Los canarios en los protocolos de San Juan a principios del siglo XIX

              LOS CANARIOS EN LOS PROTOCOLOS DE SAN JUAN
A PRINCIPIOS DEL SIGLO IX
A. SZASZDI
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
El envío de grupos de colonos canarios a zonas poco pobladas
de América responde a una certera visión que reconoce en el pobla­miento
un requisito fundamental para la conservación de estas tie­rras
ante el acoso de las potencias enemigas, así como para su
eventual desarrollo económico. La isla de Puerto Rico caía en esta
categoría de provincia de escasa población, y por consiguiente, de
difícil defensa y primitiva economía.
Aunque dentro del contexto del desarrollo de la producción
azucarera hacia mediados del siglo XVI se había autorizado en 1569
el paso de Canarias a Puerto Rico de oficiales especializadosl , y que
se mantuvieron relaciones comerciales, hacia 1600, con motivo de
las extracciones de azúcar puertorriqueño a Europa2, la coloniza­ción
canaria propiamente dicha se inicia en 1695 con un grupo de
100 colonos pertenecientes a 14 familias que llegan a la isla cari­beña
en compañía del Sargento Mayor de la plaza de Santa Cruz de
Tenerife, Juan Fernández Franco de Medina, nombrado Goberna­dor
de la isla de San Juan de Puerto Rico3• Ya en el siglo XVIII, en
once años, de 1720 a 1730 se establecen aquí 176 familias canarias
con 882 individuos, según los contabilizó Angel López Cantos, y
luego desembarcaron, en 1759, de un grupo destinado a Santo
Domingo, 21 personas más. A partir de entonces cesa el envío de
colonos, aunque siguen llegando canarios de forma individua14 •
La mayor parte de los inmigrantes canarios se radicaron en los par­tidos
de Loíza, al este de la capital, y de Bayamón, al oeste, donde se
funda en 1745 con pobladores canarios el pueblo o parroquia rural
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388 Adam Szászdi
de Toa Bajas. A los que llegaron en 1722 se los envió a Humacao,
en la costa orienta16 , y quizás de allí procedan los que se fijarán en la
zona de San Lorenzo. También hay indicaciones de la presencia
canaria en los partidos de Río Piedra y Guaynabo, así como al oeste
de las dos Toas?
La historia de la emigración canaria va haciéndose con las
valiosas aportaciones de los investigadores que se han dedicado y se
dedican al tema, para el cual las fuentes no siempre se encuentran a
la mano. El tema tiene varias dimensiones: junto a los hechos de la
emigración organizada, hay la otra, la individual, y es de interés ade­más
el conocimiento de las circunstancias de esas familias en Cana­rias,
como igualmente el de su vida y de la de sus inmediatos
descendientes al otro lado del Atlántico. Para lo último pueden ofre­cer
alguna información los libros parroquiales y los protocolos nota­riales
que aún se conservan. La presente aportación se basa en los
protocolos más antiguos de San Juan en estado de poder ser consul­tados,
con algunos datos más que proceden de las escrituras de Toa
Alta, del mismo periódo, así como de las actas capitulares de
la capital.
Ademas de un apellido tan característico como Marrero, apare­cen
otros que denotan un origen canario, como Umpierre8 y Cande­laria9
• Un Saturnino Montebrun vende en 1787 una estancia en La
Laguna por 500 pesos, para adquirir otra por el mismo precio en el
partido de Río Piedras, al sur de San JuanlO • El apellido Rosario, tan
común en Puerto Rico, tal vez se origine en el pueblo de ese nombre
en Tenerifell . Otros apellidos, como por ejemplo Morales, no permi­tirían,
en sí, inferir un origen canario aunque quizás sí el área en que
aparecen, como en el caso de don Eusebio Morales, quien en 1792
vende a don Juan Apolinario Morales una estancia en Toa Alta, en
el sitio de Los Hornos, por 2.500 pesosl2 •
Entre los canarios que llegan a Puerto Rico hay gente de diver­sas
condiciones, como aquel negro de 25 años, natural de Santa
Cruz de Tenerife, que es vendido a un soldado por 300 pesos en
mayo de 180213 • Las escrituras consultadas revelan más que algún
que otro hecho aislado acerca de cinco inmigrantes y descendientes
de canarios: aunque sería exagerado hablar de biografías en cápsu­las,
la reunión de esa información nos ayuda a visualizar las circuns­tancias
de los emigrados, desde los más pobres hasta los que eran
más afortunados.
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GREGORIO BARES
Gregorio Bares era hijo legítimo de Juan Bares y de Agustina
Morales. Nació en El Fime, lugar de la isla de Fuerteventura, hacia
1778 o 1779. Los padres eran labradores pobres que poseían «un
sitiesido /sic/ con su casita». La tierra alcanzaba a tres almudes
-«sitio corto»- y la casita se describe como «pobre». El padre se
embarcó para La Habana, siendo el hijo único del matrimonio toda­vía
pequeño. En 1804 declara en San Juan Josef Anier, que a Gre­gorio
-dos o tres años mayor que él- le «conoció y trató desde
muchacho... como paysanos bautizados en la misma pila; que el
padre... los conoció pero hace poca memoria, porque hace muchos
años que vino a la América». Juan Bares dejó que Agustina luchara
sola para criar al hijo y para sobrevivir. Es hasta posible que nunca
más supieran de él, hasta que Gregorio se enteró, posiblemente ya
en Puerto Rico, que su padre había muerto en la capital
cubana.
Fue tal vez antes de cumplir los veinte años de edad, por 1796
o 1797 -años de guera con Inglaterra- que Gregorio Bares aban­donó
para siembre el ,hogar materno y se embarcó hacia Puerto
Rico. Por entonces -y pudo haber sido a bordo del mismo buque­también
llegaron a San Juan dos amigos suyos. Uno de ellos, Fran­cisco
Oramas, conocía a Gregorio «desde muchacho, que jugaban
juntos»; lo mismo dice Francisco Sorpa: le conocio «desde bien
pequeño, que jugaban juntos en dicho su lugar» del Fime.
Gregorio Bares se avecindó en el partido de Río Piedra, a poca
distancia de la ciudad de San Juan, posiblemente como labrador, y
de escasos medios. A principios de septiembre de 1804 surgió en el
puerto de San Juan el bergantín San Josefy las Animas, su capitán
don JosefLaguna, en viaje de Tenerife a La Habana. Entre los pasa­jeros
se hallaban Juan González, «paysano conocido del mismísimo
lugar y parroquia de El Fime, así como Josef Anier. González le
trajo a Bares la noticia de que su madre «murió mucho antes de su
salida de Fuerteventura». Anier confirmó el fallecimiento: «Sabe
positivamente que murió, porque... ayudó a cargar su cuerpo difunto
a la Parroquia para sepultarlo».
González planeaba regresar de La Habana a Fuerteventura en
cambio Bares había «perdido... la esperanza del regreso a allá». Por
lo que convinieron en la cesión por éste a favor del primero de todo
cuanto le han dejado sus padres «y poseían en aquel lugar y no otro»
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-precaución por si acaso Juan Bares hubiera dejado algo en
Cuba- por la cantidad de 100 pesos. Como el comprador recono
cía, lo que adquiría por tan módica suma era «una cortedad», y en
cierto modo la venta es un reflejo del precario estado económico de
Gregorio, especialmente porque para poder hacerla tuvo que acudir
ante el Alcalde Ordinario de San Juan, Licdo. Santiago de los Ríos,
para que éste autorizase la transacción, tras la probanza de ley en
respaldo del presunto derecho del vendedor como universal here­dero
de sus padres, al certificar los testigos el fallecimiento de éstos
y la calidad de hijo único del solicitante.
La instancia al Alcalde lleva fecha del 11 de septiembre de
1804, y se presenta con. carácter de cierta urgencia, «a causa de
estar para marchar para la Habana dicho comprador». El Licdo.
Ríos accedió y cometió el examen de los testigos al escribano
público y del Cabildo Gregorio Sandoval, «y por su ocupación al /
Escribano/ Real don Manuel de Acosta». Este tomó la declaración
de los testigos Oramas, Serpa y Anier ese mismo día, tras lo cual
pasó «estas diligencias a manos del originario don Gregorio Sando­val
». Al día siguiente el Alcalde dictó auto por el cual autorizaba
que Bares «otorgue escritura de venta en favor de Juan González, y
satisfaciéndose las costas causadas». El mismo 12 de septiembre
Sandoval registró el contrato de venta.
Ni Bares ni González, ni Anier tampoco, sabían firmar. La
firma de Serpa revela muy poca praética en ese arte. En cambio,
Oramas la tenía muy buena14.
GASPAR FRANCISCO DE LA CRUZ
Otro poblador canario que tampoco sabía firmar era don Gas­par
Francisco de la Cruz, hijo legítimo de don Antonio Francisco y
de doña Isabel Pérez González, y natural del lugar del Tanque en la
isla de Tenerife.
El apellido de la Cruz era por entonces bastante frecuente en
Puerto Rico. Figuraba entre los dueños de estancias en el partido de
Río Piedras, donde don Gaspar Francisco era efectivamente vecino
y propietario de una estancia. Se puede destacar, además , los nom­bres
de don Andrés de la Cruz, emigrado de la Isla Española donde
había sido Teniente de Fieles Prácticos15 ,de don Juan Manuel de la
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Cruz, Capitán de Ingenieros16 , y de don Félix de la Cruz, Regidor y
Alcalde de San Juan más de una vez, admitido en el seno de la oli­garquía
capitalina mediante su enlace con doña Josefa Martínez de
Andino y Dávila17 .
Mientras en el caso de todos los demás simplemente presumi­mos
un origen canario, en el de Gaspar Francisco consta tal oriun­dez
de su testamento, otorgado en San Juan el 8 de febrero de 1811
ante el escribano Gregorio Sandoval18. No sabía firmar, si bien el
distintivo de don le avala como persona de cierta consideración,
como lo hace también el hecho de haber aportado a su matrimonio
con doña María Magdalena de la Cruz Rodríguez un capital de
1.000 pesos, que podría parecemos una cantidad mediocre, si no
fuera porque en Puerto Rico circulaba poco dinero, y por que la con­trayente
no tuvo otra dote que «una vaca, una becerra y las prendas
de su uso». Por otra parte, uno de los tres testigos presentes alotor­garse
el testamento es el Escribano Real don Manuel de la Cruz
Rodríguez, quien firma en el registro de Sandoval por el testador.
Conviene señalar, que ni siquiera entre las primeras familias de la
isla se acostumbraba casar a las hijas con grandes dotes: además de la
escasez de dinero líquido, la contrayente de todos modos iba a here­dar
eventualmente, y entre tanto seguía formando parte de la familia,
y por consiguiente se la seguía favoreciendo materialmente.
Si en el caso de Bares la información concierne su transfondo
canario mientras casi nada aprendemos acerca de sus circunstancias
en Puerto Rico, en el de don Gaspar Francisco es al revés. En vista
de que el documento que le concierne es su testamento, es como si
se tratara de la contabilidad final de sus logros al otro extremo
del Océano.
Debió de contraer matrimonio alrededor de 1800, pues en 1811
«declara que es casado infacie Eclesia con doña María Magdalena
de la Cruz Rodríguez, en cuyo matrimonio ha tenido y procreado a
don Juan Cristóbal, doña María del Rosario, doña Dominga Floren­cia
y doña María Rita... constituidos en la edad infantil, y que por sí
no están en estado de representar por su persona acciones y dere­chos
». Nombra por sus tutores y curadores, en primer lugar a su
esposa, y en segundo a don Domingo Martínez, «con la calidad de
que este último entrará el ejercicio de este encargo, previa la compe­tente
fianza, sólo en el caso de que aquélla contraiga nuevo matri­monio
». A los mismos los nombra por sus albaceas, «prorro-gán
doles el tiempo que necesiten, pasado el año fatal de albaceazgo».
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Declara a sus cuatro hijos «por sus únicos y universales herederos...
para que los hayan y hereden /sus bienes/ con la bendición de Dios
y la del otorgante». El testador declara no deber nada a nadie, «pero
si alguno dijere que le es deudor, se le pague de sus bienes, previa la
justificación correspondiente».
Los activos de don Gaspar Francisco se reducían a poca cosa:
una estancia en Río Piedras -es decir, propiedad de limitada exten­sión
y de escasa inversión- y en ella una yunta de bueyes, tres
caballos de camino, cinco yeguas y dos mulas. También poseía «dos
Negros grandes llamado Vicente y Joaquín, una negra nombrada
Andrea y su hijo Antonio que tendrá como año y medio de edad; un
trabuco, una escopeta, un sable, una hacha, dos azadas, dos frenos,
tres falsas riendas; un reloj, ocho cucharas y seis tenedores de plata;
una cama, una caja de cedro, dos baules; trescientos pesos en plata,
un par de hebillas del mismo metal; un anillo, un alfiler y una pajuela
de oro.»
La estancia se dedicaba a vaquería, y contenía 26 vacas, un
toro padrón y 15 becerros. Ademas, sea por falta de pastos o por
ahorrar el gasto de gañanes, tenía «en poder de Celedonio Galbán...
cuatro novillos, a partir ganancias, los que al tiempo de su entrega
fueron tasados, dos a diez pesos cada uno, y los otros dos a nueve, y
una novilla que le entregó también a sólo disfrutar la primer cría».
Añade que en poder «de José Galbán tiene dos vacas y una novilla,
con el cargo de que se aproveche de la primer cría; en el de don
Ramón Andino, seis novillos a partir ganancias, los cuales fueron
tasados al tiempo de su entrega, cuatro a diez pesos, y los dos a
once, y además dos novillas, siendo a su favor la primer cría; y final­mente,
en el de José Chiquito, una novilla, de la que debe haber éste
la primer cría».
«Oprimido de la enfermedad que Dios Nuestro Señor ha sido
servido darle, pero... en su entero y cabal juicio, memoria y entendi­miento
», a don Gaspar Francisco le preocupaba la eventual inter­vención
de las autoridades, por lo que declaraba: «Es su voluntad
que el inventario, tasación y participación de los bienes que queda­ren
por su fallecimiento se practiquen extrajudicialmente, y al
intento nombren sus albaceas personas de su agrado, que tasen, par­tan
y los dividan, sin intervención de las Justicias, y menos costo
posible, procurando no se les cause peIjuicio a sus herederos.»
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Los canarios en los protocolos de San Juan a principios del siglo XIX 393
JOSEFA DE NOA
A principios de 1811 muere en San Juan María Gertrudis
Rosalía Gelí Dalmau, natural de Tossa en el Principado de Catalu­ñal9
• Era la esposa del comerciante y armador de corsos Miguel
Rubiera, oriundo de la misma villa. Antes de que terminase el año,
el viudo -de 51 años de edad- volvió a casarse, esta vez con
Josefa de Noa, natural de Tenerife20 .
De acuerdo con la partida matrimonial, Josefa era viuda de
Antonio Forti. No sabemos, en qué circunstancias llegó a Puerto
Rico. Josefa tenía que ser de condición humilde, pues no sabía fir­mar
y no se le aplicaba el distintivo de doña hasta después de su
enlace con Rubiera, distintivo que a principios del siglo XIX se apli­caba
ya corrientemente a toda la «gente decente». Habría sido como
viuda de Forti que contrajo nupcias con el catalán Antonio Dalmau,
comerciante y dueño de una estancia en Río Piedras. También natu­ral
de Tossa, Dalmau podía haber sido primo de la mujer de Rubira.
Pero este matrimonio de Josefa fracasó, como se concluye del hecho
de que a mediados de marzo de 1801 ella eleva instancia al Alcalde
Ordinario Féliz La Cruz, para que la faculte a otorgar una carta de
libertad, «sin embargo de estar ya autorizada verbalmente por el
citado mi marido para estos y otros cualquiera contratos»; pues,
como declaró antes, era «legítima mujer de Antonio Darmao /sic/,
separada quod thorum /sic/ por justas causas. El Tribunal Eclesiás­tico
habría anulado posteriormente su matrimonio con Dalmau, de
quien se sabe que ya en 1802 proyectaba regresar a Europa. Tal
sentencia explicaría la partida matrimonial de 181121 •
Pero Josefa era mujer caritativa, según trasluce de la carta de
libertad que otorga en marzo de 1801:
«Tengo una mulatica mi esclava, como de ocho a nueve años,
nombrada Carlina, a la que deseo y quiero dar libertad por los
buenos servicios de su madre». Carlina era «nacida en mi casa,
y de otra mi esclava nombrada María del Rosario Canovay».
La manumitía «bajo la precisa condición de que ha de penna­necer
en mi poder para educarla, y que me asista todo el tiempo
que fuere mi voluntad, siendo de mi cuenta darla /sic/los
correspondientes alimentos y vestuario y curación, en caso
necesario... Y cuando esté en la mayor edad y judicialmente
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apta para poder manejar sus asuntos y negocios, le confiero
poder irrevocable, con franca, libre y general administración,
para que trate, contrate, teste... Obligo mis bienes a no revocar
total ni parcialmente, interpretar ni reclamar esta libertad y
manumisión, sin embargo de las causas que para volver a la
agraciada a mi poder y dominio prescriben las leyes de estos
Reinos, que renuncio»23
La misma impresión, de mujer caritativa, obtenemos al leer una
claúsula del testamento del recaudador de alcabalas, el asturiano
Juan Llanos, documento fechado cinco años después. Lega a Josefa
Noa los dos primeros esclavos que posee, Antonio y su hijo José,
por los buenos servicios que le ha dispensado durante sus enfermeda­des,
pero a cambio de que corriese con los gastos de su entierro. Por
cierto, en el mismo testamento aparece el nombre de Miguel Rubira,
a quien confiesa el moribundo deber muchos meses del arrenda­miento
del cuarto en que vivía, así como el costo del pan que el cata­lán
le había estado suministrand0 24.
Como motivo de su matrimonio con Josefa, Rubira adquirió por
1.000 pesos tres esclavos del tratante Bernardo Crobella: el coci­nero
Marcelo, valorado en 450 pesos, la cocinera Ana, de 250
pesos, y «otro negrito» Francisco, de 300 pesos25 . Pero pasado seis
días, Marcelo obtiene su libertad, al haber entregado a cambio de
ella 400 pesos26 .
Agraciada ya con el distintivo de doña, a principios de enero de
1813 Josefa le concede la libertad a otro hijo de María del Rosario,
llamado Juan y nacido por 1802. La carta de libertad, condicional,
se extiende por ambos conyuges. Don Miguel se titula Capitán
Segundo y Ayudante Mayor de las Milicias Urbanas Distinguidas
de San Juan. Expresan que «por el mucho amor que le tienen /a
Juan/, como que lo han criado, y por otras razones que «servir como
hasta el presente a los otorgantes por todo el tiempo de su vida, y
fallecidos que sean, entre al goce de la gracia que le
dispensan»27
Rubira muere" en 1818, tras haber figurado de manera desta­cada
en el comercio de la capital de Puerto Ric028 • De doña Josefa
no poseemos datos adicionales, aunque deben de existir en los regis­tros
notariales posteriores, así como en el Archivo de la
Catedral.
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Los canarios en los protocolos de San Juan a principios del siglo XIX 395
JaSE IGNACIO y
FRANCISCO MARRERO
El apellido Marrero reaparece con frecuencia en las escrituras
de esta época. Generalmente se trata de vecinos de las dos Toas o
de Bayamón29 • Habrían sido descendientes de Baltasar Andrés
Marrero y de Felipe Marrero, quienes llegaron a Puerto Rico en
1695, integrantes del grupo de 100 colonos canarios que cruzaron el
Atlántico en compañía del Gobernador Juan Fernández Franco de
Medina30 • Ya para principios del siglo XIX algunos miembros de
esta dilatada familia o clan había logrado un situación económica de
cierto relieve, e incluso un enlace matrimonial con la familia domi­nante
de la oligarquía, los Dávila31 •
Por dedicarse al fomento de sus haciendas y estancias, los pro­tocolos
nos brindan alguna información acerca de los Marreros.
Uno de ellos, don José Ignacio, era Subteniente de las Milicias Pro­vinciales
de las Islas Canarias, y para 1806 no había establecido
todavía su vecindad en Puerto Rico, por 10 que cabe concluir que
había llegado no mucho antes, tal vez durante el breve lapso de paz
que sigue a Amiens, pero a más tardar en 1803 o principios de 1804,
seguramente atraído por las noticias que le diera su primo -no se
sabe en qué grado- don Francisco Marrero, vecino que se decía de
Toa Baja y de Bayamón, indistintamente. Da la impresión que José
Ignacio -de cierta posición socio-económica en Canarias, a juzgar
por su rango de oficial de milicias- emigró a Puerto Rico con algún
capital, quizás precisamente para invertirlo en una empresa conjunta
con su pariente. Las escrituras poco reflejan, lógicamente, del origen
de los caudales del Subteniente. Pero, a juzgar por lo que ocurría en
Puerto Rico precisamente en el contexto de la guerra de 1796-1802,
es plausible que se hubiera tratado de beneficios obtenidos del
cors032 •
Lo que sabemos a ciencia cierta es 10 que José Ignacio declara
en una escritura del 23 de julio de 1806. Calificándose de residente
en San Juan, manifesta que fomentó en Bayamón, en sociedad con
Francisco Marrero, una hacienda de café, «en utilidad de ambos y
beneficio del comercio de esta isla», y que invirtió caudales en la
compra de esclavos de ambos sexos, así como «en los plantíos, des­montes
y fábricas precisas». No obstante, quería por entonces disol­ver
la sociedad, por 10 que propuso a su primo la alternativa de la
compra o de la venta de la mitad de la hacienda, llamada San José,
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santo patrón del subteniente de las Milicias de Canarias. Estaba dis­puesto
a pagarle a Francisco la suma de 21.000 pesos por su mitad,
o vender la suya por igual cantidad. Esto se decidió a quedarse con
la hacienda, al precio propuesto por José Ignacio.
El valor aceptado de la propiedad ,de 42.000 pesos, corres­ponde
a una considerable inversión, sin que podamos determinar la
plusvalía resultante de los trabajos llevados a cabo, como desmon­tes,
plantíos de cafetos y alguna que otra construcción. Al parecer,
Francisco había contribuido a la sociedad con la tierra, una estancia
que daba en el río de Guaynabo, y que había adquirido de Josefa
Ferrer, viuda de Francisco Vergara, mediante escritura del 19 de
octubre de 1802 pasada por ante el Teniente a Guerra del partido de
Bayamón. Había actuado a nombre de la vendedora don Pedro
Vergara -probablemente un cuñado- dueño a su vez de una estan­cia
contigua, frente a la quebrada del Cercado, y a ambos lados de la
raya divisoria entre Bayamón y Guaynabo. Esta estancia había sido
de su padre don Francisco Antonio de Vergara, y Pedro vendió su
parte de la herencia al emigrado francés Lorenzo Kercadó en 1799,
por 2.875 pesos, e incluía 133 cuerdas, con casa de vivienda, así
como «plantaciones». Presumiblemente el precio pagado por Fran­cisco
Marrero a Josefa Ferrer rondaba por la misma cantidad33 •
Es seguro que una porción sustancial del capital se invirtió en la
adquisición de una dotación competente de esclavos, elemento
indispensable por entonces para el fomento de una hacienda. No se
conocen los pormenores de la financiación de la empresa, pero hay
constancia de dos obligaciones suscritas por Francisco a favor de
José Ignacio, con fecha del 1.0 de diciembre de 1804 y del 19 de
mayo de 1806, por la suma de 11.704 pesos, lo que sugiere que el
'último le prestó a su primo una parte sustancial de su participación
en la compañía. El canario habría procedido de esta manera,
movido, más que por el mero parentesco, por la conveniencia de
asociarse a un conocedor -y presumiblemente, nativo- del
país.
La obligación de mayo de 1806 probablemente se relacionaba
con la adquisición por los Marreros de la estancia vecina que había
sido de Pedro Vergara. Kercadó la cedió por 2.500 pesos, mil de
contado y luego quinientos anuales. La compra, sin embargo, no
afectaba los derechos de don Manuel Dávila Marrero, socio capita­lista
de Kercadó e interesado en un 25% de las 133 cuerdas
de esta estancia34 •
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Los canarios en los protocolos de San Juan a principios del siglo XIX 397
Ahora bien, para mediados de 1806 varias consideraciones
habrían movido a José Ignacio a desear la disolución de la sociedad.
La hacienda San José estaba a punto de comenzar a producir pero
tener que partir los beneficios reducía a la mitad los réditos de su
inversión. Los beneficios estimados se verían mermados, además,
por el bloqueo inglés; y siendo el principal, para no decir único, mer­cado
que quedaba el norteamericano, había mayor demanda allí
para el azúcar que para el café. Por otro lado, si Francisco se deci­día
a comprar, con la plusvalía de la propiedad, José Ignacio lograba
recuperar su inversión original. En el caso contrario, con una inver­sión
adicional -tal vez mediante un préstamo- se aseguraba el dis­frute
del ingreso total de la hacienda. Pero aparentemente a José
Ignacio lo que le interesaba era vender su mitad de San José, ya que
para las mismas fechas -fechas de 1806- llegó a un acuerdo con
don Cayetano Náter, vecino de Bayamón, para asociarse a él en el
fomento del ingenio de Santa Cruz.
Francisco Marrero aceptó la oferta, y los términos del traspaso
de la mitad de San José se fijaron así por el contrario del 23 de julio
de 1806: 11.000 pesos el 31 de mayo de 1807, y el resto -serían
10.000 pesos- e131 de mayo de 1808. El comprador debía todavía
5.704 pesos de los 11.704 pesos que José Ignacio le había prestado:
esa cantidad la debía pagar, por partes iguales, en las dos fechas
señaladas. El pago del 2% de alcabala -420 pesos- quedaba a
cargo de Francisco, «lo primero por el beneficio que le resulta en los
plazos establecidos, lo segundo por el cosecho pingüe que va ya a
dar principio y del que absolutamente se utilizará el comprador»35 •
Quedaba hipotecada la hacienda como seguridad.
Efectivamente, las condiciones de pago eran generosas, pues
con la excepción de la alcábala se difería el primer pago por diez
meses. No obstante, a Francisco le hubiera convenido más un plan
de pagos más extendido, práctica que era corriente, en vez de tener
que liquidar esta deuda sustancial dentro de dos años. Pero, sin
duda, a José Ignacio le urgía tener su capital en mano a corto
plazo.
El primer plazo venció el 31 de mayo de 1807, Yes de creer
que Francisco pagara puntualmente los 13.865 pesos correspon­dientes.
No obstante, con fecha del 19 de noviembre de 1807 sus­cribe
una obligación ante notario, en que declara no haber podido
encontrar fiador para los 13.000 pesos que aún le debía a su primo,
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por lo que accedía a pagar una multa de 1.000 pesos en el caso de
exceder del plazo señalado (31 de mayo de 1808)36.
La exigencia de un fiador no aparece en la escritura de venta de
San José. Seguramente se debe a la cancelación de la hipoteca que
garantizaba el pago. No se cuenta con elementos de juicio acerca de
las circunstancias que habría rodeado dicha cancelación, pero es
plausible que Francisco Marrero hubiera recurrido a un préstamo
hipotecario para poderle hacer frente al plazo que venció en mayo de
1807.
Los doce meses siguientes pasaron muy rápido, y no se ve,
cómo pudo haber sacado Francisco de su propio peculio en tan
corto tiempo la suma de 13.000 pesos. La imposibilidad de cumplir
le forzó, como única alternativa, a buscarse dos socios para poder
saldar la deuda resultante de la adquisición de San José. La socie­dad
se formó hacia fines de 1808, y se constituyó mediante la cesión
de una tercera parte de la hacienda a cada uno de los dos nuevos
socios, al Teniente Coronel de Ingenieros don Ignacio Mascaró y
Homar -condecorado con la Orden de Carlos I11por su actuación
durante el sitio inglés de 1797- y el Dr. don Manuel García, Audi­tor
de la Comandancia de la Marina de San Juan y quien será pro­movido
en 1810 a Oídor de la Real Audiencia de Santa Fe. El
convenio por el cual se establecía la sociedad fue protocolizado el 19
de mayo de 1809. Es gracias al capital aportado en esta forma que
Francisco Marrero pudo «verificar los pagos contratados» con su
primo José Ignaci03?
Preludio a la información de la triple sociedad debe de ser la
siguiente carta:
«Señor don Francisco Marrero = Muy Señor mío, y mi Esti­mado
primo. Hecho cargo de cuanto contiene la tuya de ayer,
digo: que desde luego, por lo que a mí toca, puedes partir, com­prar
o vender esa Hacienda a tus compañeros, pues no quiero
perjudicarte, y por lo que toca al dinero que me adeudas, pue­des
hacer la correspondiente escritura, como está tratado, a
pagar por plazos de quinientos fuertes al año. Quedo muy tuyo,
tu afectísimo que besa tus manos. José Ignacio Marre­ro
».38
Debido probablemente a la situación internacional, San José
tardaba en producir beneficios, por lo menos es lo que cabe presumir
de la salida de Francisco Marrero de la sociedad poco después.
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Los canarios en los protocolos de San Juan a principios del siglo XIX 399
Como no se hace más mención del Dr. García, es de presumir que
habría vendido su tercio al Comandante del Real Cuerpo de Ingenie­ros
con motivo de su partida hacia su nuevo destino, precisamente
por las mismas fechas en que Mascaró adquiría el tercio restante de
Marrero. Conforme a una escritura suscrita ellO de septiembre de
1810, éste le vendía a Mascaró «dos estancias que unidas en una
tienen frente sobre el río de Guaynabo», es decir, la hacienda San
José. El precio que estipulaba el contrato es de 6.400 pesos, de los
cuales 650 pesos correspondían a censos. Mascaró se comprometía,
además, a liquidarle a Dávila Marrero su participación en la finca
que había sido comprada a Kercadó39 •
Quince días después hubo que extende nueva escritura, en la
que se aclaraba, que la venta afectaba la tercera parte de la
hacienda, es decir, la participación de Marrero en la sociedad. Este
aún no acababa de liquidar su deuda con José Ignacio, por lo que se
hizo necesario exhibir la citada carta de éste. La escritura de la com­pra
hecha a Kercadó cuatro años antes se obtuvo sólo por ahora del
apoderado del francés: esta mitad de la hacienda San José se hallaba
libre de hipotecas, ya que Kercadó las había hecho transferir al com­prar
la estancia de Vergara40 • En cambio, la mitad que había sido de
Josefa Ferrer estaba gravada con 200 pesos a favor del convento de
San Francisco, con 450 pesos correspondientes a una capellanía, y
con 100 pesos a favor de Nuestra Señora de la Candelaria, Patrona
de Guaynab041 •
Descontados los censos, Mascaró debía pagarle a Marrero
5.750 pesos por el tercio de éste. De esta suma se descuentan otros
1.000 pesos que Mascaró le dio a Marrero a comienzos de noviem­bre
de 1808. Al suscribirse la escritura, le liquida otros 1.000 pesos,
y después la misma cantidad en junio de cada año, hasta completar
la suma convenida. Además, el comprador se responsabilizó del
pago de los 115 pesos de alcabala, así como de la cancelación de las
acciones de don Manuel Dávila Marrero.42
y volviendo a José Ignacio Marrero, cuando se salió de la
sociedad con su primo, tuvo -como vimos-la alternativa de inver­tir
su caudal en otra empresa agraria. Su nuevo socio era una vecino
de Bayamón, don Cayetano Náter, con quien suscribió dos contratos
distintos: uno para el fomento del ingenio de Santa Cruz, y otro para
la explotación del ingenio de San Pedro, ambos en Bayamón.
El ingenio de Santa Cruz, en el sitio de ese nombre, se extendía
a lo largo de la orilla izquierda del río Bayamón, «hasta la emboca-
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400 Adam Szászdi
dura del caño o ciénaga». Esta propiedad había sido de don Francis­co
Zepero, vecino de San Juan, quien la vendió, años atrás, a Náter
ya su socio, el sargento de milicias Felipe Baeza, también vecino de
la capital43 • Al formarse la sociedad Náter-Marrero, Baeza perma­necía
al parecer en calidad de co-dueño de la tierra, pero sin entrar a
formar parte de la compañía. En cambio, José Ignacio no adquirió
título alguno a la propiedad, sino que aporta una dotación de escla­vos
y «algunas cantidades de dinero», y se encarga además de la
administración del ingenio. Las ganancias y las pérdidas se partían
presumiblemente por la mitad entre ambos socios.
No obstante, dentro del término de un año surgieron desave­nencias
entre Náter y Marrero, las que condujeron a la disolución de
la sociedad. Según el convenio suscrito a tal efecto, Marrero se
separaba de la sociedad, y entraba en su lugar Baeza. Aunque sólo
fue protocolizado el 15 de julio de 1807, sus términos se habían
acordado ya el 6 de junio, y el lunes siguiente, 8 de junio, Marrero
debía presentar la cuenta-relación de los gastos. El mismo día se le
entregaban los esclavos de su propiedad. Náter le debía abonar el
dinero invertido en la compañía, incluso la alcabala que Marrero le
pagó a Ramón de Aguayo, arrendatario del ramo en Bayamón, así
como 300 pesos que correspondían a la mitad del valor de dos
negros que murieron. Náter le debía a Marrero 4.555 pesos en total,
de los que le satisfizo 2.000 pesos al contado al firmarse el conve­nio,
y el resto lo iba a pagar al año cumplido, con premio de 6%
(«115 pesos 30 centavos de interés» ). La hacienda se hipotecó para
asegurar este pago.
La entrega de la dotación de negros se hizo en la hacienda de
Cataño -no sabemos, si Marrero era su propietario o quizás el
arrendatario- y su conducción hasta allí desde Santa Cruz corría
por cuenta de Náter. Debían ir vestidos «con la ropa que se les dio y
estaba hecha» antes de la desavenencia en sustitución de la que los
esclavos habían gastado en el servicio y trabajo de la hacienda.
Los socios habían recibido, además -tampoco consta, si del
Gobierno o de otra fuente- 12 fanegas de arroz «para que en seis
meses se devolviesen dieciocho». Esto quedaba por cuenta de
Náter, «pues ya éste se ha llevado una parte, y continuará llevando
el resto».
En añadidura a Santa Cruz, Marrero y Náter «iban dé compa­ñía
» en el mencionado ingenio de San Pedro, cuya cuenta, según el
convenio del 6 de junio de 1807, «se ha de hacer por separado, par-
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Los canarios en los protocolos de San Juan a principios del siglo XIX 401
tiendo cada uno por mitad el beneficio, sin que se cuente el trabajo
de los peones o bueyes de Bayamón que se hayan empleado
allí»44 .
No se aclara el uso que se les había dado a los 4.555 pesos
invertidos por José Ignacio Marrero. Tampoco hay otras noticias
suyas en la documentación consultada en cuanto a sus empresas
agrarias. En cambio sí consta, que fue el armador del corsario La
Carmelita que al mando de José Huertas capturó en a,lta mar ún
cargamento de esclavos bozales, vendidos luego en Puerto Rico.
Dos de éstos, ambos de 22 años, los vendió Marrero por 200 pesos
cada uno a Juan González, en el partido de Caguas. Actuó en ésta y
otras transacciones en nombre del canario su apoderado general, el
Canónigo Licdo. don Nicolás Alonso de Andrade y San Juan, con­forme
a un poder otorgado el 5 de oetubre de 180845 . En las escritu­ras
suscritas por Andrade no se dice que Marrero estuviese ausente
-en junio y octubre de 1811- por lo que cabe presumir que se
hallaba en Puerto Rico, probablemente fuera de la capital, en
el campo.
JOSÉ ANTONIO DE TORRES
El14 de marzo de 1770 se despacha en el Pardo un Real Título
a favor de don José Antonio de Torres -refrendado por el Secreta­rio
don Tomás del Mello- de Anotador General de Hipotecas de la
ciudad e isla de San Juan de Puerto Ric046 . Iba a ser el primero, al
parecer, en desempeñar allí ese oficio, obtenido mediante remate.
Torres era «natural de la Muy Noble e Ilustre ciudad de las Palmas,
capital de las Islas de Canarias», hijo legítimo de don Gregorio
Alonso de Torres Navarro y de doña Teresa Travieso de Montede­coa
/sic/ y Castro. Es, sin duda, el canario cuya firma aparece con
mayor frecuencia en los protocolos de San Juan, al agregarse en los
registro a las escrituras de compraventa de bienes raíces la certifica­ción
del Anotador de Hipotecas.
No obstante, casi todos los registros notariales de San Juan per­tencientes
al siglo XVIII se han perdid047 , por lo que dependemos
para rastrear su actuación de las actas capitulares, que nos brindan
además un tipo de información que normalmente no se encuentra en
las escrituras. Así, se mencionan dos Reales Cédulas ,del 9 de mayo
de 1778 y del 16 de abril de 1783, que posiblemente le confirmaban
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
402 Adam Szászdi
en la posesión del ofici048 • Como éste no tenía antecedentes en la
isla, ni el Título le brindaba orientación en cuanto al arancel que
debía aplicar, el Anotador se hallaba desprovisto del apoyo que le
podía haber ofrecido el Gobierno insular. A pesar de ello no parece
haber tenido mayores contratiempos en un principio, quizás porque
los derechos que cobraba eran módicos. Lo que es como decir, que
sus ingresos eran muy limitados. Es cierto que casi todas las propie­dades,
tanto rurales como urbanas, se hallaban gravadas con múlti­ples
hipotecas -por la mayor parte censos y capellanías- pero la
economía puertorriqueña no había alcanzado todavía el punto de
despegue, el dinero líquido era escaso, y las transacciones en bienes
raíces menos frecuentes de lo que le hubiera convenido a Torres.
Por lo que no era fácil resarcirse de lo pagado por el remate del ofi­cio
y mantenerse al mismo tiempo en un nivel económico
respetable.
Lo último sin duda se le hizo más problemático al contraer
matrimonio con doña Martina Durán Rodríguez de Abrego. Según
se asentara en el contrato matrimonial protocolizado por el escri­bano
José de Reyna, Torres aportó 500 pesos, mientras su consorte
«no aportó... cosa alguna». Sin embargo, ella procedía de una fami­lia
de ciertos medios, como lo atestigua la capellanía de 2.000 pesos
que habían fundado sus abuelos, don Manuel Durán y doña María
de la Rosa Abreg049 •
Torres tuvo en doña Martina ocho hijos, cinco mujeres (doña
Catalina, doña Manuela, doña María de las Mercedes, doña Luisa y
doña Leonor), y tres varones (don Domingo, don Joaquín y don
Valentín). Domingo estudió para el sacerdocio, lo que significa que
el padre tuvo que pagar, no sólo sus estudios, sino tambien la con­grua.
Se le colocó de cura beneficiado de Guayama -en la costa
sur de la isla- pero murió en vida de su padre50 • El segundo de los
varones estudió derecho, presumiblemente en la Universidad de
Santo Domingo, ciudad en que fue recibido como abogado por la
Real Audiencia. Don Joaquín practicó su profesión con aparente
éxito en San Juan. En enero de 1807 fue elegido -con dos votos
contra uno- Procurador General, cargo que se negó a aceptar por
entonces, aunque sí lo hizo dos años después, al recibir el respaldo
unánime para sustituir a otro abogado que así mismo declinó la elec­ción.
Posteriormente -antes de octubre de 1810- remató el oficio
de Regidor Fiel Ejecutor51 • Si su padre contribuyó con algo en esa
ocasión, no lo sabemos, pero en todo caso, a él le debía su carrera.
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Los canarios en los protocolos de San Juan a principios del siglo XIX 403
De las hijas de don José Antonio sólo se casó -hasta 1811- doña
Manuela, y fue con el Capitán don José de la Espada. Por dote reci­bió
250 pesos, para comprar una negra como «ayuda de las cargas
matrimoniales, fuera de su ajual /sic/, prendas y algunos otros picos
de reales para algunas menudencias», según lo especifica el testa­mento
de Torres52 •
Un padre de familia responsable y con ocho hijos, y sin otros
bienes en un principio que los emolumentos de su cargo, debía de
verse a menudo en aprietos económicos, en una isla con una econo­mía
en ciernes. Sea por querer tener una regla segura, sea por espe­rar
que podría aumentar los derechos que cobraba, solicitó del
Anotador de Hipotecas de la ciudad de Santo Domingo una certifi­cación
del arancel que se aplicaba allí, concretamente, «sobre los
derechos que allí se percibían y del método con que se manejaba».
Según los detractores de Torres - es decir, en opinión del Cabildo
de San Juan- «a pretexto de que ésta/ la renta del Anotador
dominicano/ era diminuta, y no podía terminar las muchas y diferen­tes
dudas que se suscitaban, solicitó y alcanzó otra de La
Habana».
El arancel de La Habana le resultó más favorable, por lo que
Torres lo adoptó. Lo curioso del caso es que el Gobierno insular no
intervino para fijar los derechos a cobrar, como la Corte tampoco los
había señalado. Torres eventualmente solicitó la confirmación Real
del arancel habanero para Puerto Rico, pero el Ministerio respondió
con una Real Orden evasiva, del 30 de abril de 1789, que remitía la
cuestión a la Real Audiencia de Santo Domingo, previniéndola que
oyese al Gobernador de Puerto Rico «sobre el modo de la creación
de los oficios de anotadores de hipotecas, y al poseedor de él, infor­mando
después todas las noticias convenientes». La Audiencia sin
duda carecía del interés en el asunto, el Gobernador de turno -y
hubo interizagos- carecería de elementos de juicio, y a Torres no le
apuraba, pues entre tanto seguían las pautas fijadas por la certifica­ción
de La Habana53 •
En un principio Torres había estado cobrando al parecer 8 rea­les
por cada certificación y 4 reales por cada anotación de hipoteca
o censo. Después subió las anotaciones a 12 reales, y más adelante,
según el Alcalde don Tomás Pizarro, cada anotación llegó a impor­tar
3 pesos, «según el último precio que ha puesto»., Lo más grave
era que estando ,según un informe de Pizarro de abril de 1795, «la
mayor parte de las casas de esta ciudad y de las haciendas de la
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404 Adam Szászdi
isla... gravadas con censos, y muchas de ellas con dos o tres obliga­ciones
censales», Torres daba una certificación y hacía una anota­ción
individual por cada una de las hipotecas, y cobraba
naturalmente en conformidad con ell054 .
No obstante, no hubo protestas al parecer hasta los postrime­rías
de la incumbencia del Teniente de Gobernador letrado don
Manuel Chiquero hacia 1790, siendo éste hombre díscolo que tuvo
algunos sonados altercados55. De acuerdo con don Tomás Pizarro,
«habiéndose excedido» el Anotador, «y por varias quejas que tuvo»,
Chiquero «procuró contenerlo», aun cuando tampoco le dio «regla
fija de los derechos que debía llevar». Chiquero fue promovido a un
cargo en la gobernación de Popayán, y entonces Torres acudió al
Tribunal de Gobierno. El Teniente de Gobernador Dr. Juan Fran­cisco
Creagh -santiaguero- expidió un auto en que dispuso «que
se anotasen todas las escrituras y se diese certificación para hacer
éstas». Notificado el Cabildo, lo obedeció, mas hizo presente «la
necesidad de que se le diesen reglas y se le pusiese arancel de los
derechos que había de llevar, así por las certificaciones como por las
anotaciones», y que sirviera de pauta para fijar los derechos el valor
del oficio de Anotador, es decir, la cantidad en la que Torres lo
había rematado, que según Pizarro había sido «en bajo precio». Fue
este auto del Tribunal de Gobierno que movió al Alcalde Pizarro a
redactar su exposición del 13 de abril de 1795, que concluyó
diciendo «que los traspasos, cambios y ventas son continuos; que la
necesidad y pobreza de esta isla contribuye a estos continuos con­tratos,
por lo que le parece muy conveniente, se acuerde lo concer­niente
sobre este asunto», con el fin de elevarlo a la atención
del Gobernador56.
El Coronel Ramón de Castro -hasta entonces Gobernador de
las Provincias Internas Orientales- acababa de tomar posesión de
su nuevo cargo de Gobernador de Puerto Rico. Con él entró a
desempeñar la Tenencia de Gobernación el asturiano Licdo. Fran­cisco
Díaz Inguanz057 . El Cabildo encargó el informe al Síndico don
Miguel Xiorro, el cual no lo evacuó hasta principios de agosto de
1795. El informe sometido a Castro insistía en que se le mandase a
Torres «eshibir los aranceles, con otros documentos». Como el
Gobernador no tomó ninguna acción, el 7 de marzo siguiente el
Cabildo le recordaba el asunto de «los excesivos derechos que lleva
/el Anotador/, así en las certificaciones que da para las escrituras de
censo, y anotaciones»58.
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Los canarios en los protocolos de San Juan a principios del siglo XIX 405
Es probable que Castro recabara entonces de Torres su versión
de los hechos, lo que este hizo con fecha del 6 de mayo de 1796. Al
redactar su exposición, el Anotador de Hipotecas tuvo a la vista la
de Pizarro, de abril de año anterior. Este hecho sirvió de pretexto al
Cabildo para lanzar contra el canario un violento ataque, arguyendo
que no se le había dado copia oficial, ni tampoco la había pedido,
«infiriéndose de esto que ha habido ocultos amaños, privados mane­jos,
y que se ha quebrantado el secreto y fidelidad, franqueándose
unos documentos que no se podían dar sin expresa licencia, cuya
falta constituye delincuente al transgresor». El Cabildo solicitaba
del Gobernador que hiciere comparecer al Anotador de Hipotecas,
y que bajo juramento lo hiciere confesar el hombre de la persona que
le había facilitado la opinión escrita de Pizarro, y con qué motivo.
Esta acusación frívola es prueba de que el Cabildo carecía de ecua­nimidad
cuando en el mismo oficio dirigido a Castro el 4 de julio de
1796 insistía en que Torres «sólo se ha gobernado hasta el presente
por las /reglas/ que le dicta su inextinguible deseo de que cada vez
rinda más su oficio, sea del modo que se fuese, en lo que no ha per­dido
diligencia alguna»59.
El Gobernador había recabado de Torres todos los documentos
relativos al ejercicio de su cargo, y el mismo día de la contestación
de éste, e16 de mayo de 1796, la pasó al Cabildo con los documen­tos
anexos. Doce días después el Cabildo requirió al Procurador
General Pablo de Córdoba que redactare el informe correspon­diente:
es este dictamen, presentado el 25 de junio, que sirvió de
base al oficio dirigido al Gobernador, con fecha del 4 de julio, aun­que
su aprobación final hubo que posponerla para el cabildo de 11
de julio de 176, «a causa de necesitarse la asistencia de todos los
señores capitulares, o la mayor parte»60.
En su oficio el Cabildo decía, con cierta insinuación, que «aun
cuando fuesen legítimas» las certificaciones de los Anotadores de
Santo Domingo y La Habana, «no le pueden servir de regla /a
Torres/ para el cobro de sus derechos y manejo de su oficio», pues
no parecían haber sido «aprobadas, no por este Gobierno, ni por
otro tribunal alguno», También suponía que la Corte nunca san­cionó
el arancel habanero, «acaso porque consideró las diversísimas
circunstancias de esta isla a la de La Habana». Sostenía el Cabildo
que la Real Orden del 30 de abril de 1789 seguía vigente, por lo que,
«mientras no se verifique, jamás tendrá reglas aprobadas y por las
cuales justamente perciba los derechos de su oficio». Pedía que el
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Gobernador constriñiere a Torres a cumplirla, acudiendo a la Real
Audiencia, y que entre tanto «no pueda percibir más que 8 reales
por cada certificación, siendo de bienes raíces, y 4 reales por los
muebles, conteniéndose en la certificación todos los gravámenes que
tenga cada finca y en favor de quien, cuya certificación sea en testi­monios
que con ella se puedan otorgar tantas escrituras cuantos gra­vámenes
contenga la finca, sin ser necesario una certificación para
cada escritura; que por las anotaciones lleve 4 reales, ya sea en los
libros o fuera de ellos, y otros cuatro por las chancelaciones». En lo
demas, que determine el Gobernador. Se le debía exigir además a
Torres, que exhiba el primer Título que se le dio a raíz del remate
del oficio, así como la Real Cédula del 6 de abril de 1783» «que
acompañé la de 9 de mayo de 1778 y se encuentra de menos, para
su acumulación»61.
Mediante auto firmado por el Gobernador Castro y el Licdo.
Inguanzo, con fecha de 8 de agosto de 1796, el Gobierno concedió
cada uno de los puntos reclamados por el Cabildo, so pena de 5
pesos de multa por cada contravención, y exigiéndosele a Torres el
pago de los derechos que debía percibir el Escribano Real Sandoval
por su intervención en este negocio. «Ya fin de que el público quede
instruido, se fijen ejemplares... en la sala de Ayuntamiento /y/ escri­banías
públicas de esta ciudad, y se circularán a los partidos de la
isla en la forma ordinaria». Al día siguiente el Escribano Real y el
Cabildo, Nicolás de Aguayo, lo notificó a Torres, «de cuyo auto no
ha apelado /hasta el día 16 de agosto/, siendo ya pasado el tiempo
en que debió hacerlo»62. Este arancel seguía vigente, al parecer, a la
muerte de Torres en 181163 .
Además de los ingresos generados por su oficio, Torres obtenía
otros de alguna que otra operación comercial de poca monta. En su
testamento señala que don Pedro Escardó, residente en Barcelona,
le debía ochenta y pico de pesos que produjeron 8 quintales de café
que le entregó «cuando el convoy francés», y aquél lo vendió en
Buenos Aires. Otro residente de la ciudad condal, don Sebastían
Vallet, le debía 76 pesos 5 reales, según constaba de una carta que le
envió a Torres «el tiempo de su marcha de la Navarra para Barce­lona
». También tuvo cuentas con don José de Retortillo, del comer­cio
de Cádiz, las que -en atención a las remesas que le había
hecho- consideraba satisfechas al momento de testar64 • Un Juan
Ramón le quedaba debiendo «una corta cantidad», resto de 67
pesos que Torres le había entregado en efecto para que, de no ven- .
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Los canarios en los protocolos de San Juan a principios del siglo XIX 407
derse, se los «devolviesen en los mismos y propios precios a que se
los» di065 . Se lee además en su última voluntad que don Juan Sayus
le debía aún 200 pesos, «resto de mayor cantidad constante de escri­tura
pública, y 16 pesos más que le suplí cuando liquidamos cuentas
y satisface por él al Padre González, cura de Cayey»66.
La liquidación de cuentas con el P. González pudo haber
estado relacionada -como también la venta del café- con la estan­cia
que Torres adquirió en el partido de Caguas, en el sitio de Bay­ron,
al norte del pueblo. No se trataba, empero, de una propiedad de
gran valor, tanto por su situación en el interior de la isla, lejos del
puerto, como por su poco desarrollo. Se componía de «una caballe­ría
de terrenos, con 12 cuerdas de platana167 , muchos plantíos de
café de cosecho, un cercado de 7 cuerdas de demajagua68 , 150 de
pasto alto y bajo, y trapiche con sus aperos de hacer melado; una
casa vieja de habitación y otra nueva superior, aunque sólo cubierta
de teja /sic/; 25 reses, entre ellas 6 vacas paridas, 2 yuntas de bue­yes
toros, y lo demás entre terneros chicos y grandes, incluso un toro
padrón; 7 bestias, entre ellas 2 machos, y los demás hembras; un
burro y una burra parida; y un mulato criollo nombrado
Gregorio.
Ninguna explotación agrícola de alguna consideración podía
sostenerse con un solo esclavo. Gregorio aparentemente desempa­ñaba
el papel de cuidador y se encargaba de los animales. El café,
que no ocupaba más de 30 cuerdas, podía atenderse en época de
cosecha con jornaleros. El trapiche tal vez habría sido obra del ante­rior
propietario; en todo caso la elaboración de miel con caña ajena
no parece haber sido la función principal de la estancia de Bayroa.
Ese papel correspondía más bien a la cría de ganado, tal como en el
caso de Gaspar Francisco de la Cruz, pero Torres no vivía de ella, y
por otra parte los abundantes pastos permitían retener los terneros
en la propiedad.
Si llama la atención que el Anotador de Hipotecas tuviera un
solo esclavo en la estancia, no menos llamativo el hecho de que don
José Antonio, viudo ya y con cuatro hijas y un hijo viyiendo en su
casa, sólo poseyera al morir una esclava, la negra Dolores, señal sin
duda de costumbres por delÍlas frugales. Esta impresión se confirma
al notar que en su testamento la única propiedad de uso personal que
menciona es «un par de pistolas guarnecidas de plata» que le habían
costado 28 pesos. Tampoco declara muebles, libros, alhajas, caba­llos
y otros bienes de valor. Sin duda debía de tener muebles en su
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vivienda, pero ya que el testamento no los menciona, es de presumir
que eran ordinarios, de escaso valor.
Torres poseía una casa alta -de altos y bajos- en la Calle de
San Francisco, la cual era «de su habitación», y otra casa alta, con­tigua
a la primera. Además de éstas dos, era dueño de una casa
terrena «en el Usillo de San Juan, con unos solares contiguos a ella,
compuestos de once y media varas de frente y treinta de fondo, con
arrimo y carga a las paredes de los costados, y once varas de largo, y
su pared de la calle a medio alto».
La vivienda de Torres lindaba del alto oeste con la del comer­ciante
catalan -y posteriormente Regidor- don Gabino Sabat69 •
En su testamento recalca: «Declaro que la pared divisoria de la
parte del poniente que linda con la casa de Don Gabino Sabat, toda
es mía, fabricada con mi peculio, como lo es constante a Paula Mon­tes
y sus hijas, pues siendo de ella dicha casa de Sabat, fabriqué yo,
sin que se me contribuyese por ellas ni un medio, y que el expresado
Gabino Sabat sólo tiene acción y dominio, arrimo y carga a su casa
en el cuerpo de la suya, y aun le ha permitido por pura amistad y
benevolencia el arrimo y carga con una cocina que ha fabricado, /10
que/ ha sido con la calidad de pagarme dicha pared por mitad, o
tenerla por el tiempo de mi voluntad».
Se ve que más que en propiedades rurales, el Anotador de
Hipotecas invertía en fincas urbanas. que por cierto tenían por
entonces un valor intrínsicamente superior al de las primeras. Por
otro lado, una parte de su capital consistía en hipotecas de origen
diverso, negocio de que tenía buen dominio en consecuencia del ofi­cio
que ejercía. Las va enumerando: «Pertenecen a esta mi casa y
sucesión 2.000 pesos de capellanía, fundada por los abuelos de mi
legítima consorte, Doña Martina Durán, y sus hermanos Don
Manuel y Doña María de la Rosa Abrego»?o.
Cobraba además los réditos de otros censos. Leemos en su tes­tamento:
«Declaro como bienes correspondientes a la casa 300
pesos que impuso a censo y tributo Pedro Cordero, y cuyos réditos
me paga Andrea Nevares; 150 pesos que impuso Juan Vélez de
Guzmán, y paga sus réditos José Concepción Díaz; y otros 100
pesos que impuso Florencio de Aponte, y que paga sus réditos Don
Antonio Carmona. Cuyas imposiciones se hicieron en forma de
capellanías laicales a favor de mis hijos, en virtud de las intancias
que al intento les hice y haberles franqueado algunas cantidades de
mi peculio, además de otras que ellos me debían.»?!
© Del documento, de los autores. Digitalización realizada por ULPGC. Biblioteca universitaria, 2009
Los canarios en los protocolos de San Juan a principios del siglo XIX '409
Se ve que Torres prestaba dinero, pero realmente se trataba de
peqúeñas cantidades con que sacaba de apuros a talo cual sujeto,
aunque la operación tuviera hasta cierto punto el efecto equivalente
a abrir cuentas de ahorros a favor de sus hijos. Su disposición para
ayudar se asoma en otros prestamos modestos: «Bernardino Filo­mena
/sic/ el zapatero» le debía 50 pesos que le había prestado en
dos cantidades72 • Gregorio Márquez, del pueblo de Juncos, le debía
3 pesos y 5 reales, resto de mayor cantidad. Vicente Serrajón le
debía 31 pesos, de una suma mayor que Torres le había prestado
«en plata efectiva». Miguel Ríos había recibido de Torres 50 pesos,
los cuales prometió pagar Antonio Ríos, su hijo, «según vaya mejo­rando
» de situación. El Teniente don Manuel Cabrera le adeudaba
114 pesos, cantidad por la cuall~ endosó dos «libranzas o pagarés».
Pero en cambio a doña María Manuela Díez -viuda del Regidor
don Valentín Martínez- le reclamaba Torres una suma superior a
700 pesos. Llevado el caso al Tribunal de Gobierno, y de allí en
alzada a la Real Audiencia, ésta falló a favor del Anotador de Hipo­tecas,
si bien la sentencia fue apelada al Consejo de Indias73 •
En cuanto a deudas, Torres declara «no deber cantidad alguna
de consideración, y que si acaso debo alguna cosa, será de corto
interés»; en cuya virtud dispone que «se pague cuanto se justificare
que justamente deba»74. Sin embargo, reconoce una fianza por 250
pesos que otorgó a favor de Juan Quintero, «para que éste los
enviase a Islas Canarias o los entregase luego que apareciese algún
interesado», entrega que Torres se había ofrecido a garantizar. Pero
en su testamento estipula, que «como quiera que haya transcurrido
un considerable tiempo, y aún no se me haya desobligado, compele­rán
mis albaceas al insinuado Quintero, ponga otro fiador en mi
lugar, o deposite la referida cantidad para que mis bienes no padez­can
perjucio con este fianza y queden exentos de su res­ponsabilidad
» .
Igualmente, varias hipotecas gravaban su vivienda y la casa
contigua. (Esto era normal, y permitía adquirir tales inmuebles
mediante un limitado desembolso). Tales hipotecas eran: 1.000 pesos
a censo y tributo pertenecientes a una capellanía a favor de un hijo
de don Manuel Maysonet, 180 pesos pertenecientes a la colecturía de
la Catedral, 680 pesos a favor del convento dominico, 400 pesos a
favor de los franciscanos, y 172 pesos que tributaban al convento de
las carmelitas. No adeudaba Torres ningún rédito caído.
Por fin, declara por sus bienes «el oficio de Anotador de Hipo-
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410 Adam Szászdi
tecas que tengo renunciado en manos de Su Majestad y a favor de mi
legítimo hijo el Dr. Don Joaquín de Torres Durán». La escritura de
renuncia -pasada ante Gregorio Sandoval- lleva fecha de 8 de
junio de 1811, Yen ella declara hallarse imposibilitado de conti­nuar75
• Dos semanas después, hallándose gravemente enfermo,
otorga poder para testar a don Joaquín76 •
Efectivamente, todavía el 17 de agosto, al firmar una certifica­ción,
su firma es muy insegura77 • A pesar de ello, había estado aten­diendo
su despacho por lo menos desde fines de juli078 • Sin duda
sufre un nuevo quebranto de su salud en la segunda mitad de
noviembre, pues el día 22 otorga su testamento, hallándose, como
dice, «enfermo y en edad avanzada, estando por la misericordia del
Señor en mi sano y cabal juicio, memoria y entendimiento natural,
temeroso de la muerte que es indubitable y su hora incierta, para que
cuando ésta llegue, me halle prevenido de cuanto concierna a mis
asuntos temporales y pueda dedicarse desde ahora al negocio de la
salvación de mi alma, como más importante».
Muertos su esposa y su hijo don Doming079 , quedaron sus otros
dos hijos y cinco hijas por sus «únicos y universales herederos». Les
encarga que «tenga a colación del caudal todo cuanto hayan reci­bido
y por derecho deba colacionarse en él. Y en particularidad a mi
hijo Dr. Don Joaquín le recomienda, que como buen hermano, se
haga cargo, luego que yo fallezca, de estar atento a mantener en la
mejor armonía el resto de la familia unida, y sin permitir su separa­ción,
procurando ayudarla, asistirla y cuidarla en cuanto pueda, y
como un verdadero Padre de ella, supuesto que para el caso le susti­tuyo
en mi lugar, como que a nadie puedo recomendar tan honroso
cargo como a él, esperando por lo tanto de su filial cariño y amor,
cumplirá con mis deseos».
Lo cierto es que don Joaquín, abogado y Regidor Fiel Ejecutor,
se había beneficiado incomparablemente más que sus hermanos
vivos, y se sabe que era dueño de propiedades adquiridas por su pro­pia
cuenta, y que disponía de caudales80 • Doña Manuela había reci­bido
250 pesos de plata, y don Valentín 30 pesos en efectivo, y
«cerca de otros 500, después, en l~s bienes de Caguas y géneros».
Estas cantidades debían ser descontadas en el reparto de los bienes;
pero en el caso de don Joaquín el hecho de haber sido el más favore­cido
se compensa con el encargo de velar por la familia, que es
como decir, mantener a sus cuatro hermanas solteras.
En el mes de junio, en el poder que otorgó a su hijo para testar,
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Los canarios en los protocolos de San Juan a principios del siglo XIX 411
don José Antonio nombró por sus albaceas a don Joaquín en primer
lugar, al presbítero Dr. Don Miguel de Andino en segundo lugar, y
en el tercero al Dr. Juan de la Encarnación Andino, Prebendado de
la Catedral. Ahora, en su testamento, sustituye al segundo con el
Alcalde Ordinario de segunda elección, el Dr. Francisco Pimentel.
Faculta a los tres para que actúen juntos o cada uno por sí, y les pro­rroga
el albaceazgo por todo el tiempo que necesitaren, más allá del
año señalado por el derech08!.
En cuanto a las mandas piadosas, Torres lega 550 pesos para
que se funde una capellanía, «para que sus réditos se inviertan en
misas rezadas por mi alma y las de aquéllos a quienes yo en vida
pueda haber perjudicado por descuido, negligencia o de otra cuales­quiera
manera, y con quienes esté más obligado. Cuya capellanía es
mi voluntad, la gocen mis descendientes más cercanos en grado,
reservándoles el derecho de patrón y de capellán de dicha memoria
pía de misas, con el cargo de mandar celebrar éstas indispensable­mente,
a razón de 5 reales, para que el plus, hasta 15, le sirva para
ayuda de sus alimentos. La cual capellanía ha de entenderse siempre
por puramente laical, a fin de que mis descendientes sucedan en ella
del modo que más haya lugar por derecho, y de ningún modo pueda
entrar en su gozo otro alguno. Y si por acaso se determinase su
extinción para otros fines, podrá el mismo a quien pertenezca, redi­mirla
y hacer, se le redima y entregue la cantidad íntegramente,
invirtiendo en este caso los 275 pesos en misas rezadas por mi alma y
las del Purgatorio -a quienes según el mejor orden de caridad esté
obligado- y los 275 restantes los disfruten a su voluntad y
arbitrio» .
José Antonio Torres firmó su testamento con mano temblorosa
en la Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Juan de la Isla de
Puerto Rico a los 22 días del mes de noviembre de 1811, en presen­cia
de los testigos Tomás de Rivera, Antonio Iglesias y Francisco
Meisano, vecinos, y del escribano Real Manuel de la Cruz Rodrí­guez,
«para protocolarIo en el registro del escribano público Don
Francisco de Acosta». Signado y firmado por Curz, fue efectiva­mente
entregado a Acosta ese mismo día para su proto­colización82
•
No obstante, Torres todavía halló fuerzas para seguir cum­pliendo
con las obligaciones de su oficio, por ejemplo, el 30 de
noviembre de 1811 expide una certificación de una casa de tabla y
teja en la Calle de San Sebastián, contigua al Palacio Episcopal, y
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412 Adam Szászdi
propiedad de María de la Cruz Clemente; y el 3 de diciembre para la
casa del subdiácono don José Domínguez, la misma que había certi­ficado
el 29 de diciembre de 1785, con motivo de su compra por el
padre de éste. Pero el 16 de diciembre de 1811 otra certificación de
un solar en la Calle de San Cristóbal es expedida por «Don Fran­cisco
de Acosta, Escribano Real y público y Contador Judicial de
esta Muy Noble y Muy Leal ciudad de San Juan de Puerto Rico,
como depositario del Oficio de hipotecas, por disposición del Señor
Alcalde de 2.0 elección Dr. Don Francisco Pimentel, por falleci­miento
de su antiguo poseedor Don Joseph Antonio de
Torres»83
Sin duda, el día de su sepelio sus albaceas cumplieron con su
último voluntad: «El cuerpo ... siendo cadáver, es mi voluntad se
sepulte en la Capilla del Venerable Orden Tercera de Penitencia de
Nuestro Seráfico Padre San Francisco, de donde soy hermano pro­feso,
en la sepultura y con la mortaja que dispongan mis Albaceas, a
cuya elección dejo lo demás de mi funeral, encargándoles con espe­cialidad,
me dejen los pies descalzos y se me hagan los sufragios que
me corresponden como tal hermano tercero, con los demás que esti­men
al bien de mi Alma, sin ninguna pompa y solemnidad mundana,
sino llano, como el más mísero e infeliz gusano de la tierra, acompa­ñándole
la Cruz alta de la Parroquia, Padre cura, sacristán y
cuatro acompañados».
El cortejo sólo tuvo que dar pocos pasos desde la casa moruto­ria
hasta la capillania de la Orden Tercera. El difunto había pre­visto,
además, la celebración de ciertas misas a partir de su
entierro:
«Es mi voluntad... se me apliquen las tres misas de alma rezada
por la mía, cuya limosna de ocho reales a cada una se pague de
mis bienes. Es mi voluntad, que en los nueve días siguientes al
de mi enterramiento se diga un novenario de misas rezadas
por la limosna de 8 reales cada una, y concluidas, se me hagan
horas con vigilia y misa cantada, también sin el menor aparato
de pompa, sino todo llano y en servicio de Dios y sufragio de
mi Alma. Es asimismo mi voluntad, que se digan por mi inten­ción
una misa al Santo Angel de mi Guarda, otra a Nuestra
Señora del Pino; y otra a Nuestra Señora de la Candelaria,
aparecidas en la Isla de donde soy natural, cuyas limosnas de
ocho reales por cada una se pague de mis bienes».
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Los canarios en los protocolos de San Juan a principios del siglo X{X 413
NOTAS
1. José Pérez Vidal, Aportación de canarios a la población de América,
«Anuario de Estudios Atlánticos», Madrid-Las Palmas 1955, n.O 1, p. 111.
2. Archivo General de IndiasJ Contratación 2.463; Registros de navíos llega­dos
a Sevilla de Puerto Rico, 1598-1611.
3. Angel López Cantos, Historia de Puerto Rico, 1650-1700, Sevilla 1975,
pp. 33-34, 102. Salvador Brau, Historia de Puerto Rico, New York 1904, p.
156.
4. López Cantos, pp. 103-105. Pérez Vidal, p. 121. Cita también a Leopoldo
de la Rosa Olivera, Catálogo del Archivo Municipal de La Laguna, en «Revista de
Historia», X (1944), p. 178, sobre socorro a 50 familias que marchaban a Puerto
Rico en 1720. -Entre 1718 Y 1765 llegan 785 personas a Puerto Rico.
5. Estela Cifre de Lubriel, La inmigración a Puerto Rico durante el siglo
XIX, San Juan y Palencia 1964, p. XXVII. El dato procede de Cayetano Coll y
Toste, «Boletín Histórico de Puerto Rico», X, 242-245.
6. Juana Gil-Bermejo García,Panorama histórico de la agricultura en Puerto
Rico, Sevilla 1970, pp. 188-189. -J. Gil-Bermejo García,Laprimerajundación de
Humacao, «Revista del Instituto de Cultura Puertorriqueña», n.o 22, San Juan de
Puerto Rico 1954.
7. Pérez Vidal, p. 145.
8. Archivo de Protocolos de San Juan (incorporado actualmente al Archivo
General de Puerto Rico), Escribanía de Francisco de Acosta /FA!, 1813.1.16: Doña
María Ruiz de Solana vende a don José Umpierre un pedazo de estancia en el partido
de Guaynabo, sitio de Pueblo Viejo, colindante con otra del comprador y otra de José
Laguna, por 100 pesos. Umpierre no sabía fIrmar. (La Patrona de Guaynabo era
Nuestra Señora de la Candelaria.)
9. Indice de las escrituras del Protocolo de Núñez: en 28 de noviembre de
1787 don Lorenzo Vázquez vende a Sebastián de la Candelaria una estancia de tie­rras
labradas, en Arecibo, por 4.500 pesos. En 5 de enero de 1798 Miguel Candela­rio
de Matos vende a Pedro López una estancia con casa de vivienda en Toa Alta, por
850 pesos. En 16 de julio de 1796 Paula de la Candelaria vende a Andrés Alvarez
una estancia en Río Piedras, sitio de Doña Ana de Rosa, por 350 pesos.
10. Núñez: El 23 de octubre de 1787 Saturnino Montebrun vende a Matías
Escuté, y el 7 de enero de 1788 compra a don Juan José llarraza. En enero de 1813
se halla en San Juan un Genaro Montebrune, comerciante-armador establecido en
Santo Domingo: FA 8-13.1.1813.
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414 Adam Szászdi
11. Cifre de Loubriel, p. 406.
12. Núñez: 1792.x1l.20. -Entre las escrituras registradas en el partido de Toa
Alta por el Teniente a Guerra Diego García Pagán en 1781, y Bernardino de Rivera
en 1810, aparecen los nombres de don Eusebio Morales del Rio y de Pedro Morales:
EMR compra por 300 pesos de Juan Tomás de Berríos, vecino del partido de Ponce,
a Ambrosio, mulato, esclavo criollo de Puerto Rico, de cuarenta años de edad, y con
la tacha de «que es vevedor de Aguardiente»; en 10 de abril de 1781 EMR adquiere
un pedazo de estancia en el sitio de Los Cocos, con una casa de madera y paja, dema­jaguales
y demás árboles frutales y con platanal en la vega, siendo la vendedora l ...!
na de Torres, viuda de Manuel Moler, vecino de la ciudad de Puerto Rico les decir,
San Juan/, y moradora de la Ribera de Toa Alta; el 15 de diciembre de 1781 EMR
vende a Felipe de Santiago una estancia de tierras labraderas y pastos, platanal
pequeño y árboles frutales, en el sitio del Brame. !Protocolo de Documentos Públicos
de Toa Alta, libro n.O 6/. La escritura de 1810 -lleva fecha de114 de febrero- hace
constar la transferencia de un censo de 450 pesos de una estancia propiedad de
Andrés de los Santos a otra perteneciente a Pedro Morales. La del último se halla en
el sitio de Mucarabones de Toa Alta, con 32,5 cuerdas tasadas por peritos a 10 pesos
cada una, más 2.5 cuerdas de vega a orilla del río de Mucarabones, a 50 pesos cada
una, para un total de 475 pesos. La estancia del primero contiene 61 cuerdas, parte de
vega y Ipastol alto, valorada en 3.000 pesos en la boca de Mucarabones y a orillas
del Río Grnde (actual Río de La Plata). La cuerda es de 75 varas cuadradas. Acerca
del asentamiento de colonos canarios en el valle del Mucarabones, en el cabildo de
San Juan del 8 de enero de 1731 presentó una petición «Francisco Manuel de Men­doza,
natural de las Islas Canarias, pidiendo una caballeria /200 cuerdasl de tierra en
Mucarabonis... Y asimismo traje lel Escribanol a este cabildo la información que dio
Pedro Manuel sobre las tierras que posee en Mucarabonis, y se le cometió su pose­sión
al señor rexidor don Alonso Dávila.» lActas del Cabildo de San Juan Bautista
de Puerto Rico 1730-1750, San Juan 1949, p. 4/. En cuanto al censo en cuestión,
había sido instituido por Matias Fernández, luego pasó a Josef Dávila y éste a
Manuel Rodriguez, anterior dueño de la estancia de 61 cuerdas. Este, 'así como Fer­nández,
ya no viven en la fecha de la escritura.
13. Escribanía de Juan Fernández de El Otero IJFO/: el vendedor es Antonio
Arias de Saavedra, el comprador Francisco Fernández.
14. Escribanía de Gregorio Sandoval/GS/, 1804.IX.12. La petición de Bares
al Alcalde, con la adhesión a ella de González, lleva la firma del Dr. Francisco
Pimentel, y a ruego de las partes, de Lorenzo Sanjurjo. Firma la escritura de venta
por ellos el Escribano Real Manuel de Acosta, uno de los tres testigos, siendo los
otros Juan Collado y el que habia sido Escribano Real y del Cabildo don
Ramón y Aguayo.
15. GS 1803.11.12.
16. GS 1808.x.6.
17. GS 1801.V.20. Véanse también las actas del Cabildo de San Juan.
18. GS 1811.11.8. (Signatura actual: AGPR Caja 463.)
19. Estela Cifre de Loubriel,Lajormación del pueblo puertom·queño. La con­tribución
de los catalanes, baleáricos y valencianos, San Juan-Barcelona 1975, p.
189, n.O 1.332. AL fallecer tenía unos cuarenta años.
20. lbtdem, pp. 274 Y 276, núms. 2.668 y 2.687. Rubira muere en 1818 a la
edad de cincuenta y ocho años. (La autora consultó el Libro 4.° de Matrimonios y el
Libro 23 de Defunciones de la Catedral de San Juan.)
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Los canarios en los protocolos de San Juan a principios del siglo XIX 415
21. GS 1801.111.(10-14). Sobre Dalmau: Cifre, La formación. p. 163, n.O
917.
22. JFO 1800.VIII.ll; JFO 1800.VIII.12; JFO 1800.VIII.20.
23. GS 1801.I1I.(1O-14).
24. GS 1806.xI.8. Llanos, soltero, era natural del concejo de Cangas de Tineo,
parroquia de Santa María de Regla, Obispado de Oviedo. La Real Hacienda la adeu­daba
los medio-sueldos vencidos, así como el 10% de las alcabalas que había recau­dado
en los dos trienios en que se administraron por cuenta de la Real
Hacienda.
25. FA 1811.X.1. La negra Ana había sido la francesa Victoria Gérard, quien
«emigró para las colonias extranjeras, con el fin de ser su estado soltera y ver si allí
podía proporcionarse un establecimiento fixo y modo de subsistir.» Pocos días
antesde viajar, el 18de junio de 1810 vendió a Ana por 140 pesos a doña Josefa
Alvarez, viuda de don Francisco González, y ésta la cedió meses después a Corbella
por 130 pesos. Ana se apodaba Penda.
Francisco era bozal, uno de los 124 que descargó a principios de mayo de
1811 el bergantín español San Juan Nepomuceno. al mando de Juan Aleix, siendo su
consignatario don Fernando Fernández. Francisco, el n.O 47 del lote, tenía quince
años, y fue vendido con otro de dieciséis a Corbella por 500 pesos el 9 de agosto de
1811. Se le describe a Francisco como «retinto, de ojos grandes, orejas pequeñas, y
marcado de fierro desde los hombros hasta el ombligo».
Rubira poseía una casa alta de piedra y azotea en la Calle de los Cuarteles,
con 10 varas de frente, que había adquirido en 1800 por 4.000 pesos de don Ramón
Hernáiz, apoderado del dueño, don Ignacio Cánovas, ausente en España desde 1786:
JFO 1800.lX.1O.
26. FA 1811.X.7.
27. FA 1813.1.14. Por Josefa firma Juan Fernández de El Otero. Aunque Juan
nació nueve años antes del matrimonio de Rubira y Josefa Noa, declaran, como legí­timos
cónyuges y previa licencia que ella le pidió a su marido, que a Juan «hubieron
por parto de María del Rosario, su esclava.»
28. Véase la nota (20), así como las actas capitulares del 11 de mayo de 1812 y
del 4 de julio de 1814.
29. Véase el Apéndice.
30. López Cantos, pp. 33-34.
31. Este es el caso de don Manuel Dávila Marrero, interesado en la cuarta parte
de una estancia con frente al río de Guaynabo que Lorenzo Kercadó vende a Fran­cisco
Marrero: GS 181O.lV.30. El mismo es testigo en la firma del contrato de venta
celebrado entre el último y el Teniente Coronel Ignacio Mascaró: GS
1810.lX.1O.
32. José Ignacio Marrero está en Puerto Rico a mediados de 1804, pues el14 de
agosto de ese año Juan Rowlinson, comerciante de la isla de Santomás, otorga poder
en San Juan en nombre de su compañía a Gerardo Helis /¿Ellis?/, para que tome
cuentas a «don José Ignacio Marrero y Compañía, de este comercio», de los caudales
que le había entregado. Y el 27 de noviembre es el canario quien extiende poder al
Caballero Melstedr, «Capitán de Infantería en el ejército de S. M. Danesa, residente
en la Isla de San Tomás, para que averigüe las cantidades que el otorgante tiene
entregadas a los comerciantes Rowlinson y Wheteley, y examine la cuenta corriente
que en sus libros tengan con dicho otorgante.» Ambas escrituras se hallan en el regis­tro
de Gregorio Sandoval.
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416 Adam Szászdi
33. GS 1806.VII.23 GS 1807X.30.
34. GS 181O.IX.25. La transacción entre Kercadó y José Ignacio y Francisco
Marrero sólo se protocolizó en esta fecha, mediante escritura suscrita por éste a nom­bre
de ambos, y por José Bossant, apoderado de Kercadó.
Kercadó había comprado la estancia de Vergara por 2.875 pesos, y la vende
por 2.500. Pero de la primera cantidad habría que descontar unos 700 pesos por la
cuarta parte de Dávila Marrero; por otra parte, las condiciones de pago le favorecian,
pues según la transacción con Vergara le había tocado pagar 1.000 pesos de contado,
75 pesos anuales durante cuatro años, y 1.575 pesos el 1.° de marzo de 1804, al cum­plirse
el quinto año. IGS 1807X.301.
35. GS 1806.VII.23.
36. GS 1807XU9.
37:GS 1809.V.19. Véase el acta capitular del 22 de octubre de 1810.
38. GS 181O.IX.25. Esta carta se halla inscrita en la escritura de venta por la
cual Francisco Marrero cede su tercio de la hacienda San José a Mascaró, el 25 de
septiembre de181O. Según el texto copiado en el registro del escribano Sandoval, está
fechada en «Vayamón - Puerto Rico, diez de octubre de 1801». Pero el año está equi­vocado
en la transcripción: la aludida consulta por Francisco Marrero habría estado
relacionada con la formación de la triple sociedad, por lo que la fecha correcta sería el
10 de octubre de 1808.
39. GS 181O.IX.1O.
40. La escritura firmada por el apoderado José Bossant y protocolizada por
Gregorio Sandovallleva fecha del 30 de abril de 1810. La estancia de Pedro Vergara
habia estado gravada en 400 pesos: GS 1801.X.30, fecha de la escritura, pues la
venta se había hecho ell.o de marzo de 1799.
41. GS 181O.IX.25. La capellanía había sido fundada por Inés Castillo.
42. GS 181O.IX.25. Al parecer las condiciones de la venta habían sido estipu­ladas
en junio de 1810, cuando Mascaró hubiera debido pagar el primer plazo de
1.000 pesos. FA 1811X.7. Escritura de venta que no tuvo efecto: Don Ignacio Mas­caró
vende a Agustín González una negra, María Luisa, de 35 a 40 años, por 270
pesos. La había adquirido «con la hacienda San José en el partido de Guaynabo, de
don Francisco Marrero y don José Ignacio Marrero.»
43. FA 1811.IX.30. La venta por Zepero se hizo por ante el escribano Nicolás
de Aguayo. Zepero había sido dueño de una casa en la Calle de la Real Fortaleza,
esquina de la Calle del Caño de la Tanco (sic), inmueble que vendió, antes de 1786, a
don Joseph Denis y Castilla, igualmente vecino de San Juan. IAGPR Caja
463/.
44. GS 1807.VII.15: Convenio Marrero-Náter. Felipe Baeza, a su vez, se retira
de la sociedad con Náter, según un convenio suscrito ante Francisco de Acosta el 30
de septiembre de 1811. De acuerdo con el documento, cedía su parte de la hacienda
en «que actualmente vive dicho Náter en el partido de Bayamón... la misma que com­praron
en sociedad a don Francisco Zepero.» Náter le paga 17.000 pesos fuertes por
la mitad de la hacienda: 1.500 pesos el 30 de septiembre de 1812, 1.500 pesos en
1813, y los 14.000 pesos restantes «a 2.000 en cada un año vencido, cuya última
paga deberá ser en 1820.» Náter se responsabiliza de los censos (una capellanía fun­dada
por Zepero).
45. FA 1811.X.18. Los bozales vendidos a González se llamaban Ricardo y
Barili. No se pagó alcabala, por tratarse de la primera venta. La escritura se extiende
en la fecha indicada, sin embargo la venta en sí se habia efectuado con anterioridad.
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Los canarios en los protocolos de San Juan a principios del siglo XIX 417
El poder otorgado al Canónigo -gallego- pasó ante el escribano José de
Reyna.
Otra escritura firmada por Andrade en el registro de Gregorio Sandoval, el
31 de junio de 1811, se refiere a la venta por Marrero de la esclava María de la Paz a
Juan Bautista Molinero, por 260 pesos. Marrero la había comprado en subasta en
1804, teniendo ella por entonces 18 años, «bajo el n.O 46 de los que con permiso
introdujo en este puerto don Carlos Leonardo /Le/Barón, capitán del bergantín nom­brado
Josefina. en el año de 1803», de un cargamento de bozales procedentes
de África.
46. GS 1811.VI.8.
47. Se pueden encontrar algunas certificaciones de Torres de años anteriores, al
acompañar escrituras de venta en los registros existentes, posteriores a 1799. Así, en
el protocolo de Gregorio Sandoval y de su sucesor Francisco de Acosta, de 1811, hay
un traslado original en papel sellado, firmado y signado por el escribano Joseph de
Reyna, correspondiente a una escritura asentada en su registro el 3 de enero de 1786.
Se trata de la venta por don Joseph Denis y Castilla, vecino, a Ventura Dominguez,
de su casa sita en la esquina de la Calle de la Real Fortaleza con la del Caño de la
Tanco. (Véase la nota [43]). Por el lado de la actual Calle Tanca lindaba con la casa
de Juan Trinidad, moreno; por el otro lado con la de Simón Elías. Estaba gravada con
una hipoteca de 1.000 pesos a favor del Canónigo don Esteban González. La certifi­cación
de Torres llevaba la fecha del 29 de diciembre de 1785. Expide nuevo boleto
-una de sus últimas actuaciones- ef 3 de diciembre de 1811, para el hijo y heredero
de Domínguez, el subdiácono don José.
48. Acta del cabildo del 11 de julio de 1796; el Cabildo al Gobernador (don
Ramón de Castro), 4 de julio de 1796; acta del cabildo del 16 de agosto; Auto del
Gobernador Castro del 8 de agosto; el Cabildo al Gobernador, 16 de agosto de 1796:
Actas del Cabildo de San Juan Bautista de Puerto Rico 1792-1798. Barcelona
1967, pp. 243-246, 249-251. -Sin embargo, el 4 de julio el Cabildo recibió por abo­gado
al hijo del anotador de Hipotecas, Licdo. don Joaquín Torres (p. 242).
49. FA 181I.XI.22: Testamento de José Antonio Torres.
Al parecer, la esposa de Torres no llevaba parentesco con el Regidor don
Tiburcio Durán de Villafañe, a cuya toma de posesión se opuso su hijo Joaquín de
Torres Durán, ya Regidor, en alianza con el clan de los Dávila, por tachar a aquél de
mulato. tal vez más por razones sociales que genéticas, pues el bisabuelo de don
Tiburcio había sido natural de San Lúcar de Barrameda. Pero es posible que la
esposa del Anotador de Hipotecas descendiente del Teniente don Gregorio Durán,
quien figura como testigo de la otorgación de fianza a favor del Gobernador don Juan
José Colomo el 29 de octubre de 1743. (Actas del Cabildo... 1810-1812, p. 64;
Actas... 1730-1750. p. 209.)
50. GS 181I.VI.22: Poder para testar de José Antonio Torres. FA
181I.XI.22: Testamento.
51. Actas... 1803-1809. cabildos del 1.", 12, 19 y 26 de enero y 16 de febrero
de 1807, pp. 299, 305, 307, 309, 313. Torres Durán alegaba «enfermedad y necesi­dad
de tomar baños en Coamo» como justificación a su negativa. En el acta del 12 de
septiembre de 1808 se hace referencia a una solicitud suya en calidad de apoderado
del Teniente Coronel don José Ponce (p. 417). Fue elegido Sindico para 1809 el
Dr.don Francisco Pimentel, pero tras su confirmación por el Gobernador declinó el
cargo debido a conflicto de intereses. La elección de Torres Durán tuvo lugar el 16 de
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enero, y antes de que concluyera el cabildo se recibió su confIrmación por el Gober­nador
(pp. 453-454).
Actas... 1810-1812, cabildo del 15 de octubre de 1810, donde se lee: «En
este estado concurrió el caballero rexidor fIel ejecutor doctor don Joaquín de Torres
Durán.» No había asistido a los cabildos del 8 y del 10 de octubre, y faltan las actas
entre el 16 de enero de 1809 y el 8 de octubre de 1810, fecha en que da principio el
Libro 15 de Acuerdos. Por el mismo motivo de la falta de actas no se puede seguir la
trayectoria de Torres Durán. Habría quedado fuera del Ayuntamiento constitucional
al suprimirse el cargo de Fiel Ejecutor. El siguiente Regidor Fiel Ejecutor será don
José María de Torres Vallejo, desde antes de mayo de 1817: Actas del Cabildo de
San Juan Bautista de Puerto Rico 1817-1819, especialmente las páginas 64­65.
52. Testamento.
53. Cabildo del 11 de julio de 1796, y el Cabildo al Gobernador, 4 de julio de
1796 (p. 244). Según la transcripción impresa, la certificación del Anotador de Hipo­tecas
de Santo Domingo es de octubre de 1788, pero la que dio después su homólogo
de La Habana se dice de agosto de 1771.1, y que posteriormente se expidió una R.O.
en 30 de abril de 1789: esto hace pensar que la certificación de Santo Domingo
habría sido de octubre de 1778, y la de La Habana de agosto de 1779.
54. Exposición del alcalde Tomás Pizarro en el cabildo del 13 de abril de 1795
(pp. 193-194).
55. Sobre Chiquero, véase a Gil-Bermejo, p. 177,298,310, así corno las actas
capitulares del 21 de agosto y 2 de septiembre de 1793.
56. Cabildo del 13 de abril de 1795.
57. Cabildo del 21 de marzo de 1795 (pp. 189-192). Se le dio posesión a Díaz
Inguanzo, Oídor honorario de la Real Audiencia de Santo Domingo, en el cabildo
extraordinario del 2 de abril de 1796 convocado por el Gobernador para tal fin (pp.
231-232).
58. Cabildos del 27 de julio y 11 de agosto de 1795, y del 7 de marzo de 1796
(pp. 206-207, 230).
59. El Cabildo al Gobernador Castro, 4 de julio de 1796.
60. Cabildos del 9 de mayo, 18 de mayo, 4 y 11 de julio de 1796 (pp. 236-237,
243-244).
61. El Cabildo al Gobernador, 4 de julio de 1796.
62. Cabildo del 16 de agosto de 1796 (pp. 249-251).
63. En el protocolo de Francisco de Acosta, y correspondiente al año 1811 /
AGPR Caja 463/ se encuentra el siguiente boleto, en papel sellado de 2 reales: «Don
FranCO de Acosta, Esno. R1. público y Contador Judicial de ésta M.N. y M.L. Ciu­dad
de S" Juan de pto Rico, corno depositario del Oficio de hipotecas, por disposición
del sor Alcalde de 2a elección Dr. D" Jph. Antonio de Torres -Certifico: en vista de
los libros de hipotecas y tributos de este encargo, que sobre un solar radicado en esta
dicha ciudad y calle de S. Cristoval, colindante con casa de Jph. Joaquín, propio que
se dice ser de Juan de Dios de Castro, hasta la fecha no consta estar afecto ni hipote­cado
por el susodicho; y de su pedimento doy la presente para otorgar escritura de
venta real. Puerto Rico y Dizbre diez y seis de mil ochocientos once años. -dros. sin
pap' 8 rs.- FCO de Acosta.»
64. Por R O. del 9 de noviembre de 1793 se le concedió a José Retortillo la gra­cia
que había solicitado de poder extraer de «sus crecidos intereses» en la Nueva
España hasta 50.000 pesos por barco, con destino a Caracas, con el fm de invertirlos
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Los canarios en los protocolos de San Juan a principios del siglo XIX 419
allí en la compra de cacao y añil a cargar para Cádiz. (Eduardo Arcila Farias,
Comercio entre Venezuela y México en los sigios XVII y XVIII, México
1950, p. 178.)
65. Testamento. La voluntad del testador es que «al pago de la qual /corta
cantidad/ se pase por su dicho.»
66. Por otras escrituras parece que don Juan Sayus, emigrado francés, habría
muerto varios años antes del testamento de Torres, por lo que tal vez el deudor alu­dido
era otro emigrado francés, don Juan Saint-Just. Por otra parte, Sayus había sido
deudor por mayor cantidad del hijo del anotador, Joaquín Torres Durán, el cual llevó
el caso a los tribunales.
67. En Puerto Rico, 1 caballería equivalía a 200 cuerdas, y cada cuerda a un
cuadro de 75 X 75 varas (3.929 m.2).
68. Demajagua: árbol de la familia de las malváceas. El Diccionario de la Real
Academia ofrece la variante cubana majagua.
69. Más allá de la de Sabat se alzaba la casa de la viuda Ana de la Rosa, en
cuyos bajos habia un taller de zapatería. Sabat a su vez alquilaba una habitación con­tigua
a éste como bodega para mercancías. En ese sector vivía también -quizás al
frente- el escribano público don José de Reyna: GS 1808'x.17.
70. Los fundadores de la capellanía habrían sido los abuelos matemos de doña
Martina, así como el hermano y la hermana de la abuela.
71. A lo que añade, en descargo de su conciencia, por si acaso: «Mas sin
embargo de estos preliminares y para asegurar mi conciencia, quitando de ella todo
escrúpulo, mando y es mi voluntad, que si algún consanguíneo de los tres expresados
reclamare alguno de dichos impuestos conjusto y mejor título que el antes referido, se
le entreguen sin disputa.»
72. Es de sospechar, que se trataba de uno de los zapateros que trabajaban en
los bajos de la casa de Ana de la Rosa.
73. La casa estaba sin decidir al morir Torres, quien declara en su testamento
haber remitido a su apoderado en Madrid 100 pesos fuertes para los gastos. Natural­mente,
1811-1812 no era el momento más propicio para esa gestión.
74. Igualmente con respecto a su cuenta con Retortillo recalca: «mas con todo,
si algún interezado mostrase documento legítimo de algún alcanze, es mi voluntad se
le pague inmediatamente.»
75. GS 1811.VI.8.
76. GS 1811.VI.22. Se declara hermano profeso de la Orden Tercera de San
Francisco. Menciona a su difunta esposa y enumera a sus hijos, comenzando con don
Domingo «que murió de Presbítero y Cura de Guayama», y nombra por sus alba­ceas:
1.0 a su hijo don Joaquín, 2.0 al presbítero don Miguel de Andino, 3.0 al Preben­dado
de la Catedral Dr. Juan de la Encamación Andino.
77. AGPR Caja 463. La certificación concierne una casa alta de piedra y azo­tea
que doña Clara de la Vega, hacendada de Bayamón y madre de doña Juana Boni­lla,
hizo construir para su yerno, el Teniente de Gobernador Dr. Francisco Rafael de
Monserrate, y que éste vendió el 7 de junio de 1784, al dejar a Puerto Rico, al médico
don Tomás Prieto. (Sobre Monserrate y las circunstancias de su matrimonio véase mi
articulo, Un episodio en las relaciones entre el Estado y la Iglesia bajo el Real
Patronato, «Revista del Instituto de Cultura Puertorriquña», n.O 18, San Juan 1963,
pp. 13-16).
La certificación es como sigue: «Don Josef Antonio de Torres, Anotador
Gral. de Hipotecas, censos y tributos de esta Muy Noble y Muy Leal Ciudad de San
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Juan de Puerto Rico, y su Isla, por Su Magestad. -Certifico en vista de los Libros de
hipotecas y tributos a mi cargo, que sobre una casa alta situada en la Calle del smu
Cristo que media entre la del S' Contador Don Manuel de los Reyes y la del P. Canó­nigo
Chantre Dignidad de esta Sta. Iglesia D. Esteban GonzáIez, hasta la fecha no
consta estar hipotecada por el difunto D. Tomás Prieto, dueño que se dice haber sido
de dicha casa, y de pedimento de su legítima consorte Doña María Soledad de Cór­doba
/extiendo/ la presente para otorgar una escritura de obligación sensual /sic/ que
impone en la parte legítima que le ha tocado de herencia a su legítimo hijo D"
Domingo Prieto y en calidad de Patrimonio, en cantidad de mil y quinientos pesos.
Puerto Rico, diez y siete de agosto de mil ochocientos once. -Jph. Anto de
Torres.»
78. AGPR Caja 463. El 26 de julio de 1811 certifica una casa alta en la Calle
de la Cruz, entre la del difunto Regidor Dr. Coronado y la de don Josef Grau, la que
había sido del difunto Pablo Cambian. También en agosto de 1811 certifica otra casa
en la Calle de la Cruz, colindante con la del Canónigo Dr. Nicolás Alonso de Andrade
y San Juan y con la de los herederos del Regidor don Valentín Martinez; esta casa
pertenecía a Paula Plana, viuda de Pedro Fonst /sic por Font o Fons/. Este, oriundo
de Vich, había muerto en 1804 dejando cuatro hijos: Cifre de Loubriel, La forma­ción,
p. 180, n.o 1.187. -y el 8 de noviembre de 1811 Torres certifica un solar en la
Calle de la Real Fortaleza, perteneciente a Encamación de Nieto y colindante con
casa de María Victoria G...an/?/.
79. La defunción de doña Martina Durán tiene que estar asentada en uno de los
Libros de Defunciones existentes de la Catedral de San Juan. Como don Domingo
murió de cura de Guayama, la fecha de su muerte también se puede establecer.
80. GS 180S.xU.17. Joaquin de Torres Durán adquiere una estancia en Río
Piedras, sitio del Cupey y quebrada de Las Cruces. -GS 1804.m.26. Torres Durán le
presta a don Juan Sayus 1.600 pesos.
81. Naturalmente, el poder que habia otorgado a don Joaquín el 22 de junio
queda revocado, incluso explícitamente, aunque sin señalarlo: «y por éste revoco,
anulo y doy por de ningún valor ni efecto otros qualesquiera testamentos, codicilos,
memorias o poderes para testar que antes de ahora haya hecho por escrito, de palabra
o en otra forma, que quiero, no valgan ni hagan fee en ningún juicio, sólo sí el pre­sente,
el qual se tenga por mi última y deliverada voluntad en la forma que más haya
lugar por derecho.»
82. Testamento. Protocolo de Gregorio Sandoval y Francisco de Acosta, Regis­tro
de 1811, fols. 203-208v. /AGPR Caja 463/.
83. Véase la nota (63).
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