1810 : ¿Conspiración separatista en Las Palmas? : Propuesta de reinterpretación sobre el "trienio detonante" del pleito insular decimonónico

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1810: ¿CONSPIRACIÓN SEPARATISTA EN LAS PALMAS?
Propuesta de reinterpretación sobre el «trienio detonante» del pleito in­sular
decimonónico
l^í^ustin Millares Cantero
La eclosión de los bisónos nacionalismos era en 1978 una de las
notas más singulares de nuestra vida política. Como corresponde a un
movimiento caracterizado por una gran dosis de espontaneidad, falto de
fuerza dirigente, que irrumpe en una sociedad subdesarrollada y con al­tos
índices de incultura, desde un principio empezaron a manifestarse
síntomas de inmadurez que movían la hilaridad de unos e inquietaban a
los más comprometidos con la lucha popular. En aquella situación,
marcada por el infantilismo y frecuentes reacciones chovinistas, fueron
muchos los jóvenes que, de buena o mala fe. imaginaron al historiador
profesional escatimándole el estudio real de su pasado. Todo el que no
hablase, por ejemplo, de «colonia», era ya sospechoso de mixtificar la
verdad y merecedor de los más duros epítetos.
Hacía años que conocíamos las páginas del profesor Rumeu de Ar­mas
que han dado pie a esta monografía. Su contenido no encajaba en
nuestra visión de la historia insular al amanecer del ochocientos. Era
como si, de pronto, tropezáramos con una platanera en la Antártida o
con un pingüino en el Caribe. Reclamados por otras ocupaciones, no tu-
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vimos ocasión de profundizar en su análisis hasta que observamos cómo
lo utilizaban aquellos que ignoran las clases en la «cuestión nacional».
Fue entonces cuando nos decidimos a abordar detenidamente el asunto.
En el IV Coloquio de Historia Canario-americana (Las Palmas, octubre
de 1980), presentamos un avance de nuestras conclusiones que, por cau­sas
que sería ocioso referir, no pudimos ultimar antes de la publicación
de sus ponencias. Seguimos entonces reflexionando y esta es la resultan­te
provisional de nuestro esfuerzo. A la hora de presentarla, nos topa­mos
con la dolorosa obligación de tener que suprimir los dos últimos ca­pítulos,
que dedicábamos a las Juntas subalternas y a la personalidad de
don Domingo Penichet y Fuentes. Los daremos a conocer en una próxi­ma
entrega, a la que se incorporarán cuantas críticas y sugerencias nos
lleguen.
Aquí pretendemos responder a la pregunta que nos sirve de titular,
pero no sólo eso. Se trata, como propone el subtítulo, de una oferta para
reinterpretar ese período del pleito decimonónico que Guimerá Peraza
sorteó con unas pocas líneas, convencido probablemente de que ya ha­bía
sido agotado por otros autores. En nuestro criterio, tal cosa es más
aparente que auténtica y se verá por qué. Cada vez nos resulta menos
factible comprender la evolución de las pugnas capitalinas o divisiona­rias,
sin ahondar primero en lo que denominamos «trienio detonante».
El calificativo, claro está, presupone la acumulación previa del combus­tible
que posibilitaría la explosión del verano de 1808. Hace algún tiem­po,
nuestro buen amigo José Ramón Santana Godoy nos alertó sobre las
manifestaciones del pleito que aparecen en el primer cuarto del XVIII;
fundamentarlas debidamente y explicar su desarrollo posterior, exigiría
de esa historia total que posee en la instancia económica su principal
apoyatura.
Por desgracia, la historiografia isleña no dispone aún del suficiente
bagaje teórico-empírico que facilite esta clase de planteamientos meto­dológicos.
Como un primer paso, no es minucia emprender la revisión
de la bibliografia y elaborar una periodización de cierta coherencia, pre­sentando
un cuadro bastante diferente del que teníamos delante. No
toda la compleja materia histórica es susceptible de ser cuantificada, y
por mucho que denostemos del positivismo en todas sus versiones y as­piremos
a la síntesis, hay viejas reglas de conocimiento y crítica textual
que un historiador de hoy y de siempre tendrá que saber al dedillo.
Este es, pues, un estudio crítico de algunos acontecimientos que, a
nivel de la política insular, discurren durante la fase inicial de la Inde­pendencia.
Es, por ello mismo, un ensayo acerca de la actuación antagó­nica
de las élites dominantes en Tenerife y Gran Canaria, un intento de
redefinir el papel de grupos, instituciones y personajes en polémica con
HEMÍROUC^ P. M'
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cuantos nos han precedido en el empeño. Es también, aunque parezca lo
contrario, un modesto homenaje a la llamada Escuela Histórica de La
Laguna, a través de quien fuera una de sus figuras más preeminentes,
don José Peraza de Ayala. No es preciso recurrir al tópico de que una
ciencia avanza con aciertos y desaciertos, con logros y fracasos, para va­lorar
el legado imborrable de su magisterio. De ella aprendimos, (el pro­pio
Bonnet nos lo enseñó con Ossuna) a no aceptar los «hechos» como
incontrovertibles y a descubrir las miserias del historiador.
I. UN TEMA CONFLICTIVO
Hace más de siete lustros, merced al erudito y amplio ensayo que
sirvió al profesor Rumeu para prologar la monografía de Bonnet sobre la
Suprema de Canarias (verdadero epílogo, según el autor lo define), se
tuvo noticia de un lance singular hasta entonces ignoto'. Entre los ma­nuscritos
insertos en un expediente que la Real Audiencia incoa, se in­cluyen
las testificaciones que utiliza para interpretar los conciliábulos de
1810 en Las Palmas, documentación estimable que descubre y cita con
las adecuadas referencias para su consulta^. Luego, en el último epígrafe
de ese capítulo y utilizando el grueso de la misma masa documental,
perfiló las andanzas y mudanzas subsiguientes del «intrigante y travieso»
don Domingo Penichet, que fuera en su criterio uno de los más empeci­nados
trapisondistas de aquella tormentosa coyuntura.
El inédito episodio que adiciona y altera nuestros anales, se ciñe a
la «obscura conspiración» que al parecer tramaron algunos individuos
de un cabildo general contra regente y oidores, pero cuyo móvil apunta
hacia «un gobierno autónomo de tendencia casi separatista». Es asi que,
tanto por los ideales como por el procedimiento subversivo, la innova­dora
aportación deviene en hallazgo portentoso que tolera los más dis­pares
usos y abusos^.
El año en cuestión, 1810, permite ubicar la efervescencia grancana-ria
en el contexto ultramarino: pronunciamiento independentista de Ca-
1. Buenaventura BONNET Y REVERON, La Jimia Suprema de Canarias. La Laguna.
1948. Prólogo de Antonio Rumeu de Armas, pp. CI-CVIL Una reedición de esta obra
vio la luz en Santa Cruz de Tenerife en 1981.
2. Archivo Histórico Nacional, Consejos suprimidos, leg. .^.277, exp.45.
3. Contamos con una buena prueba de ello en el enfoque que de la misma han realizado
los disidentes cubillistas del fantasmagórico Movimiento Popular para la Autodetermi­nación
y la Independa del Archipiélago Canario. Cf «Las Palmas. 1810: el primer in­tento
independentista de nuestra historia», en Revolueión Canaria. n° I (1979). pp.4-6.
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racas el 19 de abril, formación de una Junta provisional gubernativa en
Buenos Aires (integrada por partidarios de romper con la metrópoli) el
25 de mayo, revuelta en Bogotá el 20 de julio e insurrección del cura Hi­dalgo
en Dolores el 16 de septiembre. De ahí que parezca de ley un en­samblaje
de variada índole con esos fenómenos, que Rumeu con buen
tino sostiene al argumentar la «semejanza con los movimientos secesio­nistas
e independentistas de las colonias españolas», promovidos al di­solverse
la Junta Central y sustituirle un Consejo de Regencia el 31 de
enero.
La alienación de poderosos círculos de la élite política isleña y del
funcionariado peninsular ante la España en crisis, con el consiguiente
fermento nacionalista en algunos núcleos de las clases dominantes, es
otro corolario que resulta de ser incontrovertible el relato que Rumeu
nos propone. Entre el cabecilla, miembros relevantes y posibles conjura­dos,
suman un total de veinte individuos, de los cuales once formaron
parte del Cabildo general permanente constituido en 1808; siendo noto­ria
la circunstancia de incluirse aquí nueve de los principales promoto­res
y el conceptuado como máximo dirigente, el alcalde mayor don Juan
Bayle Obregón. Importa, pues, no tanto la cuantía como la cualificación
de la nómina, ya que aparecen en pos de aquel munícipe: don Pedro
Gordillo Ramos, cura de la parroquia del Sagrario de la catedral y luego
diputado en las Cortes gaditanas; don Juan Nepomuceno Carros y su
hermano don Miguel, el primero catedrático de latinidad del Seminario
Conciliar, secretario del cabildo y representante grancanario en la Pe­nínsula
en 1808, junto al regidor don Agustín Falcón y al abogado don
Domingo Suárez Travieso; el palmero don Nicolás Massieu y Soto-mayor,
gran propietario agrícola y caballero de la Orden de Alcántara;
el capitán de milicias don Juan Antonio Salí Elvira, administrador de
Reales Rentas; don José Vázquez de Figueroa, abogado de los Reales
Consejos, asesor del gobernador militar y síndico personero de la isla; el
comerciante don José Shánahan, el licenciado don Francisco José Peni-chet
y Cabrera, don Pedro Zarate y el propio gobernador de las armas,
don Simón de Paz y Ascanio, Como probables implicados se citan, ade­más,
al presbítero don Antonio Puertas y a don Cristóbal de Múxica,
don Francisco de Borjas Flores, don Miguel Cardoso, don José Doreste,
don Nicolás del Castillo y don Francisco Ríos, con especial mención del
fiscal de la Real Audiencia don Juan Ramón Oses, pues, según Rumeu,
«aunque no asistía a las deliberaciones y conciliábulos, estaba informa­do
de sus menores incidencias y daba su beneplácito al intento subversi­vo
en preparación, a cambio como era natural de compensaciones para
el futuro» (p. CIII).
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Una relación de esta índole, obliga a quienes sostengan la validez de
la conjura independentista a dar respuesta a una serie de interrogantes
sumamente complejos. Ya que un gobierno autónomo en el espíritu de
la época implicaba el separatismo , ¿cómo fue posible que algunos secto­res
de las capas dirigentes, muy vinculados al aparato de poder antiguo-regimental,
pudiesen proponer la separación de España, qué conflictivi-dad
económica propicia la desespañolización v dónde están las raíces
ideológicas de un proyecto de tal envergadura?'* Aparte de reputadas fi­guras
de ascendencia extranjera, ¿qué razones existieron para que distin­tos
funcionarios godos se sumasen o siquiera admitiesen una parodia de
4. En el 111 Coloquio de Historia Social de Canarias, organizado por el SEHIC (Las Pal­mas,
Centro Regional de la U.N.E.D.. octubre de 1977), el profesor Germán Hernán­dez
Rodríguez dio a conocer, en su estudio acerca de la sublevación antiseñorial gome­ra
de 1762. una temprana manifestación de antiespañolismo (recensión en l.a Provin­cia.
Las Palmas. 5-X-1977. p.8). Durante las testificaciones que siguieron a aquélla, el
teniente capitán don Francisco Manrique Domenigo declaró que un avecindado de
Alajeró y otros dos de Chipude habían oído decir que «mexor fuera entregarse a los yn-gleses
». confiando quienes así opinaban en que el comerciante irlandés don Juan Cólo-gan.
establecido en el Puerto de la Orotava en 1737. pudiera servir de intermediario
con Londres para una hipotética ocupación de la isla (Fondo Adeje. Biblioteca del Mu­seo
Canario. Las Palmas). Tras un secular litigio para conseguir la incorporación a la
Corona y la abolición de los derechos señoriales, con anteriores levantamientos en
1699 y 1744, no parece que el simple comentario marginal de unos pocos vecinos ten­ga
excesiva significación. Las familias de la incipiente burguesía rural (Padilla. Salazar.
Dávila. Fernández, Mora. etc.). optaron siempre por la alternativa realenga, sin salirse
de la ortodoxia en este tipo de contenciosos de la España setecentista. El anexionismo
que parece animar a unos cuantos gomeros, de cualquier forma, está más en consonan­cia
con la personalidad de las élites isleñas dominantes, cuyos intereses apuntaban ha­cia
los británicos sobre todo; las exportaciones de orchilla. en este caso, tenían a sus
mercados como principal destino, importándose desde ellos manufacturas y otros pro­ductos.
También los dirigentes linerfeños que depondrían a Casa Cagigal en Santa
Cruz de Tenerife, fueron acusados después de pretender entregar el Archipiélago a la
dominación inglesa. Ni las insinuaciones del fraile portugués Cabral de Noroña, que en
su Manifiesto atribuyó a O'Donnell «el proyecto de apoderarse de las islas» para ven­derlas
a Inglaterra, ni el pretendido ánimo del regidor Torres Chirino de someterse a
dicha nación, que recoge el Apuntamiento con la versión del comandante general, me­recen
crédito alguno. (Cf RUMED. pp. Ll-Llll). En La Gomera, en septiembre de
1762. asistimos a un sentir minoritario y anecdótico, sin entrar en lo que tiene de inge­nuo
y extravagante o en su posible falsedad; en Tenerife, en junio de 1808, estamos so­bre
el terreno de la difamación y la patraña, puesto que la política de los animadores
de la Junta Suprema se inscribe dentro de las coordenadas presentes asimismo en Sevi­lla,
Galicia o Asturias, a propósito de la necesidad de una alianza con la antigua po­tencia
enemiga luego de la invasión napoleónica. Incluso las peticiones de ayuda que el
presidente de aquélla al parecer solicitó de los ingleses, cuando la pérdida de Cádiz era
más que factible y el abandono del Archipiélago una inquietante eventualidad, fueron
torcidamente interpretadas por sus detractores, en el sentido de querer constituir «un
estado separado, el cual quedaría bajo la protección inglesa». Cf Juan Primo de la
GUERRA, Diario. II. 1808-1810. Madrid, Aula de Cultura de Tenerife, 1976, p. 142.
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rebelión contra su patria, de ser acaso lícito admitir un esbozo de con­ciencia
nacional en relevantes prohombres de la terratenencia y la bur­guesía?
Esta hipotética conciencia nacional, porque los planes acabaron
circunscribiéndose al ámbito grancanario, despunta apenas como simple
insularismo; ahora bien, ¿cómo pensaban los promotores de la conmo­ción
fundar y sostener un estado independiente en el exclusivo marco de
una isla, teniendo que oponerse al conjunto del Archipiélago y, sobre
todo, a las autoridades tinerfeñas y a la representación del poder cen-tral?
5 Por mucho que se argumenten las veleidades conspirativas pro­pias
del carácter de varios de los encartados, ¿ contaba la minoría «revo­lucionaria
» con suficientes apoyaturas populares como para garantizar
el éxito de tan descabellada empresa? ¿Se produjo una suerte de enaje­nación
colectiva que impulsó tal locura o. en propiedad, las condiciones
objetivas y subjetivas para que Las Palmas fuese o llegase a ser Caracas,
Bogotá o Buenos Aires se daban en la práctica con evidente paralelis-mo?
6
5. La pregunta no es ociosa, si bien se indica que los cabildos ordinario y general de Gran
Canaria oficiaron «por dos veces al Ayuntamiento de la Ciudad de La Laguna, y remi­tiéndole
el plan que habían formado con este objeto. Que por las contestaciones que
han recibido se han llegado a persuadir de que aquel Ayuntamiento no conviene con
las ideas propuestas, como al declárame se lo manifiestan sugetos del primer carácter
de aquel Pueblo, y a consecuencia de esto los mismos individuos del Ayuntamiento de
esta Ciudad y del Cabildo permanente, determinaron llebar adelante el Plan de su in­dependencia
no sólo de la Península, sino aún de las otras Yslas que componen esta
Provincia...» (Declaración del testigo don Felipe Carballo Almeyda; los subrayados
son nuestros). Si tenemos en cuenta la lucha política que por entonces se ventilaba en­tre
las capas dirigentes de Gran Canaria y Tenerife, pugnando por la ubicación de la
Junta Provincial, es imperativo quitar toda credibilidad a un ofrecimiento de aquella
índole. Ya que no había siquiera consenso para organizar de mancomún la administra­ción
de las islas, es ridículo suponer que se ofreciese la posibilidad de sumarse en co­mandita
a un plan de semejante envergadura.
6. En nuestra comunicación al I Coloquio de Historia Social (Las Palmas, julio de 1975),
informábamos de un enigmático fragmento del doctor Chil relativo a supuestas reunio­nes
y movimiento de tropas en Las Palmas, tendentes a una anexión a la Colombia bo-livariana
que podríamos fechar con posterioridad al real decreto de 27 de enero de
1822, donde se consagró la capitalidad provincial en Santa Cruz de Tenerife. La postu­ra
inicial de «emanciparse de la madre patria» fue sustituida por el anexionismo hacia
aquella república (Venezuela, Nueva Granada y Quito), « en atención a los escasos
medios de que los canarios podían disponer para resistir la fuerza armada que podría
llegar a subyugarles». Según el autor, las fuerzas militares que intervendrían en tal inci­dente
ignoraban su auténtico objetivo, y «al informarse de lo que se trataba retrocedie­ron
desde las mismas puertas de la ciudad». (Gregorio CHIL Y NARANJO. Estudios
históricos, climatológicos y patológicos de las Islas Canarias. Ms. 5, II-A-3, cap. X,
fols. 834-835). De ocurrir este evento, remite sin duda a la crispación que el tema capi­talino
provocó entre algunos liberales palmenses más exaltados. En el transcurso de
aquel decenio hay sobradas muestras de un estado de inquietud en Canarias, que tal
vez debiéramos entroncar con ese americanismo al que ponemos serios reparos en
1810. CF. A. MILLARES CANTERO y M. de PAZ SÁNCHEZ. El nacionalismo ca­nario.
Introducción histórica y antología de textos, en prensa.
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Todas estas cuestiones y otras muchas están implícitas de un modo
u otro en la interpretación de Rumeu, aunque tal vez hayamos desorbi­tado
su alcance con el fin de recoger una síntesis de la problemática que
presenta. Con lógica hilaridad, y tras la enumeración de los puntos del
«verdadero programa de gobierno» que, siempre según el mentado pro­fesor,
singularizaba el plan de los sediciosos, éste se hace una pregunta a
la que responde con recato:
«¿Se soñaba con establecer una República canaria o -perdónesenos
la broma- coronar como guanarteme al Conde de la Vega Grande?
No está claro este extremo, aunque la conspiración -con gran seme­janza
a lo que ocurría entonces en Venezuela. Argentina. Ecuador,
etc.- es muy tortuosa y confusa» (p. CIV).
Este tono dubitativo, que se resiste a plantear la conjura en su direc­ción
separatista, nos señala que el prestigioso investigador no las tenia
todas consigo al querer refrendar lo que en páginas anteriores daba por
cierto. Es más, aunque luego persista en su enfoque, avala el componen­te
nebuloso y laberíntico que acepta, a nuestro modo de ver, un lúcido
reparo que no debe pasar inadvertido.
Hemos consultado la documentación que Rumeu manejara en su
día y nuestro análisis no se corresponde con el suyo. Debemos reconocer
que, hoy por hoy. no estamos en condiciones de ofertar una paráfrasis
definitiva sobre tan enjundioso tema, pero creemos firmemente que las
hipótesis aquí recogidas poseen mayor índice de credibilidad, eliminan
no pocos contrasentidos y, mejor aún, contribuyen a la clarificación de
un dificil periodo de nuestra historia que no debe aparecer desdibujado.
Esta réplica se elabora desde la provisionalidad y con el objeto exclusivo
de contribuir al avance de los conocimientos históricos. Semejante aspi­ración,
y lo que de positivo haya en nuestras reflexiones, quizás nos exi­ma
por anticipado de algunos errores en los que hayamos podido incu­rrir.
II. CLAVES PARA UNA NUEVA LECTURA DE LAS FUENTES
Urge en principio cuestionar la validez de las fuentes. Para la sinop­sis
acerca de «Las conspiraciones y cabildos revolucionarios del año
1810», Rumeu utiliza la sumaria que. por auto de la Audiencia de 29 de
mayo y posterior del regente de 5 de junio, reúne lo que nueve testigos
revelan a propósito de los ataques contra el tribunal y rumores que cir­culaban
sobre hechos disímiles en vísperas de la convocatoria de un ca­bildo
general el 30 de mayo. De modo preferente, dos de ellos, don José
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Cristóbal de Quintana y don Felipe Carballo de Almeyda, le proporcio­nan
todos los detalles con los que perfila el amago de rebelión; pues per­tenecen
a aquél las palabras sobre el resentimiento de algunos revoltosos
que, mal transcritas, atribuye a don Miguel Cabrera por un desliz. Tales
testificaciones, único sostén documental de tan grave complot, se adjun­tan
a las copias de varios expedientes que, el Real Acuerdo de una parte
y don Domingo Penichet de otra, remiten al Consejo de Castilla a raíz
del proceso que a este último se le abre en 1813; esto es, a nuestro juicio
constituyen un dossier que se sacó a la luz tres años más tarde y se rela­ciona
con otro asunto distinto, con el tangible empeño de conferir al in­culpado
pretendidas faltas anteriores y mutilar su defensa.
Es útil reseñar sucintamente lo que argumentaron los siete testigos
que relega el maestro Rumeu. La imprecisión y la cortedad abundan en
algunos, como propias de quienes se hacen eco de murmuraciones a las
que no conceden excesiva importancia. Los que inician la serie apuntan
la incertidumbre que, en tomo a la aceptación del Consejo de Regencia
por peninsulares y americanos, alimentaban indefinibles grupos. Tam­bién
recogen irrespetuosas censuras para con el tribunal, difusos proyec­tos
de remociones y especies anónimas sobre la irreparable pérdida de
España^. Nos interesa, entonces, dejar constancia de que un tercio de los
declarantes no alude ni a conspiraciones ni a movimientos independen-tistas,
limitándose a refiejar un clima político centrado en tres elementos
claves: latente animadversión contra el joven ejecutivo y contra la Au-
7. El farmacéutico don Luis Vemetta, por ejemplo, se limitó a referir una frase de doña
María Russell previa a la celebración del cónclave, en el sentido de querer tratarse en
él «sobre algunas mudanzas», para señalar por último que en sus dependencias se ha­bía
suscitado posteriormente «una conversación acerca del Tribunal» que interrumpió
enseguida. El procurador Abad Báez, tras ocuparse de los rumores contrarios al Conse­jo
de Regencia, no alcanza a especificar quién afirmó «que las Américas nunca se suge-tarían
a obedecerle». Después testimonia lo que sigue:
«Que unos días antes de la celebración del Cabildo General, estando en
las casas donde se hace la Audiencia, oyó decir a José de Torres que el Capi­tán
de Milicias don Gerónimo Betancuri habla asegurado al Señor don José
de Oromi que se trataba de quitar a los Señores del Tribunal, que en lugar de
dicho Señor hiban a poner al Licenciado don Domingo Penichet, nombraban
también al Alcalde mayor por oydor, y por Regente al Señor Fiscal de su Ma­jestad,
pero que por no haber fundamento alguno no dio crédito a la especie».
(Los subrayados son nuestros).
Idénticas vaguedades se repiten en la corta declaración de don Miguel Cabrera,
que confirma las palabras atribuidas a Béthencourt, por haberlas pronunciado en su
presencia «en uno de los días que se estaban recibiendo los votos para la elección de
los vocales del Cabildo General».
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diencia, comentarios de que iban a producirse deposiciones y nuevos
nombramientos públicos y veladas conjeturas relativas a la derrota mili­tar
frente a los ejércitos napoleónicos.
La expresión «planes de gobierno» se introduce en los interrogato­rios
cuando, tras las confesiones en que Rumeu se fundamenta, se termi­nan
de pergeñar las preguntas ya sistemáticamente formuladas en ade­lante.
No es que de manera espontánea la enuncien los comparecientes
ante el oidor de turno, y este ardid no debe escapársenos por ser un sín­toma
muy revelador. El licenciado tinerfeño don Saturnino Afonso
Martel (o Martel Afonso), como los demás, circunscribe dichos planes a
lo siguiente: convertir en oidores a don Juan Bayle, don José Vázquez y
don Domingo Penichet; en corregidor a Massieu; en alcalde mayor a
don Francisco Penichet; en regente al fiscal y en fiscal al corregidor don
Alvaro Pareja. Los otros tres testigos se expresarían en términos simila­res,
agregando a lo sumo algún detalle marginal.
Así, lo único que aparece con nitidez en la mayor parte de las de­claraciones
es que el novel poder central, acatado sin ambages por la
Audiencia, no obtuvo las simpatías de la élite política grancanaria y que
ésta persistió en la convocatoria de un cabildo general según el modelo
del permanente de 1808. A tal fin tenía que enfrentarse con quienes
obstaculizaban sus cálculos. Es evidente que, con esta óptica, deponer
unas autoridades opuestas a sus designios no necesariamente conduce a
la constitución de un gobierno independiente ni cuestiona la fidelidad a
España. Tampoco conlleva ningún tipo de maquinaciones antiespañolas
la formulación doctrinal en que se sustentó todo el movimiento de las
juntas, a saber, la doctrina de la reversión de la soberanía al pueblo, fór­mula
común por entonces que no era patrimonio de una escuela deter­minada,
presente tanto en la escolástica como en el pensamiento liberal
más avanzado. Si en América privó este recurso teorético para llegar
hasta la independencia, porque en una colonia adquiere patentes deriva­ciones
revolucionarias, en la Península no fue más que un soporte tran­sitorio.
¿Y en Canarias? Con posterioridad afrontaremos esta pregunta,
pero digamos ahora que la campaña francesa en Andalucía, inaugurada
en enero de 1810, arrojó para las armas españolas resultados catastrófi­cos.
A principios de febrero habían caído Sevilla y Málaga y los patrio­tas
eran acorralados en Cádiz. Quienes conocían esta realidad por aquí,
no propalaban ningún embuste para hacer cundir el desaliento. Lo ha­cían
con otras intenciones, encomiables y autorizadas desde el más puro
españolismo si se atienden sus auténticas miras.
En las intervenciones del cuarto y quinto declarantes basó Rumeu
su lectura. Procede, entonces, resumir cuantos rasgos novedosos enri­quezcan
o radicalmente transformen los hechos ya conocidos. Quintana
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afirma que la expulsión a Tenerife de don Francisco Díaz Bermudo,
otro de los objetivos de la confabulación, se plantea por el escaso auxilio
que prestara a los agentes grancanarios que en 1808 acudirían a Sevilla
para hacer valer sus derechos contra la Junta lagunera. Rumeu nos dice
que este personaje fue valioso elemento de la homónima andaluza y her­mano
del alcalde mayor de La Orotava, sospechando que la Regencia le
había conferido alguna misión de postín en la ciudad. Nuestro predece­sor
en el tema extrae asimismo del otrora escribiente el «aspecto revolu­cionario
» que a la maquinación atribuye. He aquí, en su contexto, las
afirmaciones que hizo:
«Que en las mismas conversaciones de quelleba dada razón, oyó
también que la España estaba casi perdida, pues era falso cuanto en
las gacetas y papeles públicos se decía de sucesos y acciones favora­bles;
que por esto añadían era preciso traer fusiles y cañones, y para
adquirirlos hacer el muelle, y las fortificaciones que ellos decían ser
necesarias, proponían arbitrios, y entre ellos desmembrar al Reve­rendo
Obispo, Canónigos y Caballeros hascendados mucha parte de
sus rentas, con otras cosas a este jaez que el declarante ha olvidado».
Observemos cómo el testigo no engarza directamente las medidas de
defensa con ninguna conspiración, sino con las victorias de los invasores
que exigían arbitrar normas extraordinarias para hacer frente a un even­tual
ataque. Los fusiles y cañones que se demandaron, a nuestro enten­der,
no iban a ser dirigidos contra la «metrópoli» sino contra los france­ses.
Son patriotas españoles y no sublevados independentistas quienes
desean armarse a toda costa, aiin recurriendo a métodos expeditivos que
lesionaban el peculio de los privilegiados. La imposición de circunstan­ciales
contribuciones financieras a eclesiásticos y aristócratas no consti­tuye
una «medida revolucionaria» por sí misma, siendo como fue un re­curso
común en la España de la Independencia^.
De esta forma, el cuarto interviniente no se aparta en mucho del es­píritu
mayoritario. Cuando explica que se quiso establecer una Junta de
gobierno de ocho vocales en una de las sesiones del cabildo general, su
alocución en apariencia desborda los cauces comunes, pero al punto ad­vierte
que se desechó tal propósito.
El locuaz Carballo de Almeyda era vecino de La Laguna y a buen
8. J.R, AYMES, La Guerra de Independencia en España. 1808-1814. Madrid. 1974. p.
85.
265
seguro tinerfeño, aunque residía transitoriamente en Las Palmas*^. Es él
quien reprocha a los integrantes del cabildo ordinario y del general la as­piración
de constituir
«un gobierno patriótico independiente del de la Península para velar
sobre todos los Tribunales establecidos en esta Provincia, quitar a
todos los Españoles que estaban en la actualidad y poner hijos del
País en sus lugares».
Dificilmente podrían abanderar una exclusión de los «españoles»
quienes no eran oriundos de este Archipiélago y estaban enzarzados en
la componenda de marras. Mas no paran aquí las acusaciones que el
posible comerciante adjudica a los dirigentes grancanarios. Les achaca,
como vimos, el ánimo de «llebar adelante el Plan de su independencia»,
constreñido a una pírrica emancipación insular cuando fracasa la pre­tendida
intentona de que se sumase el cabildo de Tenerife'O. A su vez, él
en exclusiva señala que semejante maniobra se truncó con el arribo del
nuevo comandante general, don Ramón de Carvajal, amén de otras con­sideraciones
sobre la evolución posterior del enredo y la metamorfosis
oportunista de sus promotores''.
9. El 20 de abril de 1805 remitió desde la Ciudad de los Adelantados una epístola al co­merciante
del Puerto de la Orotava don Domingo Nieves Ravelo. a fin de comunicarle
el envió de dos sumas por valor de 958 rvon.. en pago de diversas mercancías. Este úl­timo
hubo de escribirle el 17 de marzo de 1808. recordándole que una de ellas perma­necía
sin saldar. (Arch. Austin Baillon. SEHIC, Las Palmas). Por ambas misivas le su­ponemos
dedicado al tráfico comercial, motivo por el que debió visitar la capital gran-canaria
con alguna frecuencia.
10. La noticia de la insurrección caraqueña debió llegar a las islas con relativa prontitud, a
pesar de que el III vizconde de Buen Paso no la comente hasta el 9 de agosto (Juan Pri­mo
de la GUERRA, pp. 222-223). Probablemente el señor Carballo y los propios mi­nistros
de la Audiencia la conocían y la utilizaron <'.v profeso para desvirtuar la orien­tación
de los cabildantes.
11. Nos interesa retener la oposición que hacia Carvajal mostraron los vocales del ayunta­miento,
oficiando a su antecesor Lujan para asegurarle que no reconocerian «a otro
Señor comandante General sino a él». Al verificarse el Cabildo abierto del 30 de mayo
al 2 de junio, se plantearon los asistentes la conveniencia de repeler a la nueva autori­dad
militar, «según los avisos que tenían de su diputado don José Romero». Asimis­mo,
Carballo asegura que la corporación insular se había dirigido al gobernador de las
armas con el objeto de que no obedeciera las órdenes del mariscal de Campo don José
de Armiaga, nombrado segundo comandante en el mismo decreto que designó a Car­vajal.
Para el declarante, el alcalde mayor «era el Agente más activo y con cuyo conse­jo
se hacía todo», afirmando que se abandonó el propósito inicial de que los jueces fue­ran
naturales de las islas. Admite, sin embargo, que «personas respetables del Cabildo
estaban meditando tomar medidas vigorosas para la conservación del orden y los ac­tuales
Magistrados», refiriendo a la postre que el provisor del obispo rechazó las argu­mentaciones
cabildicias e intentó convencer a sus artífices de que «todos se perderían
si no mudaban de modo de pensar». Acto seguido, dice:
266
En resumen, un testigo que imputa afanes independentistas sobre
un total de nueve, con otra que avizora inclinaciones en esa dirección.
Un solo testigo y, para más inri, casi con certeza tinerfeño, muy vincula­do
a La Laguna en todo caso. No basta esta endeble apoyatura docu­mental
para conceder verosimilitud a un episodio de la naturaleza del
que nos incumbe, máxime cuando el atestado no sirvió de cabecera al
correspondiente proceso y la justicia no pudo seguir su curso pese al in­terés
inequívoco que en ello tenía. Las declaraciones se archivaron hasta
sacarse a la luz tres años después, ante el Consejo de Castilla y para de­sacreditar
a un inculpado, mediante esa sinuosa y contradictoria trama
que ningún detalle fidedigno presenta y sobre la que existen más que
fundadas dudas. Porque, de ser cierta la conspiración con el cariz atri­buido,
¿cómo es posible que a don Domingo Penichet se le nombrara al­calde
mayor interino poco más tarde, que Carros siga en el ayuntamien­to
en 1813 y 1814, que continúen Salí de administrador de rentas y de
gobernador de las armas el señor De Paz y Ascanio'^, por no mentar el
inverosímil pormenor de la simpatía del fiscal Oses? No es lícito elevar a
categoría de hecho histórico las afirmaciones, sin duda contaminadas de
partidismo, de una o dos personas. Hay que buscar otra explicación a
los sucesos grancanarios de 1810.
III. BONNET Y RUMEU, DOS OBRAS Y UN HISTORIADOR
Para entender correctamente la idiosincrasia de los cabildos abiertos
en cuestión, se nos impuso un detenido análisis de la coyuntura política
«Sabe igualmente que por último, pensándolo mejor, determinaron en vista
de las noticias que vinieron de España, y de la energía de las providencias de
la Real Audiencia que apoyaba al Señor Comandante General, remitir una
diputación a éste para disculparse sobre la urgencia de la convocación del Ca­bildo
General, manifestándole las causas que habían tenido para no recono­cerle
y poniendo en su mano su resolución. Mas todo esto, en concepto del
testigo, es sólo una mañosidad de los autores del proyecto, para evitar que el
Señor Comandante General tome providencias contra ellos, todo lo qual se
evidencia por las disposiciones que han dejado tomadas de que, o según el
aviso de los comicionados, o a la llegada de ellos, se vuelva a continuar el Ca­bildo
General, prueva clara de la poca sinceridad de esta gestión, como así se
lo han dicho uno de los tres comicionados, don José Shánahan, y el diputado
del común, que hace de Secretario del mismo Ayuntamiento, don Juan Ca­rros...
»
Tendremos ocasión de demostrar que el relato del testigo contiene hechos reales,
aunque se haya desnaturalizado su significación emparentándoles de mala fe con los
pronunciamientos americanos.
12. Bayle falleció en 1811, víctima de la epidemia de fiebre amarilla.
267
en que las islas están inmersas desde el verano de 1808. Esta insoslaya­ble
demanda metodológica nos llevaría a emprender un estudio crítico
del texto de Bonnet y a compendiar las múltiples correcciones y puntua-lizaciones
que Rumeu incluyó en su prólogo. Si se exceptúan los manus­critos
inéditos de los Ksnidios del doctor C'hil. con el agregado de aque­llas
producciones hoy felizmente editadas (el CiuiiJro ¡/i.siórico de Alva-rez
Rixo, los Apuntes de Francisco María de León, las Obras Politicas
del sexto marqués de Villanueva del Prado o el Diario de .luán Primo
de la Guerra), nuestras únicas informaciones proceden de los interesan­tes
repertorios archivíslicos que aquellos investigadores compendian o
reproducen' \
No es tarea sencilla ajustarle las cuentas a Bonnet. y sería oportuno
abrir un debate más amplio sobre esta espinosa temática. En 1941,
cuando la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife
premió su voluminoso trabajo, muy poco se sabía en lomo a los avalares
del pleito insular, sobre sus secuelas y derivaciones futuras. El infatiga­ble
Cíuimerá vino a ofrecernos a la postre una síntesis impagable acerca
de su evolución hasta 1936, narración puntual y objetiva de muchos de
los acontecimientos a que dio origen, auténtico hito en nuestra historio­grafía
pese a cuantos reparos quieran señalarse desde un enfoque esta-ciokSgico
actual''*. El jurado que fallaría el concurso a favor de I.a Junta
Suprema, hizo constar las razones que acreditaban al original para me­recer
tan prestigioso galardón. Las insuficiencias críticas y las lagunas
documentales, se dice en el acta, había predominado entre los eruditos
locales hasta ese momento. Las interpretaciones de un Désiré Dugour.
de un Millares Torres o de un Ossuna y Van-den- Heede, condicionadas
por las polémicas que desataron los incidentes de 1808 y por la falta de
solidez instrumental, o no eran ecuánimes o se valían de fuentes poco
idóneas. La aportación de Bonnet, con tales precedentes, suponía un
giro copernicano que conjugaba la consulla de materiales novedosos con
un tratamiento estricto e imparcial'\
A los cuarenta y tres años, por muy indulgente y caballeroso que se
quiera ser, no podría compartirse el juicio entusiasta de aquellos entra­ñables
profesores. El aulor galardonado verificó, sin lugar a dudas, una
l . \ Hspcclalmcnle nos ccnlraicnios en los capítulos 1 al XII > \ X al XWll del texto de
Bonnet.
14. Mareos (¡IIMKRA l»K.RA/.A. El Pleno Insular i ISOS-f^MM. Santa Cruz de Tcncrile.
1976.
15. ()p. ciL. pp. \-?r. 1 ragmentos del aeta del jurado ealit'ieador. I'eehada en La Laguna el
2S de septiembre de 1941 y firmada por los doctores Lahares de Nava (presidente), Se­na
Rál'ols (vocal ponente) y Alvare/ Delgado (vocal secretario).
268
recopilación documental y bibliográfica ingente. Analizó los fondos del
Archivo de la Casa de Tabares, desconocidos hasta esas fechas; en la bi­blioteca
de la Económica, examinó los cinco tomos que reuniera el his­toriador
Rodríguez Moure. ya manejados sin mucho provecho por Ossu-na;
pasó revista aquí mismo a las «Obras» de don Alonso de Nava y Gri-món.
así como en el Museo Canario de Las Palmas a la «Colección
Roja» de Millares Torres o al «Diario» de Romero; hizo incursiones en
el Archivo Municipal de La Laguna y en el Histórico Nacional; expurgó
los manuscritos de Alvarez o León y extractó atentamente la bibliografía
de la época, sefialando sus errores y descuidos. Desde El Correo de Te­nerife
al controvertido «Manifiesto» del padre Cabral de Noroña, desde
la correspondencia entre Murphy y Villanueva del Prado a los numero­sos
oficios que cursarían instituciones y personalidades, su vastísimo
acopio abarcó la mayor parte de los papeles que a escala regional debía
constituir la base de una investigación seria y rigurosa.
¿A qué condujo en última instancia esta labor? Lamentablemente,
quien tenía acreditada una justa reputación en el dominio de la crítica
textual, no hizo gala de sus virtudes y se dejó arrastrar por un tinerfeñis-mo
a ultranza, tan absurdo como vergonzoso. Bonnet, que en tantas oca­siones
demostraría sus aptitudes para la eurística, dio aquí muestras de
una torpeza rayana en lo pueril'^. Su partidismo flagrante le indujo a
elaborar algo que no se desprende en demasía del simple libelo, digno de
la abundante literatura de los folletistas decimonónicos. Si el picaresco
Cabral fue el artífice de la leyenda negra que pesó sobre la Junta, a Bon­net
hay que adjudicarle la paternidad de la que sufre ahora el Cabildo
permanente. Al cabo del tiempo, el interés de la obra estriba en los co­piosos
escritos que tan generosamente incluye al hilo del relato, siguien­do
la técnica de Ballesteros y otros historiógrafos, gracias a lo cual es
más asequible reinterpretar ese período con otra óptica, siquiera ponde­rada
en lo elemental. Claro que, la ausencia de un esquema coherente,
rompe la sincronía de la exposición y hace engorrosa la lectura.
16. Cuanto más detenidamente leemos su obra, crece nuestro asombro al ver cómo un
hombre de su talla incurre en tantas y tan graves torpezas. En el debate que siguió a la
lectura de nuestra comunicación al IV Coloquio de Historia Canario-americana, el
profesor Régulo Pérez reveló que gran parte de ella fue escrita por Tabares y que don
Buenaventura se avino a aceptar esa redacción como suya. De ser asi. su responsabili­dad
no es menor por plegarse a una componenda tan penosa, mas el tono apasionado
que la caracteriza alcanza a tener una explicación hasta cierto punto convincente. Don
Tomás Tabares de Nava, sucesor del capitán don Juan Tabares de Roo, regidor perpe­tuo
de Tenerife y uno de los secretarios de la Junta, vivía anclado en esa época y exala­ba
el espíritu de sus coetáneos con una vehemencia irreductible. Mal ayudante podría
ser en un asunto tan delicado, empeñándose en anteponer la defensa de su ancestro y
adláteres por encima de cualquier consideración.
269
Las casi ochocientas páginas del volumen que corresponden a Bon-nel
(con un pequeño apéndice testimonial, sacrificado al método elegi­do),
rebosan de un hiriente sectarismo que le inhabilitó para compren­der
el significado de una materia tan rica y peliaguda. Su maniqueismo
flagrante le arrastró incluso a emplear la primera persona de! plural al
referirse a la .lunta y la tercera cuando menta al Cabildo; por ello,
«nuestros soldados» son en exclusiva las tropas expedicionarias tinerfe-ñas
que en los frentes peninsulares combatieron a las órdenes del coro­ne!
don José de Armiaga. sin adjudicarnos el Batallón de Ciranaderos de
Canarias que mandaría su homónimo don .luán Maria de León (cap,
XVIII, pp. 4.^8-454). Al adoptar sistemáticamente una postura exculpa-toria
hacia la conducta de los junteros. silencia sus faltas o encubre sus
desaciertos del modo más torpe, muchas veces en abierta contradicción
con las citas que trae para ilustrar su alegato. Indulgente defensor para
unos e implacable fiscal para otros, actúa asimismo como el juc;' que
de antemano sabe cuál será su inapelable sentencia, (.Cuántos documen­tos
ocultó o compendió parcialmente para mejor servicio de su burda
apología? Lo sabremos desde que se emprenda un cotejo pormenorizado
de su aparato erudito, si bien a nosotros nos ha sido íacil descubrir va­rias
de sus manipulaciones.
Bonnet practica lo que se ha dado en llamar «visión paranoica de la
historia» en más de un pasaje. Sirva de ejemplo su «explicación» de los
motines de 1808-1809 en Círan Canaria (Agiiimes. IVIoya. Ciuía. Teror y
Aldea de San Nicolás), cuya causa atribuye sin más a la actuación de
«agitadores» sobre el «populacho» y, en detlnitiva, al «movimiento sub­versivo
» que originó la resistencia del C abildo a la autoridad de la .lunta
(pp, 10.'í-108). Hoy produce hilaridad este tipo de interpretaciones cons-pirativas
a propósito de la contlictividad agraria, ya con variopintos an­tecedentes
en esa isla por entonces''. Sin embargo, quizás sean los cap
tulos XIV-XVI (pp. .^.'^5-.^9.'í). que dedicó a describir la actividad de las
Secciones de Hacienda, Policía Cicnera! y Benetlcio Público y .lusticia
del organismo lagunero, los más útiles hoy para el estudioso de aquella
etapa.
CT. Antonio MACIAS HKRNANDK/,. «i;i motín de 1777. Su signük-acion SCXMOCCO-nómica
en la comarca del suroeste de (irán Canaria», en Antiano ¡le l^iutlios Ailmui-cos.
n' XXIll (1477). pp, 263-.'<4.S y Antonio BK.l'HKNCOl RT MASSIKi: y Antonio
MACIAS HKRNANOKZ. «tíxpansión del cultivo y conflictos sociales en (irán Cana­ria
en el tránsito del Antiguo al Nuevo Régimen: una aproximación histcSrica». en
Agustín MII.LARKS TORRKS, Hislona (icncriil de las Islas (.ananas, t" IV. Madrid.
r-.dirca. pp. 237-244.
270
Una feliz coincidencia, que los patrocinadores del certamen tuvie­ron
el buen tino de asumir, salvaría un tanto la edición del colosal pan­fleto
de Bonnet. En Madrid, el joven profesor Rumeu de Armas había
concebido un propósito análogo al suyo y coetáneamente recogía docu­mentos
y anotaciones sobre la famosa Junta. Al materializarse el ofreci­miento
de presentar la obra premiada, a través del doctor Serra Ráfols,
el prologuista volcó todos sus conocimientos y traspasó el mero formu­lismo
para dejarnos un excepcional estudio, prefacio en la forma y epí­logo
en el fondo, donde desvela cuestiones ignoradas, rectifica otras y
apunta diferencias de apreciación tan enriquecedoras como atinadas. En
las ciento treinta y siete páginas impresas que abarcan los siete capítulos
de su compendio, Rumeu estuvo en condiciones de ofrecer lo que a
Bonnet faltaba: los legados que se custodian en archivos nacionales, a
los que éste apenas tendría acceso. El Apuntamiento de Casa Cagigal o
el Acta oficial de la primera sesión del Cabildo general de Gran Canaria,
junto a distintos expedientes para las biografías del propio marqués y de
O'Donnell, son algunas de sus contribuciones más notables. Ahora bien,
insistimos en que no es sólo una aportación acumulativa la que alum­bra.
Incluyó matices, corrigió equívocos y señaló omisiones, ofreciéndo­nos
al cabo una recapitulación mucho más escrupulosa y fértil sobre la
problemática de 1808. Es cierto que en el libro hay dos obras y , por
ende, dos autores, pero con un solo historiador de por medio: Rumeu.
Al margen de que no se compartan todos sus puntos de vista, es él quien
único refrenda un talante propocionado al oficio de historiar. Frente al
burdo panegírico tinerfeñista, opone el análisis reflexivo y metódico que
por norma le ha caracterizado.
La de Bonnet fue la primera monografía actual sobre el XIX políti­co
canario. Tal vez por ello debiéramos ser algo tolerantes a la hora de
enjuiciarla, mas el ejercicio de la benevolencia es en este caso una proe­za
iniítil que nada contribuye al progreso de la investigación. Aunque
resulten duras estas palabras, estamos firmemente convencidos de que la
historia de la Junta Suprema ha de ser reescrita, lo cual trae aparejado
por cierto escribir la del Cabildo general permanente. Bonnet, y más aiín
Rumeu, deben marcar la pauta para superar después sus yerros y defi­ciencias
según las corrientes históricas imperantes. No es ésta la misión
que aquí nos propusimos, claro está. Pero si lo que ocurre en Las Pal­mas
en 1810 es fruto de las tensiones precedentes, nos atrevemos a pro­poner
la revisión provisional que sigue como punto de partida para ese
nuevo examen. Al fin, podrán apreciarse cuántas cosas permanecen to­davía
sin explicación o están defectuosamente esclarecidas.
271
IV. LA COYUNTURA POLÍTICA DE LA GUERRA DE INDE­PENDENCIA
EN CANARIAS (julio de 1808-mayo de 1810)
Es preciso comenzar por un breve preámbulo. La crisis estatal de
mayo-junio de 1808. con matices peculiares, irrumpe en Canarias de ju­lio
a septiembre. ¿Qué tactores condicionaron el cambio interior? Con
prioridad, los que surgen del virulento estallido de la pugna capitalina.
El concepto de capitalidad no era intrínseco al sistema administrativo
del antiguo réf^nmcn. si bien la centralización borbónica y la acumula­ción
de instituciones en Tenerife a lo largo del XVIM, crearon paulati­namente
los fundamentos para el choque entre ios dos mayores niícieos
poblacionales canarios. La Laguna y Las Palmas sostuvieron un ener­vante
contencioso sobre la ubicación de algunas entidades, que se acen­tuó
en las postrimerías de la centuria. El mismo Bonnet advierte, desde
un principio, que es la inexistencia de una capitalidad deilnida lo que
subyace en las tensiones que la Junta produjo. Los enfrentamientos no
se solventaron a niveles teóricos, de forma nominal, hasta las Cortes del
Trienio y a favor de un tercero en discordia, Santa Cruz de Tenerife.
Más allá, sus consecuencias subsistirían con singular impronta y enlazan
después con el pleito divisionario. El aciago panorama se agudizó inclu­so
al entronizarse el sistema provincial de manos del liberalismo. La se­cular
lucha de las clases dominantes por hegemonizar el aparato de po­der
interno, tenía por meta el control del circuito comercial y la oportu­nidad
de esgrimir mejores bazas en sus relaciones económicas y admi­nistrativas
con el exterior, ya se tratase de Madrid o de Londres. Este
componente ha generado una de las singularidades más relevantes de la
vida política insular.
A la hora de reinterpretar el período de la independencia en las islas
hasta los cabildos generales de Las Palmas de 1810, a la luz de las elabo­raciones
de Bonnet y Rumeu, distinguimos tres etapas en donde se e\-
plicitan posturas e intereses de instituciones y grupos. Un apretado resu­men
de ellas se expone a continuación.
/" etapa: el predominio tinerfeño y la eontestaeión iiraneanaria tjulio-sepliemhre
de ¡SOS)
En Las Palmas se tuvo noticia de la abdicación de Bayona desde el
25 de junio, mas los primeros informes fehacientes sobre el levanta­miento
antinapoleónico fueron traídos el 3 de julio a Santa Cruz por los
comisionados .labat y Jáuregui, que la Suprema de Sevilla envió a Ultra-
272
mar. Las directrices que portaban promueven el cabildo abierto que el
día 1 i se celebraría en la capital tinerfeña, del que nace una Junta que
pasó a abrogarse amplias jurisdicciones en todo el Archipiélago.
La inexacta tipificación que Bonnet hace del proceso a escala esta­tal,
le indujo a suponer la presencia de un «Gobierno nacional represen­tado
por la Junta Suprema de Sevilla» (p.83). En su opinión, las capas
dirigentes de Tenerife se anticiparon o, cuando menos, siguieron sumi­sas
las normas emanadas del mismo, instituyendo esa Junta provincial
en La Laguna para ejercer todas las potestades islefias. Fuera de las
consignas verbales que cursan los comisionados, por oficio de 8 de julio
que dirige al comandante general y abre aquélla tras su arresto'**, Sevi­lla
dispuso la erección de tai órgano gubernativo y con su facultad san­cionaba
a posteriori un proceder tan patriótico. Este magnífico soporte
legitima las atribuciones laguneras y arrincona en el terreno de la sedi­ción
cualquier actitud discordante. Ocurre, sin embargo, que hoy no
puede suscribirse semejante planteamiento inicial, pues adolece de un
peligroso infantilismo reductor. Es el régimen de las juntas, la existencia
de una pluralidad de centros decisorios, lo que caracterizó la crisis de
Estado, siquiera hasta el 25 de septiembre.
La defensa nacional corre a cargo de esos cuerpos de disímil estruc­tura,
producto del federalismo instintivo, mientras imperaba una mani­fiesta
atomización política provocada por el vacío de poder al nivel más
alto (colaboracionismo de la Junta de gobierno que presidió el infante
don Antonio). Mucho se ha escrito sobre la composición y las decisiones
de estos poderes resistentes''^. Los alborotos y movimientos subversivos
que promocionan a las nuevas autoridades, legitimadas por la voluntad
popular, son a la vez patrióticos y revolucionarios, porque a partir de la
lucha contra los invasores deshancan o integran con otro cariz a los res­tos
de la antigua administración. De tal forma, audiencias o capitanes
generales subsisten o pierden su imperio de acatar o no unos organismos
que recortan sus atribuciones y asumen un poder ilimitado, propio de
quien ejerce soberanía. Aún integrándose en las nuevas corporaciones,
los viejos poderes presentan otra fundamentación, pues ya no actúan en
18. Lo trajo el capitán de artillería don Feliciano del Río y se leyó en la sesión del 30 de
julio, ratificándose en él lo que ya habían transmitido don Juan Jabat y el coronel don
Tomás de Jáureguí. Estos arribaron a Veracruz en agosto, depusieron al virrey conju­rado
Iturrigaray y en su lugar designarían a don Pedro Garíbay. (Cf. José ANDRKU
GARCÍA, «El comercio veracruzano durante la Etapa Emancipadora, 1808-1821». en
Monlalhán. n' 14 [Caracas, 1983], pp. 236-237). Su misión en las islas, con el fnandato
de que se instalase una Junta, ha sido probada documental mente por Rumeu (p.
LXX).
19. AYVfES, pp.83-88.
273
nombre de la Corona sino como representantes del pueblo. En vano el
Consejo de Castilla trató de imponer sus prerrogativas sobre los «hom­bres
de 1808»: propietarios, religiosos, funcionarios y oficiales, unidos a
la causa patriótica para hacer derivar la revolución por derroteros de or­den
y reasumir el dominio de la situación^o.
En ocasiones, las juntas se constituyen en poderes territoriales de
ámbito provincial o regional que pondrían bajo su dependencia a las au­toridades
locales. Trece Juntas Supremas provinciales existen ya al tér­mino
del proceso, en los primeros dias de junio, entre las que destacan
las de Sevilla, Valencia, Oviedo, Lérida. Valladolid. Badajoz y Zaragoza,
con un número indefinido de otras auxiliares de matiz local o especiali­zado.
El esfuerzo bélico contra los invasores forzaría a superar este esta­do
de cosas y a promover la creación de un gobierno nacional, mentor
de la conciencia unitaria que presidió la mayor parte de las Juntas. Eos
llamamientos a la «unión sagrada», el papel de los agentes británicos y
el golpe de fuerza de los portavoces de las Juntas del sur. dieron su fruto
tras un trimestre de arduas gestiones^-'. El 25 de septiembre se crea en
Aranjuez la Junta Suprema Central Administrativa, que preside el octo­genario
conde de Floridablanca, llamando a su seno a los representantes
ausentes22. Para conjurar la dispersión, sus treinta y cinco miembros,
mayoritariamente conservadores, recurren a la soberanía nacional--^
Este fenómeno centrípeto, no obstante, hubo de hacer frente a las
tendencias federalistas que abanderaron varias Juntas. Las de Sevilla y
Valencia, ante todo, se resistieron a someterse al rol subordinado que se
les asignaba, pretendiendo hacer de la Central un mero núcleo coordina­dor
de las resoluciones provinciales-^'*. Más lejos aún se llegó en la capi­tal
del Turia. oponiéndose a la convocatoria de Cortes por la Central y
reclamando para los entes autónomos facultades legislativas, identificán­doles
con la nación-^-''. Si los particularismos disgregadores subsisten, es
20. Cf. algunas referencias sobre las actitudes reformistas de varios dirigentes provinciales,
reclutados entre los sectores más progresistas de las clases dominantes, en Josep FON­TANA,
l.a crisis del Antiguo Régimen. l8()fi-l,SJ.i Barcelona. 1979. pp. 71-76.
21. Miguel ARTOLA, Aniiiíuo Régimen yrcmhición liberal. Madrid. 1978. pp. 161-162.
22. Cf J.A. MARTÍNEZ DE VEI.ASCO, I.a Formaeión de la Junta Central. Pamplona.
1972.
23. Cf A. DEROZIER. Manuel Josef Quintana et la naissanee du lihéralisme en Espag-ne.
Paris-Besangon. 1968, f I. 2" parte.
24. CF. E. QLESADA MONTERO. «La Actuación de la Suprema Junta de Sevilla a tra­v��s
del Diario de su Presidente», en .Archivo Hispalense, nums. 147-148. Sevilla. 1968.
25. A propósito de los términos «patria» y «nación» en el vcxabulario de la Independen­cia,
cf Pierre VI1,AR. Hidalgos, amotinados y guerrilleros Pueblo v poderes en la his­toria
de España, Barcelona, 1982. pp. 210-252.
274
porque en la práctica el juntismo propicia un embrión de estados sobe­ranos
independientes al inicio del período y porque sus sectores domi­nantes
se revelan posteriormente contra la incapacitación de la Central.
Los ejércitos se consideraban como fuerzas de corte provincialista que
no era necesario sacrificar a las exigencias nacionales. La insolidaria
conducta de los proceres sevillanos, disponiéndose a atacar Granada o
negándose a remitir un ejército andaluz al crítico frente del Ebro, confir­man
hasta qué punto operan las determinaciones que el atomismo im­puso.
La fragmentación del régimen juntista originó múltiples confiic-tos,
que irían desde la rivalidad ancestral entre pueblos limítrofes a la
sintomática disputa que contrapuso a las corporaciones de La Coruña y
Santiago por el título de «Soberana»^^.
No podía quedar el Archipiélago libre de esta clase de trastornos.
Un falso arranque incapacitó a Bonnet para captar con exactitud las
contradicciones que nuestra Junta Suprema provoca desde su génesis.
Obsesionado con un ficticio monopolio de la legalidad, prescinde del
condicionante capitalino y cae en una auténtica falacia. El problema de
la legitimación, tal y como está planteado, se nos antoja un puro sofis­ma.
La convocatoria de cabildos generales abiertos fue práctica común
en la administración municipal del antiguo réf^imen. En el ámbito de la
normativa imperante, nada hay de sedicioso a priori en el ejercicio de
un derecho al que tradicionalmente recurrían las clases privilegiadas.
No era preciso ningún aval exterior y es absurdo obsesionarse con él o
convertirle en garantía para toda suerte de acciones.
La Junta Suprema de España e Indias que el 27 de mayo se instala
en la ciudad hispalense, no alcanzó a tener la superioridad que Bonnet
le atribuye hasta la erección de la Central. Virtual capital en los prime­ros
meses de la Independencia, fortalecidas sus pretensiones por la victo­ria
de Bailen (21 de julio), terminó reduciéndose a un foco más del jun­tismo,
sin especiales privilegios. Al cumplir las instrucciones sevillanas,
los patriotas de Tenerife creen secundar el mandato de un gobierno úni­co,
pero su interlocutor es apenas una parodia del mismo al que cuestio­nan
otras capitaies^^. Sevilla se dirigió a la isla picuda porque allí resi­día
el comandante general y porque era imprescindible sumarnos al pro­nunciamiento
de forma institucional, si bien en función de tales razones
pudo optarse por Gran Canaria, sede de la Audiencia. ¿ Y de haberse
26. Miguel ARTOLA, Los orígenes de la España contemporánea. II, pp, 295, 382. .199,
445-62 y 556, recoge varios comportamientos provinciales significativos.
27. Los mismos protagonistas de los hechos eran conscientes de que no hablaban con un
gobierno nacional cuando se supeditaron a Sevilla. El 1 de octubre de 1810. al dirigirse
al Justicia y Regimiento tinerfeño, Villanueva del Prado rememora la instalación de la
Junta en estos términos:
275
dado la improbable circunstancia de que Valencia u Oviedo remitiesen
comisionados u oficios con órdenes similares a Las Palmas, no habrían
bastado para neutralizar los requerimientos de la Junta sevillana? Es ob­vio
que múltiples lazos de Índole económica y administrativa {judicial o
religiosa ), nacidos de la mera proximidad o de la ruta con Indias, confe­rían
a la región andaluza una notoria preeminencia en el trato con noso­tros,
mas no por ello debe inferirse exclusividad alguna desde el punto
de vista político en aquellos instantes tan confusos. Dada la situación
nacional, parecía lógico preferir la jurisdicción castrense al Real Acuer­do.
No hay que extralimitarse en la consideración de un elemento for­tuito
o coyuntural.
Sin ningún tipo de motines o tumultos populares, el cabildo general
tinerfeño del 1 I de julio se celebró, al decir de Rumeu, tras «una pacífi­ca
cuartelada» (p. CXII), ocurrencia relevante que Bonnet no llegó a co­nocer.
Un militar de ascendencia irlandesa, el teniente de rey don Carlos
O'Donnell y Anethan, y un aristócrata de La Laguna, el marqués de Vi-llanueva
del Prado, le promoverían con el apoyo de los influyentes regi­dores
insulares. La indecisión del comandante general don Fernando
Cagigal de la Vega y Mac Swing, marqués de Casa CagigaP'^. dio alien­tos
a la confabulación de los sectores militares y civiles que acabaron
por deponerle con el golpe del 8 de julio. El móvil específico de O'Don-nell
para sublevarse contra su superior podría estar, como quiere Ru­meu.
en sus apetencias de mando o en la reciente enemistad que entre
ellos latía^*^. El ambicioso subordinado acaudillaba una facción adversa
a Cagigal que, antes del verano de 1808. reúne a oficiales y funcionarios
«...la isla de Tenerife, en donde residía la fuerza, en donde urgia por momen­tos
la dificultad y en donde por consiguiente se podia cortar en su raíz un mal
que acá o allá ya habían producido algunos síntomas peligrosos, formó, a ins­tancia
expresa del mismo jefe de la provincia, una .lunta de gobierno, a que se
convidó a las demás islas. Cinco de ellas enviaron sus diputados a la .lunta de
Tenerife, que reconocieron con alborozo y que voluntariamente se sujetó des­de
el principio y siempre a la Junta de Sevilla, para conservar este lazo de de­pendencia
respecto a la Metrópoli, mientras no se establecía una autoridad
nacional».
Alonso de NAVA Y GRIMON. marqués de Villanueva del Prado. Obras ¡loliucas.
Santa Cruz de Tenerife. 1974. pp. 161-162. Edición, introducción v notas por Alejan­dro
CIORANESCH.
28. Cf su biografía y la de O'Donnell en RUlVlKll. pp. XXVIl-XLI.quien plantea que am­bos
fueron «los dos polos del eje general de los acontecimientos» de 1808 en Santa
Cruz.
29. El incidente de la representación de la tragedia Owlo. ya relatado por Millares Torres,
es citado por Rumeu a partir del Apunlamicnto y del Manifiesto de Cabral (pp. XLI-XLII).
276
díscolos. Pero si resquemores y discrepancias entre la milicia precipita­ron
los acontecimientos de Santa Cruz, su verdadera raíz reside en las
aspiraciones hegemónicas de los notables laguneros y sus colaboradores
portuarios, esto es, de los cahalleritos educados en el ambiente de las ter­tulias
dieciochescas: nobles, clérigos y burgueses influidos por el mundo
de la Ilustración, ya afmes a un tradicionalismo moderado de corte jove-llanista
o inscritos en la órbita del pensamiento liberal-^0. Los principa­les
dirigentes de la Junta y los primeros beneficiarios de su praxis, serán
precisamente individuos de la gran nobleza propietaria (como los mar­queses
de Villanueva del Prado, de Villafuerte o del Sauzal), junto a po­derosos
comerciantes de los puertos que representaban el santacrucero
don José Murphy y el orotavense don Bernardo Cólogan-^'. Bajo la égida
de La Laguna, las clases dominantes de Tenerife utilizaron a los espado­nes
de la guarnición para imponer un absoluto control sobre las islas,
pretendiendo esgrimirle a toda costa y consagrarle en menoscabo de Las
Palmas.
El primer valladar que hubo de vencer la previsora élite tinerfeña lo
interpuso el equívoco comportamiento de Cagigal. Si urgía anteponerse
a sus contrincantes grancanarios, las vacilaciones del pusilánime mar­qués,
en línea con las de sus colegas de otras latitudes, amenazaban las
preces dominadoras antedichas. No vamos a entrar en la polémica sobre
su posible afrancesamiento, aunque nos parecen muy atinadas las pun-tualizaciones
que Rumeu hace a Bonnet, siempre desde la perspectiva
de contemplar la cuestión como «punto vidrioso y discutible», sin pre­tender
asertos conclusivos. Mediante un inteligente expurgo de la co­rrespondencia
entre el comandante general y don Gonzalo O'Farril, mi­nistro
de la Guerra y miembro de la Junta de gobierno constituida por el
rey Fernando al partir hacia Bayona, Rumeu avizoró otra manera de
apreciar la conducta del otrora valeroso soldado, sin eximirle por ello de
las faltas a las que entonces se hizo acreedor, sin iniciativa ni arrojo-^^.
30. El mismo autor (pp. XLIV-XLVIII). elaboraría unas atinadas apreciaciones a propósi­to
del sustrato ideológico de los componentes de la Junta. Cf. también al respecto Enri­que
ROMEU PALAZUELOS. La Económica a través de sus acias. Años 1776 a
IHOO. La Laguna. 1970.
31. Cf. Marcos GUIMERA PERAZA. José Murphy (1774-1S./'). Su vida, su obra, sus in-cógnitas.
Santa Cruz de Tenerife, 1974 y «Bernardo Cólogan y Fallón (1772-1814)»,
en A.E.A.. núm. 25 (Madrid-Las Palmas. 1979). pp. 307-355.
32. C omo Rumeu indica, Cagigal no fue el afrancesado neto que pretendieron sus enemi­gos.
O'Farril no llegó a ser ministro de la Guerra de José I hasta el 7 de julio, por lo
que el comandante general desconocía su postura cuando le escribe las dos cartas del
26 y 30 del mes anterior. El Cagigal de entonces era para Rumeu un «traidor en poten­cia
», un «mal patriota», «acobardado por su propia responsabilidad». He aquí cómo
compendia el dilema en el que estuvo inmerso:
277
Pese a todo, importa señalar que. al partir los comisionados de Sevilla el
3 de julio, Cagigal se había adherido sin reparos a su Junta y por ende a
la Independencia. Cuando, cinco días más tarde. O'Donnell sublevó a
las tropas y se hizo con el mando militar de Canarias, no existían vali­mientos
patrióticos para tal proceder, ni para la cautividad y procesa­miento
del exonerado-'-'. Según Rumeu. la ambición del teniente de rey
condujo a la sublevación contra el general cuando las ambigüedades de
éste ya habían desaparecido.
Siendo exactos tales juicios, quedan por explicar otros factores en
liza. Cagigal. en efecto, no suponía en ese instante «un pcUi^ro en poten­cia
para la causa nacional», mas sí era temible en relación con los men­tados
afanes dominadores. El comandante general no pretendió nunca
reunir un solo cabildo abierto en Tenerife. Antes al contrario, se incli­naba
por otro de carácter provincial que habría de convocar la Audien­cia
en Las Palmas, lo que participó a sus componentes el 20 de junio y
al ministro de la Guerra el 26-^**. La embarcación procedente de Cádiz
que ancló en la mañana del 5 de junio en Santa Cruz, divulgó el anuncio
«Su obsesión era verse aislado entre una España, a lo mejor sumisa, como
Holanda, Ñapóles o Westfalia y una America insurrecta o sumisa, teniendo
entonces que entregarse en brazos de Inglaterra, como única salida posible
ante tal atolladero» (p.LXIlI).
Chil. por su parte, ya habia apuntado que Cagigal creyó a O'Farril al servicio del rey
Femando (Ms. 4. Ibis. 455-456).
^'S. Cf.los interesantes párrafos del Apuiuamicnlo sobre la inequívoca disposición antina­poleónica
del comandante general el .^ de julio, que Rumeu reproduce (p.LXIV). Acto
seguido corrige las afirmaciones de Bonnet en cuanto a las misivas de Jabat y Jáuregui.
que si llegaron efectivamente a su destino por conducto de Cagigal.
Es verdad lo que dice Rumeu: Bonnet no dispuso de la documentación necesaria
para caracterizar con la amplitud debida los episodios de Santa Cruz de mayo a julio.
Entre otras cuestiones, ignoró el golpe militar de O'Donnell previo al cabildo abierto y
retrasó la detención de Cagigal hasta el dia 13. dos después de entronizarse la Junta y
como si hubiera sido por acuerdo de ella (pp. 57-58). Lo que en La Laguna se hizo fue
darle un ropaje legal a poslerioh. refrendando hechos consumados. Rumeu reflejó el
tenso clima que en Santa Cruz se respiraba contra el marqués, a partir del Apunta­miento
y del Memorial ác\ vizconde de Buen Paso (p. LXVII). aduciendo taxativamen­te
la simple confirmación de 0"Donnell en el puesto que ya desempeñaba (p.CXII).
34. «Tengo escrito a la Real Audiencia para que se junte un cabildo general, porque estoy
cierto de que las gentes sensatas de las islas piensan de otro modo que las que siguen al
partido a cuya cabeza ha querido ponerse O'Donnell» (BONNET. p. 29). Digamos asi­mismo
que la tesis de Rumeu sobre este último ya fue escrita por Chil:
278
del levantamiento del 2 de mayo en Madrid. No era posible, sin embar­go,
hacerse todavía una idea exacta de lo que estaba ocurriendo-*''. El día
14 recaló el bergantín llamado «El Currutaco», de la matrícula de Vigo.
con informaciones más concretas sobre el alzamiento antifrancés, ratifi­cadas
a la postre por otro buque-^^. Cagigal mandó el 18 a todos los go­bernadores
de las armas hacer fuego contra cualquier tropa extranjera
que se presentase en las islas, enviando en calidad de mensajero al capi­tán
de artillería don Feliciano del Río con una extensa carta para O'Fa-rril^''.
Las cosas no estuvieron aclaradas definitivamente hasta el 3 de ju­lio.
Resulta muy complicado dilucidar los propósitos que alimentó el
comandante general durante la segunda quincena del mes anterior. Es
razonable creer que haya pretendido ponerse de acuerdo con el tribunal
para una actuación conjunta, fuera del alcance de sus antagonistas. Ase­diado
por la doble presión de O'Donnell y los edecanes capitalinos,
aceptó en última instancia la convocatoria de La Laguna a regañadien­tes,
cuando en principio se inclinó por un cónclave común en Las Pal­mas,
al amparo de la institución con potestad para autorizarle y que él
mismo presidía. Chil expuso esta actitud, basándose en el extracto de los
expedientes de la Audiencia que reproduce Bartolomé Martínez de Es-
«Es innegable que el Teniente de Rey O'Donnell, a falta de dotes de gobierno
y de un espíritu verdaderamente liberal del que estaba muy lejos, como mani­festó
después, poseía un atrevimiento y una actividad incansables; que frente
al Comandante general. Marqués de Casa-Cagigal, buen hombre pero débil e
irresoluto, debía vencer necesariamente, como lo consiguió al fin. La ambi­ción,
pues, del uno y la falta de energía del otro fueron causas determinantes
de la lucha que se empeñó entre ambos...» (Ms. 4, fol. 454).
De la Rosa, más recientemente, señala que O'Donnell «se valió hábilmente tanto
de las ambiciones del marqués de Villanueva del Prado como de las pocas simpatías de
éste por el de Casa-Cagigal». Leopoldo de la ROSA OLIVERA, Introducción al Dia­rio
de Juan Primo de la Guerra, f I, pp. 30-31.
35. «Muy dificíl es hacer juicio de las razones que producen dichos sucesos y las noticias
vienen frecuentemente disfrazadas y con apariencia de inciertas», anotó el vizconde de
Buen Paso (Diano, 11, p. 31).
36. José DESIRÍ: DLIGOUR, Apuntes para la Historia de Santa Cruz de Tenerife, desde
su fundación hasta nuestros tiempos. Santa Cruz de Tenerife, 1875, p. 197.
37. Rumeu, en este punto, insiste a propósito de su conocida opinión (p. LIV);
«... para Cagigal no había la menor inquietud o preocupación sobre la inde­pendencia
de la nación, sobre la fidelidad a la dinastía, sobre los juramentos
prestados a su rey; sólo le interesaba conocer quién tenía más visos o probabi­lidades
de consolidar su situación política en la Península, para, de acuerdo
con el menor riesgo, tomar una resolución definitiva».
279
cobar-***. Nos inclinamos por suponer, incluso, que fueron estas intencio­nes
las que sembrarían la alarma entre los circuios tinerfeños deseosos
de tomar la delantera a los grancanarios. Las entrevistas del regidor To­rres
Chirino y Villanueva del Prado con Cagigal el 18 de junio, tuvieron
en esta cuestión otro de sus motivos capitales, por encima de la biísque-da
de una terminante declaración antifrancesa-^'^. Al recibir el pliego que
O'Donnell leyó a sus partidarios la noche del 28, el marqués le desauto­rizó
para conminarle a hacer exhibiciones patrióticas de ninguna índole,
advírtiéndole su aspiración de oír a las autoridades legítimamente cons­tituidas
y el haber cursado instrucciones para celebrar cabildos generales
con ese objetivo'^*^. El 29 expresó al Regimiento y .lusticia de Tenerife la
conveniencia de acudir a tal medida, nueve días después de su comuni­cación
al tribunal. En el oficio que el .^0 dirige al corregidor tinerfeño,
don José María de Valdivia y Legovien. le dice al anunciarle la fecha del
11 de julio para inaugurar la asamblea:
«... no espero que este paso influya enteramente en el logro del fin
deseado, y creo se conseguirá completamente si ese Real Acuerdo se
sirviese convocar a un cabildo o Junta general de toda la Provincia
que hubiese de celebrarse en esa Isla como Capital de aquella, presi­diéndola
el mismo Tribunal»'".
El 2 de julio, el marques volvió a plantear a regente y oidores este
deseo y dos días después recibió una respuesta favorable. En el Ínterin
arriban los comisionados Jabat y Jáurcgui y la posición de Cagigal, inse-
.•Í8. CHIL.fols. 456 y 465-466 y Bartolomé MARTÍNEZ DE ESCOBAR. La Oran Cana­ria.
Compilación Je lo.s derecho.', y ¡indos que esta isla posee como capital de las siete a
que da nombre: y su Ciudad litoral, el Real de Las Palmas. Por un canario. Las Pal­mas.
1855. pp. 102-104. La creencia de que Cagigal intentó establecer una junta local
en Santa Cruz de Tenerife al margen de su cabildo, asi como erigir otra de ámbito pro­vincial
en Gran Canaria presidida por el regente de la Audiencia, fue tomada de Désirc
Dugour por Leopoldo de la ROSA OLIVERA, Evolución del Réi;imen Local en las Is­las
Canarias. Madrid. 1946. cap. VI.
.^9. El testimonio posterior de don Alonso de Nava en el expediente incoado a Cagigal. no
parece ser muy ecuánime respecto de la postura del marqués o lo suficientemente dig­no
de fe en cuanto al contenido de aquel diálogo. En el .•\puntamiento se lee que el co­mandante
general dio a conocer al noble lagunero su determinación de repeler a los
franceses, atribuyéndose éste en sus confesiones el mérito de la misma. RUMEll. p.
Lili y BONNET. p. 18,
40, Ignoramos los términos del oficio que redactó el teniente de rey. con el que pretendió
«probar hasta qué punto podia contar con las simpatías populares y la debilidad de
Cagigal», DESIRE DUGOIIR. p, 200,
41. MARTÍNEZ DE ESCOBAR, p, \QV. subrayado del autor. Cita el expediente de la
Audiencia de donde tomó el documento.
280
gura en el asunto de la goleta «La Mosca», se clarifica enteramente. El
golpe del 8 de julio se materializó así para impedir que coexistiesen dos
cónclaves en Canarias por lo menos, como fórmula inquebrantable para
garantizar el exclusivismo de La Laguna. El comandante general no iba
a prescindir de la Audiencia, pues por obligaciones de su cargo era re­nuente
a toda marginación de sus ministros. Recurrir a ellos, sustentar el
papel que les correpondía dentro del sistema, significaba arrebatar a Te­nerife
la posibilidad de encabezar el movimiento patriótico sin rivales.
Verificar en Las Palmas un cabildo abierto con el plácet de Hermosilla y
sus colaboradores, habría reportado la aparición de una Junta defensora
de los poderes constituidos tanto como de sus designios de capitalidad,
quedando en igualdad de condiciones ante Sevilla y aún con mayores
ventajas por tener tras de sí a aquellos magistrados y ningún disenso con
la cúpula castrense. O'Donnell fue, pues, el agente que los patricios de
la isla picuda precisaron para encarrilar la situación en su único prove­cho.
La sedición del ambicioso coronel esconde la rebeldía de sus clases
privilegiadas contra los delegados gubernamentales del antiguo régimen.
similar a la que ocurrió en otras provincias. La Suprema sevillana requi­rió
una Junta que dejase incólume la administración jurídico-militar del
Archipiélago. Cagigal no se avino a preterir los derechos de la Audien­cia,
ni los de Gran Canaria a tener paridad con Tenerife en tan grave
coyuntura; hasta el último instante trabajó por hacer valer su autoridad
y porque del cabildo del 11 de julio surgiera un ente afin a. su persona'*^
Es irrebatible lo que querían los proceres laguneros y sus aliados. El te­niente
de rey les sirvió de dócil instrumento y obtuvo sustanciales ga­nancias
por su insubordinación. El primer acto de nuestra Suprema fue
confirmarle interinamente en el empleo del marqués, cuya deposición se
produjo no por sus barruntos afrancesados, sino por oponerse a los
cálculos de Nava y los regidores. Al socaire de las protestas exaltadas de
patriotismo se ocultan a menudo intereses más bastardos.
Cuando la Junta era un órgano de exclusiva factura tinerfeña y O'­Donnell
su fiel brazo ejecutor, se acometió la tarea de someter a los rec­tores
grancanarios. Por iniciativa del comandante general interino, y con
42. Bonnet apunta las incorrecciones que cometió Désiré Dugour ai narrar los planes de
Cagigal (pp. 31-33). Ahora bien, aunque éste contase con el ayuntamiento desde el 29
de junio, aceptara la convocatoria del cabildo tinerfeño en La Laguna y no pretendiese
formar una junta en Santa Cruz, sus miras referentes a Las Palmas no deben silenciar­se.
Además, tanto la reunión que el 7 de julio celebra con sus partidarios como la co­municación
que ai dia siguiente remite a los regidores, con una lista de las personas
que podrían elegirse, demuestran sus deseos de asegurarse la docilidad del organismo
que habría de actuar en la isla.
281
la anuencia de aquella en sesión del 15 de julio, el vocal don Juan
Creagh y Plowes, caballero de la Orden de Santiago, teniente coronel de
Infantería y sargento mayor del Batallón de Canarias, recibe el cometido
de arrestar y sustituir al gobernador de las armas don Juan Verdugo, con
el mandato expreso de remitirle a Santa Cruz como encartado en el pro­cedimiento
que contra Cagigal se seguía. Portador de oficios para la Au­diencia,
el obispo y los cabildos secular y eclesiástico, el gallego Creagh
aportó a Las Palmas el 21 y cumplió puntualmente su intrépida embaja­da.
Sorprendidos por la rapidez y contundencia de semejante actuación,
los timoratos edecanes de la ciudad no pudieron oponer ante el audaz
emisario juntista más que pasquines y vagas conminaciones''^
Al recensionar los estudios de Bonnet-Rumeu, el maestro Serra Rá-fols
atribuyó a una absoluta ausencia de caudillos el retraimiento con
que los oligarcas de la isla redonda acogerían el rumbo vacilante de la
revolución^''. Sin un Villanueva del Prado y sin un O'Donnell, no fue­ron
capaces de repeler el posicionamiento conservador de la Audiencia,
cuya insensible apatía llegó a ser más flagrante que la de Cagigal porque
faltó quien cuestionara su mutismo. Esta pasividad, ya planteada por
Millares Torres, oculta no obstante algunos matices que no conviene pa­sar
por alto''-\
Los integrantes del tribunal (el regente don Juan Benito Hermosilla
y los oidores don Francisco Alfonso de Tuero, don Tomás de Quevedo
Bueno y don José de Oromí), habían cursado providencias el 9 de junio
para que se proclamase a Fernando Vil por rey en todo el Archipiélago.
La comunicación de Cagigal del día 20, con la sugerencia de un cabildo
general de la provincia en Las Palmas, les trazó el camino a seguir y
quedaron a la espera de sus orientaciones. El 25 arribó al puerto de La
Luz la goleta «La Mosca» y, tan pronto como se supo cuál era el objeti­vo
del Barco de Bayona, el regidor y síndico personero don José de
Quintana y Llarena y el doctoral don Gracíliano Afonso reclamaron la
inmediata detención de su capitán, el vizcaíno don Mariano Isasvíribil.
43. En el Manifiesto que el 27 de septiembre elaboró Ciordillo en nombre del pcrmancnic.
editado en la imprenta de la Económica, se dice que Creagh engañó a una delegación
del ayuntamiento que fue a percatarse del objetivo de su comisión, contestándole bajo
palabra de honor que era puramente militar. José Agustín ALVAREZ, RIXO, Cuadro
histórico de estas Islas Canarias o noticias f>cnerales de su estado y acaecimientos más
memorables durante los cuatro años de /WW a IHI2. Las Palmas. 1955, Apéndice IV,
p. 208. Prólogo de Simón BKNITEZ PADILLA y epilogo de Francisco de QUINTA­NA
Y LEÓN.
44. Revista de Historia, n* 88 (La Laguna, 1949), pp. 419-423.
45. Historia General, f IV, p. 22.1.
282
El corregidor don Antonio Aguirre hizo abortar un pian para su captu­ra,
con el que un grupo de particulares intentó contrarrestar la toleran­cia
del coronel Verdugo hacia el enviado de José I a Ultramar^^. Llarena
mismo demandó cuanto antes el cabildo que Cagigal proponía, para
adelantarse a Tenerife'*^. Este insistió en sus propósitos el 2 de julio y el
4 la Sala se mostró totalmente de acuerdo con ellos. La élite política
grancanaria se situó en pos de la Audiencia y la Audiencia detrás del co­mandante
general. El modo en que iba Las Palmas a sumarse a la causa
patriótica no exigió romper con las autoridades existentes, que se mos­traron
partidarias de abanderar sus requerimientos capitalinos. A prime­ros
de julio, las perspectivas eran muy halagüeñas y sólo unos pocos de­mostraban
su inquietud ante la confianza de los más en la alternativa de
orden que se les había presentado. He aquí el por qué de la inercia que
caracterizó a los dirigentes insulares desde la llegada de «La Mosca».
46. A él se hizo referencia en el citado Manifiesto del 27 de septiembre, p. 207.
47. CHIL, fols. 449-450. El regidor perpetuo Quintana anotaría en sus memorias (ALVA-REZ
RIXO, Apéndice X, «Vida política del coronel don José de Quintana y Llarena»,
pp. 267-268):
«...conociendo el racional anhelo de las Islas, opiné desde el primer momento
por que se instalase en Canaria la Junta que todos apetecían, siguiendo el sis­tema
que para su salvación adoptara la Península, e insté para que en esta
isla no se perdiesen momentos, entre otras razones de política, por la podero­sísima
de prevenir y evitar las escisiones que ya nos amenazaban, teniendo
presente que en tales revueltas pierde siempre el que tiene que perder, sí care­ce
del tino necesario para colocarse en el nivel de las circunstancias que le ro­dean,
máxime teniendo enfrente una rival tan poderosa como Tenerife, que
no olvida, como tampoco lo olvidaban las otras islas, la acogida que dimos al
barco de Bayona y que frecuentemente nos lo lanzaban a la cara. Aparte lo
conocidamente público, por casualidades que no son del caso referir, yo me
hallaba sobradamente impuesto de cuanto se trató en secreto cuando la acogi­da
que dimos a tal barco y su comandante, el oficial de la Real Armada Izar-viribil.
Cúpome la satisfacción de que mi actitud en este particular, y en cuya
opinión me siguieron unos cuantos regidores, sirvió a poco de escudo con el
que se cubrió el Cabildo Permanente para poder rechazar las justas reconven­ciones
que nos hizo la Junta Central por la recepción de tal barco».
No tenemos constancia de que la Central reconviniera al permanente por el tema
de «La Mosca». La de Sevilla sí lo hizo el 18 de agosto de 1808 (BONNET, p. 121), di­rigiéndose
al cabildo ordinario. Los enfrentamientos de Quintana con el grueso de la
dirigencia insular, quizás invalidan un tanto sus puntos de vista, obviamente interesa­dos
y parciales. Otra de las materias conflictivas que trata consiste en la utilización de
los «bayonistas» por parte de Creagh, halagándoles y engañándoles al unísono hasta
dominar la situación. Cf Néstor ÁLAMO, «La Calada de la 'Mosca', una página de la
historia de Gran Canaria», en Revista de Historia Canaria, n' XXVI (La Laguna,
1960), pp. 193-244.
283
Probablemente los grancanarios no creyeron a sus antagonistas ca­paces
de ir tan lejos en sus acciones. La deposición de Cagigal el 8 de ju­lio
les cogió por sorpresa y la tranquilidad de la víspera se trocó en des­concierto.
El precio que pagaron por acomodarse a los poderes consti­tuidos
fue el de perder la capacidad de iniciativa. Más grave aún fue su
fidelidad a tales principios en las casi dos semanas siguientes. Inmovili­zados
por su anterior seguridad, no tenian ni el programa ni la organiza­ción
que poco a poco había tomado cuerpo en La Laguna y Santa Cruz.
Sus miradas se dirigieron hacia la Audiencia, que el 21 proclamó a Las
Palmas capital provincial y sede de sus órganos gubernativos'***. La reso­lución
de Creagh evitó que pudiera fraguar un temprano foco antitiner-feño.
La mayor equivocación de los políticos palmenses fue creer que al
amparo del tribunal sus reivindicaciones estaban lo suficientemente se­guras,
hasta el punto de no ser preciso movilizarse para imponerlas. El
Real Acuerdo hizo gala de un ordenancismo similar al de otros sanedri­nes
peninsulares y temió la apertura de un cabildo general del que po­dían
salir recortadas sus atribuciones. Hizo falta una segunda incitación
de Cagigal, para que se decidiera a favorecer el camino asambleario. El
misoneísmo de Hermosilla y sus compañeros les impidió inclusive
adoptar una postura concluyente en el asunto de «La Mosca». Un repu­dio
cerril a toda clase de alteraciones está presente todavía en el bando
que publicaron el 23 de julio, para exhortar a la calma ante la interven­ción
expeditiva del vocal lagunero.
Pese a todo, la resistencia grancanaria frente a Tenerife alcanzó a
tener en la Audiencia su principal bastión. Como Rumeu dice, ésta no
podía suscribir el intemperante cese de Cagigal ni la destitución de Ver­dugo
por el «poco diplomático» Creagh'*^. El 1 de agosto aprobó un
auto por el que reducía las competencias de la Junta únicamente a Te­nerife
y, en consonancia con la instrucción del 29 de mayo de la Supre­ma
hispalense, exigió el límite de seis vocales y por exclusiva labor la de
contribuir al socorro del reino. Tres semanas tardó el tribunal en deci­dirse
a repeler los atributos que se abrogaron los cabecillas nivarienses.
La presión de la opinión pública en Las Palmas, el arrogante proceder
del nuevo gobernador militar y el temor de que las restantes islas termi­naran
por someterse al organismo intruso, determinaron el fin de su ex­cesivo
comedimiento.
48. CHII,.fol.462,
4'^. «La Junta Suprema de Canarias preparó con estas dos inhábiles decisiones los carriles
por donde se habían de deslizar y precipitar los acontecimientos» (p. LXXXVIll).
284
La rivalidad entre la Audiencia y la Junta no ofrece los mismos ma­tices
que en la región asturiana, cuyo ejemplo aduce Bonnet. Es lógico
admitir la natural antipatía de aquélla hacia lo que significó el régimen
juntista, mas desde finales de julio era el método y no el sistema lo que
debía condenarse particularmente. Así lo hizo la Sala, entre otras razo­nes
porque era ilícito que una isla se alzase con la representación de to­das,
eliminando manu militari la propuesta unitaria de Cagigal. No es
posible medir con el mismo rasero de otras zonas las actitudes isleñas,
en virtud del factor distorsionante que representó el problema capitali-no^
O. Para comprender lo que ocurrió aquí en el verano de 1808, hemos
de considerar que dos instituciones comunes del viejo orden tomaron
partido por Las Palmas. Quienes debieron sublevarse no podían ser
otros que los tinerfeños. De haber sucedido a la inversa, ese papel habría
correspondido a los grancanarios. Como veremos, en 1810 sucederá pre­cisamente
esto último, sin que se alcanzasen las cotas conflictivas de dos
años atrás.
La manifiesta falta de objetividad que abunda en la monografía de
Bonnet, hizo que ignorase los enormes yerros que presiden los trabajos
de La Junta. Rumeu planteó acertadamente el más serio de todos, esto
es, el «irritante desequilibrio» que hay en su composición, pues ante die­ciocho
portavoces de Tenerife se señalarían apenas cinco puestos para
sus opositores, reducidos a dos en propiedad porque
«el representante reservado para llevar la voz de la Real Audiencia y
los dos que ejercerían funciones en nombre del Cabildo eclesiástico,
eran miembros, por así decirlo, regionales, que nada tenían in slrictu
scnsu que ver con Gran Canaria»".
50. No nos parecen acertadas las opiniones de Bonnet referentes a la sempiterna enemiga
del tribunal hacia el régimen de las juntas, ya que varios de los textos que él mismo re­produce
demuestran justamente lo contrario. Cf tales valoraciones al reseñar las acti­tudes
de los ministros detenidos en Tenerife y de los que permanecieron libres en Las
Palmas (pp. 96-97).
51. ¡hidetn. pp. LXXI-LXXII. Para el autor, la Junta cometería este «error grave y dos re­gulares
desaciertos»; su obsequiosidad en repartir grados y honores y la detención y
juicio de Cagigal. Con razón, expresa igualmente:
«Si el Cabildo abierto en Tenerife hubiese obrado con la máxima cordura que
las circunstancias aconsejaban, debió limitarse, al proceder a constituir la
Junta, a elegir los representantes de la Isla y a designar con carácter de interi­nidad
los cargos directivos de la misma, en espera de que fuesen o no confir��mados
por la asamblea mancomunada de todas ellas; luego en un plano de
igualdad, absoluta y total o por lo menos casi absoluta dirigirse a la isla de
Gran Canaria para que en Cabildo abierto designase el mismo número de re­presentantes,
y, por último, invitar a las islas menores a enviar también sus
representantes, en proporción a su población, importancia y riqueza. Esto
hubiese sido obrar con arreglo a una lógica irrefutable».
285
Desde La Laguna jamás se proclamó abiertamente la doctrina de la
reversión de la soberanía a! pueblo. La extracción social de la Junta en­torpecía
a priori cualquier veleidad «revolucionaria». Aparte de los títu­los
de nobleza ya conocidos, entre sus diecinueve miembros iniciales
aparecen cinco religiosos (el vicario Martínez, el beneficiado Bencomo,
el prebendado agustino Gonzáles de Soto, el provincial de los dominicos
Delgado y Cáceres y el ex provincial de los franciscanos Texera), más
otros tres individuos pertenencientes a la nobleza insular (el capitán y
regidor perpetuo Tabares de Roo, el capitán Urtusáustegui y el teniente
coronel Mesa, caballero de la Orden de Alcántara), a quienes habría que
añadir los representantes por «la ciudad», González de Mesa y el regidor
Torres Chirino. La presidencia y la secretaría estuvieron en manos de
nobles y eclesiásticos que a lo sumo se adscribían al reformismo borbó­nico
dieciochesco. O'Donnell y Creagh, por el «cuerpo militar», fueron
básicamente los garantes y ejecutores de los que respaldaban sus ascen­sos.
La única expresión propiamente burguesa se reduce a los delegados
del «público», los abogados Pérez de Barrios y Lenard, y los del «comer­cio
», los antedichos Murphy y Cólogan y Fallón. La ideología liberal la
encarna el masón don José Murphy y Meade, elegido el 23 de diciembre
de 1807 como segundo cónsul del Real Consulado de Canarias'''^.
Amén de este componente tan poco «popular», aquellos principios
soberanos estaban reñidos con la práctica discriminatoria que desde el
primer momento imperó en Tenerife. Reducir la representación de
Gran Canaria al nivel de La Gomera en una corporación de naturaleza
provincial, era la mejor forma de enardecer los ánimos y fomentar toda
suerte de discordias. No se nos malinterprete en este punto. Estando en
juego intereses económicos y políticos, no había lugar para la mesura.
Los grancanarios, de tener ocasión, se hubieran conducido de idéntica
manera, eliminando una distribución equitativa y, por ende, cualquier
paridad a la hora de las decisiones.
La desautorización que suponia el auto del 1 de agosto, cuando nin­guna
otra isla se había definido, amenazaba con desarbolar la preponde­rancia
juntista en ciernes. Al recusar los títulos que se esgrimían desde
La Laguna, la Audiencia pretendió evitar que todo el Archipiélago la se­cundase,
dejándola arrinconada en un segundo plano. En Las Palmas
mismo empezaban a detectarse síntomas de convulsión que inquietaron
a Creagh enormemente. Maniobrando con suma inteligencia, consiguió
crear una compañía de granaderos, se ganó al corregidor y hasta contó
con espías en el cabildo grancanario, militares que le informaban de
52. CIJIMERA VVM\7.\. José Murphy... pp. 10-12.
286
cualquier pormenor^-^ El 5 de agosto alertó a O'Donnell acerca de los
temibles contactos entre los capitulares y el tribunal^'*. Nava y sus cola­boradores
no se atrevieron a dictar las providencias oportunas para re­primir
a los ministros, pero sí a sostener cuanto su comandante general
ejecutara. Un pelotón al mando de don Juan Megliorini detuvo el 19 al
regente Hermosilla y al fiscal Oses, que con el auxilio de Aguirre fueron
remitidos de inmediato a Santa Cruz. El ex teniente de rey alentaba así
alcanzar un doble designio: abortar una hipotética sublevación en Gran
Canaria, sostenida por los jueces, y garantizarse la mansedumbre del Ar­chipiélago.
La lección de fuerza no fue inútil, si bien terminó malográn­dose
en uno de sus propósitos. El frente común entre la Audiencia y los
privilegiados de la isla redonda, resultó de un episódico consenso entre
preteridos que se necesitan mutuamente; aquélla requería una base so­cial
para oponerse a la Junta y éstos un sostén legal en aras de lo mismo.
Se brindaron por ello la cobertura necesaria cuando la autoridad militar
«intrusa» dio muestras de un desenfreno absoluto, indicativo de que no
iban a consentirse tentativas adversas a sus patrocinadores^^.
La puesta en marcha de tal política represora coexistió con un se­gundo
requerimiento de la Suprema a los cabildos grancanarios, para
que la reconociesen sin más demoras. El elemento civil, escudándose en
una inexistente sanción sevillana^^, ofrecía una mano abierta mientras
53. ALVAREZ RIXO, p, 18. La existencia de esta especie de «quinta columna» viene ava­lada
por el escrito que «algunos naturales del fiel y leal Tenerife» envían a la Suprema
el 12 de septiembre. En el Manifiesto grancanario del 28 se habla de que Creagh hizo
uso de su ascendiente sobre el estamento militar, ha existencia de partidarios de la
Junta en el cabildo general del día I. confirma que había un reducido sector de tinerfe-ños
que trabajaban sin estorbo alguno. Al producirse el motín, diversas personas insta­ron
su detención inmediata.
54. Cf. el cruce de oficios entre el ayuntamiento y el ya conocido por «Tirano» popular­mente,
a propósito de la proclama y el bando que publicó este último el I de agosto,
en BONNET, pp. 78-83.
55. La forma en que se practicó la detención de Hermosilla fue al parecer en extremo veja­toria.
Según el acta de la primera sesión del cabildo general, que Rumeu inserta tex­tualmente,
se le sacó «de su misma cama y lecho nupcial, sirviéndose de oficiales de
un carácter atroz que no le permitieron acabar de vestirse; y que sin sombrero, desme­lenado
y en calcetas y chinelas, lo llevaron, a vista y consentimiento de este Jefe
(Creagh), por las calles más públicas de esta ciudad, hasta el embarcadero, como si fue­se
un reo facineroso...» (p. XCVII).
56. En pliego de 8 de julio, que como indicábamos trajo a Tenerife el capitán Del Río, el
presidente de la Junta sevillana, don Francisco de Saavedra, señalaba a Cagigal:
«En Canarias no hay que mudar cabezas, pues que lo es V.E., pero sería
oportuno que V.E. crease, a semejanza de lo que se ha hecho en toda España,
una Junta Suprema de gobierno que con V.E. velase a todo, atendiese al buen
orden, y a la defensa común y conservase el dominio de esas Islas a nuestro
Rey y señor don Femando VII».
287
con la otra, el sector castrense, aplicaba un resolutorio tratamiento coer­citivo.
Los integrantes del tribunal que permanecían libres, no dieron
muestras de someterse. En la sesión del 24 de agosto, e! ayuntamiento
pareció ceder al elegir en calidad de diputados al teniente don Francisco
de Aguilar Romero y al subteniente Quintana y Llarena. Se trataba de
una cortina de humo. Nunca hubo realmente voluntad mayoritaria de
adherirse a la Junta ni de acatar sus leoninas condiciones''''. La resigna­ción
era una simple treta para engañar a Creagh y hacer que O'Donneil
permaneciese inactivo. Bajo cuerda se tejían ios hilos de la rebelión.
Después del embarque del regente, no contamos con testimonios de
agitaciones inmediatas contra el gobernador militar y el «partido tinerfe-iio
», aunque León indique lo contrario-''*^. En Las Palmas prosperó, al
parecer, una minoría dispuesta a claudicar, pero otros dormían fuera de
sus casas por miedo a ser también deportados-'''^. No andaban muy des­caminados
estos últimos, ya que O'Donneil conminó la expedición de
los más significativos desafectos con el patrón de la nave «Tambora»^*'.
Aguirre y Creagh, contrariamente, pensaron que todo discurriría sin
mayores contratiempos. El 26 se autorizaba la convocación de un cabil­do
general, a fin de que ratificase o no los dos vocales que el ordinario
designara. Sus preparativos y los de la insurrección insular corrieron pa­rejos.
Ochenta y tres cabildantes se congregaron el 1 de septiembre en la
casa-habitación del arcediano don Luis de la Encina, obispo electo de
Arequipa^'. Allí estaba el alférez mayor don Fernando del Castillo, III
El aval hispalense, pues, no otorga legitimidad alguna para desobedecer lo que
proveyó la Audiencia el 1 de agosto, como Bonnet mantiene. Si el comandante militar
había sido desplazado (el escrito se recibió el 30 de julio), los consejos de Sevilla eran
letra muerta cuando se les empleó como excusa por los junteros y demás autoridades,
para cortar el impacto negativo que el desaire judicial iba a tener, tomo recurso dema­gógico
es comprensible si se conceptúa desde la perspectiva de encubrir una insurrec­ción
sediciosa (o más bien, dos. contra Cagigal y contra la Audiencia), bajo el manto
protector de un beneplácito externo que no poseía en ese instante las dimensiones
apuntadas.
-''7. En el tercer oficio que cita C'hil (Ibl. 467), la Junta manifestó estar dispuesta a admitir
en su seno «tantos diputados de Canarias cuantos eran los individuos que componían
el Cabildo secular». Ni siquiera con este «generoso» ol'recimiento se hubiese equilibra­do
la composición de aquélla, pues a éste lo conformaban nueve integrantes.
58. Francisco Maria de LEÓN, Apuntes para la histona de las Islas Canarias. 1776-lKhS.
Santa Cruz de Tenerife. 1966. p. 88.
ALVAREZ RIXO. p 19
CHIL, fol. 486. Llegó al puerto principal grancanario el 4 de septiembre. Las palabras
del comandante general interino iban en clave: «Rcmitamc V. a Santa Cruz en primer
barco los Colosos de Rodas» (MILLARES TORRES, f. IV. p. 229. n. 15).
Cr la Razón eireunstaneiada... que integramente publicó Runieu. pp. LXXXIX-XCII.
59
60
288
conde de la Vega Grande, rodeado de una pléyade de figuras del antiguo
régimen local: el tesorero catedralicio, don Lorenzo Montesdeoca; el
prebendado y juez de Expolios, don José Romero de Franchy; los nueve
regidores y los cuatro diputados del Común; los priores de los conventos
de Santo Domingo, San Francisco y San Agustín; los letrados don José
Vázquez de Figueroa y don Domingo Suárez Travieso, respectivamente,
síndico personero general y abogado del cabildo ordinario; el fraile agus­tino
don Antonio Raymond y el canónigo don Esteban Fernández Isaza,
ambos en nombre de la Sociedad Económica; el alguacil mayor, don Mi­guel
Manzano; el cura del Sagrario, don Pedro Gordillo; doce vecinos
por el partido de Vegueta e igual cuantía por el de Triana, más dos apo­derados
por cada uno de los diecisiete pueblos de la isla.
La sobresaliente participación de la nobleza emana de la vincula­ción
de funciones rectoras en determinados linajes, como piezas de
mayorazgo^^. Las regidurías están casi monopolizadas por familias de
abolengo aristocrático (Falcón, Romero, León, Llarena, etc.), con rela­ciones
de parentesco entre ellas y otras de similar alcurnia o más distin­guidas,
pertenecientes todas al círculo de la terratenencia insular^^. Los
grandes propietarios, titulares de diversos vínculos, aportan en Vegueta
algunas personalidades, como el palmero don Nicolás Massieu y Soto-
62. José PERAZA DE AVALA, «Introducción» al Nobiliario de Canarias. V. I. La lagu­na,
1952, pp. XXVIII-XXIX.
63. Los regidores de estirpe nobiliaria serían: en calidad de decano, don Manuel del Río y
Ponte, nieto de los condes del Palmar y caballero hijodalgo notorio por auto de
28-V-1777, yerno del coronel don Juan Fernando del Castillo-Olivares y Gutiérrez de
Lanzas, ex gobernador de las armas, alcaide del castillo de Santa Ana y castellano
principal de La Luz; el capitán don Agustín Falcón y Béthencourt„cuñado político del
anterior y una de las principales fortunas del país por virtud de su matrimonio; el capi­tán
y alguacil del Santo Oficio don Baltasar de Llarena y Falcón, primo hermano y cu­ñado
del anterior, jefe de la rama 2" del marquesado de Acialcázar; el subteniente don
José de Quintana y Llarena, síndico personero en 1807, sobrino del anterior y casado
con una hija del marqués de Acialcázar, ligada por su madre al condado de la Vega
Grande; don Isidoro Romero y Ceballos, ex síndico personero y juez subdelegado de
Indias y de Marina, futuro suegro del capitán don Juan Antonio Salí, cabildante por
Triana; el capitán don Juan María de León y Romero, cuñado de Falcón y Béthen-court
y del coronel Verdugo, cuyo padre había sido regidor, alguacil de la Inquisición,
gobernador militar, director por dos veces de la Económica y alcaide del castillo de
Santa Ana; el teniente don Francisco de Aguilar y Romero, primo del anterior y gober­nador
del castillo de La Luz, y, por último, el subteniente don Santiago Bravo de La­guna
y Muxica. El único que parece quedar al margen de esta élite nepótica es don
Francisco Xavier Ximénez, comisionado de la Real Caja de Consolidación. Cf Nobi­liario
de Canarias, V III. pp. 103-104; f II, pp. 736-737 y 759-760; V I, pp. 428-429.
483-486 y 723-724. n. 1.
289
mayor o el capitán don Pedro Bravo de Laguna^**. Aparte del presbítero
don Leonardo Calderín Reyes, los profesionales liberales cuentan en este
distrito con una singular presencia, englobando a los médicos don Nico­lás
Negrín Fons y el genovés don Juan Bautista Bandini^^ ai jurista don
Domingo Penichet y al profesor de Bellas Artes don José Pérez Lujan.
En cuanto a Triana, sólo el citado Salí figura con la condición de noble.
Aquí es la burguesía, lógicamente, la que ocupa un lugar destacado. Los
comerciantes descollan con prohombres de ascendencia irlandesa como
don José Shánahan o don Patricio Russell, además del de origen italiano
don Miguel Sortino y el maltes don Luis Vernetta, boticario y arma-dor^^.
También se incluyen el facultativo don José Antonio López Ro­dríguez
y dos multifundistas, don Domingo Gil y don Domingo de Gra­cia
Sánchez^^. Los burgueses dominan igualmente el elenco de portavo­ces
rústicos, muchas veces por vía de los alcaldes reales; aunque el de
Arucas, don Mateo de Matos y Quintana^**, era un noble de la rama me­nor
de la casa de Matos. En su mayoría tratábase de agricultores cuya ri­queza
creció al compás de su actividad pública, hasta extenderse por
otras parroquias. Un Pedro Castellano en Arucas, tanto como un Fran­cisco
Gil Navarro en San Mateo, un Bernabé de Vega en Santa Brígida o
un José Perera en Artenara, podrían constituir algunos de sus principa­les
exponentes^^. El clero rural no tuvo en los prolegómenos sino una
presencia de segundo orden, circunscribiéndose a Telde y Teror.
64. Aquél fue caballero de la Orden de Alcántara, regidor perpetuo de Lxi Palma y sargen­to
mayor de sus Milicias desde 1796, familiar del Santo Oficio y síndico personero
grancanario en 1778-1784, 1787-1788, 1794-1802 y 1804-1806, además de cofunda-dor
en Las Palmas de la Sociedad Económica. Bravo de laguna y Huerta era lio del
1". marqués del Sauzal y hermano político de Falcón y Béthencourt. Ihidcm. t° II. pp,
191 y 760.
65. Juan BOSCH MILLARES, Historia de la medicina en Gran Canaria. I. L^s Palmas.
1967, pp..327-330.
66. Op. eil.. pp. 333-334.
67. Gil se hizo en 1808 con 25,9 fanegadas de tierra en el Monte Lentiscal, pertenecientes
al cabildo; Sánchez compró otras 8,4 de la Intendencia de Propios seis años después y
usurpó 11,6 en el mismo punto, Cf, BÉTHENCOURT MASSIEU y MACIAS HER­NÁNDEZ,
p, 248.
68. Nobiliario, f III, p, 809,
69. Castellano sería el primer comprador de bienes de propios en Lentiscal, con sus 72.2
fanegadas de 1811, a las que agregó otras 9,10 usurpadas. Esta misma línea la secunda­ron
el gobernador militar Ascanio, el alcalde mayor Díaz Bermudo y otros tres cabil­dantes:
el regidor Quintana y Llarena, Negrín y Suárez Travieso. Un sector de las cla­ses
dominantes locales se aprovechó, así, del vacío de poder en la administración cen­tral
y de la crisis hacendística para incrementar su patrimonio a costa de las tierras
municipales.
290
Al convertirse el cabildo general en permanente y alcanzar su confi­guración
definitiva^" sobre un total de noventa y cinco miembros que
aparecen el 12 de octubre figuran diecisiete religiosos, agregándose a los
ya conocidos los obispos Verdugo y Encina, el arcediano de Fuerteven-tura
don José de Viera y Clavijo, el inquisidor fiscal don Antonio Eche-nove
y los beneficiados de Guia y Agaete. La nobleza, grande o peque­ña,
está localizada en el seno de la oficialidad o suboficialidad de las Mi­licias
Provinciales, pese a no exigirse esa cualidad más que para el coro­nelato.
Tales empleos permanecen adscritos por norma a las jerarquías
concejiles y otros cargos honorables, que el elemento nobiliario contro­laba
en primer término. De los once capitanes, tres tenientes y seis sub­tenientes
recogidos, varios son de extracción burguesa (el capitán don
Pedro Russell, secretario de la Económica, el teniente De Vega o los
subtenientes Padrón y Gil, capitán de Puerto, al igual que los capitanes
Martín de Gáldar y Merino de Guía), quedando casi todos los demás en­tre
los nobles. Estos serían aún reforzados con la inclusión del regidor
perpetuo don José de Matos y Azoft"a, emparentado con el propio Ver­dugo.
Clero y nobleza, en suma, proporcionan unos treinta y cinco indi­viduos,
más de la tercera parte de la asamblea. Claro está que el número
no se corresponde con el poder efectivo que ambos estamentos detenta­ron.
Los portavoces pueblerinos apenas concurrían a las deliberaciones
y su participación fue meramente testimonial''', siempre subordinada a
la élite capitalina. Los avecindados en Las Palmas a los que puede atri­buirse
un carácter burgués, son profesionales, comerciantes o funciona­rios.
Tres de los cuatro diputados del Común eran procuradores: don
Rafael Pastrana, don Pedro de Zarate y don Antonio José Pérez^2 ^
quienes se une el catedrático Carros. Idéntica filiación social poseía don
Policarpo Padrón, depositario general y administrador de Correos. El
presidente del cabildo, el alcalde mayor don Juan Bayle, ejerció asimis­mo
de abogado. Al menos diecisiete de sus integrantes pertenecían a la
Sociedad Económica a fines de 1808^^: el capitán Russell, Falcón, Ro-
70. Francisco de QUINTANA Y LEÓN, «Comentarios y notas», en ALVAREZ RIXO,
pp. 322-325.
71. La manutención de los diputados rurales se solucionó en la sesión inaugural gracias ai
prior dominico, que les franqueó su convento mientras permaneciesen en la ciudad
(«Relación circunstanciada...», p. 195). No creemos, sin embargo, que de esta forma se
haya podido remediar el problema alimentario durante los once meses que duró el
cónclave. La falta de fondos para atender dichos gastos, impidió sin duda una partici­pación
constante del elemento campesino. Muchos eran alcaldes pedáneos y tenían
obligaciones oficiales que cumplir, fuera de las estrictamente personales.
72. Este último fue también notario de la Curia Eclesiástica.
73. Cristóbal GARCÍA DEL ROSARIO. Historia de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Las Palmas (1776-1900). Las Palmas-Valencia, 1981, pp.218-226.
291
mero Ceballos, Massieu, Bravo de Laguna, Raymond, Del Río, Viera,
Montesdeoca, Aguilar, León y Romero, Fernández, Bandini, Pérez Lu­jan.
Oses. Romero de Franchy y Gordiilo; en los años siguientes se in­corporarían
otros seis más, cuatro de ellos en 1809-1810 (Macías, Ló­pez,
Bayle y Penichet).
Esta fue la composición del organismo que desafió al poder tinerfe-ño.
alumbrando la disidencia grancanaria. Al abrir sus sesiones, el corre­gidor
Aguirre exhortó a los presentes a no apartarse del marco previsto
en un discurso conciliatorio y claudicante, tras el cual dio lectura a un
oficio de Creagh redactado en parecidos términos, donde repudiaba «las
muchas ideas y determinaciones falsas que algunos inconsideradamente
han esparcido»^'^. El síndico personero propuso después solicitar la
aprobación de la Real Audiencia, que se obtuvo en seguida. El cabildo
eclesiástico informó por boca de sus delegados que restringían sus votos
a la nominación de los vocales requerida por O'Donneil, mas era evi­dente
que el espíritu de los asambleístas marchaba por otros derroteros,
pasando a la ofensiva inmediatamente. Gordiilo. el predicador Ray­mond
y el prebendado Fernández hicieron uso de la palabra para de­nunciar
las arbitrariedades de Creagh y exigir su destitución, proponien­do
que se negara obediencia al comandante general «intruso»^''. La li­bertad
de los votantes, en nombre de sus derechos soberanos, fue enar-bolada
para alterar las bases de la convocatoria. El cónclave dispuso ad­vertir
al gobernador militar que se considerase cesado en sus funciones.
En este punto «intervino» el pueblo.
El motín del 1 de septiembre estuvo protagonizado en particular
por campesinos de Telde que encabezaban los labradores Matías Zurita,
Diego Jiménez y Pedro Henriquez, responsables de las partidas que per­manecían
apostadas en las inmediaciones de la Plaza de Santa Ana^^.
La organización de esta «fuerza de choque» había sido obra de los pode­rosos
e influyentes beneficiados de la localidad, don Adrián de Cubas y
74. RIJMEU. p. XCV.
Tí. MILLARES TORRES, f IV. p. 226. En la «Relación circunstanL'iada de las resultas y
decretos del Cabildo General Permanente, celebrado en la Ciudad de Canaria el \° de
septiembre de 1808. por sus obedientes vasallos y compatriotas de la Suprema Juma
de Tenerife», en ALVAREZ RIXO. Apéndice I. pp. 191-192. se extractan los discur­sos
de «estos tres oráculos», señalándose que los demás repitieron sustancialmente lo
mismo.
76. «No se oía en la Ciudad ruido, ni se veía gente extraña, sino casi la de siempre. Pero en
la esquina S.E. de dicha Plaza estaban dos o tres aldeanos con sus capotes y monteras
usuales, equipados de un buen caracol. En la calle de los Reyes lo mismo; y lucra de
aquella portada muchísima chusma de Telde y otros Pueblos, con mucho orden y si­lencio,
capitaneados por Manuel Surita, aldeano robusto v resuelto, de la jurisdicción
de dicho Telde». ALVAREZ RIXO. p. 19.
292
don Cristóbal de Morales, que «pusieron en campaña a todos sus allega­dos
»^^. En la sombra actuaban el conde de la Vega Grande y el oidor
decano Tuero. El grupo de tinerfeños que presenció el desarrollo de los
incidentes, contó a la Suprema el día 12 que don Fernando del Castillo
fue el auténtico instigador de la presencia campesina^^. La participación
popular en el tumulto estuvo, pues, fomentada y dirigida por las clases
dominantes y la Audiencia^^. Los campesinos y los grupos urbanos que
acabarían sumándoseles, no pasaron de simples comparsas prestos a de­poner
cualquier actitud demasiado levantisca. Morales dio la señal para
que irrumpiesen en escena, haciendo sonar el primer caracol. La desig­nación
de Ascanio como gobernador militar interino y el nombramiento
de corregidor en la persona de! alcalde mayor Bayle, eran dos decisiones
tomadas de antemano por los dirigentes de la asonada. Si las detenciones
de Creagh, Megliorini y Aguirre ocasionaron algunos aparentes excesos.
el capitán de la guardia don Juan María de León, el conde, el padre
Raymond o ios beneficiados de Telde y Agaete, se encargaban al punto
de encauzar debidamente la cólera que habían desatado^^ Reunido en
la Saleta, el tribunal se limitó a sancionar los acuerdos del cabildo y las
mutaciones pactadas con antelación a buen seguro; en la «Relación cir­cunstanciada...
» se llega a leer que los oidores contemplaron los hechos
77. CHIL. fols. 468-469. Armados con fusiles, garrotes y demás, se habían reunido en la
plaza tóldense de San Juan e hicieron alto en el callejón de los Reyes al llegar a L^s
Palmas.
78. «Ya de antemano estaban todos prevenidos y dispuestos a ejecutar lo que posterior­mente
acaeció, pues el Señor Conde de Vega Grande, individuo de dicho Cabildo, tuvo
arte de influir a los Teldcnscs y particularmente a sus dependientes y mayordomos,
para que se presentasen en esta Ciudad y fomentasen el motín, siendo las principales
cabezas, un tal Sosa y Surita, que animaban al seducido populacho». ALVAREZ
RIXO, p. 191.
79. «Entre los que más entusiasmaban al pueblo se veía al Conde de Vega Grande. D.
Juan María de León, al Padre Raymond y otro fraile Agustino llamado el Padre Ra­mos
» (CHIL. fol. 471). Zurita recibía órdenes directamente del noble antedicho. Cf
Prudencio MORALES, Hace un sinlo. /WW-/.W9. Recuerdos históricos. Las Palmas.
1909. p. 179. Epílogo de Luis MORÓTE.
80. El encarcelamiento de Creagh en el castillo de Mata, sacándole de la casa condal adon­de
primero se le condujo, parece ser la única exigencia con que los tumultuados trans­gredieron
el plan previsto. No puede excluirse, de cualquier forma, que todo haya sido
una farsa con la que se pretendió aquilatar la magnanimidad de los artífices del motín
y su prudencia para evitar males mayores. Los testigos tinerfeños comentarían que los
teldenses solicitaron la cabeza del corregidor, contentándose luego con pedir su con­ducción
al castillo de Gando. León y Romero fue nombrado jefe de la guarnición de la
plaza, confiriéndosele el empleo de comandante del Batallón que Ascanio tenia, y el
también capitán don Pedro Ramos ocupó el puesto de Megliorini como gobernador
del castillo de San Francisco. RDMELJ. pp. XCVIIl-XCIX. MILLARES TORRES, f
IV. p. 227 y ALVAREZ RIXO. pp. I9.-Í-194.
293
con simpatía, ante el entusiasmo general. La muchedumbre se desahogó
con «mueras», imprecaciones y silbidos, mientras sus jefes se movían di­ligentemente.
Apoyado por el gentío, el capitán León hizo imposible la
resistencia del incauto Creagh con argumentaciones y promesas. Entre
vivas al rey Fernando y al Real Acuerdo, Morales felicitó a los alborota­dores
y les hizo saber que mantendrían preso al vocal de la Junta hasta
que fuesen liberados el regente y el fiscal*^'. El «despotismo militar» ni-variense
terminó en Las Palmas sin efusión de sangre, al mes y medio de
ser instaurado. El premio concedido a las «masas» consistió en el saqueo
de la recoba y en la liberación de los reos no condenados a la pena capi­tales.
Tras declararse permanente, el cabildo puso al corregidor a disposi­ción
de la Audiencia, formándole causa el oidor Quevedo. El doctor Ne-grín,
a continuación, expuso su parecer de que se ofreciera a Tenerife el
mantenimiento de relaciones mercantiles, respetando la absoluta inde­pendencia
de ambas islas y reservándose Gran Canaria el derecho de ex­portar
sus millos a Madera y sus judías a Cádiz con entera libertad, en
caso de una contestación negativa. La asfixia económica debía conjurar­se
fomentando el comercio exterior, ya que los principales efectos im­portados
procedían de los puertos tinerfeños. La falta de numerario cir­culante
quedó sobre la mesa, pendiente de un tratamiento en profundi­dad^-^.
En la segunda sesión se abordó el examen de los documentos in­cautados
a Creagh, eligiéndose a los comisionados que habrían de defen­der
su causa en la Península**"*. El día 5 salieron en un bergantín portu­gués,
que fue atacado en extrañas circunstancias por una fragata mer­cante
inglesa procedente de Gibraltar. Se insinuó que algunos amigos
del ex gobernador de las armas habían convencido con dádivas a su ca­pitán,
para que capturara el buque fletado; el consignatario Vernetta y
los intérpretes don Juan Cambreleng y don Miguel Corvo, supuestos
cómplices, tuvieron que esconderse para escapar de la ira del «pueblo».
í* I • Kl propósito era canjearle por los detenidos en Tenerife. También se aprehendió al
ayudante de plaza. Aguijar Martínez.
X2. MILLARKS TORRKS. t" IV. p. 228. t.os productos de esa rapiña se distribuyeron en­tre
los mismos presos y los asilados del Hospital de San Martin, aunque es muy proba­ble
que no lodos tuviesen una asignación tan filantrópica. F.l conde y el oidor decano
T uero repartirían algunas monedas, hasta persuadir a los más exaltados de que se reti­rasen
a sus hogares respectivos. AI.VARKZ RIXO. p. 19.^.
**3. Ihiclcm.
*<4. l-.n la sesión del 2 fueron elegidos primeramente el conde, el doctor Negrin y el preben-"
dado Romero, que renunciaron a las 48 horas, sustituyéndoles el abogado del cabildo
ordinario .Suáre/. el diputado del común Carros y el regidor falcón.
294
El cabildo fue convocado a las doce de la noche y en la mañana entrante
tomó declaraciones a los acusados, considerándoles inocentes^^
La peripecia es indicativa del estado de excitación en que vivía el
vecindario de Las Palmas. Ascanio ya tenía prescrito el cierre de los
puertos insulares (sobre todo los de Gáldar, Agaete y Aldea de San Ni­colás),
a fin de mantener en secreto las mudanzas políticas y estar al tan­to
de los planes de O'Donnell. La documentación de Creagh y el mensa­je
arrebatado al patrón de la «Tambora», fueron suficientes para que to­mara
cuerpo la sospecha de un ataque. A los tres días fondeó otra nave y
la lectura de la correspondencia del ex teniente de rey terminó de perfi­lar
este albur**^. Al momento se publicó un bando para alertar a la po­blación,
trazándose un rudimentario sistema defensivo^^. En medio de
semejante climax se produjeron algunas detenciones. La oportunidad,
según parece, sirvió de excusa a quienes anhelaban proceder contra ima­ginarios
simpatizantes juntistas****. O'Donnell, en todo caso, no llegó tan
X5 Al.VARKZ RIXO. pp. 21 22; MILLARES TORRES, f IV. pp. 228-229 y MORA­LES,
p. 222, que destaca la mediación apaciguadora del permanente. La inclusión de
Vemctta en las testificaciones de 1810. a lo mejor procede de su enemistad con los ca­bildantes
de 1808.
86. En ella venía el comandante don Francisco de Aguilar, que inmediatamente fue ence­rrado
en el Castillo de La Luz,
87. CHIL (fbl. 488) lo copia literalmente. Las fuentes coinciden al enumerar los aspectos
esenciales de esas medidas. En la «Relación circunstanciada...» (ALVAREZ RIXO. p.
198). se manifiesta lo siguiente:
«... que al primer tiro de cañón se presentasen en las plazas de Santa Ana y
San Bernardo, para impedir la invasión que los de Tenerife tenían premedita­do
hacer en la Isla, defendidos de los chuzos y demás armas que les suminis­traría
el Cabildo, cuya invasión se corroboraba por la llegada de un barco es-plorador.
a esta Isla y cartas del Comandante General encontradas a Creagh =
El 11 y el 12 han continuado siempre los Cabildos en los que se ha determi­nado
pasar a tomar confesión al Caballero Creagh y Corregidor, siguiendo
siempre el paisanaje el orden del Cabildo en ir armados de chuzos y demás
pertrechos ofensivos a rodear la marina para impedir el desembarco de los de
Tenerife; también están avisados los campos para que a la primera voz de ca­ñón
del Castillo del Rey se presenten en la ciudad».
Chil (fol.493) recoge idénticos extremos, aclarando que los chuzos, «lomados de
los depósitos del Ayuntamiento», llegaron a distribuirse verdaderamente.
88. «Algunas otras personas visibles fueron arrestadas algunos días después, como adictas
a Tenerife, o por que censuraban tal vez tales o cuales procedimientos del Cabildo;
pero esto ya fue por orden de las Autoridades» (AI^VAREZ RIXO, p, 20), El alférez
del regimiento de Ciuía, el poeta don Rafael Bento y Travieso, fue detenido el 10 y li­berado
a los dos días, tras tomársele declaración, León (p.89) incluye entre los apresa-
295
lejos como en 1854 su homónimo el general Ortega, que sí consideró
la posibilidad de invadir Gran Canaria^^. Pero en Las Palmas no se des­vanecieron
los rumores relativos a una agresión tinerfeña, que resurgi­dos
a don José y don Diego de Quintana y Llarena y al regidor don Juan Jaques de
Mesa y esposa (BONNET. p. 104). El vocal don Patricio Russell intentó en una de las
primeras sesiones del permanente que se detuviera al doctoral don Graciliano Afonso,
acusado de entrevistarse con Creagh en el castillo de Mata, rompiendo la incomunica­ción
a que se le había sometido, para asi salvarle «del furor de la turba y evitar que
fuera asesinado». El subteniente Quintana narró en sus memorias cómo hubo de en­frentarse
a tal «arresto embozado», consciente de la hostilidad del proponente hacia
Afonso y de la falsedad de los cargos que se le imputaban. El capitán don Pablo Rome­ro
y el regidor Romero y Ceballos serian acusados igualmente de connivencia con el ex
gobernador. No disponemos de noticias suficientes para calibrar las contradicciones
que dieron origen a una facción grancanaria opuesta al Cabildo. Intuimos que los ele­mentos
partidarios de adelantarse a Tenerife, aquellos que en el affairc de «La Mosca»
habían expresado una posición de firmeza, fueron marginados al fin por «los bayonis-las
». El religioso y el noble eran particularmente incómodos para quienes no habían
sido capaces de ponerse a la altura de los acontecimientos y tenían flagrantes errores
que ocultar. El subteniente tal vez esperaba alguno de los cargos que recayeron en
otras personalidades, quizás el de León y Romero. Es dificil dilucidar cuánto hay en
sus palabras de auténtico y hasta dónde le hizo hablar el resquemor. Asegura, por
ejemplo, que los cabildantes disolverían al Batallón de granaderos porque sus oficiales
conocían la verdad de lo ocurrido con el Barco de Bayona y no les eran adictos. Al
reorganizarle para destinarlo a la Península, la selección de la oficialidad provocó un
conato de alzamiento para derribar al Cabildo, «restableciéndolo con otras personas de
confianza» libres de cualquier sospecha en el asunto «La Mosca». También nos dice
Quintana que él mismo abortó este pronunciamiento militar, luego de que soldados y
clases formaran frente a su domicilio pidiéndole que tomase el mando y disolviera el
permanente, «acompañando aquella petición con muchas increpaciones contra la fac­ción
hayonisia». La autoalabanza es bastante desmedida en el escrito, pero no conta­mos
con pruebas que cuestionen su autenticidad. Por otra parte, aquel otro que el mar­qués
de Acialcázar adjudica al doctoral Afonso (ALVAREZ RIXO. pp. 287-293), peca
de los mismos defectos. La dialéctica femandistas-afrancesados está aquí forzosamente
desnaturalizada, desde el momento en que se dice que «la cuestión de capitalidad no
tuvo en Canaria un principio de interés real, sino que fue una cuestión creada por los
cómplices en la recepción y auxilios al barco de Bayona, con el fin de encubrir su res­ponsabilidad
» (p. 288). Algunas revelaciones de cierto interés suministra acerca de la
escala de «La Mosca», tras las cuales el filqjuntismo y el anticabildismo beligerante le
restan valor. Al girar todo alrededor de la llamada «confabulación de Isazviribil», ni el
pensamiento de la Audiencia sobre las indicaciones de Cagigal se enfoca adecuada­mente,
ni las aspiraciones capitalinas de La Laguna se consideran como germen de lo
ocurrido. Cf Ihidem. pp. 269-272, y sobre el doctoral, Alfonso de ARMAS AVALA,
«Graciliano Afonso, un prerromántico español», en Revista de Historia Canaria.
nüms. 121-122 (U Laguna, enero-junio de 1958). pp. 72 y 55.
89. Cf Agustín MILLARES CANTERO, «La Junta del Distrito de Gran Canaria de
1854: consideraciones y documentos», en Homenaje a .lllon.so Trujillo. f II. Santa
Cruzdc Tenerife, 1982. pp. 109-20.3.
296
rían en marzo de 1809 al embarcar en Santa Cruz una columna con des­tino
a los frentes peninsulares^^
El 9 de septiembre consiguieron por fin embarcar hacia Cádiz los
emisarios del Cabildo*^'. Se les había adelantado con creces el comer­ciante
santacrucero Murphy, que nominado vocal de la Junta de Sevilla
el 17 de agosto, partió cuatro días después y el 5 de septiembre presenta­ba
sus credenciales en esa ciudad. El día 8 se acercó a Las Palmas la fra­gata
de guerra «Flora» y las comunicaciones que traía dieron a entender
que el Consejo de Castilla ejercía todas sus facultades. La delegación
grancanaria marchó, pues, con la ilusión de que iba a contar con un se­guro
patrono, sensible a cuantos denostaran de las Juntas.
Esta misma esperanza alienta en el oficio que Bayle pasó a Nava el
9 de septiembre, en contestación al suscrito por el marqués el II de
agosto^^. La ruptura entre la Suprema y el permanente se inicia con la
declaración expresa de Gran Canaria como «Isla Metrópoli», una vez
despejado el camino para recobrar «los preciosos derechos de primacía»
provincial. El novísimo corregidor glosa los móviles del levantamiento
grancanario con el natural frenesí, refiriéndose a «las inauditas vejacio­nes
» y al «terrorismo» de Creagh. A la espera del dictamen del Gobierno
Central, bien sea la Junta de Sevilla o el Consejo de Castilla, ofrece
mantener lazos amistosos y comerciales, «cortando únicamente las rela­ciones
de sujeción y dependencia de Tenerife». El enemigo principal
era, desde luego, el comandante general interino, y a él se dirige el auto
que los regidores redactarían el 20 de septiembre, interpretado por Bon-net
como «otro decreto todavía más antipatriótico y más fanático que el
(del) r de agosto» (pp. 96-97). Los magistrados, de común acuerdo con
90. «Igualmente corrió muy válida la bravata de que las tropas de Tenerife antes de verifi­car
su viage a España, para donde fueron con alguna posteridad a las de Canaria, ven­drían
a invadir a esta última isla para sugetarla al dominio de la repugnada Junta. Y el
Cabildo Permanente alborotado con tal nueva, pagó por las noches diversas partidas
de camponeses que vigilasen y guardasen las playas contra la recelada invasión; que
después se ha dicho haberse originado de fanfarronadas proferidas por algunos oficiales
ociosos en el vivac de Santa Cruz» (ALVAREZ RIXO, p.3l). Se equivoca el autor en
cuanto al anticipo del batallón de 600 voluntarios grancanarios. que no marcharian
hasta el 5 de abril, cuando los 1.000 tinerfeños lo hicieron el 29 de marzo.
91. En la «Relación circunstanciada...» (p.l97) se da como fecha del embarque el 8 por la
noche, desde la bahía de La Luz.
92. ALVAREZ RIXO, Apéndice III, pp. 203-206. Bonnet (pp. 108-112) reproduce y co­menta,
con su vehemente favoritismo, poco más de la mitad del documento, ocultán­donos
la última parte que es la que tiene mayor interés. Como coletilla añade que Mi­llares
Torres reconoció «en esos escritos del Cabildo» un estilo «forense y ampuloso»,
cuando la verdad es que tales calificativos sólo fueron aplicados al texto que vio la luz
el 27 de septiembre ( Historia General, f IV. p, 231).
297
los cabildantes, reclamarían ahora de O'Donnell la liberación inmediata
de Hermosilla y Oses y el acatamiento de sus providencias, mostrándose
intransigentes ante los excesos de la autoridad militar. La segunda decla­ración
antilagunera del Real Acuerdo insistía en el respeto a las leyes y
declaraba ilegal a la Junta^^. El contencioso jurisdiccional entre los dos
poderes resurgía con mayor virulencia, tras el derribo de Creagh y sus
partidarios.
La Junta de Sevilla se inclinaba claramente por Tenerife'^'*, por lo
que el establecimiento de la Central, del que se tuvo noticia en La Lagu­na
hacia mediados de septiembre'^ fue saludado en Las Palmas con
cierto regocijo. La nueva desautorización de la Audiencia era mucho
más nociva para la Junta que la del 1 de agosto, pues descansaba en una
institución presta a disputar por todos los medios a su alcance la exclusi­vidad
capitalina. Frente al gobierno en ciernes, los tinerfeños sabían
que la pugna no iba a ser fácil; ante las demás islas, los grancanarios no
ignoraban cuan laborioso iba a ser desmontar los mecanismos de O'­Donnell
y la Suprema, por mucho que enarbolasen el auxilio interesado
de los jueces.
La «guerra de comunicados» públicos entre el Cabildo y la Junta
fue iniciada por aquél el 27 de septiembre, con un prolijo Manifiesto
que tenía por norte fomentar la desafección del Archipiélago hacia la or­ganización
lagunera'^. Las Palmas no logró disponer de un vehículo tan
útil como el Correo para divulgar sus puntos de vista, pese a lo cual la
imprenta de la Económica trabajó a pleno rendimiento, editando cuan­tos
papeles minasen la autoridad de sus enemigos. El primero llegó tar-
93. La réplica de O'Donnell, fechada tres días más tarde, consistió en aducir las resolucio­nes
adoptadas por la .lunta de Sevilla el 17