorar la situación de los trabajadores. Pedía a la Asamblea que dic­tase
una ley en la que se extinguiera el concepto de la cosificación del hom­bre,
se aliviaran las condiciones físicas del trabajo, se eliminaran los obstá­culos
que impedían a la población servil el gozar de salario y educación y se
conservara la estructura de la actual propiedad protegiendo al comercio, al
propietario y a la comunidad.
— Proyecto de Fermín Figuera. Propone una abolición basada en razo­nes
morales, económicas y políticas. Fija la finalización de la emancipación
en 25 años con una indemnización de 220 millones de pesos para los propie­tarios
de los 395.900 esclavos menores de 80 años, que clasifica en clases y
remuneraciones.
— Proyecto del conde de Vega Mar, presentado en la Junta Informativa.
Propone la represión de la trata, declararla piratería, y confiscar los bienes
de los armadores. Establece la libertad de los nacidos de madre esclava, la
coartación, el abono de salario, el aprendizaje de los menores de 15 años, la
indemnización de los propietarios y el plazo de 10 años para la abolición de­finitiva.
Clasifica la coartación de esclavos, según edades y remuneraciones *^.
4.1.2. Proyecto de la Ley de 1870
El 28 de mayo de 1870, el ministro de Ultramar, Segismundo Moret y
Prendergast, presenta a las Cortes un proyecto de ley sobre la supresión de
la esclavitud.
En sus 19 artículos se observa cómo se establece la institución del patro­nato,
la cual se verá, también, en la Ley de 1880; la indemnización a los due­ños
de esclavos, y la coartación de los mismos.
En el artículo 1.", se da la libertad a todos los hijos de madres esclavas
que hubieren nacido después de publicada esta ley; mientras que, en el ar­tículo
2.°, se alude a la «libertad de vientres» publicada por la Junta Revo­lucionaria
de 1868. Por este artículo, «todos los esclavos nacidos el 18 de sep­tiembre
de 1868 hasta la publicación de esta ley serán adquiridos por el Es­tado
mediante una indemnización a sus dueños de la cantidad de 50 escudos».
En el artículo 6.°, los emancipados de los artículos 1.° y 2.", quedarán bajo
63. Op. cit., pp. 27-32.
241
el patronato de los dueños de la madre; obligándose, el patrono, según el si­guiente
artículo, a «mantener a sus clientes, vestirlos, asistirlos en sus enfer­medades,
darles la enseñanza primaria y la educación necesaria para ejercer
un arte o un oficio». El patrono, como tutor, podrá aprovecharse del trabajo
del liberto hasta sus 18 años, no recibiendo éste alguna remuneración por su
labor. Cuando llegase a los 18 años (art. 8.°), el liberto comenzaría a ganar
la mitad del sueldo de un hombre libre, cuya mitad se le entregaría, quedan­do
la otra cantidad para «formarle un peculio». Al cumplir los 22 años, el
emancipado adquiriría el pleno goce de sus derechos civiles, entregándosele
su peculio.
En el artículo 10 se dice que el patronato es transmisible por todos los me­dios
conocidos en derecho. «Los padres legítimos o naturales que sean libres
podrán reivindicar el patronato de sus hijos abonando al patrono una indem­nización
por los gastos hechos en beneficio del liberto.»
En el artículo 4.°, se declara libres a los esclavos que hubieren cumplido
los 65 años. Por este motivo no serían indemnizados sus dueños, gozando del
mismo beneficio los que en adelante llegasen a esta edad. Estos emancipados
podían permanecer en la casa de sus dueños (art. 13), transformándose éstos
en sus patronos. Podrían retribuirles o no, pero, en todo caso, tendrían la obli­gación
de alimentarlos, vestirlos y asistirlos en sus enfermedades, así como
darles un trabajo acorde a su estado. Si el manumitido (art. 14), no deseare
estar bajo el patronato de su antiguo señor, éste quedaría libre de toda obli­gación
respecto a su siervo.
El artículo 3.°, hace alusión a la Guerra Civil que tiene lugar en Cuba.
Así, se dice que «todos los esclavos que hayan servido bajo la bandera espa­ñola
o de cualquier manera hayan auxihado a las tropas durante la actual in­surrección
de Cuba, son declarados libres», indemnizándose a los dueños que
hayan permanecido fieles a la causa española, y no así, a los insurrectos.
En el artículo 5.°, se declaran con derechos civiles a todos los esclavos
que a título de emancipados o por otra causa pertenecieran al Estado.
«El gobernador superior civil, formará en el término de un mes desde la
publicación de esta ley las listas de los esclavos comprendidos en los artícu­los
2.° y 5.°» (art. 11), quedando los mismos bajo el patronato del Estado. Di­cho
patronato se reducirá a protegerlos, defenderlos y proporcionarles el me­dio
de ganar su subsistencia, puntualizándose que «los que prefieran volver
al África serán conducidos a ella» (art. 12).
La indemnización a los dueños de esclavos está incluida en el artículo 15,
donde se dice que «el gobierno arbitrará los recursos necesarios para la in­demnización
por medio de un impuesto sobre los que aún permanezcan en
esclavitud».
Por el artículo 17 se formará un censo de esclavos, declarándose libres a
todos aquellos que no apareciesen en él.
242
Por el artículo 18, se dictará un reglamento para ejecutar esta ley.
Quedando los artículos 16 y 19, para establecer sanciones y modificacio­nes
respectivamente ^'*.
El proyecto de ley fue criticado por los abolicionistas, que veían en él una
manera de retrasar la supresión definitiva de la esclavitud. Objetaban los ar­tículos
relacionados con la libertad de los mayores de 65 años, lo que permi­tía
al antiguo señor desquitarse de una pesada carga. Asimismo, censuraban
el patronato de los jóvenes hasta los 22 años, desproveyéndoles de los me­jores
años de su vida. Recordando el conflicto que iba a causar el artículo 3.°,
sobre la puesta en libertad de los esclavos que hubiesen servido a la causa
española en la Guerra de Cuba.
En los debates acaecidos en las Cortes, los esclavistas querían que se pa­ralizasen
las discusiones respecto a la Ley de Abolición hasta que estuviesen
presentes los diputados de la isla de Cuba. Sus posiciones evidenciaban las
pretensiones de los dueños de congelar la abolición, exigiendo una indemni­zación
que era difícil poner en marcha por el empobrecido Tesoro Nacional.
Viendo la figura del patronato como una adopción idónea que llevaría al li­berto
a entrar en civilización *^.
4.1.3. La Ley Preparatoria de 1870
La Ley de Abolición fue promulgada el 4 de julio de 1870. En sus 21 ar­tículos
recogía gran parte de las cuestiones propuestas en su proyecto de ley,
aunque con nuevos añadidos y artículos.
En el artículo 2.°, son adquiridos por el Estado los esclavos nacidos desde
el 17 de septiembre de 1868, mediante el pago a sus dueños de la cantidad
de 125 pesos.
El artículo 6.° queda igual que en el proyecto, aunque añadiendo tras
«previa indemnización», «conforme al artículo 11».
El artículo 8.°, añade al del proyecto, que el liberto a los 18 años adqui­rirá
la mitad del jornal de un hombre libre, según su clase y oficio.
En el artículo 9.", se especifica que a los 22 años el liberto adquirirá el
goce de sus derechos cesando el patronato, con la consiguiente entrega del
peculio.
El artículo 10 es nuevo. En él se especifican los motivos por los que po­dría
terminar el patronato: por el matrimonio del liberto, cuando lo verifi­quen,
las hembras de los 14 años, y los varones después de los 18; por el abu-
64. La Federación, núm. 80, Santa Cruz de Tenerife, 12 de junio de 1870, pp. 1-2; NA­VARRO
AZCÜE, C: op. cit., pp. 40-53.
65. NAVARRO AZCUE: op. cit., pp. 53-58.
243
so justificado del patrono en castigos, o por faltas a sus deberes, consignados
en el artículo 7.°; cuando el patrono prostituya o favorezca la prostitución del
liberto, aclarándose que nuevas disposiciones podrían cambiar este artículo.
El artículo 11, es el 10 del proyecto de ley. En él se dice lo mismo que
el anterior, aunque se especifica que el patronato es «renunciable por justas
causas», añadiéndose al final que la base de la indemnización estipulada se
fijará en disposiciones posteriores.
En el artículo 4.°, se declaran libres a las personas que hayan cumplido
los 60 años y no 65 como en el anterior.
El artículo 14, que es el 13 del proyecto, estipula el mismo contenido que
el anterior, aunque añade: «Si se negare el liberto a cumplir la obligación de
trabajar, o produjere trastornos en la casa del patrono, la autoridad decidirá,
oyendo antes al liberto.»
El artículo 15, es el 14 del proyecto.
El artículo 3." es igual al anterior, y añade que serán reconocidos como
libres a todos los que hubiesen sido declarados como tales por el gobernador
superior de Cuba, en uso de sus atribuciones.
El artículo 5.°, matiza que los emancipados que estuvieren bajo la pro­tección
del Estado entrarán en el pleno goce y ejercicio de los derechos de
los ingenios, y no, de los derechos civiles como estipula el anterior.
El artículo 12, que es el 11 del proyecto, especifica que «el gobernador
superior civil, proveerá en el término de un mes, desde la publicación de esta
ley, las listas de los esclavos que estén comprendidos en los artículos 3.° y
5.°», y no en los artículos 2.° y 5.°.
El artículo 13, el 12 del anterior, establece las mismas condiciones, espe­cificando
que los libertos no serán coartados de ningún modo.
En el artículo 16, el 15 anterior, «el Gobierno arbitrará los recursos ne­cesarios
para las indemnizaciones a que dará lugar la presente ley, por medio
de un impuesto sobre los que permanezcan aún en servidumbre, estén com­prendidos
en la edad de 11 a 60 años».
El artículo 17 es nuevo: «El delito de sevicia, justificado y penado por los
tribunales de justicia, traerá consigo la consecuencia de la libertad del siervo
que sufriere el exceso.»
El artículo 18, es el 16 del proyecto.
El artículo 20, es el 18 del anterior.
En el artículo 19, «serán considerados libres todos los que no aparezcan
inscritos en el censo formado en Puerto Rico en 1869 y el de Cuba de 1870,
que se está haciendo», respondiendo al artículo 17 del anterior.
En el artículo 21 se dice que «el Gobierno presentará a las Cortes, cuan­do
en ellas hayan sido admitidos los Diputados de Cuba, el proyecto de ley
de emancipación de la esclavitud indemnizada de los que quedan en servi­dumbre,
después del planteamiento de la ley».
244
Al final del articulado se añaden dos determinaciones: la primera, que
«mientras esta emancipación se verifica queda suprimido el castigo de azotes
que autorizó el Capítulo 13, Reglamento de Puerto Rico, y su equivalente en
Cuba»; y la segunda, que «no podrán venderse separadamente de sus madres
los hijos menores de 14 años, ni los esclavos que estén unidos en matrimo­nio
» ^.
Esta Ley Preparatoria, pues la definitiva está estipulada en su artículo 21,
fue dada en el Palacio de las Cortes el 23 de junio de 1870, publicada en la
Península el 4 de julio, y anunciada en La Habana el 28 de septiembre del
mismo año.
Esta dilación en el tiempo fue debida a la indecisión del Gobernador de
Cuba, Caballero de Rodas, por hacer pública la ley en la isla. Para él, la apli­cación
de la Preparatoria, sin el reglamento oportuno, daría lugar a malin-terpretaciones
del articulado.
Después de discutir esta cuestión con el ministro de Ultramar Moret por
escrito, la ley fue publicada dos meses después de haberse hecho en Ma­drid
^\
4.1.4. Respuestas a la Ley Moret
La Ley Moret fue considerada por todos como un paso importante para
la supresión definitiva de la esclavitud en las Antillas. Sin embargo, recibió
sus fuertes críticas por parte de los abolicionistas que la consideraron ineficaz.
La Ley de Abohción tuvo sendos obstáculos para ser aplicada.
En el año de su publicación, la ley no fue tenida en cuenta por muchos
hacendados, siendo criticada esta actuación por los antiesclavistas. Estos cla­maban
la publicación del reglamento que haría efectiva la Preparatoria, de­nunciando,
a su vez, las ventas de esclavos que aparecían anunciadas en las
planas de los periódicos conservadores ^.
Otro obstáculo que se presentaba para aplicar la Ley Moret, era la situa­ción
de los esclavos capturados a los insurrectos, que habían sido libertados
por sus dueños. El Estado no podía poseer esclavos, por lo tanto hubo un
vacío legal en este sentido. Al ser declarados libres, muchos esclavistas no es­tuvieron
de acuerdo con la decisión gubernamental, pues «si se premiaba a
los esclavos de dueños insurrectos con la libertad, se consideraba esclavistas
a los dueños leales». Los dueños de esclavos temían que sus siervos pasasen
al bando de los insurrectos por esta actuación, mas el Gobierno contestó que
66.
67.
68.
Op.
Op.
Op.
cit.,
cit.,
cil.,
pp.
pp.
pp.
249-254,
83-87.
97-99.
245
esta medida atraería a los esclavos de los insurrectos, pues al pasarse al ban­do
español su libertad estaría garantizada '''.
El artículo 19 de la ley consideraba libres a todos los que no apareciesen
inscritos en el censo de 1869 en Puerto Rico, y el dé Cuba de 1870. Este fue
otro problema para los dueños leales, cuyos esclavos se habían pasado al ban­do
inscritos en el censo de 1871. Cuando estos esclavos aparecían eran recla­mados
por sus dueños, dando el Gobierno como solución, su libertad por el
artículo 17 de la Preparatoria. Este caso sucedió, también, a los dueños que
eran declarados rebeldes, cuyos esclavos eran liberados aunque sus bienes
fuesen desembargados ™.
La Preparatoria de 1870 provocó en las Cortes numerosos debates, don­de
se pedía la abolición definitiva de la esclavitud.
Entre los diferentes participantes destacamos la actuación de Emilio Cas-telar,
republicano y abolicionista, que jugó un gran papel en la supresión de
la servidumbre.
En su disertación de junio de 1870, Castelar critica el régimen español es­tablecido
en América donde «se halla vigente la esclavitud blanca y la escla­vitud
negra, el régimen colonial y el régimen servil, que rechaza indignada
la conciencia humana» ''^
La existencia de dos regímenes, en España y en sus colonias, hacían pre­ciar
un sistema constitucional en la metrópoU y otro absolutista en sus pose­siones:
«Sometisteis Cuba al depotismo militar; nuestros reyes que eran aquí constitucionales,
eran allí absolutos; nuestros ministros, que eran aquí responsables, eran allí arbitrarios;
teníais su prensa bajo la censura y su opinión con mordazas; disponíais de sus derechos
sin oírlos y de sus tributos sin consultarlos.»
Concluyendo que la tierra de la libertad finalizaba en las islas Canarias,
comenzando la del absolutismo en el Nuevo Mundo ^^.
Castelar se opone a la abolición gradual de la esclavitud, porque supon­dría
para el esclavo una prolongación más de la privación de su libertad: «El
esclavo que es libre se resiste al trabajo, lucha, forcejea, quiere romper los
hierros de su jaula» ^^. Ve al amo como al señor que aprovecha hasta el til-timo
momento el disfrute del esclavo que está en su dominio. Sabe que aque­lla
propiedad va a cesar, por eso «lo oprime, lo estruja, destila todo su sudor
sobre la tierra y entrega a la emancipación sólo un cadáver...» ^''.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Op. cit., pp. 99-100.
Op. cit., p. 100.
La Federación, núm. 89, Santa Cruz de Tenerife, 9 de julio de 1870, pp. 1-2.
Ibidem.
La Federación, núm. 90, Santa Cruz de Tenerife, 12 de julio de 1870, pp. 1-2.
Ibidem.
246
Para Castelar no hay término medio: la única solución es la abolición in­mediata.
Condena el tráfico de esclavos, que ha llevado a contingentes de afri­canos
al suicidio. «La esclavitud antigua tenía una fuente al fin heroica, que
era la guerra. La esclavitud moderna, la esclavitud contemporánea tiene una
fuente cenagosa que se llama la trata» ^^. El «crucero» de los buques negre­ros
cargados de africanos, es descrito con todo detalle, incluyéndose lo que
sucede a los buques cuando «un pesquisas» está por sus alrededores ^^.
Hace un recorrido histórico por las aboliciones que se han dado en Gran
Bretaña, Francia y los Estados Unidos, viendo que la supresión de esclavos
que ha tenido mayor eficacia es la abolición inmediata ^^.
Concluye haciendo alusión al cristianismo que lleva 19 siglos predicando
la libertad, la igualdad, la fraternidad evangélica, haciendo hincapié en los
países católicos, caso del Brasil y de España, que todavía existe la esclavitud,
mientras que en los revolucionarios no existe alguna ''*.
La prensa liberal de la época, también critica el incumplimiento de la Ley
de Abolición en Cuba, acusando a los periódicos conservadores que, como
el Diario de la Marina, publican en sus páginas variados anuncios de ventas
de esclavos ^'.
El 18 de agosto de 1872, se publica en La Gaceta de Madrid el Regla­mento
de la Ley Preparatoria de 1870, publicándose en Cuba el 23 de no­viembre.
En sus 56 artículos agrupados en 4 capítulos, el reglamento regula­ba
la creación de las Juntas Protectoras de Libertos, la inscripción de los mis­mos,
el patronato, y los libertos comprendidos en los artículos 3.° y 5.° de la
Ley Moret *".
Sin embargo, pese a que fue un avance para la aplicación de la ley, el re­glamento
fue criticado por abolicionista por ser confuso e irregular, deman­dándose
otro nuevo reglamento aclaratorio.
La Sociedad Abolicionista, en su campaña por una ley definitiva de abo­lición
de la servidumbre, sigue elevando diversos informes a las Cortes.
El 22 de septiembre de 1872, la sociedad, con su presidente, vicepresi­dente,
vocales y secretarios de la Junta Directiva, hace peticiones en el Se­nado
para que se apruebe una ley definitiva para Cuba y Puerto Rico. Su dis­curso,
en el que se aprecian dos partes, describe, primeramente, cómo ha
sido aplicada la ley de 1870 en las Antillas, haciéndose alusión al reglamento
y a la situación de los esclavos.
75. Ibidem.
76. Ibidem.
11. La Federación, núm. 91, Santa Cruz de Tenerife, 15 de julio de 1870, pp. 1-2.
78. La Federación, núm. 92, Santa Cruz de Tenerife, 18 de julio de 1870, pp. 1-2.
79. La Federación, núm. 247, Santa Cruz de Tenerife, 15 de noviembre de 1871, pp. 2-3.
80. NAVARRO AZCUE, C: op. cit., pp. 100-101 y 254-264.
247
En los ocho artículos de esta primera parte, la sociedad habla de la ley
definitiva de abolición que no ha sido promulgada a pesar de los ofrecimien­tos
del Gobierno español ante las Cámaras y los Gabinetes extranjeros; «que
la Ley Preparatoria de 1870, a pesar de su carácter de urgente, ha estado en
suspenso en sus principales artículos hasta la aparición del reglamento publi­cado
en La Gaceta de Madrid del 18 de agosto de 1872; que el reglamento
aludido, no sólo prescinde por completo de la gravísima consulta hecha por
el Capitán General de Cuba sobre el cumplimiento del artículo 5.° de la Ley
Preparatoria, sino que por la naturaleza de muchas de sus disposiciones hace
necesario otro nuevo reglamento "aclaratorio", creando en cambio institu­ciones
respecto de cuya insignificancia no puede caber la menor duda; que
los esclavos de derecho libres por haber renunciado el dominio sobre ellos
los insurrectos de Cuba, y no poder (según el de la Ley de 1870) poseer sier­vos
el Estado que por "confiscación" hoy los posee, sin embargo permane­cen
en esclavitud; que el cumplimiento de la Ley Preparatoria ha seguido la
promesa de muchos poseedores de esclavos de Cuba, de enviar al Gobierno
un proyecto de abolición (según telegramas oficiales de 2 y 15 de juho de
1870) sin que hasta hoy se cumpliese la promesa; que constantemente apa­recen
en la Gaceta Oficial de Puerto Rico concesiones de libertad, hechas gra­ciosamente
por los amos a sus siervos, habiéndose reducido el número de és­tos
a 31.041 individuos, de 43.361 que eran en 1868; que la insurrección de
Cuba ha producido la dispersión o la muerte de las dos terceras partes del
total de esclavos de los departamentos central y oriental de la isla, que en
1862 subía a cerca de 180.000 individuos; que, según declaraciones oficiales,
la base de la insurrección cubana está formada por esclavos y chinos prófu­gos
» ^\
La segunda parte del discurso estaba formado por seis «considerandos»,
suplicando la sociedad al Senado que se dignara a la discusión y votación de
una ley definitiva de la abolición inmediata de la esclavitud de Cuba y Puerto
Rico *l
Este discurso fue comentado posteriormente por La Época, periódico al-fonsino.
En su análisis, el periódico ve la imposibilidad de apHcar la ley de­finitiva,
a la que aluden los abolicionistas, porque ello llevaría a la pérdida
para siempre de la isla de Cuba. Califica de impropio el lenguaje utilizado,
al decir aquellos que la Ley de Abolición era preparatoria, porque se trataba
de la abolición misma. Interpretando que habían surgido dos sistemas de su­presión
de la esclavitud: uno inmediato, que «casi nunca tuvo lugar sino por
medio de la revolución o la fuerza, como sucedió en los Estados Unidos, o
81. «Al Senado», en: La Atlántida, núm. 13, Santa Cruz de Tenerife, 16 de octubre de 1872,
p. 1; o, en La Federación, núm. 356, Santa Cruz de Tenerife, 18 de octubre de 1872, pp, 1-2.
82. Ibidem.
248
indemnizando a los poseedores de esclavos, como se hizo en Inglaterra; y
otro paulatino y sucesivo, que es el que con gran prudencia adoptó España
en aquella ley, y el que propone seguir el Brasil» *^.
Por su parte. La Discusión, periódico republicano-federal, hizo sus críti­cas
a la Ley Moret. Para el periódico lo que previene la ley es que «no naz­can
en adelante esclavos en nuestras Antillas, y que sean libres todos los que
lleguen a 70 años». Mientras la aboHción no se decrete de una manera seria
y definitiva, «resultaría que, sólo con la Ley Moret, al cabo, o de aquí a 60
años no habría más negros libres que los nacidos después de ella y los que
pasaran de 60 años».
La Discusión ve la hora en que la emancipación del esclavo se acerca, aña­diendo
que «si los negreros de Cuba no se resignan, peor para ellos y para
los centros que los alientan y empujan a temerosos y seguros conflictos» *''.
4.2. LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD EN PUERTO RICO
Diferentes son los caminos que toma la esclavitud en Cuba y Puerto Rico.
Aunque muchos interesados de la época, a saber políticos, hacendados, ne­greros,
se empeñasen en tratar del mismo modo la cuestión esclavista en am­bas
Antillas, se comenzó a percibir una diferencia de criterios en la segunda
mitad del xix.
4.2.1. Trayectoria histórica en el primer y segundo tercio del siglo xix
La Real Cédula del 22 de abril de 1804 fue la última orden real en la que
se autorizaba a subditos españoles y a extranjeros el libre comercio de afri­canos
hacia América.
En el período constitucional (1811-1813), los ayuntamientos de Puerto
Rico hicieron recomendaciones para llevar reformas a la isla. Entre otras co­sas
se aconsejó el aumento de mano de obra, pues, debido a su escasez, la
agricultura se veía impedida de un desarrollo.
Con la Real Cédula de gracias de 1815, se quiso fomentar el comercio, la
industria y la agricultura de la isla de Puerto Rico. Por ella se permitió in­troducir
negros en la isla:
«el comercio e introducción de negros en la Isla será totalmente libre de derechos perpe­tuamente
para los colonos y tratantes de aquéllos, pero no les será lícito sacarlos de dicha
83. La Atlántida, art. cit.
84. «Llegó la hora», en: La Federación, núm. 389, Santa Cruz de Tenerife, 30 de enero de
1873, p. 2.
249
Isla para otros mis dominios de Indias sin mi Real permiso y la satisfacción de un 6 % a
la introducción de aquéllos» *''.
El tratado hispano-británico de 1817 afectó más, con su imposición, a la
situación cubana que a la puertorriqueña. Puerto Rico se abastecía, enton­ces,
del comercio negrero de Santo Tomás, aumentando, por otro lado, la
mano de obra libre.
El Tratado de 1835 tuvo sus mayores repercusiones en la pequeña Anti-
11a, asegurándolo así el que fuese cónsul inglés de La Habana a comienzos
de los años 40. TurnbuU, en su viaje por las Antillas en 1838, apreció la efec­tividad
del Tratado de 1835 en Puerto Rico, lo cual atribuyó a la escasez de
recursos económicos de los hacendados. Sin embargo, aunque el tráfico ne­grero
disminuía, continuaba el negocio entre las Antillas menores y la isla.
Por esta época, seguía en pie el temor a una rebelión de negros al estilo
haitiano, o, como lo suelen llamar algunos autores, el «Síndrome Haitia­no
» *^
El Mariscal de La Torre, quien por muchos años gobernó Puerto Rico,
supo apreciar esta «enfermedad» al final de sus días de mandato. Si en un
principio dio permiso a los hacendados y comerciantes para que trajesen bo­zales
de las islas vecinas, a saber, San Bartolomé, Santo Tomás, Curazao y
las Antillas menores, hacia 1837, final de su gobierno en la isla, aconsejó en
una exposición sitiar la vagancia y blanquear al país, persiguiendo a los va­gos,
llamarlos al trabajo e importar nuevos pobladores de las islas Canarias *^.
Su sucesor, el gobernador López de Baños, en 1838, emitió un «Bando de
Policía y Buen Gobierno» contra los vagos o malentretenidos, estableciendo
un «Reglamento de jornaleros». El trabajo de esclavos estaba disminuyendo
respecto al trabajo libre.
Ese temor por una revuelta de negros se siguió percibiendo en los años
40 de la centuria. Las rebeliones en las islas francesas de La Martinica y San­ta
Cruz, a raíz de la abolición de la esclavitud en 1848, provocaron, entre
otras cosas, que el gobernador de Puerto Rico don Juan Prim dictara un «Ban­do
contra la ferocidad estúpida de la raza africana», haciendo una declara­ción
de guerra a los negros, que fueron violentamente reprimidos **.
En esta década, a diferencia de la Gran Antilla, las movilizaciones de los
85. DÍAZ SOLER: op. ciu, pp. 99-102.
86. MORALES CARRION, A.: «La abolición de la trata y las corrientes abolicionistas en
Puerto Rico», en Esclavitud y Derechos Humanos..., p. 257.
87. Ibidem.
88. MORALES CARRION: op. cit., pp. 257-259; y «El año 1848 en Puerto Rico: aspectos
del mando de Prim», Revista de Occidente, núm. 147, Madrid, junio de 1975, pp. 211-242; DÍAZ
SOLER: op. cit., pp. 219-223.
250
negros no fueron tan trascendentales, debido a que la industria azucarera y
la negrada eran de pequeñas proporciones.
Sin embargo, el mismo Prim veía la necesidad de reglamentar el trabajo
de esclavos. Su sucesor, el general Pezuela, practicó un paternalismo vigilan­te,
por el cual quería eliminar, gradualmente, la esclavitud en la isla y esta­blecer
un trabajo obligatorio. Suprimió el violento Bando de su antecesor, y
puso en marcha medios, como la coartación o la manumisión en la pila bau­tismal,
por los que se dieran facilidades a los esclavos para cobrar su liber­tad.
Asimismo, estableció un nuevo reglamento del trabajo obligatorio o «Ré­gimen
de libretas» por el que se intentaba disciplinar en el trabajo a la clase
campesina o jíbara con el objeto de compensar la escasez de mano de obra
existente ^'.
A mediados de los años 50 surge una epidemia de cólera morbo en la isla,
cebándose a parte de la población negra.
En esta misma década aparece también una nueva generación puertorri­queña
que aboga por la abolición inmediata de la esclavitud. Este inmedia-tismo
tiene una base criolla, participando de él personajes como Betances,
Vizcarrondo, Hostos, Acosta, Baldorioty, Ruiz Belvis, etc. '".
La primera oportunidad que tiene esta nueva generación de exponer sus
ideales es en la Junta de Información de los años 1866-1867. En la misma,
los inmediatistas puertorriqueños plantean la abolición de la esclavitud con o
sin indemnización y con o sin reglamentación, siendo discutido sus plantea­mientos
por los gradualistas conservadores '^
Con la Revolución de 1868, Eugenio M.^ de Hostos reclamó de la Junta
Superior de Madrid la ejecución en Puerto Rico de lo dictado por la Junta
Revolucionaria de ese año, siendo aprobado por el Gobierno provisional ''.
Tras la Revolución también se consiguió que se celebraran elecciones para
que los diputados antillanos ocuparan sus lugares en las Cortes de la Metró­poli.
Después de aquella expulsión acaecida en las Cortes de 1837, esta de­cisión
llenó de esperanzas a los puertorriqueños que necesitaban llevar ur­gentes
reformas a su isla. Sin embargo, las Cortes de 1869 fueron considera­das
una gran decepción, ya que, tras diferentes discusiones entre esclavistas
y abolicionistas, el tema de los negros en esclavitud no vio una clara salida '^.
En 1870 se publicaba la Ley Preparatoria de la abolición de la esclavitud
en Cuba y Puerto Rico, cuyas repercusiones no gustaron a los abolicionistas
puertorriqueños.
89. DÍAZ SOLER: op. cit., pp. 223-225.
90. MORALES CARRION, A.: «Ojeada a las corrientes abolicionistas en Puerto Rico»,
en: Anuario de Estudios Americanos, tomo XLIII, Sevilla, 1986, p. 30L
91. DÍAZ SOLER: op. cit., pp. 277-294.
92. Op. cit., pp. 296-297.
93. Op. cit., pp. 299-305.
251
Además de criticar el patronato establecido por la Ley y la significación
del artículo 5.°, donde se volvían a hacer esclavos a los emancipados de bar­cos
negreros capturados, los puertorriqueños rechazaban el artículo 21 de di­cha
Ley por impedir que se dictase una ley de emancipación de la esclavitud
indemnizada.
Ante tales protestas, el Gobierno tranquilizó los ánimos a los puertorri­queños,
informándoles que si en la siguiente legislatura dichos diputados no
ocupaban sus lugares en las Cortes, se dictaría una ley de abolición con o sin
su representación ''*.
La Ley Moret no satisfizo las necesidades puertorriqueñas, pues los mu­chos
fraudes acaecidos impidieron el exterminio de la servidumbre. Sin em­bargo,
fue un importante paso dado para tal cometido.
4.2.2. Antecedentes de la Ley de 1873
Después de lo sucedido en la Junta de Información de 1866 y de los su­cesos
de 1868 en Cuba y España, los abolicionistas insistieron en que había
que diferenciarse la esclavitud en la isla cubana de la puertorriqueña. Y así
lo reconocieron S. M. Amadeo de Saboya y los diputados y senadores que
vieron la posibilidad de llevar reformas a Puerto Rico por su estado pacífico.
Surgieron diferentes proyectos de ley que fueron planteados por los di­putados
en las Cortes '^:
— Proyecto Alcalá Zamora, presentado a las Cortes en mayo de 1870.
Proponía, en sus 9 artículos, la abolición de la esclavitud en Puerto Rico a
partir del 17 de septiembre de 1870, la situación de los esclavos al pasar a la
categoría de libertos, láTutela de los huérfanos menores de edad por parte
de los ayuntamientos, y la indemnización que el Estado debía pagar a los due­ños.
— Proyecto Quiñones, presentado en noviembre de 1871. Proponía, en
sus 10 artículos, la abolición de la esclavitud, con indemnización a los anti­guos
dueños, previa tasación individual de los esclavos comprendidos en el
último padrón. El gobernador y la Diputación contratarían un empréstito de
7 millones de pesos o emitirían bonos al 6 % de interés.
— Proyecto Cisa y Cisa, presentado el 6 de noviembre de 1872. Dispo­nía,
en sus 7 artículos, que las leyes de la Península fueran extendidas a las
provincias de Ultramar, quedando así abolida la esclavitud en Las Antillas;
que los propietarios que poseyeran esclavos antes de la Ley de Abolición de
la Trata Africana^de 1S66 deberían ser indemnizados, no así aquellos adqui-
94. Op. cit., pp. 313-318.
95. Op. cit., pp. 321-353; NAVARRO AZCUE, C: op. cit., pp. 127-155.
252
ridos después de dicha fecha; que se concediese Hbre entrada de individuos
de color en los dominios españoles, aprobando leyes que los obligaran al tra­bajo
para evitar la desidia.
^- Proyecto Sanromá, presentado el 27 de mayo y, de nuevo, el 19 de
noviembre de 1872. Proponía una abolición con indemnización por tasación
perital; que los esclavos coartados no figuraran en las tasaciones con un pre­cio
mayor de aquel en que estuviesen coartados; que se considerasen sola­mente
los inscritos en el último padrón de esclavos; que las fechas de naci­miento
de los mayores de 60 años deberían ser confirmadas por partidas de
bautismo, padrones de años anteriores o una prueba testifical; que los escla­vos
inválidos debían ser atendidos por los ayuntamientos y por la Diputación
Provincial; que la indemnización se sufragaría con un préstamo de 7 millones
de pesos o una emisión de bonos a un 6 % de interés anual, cuya amortiza­ción
se consignaría con la cantidad de 600.000 pesos del presupuesto anual
de la isla.
Sanromá se muestra contrario al sistema esclavista y al monopolio del cré­dito
mercantil, optando por la abolición y la creación de bancos de crédito,
lo cual solucionaría grandes problemas.
— Proyecto de Navarrete, presentado el 23 de noviembre de 1872. En
sus 6 artículos se abolía la esclavitud en Cuba y Puerto Rico, se declaraba
libres a todas las hembras y varones menores de 14 años y mayores de 60; se
proponía la formación de un padrón general de esclavos de 14 a 60 años, cla­sificándolos
en tres grupos por edades de mayor a menor.
El 24 de diciembre de 1872, el ministro de Ultramar, Tomás M." de Mos­quera,
con la autorización de S. M. don Amadeo de Saboya, somete a la de­liberación
de las Cortes un proyecto de Ley propuesto por el ministro de Es­tado
Martos.
Antes de pronunciar el proyecto, Mosquera enunció unas palabras preli­minares
justificando el por qué se tenía que llevar a Puerto Rico la inmediata
abolición de la esclavitud. Para él, «la abolición gradual, que acaso algún día
será la forma necesaria de la emancipación en Cuba, no ofrece ventaja algu­na
que la recomiende en Puerto Rico». Justifica su razonamiento alegando
que la población africana en aquella isla era poco numerosa, poniendo el
ejemplo que de las «31.000 p e a n a s que están en esclavitud, menos de
10.000, quizá menos de 8.000, son los únicos dedicados a las faenas del cam­po
».
Considera que la esclavitud es una monstruosidad no menos funesta para
quien la impone que para quien la sufre, siendo reclamada «por la religión
(...), el derecho (...), la utilidad...» '*.
%. /;/ Radical de Canarias, núm. 8, Santa Cruz de Tenerife, 11 de enero de 1X73, p. 1.
253
Seguidamente, el ministro de Ultramar dio paso a la lectura del proyecto
de ley que estaba integrado en 5 artículos. En el primer artículo, anunciaba
la abolición total y para siempre de la esclavitud en Puerto Rico. Los escla­vos
quedarían libres al finalizar los cuatro meses siguientes al de la publica­ción
de esta ley en La Gaceta oficial de dicha provincia.
En el artículo segundo, los dueños de los esclavos emancipados serían in­demnizados
de su valor en el término expresado en el artículo precedente.
En el artículo tercero, el importe de la indemnización se fijaría por el Go­bierno
a propuesta de una comisión compuesta del gobernador superior civil
de Puerto Rico, presidente; del jefe económico de la provincia, del fiscal de
la Audiencia, de tres individuos nombrados por la diputación provincial y
otros tres designados por los cinco poseedores en la isla de mayor número
de esclavos.
En el artículo cuarto, de la cantidad que se fijase por indemnización se
entregaría el 80 % a los dueños de los esclavos emancipados mitad por cuen­ta
del Estado y la otra mitad por la de la provincia de Puerto Rico, quedan­do
a cargo de los mismos dueños el 20 % restante.
En el artículo quinto, el Gobierno quedaba autorizado para arbitrar los
recursos necesarios y adoptar cuantas disposiciones estimara conducentes
para el exacto cumplimiento de esta ley en el término fijado en los artícu­los
L° y 2." '^
La respuesta a este proyecto no se dejó esperar.
Algunos diputados veían el pago de la indemnización en el período de cua­tro
meses como parte de una abolición gradual, y, no se trataba de eso. La
indemnización debía aceptarse como una medida preventiva de posibles per­turbaciones
económicas resultantes de la abolición '^.
Los esclavistas, por su parte, querían aplazar la decisión final del Gobier­no
provocando disturbios en la pequeña Antilla para demostrar a las autori­dades
que la isla no estaba preparada para una supresión total de la esclavi­tud
''''.
En esta época, se conforma la Liga Nacional a partir de aquellos Centros
Hispano-Ultramarinos integrados en España desde finales del año 1871, que
tiene como uno de sus objetivos la oposición a la abolición de la esclavitud
en Cuba y Puerto Rico.
El 17 de diciembre de 1872, algunos miembros de la conferencia interna­cional
antiesclavista de París enviaron una carta al presidente del Consejo de
Ministros. En ella, hicieron un recorrido por los años 1868 y 1869, expresan-
97. Dado en Madrid, el 23 de diciembre de 1872, por el ministro de Ultramar Tomás de Mos­quera,
en El Radical de Canarias, art. cit., pp. 1-2.
98. DÍAZ SOLER: op. cit.. pp. 346.
99. Op. cit.. pp. 343-345.
254
do su decepción ante la indecisión del gobierno por proclamar la abolición
inmediata de la esclavitud.
«Cuando en 1868 el gobierno provisional declaró que el pueblo español tenía derecho
a la libertad política, tuvimos un momento la esperanza de que reconocería el derecho to­davía
más sagrado de los esclavos en las colonias españolas a la libertad personal, y que
siguiendo el noble ejemplo del gobierno provisional de Francia en 1848, se decretaría la
emancipación absoluta e inmediata.»
«... no creíamos que la nueva Constitución adoptada por las Cortes en 1869 ignorara com­pletamente
la existencia de la esclavitud y que el Gobierno se opusiera constantemente a
los esfuerzos del partido abolicionista, impidiendo así que se hiciera justicia a la pobla­ción
esclava de las Antillas españolas» ""'.
Exponían que la gran mayoría de los puertorriqueños reclamaban la eman­cipación
inmediata, y que en Cuba había también un partido considerable fa­vorable
a la abolición absoluta de la esclavitud, sin contar los insurrectos que
la habían decretado ya.
Aludían a lo decretado por el gobierno en la Ley Moret, la cual no daba
una solución a la esclavitud hasta que quedara sofocada la insurrección en
Cuba. Admitiendo que, aunque esta declaración tuviera algún valor para el
Gobierno respecto a Cuba, «no puede aplicarse a Puerto Rico, pues esta isla
no se halla en estado de insurrección; la autoridad de la metrópoli se reco­noce
allí y se respeta, y los colonos tienen en las Cortes representantes para
defender sus intereses» '°^
Los miembros de la Conferencia Internacional antiesclavista justificaban
su carta al considerarse amigos de la humanidad, que vienen «a pedir al Go­bierno
el decreto de emancipación inmediata, como un acto de justicia debi­do
a la población esclava de las dos islas». Terminando su exposición al decir
que
«España es la única nación cristiana cuyo escudo de armas ostenta los desgraciados em­blemas
de la esclavitud. Borrar esta mancha es empresa grande y digna de un esfuerzo
supremo. El hombre de Estado que la lleve a cabo, conseguirá para sí un nombre impe­recedero
y para su país una gloria que no se borrará jamás» "'^.
La propaganda abolicionista se hizo patente en diferentes actos celebra­dos.
Las diferentes actuaciones tenían por cometido el concienciar a la opi­nión
piiblica y al Gobierno de la supresión de la servidumbre en Puerto Rico.
El 3 de enero de 1873, se celebró en Madrid un banquete en honor de
don Emilio Castelar, persona que había luchado, con sus ideales, contra la
esclavitud. Al mismo asistieron personajes como Figuerola, Alvarez Peraha,
el marqués de Sardoal, Padial, Romero Girón, Ramos Calderón, Alvarez Os-
100. El Radical de Canarias, núm. 8, p. 3.
101. Ibidem.
102. Ibidem.
255
sorio, el marqués de la Florida, Borrell, Arellano, don Juan UUoa, Soria, Vi-dart,
Boceta, García Maitín, don Enrique Martos, López Puigcever, Cintrón,
don Juan Anglada, Gutiérrez Gamero y Fernández de las Cuevas.
La sesión fue inaugurada por un discurso de Figuerola, quien saludó a los
presentes, y se dio la enhorabuena de que pudiera hablarse de libertades en
Ultramar y de abolición de la esclavitud, sin que ya nadie pensase en usar la
vieja y enmohecida arma del filibusterismo.
Comprendía que la libertad y el progreso no estaban en contradicción con
el amor a la patria. Concluyendo al decir que si se hubiesen concedido esas
libertades a los cubanos no hubiesen levantado la bandera de la rebelión, ni
faltado a los altos deberes de la patria esos jefes de la insurrección cubana.
Por último, dio la bienvenida al señor Castelar que, como dominador de la
palabra en aquel momento, había servido para romper la cadena de los escla­vos.
El señor Alvarez Peralta recordó, en su exposición, las frases del señor
Castelar en su último discurso pronunciado ante el Congreso de los diputa­dos,
diciendo que había levantado y hecho personas a jnuchos pobres seres
que hasta entonces eran sólo unas cosas. Saludó al Jeñpr Castelar en nombre
de la democracia, y le hizo presente la gratitud-de todos, porque había con­vertido
con su palabra regeneradora a «la bestia en hombre».
El señor Marqués de Sardoal también recordó que el señor Castelar, en
su último discurso, fijó con claridad los térrninos, que muchos querían pre­sentar
como inconciliables, de la libertad y el españolismo en Las Antillas.
Añadió que las ideas de la antigua civilización desaparecían, y que las nuevas
generaciones venían con más altas.miras, siendo el lazo de unión de lo pasa­do
con el reinado de la libertad y del derecho.
Siguiendo con las demás actuaciones, el señor García Maitín brindó por
España y por América. Dijo que estos dos nombres no eran contradictorios,
sino que se completaban y se armonizaban. Por eso España, que ha llevado
a América su raza y su lengua, debía llevar también su libertad, y él, puer­torriqueño
de nacimiento, agradecido a España, con lealtad y patriotismo,
brindaba por la integridad nacional.
El señor Padial brindó por el señor Castelar y, al mismo tiempo, por el
ejército español, que si unas veces había sido elogiado con exceso, otras, en
cambio, había sido agriamente censurado. Al brindar por el ejército lo hacía
porque en aquellos momentos no era partidario de causas reaccionarias ya
juzgadas por la historia. Esperaba que en adelante fuese ese ejército el brazo
sostenedor de las nuevas ideas, el pedestal más firme de la libertad, que con
tanta elocuencia defendió en su último discurso el señor Castelar.
El señor Alvarez Ossorio brindó por los que del otro lado de los mares
esperaban del partido radical las condiciones de derecho en que viven los de­más
pueblos de la Península; por la libertad, que es el secreto de la grandeza
256
y poderío de otras naciones, fuerza incontrastable que todo lo allana, incen­tivo
poderoso que tan extensos horizontes abre a la actividad humana; y por
la democracia, que afirmando en todas las personas el derecho humano sin
distinción de razas, hace iguales a todos los hombres.
El señor don Gabriel Rodríguez se fehcitó del gran paso que había dado
el Parlamento y el Ministerio: ya podían coexistir la integridad de la patria
con la abolición de la esclavitud. Pero lo que, hasta ahora, no había coexis­tido
nunca viviendo la esclavitud, era la honra de la patria con la justicia y
el derecho. Concluyó brindando por el Gobierno liberal, por la sociedad abo­licionista,
a la cual se debía en parte ese gran movimiento de libertad y refor­mas.
El señor Romero Girón recordó lo que en otra ocasión dijo el señor Cá­novas
del Castillo: «tres cosas nos separan de Europa, la casa de Borbón, el
catolicismo y la esclavitud»; afirmando que en aquellos momentos la esclavi­tud
había sido borrada de los Códigos. Añadió que el partido radical y el par­tido
republicano unidos habían hecho la abolición porque ésta era una obra
humanitaria, y ambos eran los dos únicos partidos representantes en la patria
de la idea de progreso.
Después de hablar estos y otros diputados presentes, tomó la palabra el
homenajeado agradeciendo el acto en su honor y los elogios brindados.
Castelar recordó la cuestión por la que había luchado, añadiendo que los
progresos venían de los débiles para imponerse a los fuertes.
Para él, el mundo había establecido que los intereses se hallaran repre­sentados
por los más fuertes, mientras que las ideas lo fueran por los más dé­biles.
Manifestó que los defensores del antiguo régimen colonial solían decir
que las ideas de los reformistas comprometían la integridad de la patria y que
para salvarla había que mirar hacia las antiguas tradiciones monárquicas. Hizo
un recorrido por las monarquías absolutas españolas que habían hecho todo
tipo de proezas, llegando al siglo XIX, con Fernando VII, que con sus con­tradicciones
de poder hizo que las Antillas se lanzaran en rebelión.
No culpa a la revolución de septiembre la responsabilidad de la guerra de
Cuba, sino «a los que amenazaron con reivindicaciones imposibles al conti­nente
americano; a los que trajeron y abandonaron islas; a los que escribie­ron
sobre las Antillas el terrible anatema de la desesperación haciéndolas
creer, que España sólo podía enviarles las espadas de procónsules arbitrarios,
y los látigos de infames negreros». Concluyendo al decir que para conservar
las Antillas no había más que una política: la política de la abolición de la
esclavitud, la política del derecho "".
103. Recogido de La Nueva España, por El Radical de Canarias, núm. 16, Santa C'ruz de
Tenerife, 26 de enero de 1873, pp. 1-3.
257
Otro acto propagandista que se celebró, en enero de 1873, fue el mitin
organizado por la Sociedad Abolicionista Española en el Teatro de la Opera.
Dicho encuentro sirvió a la Sociedad para seguir concienciando a la opinión
pública respecto a la cuestión de la supresión de la esclavitud y para hacer
frente a las declaraciones que, a comienzos de año, había realizado la Liga
Nacional.
Los discursos que se oyeron fueron los de los señores Castro, Carrasco,
Alonso, Labra y Gabriel Rodríguez.
El señor Castro abrió la sesión diciendo que no se iba a tratar de la abo­lición
de la esclavitud, sino a juzgar el proyecto del Gobierno y los actos de
los esclavistas. Recordó que la labor de la Sociedad Abohcionista había co­menzado
desde el año 1865; que en Puerto Rico no habían rnás de 31.000 es­clavos,
de los que sólo la tercera parte trabajaban en el campo; que los cas­tigos
en la pequeña Antilla eran menos frecuentes que en Cuba; que hacía
dos años había comenzado la abolición gradual, por lo que, en los momentos
del mitin, no era peligrosa la inmediata. Añadía que no se había de temer
por la patria aboliendo la esclavitud: «la historia no registra una nación que
haya perdido su grandeza por realizar la justicia. La justicia engrandece a los
pueblos, la injusticia los empequeñece...» ^°'*.
El señor Carrasco, en su intervención, alude a la Liga Nacional, que se
opone a la supresión de la esclavitud en nombre de la integridad del territo­rio,
contestando que los abolicionistas también quieren la integridad nacio­nal,
pero no a costa de la integridad del género humano.
Expone que la Liga teme las consecuencias de la libertad, añadiendo que
«la libertad se consigue a fuerza de sacrificios y de víctimas, pero ella es la
vida, mientras la servidumbre es la muerte del alma que espera la del cuerpo».
Negó que la abolición inmediata fuera perturbadora, como lo es la gra­dual,
citando los ejemplos de Jamaica y los Estados Unidos. Recordando a
los esclavistas que si aboliesen la esclavitud imitarían a Bartolomé de las Ca­sas,
a Buxton, a Albornoz, a Wivelforces, a Arguelles, a Lincoln y al que re­dimió
a todos los hombres y todas las razas '°^.
Rafael M." de Labra comenzó a narrar la historia de la Sociedad Aboli­cionista,
recordando su lema: «nada por la fuerza, todo por la idea». Hizo
patente que la cuestión que se trataba era Puerto Rico, añadiendo que si otras
islas antillanas se opusieron a la abolición, caso de Jamaica, San Mauricio,
La Martinica y Guadalupe, las españolas la anhelaban.
Labra atacó los argumentos de los esclavistas diciendo que conceder la li­bertad
a los mayores de sesenta años era concederles el derecho de morirse
104. Recogido de La Nueva España, por El Radical de Canarias, núm. 11, Santa Cruz de
Tenerife, 21 de febrero de 1873, p. 1.
105. Art. cit.
258
en la miseria. Recordó el patronato forzoso de los niños, que hasta los 18
años trabajaban sin premio y hasta los 22 recibían la mitad del salario del hom,-
bre libre: «Los emancipados no lo son, porque han firmado engañados un con­trato
por ocho años, que les obliga a servir a los propietarios como esclavos
reales y verdaderos.»
Finalizando su actuación diciendo que «la abolición es cuestión de digni­dad
y honra. Recordad que ésta es la patria de los Cántabros que se arroja­ban
al mar por no sufrir la esclavitud de Roma; de Isabel la Católica, que
prohibió a Colón la esclavitud de los indios; de los Comuneros, de los legis­ladores
de Cádiz y de Alcocer, y recordad que de aquí han salido las repú­blicas
americanas que han proclamado la unidad de la libertad. Esta es nues­tra
historia; decid a los esclavistas: "Pedidnos nuestro dinero; no nos pidáis
nuestra honra"» '°*.
Por último, Gabriel Rodríguez habló también sobre la Liga Nacional,
pero, antes de nada, aplicó por la abolición en Puerto Rico y en Cuba. Res­pecto
a Cuba, decía que cuando se ataca un edificio carcomido éste cae a los
primeros golpes, recordando que el primero fue la Ley de 1870, el segundo
la abolición en la pequeña Antilla.
Comentó el documento publicado por la Liga, afirmando que el manifies­to
lo firman algunos ex-ministros de Ultramar que no conocen los anteceden­tes
de Las Antillas y cometen tan graves errores como los que se refieren a
Santo Domingo. Insiste en que el proyecto del Gobierno necesita modifica­ciones,
pues habían sido redactados precipitadamente.
Comenta que los abolicionistas han sido llamados ideólogos, contestando
que ideólogos son todos los reformadores.
Alude el caso de Cuba donde en sus periódicos aparecen anuncios de ven­tas
de esclavos como el de «se vende una niña de cuatro años, propia para
hacer un regalo», considerándolo un escándalo.
Por último, diverge en la opinión que tienen los esclavistas de lo que es
el patriotismo, diciendo que es «un lazo santo que a todos nos une. y que so­bre
cada uno de nosotros pesa al concedernos la gloria de los actos colectivos
(...), El patriotismo a la romana no es el nuestro. El amor a la familia no
justifica que se hollen los derechos y se cometan acciones punibles: tampoco
el amor a la patria justifica los crímenes de lesa humanidad» "".
Las recomendaciones hechas en éste y otros actos públicos celebrados fue-roa
llevados a una Comisión que fue la encargada de examinar las diferentes
propuestas realizadas desde el proyecto de Ley del Gobierno hasta la reaper­tura
de Las Cortes en este primer mes del nuevo año.
Dicha comisión estaba formada por Salmerón, como presidente y por Fé-
106. Art, cit.
107. Arl. cit.. pp. 1-2.
239
lix Bona, Manuel L. Moncasi, Ramos Calderón, Labra, Gómez Marín y Ci­trón
como colaboradores.
Una vez examinadas todas las proposiciones, salió de la Comisión un Dic­tamen
sobre el proyecto de Ley de Abolición de la esclavitud en Puerto Rico,
firmado en el Palacio del Congreso el 27 de enero de 1873.
A diferencia del Proyecto este Dictamen estaba constituido por 8 artícu­los.
El artículo 1.°, 2.° y 3." eran el 1.° y 2.° de aquél, cambiando los demás
artículos.
En el artículo 4.°, se decía que los obstáculos que pudieran surgir, ya por
la indemnización, ya con ocasión del cumplimiento de esta ley, no dificulta­rían,
impedirían en manera alguna la realización del artículo 2°
En el artículo 5.", el Estado destinaría 30 millones de pesetas a la indem­nización
de que hablaba el artículo 3.°. Dicha cantidad debía distribuirse en­tre
los poseedores de esclavos, teniendo en cuenta el número, edad, aptitud
individual de éstos.
En el artículo 6.°, la distribución se haría por una Junta compuesta del go­bernador
superior civil de la isla, como presidente; del jefe económico, del
fiscal de la Audiencia, de tres diputados provinciales elegidos por los cin­cuenta
poseedores del mayor número de esclavos, y de otros dos elegidos por
los cincuenta poseedores de menor número, siendo tomados los acuerdos de
esta comisión por mayoría de votos.
En el artículo 7.° el Gobierno consignaría anualmente en el presupuesto
de la isla de Puerto Rico la cantidad de 3.500.000 pesetas para intereses y
amortización de un empréstito de 30 millones de pesetas en deuda amortiza-ble,
cuyo producto se destinaría a la indemnización que establece el artícu­lo
3.°. Si el Gobierno no colocase el empréstito, entregaría los títulos a los
actuales poseedores de esclavos.
En el artículo 8.°, el Gobierno dictaría los reglamentos necesarios para la
ejecución de esta ley, sin atacar en manera alguna la Hbertad del trabajo '"**.
4.2.3. La Ley de 1873
Tras la discusión en las Cortes y la presentación de enmiendas a los dife­rentes
artículos del Dictamen, se aprobó el texto final de abolición el 22 de
marzo de 1873, resultante de las proposiciones presentadas desde noviembre
de 1872 por Sanromá, Padial, Arturo Soria, Félix Borrell, Jacinto Angladas,
José Fernando González, Labra y Tomás M." Mosquera '"'^
108. DÍAZ SOLER: op. cit., p . 347; N A V A R R O AZCUE: op. cil., pp. 265-266.
109. DÍAZ SOLER: op. cit., pp. 347-3.'i3; N A V A R R O AZCUE: op. cil.. pp. 137-150.
260
En el texto final se dice: «La Asamblea Nacional, en uso de su soberanía
decreta y sanciona la siguiente ley.»
El artículo 1.° es el mismo que el del Dictamen.
El artículo 2° dice que los libertos quedan obligados a celebrar contratos
con sus actuales poseedores, con otras personas o cofi el Estado por un tiem­po
que no bajará de los tres años. En estos contratos intervendrán, con el
carácter de curadores de los libertos, tres funcionarios especiales nombrados
por el gobierno superior, con el nombre de protectores de los libertos.
El artículo 3.° no alude a la indemnización en cuatro meses como se apun­taba
en el Dictamen, sino a los seis meses, añadiéndose que los poseedores
con quienes no quisieran celebrar contrato sus antiguos esclavos, obtendrán
un beneficio de 25 % sobre la indemnización que hubiera de correponderles
en otro caso.
Los artículos 5.° y 7." del Dictamen se conjugan en el artículo 4.° del tex­to
final. En éste se dice que la indemnización se fija en la cantidad de 35 mi­llones
de pesetas, que se hará efectivo, mediante un empréstito que realizará
el Gobierno sobre la exclusiva garantía de las rentas de la isla de Puerto Rico,
comprendiendo en los presupuestos de la misma la cantidad de 3.500.000 pe­setas
anuales para intereses y amortización de dicho empréstito.
El artículo 5.° de la Ley es el 6.° del Dictamen.
El 6.° es el último párrafo del artículo 7.° del Dictamen: «Si el Gobierno
no colocase el empréstito, entregará los títulos a los actuales poseedores de
esclavos.»
El artículo 7.° dice que los libertos entrarán en el pleno goce de los de­rechos
políticos a los cinco años de publicada la ley, atendiendo a las nece­sidades
de beneficencia y de trabajo que la misma hiciera precisa ^^°.
La reglamentación de esta ley vino dada en 37 artículos, tras su publica­ción
el 20 de abril de 1873.
En ella se decía que la contratación del liberto era obligatoria; que los con­tratos
podían rescindirse por mutuo acuerdo de las partes o por la infracción
de una de ellas, interviniendo el protector de libertos cuando existiesen in­tereses
encontrados; que los contratos serían individuales y libres, existiendo
la opción de contratarse con el Estado si no se quería con el antiguo dueño
u otra persona; que el Estado designaría tres funcionarios, o «protectores de
libertos» para proteger todo lo relacionado con la contratación; que se divi­día
el territorio en tres departamentos con los centros en Mayagüez, Ponce
y San Juan para que el protector desempeñase mejor su función; que se for­marían
dos registros, uno para cada sexo, en los que constasen, por orden
alfabético, el nombre, edad y oficio de cada liberto; que la situación futura
de los libertos sería resuelta por el Reglamento en el caso de enfermos, an­uo.
Ibidem.
261
danos, incapacitados y niños que al acabar el patronato de la Ley de 1870,
que se recogerían en la beneficencia pública organizada por el Estado o por
las autoridades locales; concluyendo toda la reglamentación con 2 artículos
adicionales, en los que se ratificaban los contratos provisionales celebrados
hasta la fecha de publicación del Reglamento '^\
La Ley de Abolición fue posteriormente completada a instancias de la So­ciedad
Abolicionista Española por una Orden del 23 de mayo de 1873, en la
que se autorizaba la constitución en Puerto Rico de un capítulo de dicha So­ciedad
con el objeto de cooperar al mejor éxito de la ley.
Las bases de la Sociedad eran:
1. Procurar a los libertos colocación favorable en los establecimientos in­dustriales
y agrícolas.
2. Recoger los huérfanos y desvahdos y darles educación y trabajo.
3. Proceder a la educación de la raza de color.
4. Denunciar a las Cortes, al Gobierno Superior y a las Autoridades lo­cales,
en su caso, los abusos que se cometieran en la Isla, respecto del exacto
cumplimiento de la Ley de Abolición.
5. Ayudar a los Protectores de Libertos, ya informándoles respecto a la
condición y suerte de los contratados, ya secundando los esfuerzos que de
ellos reciban.
6. Informar cada 6 meses al Gobierno sobre el estado general del país
y sobre la situación de la raza de color, de los libertos y de la producción
agrícola, proponiéndole lo que estime oportuno "^.
4.2.4. Resultados de la Ley de 1873
La ley de la supresión de la esclavitud en Puerto Rico tuvo unos resulta­dos
positivos: a nivel social, no hubo disturbio alguno, manteniéndose la tran-quihdad
en la isla; a nivel económico, tampoco se apreció un gran retroceso
en las producciones, y si lo hubo había que culpar de ello a la intensa sequía
de 1873 y a la plaga de piojo blanco que atacó a la caña de azúcar. Las con­trataciones
obligatorias se llevaron a cabo y casi siempre con los antiguos
amos.
Sin embargo, hubo contratiempos.
El 10 de abril de 1874 se promulgaba un nuevo reglamento que fue con-
111. DÍAZ SOLER: pp. 361-362; NAVARRO AZCUE: op. cit., pp. 153-155; CABRERO
FERNANDEZ, Leoncio: «La integración de los libertos puertorriqueños en la comunidad ciuda­dana
», en: Esclavitud y Derechos humanos..., pp. 305-306.
112. CRUZ MONCLOVA. Lidio: Historia de Puerto Rico (siglo xix), tomo II, 1.' parte
(1868-1874), Puerto Rico, 1970, p. 271.
262
siderado como el «retorno al espíritu y a los tiempos del célebre Reglamento
de Esclavos y a la legislación sobre esclavos cimarrones». En el mismo se obli­gaba
al liberto a cumplir el contrato obligatorio durante tres años seguidos,
sin posibilidad de rescindir el mismo. Los libertos estarían a merced del pa­trono
en cuanto a jornal, manutención y persona física, entendiéndose éstos
que el patrono podía ceder a otra persona el servicio del liberto ^^^.
En 1876 se cumplía el cese de la esclavitud en la pequeña Antilla, propo­niendo
el gobernador de la isla la aprobación de un nuevo reglamento esti­pulando
el trabajo obligatorio. El Gobierno de Madrid ordenó ante esta pro­posición,
que se cumpliese lo pactado en la Ley de Abolición, pues dicho re­glamento
se oponía a la libertad del trabajo.
El 20 de abril de 1876 terminaron oficialmente los contratos obligatorios
a los que habían estado sometidos los libertos, pudiendo gozar éstos de sus
plenos derechos civiles. En estos momentos, los negros eran libres de con­tratarse
con quienes quisiesen. Y, así, mientras unos se dieron a la vagancia
durante los primeros días de su libertad, otros buscaban los contratos con las
haciendas que se les retribuyese mejor. Esto dio como resultado un desequi­librio
en las plantaciones de azúcar, pues no habían suficientes jornaleros
para la molienda.
La Junta de indemnización resolvió enviar a los pueblos, en abril de 1876,
una relación de libertos para que fuese rectificado en el caso oportuno. En
el mismo mes, la Junta pubHcó, también, la lista de los antiguos dueños de
esclavos, solicitando las rectificaciones convenientes.
Una vez que las listas con la relación de los libertos y antiguos dueños
fueron formuladas, se envió la distribución de carpetas que, a su vez, serían
canjeadas por cédulas a partir del 31 de julio de 1876.
A comienzos del año 1877, se comenzaron a llevar a cabo las indemniza­ciones,
mediante sorteos de amortización de billetes de pago, terminándose
la operación el 12 de mayo de 1890 con el último sorteo de amortización de
carpetas por billetes ^^*.
4.3. LA ABOLICIÓN DE LA ESCLAVITUD EN CUBA: 1880-1886
Según Gabriel Rodríguez, la esclavitud en Cuba era como un edificio car­comido,
al cual ya se le habían dado los dos primeros golpes: la ley de 1870
y la de 1873 "^, faltándole el tercer golpe, que daría lugar al derrumbamien­to
del edificio.
113. DÍAZ SOLER: op. cit., p. 364.
114. DÍAZ SOLER: op. cit., pp. 366-377; CABRERO FERNANDEZ: op. cit., pp. 306-317.
115. «Meeting abolicionista», en el Teatro de la Opera, en: El Radical de Canarias, núm. 16,
Santa Cruz de Tenerife, 9 de diciembre de 1873, p. 1.
263
El 24 de octubre de 1873, la Sociedad Abolicionista Española se dirigía
al presidente del poder ejecutivo, don Emilio Castelar, censurando cómo ha­bía
ido, hasta el momento, la cuestión de la esclavitud en la isla de Cuba.
En un primer momento, la Sociedad recordaba al presidente del Gobier­no
la paralización, cuando no el retroceso, de la causa abolicionista en los
últimos meses del año, comenzando a detallar una serie de hechos por los cua­les
se habían infringido las leyes abolicionistas dictadas hasta el momento.
En su relación, la Sociedad aludió al silencio que sobre la cuestión colonial
supo guardar el presidente en su programa de gobierno ante las Cortes; el
aplazamiento indefinido de los proyectos de abolición, repetidamente anun­ciados
por los ministros que se habían sucedido desde febrero de 1873 hasta
la fecha; la carencia completa de noticias e informes respecto al planteamien­to
y observancia en Cuba de aquel famoso reglamento del 5 de agosto de
1872, que al dormir dos años en las carteras del Gobierno tuvo en suspenso
los principales artículos de la Ley Preparatoria de 1870; la subsistencia de los
leoninos y escandalosos contratos que desde mayo a junio de 1870 se hicie­ron
firmar en La Habana a los emancipados, con lo que quedó eludido el ar­tículo
5.° de la citada Ley Preparatoria; la continuación de la servidumbre de
aquellos negros que, en los dos primeros meses del año, fueron arrancados
de Puerto Rico, importados en Cuba, sustraídos a la Ley de Abolición de mar­zo
y condenados a una esclavitud tanto más horrible cuanto que para ellos
había lucido ya el primer rayo de la libertad; el abandono en que se había
tenido el cumplimiento de los artículos 16 y 19 de la Ley de 1870, porque de
los 10.000 esclavos declarados libres, no inscritos en el censo de esclavos, no
se sabía nada; el olvido en que se había dejado el cumplimiento del artícu­lo
2.° de la Ley de 1873, con medidas como las de los Bancos, legislación hi­potecaria
registro de la propiedad, etc. ^'*
En su declaración, la Sociedad no trataba de recriminar estos hechos al
señor Castelar, sino que intentaba evitar nuevos atropellos.
Aconsejaba que el decreto de venta de bienes confiscados se suprimiese
por varios días por poderosas razones. Los negros, que un día pertenecieron
a los insurrectos cubanos y que poseían indebidamente el Estado, por un tex­to
legal debían ser puestos en libertad.
Recordaba la extensa memoria que el 15 de julio de 1872 elevaba la junta
directiva de la Sociedad al Excmo. señor don Manuel Ruiz Zorilla, sobre el
exacto cumplimiento del artículo 5.° de la Ley del 4 de julio de 1870.
Por este artículo, la Sociedad volvía los ojos a los bienes que habían sido
embargados a los insurrectos cubanos y hacía notar que una parte de aque­llos
bienes habían pasado a la categoría de confiscados, incautándose de ellos
al Estado en virtud de sentencia de los consejos de guerra. Y en este sentido.
116. La Federación, núm. 488, Santa Cruz de Tenerife, 9 de diciembre de 1873, p. 1.
264
llamaba la atención al Presidente, pues en el concepto de bienes entraba un
número considerable de esclavos. «Entran por lo menos 1.500 pertenecientes
a los ingenios Armonía, Santa Rosa, Concepción, Santo Domingo y San José,
propiedad de don Miguel de Aldama, el cual en fecha 10 de diciembre de
1872 dio poder a la Sociedad Abolicionista Española para que recabase la li­bertad
de esos 1.500 negros, cuyo perfecto derecho al goce de la libertad re­conocía
en púbhca y solemne escritura.» ^"
También evocaba a «los 100 y más negros que ora en la sociedad del ferro­carril
de Nuevecitas a Puerto Príncipe, ora en las fincas de Carrión y Matilde
de Imia, en los partidos de Cibanicú y de Puerto Príncipe y en su propio ho­gar
doméstico poseía don José Ramón Simoni, el cual en fecha 25 de abril
de 1873 concedió a la Sociedad un poder análogo al del señor Aldama...» ''*.
La Junta Directiva de la Sociedad había acudido a los altos poderes del
Estado pidiendo la completa emancipación de todos los esclavos libres, se­gún
la Ley de 1870, y detentados indebidamente por el Estado. Partía del he­cho
que los insurrectos cubanos habían reconocido en repetidas ocasiones y
con toda clase de solemnidades la libertad de sus respectivos esclavos.
Aludía al Decreto del 31 de agosto de 1873 en el que no se hablaba una
sola palabra de bienes confiscados, o de bienes poseídos por el Estado en con­cepto
de dueño. E insiste en que hay bienes confiscados que la Intendencia
de Cuba quiere vender, y que, entre esos bienes, se contaban millares de ne­gros,
pretendiéndose reducir a servidumbre a estos hombres hbres por virtud
del artículo 5.° de la Ley Moret.
Por último, la Sociedad insistía en el éxito alcanzado por el partido radi­cal
al aboHr la esclavitud de Puerto Rico, rogando a este nuevo gobierno que
no siguiese con la congelada política colonial que se había llevado a cabo du­rante
los últimos meses " '.
Esta carta al jefe del Ejecutivo no obtuvo respuesta, redactándose un se­gundo
escrito para denunciar al Fiscal del Tribunal Supremo el delito que se
estaba cometiendo en Cuba, al mantenerse la esclavitud y explotar a negros
confiscados ^^°.
La guerra en Cuba seguía, y todavía no se podía hacer nada por terminar
con la esclavitud. Solamente, existía una división de criterios entre los parti­darios
de la esclavitud, que estaban al lado del Gobierno; y los abolicionistas
y Hberales que apoyaban a los insurrectos.
117. Art. cit.
118. Art. cit.
119. Art. cit., pp. 1-2.
120. ARROLLO JIMÉNEZ. P.: op. cit., p. 177.
265
4.3.1. Antecedentes de la Ley de 1880
Finalizada la guerra cubana, se firma en febrero de 1878 el Convenio de
Zanjón. En él se reconoce la libertad de los esclavos que han luchado en las
filas de los insurrectos, por lo que surge un conflicto al permanecer los ne­gros
fieles al Gobierno en estado de servidumbre.
Por otro lado, surgen dos partidos políticos que tienen sus paralelos en la
metrópoli: el Unión Constitucional, formado por grandes hacendados y pro­pietarios
de los ingenios más productivos, y el Liberal Autonomista, com­puesto
por propietarios y hacendados de menor calibre. También, aparece
otro partido político, el Demócrata Liberal de Márquez Sterling, con un cor­te
más radical. Así, mientras los dos primeros partidos aspiran a una aboli­ción
gradual de la esclavitud, el tercero, aplica por una supresión inmediata
y radical.
Tanto el Partido Autonomista como el Constitucional son partidarios de
la aplicación de la Ley Moret. Sin embargo, mientras los liberales aspiran por
una abolición con indemnización, los constitucionalistas aplican por la Ley
Moret llevada a cabo hasta el momento, sin indemnización.
Los liberales piden el exacto cumplimiento del artículo 21 de la Ley de
1870, pues al ser propietarios más modestos, la indemnización les serviría
para introducir maquinaria en sus ingenios. Por su lado, los constitucionalis­tas,
no son partidarios de la indemnización, siendo la privación de ésta un
medio para impedir a los primeros de capitales suficientes para modernizar
sus instalaciones; además, son de la opinión de que la compensación econó­mica
la tendrían que pagar ellos como contribuyentes del Tesoro cubano al
estar el Nacional empobrecido ^^\
Existió toda una polémica para solucionar el problema de la esclavitud en
Cuba. Todos estaban de acuerdo en que había que acabar con ella, pero na­die
se atrevía a hacerlo radicalmente por que ello tendría consecuencias fu­nestas
para la economía y sociedad cubana. Por otro lado, el indemnizar a
los dueños tampoco sería una solución viable, pues el tesoro estaba depau­perado.
Una vía que vendría a solucionar el problema sería la implantación
de la institución del patronato que si bien serviría para integrar a los esclavos
en la sociedad compensaría económicamente a los dueños con su trabajo a
modo de indemnización.
Antes de dar paso a la ley definitiva de la supresión de la servidumbre,
surgieron diferentes proyectos de abolición, unos de carácter oficial y otros
presentados por particulares que contribuyeron al texto final de 1880.
121. ROLDAN DE MONTAUD, Inés: «Los partidos políticos y la polémica abolicionista
tras la paz de Zanjón», en: Esclavitud y Derechos Humanos..., pp. 500-506; CEPERO BONI­LLA,
Raúl: Azúcar y abolición, pp. 201-218. Barcelona, 1976.
266
Dentro de los proyectos de carácter oficial ^^^, podríamos destacar los si­guientes:
'
— Proyecto del Conde de Villamar, presentado el 13 de febrero de 1873.
Proponía el cese de la esclavitud en Cuba, en un plazo máximo de 10 años
desde la aprobación de la ley, formándose un padrón general de esclavos.
Proyectos presentados por la Comisión de Reformas de Cuba:
— Proyecto Vinent, presentado el 14 de octubre de 1879. En sus 10 ar­tículos
proponía la abolición gradual de la esclavitud, alentando al esclavo al
trabajo en tanto conseguía su libertad mediante una compensación económi­ca
proporcional a su edad y trabajo realizado. Al mismo tiempo, se crearía
un fondo para coartar a los esclavos distinguidos por su buena conducta y
por su trabajo, declinándose la idemnización establecida por la Ley Moret y
favoreciéndose al Tesoro público.
— Proyecto del Senador Bueno, presentado el 18 de octubre de 1879. En
sus 16 artículos proponía una coartación gradual en el término de siete años
a partir de la promulgación de la ley. Rechaza la indemnización estatal sus­tituyéndola
por una serie de reformas económicas, como la reducción arance­laria.
— Proyecto de Portuondo, presentado el 17 de octubre de 1879. En sus
11 artículos, planteaba la abolición inmediata. Los libertos gozarían de sus de­rechos
civiles mientras que los políticos serían reglamentados por leyes espe­ciales.
Residirían, hasta 1880, en la casa de sus antiguos dueños, disfrutando
de plena libertad de contratación para su trabajo obligatorio. La figura del
Protector de libertos sería creada y actuaría como mediador en los procesos
de tasación, salvaguardando los intereses de los recién declarados libres.
— Proyecto de Apezteguía, presentado el 20 de noviembre de 1879. En
sus 24 artículos proponía la abolición indemnizada y la devolución gradual
de los derechos a los esclavos, el último de los cuales sería la facultad de con­tratarse
libremente y la adquisición de los derechos políticos. Planteaba el
paso de siervos a emancipados con obligación de prestación de trabajo a los
antiguos dueños que pasaban a convertirse en patronos. Los mayores de 14
años y menores de 50 recibirían un jornal reducido, siendo a su vez cuida­dos,
ahmentados e instruidos por aquéllos.
Los proyectos no oficiales fueron los siguientes:
— Proyecto de la Comisión Repubhcana de Cuba, presentado el 12 de
122. NAVARRO AZCUE, C.:op. cit., pp. 161-170; VAS MINGO, Marta Milagros del: «El
derecho de patronato en los proyectos abolicionistas cubanos», Anuario de Estudios Americanos,
tomo XLIII, Sevilla, 1986, pp. 171-175.
267
octubre de 1873. En sus 25 artículos se planteaba la sustitución del sistema
de abolición indemnizada por la instauración