Censos y tributos en Canarias a fines del Antiguo Régimen

              CENSOS Y TRIBUTOS EN CANARIAS A FINES
DEL ANTIGUO REGIMEN
J. R. NÚÑEZ PESTANO
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Nuestro objetivo a la hora de presentar esta ponencia la VIII
COLOQUIO DE HISTORIA CANARIA AMERICANA, con­siste
en ofrecer una interpretación provisional sobre el problema
económico que traían consigo los censos y gravámenes a que se
hallaba afectada la mayor parte de la propiedad territorial en Cana­rias
a fines del Antiguo Régimen, así como dar una sucinta visión del
lento proceso de redención de este tipo de rentas propiciado por la
revolución burguesa española con el fin de despejar el camino al
desarrollo del capitalismo agrario.
El intetes reciente por el estudio de las transformaciones del
mundo rural que acompañaron a la revolución burguesa española es
suficientemente conocido como para necesitar un repertorio biblio­gráfico
exhaustivo. En tal sentido, a los trabajos iniciales dedicados
a analizar los cambios en las estructuras regionales de la propiedad
de la tierra, le ha sucedido un intento de sistematizar los resultados y
definir la metodología a seguir!. Hasta ahora las prioridades histo­riográficas
diseñadas por las investigaciones se han ceñido a los
siguientes aspectos: la desamortización de la propiedad, los cambios
en el modelo de fiscalidad, el proceso de formación del mercado
nacional y la tranfomación en los mecanismos de apropiación de la
renta agraria.
Evidentemente el primero y el último de estos aspectos están
íntimamente interconectados. Las formas que presenta la apropia­ción
del trabajo excedente está íntimamente asociadas con la del
modelo histórico mediante el cual se define la propiedad de los
medios de producción, instancia donde acaba institucionalizándose
la reproducción de los mecanismos de distribución de la renta entre
las clases sociales.
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Mediante el estudio de los cambios en la distribución de la tie­rra
se puede percibir en gran medida el carácter que tuvo la revolu­ción
burguesa española, que acabó por acoger en el marco de las
clases agrarias a la burguesía procedente de los sectores urbanos o
surgida en el propio seno de las comunidades rurales mediante meca­nismos
de enriquecimiento favorecido por la crisis del Antiguo Régi­men.
Pero la revolución burguesa no supuso tan sólo un masivo
cambio en la titularidad de la tierra que pasó, en la mayor parte de
los casos, de manos de los municipios y el clero a las de la burguesía
y la antigua terratenencia nobiliaria, sino que además comportó un
desmantelamiento de las viejas fórmulas legales que había adoptado
la distribución de la renta agraria entre el cultivador directo y el pro­pietario
rentista.
Bien sea bajo cualquiera de las variantes que puede presentar la
enfiteusis en el derecho agrario local, o mediante la renta usuaria asimi­lable
al censo, lo cierto es que las formas que presenta la renta
agraria en España en los siglos XVI-XVIII siguen reconociendo un
conjunto de derechos coincidentes sobre la propiedad que limitaban
el ejercicio absoluto y libre de la propiedad del suel02 •
La penetración del capital en la agricultura, necesaria para
superar los límites a la productividad y el ciclo de caídas tendencia­les
de la renta propios del feudalismo, sólo podía producirse si venía
acompañado de dos cambios fundamentales «la propiedad privada
del 'suelo y el carácter mercantil que tienen todos los productos
agrícolas»3.
En tal sentido, la revolución burguesa española debió resolver
la disolución de las antiguas formas de apropiación de la renta here­dadas
del feudalismo a fin de acomodarlas al modelo de propiedad
privada, afrontando así la disolución del régimen señorial y la aboli­ción
del diezmo; sin embargo, la tranformación dejas formas de pro­piedad
basadas en el censo resultaba más compleja. La maraña de
intereses basados en la. superposición de derechos sobre la tierra
implicaba no sólo al campesinado y a las clases feudales, sino que
abarcaba además a la propia burguesla agraria que había consoli­dado
su situación como «propietaria intermedia» entre el campesi­nado
y los antiguos perceptores de censos y tributos. Allí donde la
burguesía rural había logrado consolidar su posición en cuanto a la
propie.dad de la tierra por la vía de la adquisición del dominio útil, la
determinación jurídica sobre quien recaería la propiedad absoluta de
la tierra no fue un problema fácil de resolver4.
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Censos y tributos en Canarias a fines del Antiguo Régimen 49
En Canarias el censo, tanto en su versión de censo enfitéutico
como de censo al quitar, alcanzó una gran difusión, debido a la
importancia que tuvo la imposición de rentas agrarias como medio
usual de obtención de crédito y como forma de asegurar la base eco­nómica
exigida para ingresar en el estamento eclesiástico (dotes de
profesión para las monjas y constitución de capellanías y patronatos
de legos para alcanzar la ordenación del clero masculino).
Las características jurídicas del censo en Canarias fueron estu­diadas
hace tiempo por el profesor de Ayala, quien elaboró un deta­llado
artículo sobre el particularS, hoy, sin embargo, creemos estar
en disposición de ofrecer una visión más amplia del papel del censo
agrario como mecanismo de distribución de la renta agraria en
Canarias durante el Antiguo Régimen' y de la trayectoria histórica
que llevó a su redención.
Los censos y tributos gravados sobre las propiedades, que tan­tas
quejas motivaron a fines del siglo XVIII, componían un intrincado
laberinto jurídico constituido en tomo a tres modelos básicos: el
censo perpetuo y otras formas de renta asimilables al pacto enfitéu­tico,
el tributo redimible, y la manda piadosa.
El censo perpetuo, también denominado de fundo, se rige por
las normas de la enfiteusis clásica. Tanto en los tributos en especie
como en dinero, los censos denominados en la documentación como
de fundo contemplan la dualidad de dominios (útil y directo), y
demás condiciones anexas al pacto enfitéutico (comiso, laudemio y
tanteo). Asimismo, la aparcería perpetua, de difusión mucho más
restringida que el censo perpetuo, era interpretada como una versión
más de la enfiteusis y por lo tanto regía para ella la dualidad de
dominios, si bien el derecho de laudemio que se abonaba al propie­tario
del dominio directo en caso de venta de la tierra resultaba mucho
más pesado en las medidas perpetuas que en los censos enfi­téuticos.
En cuanto al origen de este tipo de censos perpetuos muchos
corresponderían a auténticos contratos de colonización de tierras,
mediante los cuales se buscaba favorecer el asentamiento de pobla­dores
en terrenos marginales o apartados del centro de residencia
del rentista, asegurándose al mismo tiempo una renta sin grandes
costes de administración y cobranza de la misma, y garantizando
(en el caso de los censos frumentarios) un aprovisionamiento regular
de trigo y otros cereales para el consumo doméstico y para la satis-
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facción de salarios en granos destinados a las labores de las grandes
haciendas vitícolas6 •
El censo enfitéutico como contrato de colonización agraria, con
todo lo que ello suponía a la hora de hacer recaer todos los costes de
organización y reproducción del sistema agrario sobre la familia
campesina, siguió teniendo un carácter marcadamente absentista
como correspondía a una clase social rentista que extendía su con­trol
sobre la propiedad territorial a través de toda la isla y necesitaba
canalizar la distribución del excedente en su propio beneficio con los
menores costes de apropiación posibles y sin derogar el estatus
social que la alejaba de las actividades produtivas agrarias. En ese
sentido siguió considerándose el censo hasta fines del Antiguo Régi­men
como una forma de renta típicamente nobiliaria aunque no
necesariamente tenía que ser ese su origen ni el sector social al que
iba dirigida7•
El censo perpetuo no había surgido solámente de la necesidad
de poner en cultivo tierras mediante la cesión del dominio útil al
campesinado, sino que era consecuencia de la penetración del capi­tal
mercantil en la tierra a la búsqueda de rentas agrarias8 • El capital
acumulado fuera de la agricultura acababa transformándose en renta
de la tierra mediante la constitución de censos reservativos, o simu­lando
censos enfitéuticos mediante la estratagema de requerir la
cesión de la plena propiedad de la tierra sobre la cual va a recaer el
canon censual para luego hacer cesión del dominio útil de la tierra al
propietario original9 •
El cambio esencial en este sentido entre los siglos XVII y XVIII
respecto a la constitución de rentas perpetuas sobre las propiedades,
vino determinado por la preferencia hacia la constitución de censos
frumentarios que se aprecia en este último siglo a medida que los
precios de los cereales comienzan a rentabilizar los ingresos en fru­tos.
De todas maneras a finales del siglo XVIII la competencia de
otras formas de prestamo usuario como la obligación hipotecaria y
la retroventa van a restar importancia al censo reservativo como
forma de préstamo rural, cuyas posibilidades de expansión se halla­ban
limitadas por la existencia de tributos enfitéuticos más antiguos
que impiden legalmente la constitución de nuevos censos frumenta­rios
sobre las propiedades.
Desde fines del siglo XVIII, el peso de las rentas perpetuas
sobre el conjunto de la propiedad territorial en Canarias aumentó
debido a los efectos del repartimiento a censo de tierras de propios.
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Censos y tributos en Canarias a fines del Antiguo Régimen 51
Los repartos de tierras concejiles y baldías efectuados a finales de
aquella centuria y comienzos de la siguiente se llevaron a cabo bajo
una modalidad de censo reservativo simple similar a la enfiteusis,
pero que no implicaba el reconocimiento de los derechos de laude­mio
y tanteo en favor del estado o los municipios que percibirían el
cánon de las suertes repartidas. De esta manera, aún en el marco del
proceso de descomposición del Antiguo Régimen se llevó a cabo
una extensión de las formas feudales de renta agraria, que aunque
suavizadas por unas mejores condiciones contractuales para el
colono, buscaban simplemente restablecer las bases del sistema eco­nómico
del antiguo Régimen regenerando la vitalidad de la unidad
familiar de producción y del sistema de pequeña producción
campesina11.
Los tributos redimibles contituyeron otra modalidad de crédito
rural muy difundida en Canarias debido a las constantes demandas
de dinero que suponía mantener el nivel de vida de la terratenencia,
a las frecuentes inversiones que requerían las haciendas de viñedo,
y la ciclo de los ingresos procedentes de las rentas de la tierra y del
sistema de comercialización de los vinos.
Al contrario de los tributos perpetuos, estos censos al quitar
podían ser redimidos en cualquier momento mediante la devolución
del capital prestado, no obstante, las dificultades eventuales de los
propietarios para descargar sus propiedades de los múltiples gravá­menes
que habían constituido en el pasado y la caída de los ingresos
de los propietarios de tierras vitícolas a causa de la crisis del viñedo
que se produce en el siglo XVIII, impidieron afrontar la redención de
muchos de los tributos redimibles constituidos en el pasado que aca­baron
convirtiéndose de hecho en pesadas rentas perpetuasl2 •
Si bien el tributo redimible puede ser asociado al crédito hipote­cario
en cuanto a su naturaleza jurídica, desde el punto de vista eco­nómico
venía a suponer un simple mecanismo de redistribución de la
renta agraria en beneficio de quienes disponían de capital acumu­lado.
Las grandes disponibilidades monetarias de los conventos
femeninos se dirigieron preferentemente hacia la práctica de esta
forma de crédito como consecuencia de las limitaciones socio­jurídicas
que impedian la administración directa de propiedades por
parte del clero femenino y de la especial incidencia que tenía la con­dena
legal de la usura, determinada por los preceptos canónicos,
para las instituciones eclesiásticas.
A los diferentes tipos de censos y al tributo redimible habría
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que añadir una tercer modalidad de gravamen muy frecuente que se
había ido acumulando sobre las propiedades. Nos referimos a la
manda piadosa. En esencia un tributo de corta entidad constituido
generalmente mediante disposición testamentaria para financiar la
celebración de oficios de difuntos o asignar donaciones perpetuas de
los fieles a determinadas advocaciones. En general este tipo de gra­vamen
suele ser de corta entidad lo que no implica que a veces pue­dan
hallarse mandas testamentarias que imponen la celebración de
cientos de misas anuales. Precisamente las dotaciones de misas y
mandas piadosas más sustanciosas suelen ser las más cuidadas por
parte del clero, que procura mantenerlas en vigor en tanto que las
mandas de una misa anual (2 rls. de plata) son las que suelen extin­guirse
más facílmente a causa de la complejidad que implica la
administración y cobranza de estos tributos de corta entidad, sobre
todo cuando se hallan fincados sobre propiedades alejadas del lugar
donde se asientan las instituciones eclesiásticas a que corres­ponden.
La importancia real de los gravámenes de diversos tipos
impuestos sobre propiedades rústicas no puede ser evaluado con
precisión dada la absoluta falta de información estadística sobre el
particular. Los informes que desde finales del siglo XVIII analizan la
situación de la agricultura en las islas apenas si tratan incidental­mente
el tema y por supuesto nunca ofrecen estimaciones concretas
sobre la difusión e importancia cuantitativa de estas modalidades de
renta agraria en el campo canario! 3•
La razón de este silencio documental estriba seguramente en la
imposibilidad de evaluar la importancia cuantitativa de los censos y
tributos cuya cuantificación hubiese exigido un detallado proceso de
registro de hipotecas, del todo inviable para el sistema administra­tivo
del Antiguo Régimen. No obstante hay que considerar también
que la existencia y legitimidad de estos gravámenes (insistentemente
puesta en duda por los propietarios de las fincas a que están afecta­dos)
resulta mucho menos evidente que las relaciones inmediatas de
propiedad entre el aparcero y el amo de la tierra y entre el arrendata­rio
y el propietario, de forma que al menos desde mediados del siglo
XVIII las relaciones sociales de producción entre el cultivador
directo y el amo de la tierra dada en medianería o arrendamiento,
tienden a ser consideradas como las relaciones de propiedad más
objetivas de entre todos los escalones que definen las diversas ins­tancias
de apropiación de la renta agraria! 4.
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Censos y tributos en Canarias afines del Antiguo Régimen 53
A tenor de los datos de que disponemos la difusión de censos y
tributos en Canarias fue muy desigual. Debieron ser muy escasos en
las islas orientales de Lanzarote y Fuerteventura, donde predomi­naba
el arrendamiento como la forma de cesión más extendida.
En Gran Canaria, donde según las referencias ofrecidas por el
censo de Escolar la forma de cesión de la tierra más difundida era
también el arrendamiento, los gravámenes y censos no debían resul­tar
muy abundantes.
Por el contrario censos y tributos constituyen una modalidad de
renta de la tierra muy generalizada en las islas de Gomera, La
Palma y Tenerife. Tal como se señala en el resumen general corres­pondiente
a la isla de Gomera que ofrece la «Estadística de Esco­lar
», muy pocas tierras en aquella isla se daban en arrendamiento al
campesinado para que las cultivara; lo común era que las tierras
estuviesen cargadas con algún censo que percibía el señor de la isla
o algún rico mayorazgo cuyo propietario residía en Tenerife. Los
dueños del dominio útil, en caso de que no cultivasen las tierras
directamente, las daban a medias produciéndose así una superposi­ción
de rentas que contribuía aún más a empobrecer al
cultivador directol5 •
En la isla de La Palma el peso de los gravámenes y censos
constituidos sobre las propiedades era también muy elevado. De
nuevo la «Estadística de Escolar» nos refiere como una de las cau­sas
del atraso agrario en aquella isla «... los exorbitantes censos con
que están gravadas todas las tierras a favor de comunidades religio­sas,
fábricas de iglesias, cofradías, mayorazgos, obras y mandas
pl,as...»16 .
Sin embargo es en la isla de Tenerife donde las quejas sobre la
importancia que habían llegado a adquirir, censos, tributos y memo­rias
que pesaban sobre las propiedades se hicieron más abundantes
a fines del Antiguo Régimen. La crisis agraria que se aprecia en las
islas hacia fines del siglo XVIII se manifestó sin duda de forma más
obsesiva entre la terratenencia tinerfeña, propiciando el caldo de
cultivo idóneo para que surgiera la crítica a aquella forma de amor­tización
representada por la acumulación de censos sobre las
propiedades.
La ausencia de información estadística sobre el particular nos
impide por ahora calibrar la importancia que llegaron a alcanzar
estos gravámenes para todo el Archipiélago, o al menos para algu­nas
zonas representativas que puedan ser consideradas como reflejo
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de todo el conjunto. Hoy por hoy, los únicos datos cuantitativos que
podemos manejar se refieren a la localidad de Icod de los Vinos en
la isla de Tenerife. El estudio de las compraventas de tierras referen­tes
al área de Icod a fines del Antiguo Régimen nos permitió estable­cer
hace ya años que el 69,03% de las 2.015 parcelas de tierra
enajenadas estaban gravadas con una o más pensiones de cualquiera
de los tipos expresados anteriormente, porcentaje que se eleva al
70,91% si el cómputo se lleva a cabo respecto a su número17 • El altí­simo
porcentaje de fincas gravadas, que supera en este caso los dos
tercios del conjunto de la propiedad territorial de la zona parece
ciertamente exagerado pero las quejas de muchísimos lugares de la
isla de Tenerife sobre el peso insoportable de los tributos que grava­ban
sus propiedades parece confirmar que la abundancia de tributos
y censos era un fenómeno generalizado en todos los pueblos de
la misma.
En cuanto a la importancia económica que pudieran alcanzar
estos gravámenes, la comparación del valor monetario de los tribu­tos
en dinero y especie que gravaban la propiedad rústica y urbana
de Icod de los Vinos del año 1848 con la riqueza imponible de la
jurisdicción ofrecida por «diccionario» de Madoz para el año 1847
(estimación ciertamente poco fiable que solo nos permite calcular
una tasa aproximativa del valor de los censos respecto al producto
agrario), nos permite establecer que los tributos y censos detraían
entre ellO y el 15% de la renta de la jurisdicción, en su mayoría pro­cedente
del sector agrario18 •
Tal como hemos señalado, las pensiones y gravámenes impues­tos
sobre las propiedades llegaron a tener tal importancia, al menos
en la isla de Tenerife, que llamaron la atención de los contemporá­neos
que atribuían a su difusión la decadencia de la agricultura. La
acumulación de gravámenes sobre la gran propiedad aristocrática y
las tierras pobres del campesinado, producida en momento de altos
precios del vino y de menor presión demográfica sobre los recursos
agrarios, fue alcanzando valores extremos con la naturaleza atomi­zación
de las propiedades y la importancia relativamente creciente
de las rentas sobre una producción cada vez más fragmentada. Las
quejas contra la magnitud que habían alcanzado los gravámenes ten­dieron
a agudizarse a mediados de la década de 1780-90 a medida
que la guerra con Inglaterra generaba una acumulación de stocks de
vinos sin salida y comenzaba a arruinar a los hacendados de tierras
de viñedo, cuyas propiedades estaban cargadas con importantes
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Censos y tributos en Canarias afines del Antiguo Régimen 55
censos, producto de la constitución de rentas antiguas y del cre­ciente
endeudamiento que generó la larga fase de crisis del cultivo de
exportación que abarca casi todo el siglo XVIII.
El ensayista ilustrado José Antonio Gómez señalaba en
1786 como:
«La multitud de gravámenes a que se hallan afectos los terrenos,
haciendas, casas y demás propiedades situadas en el recinto de
la isla... es la causa matriz y radical de la suma decadencia en
la agricultura, del grande atraso y quebranto de los pobladores
de todo de predios (de cualquier condición), de la miseria y
falta de fomento de labradores, viñateros, braceros y jornaleros
y de los daños que sufre el resto del común de vecinos en la
carestía de frutos que le" resulta por lexitima conce­quencia.
» 19
En esta década, pocos temas alcanzaron tanta atención como el
remedio de los males que aquejaban a la agricultura vitícola. En tal
sentido, el proyecto de establecer un montepío de viñateros en aquel
mismo año (financiándolo con la contribución de medio diezmo de
parrales a percibir en la cosecha de 1787), sirvió de fundamento
para el pronunciamiento de algunas localidades sobre el peso inso­portable
de los censos y tributos que ahogaban a la agricultura local
y arruinaban al campesinado.
Así, en la localidad de Güimar los vecinos acordaron desestimar
la imposición de un medio diezmo adicional sobre el producto de sus
viñedos para financiar la constitución del montepío argumentando
«... ser un lugar pobre y muy pensionado de tributos que no puede
suplir las cargas anuales que de los predios se pagan y los rilas se
está siguiendo remates por no aber pagado dichos sensos, y a la ber­dad
que ningún labrador tiene heredad suya propia donde plantar
viñas que no sea de dueños de dominio...»20.
La respuesta del vecindario de El Realejo de Abajo en la junta
celebrada para decidir sobre la imposición del medio diezmo, se
concluyó considerando de igual manera que la decadencia de la agri­cultura
en la localidad «...proviene mayormente por lo que mira a
los Realejos y a otros pueblos como estos de que como casi toda la
isla está pencionada y vinculada a sus dueños no viven onde tienen
sus haciendas hay una continua extracción que no buelbe a sircular
a manos de los jornaleros y artesanos sino que se gastan lexos de
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56 José R. Núñez Pestano
donde se produsen con lo que es presiso se atrasen muchos
pueblos...»21.
De igual manera se oponían a la suvbención del medio diezmo
los vecinos de La Victoria encomendando a sus diputados para que
hiciesen ante el Cabildo General Abierto «la más reberente súplica
a fin de no gravados más de lo que se hallan con crecidos tributos y
obras pías de Iglecia...»22 .
Los vecinos de Valle Guerra señalaban igualmente que sus pro­piedades
se hallan cargadas de tributos y que por esta razón no
podían contribuir con el medio diezmo
«oo. este lugar es mui povre pues la más parte de los vecinos son
unos povres ynsolventes y aún para su manutención no les
alcansa lo que se coje de frutos en el lugar, y por la parte que
toca a los que tienen viñas es muy poco lo que se coje de viña,
cuando más coje de mosto son tres o quatro votas y si es bueno
el año, y aún más que ay algunos que tienen algún pedacito con
dos tributos encima de dicha propiedad aunque a esesión des­tos
todos tienen tributos que pagaroo.»23.
Tal como expresaba el autor del proyecto de montepío de viña­teros,
don José Antonio Gómez en su Discurso político económico
para promover los alivios de estas Islas Canarias, publicado en
1786, el peso de estos gravámenes en medio de la crisis del viñedo
se manifestaba con una ruina masiva que abarcaba a todos los nive­les
sociales:
«.oo Las más de las heredades de nuestras Islas se hallan grava­das
con censos, memorias perpétuas, y otras imposiciones que
llegan a afligir no poco a los dueños y a los pobres colonos. Que
mucha parte de estos se componen de renteros y medianeros. Que
los sujetos de una y otra clase son raros los años en que logran
un regular desahogo para los primeros, y a una moderada
recompensa del sudor de su frente para los segundos, a excep­ción
de un corto número de señores de predios que disfrutan de
algunas convenenciasoo.»24
Pero la ruina generalizada y la crisis social que sobrevendría a
la pauperación del campesinado, sujeto a la pérdida de sus propieda­des
a causa de los desahucios efectuados por los señores en una
época de crisis. El peso de las rentas era además un factor de atraso
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Censos y tributos en Canarias afines del Antiguo Régimen 57
de la agricultura, tal como expresaba el alcalde real de La Matanza
en 1779, con respecto a la condición del campesinado en su
jurisdicción:
«... Su terrazgo aunque en parte pedregoso en muy pingüe y
fructífero y sus habitantes por lo general no pasaran tantas
hambres y desnudeses si no hubiera tantos tributos y tantos
remates por cuya causa se halla mucha parte de él sin
cultiVO...»25
Los remates de tierras contribuían a un proceso masivo de rees­tructuración
de la propiedad territorial dado que implicaban la rea­sunción
del pleno dominio sobre la tierra por parte de los antiguos
perceptores de la renta, pero la reintegración contribuía a agravar la
condición del campesinado que pasaba en el mejor de los casos de
dueño de la tierra a simple medianero con la precariedad que ello
implicaba. Al permitir a los propietarios establecer nuevos colonos
en las fincas bajo rentas más elevadas y en condiciones más inesta­bles
se volvía a reproducir así la secuencia de retrasos en el pago de
la renta, desahucios y asentamiento de nuevos colonos26 •
El lastre económico que implicaba la pervivencia de estas for­mas
de renta de la tierra, se vio magnificado aún más por la crisis
generalizada de la agricultura insular que se manifiesta desde los
últimos años del siglo XVIII y principios del XIX. La estadística de
Escolar (1805), si bien no nos aporta información de carácter cuan­titativo
sobre la importancia de los tributos y censos que gravaban la
agricultura de cada localidad, nos ofrece un cuadro aproximado de
la situación gracias a las declaraciones ofrecidas por los pueblos
tinerfeños sobre los gravámenes que pesaban sobre sus terrenos. La
mayoría de las respuestas particulares de los lugares de la isla
hacían referencia a la abundancia de censos y tributos sobre sus pro­piedades;
algunos de ellos se limitaron a informar que gran parte de
sus tierras pagaban tributos como fueron los lugares de Fasnia, Gra­nadilla
y San Juan de la Rambla, no obstante el informe de otros
lugares resultaba más explícito, al señalar que la existencia de tribu­tos
sobre las propiedades era lo más corriente. Así el lugar de Icod
de los Vinos contestaba al cuestionario diciendo que «en general las
tierras están muy gravadas de tributos», en el lugar de Santa Ursula
se consideraba que «Las tierras estan tan gravadas de tributos que
no hay quien posea ni una fanega libre de gravámenes», en tanto que
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el informe del lugar de Los Silos se limitaba a señalar que en aquella
jurisdicción «No se cultiva ninguna tierra libre de tributos», expre­sión
muy similar a la de los vecinos de el Tanque quienes señalan
que «pagan tributos a censos perpetuos con que están gravadas
todas las tierras de sus jurisdicción». Otros lugares indicaban tam­bién
el cánon enorme con que estaban gravados muchos censos en
sus jurisdicciones, tal como señala el informe de Tacoronte «... La
carga más importante que pesa sobre sus vecinos es el exceso de tri­butos
enfitéuticos que gravan a casi todas las tierras, llegando a
pagar al año de una fanegada (de tierra) hasta cuatro fanegadas de
trigo», así como el de los lugares de El Realejo de Arriba «Las tie­rras
de cultivo están muy gravadas de tributos que no hay quien
posea ni una fanega (de tierra) libre de gravámenes», de Taganana
«además del diezmo... las tierras están gravadas con elevadas cargas
tributarias, habiendo fanegada que paga hasta 10 pesos», siendo sin
duda el más explícito el informe del pueblo de La Victoria «todas las
tierras están gravadas con tributos excesivos de trigo y dinero; sólo
en trigo pagan a frailes y monjas 200 fanegas, y el resto hasta 500
fanegas a señores, mayorazgos y capellanías y en dinero pagan unos
300 pesos»27.
Ahora bien, muchos de los informes no se limitan a exponer la
importancia de censos y tributos sobre la agricultura local y extraen
además conclusiones sobre los males que causa la masiva imposi­ción
de gravámenes sobre sus terrenos.
El argumento más generalizado indica que los gravámenes
constituían un factor evidente del atraso agrario ya que el peso de los
tributos obligaba a dejar incultas muchas tierras. Así lo indicaba
precisamente el informe del lugar de La Guancha, donde se
señala como
«En otro tiempo el pueblo ha tenido las tierras cultivadas en
mejor estado. La superficie que no se cultiva se dedica a prados
y pastos naturales, y no se ponen (estas tierras) en explotación
porque al ser de señorío, los tributos que se pagarían se lleva­rían
toda la utilidad y el cultivador saldría alcanzado.»28 .
Los informes de los lugares manifiestan ademas que sólo el cul­tivo
vitícola era capaz de remunerar los costes del cultivo y garanti­zar
la percepción de rentas tan elevadas gracias a su alto
rendimiento y al elevado precio unitario de su producción. Así, el
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Censos y tributos en Canarias afines del Antiguo Régimen 59
vencindario de Güimar respondía al interrogatorio de Escolar seña­lando
que:
«están gravadas de tributos las tierras que hay algunas de ellas
que los labradores abandonan su cultivo porque importa más el
tributo que su producción... En las tierras de pan llevar los
labradores generalmente salen alcanzados por cuya razón se
dedican al plantío de viñas y árboles frutales» 29 •
El lugar de La Matanza es aún más explícito en su informe al
exponer un detallado cálculo de rentabilidad diferencial entre las tie­rras
de cereal y las de viñedo:
«Los rendimientos de la fanegada de primera sembrada de trigo
es de 10 por l. Si esta tierra está dada a medias, el medianero
sale alcanzado, pues los costes de cultivo se elevan a 300 rea­les,
a ello se añade 2 fanegas de tributos, el diezmo, la primicia
y las medias del dueño. Y es precisamente lo elevado de los tri­butos
el motivo del abandono de rilas de 200 fanegas de terreno
que han quedado si cultivar. El único cultivo rentable para los
labradores es el viñedo, que cuando se desarrolla en tierras de
primera calidad le suelen quedar libres 300 reales ...»30
Las consecuencias sociales de las presión rentista sobre el culti­vador
directo en una época de crisis como esta era la multiplicación
de las ejecuciones y remates de tierras tales como se manifiesta en la
declaración del lugar de Arafo:
«casi todas las tierras están gravadas con tributos a diferentes
coventos de otras demarcaciones... tributos tan onerosos, dado
el escaso rendimiento de las tierras, que se hace frecuente los
remates en beneficio del incremento de los propios de
dichos conventos...»3l.
De igual manera los vecinos de Candelaria atribuían la pobreza
del lugar al peso insoportable de los gravámenes. En Arona esta
misma situación era la causante de la abundancia de jornaleros.
Pobreza, despoblación y pesados tributos van hasta tal punto unidos
que en el informe del lugar de El Sauzal se atribuye la ruina de aque­lla
producción al efecto exclusivo de la abundancia de cargas:
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
60 José R. Núñez Pestano
«Las tierras del Sauzal están gravadas de tributos enfitéuticos
tan excesivos que sus habitantes son de los más pobres de la
isla, influyendo además en la reducción de la población en los
últimos 50 años.»32
Invirtiendo los términos del análisis el informe del lugar de
Garachico concluía señalando que «la única forma de conseguir la
prosperidad de Garachico es la reducción de tantas gabelas...»33
La rendención de los censos y tributos era por lo tanto una
necesidad esencial si se quería sacar a la agricultura insular del
atraso en que estaba sumida. A pesar de ello, la redención masiva de
censos fue algo que se retrasó al menos hasta mediados del siglo
XIX; hasta entonces el conflicto de intereses entre censatarios y cen­sualistas
se manifestó por otras vías, el pleito judicial y los fraudes
en el pago de la renta.
La presión ejercida por la fuerte imposición sobre la propiedad
territorial tendió a resolverse mediante el recurso al pleito judicial. La
masiva adquisición de tierras sujetas a gravamen llevada a cabo por
la burguesía agraria implicó una mayor disponibilidad económica de
los censatarios frente a los rentistas, capaz de traducirse en una ava­lancha
de procesos judiciales de origen dudoso. La pragmática de 12
de enero de 1705, que había ordenado la reducción de los censos
perpetuos al 2% y de los tributos redimibles al 3%, sirvió en algunos
casos de argumento jurídico para conseguir redenciones o anulacio­nesjudiciales
de los censos 34. Asimismo, la redención de tributos o,
por lo menos, su reducción, podía conseguirse por la vía judicial o la
ilegalidad manifiesta en su constitución cuando esta era producto de
contratos fraudulentos o usuarios35 .
Junto al recurso legal que queda reservado a los censualÍstas de
mayores recursos económicos, capaces de mantener las abultadas
costas procesales del pleito, el simple confusionismo de linderos y los
atrasos prolongados en el pago de la renta constituyeron la forma de
resistencia más recurrida por el campesinado. La propia fragmenta­ción
hereditaria de las tierras sometidas a censo y tributo favorecía
el oscurecimiento de los censos al tiempo que obstaculizaba el
recurso judicial, al tener que pleitear el censatario con una multitud
de propietarios que iban desde pequeños campesinos, herederos de
los colonos originarios, hasta potentes propietarios locales que
habían constituido algunas de sus haciendas a partir de la adquisi­ción
de multitud de parcelas al campesinado parcelario que había
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Censos y tributos en Canarias afines del Antiguo Régimen 61
heredado el dominio primitivo. El encabezamiento de las rentas y la
obligatoriedad legal de reconocer por escrito el censo o tributo en
cada tasación eran mecanismos de defensa de los rentistas frente
a la atomización de la propiedad sobre la que gravaba el tributo,
pero en todo caso su imposición requería asimismo un recurso judi­cial
que encarecía los costes de apropación de la renta36 • El propio
carácter absentista de estas modalidades de renta de la tierra, donde
la dirección de la explotación agraria quedaba absolutamente enco­mendada
al cultivador directo, contribuía a dificultar cualquier tipo
de control de los censualistas sobre las propiedades sujetas al pago de
los censos. Los esfuerzos por mantener vigente la renta debían ser
tanto más intensos a medida que el fraccionamiento de la propiedad
impulsaba al pequeño propietario a defraudar el pago de la misma,
retrasarlo o simplemente negarse a pagar, situación que evidente­mente
se agudizó en la segunda mitad del siglo XVIII.
Los censos dudosos e incobrables, llegaron a constituir un capí­tulo
frecuente en las contabilidades de instituciones eclesiásticas y
mayorazgos3? Sin duda, la fama de litigantes impenitentes que se
atribuía a la clase acomodada en las islas viene dada por la gran can­tidad
de pleitos que tienen que sostener constantemente para mante­ner
vigentes sus rentas38 • Los frecuentes pleitos constituían un
quebranto para las economías de las clases privilegiadas, que se
veían obligadas a encomendar la cobranza de buena parte de sus
rentas a la burguesía rural, la única que podía administrar con cierta
eficacia la percepción de tributos dispersos, consolidándose por ello
como mediatizadora en la realización de la renta feudal al igual que
lo venía haciendo con el arrendamiento de diezmos39 •
Evitar la ocultación de las cargas que gravaban a las propieda­des
era uno de los objetivos esenciales de la Pragmática Sanción de
31 de enero de 1768 por la que se ordenaba la creación de oficios de
hipotecas en cada partido judicial, pero el volumen de censos acu­mulados
era tal que las contadurías difícilmente podrían convertirse
a medio plazo en un registro exhaustivo de las cargas reales que
pesaban sobre las propiedades, de ahí su fracaso, y que aún en la pri­mera
mitad del siglo XIX el registro de escrituras en la contaduría de
hipotecas fuese simplemente ocasional. De hecho el registro signifi­caba
tan sólo un gasto adicional a la escrituración de las compraven­tas,
sin ofrecer garantías suficientes sobre la libertad de la propiedad
transferida, dada la ingente acumulación de cargas y censos que en
todas las épocas se habían superpuesto sobre las tierras40 •
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
62 José R. Núñez Pestano
En tal sentido, el proyecto presentado al Cabildo por el ensa­yista
ilustrado José Antonio Gómez en 1787, pretendía promover la
elaboración.de un cuidadoso registro de hipotecas para evitar los
costosos litigios que traían tras de si los considerables censos que
gravaban las propiedades de la isla, procesos a los que atribuía la
ruina masiva de la agricultura insular:
«En semejantes sircunstancias y como secuela indispensable
contra la presición de establecer litigios para el cobro de rédi­tos,
decretar y mejorar execuciones, dirigirse no pocas veces
los actores contra vienes no obligados formandose multitud de
contiendas judiciales, cuyo dispendio y costas delimita los cor­°
tos haveres de los interesados, y no menor les incomodan, y
afligen teniendo que sufrir dilatados secuestros de las hereda­des
que se persiguen, recayendo despues de los crecidos gastos
procesales, remates adjudicaciones in solutum, con descuento
de las décimas en los pagos provenientes de censos enfiteúticos
o de fundo ... en tal conformidad que notoriamente se ve, y save
consistir el mayor número de pleitos de todos los juzgados de la
isla de este género de causas...«41
Dado que para nuestro autor los litigios eran la causa principal
de la ruina de censatarios y censualistas la solución más apropiada
parecía ser la elaboración de un catastro que registrara con precisión
los gravámenes que afectaban a cada parcela, dando así el confusio­nismo
que tantos males causaba a acreedores y deudores de
censos:
El establecimiento del registro de Hipotecas revivido por la
novísima Real Pragmática Sansión tocante a este asunto franquea
un paso llano y suave a los dueños y poseedores de tributos e impo­siciones
para verificar con menos costo y tiempo el efecto a que se
aspira del deslinde y demarcación de las poseciones obli­gadas...
»42
Junto a ello, el proyecto pretendía llevar a cabo la tasa de las
fincas afectadas a tributo a fin de conocer con puntualidad la exis­tencia
de rentas excesivas con respecto al valor y actividad de las
tierras, lo que «... subministraría suficientez para tomarse en lo suc­cesivo
las providencias justas y cualitativas que la suprema autori­dad
del Consejo estime conbenientes...»43.
No obstante el catastro de censos, cuya financiación debe
correr por mitades a cargo de los fondos sobrantes de la onda muni-
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Censos y tributos en Canarias a fines del Antiguo Régimen 63
cipal Yde las vacantes de la Mitra Canariense, tenía al final una uti­lidad
bien concreta para los perceptores de los «... por cuio medio
conseguirían tener unos prontuarios específicos por donde fácil y
brevemente se viniese en conocimiento las piesas obligadas a los
censos e imposiciones ...»44.
El Cabildo que recibió el plan de don José Antonio Gómez, y
que contaba con el entusiasta patrocinio del Comandante General
Marqués de Branciforte en éste y otros proyectos, lo pasó a informe de
dos de sus regidores y acabó desestimándolo. A pesar de su conve­niencia
que teóricamente brindaba el plan a los preceptores de cen­sos
y tributos constituían un pesado lastre para la agricultura local,
no era por los procesos judiciales que fomentaban, porque suponían
una acumulación de rentas realmente insoportables en época de cri­sis.
Al mismo tiempo, importantes sectores de la sociedad se halla­ban
implicados por partida doble en la marcada maraña de derechos
y deberes derivados de los censos y tributos. Sólo el clero y el cam­pesinado
estaban alineados de forma clara en el grupo de los acree­dores
(clero) y de los pagadores de censos (campesinado), en tanto
que la nobleza y la burguesía participaban de ambas posiciones ya
que en muchísimos casos sus patrimonios estaban formados por tri­butos
y censos a la vez que por tierras sujetas a estas cargas.
Precisamente la maraña de intereses coincidentes que afecta­ban
a la antigua terratenencia nobiliaria y a la burguesía rural en
tomo al tema de los censos, va a constituir un factor clave en la
ambigua dinámica histórica que caracterizó la disolución de este
tipo de gravámenes iniciada desde principios del siglo XIX.
Al igual que en el resto del Estado, la redención de censos en
Canarias quedó regulada por la real cédula de 17 de enero de 1805,
que ponía en manos del censatario o colono la facultad de redimir
los tributos que pesasen sobre sus propiedades entregando el capital
de dichos tributos a la Real Caja de Consolidación, que garantizaría
desde el momento de la imposición un rédito anual al 3% en favor de
los beneficiarios de la renta. Se establecía la redención, voluntaria
para el censatario o colono, pero forzada por el censualista o percep­tor
de la renta de todo tipo de tributos y censos (enfitéutico, al qui­tar,
memorias, misas, capellanías, etc.) con la sola excepción de los
contratos de medias perpetuas que fueron asimilados al foro y la
rabasa, contratos agrarios a los que no se hizo extensiva la aplica­ción
de la real cédula45 •
En Canarias las redenciones de censos contaban con un escollo
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
64 José R. Núñez Pestano
inicial nada desdeñable; los vales reales habían tenido una difusión
muy escasa y por ello la inmensa mayoría de las redenciones se
harían en dinero y no en títulos de deuda como sucedía en el resto
del Estad046. A fin de contrarrestar esta circunstancia el reglamento
elaborado por el comisionado Juan Antonio Bañes para regular la
redención de censos en el Archipiélago establecía ciertas facilidades
adicionales para incentivar a los censatarios a redimir los graváme­nes
que pesaban sobre sus fincas y así favorecer la imposición de las
redenciones en la Real Caja de Consolidación a donde obligatoria­mente
deberían ir a parar los capitales de los censos redimidos. El
marcado interés del comisionado Bañes por alentar las redenciones
de censos aún a costa de causar un grave quebranto económico a los
perceptores de estas rentas se aprecia sobre todo en la regulación
establecida para regir la redención de los censos frumentarios. Los
precios del trigo habían subido tanto en las islas en el quinquenio
precedente que establecer la capitalización para redimir los censos
frumentarios al precio corriente del grano haría prácticamente invia­ble
la redención de los censos en especie, por lo que desde el punto de
vista de la Real Hacienda resultaba preferible calcular el valor de
estos censos por la antigua práctica consuetudinaria que regía en la
isla mediante la cual se solía establecer que el valor del capital
correspondiente a una fanega de trigo de tributo era de 25 ducados y
de 12 ducados y medio la de centen047 •
Tal como intuía el comisionado Bañes, la oposición de los pro­pietarios
de censos a la redención, entre ellos el propio ayunta­miento
de Tenerife que disponía de una renta anual de más de 5.000
fanegas de trigo en censos fumentarios, vendría provocada por la
forma de regular la capitalización de los tributos en especie. En una
coyuntura alcista de los precios del cereal como la que se vive a
principios del siglo XIX la redención ofrecía muy pocas ventajas
para los perceptores de censos frumentarios que cambiaban una
renta valiosa en el mercado, por unos réditos mediocres que apenas
si significaban una mínima parte del valor de la renta en especie
recién redimida. La representación dirigida al Cabildo tinerfeño por
el marqués de Villanueva del Prado Síndico Personero de la isla
destacaba precisamente los perjuicios que causaban el método de
capitalización de los censos frumentarios a los perceptores de ren­tas.
Interesado personalmente en el tema debido a la gran cantidad
de censos en trigo que pertenecían a su mayorazgo, el marqués de
Villanueva del Prado consideraba que la costumbre generalizada de
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Censos y tributos en Canarias a fines del Antiguo Régimen 65
regular estos capitales en 25 ducados fanega constituía una práctica
viciada que traía su origen desde el propio siglo XVI, momentos en
los que el bajo precio del grano, determinaban una mayor equidad
entre el capital asignado a una fanega de trigo de tributo y el precio
regular de dicha renta en el mercad048 •
La capitalización de los censos perpetuos se había convertido
en el siglo XVIII en un punto frecuente de conflictos entre censualis­tas
y censatarios. Los procesos judiciales entablados por los censa­tarios
para demostrar la naturaleza fraudulenta de muchos tributos
perpetuos en especie y en dinero a fin de obtener así la redención de
unas cargas cuya definición legal las hacía perpetuas y por ello irre­dimibles,
acababan desembocando de lleno en el tema de la valora­ción
de los capitales correspondientes a los tributos a redimirl9 • Si bien
las escrituras de imposición de tributos redimibles solían establecer
sin lugar a dudas el importe del capital que debería ser devuelto para
obtener la redención, en el caso de las mandas piadosas y de los tri­butos
perpetuos no se consignaba en los instrumentos de funda­ción
o constitución el valor del capital correspondiente ya que en el
momento de su establecimiento no se contemplaba legalmente la
posibilidad de redimirlos. La Pragmática Sanción de 1705 que esta­blecía
la reducción de los tributos perpetuos al 2% de su capital y de
los redimibles al 3%, contribuyó poco a poco a afirmar la jurispru­dencia
en las redenciones de tributos en dinero, cuya capitalización
podía establecerse fácilmente en terminos monetarios a razón del 2
ó 3 por cient050 •
Pero en los tributos frumentarios, la práctica consuetudinaria
vigente en la isla se alejaba mucho de esta relación matemática entre
el valor de la y el capital del tributo. Regulado a razón de 25 duca­dos
ó 412 reales y medio por fanega, el capital correspondiente a
una fanega de tributo distaba mucho de guardar la relación 50/1 res­pecto
al valor del mercado de una fanega de grano. Considerando
los precios oficiales del trigo establecidos por el Cabildo tinerfeño
para el año 1805, la proporción entre el valor de la renta en granos y
el capital recibido a cambio de la redención se establecía en algo
menos de 6 veces el valor de la renta, algo muy alejado de la canti­dad
que habría de percibir en concepto de redención si esta misma
renta fuese en dinero, ya que entonces le correspondería un capital
igual a 50 veces la renta anual.
Durante la segunda mitad del siglo XVIII, la baja capitalización
de los censos frumentarios se había convertido en un estupendo
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
66 José R. Núñez Pestano
negocio para colocar capitales en la renta de la tierra a un altísimo
interés mediante contratos de enfiteusis fraudulentos, ya que por la
módica suma de 412 reales podían adquirirse rentas cuyo valor en el
mercado era muy superior al 2% del capital prestad05l •
Lo cierto es que esta práctica consuetudinaria no resultaba ajena
a los intereses de los perceptores de censos, quienes no habían sen­tido
necesidad alguna de modificarla debido a que les resultaba ven­tajosa
tal como se veía obligado a reconocer el propio marqués de
Villanueva de Prado en su representación:
«... se fue, pues, perpetuando la referida costumbre, porque
como realmente no influia en la esencia de los contratos o eje­cuciones,
cuyo objeto recaía sobre el domino útil, que son los
más frecuentes por las circunstancias locales que se han apun­tado
y que hacen muy rara en el pais la enajenación del domi­nio
directo, pocas veces llegaba a ser efectiva y hacerse sentir
la injusticia de semejante práctica»52.
En efecto, dado que la mayor parte de los censos frumentarios
estaban en manos de instituciones eclesiásticas o se hallaban vincula­dos
a los mayorazgos, la escasa valoración de los capitales no resul­taba
inconveniente ya que en todo caso los propietarios no podían
enajenar el dominio directo de los censos por hallarse amortizados.
La práctica de valorar el capital de los tributos sólo se efectuaba
pues en las enajenaciones del dominio útil de manera que no afec­taba
a los titulares del censo su baja capitalización, más bien los
beneficiaba debido a la incidencia que tenía la capitalizacióndel tri­buto
en el volumen del laudemio que había de percibir por el traspaso
del dominio útil.
A causa de la existencia casi generalizada de tributos que gra­vaban
las propiedades, la práctica común que regía las compraven­tas
a la hora de establecer el precio efectivo a pagar por el comprador
del dominio útil era la siguiente: se establecía en primer lugar
mediante tasación o acuerdo entre comprador y vendedor el precio
de la finca que iba a ser enajenada, en segundo lugar se procedía a
deducir el capital correspondiente a los tributos que pesaban sobre
la finca a fin de rebajar estas cantidades al comprador en concepto
de compensación económica, era del líquido resultante a esta opera­ción
de donde se detraía la décima parte del valor que el comprador
debería reservarse para entregarlo en el plazo máximo de nueve días
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Censos y tributos en Canarias a fines del Antiguo Régimen 67
al dueño del dominio directo en concepto de laudemio o décima.
Resulta evidente que cuanto menor fuera el valor atribuido al capi­tal,
mayor sería el ingreso del censualista con concepto de laudemio
y por ello saldría beneficiado de la baja capitalización que se solía
atribuir a los censos en frutos53 .
La redención de censos propiciada por la real cédula de 17 de
enero de 1805 debió tener escasos efectos en Canarias. Se contaba
por un lado con la oposición de los perceptores de tributos a la
puesta en práctica de las redenciones ya que ello suponía cambiar
sus rentas por unos réditos nada seguros para el futuro como eviden­ciaba
la caótica situación de la hacienda estatal, por otra parte, la
desamortización de bienes de hospicios y capellanías decretada en
1806 constituía una salida much9 más ventajosa para quienes dispo­nían
de dinero que la redención de censos, sobre todo teniendo en
cuenta que en el Archipiélago no se contaba con los beneficios de la
depreciación de los vales reales. El proceso de redención de censos
y tributos siguió por lo tanto una trayectoria mucho más prolongada,
influida decisivamente por los cambios de régimen que se suceden a
lo largo de la primera mitad del siglo XIX.
Mientras tanto la primera mitad de siglo XIX conoció en Cana­rias
un prolongado debate sobre la naturaleza jurídica del derecho
de laudemio que percibían los propietarios de censos enfiteúticos en
cada enajenación. Los primeros indicios de resistencia a abonar el
laudemio se detectaban hacia finales del año 1813 como consecuencia
de la confusión provocada por la publicación del decreto de 19 de
julio de aquel año destinado a aclarar algunos aspectos del decreto
de abolición de señoríos jurisdiccionales aprobado por las Cortes en
1811. En su artículo tercero, el decreto de 19 de julio de 1813 esta­blecía
«los derechos de laudemio y fadiga, y las demás pensiones y
gravámenes impuestos en uso del directo dominio quedan igual­mente
suprimidos y abolidos»54. La contundencia de este texto legal
motivó la rápida negativa de los vendedores del dominio útil a abo­nar
los laudemios a los propietarios de los censos argumentando que
tales derechos se n.allaban abolidos definitivamente55 . Aparente­mente,
la controversia sobre la abolición del derecho de laudemio
fue especialmente significativa en la isla de La Palma, cuyo ayunta­miento
capitalino remitió sucesivas consultas a la Diputación Pro­vincial
de Canarias en cada una de las ocasiones que el decreto de
supresión de señoríos fue restablecido, hasta que el informe defini­tivo
de la Diputación dado en 6 de mayo de 1841 determinó tajante-
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
68 José R. Núñez Pestano
mente que los derechos de laudemio suprimidos eran exclu­sivamente
los puramente señoriales:
«...de suerte que la disposición del artículo tercero que dice
quedar extinguidos los derechos de laudemio y fadiga, y las
demás pensiones y gravámenes impuestos en uso del directo
dominio, se refieren al dominio que debía su origen a título
jurisdiccional o feudal, como el que se reservaba el Real Patri­monio,
espresamente abolido en el artículo segundo, pero de
ninguna manera al dominio directo, cuyo derecho tuviese orí­gen
en contratos particulares, conservándose por consecuencia
las pensiones que por reconocimiento o laudemio se satisfacen
en las enfiteusis puramente alodiales ...»56.
No obstante, al año siguiente la Diputación Provincial promo­vió
una propuesta para solicitar la Congreso Nacional la reducción
del derecho de laudemio que se pagaba en Canarias por las enajena­ciones
del dominio útil al 2%57.
Los primeros pasos hacia la redención masiva de censos en
Canarias comenzaron a darse en el año 1820, cuando la Diputación
Provincial estableció la reducción a censos reservativos redimibles
de todos aquellos tributos pertenencientes a los ayuntamientos en
virtud de los repartimientos de tierras que se habían sucedido desde
fines del siglo anterior. Accediendo a las quejas de los labradores de
propios de la ciudad de La Laguna, la Diputación acordó transfor­mar
estos censos en tributos redimibles al 3%, con lo cual quedaba
abierta la puerta a su redención inmediata para todo aquel que
pudiese hacer frente a la devolución del capital58 • La política difun­dida
por la Diputación Provincial en favor de la transformación de
los censos de propios de perpetuos en redimibles quedó en suspenso
a partir de la restauración absolutista pero fue de nuevo emprendida
en 1837, cuando tras el triunfo liberal se restableció el reglamento
de 1820 que regulaba la reducción de los censos pertenecientes a los
propios a tributos redimibles59. Mucho más difícil es conocer el pro­ceso
de redención efectiva de estos censos. Desde el punto de vista
legal la transformación en tributos redimibles dejaba la puerta
abierta a los propietarios de las tierras para proceder a su liquida­ción,
pero en la práctica este proceso debió dilatarse al menos a lo
largo de toda aquella centuria.
Con ser importantes, los gravámenes pertenecientes a los pro­pios
en aquellas zonas que habían conocido amplios repartos de tie-
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Censos y tributos en Canarias a fines del Antiguo Régimen 69
rras baldías durante el Antiguo Régimen, la mayor proporción de
censos seguía estando en manos de las clases privilegiadas. Poco
sabemos en este sentido respecto al proceso de redención de censos
pertenecientes a la terratenencia nobiliaria de Canarias, cuya trayec­toria
económica durante el siglo XIX nos es aún desconocida; sin
embargo nuestro conocimiento se amplía mucho más respecto al
destino final de los censos y tributos que pertenecían a las institucio­nes
eclesiásticas, a quienes sus contemporáneos señalaban como los
mayores beneficiarios de este tipo de rentas.
El triunfo liberal de 1836 puso de nuevo las condiciones para
que se volviera a plantear la redención de censos. El radicalismo
puesto de manifiesto por la exposición dirigida al Congreso Nacio­nal
por la Diputación Provincial para que se redujesen a censos redi­mibles
todos los tributos subsistentes en Canarias, muestra hasta
que punto se iba disolviendo la oposición que habían ofrecido las
clases privilegiadas a cualquier proyecto de redención de
censos:
«Convencida, pues, la Diputación de los males cuya ligera
reseña queda hecha, convencida de que el pago del laudemio es
injusto en su esencia y desproporcionado en su exacción como
resto del régimen feudal de aquellos tiempos, convencida de
que en vano la agricultura se fomentará mientras el labrador
duerma con la zozobra de que ni aún le importa traer corriente
su pensión anual, pues pagará los descuidos de su vecino y con­fidente,
y convencida sobre todo de que en la cuasi totalidad de
los terrenos de las islas labora (el) germen de paralización y de
muerte de la enfiteusis, ocurre pues al Soberano Congreso de la
Nación solicitando.. se reduzcan todos a la clase de reservati­vos
y redimibles conservando el rédito con el capital la propor­ción
del dos por ciento y regulando el de los censos
frumentarios a 25 ducados antiguos o su equivalente que son
412 reales 17 maravedis las fanega según lo practicado gene­ralmente
en estas islas....»6o
Aún más radical fue la proposición emitida por las Juntas
Gubernativas de Santa Cruz de Tenerife y La Laguna que por aque­llas
fechas decretaron la extinción de todo tipo de tributos61 •
La desamortización de bienes de conventos alineó, sin embargo
al Estado con los propietarios de censos ya que los tributos pertene­cientes
a estas instituciones pasaron a manos de la Hacienda Nacio-
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
70 José R. Núñez Pestano
na1 interesada en favorecer la redención de censos para liberar la
ingente deuda pública acumulada. Decretada e15 de marzo de 1836
la redención de censos pertenecientes a los conventos suprimidos, el
problema no estribaba ya en establecer un marco legal adecuado que
permitiese la liquidación de los gravámenes sino en regular conve­nientemente
la capitalización de los censos que se debían redimir,
sobre todo en el caso de los censos en especie. La tasación del valor
de redención de los censos en especie había quedado encomendada
en un principio a la Diputación que como hemos visto defendía los
intereses de los censatarios, pero una nueva disposición de 11 de
mayo de 1837 transfIrió estas competencias a los intendentes, predis­puestos
a defender un alto precio de redención de los censos a fin de
favorecer los intereses de la Hacienda estata162 •
Las desavenencias entre la Diputación Provincial y la Intendencia
de Canarias sobre la capitalización de los censos, las esperanzas de
los censatarios en obtener mejores condiciones para la redención de
los censos y seguramente la ineficacia de la administración fiscal del
Estado, incapaz de hacerse cargo por el momento de la administra­ción
de todas las rentas pertenecientes a los conventos suprimidos,
provocó un considerable atraso en el pago de cánones y seguramente
la desmotivación de las redenciones de censos, ya que nadie se
empeñaría en desembolsar cantidad alguna para redimir una carga
que no se cobraba y sobre la que había expectativas, aunque fugaces
de obtener su total extinción.
Hacia 1844 una tenaz ofensiva de la Intendencia para cobrar
las rentas atrasadas puso de nuevo en candelero el tema de los cen­sos,
que había quedado olvidado durante casi una década. Las que­jas
contra los apremios emprendidos difundían un mensaje
catastrofista sobre los efectos del rigor con que se quería cobrar las
pagas atrasadas:
Esta medida, se decía «... va a destruir a la Provincial, a sumer­gir
a millares y millares de familias en la indigencia, a hacer
cambiar de dueño a los dos tercios de la propiedad territorial,
entrando por de pronto en las insaciables devorantes entrañas
del erario, para salir de él a engrosar la fortuna de cuatro agio­tistas,
que serán los que en la ruina común sacarán todo
el provecho...»63.
Los cálculos, notablemente exagerados, que se esgrimían en el
informe presentado por don Francisco María de León a la Diputa-
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Censos y tributos en Canarias a fines del Antiguo Régimen 71
ción Provincial estimaban que el volumen de las pagas atrasadas
que se recababan por vía de apremio sería de unos 5.940.000 reales,
en tanto que los capitales necesarios para afrontar la desamortiza­ción
debía ser al menos de 11 millones de realeS64 •
La moratoria ofrecida por el Estado en su real decreto de 27 de
agosto de 1845 concediendo un nuevo plazo para realizar las reden­ciones
de censos y abonar las pagas atrasadas vino a resolver tempo­ralmente
la caótica situación que pintaban los informes de la
Diputación, pero aún así, el proceso masivo de redención de censos
pertenecientes a los conventos suprimidos en Canarias se demora­ría
hasta la aparición del decreto de 1 de mayo de 1855, que permi­tían
una mejores condiciones de capitalización a los censatarios y
con ello la redención de los censos a un precio considerablemente
más baj0 65.
El decreto de redención de censos de 1855 establecía nuevos
tipos de capitalización de los censos a redimir que iban desde el
10% en los casos en que el cánon anual fuese inferior a 60 reales, al
8% en los que fueran superiores a esta cifra, permitiendo asimismo la
redención por plazos en ocho años en ese último caso. Los censos
frumentarios que tantas dificultades habían ofrecido para su reden­ción
se deberían capitalizar en uno u otro porcentaje en razón con el
valor oficial que se atribuyese en la renta en granos en el momento
de su redención. En unos momentos en que aún se mantienen bajos
los precios de los granos como consecuencia del largo ciclo depre­sivo
que afectó a los precios internacionales entre 1817 y 1850, la
caída del valor de las rentas frumentarias respecto al altísimo precio
que habían alcanzado a principios del siglo, el favorable porcentaje
de capitalización establecido por el decreto de 1855, así como la
corriente de prosperidad generada por el desarrollo de un nuevo cul­tivo
ampliamente demandado por los mercados europeos, la cochi­nilla,
fueron factores decisivos que impulsaron el proceso definitivo de
redención de censos que se desarrollará durante la segunda mitad
del siglo XIX66.
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72
NOTAS
José R. Núñez Pestano
1. A partir del interés creciente por la historia regional a que dio lugar el tra­bajo
de P. Vilar, aumentó la disponibilidad bibliográfica de estudios referidos a los
cambios en los sistemas y formas de propiedad que acompañaron a la revolución bur­guesa
española, por citar sólo algunos de los más conocidos podemos señalar a BER­NAL,
A. M.: La lucha por la tierra en la crisis del Antiguo Régimen. Madrid, 1979.
VILLARES, R.: La propiedad de la tierra en Galicia (1500-1936). Madrid, 1982.
RUIZ TORRES, P.: Señores y propietan·os. Cambio social en el sur del País
Valenciano. 1650-1850. Valencia, 1981.
El interés por la cuestión agraria que subyacía bajo el controvertido proceso
politico de la revolución burguesa española ha sido un tema de debate, prácticamente
desde el mismo momento en que se estaban produciendo los mismos hechos históri­cos
que enmarcan este tema bibliográfico. Ahora bien, algunos coloquios recientes,
han contribuido de forma decisiva a desestancar los argumentos y el debate historio­gráfico
más allá del punto en que habían sido tratados por la bibliografía clásica,
representada por el regeneracionismo costiano y el estudio de Pascual Carrión. Cen­trado
sobre todo en trabajos más relacionados con la cuestión agraria en el siglo XIX,
el VI Coloquio de Pau: La cuestión agraria en la España contemporánea. Madrid,
1976, puede ser considerado ~n marco cronológico desde el que demostrar la revitali­zación
de este tema que ha sido retomado en publicaciones colectivas posteriores
como La economia agraria en la historia de España. Propiedad, explotación,
comercialización y rentas. Madrid, 1979. En fechas más recientes la editorial Critica
ha publicado una compilación de trabajos sobre el tema blijo el titulo Historia agra­ria
de la España contemporánea. Cambio social y nuevas formas de propiedad
(1800-1850). Tomo 1, Barcelona, 1985, que puede servir de indicador sobre las prio­ridades
temáticas definidas por los investigadores en este campo.
2. El principio de dualidad de dominios propio de la enfiteusis constituyó el
modelo característicos de contrato agrario en muchas regiones de la monarquía espa­ñola
durante todo el Antiguo Régimen. La importancia que tuvo la «enfiteusis clá­sica
» como base jurídica del derecho agrario catalán en la edad moderna, auténtica
«garantía idealizada de la prosperidad material y del prestigio moral de las clases
medias» ha sido puesto de manifiesto por VILAR, P.: «El fin de los elementos feuda­les
y señoriales en Cataluña con algunas referencias comparativas al resto de España
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Censos y tributos en Canarias afines del Antiguo Régimen 73
y del Rosellón», publicado en La abolición delfeudalismo en el mundo occidental.
Madrid, 1971, pp. 84-87. La otra gran modalidad regional de la enfiteusis viene dada
por el foro gallego definido por ejemplo en GARCÍA FERNÁNDEZ, J.:La organi­zación
del espacio y economía rural en la España atlántica. Madrid, 1975, pp. 87­89.
3. KAUTSKY, K.: La cuestión agraria. Barcelona, 1974, p. 63.
4. «... Se tratará ante todo del conflicto no simplemente entre censatarios
subordinados y censualistas dominantes sino, más complejamente, entre señores
superiores y aquellos que eran sus censatarios y, a su vez, censualistas -o explotado­res
por otros medios- de campesinos inferiores. Se tratará sustancialmente de la pre­tensión
de estos agentes de reducir los censos de que eran deudores a alguna especie
perpetua y redimible, al tiempo que mantener la figura del censo temporal e irredimi­ble
en aquellos que eran acreedores, o incluso, de serIes esto factible, reconducir estas
segundas relaciones más propiamente agrarias al ámbito del arrendamiento, de la
aparceria o de otras instituciones que igualmente redujesen o anulasen los derechos
correspondientes a los campesinos no rentistas...». CLAVERO, B.: «Foros y rabas­sas:
los censos agrarios ante la revolución españolal>, Agricultura y sociedad, n.O
XVI (1980), pp. 38-39. VILLARES, R.: La propiedad de la tierra en Galicia... ,op.
cit., pp. 9-12.
5. PERAZA DE AYALA, J.: «El contrato agrario y los censos en Canarias.
Notas sobre aplicación del derecho privado en la edad moderna», en Anuario de his­toria
del derecho español, n.O XXV (1955), pp. 257-291.
6. HERNÁNDEZ GONZALEZ, M.: Clero regular y sociedad canaria en
el Antiguo Régimen: los conventos de La Orotava. La Orotava, 1983, pp. 184-185.
Señala como los censos en trigo tienen por motivo asegurar el aprovisionamiento de
la demanda de cereal de los conventos femeninos que constituyen un gran centro de
consumo de pan, alimento considerado como de carácter privilegiado y suntuario.
Sobre la importancia de los granos en la composición del salario agrícola fundamental
para el cultívo del viñedo, véase MACÍAS HERNÁNDEZ, A.: «El papel histórico
de la agricultura de (subsistencia) en Canarias: un tema olvidado», en Canarias ante
el Cambio. Santa Cruz de Tenerife, 1981, p. 108.
7. La mentalidad rentista de la terratenencia tradicional que le llevaba a des­preciar
Ja inversión de capitales en la agricultura ha sido señalada por ARVELO
GARCIA, A.: La burguesía agraria del valle de La Orotava (1750-1823). La Oro­tava,
1986, pp. 151-152. En tal sentido la crisis económica del sector vitícola del
siglo XVIII llevó a agudizar aún más el carácter rentista de la terratenencia tradicional,
pues a causa de la caída de los ingresos procedentes del vino, se vio obligada a reducir
las inversiones que hasta entonces dirigía hacia el sector de su patrimonio territorial
que administraba directamente, las haciendas de viñedo.
8. J. MERRINGTON atribuye a la «naturaleza especulativa e incierta de la
ya mencionada eclosión del capital mercantil» el cambio de comportamiento econó­mico
de la potente burguesía mercantil y fmanciera del siglo XVI, que acabó des­viando
la riqueza urbana hacia las formas usuarias de renta. MERRlNGTON, J.:
«Ciudad y campo en la transición al capitalismo», en La transición..., op. cit., p.
259. De igual manera el capital acumulado durante el Antiguo Régimen por la burgue­sía
mercantil o la terratenencia tradicional acabó fluyendo hacia la agricultura de la
única forma que podía hacerlo en aquellos momentos, es decir transformándose en
rentas de carácter especulativo y usuario, dada la inmadurez del sistema productivo
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
74 José R. Núñez Pestano
local para admitir con las mínimas garantías de éxito la inversión del capital como
medio de producción asociado a la agricultura.
9. Las estratagemas legales de constitución de rentas enfitéuticas simulando la
cesión de la propiedad a fin de reservarse el dominio directo con sus cláusulas de tan­teo,
comiso y décima, solían estar basadas en la simulación previa de una venta de la
propiedad libre que poco después era restituida por el acreedor que prestaba el
dinero, bajo la forma de censo enfitéutico. NÚÑEZ PESTANO, J. R.:La dinámica
de la propiedad de la tierra en Icod de los Vinos (1796-1830). Transformaciones
sociales y comportamiento económico en la crisis del Antiguo Régimen. Capítulo
inédito de la memoria de licenciatura leída en la Universidad de La Laguna, 1981,
pp. 242-244.
10. Tal como expresaba el informe emitido por la Junta de Agricultura de la
Diputación Provincial de Canarias en 1849 la obligación hipotecaria acabó impo­niéndose
porque permitia obtener mayores réditos que las antiguas formas de tributo
redimible o de censo consignativo. «... El dinero escacea y los réditos son exorbitan­tes,
pero en contratos simulados en cuanto a las cantidades principales, pues se com­prenden
sus réditos en ellas, además que si no es de esta suerte, bien sea sobre casas,
bien sobre tierras la ley prohibe que pueda exigirse más de un 3% anual, y por eso es
ya rarísimo ese contrato, que sólo fue frecuente cuando existieron conventos, y cons­tituían
censos dando dinero de sus arcas ...». Biblioteca Municipal de Santa Cruz de
Tenerife (B.M.S.C.T.), sigo S-11-2-41. Borradores y papeles de don Francisco
Maria de León. Fol. 154 r./190 r. (17-12-1849).
11. Tal como ha señalado MACÍAS HERNÁNDEZ, A.: La transformación
de la propiedad agraria concejil en el paso del antiguo al Nuevo Régimen. La
Laguna, 1978, p. 96, el reformismo ilustrado afrontaba la restauración de las estruc­turas
del modo de producción feudal bajo un modelo de contrato agrario que puede
ser caracterizado como feudal. Tanto los repartos de las dehesas de La Laguna o La
Orotava de 1769 como el reparto de baldios en las tres islas de realengo de Gran
Canaria, La Palma y Tenerife puesto en marcha a partir de la Real Provisión del
Consejo de Castilla en 1787, que constituiría el modelo básico de todos los repartos
de tierras baldías en Canarias hasta 1820, se establecieron bajo la forma de cesiones
de la propiedad a los colonos a cambio de tributos frumentarios del mismo
tipo.
12. La imposición de tributos redimibles sobre las propiedades para sufragar las
profesiones de las religiosas acabó convirtiéndose en una de las causas más frecuen­tes
de amortización de la propiedad, atacada ya desde 1681 por el regidor Francisco
Fernández de Medina quien señalaba como las dotes de 1.000 ducados que se impo­nían
en forma de tributos redimibles acababan por «cautivar» las haciendas en manos
del clero ya que resultaba muy difícil redimir esas sumas. VIERA Y CLAVIJO, J.:
Noticias de la Historia de las Islas Canarias. Santa Cruz de Tenerife, 1977,
t. 11, p. 694.
13. La importancia relativa de cada modalidad de gravamen resulta difícil de
medir ya que la evaluación del valor económico del cánon cambia con el precio alcan­zado
por los cereales y la valoración que en cada época se otorga al terreno sobre el
que están constituidos. Cuantificando simplemente el tipo de tributos que afectan a
las parcelas vendidas en !cod entre 1796 y 1830 se puede observar que de las 1.477
fincas enajenadas afectas a tributo que el 10,2% lo eran a tributo redimible y un por­centaje
similar 10,1% estaban cargadas con mandas piadosas y sólo el 2,8% con
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Censos y tributos en Canarias afines del Antiguo Régimen 75
medias perpetuas. NÚÑEZ PESTANO, J. R.: La dinámica de la propiedad..., op.
cit., (memoria de licenciatura), t. 1, p. 238.
14. En tal sentido resulta significativo que el informe emitido por la Sociedad
Económica de Amigos del País de Tenerife en 1789 en cumplimiento de la real orden
de 6-12-1785 sobre las condiciones de los colonos y la práctica de subarriendo, no se
citen otras formas de colonato y tenencia de la tierra que la medianería y el arrenda­miento,
prueba de que se está identificando al dueño del dominio útil como el autén­tico
propietario de la tierra. Archivo de la Real Sociedad Económica de amigos del
País de Tenerife, lego 26 (Representaciones), fol. 114 r.
15. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, G.: Estadística de las Islas Canarias.
1793-1806. De Francisco Escolar y Serrano. Las Palmas de Gran Canaria, 1983.
T. 111, p. 195. A pesar de que los tributos y censos de la isla de Gomera, pertenecían
en gran medida al señorío, su importancia real dentro de los ingresos señoriales fue
siendo cada vez menos significativa, de forma que a mediados del siglo XVIII ayenas si
sumaban estos ingresos el 13,6% de las rentas señoriales. Véase HERNANDEZ
RODRÍGUEZ, G.: «El régimen señorial en Canarias», en Revista Aguayro, n.O 67
(1975), Las Palmas de Gran Canaria, p. 10. En un trabajo más reciente se señala que
la propiedad libre de tributos en Gomera era un residuo perteneciente a los herederos
de la propia familia condal, el resto de las tierras se dividen entre los grandes arrenda­dores
que obtuvieron datas significativas desde que a mediados del siglo XVII pasaron a
desempeñar un papel esencial en la administración del señorío, cuyos titulares pasa­ron
a residir en Tenerife, en tanto que el pequeño campesinado posee algunas parcelas
a tributo muy fragmentadas por las divisiones hereditarias. DÍAZ PADILLA, G.:
«La propiedad de la tierra en Valle Gran Rey durante el Antiguo Régimen», en
Gaceta de Dautf!., n.O 1 (1984), pp. 81-92.
16. HERNANDEZ RODRIGUEZ, G.: Estadística...• op. cit., 1. 11, p.
250.
17. NÚÑEZ PESTANO, J. R.: La dinámica de la propiedad..., op. cit.,
(memoria de licenciatura), 1. 1, p. 238.
18. NÚÑEZ PESTANO, J. R.: La dinámica de la propiedad de la tierra en
Icod de los Vinos, 1796-1830. Transformaciones sociales y comportamiento econó­mico
en la crisis del Antiguo Régimen. La Laguna, 1984, p. 231.
19. Archivo Municipal de La Laguna (A.M.L.L.), Sección primera, A-XIV, n.O
20 (24-9-1786).
20. Ibídem, (27-10-1786).
21. Ibídem, (27-10-1786).
22. Ibídem, (22-10-1786).
23. Ibídem, (29-10-1786).
24. GÓMEZ, J. A.: Discurso político-económico para promover los alivios de
estas Islas Canarias. Dedicado a las Reales Sociedades de Amigos del País de su
Provincia. La Laguna (Imprenta de D. Miguel Angel Bazzanti, impresor de la Real
Sociedad), 1786, p. 13.
25. Archivo de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife
(A.R.S.E.A.P.T.). Padrón de habitantes de Tenerife en 1779. Libro 21. La Matanza
(27-9-1779).
26. NÚÑEZ PESTANO, J. R.: La dinámica de la propiedad..., op. cit., pp.
206-208, y ROMEU PALAZUELOS, E.; ROSA OLIVERA, L. de la; BERNAL
RODRÍGUEZ, A. M.: Las Islas Canarias. Madrid, 1981, pp. 217-218.
27. HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, G.: Estadística..., op. cit., !cad de los
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76 José R. NÚflez Pestano
Vinos, p. 96. Santa Ursula, p. 151. Los Silos, p. 196. El Tanque, p. 186. Tacoronte,
p. 177. El Realejo de Arriba, p. 121. Taganana, p. 182. La Victoria, p. 197.
28. Ibídem, p. 71.
29. Ibídem, pp. 86-89.
30. Ibídem, p. 108.
31. Ibídem, p. 13.
32. Ibídem, p. 158.
33. Ibídem, p. 55.
34. Sentencia del Corregidor de Tenerife y La Palma ordenando la redención de
un tributo de 40 reales de vellón antiguo constituido en favor de la capellanía de misa
de doce de Icod, por no haberse ajustado a la reducción de su cánon ordenada en
1705. Archivo Histórico Provincial de Santa Cruz de Tenerife (A.H.P.S.C.T.), leg.
2.620, fol. 226 r. (15-12-1795).
35. Esc~itura de rebaja censual de un tributo perpetuo de 9 fanegas y media de
trigo que pagaba el beneficiado parroquial de San Marcos de Icod don José Antonio
Delgado y León, al convento de las monjas de San Francisco de Garachico, instituido
en el año 1799. A.H.P.S.C.T., leg. 2.185, sin fol. (26-4-1807).
36. «Que estos incombenientes recrecen cada vez más con la variedad de suce­ciones,
ya por título de herencia, y ya por compras y traspasos judiciales y voluntarios
a que se agrega la negligencia en concervar los títulos de pertenencia, y la costumbre
radicada en diferentes lugares de Campo de celebrarse las ventas por papeles simples o
albaláes, executándose igualmente muchas divisiones, entre coherederos sin la debida
formalidad de documentos por donde consten; partiendo en cortos trasos las hereda­des,
por cuio defecto y el de pasar del mismo modo a terceros poseedores a quienes
las enagenan, se obscurece ellexítimo derecho y carga de mancomunidad, que trae
perniciosas concequencias y multiplicidad de litigios para verificar el cobro y reinte­gro
del importe de decursas de censos e imposiciones devengadas.» Informe sobre
conveniencia de llevar a cabo un registro de censos presentado al Cabildo por José
Antonio Gómez, vecino de La Orotava (24-9-1786). A.M.L.L., A-XIV, n.O 20.
37. El inventario de las rentas del hospital de Nuestra Señora del Patrocinio de
Icod de los Vinos, llevado a cabo en 1806 con motivo de la inminente desamortiza­ción
de bienes pertenecientes a instituciones piadosas decretada ese año, nos permite
comprobar que más de la mitad de los tributos que percibía dicha institución estaban
perdidos o atrasados. En la mayoria de los casos los tributos que no se hallan al
corriente, no disponen de escritura original, y se trata de tributos en dinero, si bien el
valor de los tributos perdidos o «clrldos», como señala la documentación, es conside­rablemente
menor que el de los que se mantienen al corriente (constituyen sólo el
20,07% de las rentas totales del hospital), lo que indica que los mayordomos que lle­vaban
a cabo la administración de estas rentas eran más proclives a permitir la pér­dida
de un tributo cuando era de escaso val~r y no resultaba remunerativo entablar
los dispendiosos pleitos para su cobranza. NUNEZ PESTANO, J. R.:La dínámica
de la propiedad..., op. cit., (memoria de licenciatura), cap. n, t. 1, pp. 234-235. No es
este un caso aislado, los censos atrasados <> incobrables constituían también un capí­tulo
importante en la contabilidad de los conventos del valle de La Orotava como ha
señalado HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, M.: Clero regular..., op. cit., p. 177. Las
constituciones sinodales de inventarios cada 20 años de todos los bienes'sobre los que
gravaban los tributos pertenecientes a instituciones eclesiásticas y piadosas en tanto
que establecían que se llevase a cabo el reconocimiento de los censos enfitéuticos que
se pagaban a la Igleisa y clero siempre que hubiesen mediado dos cambios de propie-
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Censos y tributos en Canarias a fines del Antiguo Régimen 77
tario por venta o testamento. A.M.L.L., Sección primera, A-XIV, n.O 20. En cuanto
a la administración de las rentas pertenecientes a la aristocracia local por vinculacio­nes
y mayorazgos, sabemos muy poco al respecto, sin embargo es de presumir que la
cobranza de los censos contaba de iguales dificultades que en el caso de las institucio­nes
eclesiásticas. Valga como ejemplo el arrendamiento que hacen en 1823 los mar­queses
de El Sauzal a un burgués agrario de Icod de los Vinos, don Nicolás González
Velázquez de la cobranza de dos tributos frumentarios situados en dicha jurisdicción
«por lo difícil y costoso que es la cobranza de los tributos frumentarios que pertene­cen
a la dotación de los mayorazgos que poseen los señores marqueses».
A.H.P.S.C.T., lego 2376, fol. 217 r. (23-5-1823).
38. GLAS, G.: Descripción de las Islas Canarias (1764). La Laguna,
1976, p. 120.
39. Obligados a acudir a la burguesía rural para administrar sus rentas el clero y
los poseedores de mayorazgos y vinculaciones corrían el peligro de quedar a merced
de aquel grupo social que había logrado además afianzarse en el poder local y por
ende controlar los oficios de alcaldes reales que conocían en primera instancia los
pleitos de escasa cuantía, es por ello que la Audiencia prohibió a los alcaldes pedáneos
el conocimiento de las causas judiciales sobre atrasos en el pago de censos y pensio­nes,
al considerar que con ello se ponía en peligro los intereses de quienes dependían
del cobro de censos y tributos. Providencia de la Real Audiencia de l de junio de
1796 citada por NAVA Y GRIMÓN, A.: Escritos económicos. Santa Cruz de Tene­rife,
1988, p. 247.
40. La pragmática sanción de 31-1-1768 fue publicada en La Laguna el 22 de
abril del mismo año. A.R.S.EA.P.T. Fondo Rodríguez Moure, 20/36. No obstante
la representación elevada al concejo tinerfeño por el abogado y Personero de la isla
don Antonio José Lenard y Echemendi en 1782 ponía de manifiesto las irregularida­des
en su observancia e indicaba claramente que las contadurías de hipotecas eran un
absoluto fracaso como mecanismo legal para determinar objetivamente las cargas a
que estaba afecta cualquier propiedad que se quisiese comprar. A.M.L.L. Actas capi­tulares,
Oficio primero, libro 40, fol. 55 v.-56 r. (30-12-1782). Aún en la primera
mitad del siglo XIX es frecuente detectar en las escrituras de compraventa la reticen­cia
de los compradores a adquirir tierras cuando no se acompaña a la escritura de
venta real una clausula especial de garantía por la cual el vendedor que enajena bie­nes
como libres de cargas se obliga a satisfacer los tributos desconocidos que pudie­sen
aparecer en el futuro: «pero conciderando que casi todas las propiedades se
hallan afectas a diferentes gravámenes y responsabilidades constituidas por sus dueños
que las han poseido, y que si no aparecen ahora, se descubrirán en otro tiempo, resul­tando
de aquí graves peIjuicios al comprador, mayormente si el otorgante carece
entonces de bienes para reintegrarle ...» A.H.P.S.C.T., lego 2.646, fol. 447 V. (29-11­1827).
41. A.M.L.L. Sección primera, A-XIV, n.O 20 (24-9-1786).
42. Ibidem.
43. Ibídem.
44. Ibidem.
45. CLAYERO, B.: «Foros y rabasas...», arto cit., p. 43.
46. «Por otra parte, aquí se carece de vales reales y aquel beneficio que logran
para redimir las provincias de la Península en la pérdida del papel tolerada por las cir­cunstancias
ha de caminarse en Canarias a regular qualquier capital con el objeto de
redimir, so pena de no ir acorde con los designios de la comisión gubernativa.
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
78 José R. Núñez Pestano
Sobrada desgracia es para los labradores de Canarias redimir los capitales de dinero
por todo su valor, privándose del indicado beneficio. Por ella pudiera hacer qualquier
rebaja en atención a las urgencias actuales de la Real Caxa, variando los capítulos
dos, tres y cinco». Reglamento para la redención de tributos, censos. pensiones o
canon procedentes de contratos enfitéuticos y otros. Juan Antonio Bañes. (15-8­1806).
A.H.P.S.C.T., Sección Hacienda, lego 20-23.
47. «Para determinar el valor anual de los tributos de trigo he tenido presente no
el valor anual de cada fanega, porque entonces era inútil la remición de la cédula a las
Islas Canarias, sino posibilidad de la redención sin alexarme de la justicia y equidad
debida a los acreedores censualistas. ¿Si estos compraron los tributos enfitéuticos de
trigo por cuatrocientos doce reales y medio cada fanega, si entregaron tierras de ris­cos
y volcanes a los labradores? ¿Qué más pueden desear que la consignación del
duplo del capital, más el tanto señalado a los derechos dominicales, en recompensa
de la pensión frumentaria? Habiendo sido práctica en el ayuntamiento de Tenerife,
vender, regular y estimar la fanega de trigo de tributo por 412 reales y medio de
vellón, podría la Comisión Gubernativa ordenada y mandada esta práctica en consi­deración
al beneficio que resultaría de la Real Caxa en determinar el capital a tan
baxo precio, con que harta gracia les hace en señalar el duplo de la práctica y costum­bre
convertida ya en ley». Ibidem.
48. NAVA Y GRlMÓN, A.: Escritos económicos.... op. cit., pp. 239-241.
49. Cuanto menor era el porcentaje de capitalización del censo mayor era la
re~uneración económica que debería percibir el propietario del censo en concepto
de indemnización. Así un censo al 2% ó 50.000 al millar porcentaje atribuido general­mente
a los tributos enfitéuticos, significaba que el capital que debería asignarse
legalmente a determinada renta se establecía en relación a esta proporción, es decir,
que en este caso el capital del censo era 50 veces el valor de la renta anual que esta­blecía
la escritura original de constitución del censo.
50. Una muestra de la lenta consolidación de la práctica consuetudinaria res­pecto
a la capitalización de los censos durante el siglo XVIII es el informe elaborado
por el abogado don Bartolomé Francisco Yánes Torres a petición del Cabildo sobre
este particular, elaborado a partir del análisis de varias sentencias de la Real Audien­cia
en pleitos de redención de tributos perpetuos y mandas piadosas. A.M.L.L., P­XXVI,
n.O 5 (16-12-1752).
51. La representación remitida al Congreso de la Nación por la Diputación Pro­vincial
de Canarias para que fuesen reducidos a la categoría de tributos redimibles los
censos de todo tipo que subsistían en las islas, se hacia eco de la altísima tasa de inte­rés
que históricamente habia regido en los censos enfitéuticos «En estos censos, pues,
la mayor parte amortizados, ya en establecimientos eclesiásticos, de número harto
excesivo en el país, ya en mayorazgos y vinculaciones, quizá puede considerarse que
los de un rédito frumentario son el mayor número, por consiguiente la ruina del enfi­teuta
se ha seguido, por que hay en ellos una relación menos justa y constante entre
los capitales y los réditos; y como prueba de esta verdad es preciso hacer presente al
Congreso, que si el valor capital de los terrenos llegaba a 25 ducados, ya entonces se
juzgaba que el censo debía ser una fanega de trigo, siendo el precio medio de este
grano de 30 reales, el resultado es que el labrador paga bien aproximadamente un
onse por ciento, que a causa de la general amortización de los capitales, nunca podría
Iisongearse de adquirir en su campo una verdadera y real propiedad, y que por lo
regular el descuido, la incuria y el abandono de terrenos, de otro modo susceptible de
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Censos y tributos en Canarias a fines del Antiguo Régimen 79
triple cosecha aqueja al país y obstruye su adelanto». B.M.S.C.T., Fondo Francisco
María de León, Borradores y papeles sueltos, sigo 11-2-39.
52. NAVA Y GRIMÓN, A.: Escritos económicos...• op. cit., p. 241.
53. El derecho de laudemio constituía un ingreso nada desdeñable debido al
volumen que había adquirido el mercado de la tierra durante el siglo XVIII y al encare­cimiento
de las propiedades a que había dado lugar la amortización del suelo y las
escasas perspectivas de inversión fuera de la agricultura. En el caso de Icod de los
Vinos el valor de los laudemios satisfechos a los propietarios de censos enfitéuticos
durante los 35 años estudiados alcanzó el 3,53% del valor total de las ventas contabi­lizadas,
lo que significa un ingreso superior a los 147.000 reales de vellón que fue a
parar casi en dos terceras partes a manos de titulos de Castilla y mayorazgos.
NÚÑEZ PESTANO, J. R.:La dinámica de la propiedad...• op. cit., pp. 300-301.
El cobro de los laudemios servía además para poner al día las cartillas de censatarios
y exigir el reconocimiento por escrito del censo a los nuevos poseedores del dominio
útil cuando la fragmentación de la propiedad podía poner en peligro la percepción de
la renta. Por ello, los perceptores de censos se mostraban reacios a dejar en manos de
terceros la adminístración del dominio directo en lo que respecta a la autorización de
las ventas y la percepción de los laudemios, tal como manifiesta don José Antonio
Molina Alzola de Llarena y Castilla, marqués de Villafuerte, al ceder la administra­ción
de las propiedades de su mayorazgo en la isla de la Gomera a don Pablo Ascanio
Franchy y Alfaro «... quién sólo se reserva en si la aprobación de las ventas y traspa­sos
con sus respectivos recibos de décima de los fundos y censos que le corresponden,
en atención a serle necesario este conocimiento y acción personaL.» A.H.P.S.C.T.,
leg. 2.623, fol. 240 r. (4-5-2805).
54. Biblioteca Municipal de Santa Cruz de Tenerife (B.M.S.C.T.), Boletín Ofi­cial
de Canarias (1837), fol. 289 (24-4-1837).
55. Hemos podido detectar en algunas escrituras de compraventa de tierras de
Icod de los Vinos correspondientes al año 1813 la negativa de los vendedores a hacer
efectivo el laudemio amparándose en este decreto. NUÑEZ PESTANO, J. R.: La
dinámica de la propiedad...• op. cit., p. 302.
56. En la sesión de la Diputación Provincial de 4 de septiembre de 1820 se dic­taminó
que el ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma debería cobrar los laudemios
correspondientes a las fincas que se enajenasen y estuviesen afectas a censos enfitéu­ticos
en favor de los propios municipales. Archívo de la Mancomunidad de Cabildos
de Santa Cruz de Tenerife, Actas de la Diputación Provincial, libro 1820-21,fol. 147
v. Igual respuesta recibió una nueva consulta de aquel ayuntamiento en 1836, a pesar
de lo cual mantuvo en suspenso la cobranza de laudemios pertenecientes a los propios
de la isla desde el año 1837 hasta 1841 en la Diputación Provincial a aquel ayunta­miento
se procediese de inmediato a la cobranza de los laudemios pendientes.
Archivo de la Mancomunidad de Cabildos de Santa Cruz de Tenerife, Actas de la
Diputación Provincial, libro 1837, fol. 30 v. (17-6-1836) y libro 1839-41, fol. 188 v.
(6-5-1841).
57. Ya desde el año 1821 la Diputación había encargado al diputado López
Botas el informe sobre la propuesta que se debatía entonces a nivel nacional de redu­cir
los laudemios y la quinquagésima parte del valor de la propiedad consignando un
uno y medio por ciento para el crédito público, sin embargo este expediente quedó en
el olvido. Ibídem. libro 1821, fol. 35 r. (30-3-1821). En 1842 la propuesta presen­tada
por don Manuel Ossuna Saviñón tuvo mejor suerte y fue aprobada al menos por
la Diputación que acordó remitirla a las Cortes el 9 de mayo del mismo año. Ibídem.
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libro 1841-42, fol. 93 4. (17-3-1842), fol. 96 r. (31-3-1842) y fol. 101 r. (9-5­1842).
58. Ibídem, libro 1813-1820, fol. 246 v. (1-12-1820).
59. Desde finales del año 1823 el ayuntamiento de La Laguna debatió repetidas
veces sobre la restitución de las rentas municipales a su antiguo estado de tributos fru­mentarios
y perpetuos. La propuesta del regidor perpetuo don Cayetano Peraza para
que se redujesen las rentas de la ciudad a su «antiguo ser y estado» tal como ordenaba
el decreto de restablecimiento del régimen real de 1 de octubre de 1823, fue debatida
por la corporación y finalmente desestimada con el argumento de que la reducción del
cánon de estos censos era un expediente antiguo promovido desde mucho tiempo
atrás que no deberia considerarse por ello como una medida gubernativa de la Dipu­tación
Provincial, aunque fuese este organismo el que la hubiese aplicado. Con todo,
la reticencia del Intendente de Canarias a aceptar este dictamen muestra como si bien
no habia firmes intenciones en restablecer los antiguos tributos, tampoco se avanzaria
en el proyecto de reducción de censos perpetuos a tributos redimibles. A.M.L.L.
Actas capitulares, libro 76, fol. 137 v. (30-12-1823), fol. 147 v. (16-1-1824) y fol.
156 r (30-1-1824). Restablecida la Diputación la politica de reducción de censos de
propios volvió a quedar en vigor una vez que fue formalmente restablecido el regla­mento
de 1820. Archivo de la Mancomunidad de Cabildos de Santa Cruz de Tene­rife,
Actas de la Diputación Provincial de Canarias, libro 1837, fol. 140 r.
(19-6-1837).
60. Exposición a S. M. de la Diputación Provincial de Canarias pidiendo que se
reduzcan a la clase de reservativos redimibles los censos de diversa naturaleza
que obstruyen los progresos de la agricultura (1836). B.M.S.C.T. Fóndo Francisco
María de León, sigo 11-2-39, fol. 26 r.
61. La referencia a estos hechos nos ha llegado a través del informe elaborado
por Francisco María de León para que se suspendan los apremios que se seguían para
la cobranza de los atrasos correspondientes a censos de conventos suprimidos: «Vien
lejos está de mi ánimo el creer que pueda ni pensarse siquiera en volver a invitar al
gobierno sobre la estinción de que decretaron las Juntas Gubernativas de esta capital
y de la ciudad de La Laguna. Semejante medida no pudo pasar nunca de un agradable
sueño, y el Estado, es bien claro, y es también justo, que no malverse unos capitales
de tanta consideración, que tiene señalados para el pago de su deuda». B.M.S.C.T.
Fondo Francisco María de León, sigo 11-2-40, fol. 108 r. (20-5-1844).
62. Archivo de la Mancomunidad Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Actas
de la Diputación Provincial de Canarias, libro 1837, fol. 28 r. (17-7-1837).
63. Informe presentado por don Francisco de León a la Diputación Provincial
sobre la necesidad de suspender los apremios emprendidos para el cobro de censos
atrasados de los conventos suprimidos (20-5-1844). B.M.S.C.T., sigo 11-2-40. El
tema fue debatido por la Diputación Provincial el 23 de mayo del mismo año, dando
lugar al enfrentamiento entre la Diputación y el Intendente sobre el tema de los apre­mios
para la cobranza de atrasos de los censos, quien cedió finalmente en procurar el
«alivio» de los interesados en el pagamento de los censos, ante la decidida posición
de la Diputación Provincial de acudir al Rey en petición «de la reducción del número
de empleados en estas islas como único medio de que puedan sostener las cargas de la _'
Provincia». Archivo de la Mancomunidad Provincial de Santa Cruz de Tenerife,
Actas de la Diputación Provincial de Canarias, libro 1844-45, fol. 28 r. (23-5-1844),
fol. 66 r. (10-10-1844) y fol. 86 r. (23-1-1845).
64. «Para poder entrar en el dia los propietarios de las islas Canarias a partici-
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Censos y tributos en Canarias afines del Antiguo Régimen 81
par del común beneficio de la desamortización, sería indispensable pagar de pronto en
las arcas nacionales 11.880.000 reales, cantidad que V.E. sabe muy bien que no cir­cula
en las Canarias». Informe presentado por don Francisco María de León a la
Diputación Provincial sobre la necesidad de suspender los apremios ... , op. cit.
65. El boletín oficial de la Provincia de 28 de octubre de 1845 publicó esta real
orden que concedía la moratoria en la redención de censos, pero la decisión de la
Junta de Enajenación restringió la aplicación de la moratoria a determinados grupos
de censos, motivando así una nueva representación de la Diputación sobre el particu­lar.
B.M.S.C.T., signo 11-2-41, fol. 63 r.-74 V. (9-3-1847).
66. El decreto de redención de censos del estado de 1 de mayo de 1855 junto
con otras disposiciones citadas en este trabajo se halla reproducido por MARTÍN,
T.: La desamortización. Textosjurídico-políticos. Madrid, 1973, p. 210 Ysigs. Las
escrituras de redención de tributos llevadas a cabo en aplicación del citado decreto
ocupan una vasta colección de legajos designados como «censos del estado» deposi­tados
en el A.H.P.S.C.T., leg. 1.825 y sigs.
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