La valoración ambiental de los agrosistemas tradicionales

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LA VALORACIÓN AMBIENTAL DE LOS
AGROSISTEMAS TRADICIONALES
Moisés R. Simancas Cruz
La formulación del problema: la pérdida de la funcionalidad económica de los
agrosistemas tradicionales
Según las teorías sobre la naturaleza de los recursos naturales de E. W. Zirmmernann
(1933), es posible diferenciar entre los conceptos de patrimonio y recurso. El primero hace
referencia al “conjunto potencial (conocido o desconocido) de los bienes materiales o
inmateriales a disposición del hombre y que pueden utilizarse, mediante un proceso de
transformación, para satisfacer sus necesidades”; por su parte, el término recurso define a
“todos los bienes y servicios que, por intermedio de la acción antrópica y de los medios
disponibles, hacen posible el desarrollo de una determinada actividad y satisfacen las
necesidades de la demanda”. Se observa como en la definición de recurso subyace la idea de
utilidad o aprovechamiento como algo inherente al mismo; se trata de encontrar un cierto uso
al patrimonio y desarrollar sus posibilidades, con lo que éste se transforma en recurso. De esta
manera, los recursos son el resultado de la suma de un conjunto de potencialidades (bienes
materiales o inmateriales) y la intervención humana, por lo que el patrimonio se convierte en
utilizable al integrarse o articularse en una determinada actividad, proceso o estrategia (Leno,
F., 1993). Por tanto, el acto de explotación o utilización de esos elementos es lo que los
convierten en recursos (Small, J. y Witherick, M., 1986), es decir, su propia existencia no los
define como tales sino que es la capacidad del elemento para satisfacer las necesidades o
motivaciones humanas las que lo transforman en recurso (Leno, F., 1993). Según esta
consideración, el término recurso es extremadamente relativo y subjetivo, pues su valor no
depende únicamente de su existencia (condición necesaria e imprescindible aunque no
suficiente) sino de su capacidad de utilización adecuada dentro de un conjunto o estrategia
global coherente.
Al aplicar el anterior planteamiento a los sistemas agrarios tradicionales, comprobamos
que éstos se insertaron en un determinado modelo de desarrollo territorial que, en la mayoría
de los casos, se dirigió a la subsistencia y el autoconsumo de las comunidades rurales. Así, los
recursos se valoraron desde una dimensión eminentemente económica en relación con la
producción de bienes tangibles (alimentos de origen vegetal y animal, materias primas
agrícolas y forestales, etc.). De esta manera, éstos no se definían y valoraban por su propia
existencia sino por su capacidad para satisfacer determinadas necesidades humanas.
Sin embargo, el proceso de reestructuración y reajuste que se está produciendo de manera
generalizada en las áreas rurales, derivado fundamentalmente de la aparición de un nuevo
modelo de desarrollo territorial, ha provocado el replanteamiento de las funciones territoriales
de estas áreas y del paradigma explicativo de sus elementos y procesos territoriales. En este
nuevo modelo, la aplicación del anterior sistema de valoración de los bienes y servicios
derivados de los sistemas agrarios tradicionales es complejo y carece de sentido, debido
fundamentalmente a que éstos carezcan de una dimensión crematística por no tener un
mercado en el que se produzca su ponderación económica. Esta situación se debe a que, en el
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actual sistema de producción, los agrosistemas tradicionales sólo proporcionan bienes y
servicios sin costo y que, aunque poseen claramente un valor, al no estar sometidos a
operaciones de carácter comercial debido a que resulta extremadamente difícil cobrar por
ellos y por la ausencia de derechos de propiedad definidos, carecen de precio, considerándose
como gratuitos o de libre disposición; se trata de los llamados bienes públicos. A diferencia de
los recursos comunes, que se caracterizan por la libertad de acceso y la competencia en el
consumo, los bienes públicos se distinguen por la no exclusión (es posible beneficiarse de
ellos independientemente de si se paga o no) y la inexistencia de competencia en su consumo;
la aplicación del concepto de “bien público” a los agrosistemas tradicionales implica la
posibilidad de obtener un beneficio por la existencia de algún servicio ambiental o
característica de los mismos sin que esto reduzca el beneficio que el servicio o la
característica pueda reportar a otra. No obstante, generalmente estos servicios se infravaloran
o no se reconocen, debido fundamentalmente a la incapacidad de comercialización, aunque
existiera la voluntad de hacerlo. En consecuencia, la mayoría de las decisiones en materia de
utilización económica de los recursos ambientales tienden a favorecer sistemáticamente su
transformación en productos comercializados, con lo que los costos económicos de dicha
conversión no se tienen en cuenta en mayor grado, provocando un exceso en su explotación, y
por tanto, la degradación o pérdida irreversible de una serie de valores importantes de los
mismos.
Entre las múltiples consecuencias del citado fenómeno destaca la generación de una serie
de impactos ambientales, entendiendo éstos como alteraciones que introducen una actividad
humana en su entorno, entre los que destacan los ocasionados por la subexplotación de los
recursos y los sistemas agrarios tradicionales. La causa fundamental que los explica es la
desaparición de su funcionalidad, lo que provoca el abandono total de la actividad o el déficit
de intervención humana, es decir, se trata de “impactos de pasividad” (Gómez Orea, D. 1999).
De esta manera, la falta de gestión-manejo y de los cuidados requeridos por este tipo de
sistemas y la ausencia de continuidad en el uso y aprovechamiento generan la alteración del
equilibrio producción-conservación que los ha caracterizado y el consiguiente proceso de
degradación y pérdida progresiva de una serie de ecosistemas, paisajes, culturas y elementos
diversos que deben ser considerados como positivos (Gómez Orea, D., 1999). En la
actualidad, esta situación es inherente a múltiples agrosistemas y paisajes tradicionales en
España, destacando entre otros las estepas cerealistas de ambas Castillas, las dehesas
extremeñas, los pastos del sotobosque del mediterráneo, el cultivo en arenas organógenas en
Lanzarote, las gavias en Fuerteventura o los enarenados en jable del Sur de Tenerife.
La generación de estos impactos ambientales de signo negativo se debe, entre otras
razones, a que en los actuales modelos de desarrollo territorial, la mayoría de las decisiones y
la consideración de determinados objetos geográficos como recursos se basan en postulados
de carácter económico, y en particular, en aquellos relacionados con las fuerzas que
intervienen en el sistema de libre mercado, es decir, en el análisis y valoración de la eficiencia
económica global de los distintos usos de los mismos. Además, los beneficios asociados al
uso y conservación de los agrosistemas tradicionales se valoran en relación con su capacidad
de apropiación o intercambio, vinculándose al valor de cambio de los objetos, planteándose
objetivos de explotación que conllevan el uso intensivo a corto plazo de los mismos, con la
consiguiente disminución de la eficacia productiva del agrosistema y un incremento de la
entropía (tendencia al deterioro), lo que implica un riesgo para la continuidad del proceso
productivo. De este modo, en este nuevo sistema productivo, los bienes y servicios derivados
de la explotación y mantenimiento de los sistemas agrarios tradicionales se valoran por su
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posibilidad de apropiación (capacidad para generar rentas) y su precio de transacción en el
mercado.
Como consecuencia de ello, los sistemas agrarios tradicionales han perdido
progresivamente su funcionalidad, lo que provoca que, teniendo en cuenta que lo importante
no es el recurso en sí, sino el servicio derivado del consumo del mismo (Ramos, A. et al.,
1995), se produzca una privación de la consideración de recursos que poseían en el modelo de
desarrollo territorial que les dio origen, y por tanto, su transformación, de nuevo, en
elementos patrimoniales.
La revaloración de los sistemas agrarios tradicionales como recursos y su inserción como
elementos funcionales en los actuales modelos de desarrollo y de ordenación del territorio de
los ámbitos rurales, requiere de la adopción de una dimensión y funcionalidad diferente a la
que tuvieron en su origen. Para lograr tales fines consideramos necesario asignar a éstos un
valor cuantitativo de sus bienes y servicios desde un nuevo enfoque o replanteamiento de sus
funciones, partiendo de las siguientes premisas: a) la escasa rentabilidad económica de estas
unidades al insertarlos en los actuales sistemas de producción; b) la consideración del medio
ambiente como un elemento sustancial de cualquier política de carácter territorial; y c) las
sociedades actuales muestran un alto nivel de sensibilidad creciente hacia la protección,
conservación y utilización de su patrimonio, tanto el natural como el histórico-cultural. Para
desarrollar y aplicar esta nueva concepción y revaloración de los agrosistemas como recursos
y su inserción en los actuales modelos de ordenación del territorio, se hace necesario la
incorporación nuevas metodologías y criterios de valoración de los agrosistemas tradicionales,
ya que la asignación de nuevas funcionalidades implica la consideración de las denominadas
“externalidades”, esto es, bienes que carecen de precio por no tener un mercado en el que
intercambiarse.
Los anteriores planteamientos son los que articulan el presente trabajo, cuyo objetivo
fundamental es la valoración de los beneficios ambientales derivados de la conservación de
los agrosistemas tradicionales, con el fin de lograr su reconsideración como recursos en las
actuales estrategias de ordenación, planificación y gestión del territorio. Tras una
consideración acerca del valor no crematístico de las funciones ambientales que desempeñan
los agrosistemas tradicionales, tomando como referencia los nateros del Sur de Tenerife,
exponemos una serie de ideas básicas de los métodos más adecuados para su ponderación
económica y su interpretación y análisis, para finalizar analizando un caso concreto de
asignación de recursos monetarios a un conjunto de agrosistemas tradicionales existentes en
Canarias: el Decreto 109/1995, por el que se establece un régimen de medidas para el fomento
de métodos de producción compatibles con la protección y la conservación del medio
ambiente.
Aplicación del problema a un caso concreto: la identificación de la calidad ambiental de
los nateros del sur de Tenerife como agrosistemas tradicionales.
1. La identificación de las funciones ambientales de los nateros
Los nateros pueden definirse como obras de ingeniería popular construidas en las
barranqueras del Sur de Tenerife, utilizando los recursos ambientales locales disponibles y los
conocimientos empíricos acumulados por las sociedades campesinas. Surgieron de la
necesidad de contrarrestar una serie de debilidades o características intrínsecas de carácter
negativo propias del sotavento de la isla de Tenerife (un régimen pluviométrico con lluvias
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escasas, escasez de suelos aptos para el cultivo, etc.), aprovechando las oportunidades o los
aspectos positivos (numerosas barranqueras, régimen de precipitaciones regulares, etc.), con
el fin de aprovechar la escorrentía a modo de riego eventual y hacer útiles los terrenos
marginales.
Se trata de un conjunto de pequeñas terrazas de cultivo, a modo de sistema de bancales y
canteros, que cierran o taponan parcialmente los barrancos y barranqueras (entendidas como
“áreas marginales”), al ubicarse longitudinalmente en el lecho y de manera transversal al
cauce (foto nº 1); no obstante, con el fin de evitar el riesgo de que las aguas torrenciales que
circulan por éstas arrastren todo a su paso, éstos no se localizan en los principales colectores o
de primer orden de la red hidrográfica del Sur de Tenerife (Sabaté, F., 1997). Estas terrazas
adquieren una morfología de cuadrilátero alargado o rectángulo, aunque también pueden
adquirir una forma semicircular, en función de las curvas de nivel a las que se adaptan. La
anchura varía de manera inversamente proporcional en relación con la pendiente del terreno (a
menor pendiente, mayor anchura) y del perfil edáfico transformable (a menor perfil, mayor
anchura de la terraza); en cuanto a su longitud, ésta viene condicionada por la topografía de la
barranquera.
El proceso de generación de los sistemas de nateros constaba de varias fases:
• Construcción de múltiples muros de reducidas dimensiones, bien formado por
mampostería concertada o por empedramiento de material rocoso del lugar; a modo de
diques, éstos se ubicaban en sentido perpendicular al eje del lecho de las barranqueras,
con el fin que constituyan elementos de contención (en la resolución final del sistema,
éstos dan soporte físico al conjunto y resisten el empuje del agua por el solo peso de los
mismos).
• Los muros conforman múltiples vasos de embalse, a modo de pequeñas presas de
gravedad, que provocan una reducción de la pendiente de la barranquera y un efecto de
represamiento a pequeña escala de parte del perfil del cauce.
• Al obstaculizar la circulación del flujo concentrado de la escorrentía superficial
procedente de los aportes masivos del agua de las precipitaciones, se favorece la
distribución del agua a lo largo de los diferentes vasos y la acumulación de aluviones y
nutrientes en disolución tras cada uno de los sucesivos muros de contención, con lo que
se produce el aterramiento de los mismos.
• Las sucesivas avenidas incrementan el espesor de los depósitos, lo que obliga a ir
elevando la altura del muro, adquiriendo una morfología de bancales; la repetición del
proceso tiene como resultado la construcción de los nateros.
Este tipo de proceso de constitución determinaba que el riesgo de destrucción o
desbordamiento por efecto de un desplazamiento de tierras o una fuerte riada fuera inherente a
los nateros. No obstante, las ventajas compensaban generalmente a los inconvenientes
planteados: en el modelo agrario tradicional o de subsistencia del Sur de Tenerife, los nateros
constituyeron un marco de cultivo óptimo para el desarrollo de la agricultura de secano
(sementeras, papas, leguminosas, cereales, etc.) en un medio extremadamente hostil (foto nº
2), en el que, además de aprovechar una serie de recursos naturales (escorrentía, sedimentos,
etc.) y precisar escasos cuidados por parte del agricultor, soportaron una alta diversidad de
especies y variedades de arboricultura frutal (Simancas, M.R., 1999). De esta manera, la
sociedad campesina dotaba a los nateros de la consideración de recursos debido a la capacidad
de éstos para obtener una serie de producciones, es decir, un valor de uso directo, estimando
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directa y monetariamente el valor de la producción, y por ende, de los bienes ambientales que
sustentaban.
En este sentido, el campesino organizó el territorio desde el mismo momento en que tuvo
una mínima capacidad de intervención ordenada en su entorno inmediato con el fin de
transformar una serie de elementos patrimoniales del territorio en recursos agrarios. Este
proceso se insertó en un determinado modelo de desarrollo territorial que, en la mayoría de
los casos, se dirigió a la subsistencia y el autoconsumo de las comunidades rurales, con lo
cual los recursos se valoraban desde una dimensión eminentemente económica en relación
con la producción de bienes tangibles (alimentos de origen vegetal y animal, materias primas
agrícolas y forestales, etc.); de esta manera, éstos no se definían y valoraban por su propia
existencia sino por su capacidad para satisfacer determinadas necesidades humanas. Desde
una interpretación de la teoría económica clásica que concibe el concepto de valor como
cualquier bien o servicio susceptible de ser estimado en función de lo que un determinado
usuario o consumidor está dispuesto a pagar por él menos lo que cuesta proveerlo, es decir,
éstos se valoran siguiendo parámetros estrictamente de mercado, el valor que las comunidades
campesinas atribuían a los agrosistemas tradicionales, y por tanto, que les dotaba de la
consideración de recursos, era eminentemente de tipo utilitario o instrumental; ya que la
funcionalidad principal de los mismos se reducía eminentemente a la producción de bienes de
aprovechamiento directo, tangibles y sujetos de ser comercializados; de esta manera, la
productividad era un valor por sí misma, y aparecen debido a la actividad humana (valoración
de carácter antrópico o instrumental).
Sin embargo, a excepción del uso y aprovechamiento de tipo indirecto, marginal y
esporádico, en la actualidad, los nateros han perdido su funcionalidad tradicional,
produciéndose su infrautilización o abandono. No obstante, debido a su idiosincrasia, éstos
proporcionan distintos beneficios o funciones ambientales, entre los que podemos destacar el
papel que desempeñan en la conservación que éstos desempeñan sobre dos factores y
procesos ambientales fundamentales: la disminución de los procesos de erosión y las pérdidas
de las aguas superficiales. En este sentido, los nateros constituyen modelos empíricos de
aprovechamiento y uso alternativo de las barranqueras, de planificación, adaptación y
dominio agrohidrólogico de un medio árido, y de generación de un sistema cerrado, estable e
independiente, que reduce los apoyos externos o inputs (fertilizantes, riegos, etc.) y respeta los
ciclos y procesos de reinversión natural. Como señala Conesa Fernández-Vítora (1997), el
flujo de materiales (erosión y sedimentación, formación y protección de suelos, retención y
regulación del ciclo del agua, etc.) y de energías (por ejemplo, la formación de biomasa) es
una eficaz información conducente a la determinación de su calidad ambiental, ya que la
alteración o interrupción de estos procesos puede poner en peligro la existencia de
ecosistemas vitales. Como se puede observar en el cuadro nº 1, la expresión en forma de árbol
refleja muy bien las complejas interacciones ambientales que derivan de la construcción de
L a valoración ambiental de los agrosistemas tradicionales
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los nateros, y que dan como resultado el cumplimiento de dos funciones ambientales: por una
parte, el aprovechamiento del agua de escorrentía superficial, y por otra, la “creación” y
conservación de suelo agrícola.
1.1. La primera función ambiental: la “creación” y conservación de suelo agrícola.
Los nateros suponen una técnica de obtención, protección y conservación de suelos: al
controlar el caudal y el tiempo de permanencia del flujo, se reduce la escorrentía superficial al
mínimo, por lo que se logra eliminar o reducir su capacidad de arrastre de las partículas de la
tierra, favoreciendo los procesos de sedimentación, y por tanto, la creación de terrazgo. De
este modo, los nateros cumplen la finalidad de evitar la escorrentía superficial y el
correspondiente arrastre de suelo y el deterioro de su estructura, y a su vez, desempeñan
esencialmente dos funciones ambientales: por una parte, favorecer procesos sedimentarios, y
por otra, conservar el suelo acumulado.
Los nateros funcionan como eficaces instrumentos de control de la sedimentación: la
instalación de los muros perpendiculares al eje de la barranquera (y de la pendiente) y su
progresivo aterramiento, constituyen obstáculos artificiales a la circulación del flujo de la
escorrentía superficial, ya que, por una parte, fragmentan el perfil longitudinal al reducir las
longitudes de las pendientes (a modo de rupturas de pendientes), y por otra, modifican el
perfil transversal del cauce al disminuir su profundidad. Con ello se incrementa la rugosidad
del lecho de la barranquera, que conlleva una disminución de la velocidad y las turbulencias
del flujo de la escorrentía superficial, lo que favorece el depósito y sedimentación de los
materiales más pesados que arrastra el agua, quedando retenidos en el trasdós del muro. La
elevación del cauce en el entorno del aterramiento da lugar a que el nuevo lecho, elevado y
asentado sobre los acarreos retenidos, tenga secciones de mayor anchura que posibilitan la
circulación de caudales por perfiles trapezoidales de amplia base, con la consiguiente menor
velocidad de las aguas y menor capacidad de arrastre y erosión de las mismas.
Por tanto, los nateros provocan, por una parte, una reducción de la competencia
geomorfológica del agua hasta hacerse negativa, y por otra, un represamiento del agua. En
ambos casos, se produce un proceso de depósito y sedimentación de los aluviones y materia
orgánica que arrastra la escorrentía en los vasos que generan los muros de contención, en
detrimento de la capacidad de movilización y transporte; la capa de lodo o espuma, “la nata”,
que queda una vez se ha evaporado el agua de las parcelas inundadas, da origen al nombre de
“natero” (Quirantes, F., 1981; García, J-L., 1988; Sabaté, F., 1997). Este proceso genera una
serie de ventajas:
• La acumulación de una elevada proporción de fracciones granulométricas muy
finas (arenas, limos, arcillas), que han sido transportados por la escorrentía, y que,
una vez acondicionados a modo de rellano, configuran las parcelas de cultivo. Por
tanto, los nateros son resultado de un progresivo proceso de construcción del
terrazgo agrícola, labor que, por su propia idiosincrasia, dura muchos años. Entre
las principales características físicas y químicas de estos sustratos acumulados o
“soportes edáficos artificiales” destacan:
- el favorecimiento de una adecuada permeabilidad edáfica media o moderada:
los suelos arcillosos y ricos en materia orgánica acumulados en los nateros
favorecen la formación de grumos (partículas arcillosas) que aumentan, por
una parte, las dimensiones de los poros (intergrumos), y por otra parte, el
tamaño de los mismos (intragrumos); ambas cualidades permiten una buena
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capacidad para dejar fluir líquido (aguas y soluciones, que quedan retenidas en
el sustrato) y transmitir aire a través de su espesor (aireación del suelo).
- la capacidad para la absorción de nutrientes, debido a los niveles de pH y
salinidad relativamente bajos que presentan estos suelos.
• La colmatación por sólidos de las parcelas da lugar a una cierta
impermeabilización de la misma; con el fin de romper la costra, el campesino
realizó algunas prácticas culturales en las épocas oportunas y de forma correcta,
como el laboreo superficial o de conservación.
• La decantación de sustancias minerales y orgánicas que el agua lleva en
suspensión, a lo que hay que añadir el material vegetal procedente de los árboles
frutales. La sucesiva acumulación de estos materiales provoca un aumento en el
contenido de materia orgánica del suelo, especialmente en los primeros diez
centímetros del mismo. Ésta es incorporada al suelo y actúan positivamente sobre
los parámetros relacionados con la fertilidad (o abonado), la capacidad productiva
y funcional y la sostenibilidad de los mismos, al mejorar las propiedades físicas,
químicas, biológicas y mecánicas del suelo, mediante:
- La aportación de elementos químicos de naturaleza mineral al suelo, y la
formación de humus, complejos orgánico-metálicos y otras sustancias
fisiológicamente activas; esta aportación influye en las propiedades físicas del
substrato y en la actividad fisiológica del cultivo: facilita la estabilización y
reconstrucción de los sistemas naturales, mejora la estructura, estabiliza
temperatura del medio, y activa la acción enzimática de las raíces (Mateo Box,
J.Mª et al., 1996); además, estas sustancias son fácilmente asimilables por los
árboles frutales, asegurando su adecuada nutrición.
- La mejora de las propiedades físicas del suelo, en particular, aumentando la
estabilidad estructural de los agregados, aumentando la permeabilidad del
terreno, y por tanto, la capacidad de retención hídrica.
- La reducción de la erosión del suelo.
- La disminución de la temperatura: debido a su contenido en humedad, la capa
de materia orgánica hace que los suelos sean más frescos.
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En relación con la segunda de las funciones ambientales que sustentan los nateros, la
conservación del suelo acumulado, éstos constituyen infraestructuras tradicionales que
favorecen la estabilidad del suelo (o más propiamente, de los materiales que constituyen o
cubren las pendientes, como rocas, arenas, etc.), es decir, la permanencia in situ del mismo en
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detrimento de la capacidad de transporte de la escorrentía superficial por debajo de valores
críticos o al menos dentro de unos límites tolerables. La retención de los materiales
arrastrados, y por tanto, el depósito y sedimentación de los sólidos arrastrados por la
escorrentía, provoca el aterramiento de las parcelas y elevan el lecho hasta alcanzar la
pendiente de compensación para ese caudal, o al menos una nueva pendiente de equilibrio
menor que la del lecho natural; de este modo, la composición granulométrica de los materiales
del lecho y de la corriente es la misma, y por tanto, se compensa los volúmenes sólidos que
intervienen en el proceso de transporte-sedimentación, y se consolida el lecho y las laderas
afectadas de inestabilidad por la acción erosiva. De esta manera, la función protectora del
suelo acumulado es otro de los aspectos más relevantes de los sistemas de nateros:
- Los nateros constituyen una eficaz técnica de defensa contra el desgaste del suelo por
los agentes del clima y sus consecuencias (lluvias, escorrentías), y por tanto, una
adecuada estrategia de mitigación del deterioro de su estructura, de los procesos de
erosión hídrica y la pérdida de fertilidad.
- El proceso de aterrazado o abancalamiento atenúa las pendientes de las barranqueras, y
por tanto, disminuye la velocidad de las aguas y favorece la infiltración de la misma,
con lo que se reduce las pérdidas de suelo por erosión hídrica;
- Constituyen “obras de corrección hidrológica” que disminuyen o controlan los
procesos de erosión en los lechos y márgenes de los cauces donde se ubican, así como
el transporte de materiales, evitando que por estos procesos se incorporen los sólidos a
las aguas circundantes; de esta manera, constituyen eficaces instrumentos para evitar el
arrastre de sólidos hacia las zonas bajas de la cuenca, lo que provocaría que éstos se
perdieran en el mar.
- Se produce una mejora de la estructura y textura del suelo mediante la implantación de
una cubierta vegetal que aporta materia orgánica.
- El muro que origina el sistema de nateros funciona como “contrafuerte de drenaje”, que
contribuye a eliminar la acumulación del agua sobrante, con lo cual se reduce la
posibilidad de deslizamientos de suelo provocados por un exceso de humedad; de esta
manera, a través de la cuña de aterramiento, se consolidan los deslizamientos laterales,
con lo que se favorece una fácil disgregación de las laderas en el lecho.
- Las terrazas contribuyen a disminuir la velocidad de la corriente, y ésta, a su vez, a
incrementar el tiempo de concentración de la onda de avenida, con lo cual se produce
la estabilización de las distintas secciones transversales del perfil longitudinal del cauce
de la barranquera.
La cubierta vegetal que se cultiva en los nateros (los propios árboles frutales y los cultivos
herbáceos) constituye una eficaz medida de primer orden en relación con la conservación y
retención de suelo y, en consecuencia de las posibilidades de degradación o no del mismo.
Así, cualquier intento de obtener aproximaciones cuantificativas o cualitativas de la erosión
debe tomarse en cuenta que ésta depende en gran medida del escurrimiento, ya que el efecto
de la cobertera vegetal se muestra por partida doble: protección del suelo contra el impacto de
la gota de lluvia y la reducción de las tasas y/o velocidad del escurrimiento, con la
consecuente reducción de la capacidad de separación y transporte del suelo.1
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• El follaje, la aspereza de la corteza, e incluso, la hojarasca y restos vegetales
depositados sobre el suelo, funcionan como distintos niveles de cobertura, los cuales
crecen con la densidad, consistencia y rigidez de tallos y hojas, anclaje del sistema
radical de los árboles frutales, y espesor, porosidad y estabilidad de la cubierta muerta.
En primer lugar, ejercen un “efecto paraguas” o “colchón” sobre las gotas de lluvia,
frenando e impidiendo el impacto directo de éstas sobre el suelo. Y en segundo lugar,
regulan y reducen el ritmo de dispersión de la escorrentía superficial, incrementando la
retención de agua en superficie y la tasa de infiltración en capas subsuperficiales.
• Las raíces, generalmente profundas y bien desarrolladas, condiciona la textura,
estructura y grado de compactación del suelo, en el sentido que contribuye a su
fijación, estabilización y retención.
Asimismo, el cultivo de frutales de secano en los nateros requería escasas labores
agrícolas. Éstas se reducían a un “laboreo superficial” o “de conservación”, donde
prácticamente no se volteaba el suelo, con lo cual se obtenían múltiples beneficios: por una
parte, la reducción de la alteración de la cubierta radical y área de la vegetación (tapiz
vegetal), y por otra parte, la disminución de la impermeabilización superficial y la
compactación en profundidad (por acumulación de arcillas) del suelo acumulado; ambos
fenómenos favorecen la erosión hídrica y, por tanto, la degradación de su textura y estructura
y la reducción de la fertilidad y la tasa de infiltración.
1.2 La segunda función ambiental: el aporte de un riego eventual
Los nateros constituyen pequeñas “presas de colmatación, retención y desagüe” del agua
de lluvia, donde se combina el riego superficial con el de infiltración-percolación. De este
modo, implica un eficaz sistema de gestión de dicho líquido y de riego eventual de los árboles
frutales, que se produce de la siguiente manera:
• El flujo de la escorrentía superficial se vierte sobre la terraza de cultivo (según un
orden determinado por el origen del agua), provocando una aplicación masiva de agua,
y por tanto, su inundación.
• Como el caudal acumulado es superior a la permeabilidad del suelo, el agua permanece
embalsada durante parte de la infiltración, produciendo un riego superficial o “a
manta”; parte de esta agua retenida se evapora y otra fracción se percola hasta llegar a
capas inferiores de suelo.
• Al superarse la capacidad de infiltración del suelo (saturación), el resto del agua
retenida y que no se evapora o infiltra, se desborda, cayendo hacia la siguiente.
De esta manera, las terrazas que configuran los sistemas de nateros desempeñan una doble
función frente a la escorrentía superficial: por una parte, de “absorción” de gran parte del flujo
mediante su infiltración-percolación; y por otra parte, de “desagüe”, al evacuar la escorrentía
sobrante por desbordamiento, filtración (a través de los muros de contención) y/o
canalización. Por tanto, este sistema depende de tres variables fundamentales: pendiente,
caudal disponible y tipo de especies y variedades frutales; en relación con éstas, los árboles
frutales ubicados en los nateros (higueras, melocotoneros, albaricoqueros), cumplen una serie
de requisitos mínimos, como por ejemplo, una alta capacidad de asimilación de nutrientes
(especialmente nitrógeno) y consumo de agua, y tolerancia a elevados índices de humedad en
el suelo en determinadas épocas del año.
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Como sistemas de riego ocasional, los nateros constituyeron el marco adecuado para el
desarrollo de una agricultura de secano de carácter complementario al modelo general. Esta
función se debía a las siguientes circunstancias:
- Los nateros constituyen eficaces mecanismos de aprovechamiento del agua de
escorrentía ocasional, que, de otra forma, se infrautilizarían o se perderían en el mar,
mediante el establecimiento de un equilibrio entre la demanda de agua por los árboles
frutales de secano y los recursos hídricos disponibles.
- Distribución regular, uniforme, jerárquica y por estricto orden según la situación de las
parcelas de cultivo.
- Al reducir el ritmo de dispersión de agua de escorrentía y favorecer la infiltración
(penetración en las capas freáticas e intermedias), los nateros contribuyen a un
almacenamiento de una importante cantidad de agua de lluvia en el suelo, que puede
soportar la supervivencia de los árboles frutales; en conjunto, los nateros dan lugar a un
nicho ecológico sub-húmedo, que permiten no sólo la agricultura sino también una
vegetación (y fauna) “de borde”, inestimable en un territorio semiárido como el Sur de
Tenerife.
- La correcta nivelación y los tamaños de las terrazas correctamente diseñados según la
pendiente y las características hidrofísicas de los suelos acumulados, provocan una
circulación suficientemente lenta del agua de escorrentía superficial, con lo que
disminuye el peligro de erosión (debido al uso de caudales reducidos) y se favorece la
acumulación y posterior infiltración-percolación del agua.
- Maximización del volumen de agua y ajuste de la dosis de riego. Si bien la inundación
de las parcelas de cultivo implica un riesgo de encharcamiento, y por tanto, de falta de
aireación de las raíces de los árboles, los mecanismos de drenaje de los que disponen
los nateros (desbordamiento, filtraciones por los muros de piedra seca, infiltración)
permiten establecer un límite máximo del caudal de riego (volúmenes de riego
moderados que no sobrepasan la capacidad de campo de la capa de suelo ocupada por
las raíces de los árboles frutales) y evitar la sobrefertilización.
- Los suelos acumulados en las terrazas de los nateros constituyen un almacén de aguas
en cantidad y tiempo que notablemente puede ser cedida a las raíces de los árboles
frutales sobre él instalados, lo que produce un acortamiento del período de sequía
estival, e incluso, en algunos casos, una auténtica anulación del estiaje del suelo.
- Adecuación de la dosis a los requisitos y necesidades de los árboles frutales. Las
lluvias, y por tanto, los momentos de encharcamiento de los nateros, se concentran en
los meses de otoño e invierno, coincidiendo con el reposo invernal de los frutales y
cuando la resistencia radicular a la asfixia es lo suficientemente larga para que, si hay
problemas, éstos se deban a la impermeabilidad del suelo más que de la cuantía de las
lluvias. Por el contrario, durante el verano, las precipitaciones son nulas, por lo que el
riesgo de encharcamiento del natero es bajo, y por tanto, lo es también la probabilidad
de dañar por asfixia su sistema radicular (recuérdese que durante esta época, éste es
bastante sensible a un exceso de agua en el suelo).
L a valoración ambiental de los agrosistemas tradicionales
255
- Reducción de la “sobresaturación” hídrica en la parcela de cultivo: el saneamiento
hídrico de las terrazas con una baja capacidad de infiltración (derivada de una alta
acumulación de limos y arcillas, y de alta sequedad edáfica) evita una degradación del
suelo por un excesivo encharcamiento y saturación del mismo, con lo que se favorece
una conservación adecuada de las condiciones estructurales de la parcela de cultivo, y
los procesos de agregación y aireación del suelo.
- Control del encharcamiento de los bancales que permite una distribución selectiva del
riego de acuerdo con las necesidades de los propios frutales: los árboles recién
sembrados reciban un mayor aporte de agua y tierra fértil procedente de la escorrentía,
mientras los más antiguos sobreviven con dicha humedad edáfica al haber desarrollado
de manera suficiente su sistema radicular.
- El agua que llega a los árboles frutales, en su recorrido vertical, sufre un efecto “de
depuración”, en el que los horizontes superiores funcionan como reactor, favoreciendo
una evidente defensa en la calidad de la misma, al mantenerla más pura, en estado
oligotrófico. Este proceso de “limpieza del agua natural” favorece los siguientes
aspectos: eliminación en su mayor parte de los sólidos en suspensión; degradación y
estabilización de la materia orgánica (tanto particular como en solución), mediante la
acción de microorganismos en situación aeróbica; estabilización o eliminación del
nitrógeno mineral, fósforo y ciertos metales pesados, mediante los procesos de
inmovilización (por las células microbianas, las raíces, etc.), absorción (por los
árboles), lixiviado, adsorción (por las partículas de arcilla); y por último, eliminación
de gérmenes patógenos.
El resultado final es el establecimiento en los sistemas de los nateros de unas comunidades
de cultivo particulares, a modo de “islas”, donde la arboricultura frutal genera unas
condiciones microclimáticas matizadas, de un tamaño que puede duplicar el diámetro de la
copa del árbol frutal; un ejemplo ilustrativo del papel de los árboles frutales en la generación
de microclimas, es la pésima fama o mal agüero que tiene la sombra de la higuera, cuya
explicación podría encontrarse en el hábitat óptimo de la misma, es decir, suelos frescos en
climas generalmente secos y cálidos. Estos microclimas contribuyen a la conservación y
absorción del agua de varias formas:
a) Su potente sistema radicular abre canículas en el conjunto del perfil edáfico, con lo que se
favorece el mantenimiento de una estructura abierta de las capas superiores del suelo, y
por tanto, la infiltración del agua; además las raíces bombean agua y nutrientes desde las
zonas profundas hasta las hojas, las cuales la devuelven al suelo, haciéndola disponible
para los cultivos herbáceos.
b) A escala de detalle, el follaje de los árboles frutales y los restos vegetales acumulados en
su base modifican el régimen de temperaturas y del número de horas de sol: los árboles
frutales forman estructuras de gran eficacia para la captación de energía e insolación, y
con tendencia a la atenuación de la amplitud térmica diaria; así, durante el día reduce la
radiación solar incidente y durante la noche limita el flujo de calor suelo-atmósfera
(irradiación), propia del clima del Sur de Tenerife. De esta manera, se originan
microclimas suavizados que reducen la tasa de evaporación del agua almacenada en el
suelo y la formación de costras (que reducirían su capacidad de infiltración y su
aireación).
XIV Coloquio de Historia Canario-Americana
256
El sistema de funcionamiento de los nateros implica dos modalidades de riego eventual:
a) “por gravedad” sucesivo encharcamiento y desbordamiento de las parcelas de cultivo; y b)
“por distribución artificial” del agua.
a) Riego por gravedad o desbordamiento.
Este tipo de riego implica que el flujo del agua se limita en sentido de la pendiente; las
parcelas de cultivo reciben el agua por uno de sus lados, produciéndose su
encharcamiento y posterior desbordamiento por el muro de contención hacia las terrazas
inferiores, repitiéndose el proceso de riego sucesivamente. De este modo, en la primera
fase, se produce un “riego a manta”, comportándose la parcela como una “terraza de
absorción”, mientras que en la segunda, lo hace como terraza de desagüe.
La textura del suelo acumulado constituye la variable que va a definir en gran medida el
paso de una fase a otra. Así, en las parcelas donde predominan una textura arenosa, se
va a producir una buena infiltración y muy alta permeabilidad, lo que supone una baja
retención de agua; por el contrario, las terrazas configuradas con materiales “pesados”
(texturas arcillosas, limo-arcillosas) tienen una buena retención del agua pero una peor
infiltración y una baja permeabilidad, sobre todo si el suelo está muy seco, por lo que
presentaran un predominio de los procesos de encharcamiento y posterior
desbordamiento. No obstante, en la mayoría de las ocasiones, el campesino local
disponía los bancales con una ligera pendiente (aproximadamente del 1%), con el fin de
hacer sucesivo por procesos de encharcamiento y desbordamiento (desagüe) del agua.
El escurrimiento superficial controlado que se produce por el sistema de riego por
desbordamiento contribuye a un continuo lavado de las sales que se acumulan en el
suelo como consecuencia de los procesos de evaporación del agua.
b) Riego por canalización.
La incertidumbre sobre el momento en que se producen las precipitaciones, y por tanto,
de la escorrentía, y la existencia en la sucesión de parcelas donde el riego no era
necesario (bien porque en la misma se ha acumulado un excesivo volumen de agua y
que no puede ser absorbida por infiltración, o bien porque no estuvieran ocupadas por
frutales o preparadas para el cultivo), llevó al campesino a diseñar un sistema de gestión
selectivo del riego de los nateros con el fin de evitar la posibilidad de inundación
accidental y perjudicial de los mismos. Se trata de canales de desviación o zanjas de
desagües, ubicados en la base de los márgenes de las barranqueras y construidos con
piezas de pumitas o labradas en el suelo. La finalidad fundamental de estos colectores es
interceptar, recoger y desviar el agua de escorrentía; de este modo, se impide que ésta
discurra sobre la terraza y se encauce de manera controlada hacia aquellas que se deseen
inundar. Con ello, el campesino lograba no apurar las reservas de agua del suelo y
aplicar menores volúmenes, y que podríamos denominar como “riego a la demanda”.
2. La valoración de las funciones ambientales de los nateros: la identificación de su
calidad ambiental
Del anterior análisis resulta que los nateros constituían el eje central de una estrategia
basada fundamentalmente en la utilización racional y conservación de dos recursos básicos
para el desarrollo agrícola: el suelo y el agua. Esta cualidad contribuye a dotar a este tipo de
L a valoración ambiental de los agrosistemas tradicionales
257
agrosistema tradicional una elevada calidad ambiental, entendiendo a ésta como el grado de
excelencia o valor para que su esencia o estructura actual no sea alterada o destruida.
Sin embargo, la cuantificación crematística de esta calidad ambiental es difícil y compleja,
porque ésta no se comercializa ni remunera, fundamentalmente por la convergencia de las
siguientes premisas:
a) La escasa eficiencia económica de la producción y distribución de los bienes y servicios
de los nateros, y la inexistencia de un mercado global que fije los precios, ha derivado que
algunos de los beneficios ecológicos que éstos aportan sean infravaloradas debido a que la
inserción de sus producciones y servicios en los mercados convencionales constituye una
tarea difícil; esto ha provocado el abandono o un desacertado aprovechamiento de este
tipo de sistema agrario, en particular, mediante su reconversión hacia formas de
explotación que reportan ganancias e ingresos inmediatos.
b) Muchos beneficios ambientales asociados al uso y conservación de los nateros se
encuentran ajenos al sistema económico convencional (no se capturan en los mercados),
por lo que resulta complicado cualquier intento de asignar valores cuantitativos al
conjunto de bienes y servicios derivados de los mismos, y por tanto, sean expresados en
términos crematísticos y restringibles principalmente a aquello que es susceptible de ser
medido en términos monetarios2 (Naredo, J. M., 1987).
c) La aplicación del concepto de eficacia a este tipo de agrosistema implica que ésta tenga
que ser valorada en función de diversos indicadores relacionadas con la entropía, como la
“eficacia energética” (Pimentel y Pimentel, 1979), la “eficiencia técnico-ambiental”
(Rappaport, 1971) y la “eficiencia biológica” (Spedding, 1975); no obstante, éstos
permiten medir únicamente la capacidad de los nateros para producir la máxima cantidad
de productos por unidad de superficie con el menor costo energético y de materiales y con
la mayor capacidad de perdurar en el tiempo.
d) Los valores económicos derivan de la disposición a pagar de los individuos, que, en
cualquier sistema de mercado, se revela a través del comportamiento del consumidor, es
decir, la curva de demanda de un bien muestra la disposición marginal al pago por él,
considerándose como bienes públicos.
La convergencia conceptual de las anteriores premisas y su aplicación a la valoración
actual de los agrosistemas tradicionales y su consideración como recurso en los actuales
modelos de ordenación del territorio, requiere una reconsideración de las funciones que
convencionalmente han desempeñado los mismos y la correcta internalización de dichas
externalidades mediante subvenciones, impuestos u otras medidas correctoras de las
imperfecciones del mercado. Sin embargo, su medición no es sencilla pues, en la práctica y
como ya se ha comentado con anterioridad, no existen mercados en los que los precios y las
cantidades intercambiadas de un bien de naturaleza público-ambiental, ya que, en la mayoría
de los casos, se trata de bienes y servicios intangibles del medio ambiente que carecen de un
valor de cambio, al margen que puedan tener un valor de uso y/o un valor de no uso; además
en algunos casos, los objetivos ambientales y económicos son contradictorios, a la vez que
difícilmente homologables en una métrica común (Delgado, M. y Morillas, A., 1991). Esta
desconexión entre el sistema económico actual y la lógica de adaptación de los agrosistemas
tradicionales está causando la subestimación del valor económico de los beneficios netos,
provocando el declive y abandono de este tipo de sistema agrario tradicional.
XIV Coloquio de Historia Canario-Americana
258
La solución parcial del problema: la ponderación económica de las funciones ambientales
de los agrosistemas tradicionales para su consideración como recursos en los actuales
modelos de ordenación del territorio
“Si puedes medir aquello de lo que estás hablando y expresarlo
con números, entonces sabes algo sobre ello.
Pero si no puedes medirlo, si no puedes expresarlo en números,
tu conocimiento es bien magro e insatisfactorio.”
Lord Kelvin
1. La valoración económica de los agrosistemas tradicionales: un cambio teórico y
metodológico
De los anteriores planteamientos resulta que, a menudo, es importante evaluar las políticas
de manejo/gestión de determinados agrosistemas o de inversión en ellos teniendo en cuenta no
sólo su eficiencia sino también sus efectos en la distribución. Este tipo de valoración requiere
que a los parámetros que habitualmente se utilizan para cuantificar monetariamente y de un
modo inmediato y formal los bienes y servicios que son susceptibles de ello, se deban añadir
aquellos otros que proporcionan otro tipo de prestaciones que si bien no son comercializables
directamente, y por tanto, difícilmente cuantificados en términos no monetarios o sujetos a un
precio de mercado, son de un valor incuestionable.3
Por tanto, la valoración actual de los agrosistemas tradicionales debe realizarse de manera
alejada a los conceptos de la economía clásica y a las metodologías tradicionales, siendo
necesario concebir y aplicar nuevos medios con una concepción del valor diferente, y donde
la variable económica sea una más de las múltiples que intervienen en la toma de decisiones
para la actual consideración de este tipo de sistemas agrarios como recursos; de lo contrario,
nos podemos encontrar sin una respuesta lógica y completa ante la siguiente pregunta:
¿cuánto vale un agrosistema tradicional?, o de manera específica, ¿cuánto cuesta la variedad
agrícola adaptada al medio asociada a los mismos o el suelo agrícola conservado por ellos?
Por tanto, la aproximación meramente económica no es el único camino para asignar valores a
agrosistemas tradicionales, y por ende a los recursos naturales y ambientales (Azqueta, D.,
1994).
De acuerdo con lo dicho hasta aquí resulta necesario un replanteamiento de los supuestos
teóricos y metodológicos con los que se ha abordado la consideración de los agrosistemas
tradicionales como recursos cuantificables en términos monetarios. Las concepciones clásicas
o neoclásicas sobre la función de producción y sobre el mercado, deben ser cuestionadas y
adaptadas al nuevo paradigma ecológico. Ello nos llevará ineludiblemente a cuestionar
aquellas teorías que identificaban el desarrollo del Capitalismo o del llamado “Socialismo
Real” con el crecimiento agrario y la “Modernización” (Garrabou, 1990), y que identificaban
ésta con la destrucción de los sistemas agrarios tradicionales (González de Molina, M., 1994).
De esta manera, a los indicadores tradicionales como nivel de producción, rendimiento,
productividad, relación costo/beneficio, etc., se debe añadir otros indicadores económicos,
tales como la contabilidad de la degradación ambiental o la contabilidad energética.
En este sentido, en los actuales métodos de planificación ambiental del territorio, el valor
de los recursos ambientales supone un indicador del grado de utilidad o aptitud para su
consideración como un conjunto de elementos o medios funcionales y disponibles que sirven
para algo y que pueden ser o son utilizados en un determinado proceso integral, lógico y
racional, de acuerdo con unos objetivos individuales y colectivos y con un determinado
L a valoración ambiental de los agrosistemas tradicionales
259
contexto temporal y espacial, con el propósito de lograr un cierto fin; por tanto, el valor de los
recursos ambientales se determina en función del grado de excelencia, cualidades y méritos
para que se conserve su estructura y los procesos que sustentan. En este contexto, los
agrosistemas pueden ser considerados como recursos ambientales plurifuncionales debido a la
multitud de beneficios que proporcionan: además de suministrar productos y bienes
importantes para las economías de autoabastecimiento o de mercados específicos (por
ejemplo, de “productos ecológicos”), desempeñan un elevado número de funciones ecológicas
que sustentan la actividad económica. Esto ha provocado que el concepto económico de valor
haya ampliado su espectro de aplicación a lo largo del tiempo hacia aspectos que no son
meramente crematísticos, incluyendo otros componentes que tradicionalmente se quedaban
fuera del ámbito de los mercados;4 se trata del análisis de los efectos externos al mercado de
la actividad económica o externalidades ambientales, es decir, de los beneficios derivados de
algunos servicios prestados por bienes ambientales que, debido a su carácter de bien público,
no se intercambian en los mercados5 (Barreiro, J., 1998), y que se producen por la diferencia
existente entre los costes/beneficios privados y los costes/beneficios sociales existente al
llevar a cabo alguna actividad económica (Bromley, D., 1986).6
La incorporación de la variable ambiental a los instrumentos de ponderación económica de
proyectos o actividades ha provocado que la teoría económica actual haya evolucionado desde
la óptica lineal, en la que la naturaleza es un mero suministrador de materias primas, hasta el
enfoque circular, por el cual se reconoce el valor económico del conjunto de aspectos que
producen el servicio derivado de la utilización del recurso en cuestión. Este planteamiento
aplicado a determinados agrosistemas tradicionales, supone la toma de conciencia que éstos
no sólo tienen un valor de uso directo valuable en términos de producción, es decir, no tienen
un precio, sino que poseen un enorme valor ambiental; en la práctica, este valor es el que los
dota de la consideración de recursos en los actuales modelos de ordenación del territorio. Por
tanto, se trata de ponderar los agrosistemas tradicionales desde una aproximación “utilitarista”
del valor de uso indirecto en detrimento del valor utilitario e instrumental que el campesino
les había otorgado.
Estas circunstancias han hecho que estos servicios han comenzado a ser identificados y
valorados, siendo cada vez más frecuentes la incorporación sistemática de la ponderación
económica de los beneficios y valores ambientales de un territorio o elementos del mismo,
dentro de un análisis y evaluación del conjunto de combinaciones de valores comerciales y
ambientales, con el fin de discernir la gestión más adecuada en relación con los objetivos
propuestos. La teoría que ha dado una respuesta a esta nueva perspectiva es la relacionada con
el concepto de Valoración Económica Total (VET en lo sucesivo), desarrollada por la
economía ambiental (Randall, 1987; Pearce, 1993).
La VET ha constituido una técnica metodológica complementaria o de utilización en
conjunción con las técnicas tradicionales que permite la contabilización de las externalidades
ambientales y la evaluación de los posibles usos alternativos a los agrosistemas, y por ende,
de cualquier recurso ambiental. Considerando como una herramienta y no como un fin en sí
mismo, la VET puede ser utilizado para diversos fines (Barreiro, J., 1998): a nivel
macroeconónico, puede servir de ayuda a la decisión pública y en la evaluación de los
resultados reales en materia de crecimiento económico, mientras que a nivel microeconómico,
sirven de guía para el uso racional de recursos limitados y que carecen de mercados donde se
intercambien eficazmente; de esta manera, como enfoque globalizado e integral, su
aplicabilidad parece conveniente en el análisis y evaluación de las prioridades o alternativas
de actuación en el contexto de programas de desarrollo territorial. Así, de manera concreta, su
XIV Coloquio de Historia Canario-Americana
260
aplicación a los sistemas agrarios tradicionales facilita la toma de decisiones en materia de
manejo/gestión, fundamentalmente al favorecer la evaluación de distintas opciones de
desarrollo de los mismos, y por tanto, su consideración como recursos, es decir, conservarlo
en su estado actual, con lo que se favorece su degradación o pérdida, o reconvertirlos y
destinarlos a otros usos y funcionalidades; esta consideración adquiere gran importancia ya
que cada una de estas alternativas redunda en pérdidas o ganancias de su valor.
La VET constituye un método que permite estimar, diferenciar y asignar los indicadores
del valor de los bienes y beneficios ambientales de una manera objetiva, jerarquizada y
comparativa, y por tanto, capaz de cuantificar los beneficios netos (bienes y servicios)
proporcionados por los mismos, independientemente de si existen o no precios crematísticos
que ayuden a hacerlo (Barbier, E.B.; Acreman, M. y Knowler, D., 1997). De esta manera, el
VET permite integrar en un mismo cómputo a los beneficios netos de producción y
ambientales, por lo que se presenta como un método de estimación adecuado para la toma de
decisiones, al reducir la incertidumbre y, por ende, disminuir el riesgo de adoptar decisiones
actuales sin disponer de información sobre las futuras consecuencias (Tickell, 1996);
asimismo, facilita el diseño de nuevas propuestas de aprovechamiento de recursos y la
definición de nuevos modelos de ordenación del territorio.
Desde el punto de vista estructural y metodológico, y atendiendo a un criterio de
apropiación, la VET distingue entre el valor de uso (VU) y el valor de no uso (VNU). La
estimación del VET de los recursos ambientales, y por tanto, a los agrosistemas tradicionales,
supone básicamente la sumatoria de los costos de oportunidad presentes e intertemporales
relacionados con los usos directos (VUD) de los mismos, los VUI vinculados a la corriente de
bienes y servicios ambientales que éstos ofrecen, el VO y el VE. Así, el VET admite una
expresión o aplicación matemática, expresada por la siguiente suma algebraica:
VET = VU + VNU
La primera parte de la ecuación (VU) corresponde los valores objeto de transacción
comercial y consumo activo directo o indirecto de los bienes y servicios (presente o futuro),
mientras que la segunda (VNU) comprende los valores considerados como de bien público
(valores ambientales) y que generan un bienestar a la persona por el simple hecho de su
existencia al margen de que el bien pueda ser objeto al mismo tiempo de un uso actual o
futuro (Pearce, 1993; Randall, 1987); por tanto, la valoración actual de los agrosistemas
tradicionales y su reconsideración como recursos debe realizarse en función de estos últimos.
Expresado de esta manera, la VET no constituye una novedad en la definición de valores
potencialmente mensurables, ya que esta distinción entre bienes de mercado y externalidades
forma parte de la tradición de la teoría económica del bienestar (Campos, P., De Andrés, R. y
Urzainqui, E., 1997). No obstante, la VET constituye una técnica de gran interés aplicado a
los agrosistemas tradicionales al distinguir entre los primeros (VU) el valor de uso directo
(VUD) y valor de uso indirecto (VUI), mientras que en los segundos (VNU), el valor de
opción o uso potencial (VO) y el valor intrínseco o de existencia (VE); de este modo, la
anterior ecuación queda constituida de la siguiente manera:
VET = (VUD + VUI) + (VO + VE)
siendo:
Valor de uso directo (VUD): Está determinado por la contribución de los activos
medioambientales a la producción actual, al consumo o a la satisfacción de cualquier
L a valoración ambiental de los agrosistemas tradicionales
261
necesidad. Éstos pueden entrañar actividades comerciales (bienes y servicios consuntivos),
cuyo valor es de fácil cuantificación, y no comerciales o de autoabastecimiento (bienes y
servicios no consuntivos).
Valor de uso indirecto (VUI): Incluye básicamente los beneficios derivados de los
servicios funcionales (funciones ecológicas reguladoras) que los factores ambientales del
sistema territorial proveen para sostener la producción actual y el consumo (servicios de
regulación ambiental). El valor ambiental de los agrosistemas es medido en función de unos
objetivos específicos, reflejando éste su contribución al logro de los mismos.
Valor de opción (VO): Es básicamente el monto que los consumidores están dispuestos a
pagar por la no utilización de los activos, simplemente para evitarse el riesgo de no disponer
de esos recursos en el futuro (Donoso, 1992), es decir, supone una opción que asegura la
oferta o explotación futura de los mismos ante una situación de incertidumbre o de duda
respecto a las necesidades futuras; se trata de un valor actualizado de las futuras aplicaciones
de los recursos objeto de valoración, tanto en forma de uso directo como de uso indirecto. Por
tanto, supone el desconocimiento en el momento presente del valor del recurso, por lo que
éste depende de la información que se puede obtener al aplazar el proceso de explotación o
conversión en curso.
Valor de existencia (VE): Se define como “aquél que un individuo asocia a un activo
ambiental cuyos servicios no ha utilizado ni piensa utilizarlos en el futuro, pero que su simple
existencia le reporta un valor” (Romero, C., 1994), ya que se fundamenta en la satisfacción
humana o el simple hecho de saber que ese activo existe; por tanto, se relaciona con la
valoración que se da del recurso independientemente de su uso actual o alternativo en el
futuro, dotando al recurso de connotaciones meramente antropocéntricas -sociales, éticas,
científicas, etc.-. Este tipo de valor supone una estimación del “Coste de oportunidad” que se
plantea cuando los recursos disponibles son escasos en presencia de alternativas mutuamente
excluyentes que lo superan y que obligan a elegir; en términos económicos, éste puede
definirse como el precio de la alternativa perdida, y que lleva incorporada un coste futuro que
básicamente recaerá sobre las próximas generaciones: además de no poder disponer de
recursos de VUD, tendrán un déficit en servicios ambientales (VUI) y se reducirá
considerablemente su VO al contar con menos posibilidades de descubrir nuevos usos a los
recursos eliminados.
La VET implica necesariamente la inclusión de todos estos valores, aunque en algunos
casos, determinados usos pueden ser no aditivos o excluyentes. Por regla general, los dos
primeros parámetros pueden estimarse de una manera relativamente sencilla, mientras que,
por el contrario, los dos últimos son muy difícil de conceptuar y cuantificar,
fundamentalmente al tratarse de valores potenciales que se relacionan únicamente en su
existencia continua y nada tienen que ver con su utilización actual (Pearce, D.W. y Warford,
J.J., 1993) y al escaso desarrollo de metodologías de prognosis; en este sentido, el VNU o de
conservación es extremadamente difícil de medir al relacionarse con apreciaciones subjetivas
ajenas al uso actual o potencial propio (Barbier, E.B.; Acreman, M. y Knowler, D., 1997).
Esto hace que si bien la anterior taxonomía del VET puede ser correcta teóricamente, resulta
de compleja cuantificación en la práctica, ya que es muy difícil separar el valor económico de
un bien ambiental en sus distintos componentes.
Por tanto, el problema surge en relación con las técnicas e instrumentos metodológicos a
utilizar y que permitan aportar información clave sobre los costos y beneficios netos (actuales,
XIV Coloquio de Historia Canario-Americana
262
potenciales y alternativos) de este tipo de sistemas agrarios. No obstante, desde los años
sesenta se han desarrollado múltiples técnicas para valorar los bienes y servicios ambientales,
o lo que es lo mismo, para estimar de forma crematística los efectos externos al sistema de
mercado de una determinada actividad económica7 (cuadro nº 2). La aplicación de estas
técnicas supone la valoración del importe del capital ambiental a partir de su capacidad para
generar una renta, reduciendo a menudo la posibilidad de valorar las funciones y beneficios
ambientales de los agrosistemas tradicionales, en particular, en aquellos casos donde los
mercados no están presentes o no operan efectivamente. En este sentido, algunas de estas
técnicas se han revelado como instrumentos metodológicos aptos para diferenciar y clasificar
los diferentes componentes del valor de los agrosistemas según las múltiples funciones que
desempeñan, y en consecuencia, facilitar la toma de decisiones. Su aplicación ha hecho
preciso modificar la metodología de evaluación económica, reasignación de las funciones y
estimación del valor de los recursos, con el fin de que aporte la información necesaria que
facilita la toma de decisiones y evitar la pérdida de posibles pérdidas de carácter irreversible.
Algunos de estos métodos o técnicas se fundamentan en consideraciones monetarias que
van desde el clásico enfoque análisis coste-beneficio hasta la denominada economía
neoclásica, ampliamente utilizada en la “economía del medio ambiente”. Al encontrarse con
la ausencia de mercados convencionales para asignar precios a las variables ambientales, éstos
recurren a la teoría de los bienes libres, las externalidades y al concepto de utilidad, para
intentar valorar en términos monetarios los efectos de una determinada acción sobre el
territorio; por ello, la aplicabilidad de estas técnicas se reduce a cuestiones puntuales
relacionadas con la evaluación crematística de las ventajas y costes de una determinada
política ambiental, o incluso, en el desarrollo de los posibles aspectos monetarios de los
análisis de impacto ambiental (Delgado, M. y Morillas, A., 1991). Por su parte, otros se
fundamentan en métodos no crematísticos, de carácter multicriterio o multiobjetivo, basadas
fundamentalmente en la teoría de la elección o la decisión.
L a valoración ambiental de los agrosistemas tradicionales
263
Técnica de
valoración Descripción/finalidad Ventajas Inconvenientes
Método de los
precios de
mercado
Emplea los precios corrientes
de los bienes y servicios
comercializados en los
mercados nacionales e
internacionales.
Los precios de mercado reflejan la disposición
de los particulares a pagar por los beneficios y
costos comerciales de los agrosistemas
tradicionales y se pueden emplear para hacer
cuentas financieras a fin de comparar los usos
alternativos de los mismos desde la óptica de
la persona o empresa privada de que se trate y
las ganancias y pérdidas privadas.
Los datos relativos a los precios son
relativamente fáciles de conseguir.
Las imperfecciones de los mercados y/o
los fallos de las políticas pueden
distorsionar los precios de mercado, en
cuyo caso no reflejan el valor económico
de los bienes y servicios para la sociedad
en conjunto.
Las variaciones estacionales y otros
efectos en los precios deben tenerse en
cuenta cuando se emplean precios de
mercado en análisis económicos.
Método de los
precios
económicos
(sombra)
Empleo de precios de mercado
ajustados teniendo en cuenta
los pagos de transferencia, las
imperfecciones del mercado y
las distorsiones derivadas de las
políticas.
Los precios económicos reflejan el valor
económico real o costo de oportunidad para
toda la sociedad de los bienes y servicios
comercializados en los mercados nacionales e
internacionales.
Mediante el factor equidad, se pueden
ponderar también los efectos en la distribución.
Es complicado deducir los precios
económicos.
Exige disponer de muchos datos.
Los precios artificiales pueden no ser
aceptados por los agentes implicados.
Método de las
preferencias
reveladas o de
los precios
hedónicos
El valor recreativo del medio
ambiente se deduce de los
mercados de bienes raíces o de
trabajo. Las premisas básicas
son:
-muchos bienes no tienen un
único valor de uso (no
satisfacen una única
necesidad), sino que son bienes
multiatributo (satisfacen varias
necesidades al mismo tiempo).
-el bien privado no se
adquiere para disfrutar del bien
ambiental, sino que éste es una
de las características del
primero.
Los denominados “precios hedónicos” intentan
descubrir todos los atributos del bien que
explican su precio, y discriminar la
importancia cuantitativa -su precio implícito-de
cada uno de ellos.
Los precios hedónicos pueden servir para
valorar algunas funciones de los agrosistemas
en términos monetarios.
Para aplicar precios hedónicos a las
funciones ambientales de los agrosistemas
es preciso que estos valores se reflejen en
mercados sustitutivos.
En caso de distorsión de los mercados o
que los ingresos condicionen las
posibilidades de elegir, la información
sobre las condiciones ambientales no se
difunda ampliamente o escaseen los datos,
es posible que disminuyan las
posibilidades de aplicar este método.
Los precios hedónicos sólo contemplan el
valor de uso del bien, no quedando
reflejados los valores de no-uso
La renta per cápita es una variable
determinante, puesto que la disposición a
pagar por un bien cualquiera está en
función, entre otras cosas, de la capacidad
de pago.
Método del
costo del viaje
Este método deduce la
disposición a pagar por los
beneficios ambientales en un
lugar dado empleando
información sobre el dinero y
el tiempo que los visitantes
emplean para acudir a él. Es
muy similar al método anterior.
Se emplea generalmente para estimar el valor
de lugares de recreo; aplicado a los
agrosistemas, podría emplearse para estimar la
disposición a pagar por concepto de turismo
sostenible.
Alto coeficiente de datos.
Supuestos restrictivos sobre la conducta
del consumidor.
Los resultados son muy sensibles a los
métodos estadísticos empleados para
especificar la relación con la demanda.
Enfoque de la
función de
producción
Estima la función ambiental no
comercial en términos de las
variaciones de la actividad
económica elaborando modelos
de la contribución física del
agrosistema o la función a la
producción económica.
Permite estimar el impacto de la destrucción de
los agrosistemas.
Exige elaborar modelos explícitos de la
relación ‘dosis-reacción’ entre el recurso o
la función objeto de valoración y algún
producto económico.
Este método es más fácil de aplicar a
sistemas que admiten un único uso, pero
esta tarea se complica tratándose de
sistemas de uso múltiple.
Cuadro nº 2- Ventajas e inconvenientes de las técnicas de estimación de beneficios ambientales aplicables a la
valoración de los agrosistemas tradicionales (I). Fuente: Adaptado de Barbier, E.B.; Acreman, M. y Knowler,
D. (1997)
XIV Coloquio de Historia Canario-Americana
264
Técnica de
valoración
Descripción/
finalidad
Tipología
Ventajas Inconvenientes
Método del intercambio de trueque: se
fundamenta en el intercambio efectivo
de bienes no comercializados.
Exige información sobre
la relación de
intercambio entre dos
bienes.
Método del sucedáneo directo: se basa
en la premisa de que un bien
comercializado puede ser sustituido por
uno que no es objeto de comercio.
Exige información sobre
la medida en que dos
bienes son mutuamente
Método del bien sustituibles.
afín
Emplea
información sobre
la relación entre un
bien o servicio no
comercializado y
uno que es objeto
de comercio para
deducir el valor.
Método del sucedáneo indirecto: se
fundamenta en un bien sustitutivo, pero
si éste no se intercambia en el mercado,
su valor se deduce de una variación de
la producción económica (lo que
equivale a combinar el enfoque del
sucedáneo directo y el de la función de
producción).
Estos enfoques pueden aportar
indicadores aproximados del
valor económico, pero esto
depende de las limitaciones
impuestas por los datos, el
grado de similitud de los bienes
afines y la medida en que sean
sustituibles.
Requiere información
sobre lo mismo y la
contribución del bien
sustitutivo a la producción
económica.
Método de mercado simulado: establece
un mercado experimental en el que se
producen intercambios monetarios
reales.
El escenario experimental
controlado permite estudiar de
cerca los factores que
determinan las preferencias.
Concepción y aplicación
complicadas, lo que puede
dificultar su aplicación en
países en desarrollo.
Método de valoración contingente o de
preferencias declaradas: establece un
mercado hipotético del valor a evaluar
en función de una disposición a pagar o
una compensación exigida.
􀂃􈍅 Es el único método que
puede medir los valores de
opción y existencia y aportar
una medida verdadera de
valor económico total.
􀂃􈍐 Puede aplicarse a cualquier
caso, pero es más adecuado
cuando no puede
establecerse una relación
entre el bien ambiental y un
bien privado utilizando los
restantes métodos.
􀂃􈍒 Resultados sensibles a
muchos factores que
redundan en sesgos de
concepción y aplicación.
􀂃􈍌 La disposición a pagar
por una mejora cualquiera
(o por evitar un
empeoramiento) está
limitada por la renta de la
persona entrevistada,
mientras que la
compensación exigida para
renunciar a ella (o para
permitir un empeoramiento)
no lo está.
Técnicas
basadas en
mercados
construidos
Miden la
disposición a pagar
consultando a los
consumidores
directamente
acerca de sus
preferencias.
Método de clasificación contingente:
clasifica y asigna valores a las
oportunidades recreativas en términos
cualitativos más bien que cuantitativos.
Genera valores estimativos de
una serie de bienes y servicios
sin necesidad de determinar la
disposición a pagar por cada
uno de ellos.
No determina directamente
la disposición a pagar y por
ende no presenta las
ventajas teóricas de los
demás métodos.
Cuadro nº 2- Ventajas e inconvenientes de las técnicas de estimación de beneficios ambientales aplicables a la
valoración de los agrosistemas tradicionales (II). Fuente: Adaptado de Barbier, E.B.; Acreman, M. y Knowler,
D. (1997)
L a valoración ambiental de los agrosistemas tradicionales
265
Técnica de
valoración Descripción/finalidad Tipología Ventajas Inconvenientes
Método del costo de
oportunidad indirecto:
emplea beneficios no
percibidos al producir
bienes no comerciales.
Evalúa los beneficios de
subsistencia cuando el tiempo
dedicado a la los bienes
tangibles es una variable
importante.
Infravalora sustancialmente
los beneficios si el excedente
del productor o el consumidor
es apreciable.
Método del costo de
restauración: evalúa los
costes de las medidas
necesarias para restablecer
la situación anterior al daño
ambiental causado por la
pérdida o deterioro del
agrosistema.
Permite evaluar determinadas
funciones ambientales.
Dudosa aplicabilidad, debido a
los rendimientos decrecientes
y lo difícil que es restablecer
las condiciones preexistentes.
Método del costo de
sustitución: utiliza los
costos de sucedáneos
artificiales de bienes y
servicios ambientales.
Estima los beneficios de usos
indirectos cuando no se
cuenta con datos ecológicos
para identificar determinadas
funciones de daños con
métodos óptimos.
􀂃􈍅 Es difícil asegurarse de que
los beneficios netos del
sucedáneo no excedan de los
de la función original.
􀂃􈍐 Puede sobrevalorar la
disposición a pagar si sólo se
cuenta con indicadores
físicos de los beneficios.
Método del costo de
reasentamiento: emplea los
costos de reasentamiento de
comunidades amenazadas.
Sirve para determinar los
valores en el contexto de un
posible cambio de gran
envergadura.
En la práctica, es improbable
que los beneficios reportados
por el nuevo sitio equivalgan
a los del sitio original.
Método de los gastos
preventivos: emplea los
costos con precio de
mercado que se han de
sufragar para evitar el
deterioro o la degradación
de los beneficios
ambientales.
􀂃􈍓 Se aplica en la situación
previa al impacto o efecto
producido, por lo que la
sustitución es posible.
􀂃􈍅 Estimula los beneficios de
usos indirectos con
tecnologías de prevención.
􀂃􈍁 Al no existir medidas
defensivas, preventivas o de
control perfectas, toda
discrepancia entre los
beneficios de las inversiones
con tales fines y el nivel
original de los beneficios
puede redundar en
estimaciones espurias de la
disposición a pagar.
􀂃􈍌 La observación de los
comportamientos reales
puede llevar a subestimar los
beneficios de una medida
cuyo impacto es positivo o a
sobrestimar los costes de una
negativa, al no tener en
cuenta el efecto renta que la
medida supone.
Evaluación basada en los costos
Descansa en las siguientes
premisas:
a) El costo de
mantenimiento de un
beneficio ambiental
constituye una estimación
razonable de su valor.
b) Cuando los bienes,
servicios y beneficios no se
comercializan, es más fácil
medir los costos de
producción de los
beneficios que los
beneficios propiamente
dichos. Estos enfoques
tienen coeficientes más
bajos de utilización de
datos y recursos.
c) Los gastos reportan
beneficios positivos y de
que los beneficios netos
generados por los mismos
se corresponden con el
nivel de los beneficios
originales.
Método del costo de los
daños evitados: se basa en el
supuesto de que las
estimaciones de los daños
representan una medida de
valor; se basa en la
utilización de los anteriores
métodos de valoración.
􀂃􈍐 Permite realizar
comparaciones con los
métodos basados en los
costos, que dan por supuesto
que merece la pena evitar
los daños.
􀂃􈍏 Ofrecen información sobre
cómo un cambio en una
variable afecta a cada
elemento.
􀂃􈍌 Las limitaciones impuestas
por los datos o recursos
pueden imposibilitar la
aplicación de los métodos de
valoración óptimos.
􀂃􈍌 La ciencia, aún en el
contexto en el que todos los
resultados se expresaran en
términos de probabilidades
estadísticas, no ha sido capaz
de establecer con la
suficiente certeza la relación
causa-efecto.
Cuadro nº 2- Ventajas e inconvenientes de las técnicas de estimación de beneficios ambientales aplicables a la
valoración de los agrosistemas tradicionales (III). Fuente: Adaptado de Barbier, E.B.; Acreman, M. y Knowler,
D. (1997)
XIV Coloquio de Historia Canario-Americana
266
2. La valoración ambiental de los agrosistemas tradicionales: la aplicación del enfoque
sistémico
La combinación y aplicación de las técnicas de ponderación económica total al proceso de
valoración de los agrosistemas tradicionales permite la identificación de una serie de
importantes servicios inherentes a los mismos, y que son los que, en la práctica, van a
justificar su inserción en los actuales modelos de ordenación del territorio al dotarles de una
nueva multifuncionalidad. Como ya hemos comentado, se trata de beneficios intangibles,
cuya extrapolación en valor de mercado no es fácil, y que responden a la siguiente
clasificación:
a) Valor ambiental, relacionados con las características propias del sistema, es decir, en
función de sus elementos constituyentes o factores del medio, y los procesos ecológicos
que los relacionan.
b) Valor productivo, en relación con la producción de bienes y servicios, bien en forma de
recursos accesibles o bien de recursos potenciales.
c) Valor recreativo, educativo o de investigación, en función del valor de los agrosistemas
como proveedores de algunas de las anteriores cuestiones.
d) Valor paisajístico, en referencia a la expresión de los valores estéticos, preceptuales,
plásticos y emocionales de un determinado agrosistema tradicional.
Estas funciones ambientales tienen carácter de sistema, de tal forma que, su valor no debe
ser entendido de manera aislada, sino como una o varias cadenas, frecuentemente
entrelazadas, de relaciones causa-efectos, basadas en principios ecológicos de escalonamiento
e interdependencia; estas circunstancias justifican la utilización de los grafos de relación
causa-efecto para identificar y entender los efectos. Por ello, con el fin relacionar estas
funciones entre sí, la ponderación económica de estos valores requiere la adopción de una
metodología diferente a la de tipo analítica (cartesiano-reduccionista), la cual considera al
territorio como algo constituido por la superposición o agregación de una serie de elementos,
por lo que para su interpretación divide y subdivide la realidad en partes independientes entre
sí, cada una de las cuales pasa a constituir unidades elementales de investigación que se
estudian de manera aislada. Por el contrario, se trata de aplicar un enfoque holístico, sintético,
sistémico e integrador, que permite establecer un proceso secuencial que, de manera
escalonada, considera a cada uno de los agrosistemas tradicionales como complejos
entramados de interrelaciones entre factores y fenómenos físicos, biológicos,
socioeconómicos y culturales que se manifiestan a través de flujos de energía y materiales
(Delgado, M. y Morrillas, A., 1991). La solución a esta necesidad de un enfoque integrador la
encontramos en la Agroecología, entendida como un contexto teórico y metodológico de
investigación, estudio e interpretación de las diferentes modalidades de agricultura tradicional
practicadas por las comunidades campesinas, y cuyo desarrollo ha provocado un creciente y
renovado interés científico por el conocimiento ecológico y por comprender las estrategias de
las culturas rurales tradicionales.8
Surgida de manera coincidente en el tiempo con el proceso de incorporación de la variable
ambiental a los instrumentos económicos, desde principios de los años setenta, la
Agroecología se fundamenta en el principio que la explotación agraria es en realidad un
ecosistema particular, un agrosistema, donde tienen lugar procesos ecológicos propios
L a valoración ambiental de los agrosistemas tradicionales
267
también de otras formaciones vegetales; no obstante, y a diferencia de éstos, la agricultura
constituye un ecosistema artificial, en tanto que son creaciones humanas, donde se combinan
los factores ambientales y los socioeconómicos; de esta manera, como señala Hecht (1991),
los agrosistemas tienen varios grados de resiliencia y de estabilidad, pues éstos no están
estrictamente determinados por factores de origen biótico o ambiental, sino que también son
resultado de las relaciones sociales que determinan el grado y el carácter de la manipulación o
artificialización de los ecosistemas naturales. Desde esta perspectiva, la producción agraria es
el resultado de las presiones socioeconómicas que realiza la sociedad sobre los ecosistemas,
produciéndose una coevolución, en el sentido de evolución integrada, entre la cultura y los
factores ambientales (Norgaard, 1981).
El anterior principio resulta fundamental para el estudio de los agrosistemas tradicionales
puesto que, además de ser el que permite integrar en un enfoque multidisciplinar la
interpretación de los mismos, hace concebir a éstos como sistemas abiertos compuestos por
diversos subsistemas interdependientes que configuran una realidad dinámica de complejas
relaciones naturales, ecológicas, sociales, económicas y culturales (Jiménez Herrero, 1989), y
cuyas características pueden ser sistematizadas en las siguientes (Odum, 1980): a) requieren
fuentes auxiliares de energía para incrementar la productividad de los organismos específicos;
b) son ecosistemas de diversidad normalmente reducida; c) dichos organismos no son
producto de una selección natural sino artificial; y d) los controles del sistema son en su
mayoría externos. Por tanto, los agrosistemas tradicionales pueden ser considerados a modo
de “unidades medioambientales que integran los procesos geológicos, físico-químicos y
biológicos a través de flujos y ciclos de materia y energía que se establecen entre organismos
vivos y entre ellos y su aporte ambiental” (Toledo, V., 1984).
Por tanto, cualquier estudio de los agrosistemas tradicionales requiere del análisis de la
multicausalidad dinámica y la interrelación dependiente de dichos procesos físicos en lugar de
la causalidad lineal de los mismos (González de Molina, M., 1994). Esto se debe a que el
contexto teórico y metodológico de la Agroecología surgió del propio desarrollo de la teoría
ecológica, que le prestó su marco conceptual, siendo también de gran importancia las
investigaciones en el terreno de la geografía y de la antropología, dedicados a explicar la
lógica particular de las prácticas agrícolas de las cultura tradicionales (González de Molina,
M., 1994). De esta manera, frente al discurso científico convencional aplicado a la agricultura,
que ha propiciado el aislamiento de la explotación de los demás factores circundantes, la
Agroecología reivindica la necesaria unidad entre las distintas ciencias naturales entre sí y con
las ciencias sociales para comprender la interconexión entre procesos ecológicos, económicos
y sociales; reivindica, en fin, la vinculación esencial que existe entre los distintos
componentes estructurales, procesos y propiedades del sistema agrario.
De acuerdo con los anteriores planteamientos, la Agroecología contempla el manejo de los
recursos naturales desde una perspectiva globalizadora (Sevilla, E., 1997), es decir, la
identificación y análisis de los procesos ecológicos que han sustentado diversos agrosistemas
requiere de la aplicación del citado enfoque, con el fin de valorar las múltiples funciones que,
en la actualidad, éstos desempeñan para su posible consideración como recursos con el fin de
insertarlos en una labor de planificación territorial general. Éstas funciones ambientales tienen
carácter de sistema, de tal forma que, su valor no debe ser entendido de manera aislada, sino
como una o varias cadenas, frecuentemente entrelazadas, de relaciones causa-efectos, basadas
en principios ecológicos de escalonamiento e interdependencia; estas circunstancias justifican
la utilización de los grafos de relación causa-efecto para identificar y entender los efectos. Por
XIV Coloquio de Historia Canario-Americana
268
ello, los agrosistemas han de ser contemplados como una intercesión de sistemas de
naturaleza ecológica, social y económica.
La dimensión aplicada de la valoración económica total de los agrosistemas
tradicionales: conflictos y potencialidades
La aplicación de las anteriores consideraciones es notable por una razón fundamental: en
contraste con los sistemas más modernos de producción rural, las culturas tradicionales han
implementado y gestionado sistemas territoriales y paisajes ecológicamente modélicos que le
han otorgado el calificativo de ambientalistas o compatibles con la conservación del medio
ambiente. Esta consideración de los agrosistemas tradicionales es posible al tratarse de
sistemas territoriales complejos, estables y diversos, que, además de haberse acomodado en
gran medida a las condicionantes ambientales, aprovechar con gran eficacia el potencial de
los recursos territoriales y optimizar los rendimientos sin comprometer la conservación de los
elementos y factores ambientales que lo sustentan, han desarrollado múltiples respuestas
técnicas, métodos de cultivos y modos de producción. Se trata de sistemas que se han logrado
un equilibrio entre el aprovechamiento antrópico y la productividad natural (Gómez Orea, D.,
1999) y que debe ser aprovechados a modo de modelos para el diseño de estrategias de
proyección e intervención territorial.
Esta consideración fue la que inspiró al Reglamento (CEE) número 2078/92, del Consejo
de 30 de junio de 1992, sobre métodos de producción agraria compatibles con las exigencias
de la protección del medio ambiente y la conservación del espacio natural. Se trataba de un
régimen comunitario de ayudas, con una duración de cinco años, cofinanciadas por el
FEOGA-Garantía (75%), y destinado al fomento de las prácticas agrícolas compatibles con el
medio ambiente9. Éste intentaba implantar una política ambiental en el medio rural, incitando
al agricultor a comprometerse en ella, compensándole las pérdidas de rentas debidas a la
reducción de la producción o al aumento de los costes de la misma; el objetivo último era
contribuir a un equilibrio de los mercados en la nueva política agraria de la Unión Europea.
Esta acción abarcaba una serie de medidas, entre las que destacaban las siguientes: el fomento
de prácticas de producción agraria que disminuyan los efectos contaminantes, y el desarrollo
de una agricultura menos intensiva; el fomento de una explotación de tierras agrícolas
compatible con la protección y mejora del medio ambiente, del espacio natural, del paisaje, de
los recursos naturales de los suelos y de la diversidad genética; la conservación de tierras
agrícolas abandonadas donde su mantenimiento sea necesario por motivos ecológicos,
peligros naturales o riesgos derivados del despoblamiento; el fomento de la gestión de tierras
con vistas al acceso del público y al esparcimiento, y por último, la de sensibilizar y formar a
los agricultores en estas materias.
Como especificaba artículo 3.º del Reglamento, los programas de ayudas debían reflejar la
diversidad de las situaciones ambientales, de las condiciones naturales y de las estructuras
agrarias de las principales orientaciones de la producción agraria y las prioridades
comunitarias en materia de medio ambiente, para lo cual, cada programa debía incluir, por lo
menos, los siguientes datos:
a) Delimitación de la zona geográfica y, en su caso, de las subzonas cubiertas.
b) Descripción de las características naturales, ambientales y estructurales de la zona.
L a valoración ambiental de los agrosistemas tradicionales
269
c) Descripción de los objetivos perseguidos y su justificación en función de las
características de la zona, incluida la indicación de la legislación comunitaria sobre medio
ambiente cuyos objetivos persiga el programa.
d) Condiciones de concesión de las ayudas habida cuenta de los problemas que se planteen.
e) Cálculo de los gastos anuales que entrañe la realización de un programa de zona.
f) Disposiciones adoptadas con vistas a proporcionar una información adecuada a los
agentes agrícolas y rurales.
El Reglamento 2078/92 tuvo que ser obligatoriamente adoptado por la legislación de los
Estados miembros para el total de su territorio. Su implantación se efectuó mediante el
establecimiento de un marco general nacional que habría de precisarse y, en su caso,
completarse a escala regional a través de programas plurianuales de duración mínima cinco
años, cubriendo zonas homogéneas desde el punto de vista medioambiental. Así, el Real
Decreto 51/1995 de 20 de enero estableció para el Estado Español un régimen de cuatro tipos
de medidas horizontales para fomentar métodos de producción agraria compatibles con las
exigencias de la protección y la conservación del espacio natural: a) fomento de la agricultura
extensiva (más bien retirada de tierras); b) fomento de la formación agroambiental; c)
fomento de razas en peligro de extinción; y d) fomento de la agricultura ecológica o biológica.
La aplicación de estas ayudas y subvenciones a la Comunidad Autónoma de Canarias se
realizó mediante la promulgación del Decreto 109/1995, de 26 de abril, por el que se establece
un régimen de medidas para el fomento de métodos de producción agraria compatibles con la
protección y la conservación del medio ambiente. Como se expresaba en el propio régimen
jurídico, su aplicabilidad era posible debido a las siguientes circunstancias:
• La regresión del suelo agrícola debido al abandono de tierras en extensas zonas, con los
consecuentes efectos negativos derivados de una erosión no controlada y la
desprotección creada en los espacios naturales circundantes.
• La disponibilidad de una cultura agraria propia, derivada de una acción continua y
secular contra un medio hostil al desarrollo agrícola que ha producido unos
aterrazamientos singulares y un aprovechamiento del agua o de la humedad ambiental,
que han permitido asentamientos humanos en zonas inhóspitas, y que, hoy en día,
forma parte del acervo histórico y de un paisaje singular a conservar.
• El desarrollo de una agricultura eco-compatible contribuye a la mejora de la calidad de
vida de la población y de la oferta turística, al disponer de un espacio para el ocio en
armonía con el medio ambiente.
• La posibilidad de ofertar unos productos de mejor calidad y contribuir al equilibrio de
los mercados mediante el fomento de una agricultura menos intensiva y respetuosa con
los recursos naturales
Para la posible aplicación del Reglamento, la Consejería de Agricultura y Alimentación (en
la actualidad, Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación) realizó un análisis detallado
de las necesidades de cada isla en relación con el mismo, consultando para ello a las distintas
XIV Coloquio de Historia Canario-Americana
270
instituciones y organizaciones interesadas. De las conclusiones derivadas del anterior proceso,
se decidió diseñar dos tipos de programas:
a) Los Programas generales horizontales. De aplicación general en todo el territorio de la
Comunidad Autónoma, tenían como fin la promoción de la agricultura ecológica, la
conservación de razas autóctonas y especies vegetales, y la formación de agricultores o
de formadores en materia de producción agraria compatible con el medio ambiente.
b) Los Programas plurianules de zona. Se trataba de programas horizontales, uno por cada
isla, con el fin de integrar la diversidad de situaciones ambientales, es decir, de
aplicación en zonas específicas, donde establecer medidas para la preservación del
espacio agrícola y compatibilizarlo con el entorno ambiental, valorando la renta a
percibir por el agricultor que se comprometa a cumplir los condicionantes que en cada
zona se establecieran.
El coste total de los Programas se estimaron en 5.499.375.000 pesetas (Arias, L., 1994). De
acuerdo con los criterios de identificación de los agrosistemas susceptibles a la aplicación del
Decreto 109/1995, las diferentes primas o cuantías de las subvenciones fueron asignadas en
función de su calidad ambiental de los mismos con el fin de lograr su conservación; algunos
ejemplos de esta valoración son los que se recogen en el cuadro nº 3.
No obstante, este tipo de estrategia se centró fundamentalmente en las características
físicas y el costo de mantenimiento de los diferentes agrosistemas tradicionales,
independientemente de si pueden o no ser valorados los beneficios derivados de tales
actuaciones o si proporcionaban un beneficio monetario más o menos directo o inmediato. Por
tanto, nos encontramos ante una situación contraria a la analizada en el caso de los nateros: si
bien se contaba con la posibilidad de invertir recursos financieros, no se tuvo en cuenta la
ponderación económica de los beneficios ambientales derivados de su mantenimiento y
conservación. La posible solución la volvemos a encontrar en la potencial aplicación de la
VET.
La utilización de métodos alternativos e indirectos asociados a la VET hubieran permitido
con una mínima fiabilidad estimar los beneficios que resultan de su conservación o uso
alternativo, al proceder a una aproximación de la ponderación económica de los mismos
mediante la consideración de los valores de carácter ambiental, los cuales incluyen los valores
de opción, de existencia y de uso indirecto. La evaluación de las externalidades ambientales,
que permite asignar un valor cuantitativo a los componentes, funciones y propiedades de los
nateros, hubiera hecho que su conservación pudiera, por una parte, competir en términos
económicos con otros usos del suelo, y por otro, ser complementarios de otros (por ejemplo,
el turístico). Así, la aplicación individual o en conjunto de los métodos de estimación de los
beneficios ambiental asociados al proceso de VET puede contribuir a ello (cuadro nº 4).
L a valoración ambiental de los agrosistemas tradicionales
271
Agrosistema
tradicional objeto
de subvención
Zona Objetivo de la actuación Gastos anuales
estimados
Gasto total
estimado del
programa
plurianual
(5 años)
Cuantía máxima por
hectárea de las ayudas
Gavias y nateros Fuerteventura Reparación y
mantenimiento 60.000.000 300.000.000 30.000
La Geria 105.000.000 120.000
Viñedo en hoyos
Haría
Mantenimiento del cultivo
tradicional de viña 75.000.000 80.000
Cultivo de
cochinilla Guatiza
Mantenimiento de la tunera
para la producción de
cochinilla
18.000.000 75.000
Cultivo en jable
Famara-San
Bartolomé-Playa
Blanca
45.000.000 150.000
􀂃􈍍 Mantenimiento de esta
agricultura singular.
􀂃􈍃 Conservación del paisaje
inherente a los mismos 60.000
Enarenados en
picón Lanzarote Conservación de los muros
de piedra perimetrales de las
parcelas de cultivo
90.000.000
1.665.000.000
30.000
Medianías de Gran
Canaria 135.000.000 675.000.000 30.000
Sistema de
bancales
Área de Influencia
Socioeconómica
del PN de
Garajonay
􀂃􈍍 Mantenimiento y
conservación de la
agricultura tradicional
􀂃􈍃 Conservación del paisaje
inherente a los mismos
99.000.000 495.000.000 30.000
Mantenimiento y
conservación de los muros
perimetrales
30.000
Mantenimiento del pastoreo
extensivo. 30.000
Sistema extensivo
de secano Meseta del Nisdafe
Cultivo extensivo de
cereales
78.750.000 393.750.000
50.000
Cultivos
tradicionales de
almendra y viña
60.000
Cultivo del
tagasaste
Área de Influencia
Socioeconómica
del Parque
Nacional de la
Caldera de
Taburiente
Evitar su abandono 111.000.000 555.000.000
12.000
Sistema de
bancales
Área de Influencia
Socioeconómica
del Parque
Nacional del Teide
30.000
􀂃􈍍 Mantenimiento y
conservación de los
espacios agrícolas.
􀂃􈍐 Proteger la naturaleza
de la erosión y de los
incendios.
􀂃􈍍 Mantener una
actividad respetuosa con
el medio ambiente
60.000
Cultivo
tradicional de
frutales de secano
y viña
Parques Rurales de
Anaga y Teno
Pastoreo controlado
139.125.000 695.625.00
30.000
Cuadro nº 3.- Ejemplos de ponderación económica de la conservación de algunos agrosistemas de Canarias
según el decreto 109/1995 (en pesetas)
Esta aplicabilidad hubiera sido posible debido a la similitud entre los conceptos utilizados
para el análisis de estos agrosistemas y las técnicas económicas: sus componentes
estructurales constituidos por los rasgos bióticos, abióticos y antrópicos (biomasa, materia
abiótica, especies de flora y fauna, etc.) corresponderían a las categorías económicas
tradicionales de reservas de recursos o bienes (leña, productos alimenticios, etc.) o usos
consuntivos, mientras que sus propiedades (diversidad biológica, singularidad cultural o
patrimonial, etc.) y las funciones ambientales que sustentan, esto es, las interacciones entre los
componentes y que regulan el sistema (los ciclos de nutrientes, funciones microclimáticas,
corrientes de energías, etc.) de las corrientes o servicios ambientales o usos no consuntivos.
XIV Coloquio de Historia Canario-Americana
272
Fuente: Barbier, E.B. (1989)
No obstante, la posibilidad de obtener valoraciones monetarias de los beneficios
ambientales de la conservación de los agrosistemas es muy limitada e incompleta, al quedar
muchas funciones fuera de la valoración. Esto ocurre fundamentalmente en aquellas
ponderadas por criterios cualitativos, a pesar de la existencia de índices objetivos de
valoración ampliamente aceptados. Por ello, las ponderaciones monetarias, aunque tienen una
gran importancia como enfoque alternativo al de la economía convencional y permite captar
mejor los beneficios de los agrosistemas, no pueden constituir, en ningún caso, el único
instrumento para la gestión territorial de los mismos (Castilla, C., 1997).
Consideraciones Finales
La consideración básica de cualquier proceso de ordenación del territorio es la necesaria
aproximación al sistema económico-ambiental como un todo indisoluble con carácter
multidimensional, es decir, se trata de combinar las consideraciones de las variables
puramente socioeconómicas (inversión, producción, gasto, etc.) con las ambientales.
Siguiendo el Principio 16 de la Declaración de Río’92 sobre el Medio Ambiente y el
Desarrollo, en el que se planteaba que “las autoridades nacionales deberían procurar fomentar
la internalización de los costes ambientales y el uso de instrumentos económicos [...]”, se trata
de plantear una planificación integral del territorio en la que, a diferencia de la planificación
económica tradicional, se adopte una consideración sistémica que incluya a la dimensión
ambiental y su valoración crematística. La razón que justifica este enfoque deriva de que,
como se ha comprobado, el tratamiento unidireccional de ambas variables es compleja y
difícil debido a la diversa naturaleza de las mismas.
Por otra parte, en la actualidad se está produciendo una creciente consideración
socieconómica del papel multifuncional de la actividad agraria en los espacios rurales, alejada
de su mera función productiva primaria. Esto provoca un interés por internalizar determinadas
externalidades que la agricultura produce, y por favorecer las nuevas funciones o usos
alternativos atribuibles a este tipo de sistemas agrarios relacionados con los múltiples y
L a valoración ambiental de los agrosistemas tradicionales
273
diversos beneficios ambientales inherentes a su conservación, en particular, aquellos dirigidos
al tratamiento, solución y corrección de problemas de degradación ambiental.
Asimismo, las administraciones públicas se enfrentan a una situación de demanda creciente
de servicios que provoca una mayor competencia entre los proyectos a los que se van a
asignar formas de financiación, constituyendo su justificación económica uno de los criterios
fundamentales para su ejecución, por lo que resulta poco realista la consideración de los
agrosistemas tradicionales como proyectos prioritarios únicamente desde la perspectiva de su
mera conservación y uso racional. En otras palabras, la premisa subyacente es que los
recursos deben asignarse a los usos que reporten ganancias netas a la sociedad (rentabilidad
social), lo que se evalúa comparando los beneficios económicos de cada uso menos sus
costos; por tanto, un uso que reporte un beneficio neto apreciable será considerado muy
provechoso desde el punto de vista de la eficiencia económica, aunque los principales
beneficiarios no sean forzosamente quienes asuman los costos que ocasione, provocando una
asignación presupuestaria eficiente para la financiación de una serie de líneas de actuación.
De esta manera, cada vez se hace más necesario contar con metodologías y técnicas capaces
de cuantificar crematísticamente los beneficios asociados al mantenimiento y conservación de
este tipo de sistemas agrarios.
En relación con los anteriores planteamientos, la utilización del método de Valoración
Económica Total implica múltiples ventajas. En primer lugar, facilita la información necesaria
para que los beneficios de las funciones ambientales que los agrosistemas desempeñan sean
considerados como una variable fundamental en la toma de decisiones, justificándose por sí
mismo el montante de la inversión que debiera dedicarse para que su calidad ambiental se
mantenga constante; en este sentido, desde el punto de vista del coste que supondría el
mantenimiento y conservación de los agrosistemas tradicionales, se obtendría un coste de
reposición infinito, es decir, todos los recursos que se dedicaran a ello resultarían insuficientes
(Castila, C., 1997). Por otra parte, al resultar necesario conocer la función que éstos
desempeñan, la valoración de los mismos pone en evidencia el carácter interdisciplinario de
los estudios de valoración, y por tanto, la necesidad de contar con equipos y enfoques en este
sentido. Y en tercer lugar, favorece la realización de nuevas investigaciones para mejorar las
técnicas de valoración de los usos alternativos, en particular con respecto a los valores de no-uso.
Su aplicación a los agrosistemas tradicionales permite construir un mercado hipotético del
que se puede obtener los valores que los individuos o las administraciones públicas están
dispuestos a pagar por evitar el deterioro o pérdida de este tipo de agrosistema; en este
sentido, permite calcular no sólo valores ambientales de uso, sino también de opción y de
existencia, por lo que permite valorar bienes ambientales que no se pueden utilizar, es decir,
producción de servicios a la sociedad. Se trata de insertar la funcionalidad ambiental de estos
sistemas agrarios en la filosofía del Congreso sobre Desarrollo Rural celebrado en París en
1970, donde bajo el subtítulo de “El hombre rural guardián de la naturaleza”, se ponía de
manifiesto la importancia de la población y los elementos rurales en la conservación de
recursos naturales, paisajes, ecosistemas, cultura, tradiciones, formas adaptadas de
aprovechamiento de los recursos y del espacio, patrimonio arquitectónico y, muy
particularmente, en el equilibrio territorial (Mateo Box, J.Mª et al, 1996). En otras palabras,
debido a su carácter multifuncional, supone considerar a los agrosistemas tradicionales como
elementos básicos para la conservación, mejora y hacer valer el medio ambiente, destacando
el papel de los nateros del Sur de Tenerife como instrumentos constructores de paisaje, que
han dado forma al territorio y evitado su erosión y desertización; en este sentido, frente a su
XIV Coloquio de Historia Canario-Americana
274
desaparición por su escasa rentabilidad económica, se trata de valorar sobremanera y retribuir
consecuentemente este otro cometido de mantenimiento del paisaje, e incluso, del equilibrio
social, económico y cultural del mundo rural.
En este contexto conceptual y metodológico, los resultados obtenidos de la aplicación de la
VET a los agrosistemas pueden contribuir, a modo de justificación económica, a la
consideración de éstos como líneas de actuación prioritarios, ya que permite obtener una
valoración de los analizados bienes y servicios ambientales, no cotizables en el mercado. La
identificación y divulgación de estos valores implica, por una parte, la revaloración de la
cantidad, calidad y combinación de los elementos de generación natural y de generación
cultural que constituyen a los agrosistemas, y por otra, la valoración de éstos por parte de la
sociedad. Así, partiendo de los criterios ya expuestos, se prestaría especial atención a este tipo
de sistema agrario como actividad económica, pero esencialmente como formadora de paisaje
y conservadora de una elevada calidad ambiental, para lo cual sería necesario abordar en
paralelo las imprescindibles medidas de mejora y mantenimiento de los mismos en el marco
del desarrollo integral del medio rural; en definitiva, se trata de una lectura en positivo del
principio de la Unión Europea de “el que contamina, paga”: “el que conserva, cobra”.
L a valoración ambiental de los agrosistemas tradicionales
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NOTAS
1 La cobertura vegetal tiene una gran influencia entre los factores que afectan al escurrimiento directo y a la
erosión; así, pequeñas variaciones en la misma ocasionan mayores porcentajes de variación en las tasas de
escurrimiento y pérdida de suelo.
2 Como señala Naredo (1987), “la noción de producción establecida por los economistas clásicos y
neoclásicos, se asienta sobre un enfoque mecanicista de los procesos físicos en el que buscó
originariamente su coherencia. Enfoque que toma en consideración la primera ley de la termodinámica, que
vino a completar el principio de conservación y conversión de la materia con aquel de la energía, pero no la
segunda, que llama la atención sobre su inevitable degradación cualitativa sin la cual podría evitarse el
problema de la escasez objetiva de los recursos”.
3 Este tipo de planteamiento ha originado una discusión a escala internacional que ha tenido como resultado
tanto en el plano institucional, entre los que destacan el Informe del Club de Roma y el de la Comisión
Mundial de Ambiente y Desarrollo o informe Bruntland, o Nuestro Futuro Común (1987), los resultados de
la Reunión de Río (1992), que se resumen en la Agenda 21, la Convención de Biodiversidad, o la
Convención de Cambio Climático.
4 Este tipo de planteamientos ha provocado un interés de la economía por el medio ambiente, provocando la
aparición de un conjunto de teorías económicas avanzadas que han significado una ruptura con los
conceptos de la economía clásica. Dentro de esta nueva concepción han surgido de dos escuelas de
pensamiento económicos: la “economía ambiental” y “economía ecológica”. La primera de las corrientes,
fundamentada en la teoría de las externalidades de Pigou y Marshall, la teoría del equilibrio general de
Walras y el campo de aplicación del análisis coste-beneficios, se basa en la aplicación de los conocimientos
y bases fundamentales de la ciencia económica para la explicación y solución de los problemas
ambientales. La segunda plantea la necesidad de modificar el marco conceptual de la economía con el fin
de establecer relaciones armónicas con el medio físico.
5 La medición de las externalidades ha sido objeto de tratamiento por parte de la economía para lograr
asignaciones eficientes en los mercados cuando éstos existen, ya que su presencia el mercado produce una
oferta excesiva de un bien -si las externalidades son negativas- o insuficiente -en el caso de externalidades
positivas- (Barreiro, J. 1998). En Buchanan y Stubblebine (1962) se puede encontrar un amplio conjunto de
definiciones de este concepto.
6 La integración de la variable ambiental al sistema de contabilidad se ha realizado en diferentes países
(Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Holanda, etc.) y por diversos grupos de expertos de los
organismos internacionales (por ejemplo, la Organización para la cooperación y el Desarrollo Europeo
publicó en 1995 una guía práctica para la valoración económica ambiental). En Canarias, la aplicación de
esta metodología se ha comenzado a realizar fundamentalmente a la valoración económica de los
ecosistemas representados por la Red Canaria de Espacios Naturales Protegidos.
7 Para obtener una visión teórica más en profundidad de estos métodos, sus aplicaciones y sus limitaciones se
puede consultar, entre otros, a Braden y Kolstad (1992), Freeman (1993), Azqueta (1994), Navrud y
Pruckner (1997) y Barreiro (1998).
8 Usando información procedente de un creciente número de estudios de casos, varios autores han planteado
una relación estrecha entre Agronomía y Ecología de cultivos (Dalton, 1975; Netting, 1974; Van Dyne,
1969; Sppeding, 1975; Cox y Atkins, 1979; Richars, 1984; Vandermeer, 1981; Edens y Koening, 1981;
Altieri y Letourneau, 1982; Gliessman y otros, 1981; Conway, 1985; Hart, 1979; Lowrance y otros, 1984;
Bayliss-Smith, 1982), mientras que otros han puesto énfasis en la importancia de las culturas tradicionales
-las variables sociales- para el diseño de sistemas agrícolas alternativos, ecológicamente relevantes (Buttel,
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1980; Kurin, 1983; Barlett, 1984; Hecht, 1985; Blaikie, 1984; Toledo, V.M., 1985; Richards, 1986; Altieri,
1988), y para la conservación de los recursos bióticos y genéticos (Brush, 1986). Por otra parte, las
estrategias y conocimientos ecológicos tradicionales han sido utilizados como base para nuevos estilos de
desarrollo rural en áreas del mundo tan diferentes como África Occidental, el Sudeste de Asia (Marten,
1986), México (Toledo y Col. 1986) y la región amazónica (Posey y Eddins, 1984).
9 Aunque inicialmente en el Tratado de Roma de 1957 y su desarrollo se hizo mención explícita de cuestiones
medioambientales, en los sucesivos informes sobre los resultados de las políticas y correspondientes
prácticas agrarias se fueron incorporando una serie de consideraciones de carácter ambiental. Así, por
ejemplo, el informe “Reflexiones sobre la Política Agrícola Común”,elaborado por la Comisión a
instancias del Consejo en 1980, apenas mención del problema medioambiental derivado del forzamiento
del sistema productivo; por el contrario, la Comunicación de 23 de octubre de 1981 “Orientaciones para la
Agricultura Europea” contiene abundantes referencias al medio ambiente, insistiendo en la necesidad de
fomentar las ayudas directas a las explotaciones de zonas de montaña y regiones desfavorecidas ya
previstas en la Directiva 268/75, con el fin de “mantener en estas regiones una actividad agrícola propicia a
la salvaguardia del medio ambiente”.
A partir de ese momento, las alusiones al medio ambiente son constantes, como en el documento “Política
Agraria Común: Propuestas de la Comisión”. Sin embargo, fue el documento de la Comisión “Perspectivas
de la PAC” conocido como Libro Verde de 1985, donde se reconoce que la agricultura no puede ser
contemplada sólo en su función económica productiva y estratégica, sino como una actividad que
contribuya al mantenimiento del medio ambiente rural; este documento ha determinado la reorientación de
la PAC. Así, los tratados firmados para la profundización de Europa (Acta Única, Tratado de Maastritch)
tienen presente en sus textos el aspecto medioambiental.